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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2019-00138-03

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2019-00138-03

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia apelada. 2. No condenar en costas en esta instancia. 3. Reconocer personería a la abogada Laura Paola Rangel Fontalvo para actuar en representación de la DIAN, en los términos y para los fines del poder visto en el índice 12, SAMAI. 4. Reconocer personería al abogado Juan Sebastián Forigua Rueda para actuar en representación de Carbones El Tesoro S.A., en los términos y para los fines del memorial de sustitución aportado con el escrito de alegatos de conclusión de primera instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2019-00138-03

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

11 de octubre de 2024

Radicado: 08001-23-33-000-2019-01380-03 (28886)
Demandante: CARBONES EL TESORO S.A.
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2019-01380-03 (28886)
Demandante: CARBONES EL TESORO S.A.
Demandado: UAE- DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES- DIAN Y OTROS

Temas: Devolución – impuesto social a las municiones y explosivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia de 19 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral “C”, que decidió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y de
oficio frente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud - ADRES, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada las excepciones de caducidad y cosa juzgada
propuestas por INDUMIL, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia”.

ANTECEDENTES

En desarrollo de su objeto social, Carbones El Tesoro S.A.,compró explosivos a la
Industria Militar - INDUMIL entre el 22 de junio de 2011 y el 9 de julio de 2012, por
lo que fueron expedidas 19 facturas de cobro, en las que se determinó el impuesto
social a las municiones y explosivos, así:

Orden Número factura Fecha factura Impuesto
social (20%)
1. 2834087 22/06/2011 $3.117.000
2. 2816525 12/07/2011 $87.978.730
3. 2834138 12/07/2011 $1.933.938
4. 2834177 25/07/2011 $369.834
5. 2834342 17/09/2011 $2.749.200
6. 2834343 17/09/2011 $3.409.008
7. 2834391 28/09/2011 $374.744

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Demandante: CARBONES EL TESORO S.A.
FALLO

8. 2834700 18/11/2011 $219.936
9. 2856560 21/02/2012 $1.954.320
10. 2882534 7/03/2012 $60.276.472
11. 2856686 20/03/2012 $1.948.669
12. 2856687 20/03/2012 $449.693
13. 2882550 20/04/2012 $100.567.876
14. 2882573 8/05/2012 $101.156.876
15. 2856941 24/05/2012 $20.202.000
16. 2882597 7/06/2012 $6.044.544
17. 2882599 7/06/2012 $80.125.761
18. 2882598 7/06/2012 $3.207.600
19. 2882619 9/07/2012 $68.549.182
SUBTOTAL $544.635.417
Intereses $80.330.154
TOTAL $624.965.571

El 18 de octubre de 2012, Carbones El Tesoro S.A. pagó a INDUMIL el total de las
facturas ($544.635.417) más intereses ($80.330.154).

Posteriormente, el 12 de octubre de 2017, la actora pidió ante la DIAN, la devolución
y/o compensación por pago de lo no debido del impuesto social a las municiones y
explosivos de los periodos 2011 y 2012.

Por Resolución 003595 de 26 de diciembre de 2017, la DIAN negó por improcedente
la anterior solicitud. Y por Resolución 004360 del 30 de octubre de 2018, resolvió el
recurso de reconsideración, en el sentido de confirmar la negativa.

DEMANDA1

CARBONES EL TESORO S.A., en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes pretensiones:

“Principales:

1.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, Seccional
Barranquilla, a través de los cuales negó la solicitud de devolución y/o
compensación por concepto de pago de lo no debido del Impuestos Social
a las Municiones y Explosivos del periodo comprendido entre el 22 de junio
de 2011 y el 09 de julio de 2012:

• Resolución No. 003595 del 26 de diciembre de 2017, (…)
• Resolución No. 004360 del 30 de octubre de 2018, (…)

1.2. Que como consecuencia se declare que Carbones El Tesoro S.A. no es
sujeto pasivo del impuesto social a los explosivos debido a que no realizó el
hecho generador del tributo, por lo que las sumas pagadas a INDUMIL el 18
de octubre de 2012 por concepto del Impuesto Social a las Municiones y a
los Explosivos, en relación con las facturas emitidas entre el 22 de junio de
2011 y el 09 de julio de 2012 expedidas por la Empresa Industrial y

1 La demanda inicialmente se promovió contra la DIAN. Posteriormente, se reformó para vincular como
litisconsortes necesarios al Ministerio de Salud y Protección Social- FOSYGA/ ADRES. Por auto de 5 de
noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la reforma de la demanda y ordenó la
vinculación del citado ministerio, así como de INDUMIL, por solicitud de la DIAN, en la contestación de la
demanda.

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Comercial del Estado Industria Militar- INDUMIL, fue un pago de lo no
debido: (…)

1.3. Que en consecuencia se restablezca el derecho del contribuyente Carbones
El Tesoro S.A., ordenándole a la (…) DIAN (…) y al Ministerio de Salud y
Protección Social-Fondo de Solidadridad y Garantía del Sistema de
Seguridad en Salud FOSYGA, que devuelva la suma de $624.965.571 más
los intereses corrientes y moratorios de conformidad con lo establecido en el
artículo 863 del Estatuto Tributario.
(…)

Subsidiarias:

(…)

1.5. Que se declare la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos (…):

• Resolución No. 003595 del 26 de diciembre de 2017, (…)
• Resolución No. 004360 del 30 de octubre de 2018, (…)

1.6. Que en consecuencia, se reliquide el Impuesto Social a los Explosivos teniendo
en cuenta únicamente el valor referente a los materiales que se consideran
propiamente explosivos, sin comprender elementos accesorios (como
detonadores, emulsiones, cable detonante, entre otros) y servicios (como
transporte, escolta, manipulación e instalación en el barreno), sobre los que
Carbones El Tesoro S.A. no debió pagar suma alguna a INDUMIL (…), ya que
no son elementos considerados explosivos y, por consiguiente, no pueden
formar parte de la base gravable de dicho tributo.

1.7. Que en consecuencia, se restablezca el derecho del contribuyente Carbones El
Tesoro S.A., ordenándole a la (…) DIAN (…) y al Ministerio de Salud y
Protección Social-Fondo de Solidadridad y Garantía del Sistema de
Seguridad en Salud FOSYGA, que devuelva el impuesto pagado sobre las
sumas frente a las cuales no se debía liquidar el Impuesto Social a los
Explosivos sobre elementos como detonadores, emulsiones, cable detonante,
entre otros, y servicios como transporte, escolta, manipulación e instalación en
el barreno, más los intereses corrientes y moratorios de conformidad con lo
establecido en el artículo 863 del Estatuto Tributario (…)”.

La actora indicó como normas violadas, las siguientes:

-Artículos 6, 13, 29, 83, 84, 209 (inc. 1), 338 y 363 de la Constitución Política.
-Artículo 3 (num. 1 a 3, 5 y 12) del CPACA.
-Artículos 683 y 742 del Estatuto Tributario.
-Artículo 224 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 48 de la Ley 1438 de
2011.
-Artículos 17, 50, 54 y 55 del Decreto 2535 de 1993.

El concepto de la violación se sintetiza así:

La actora no es sujeto pasivo del tributo. Para que surja la obligación tributaria
debe verificarse la realización del hecho generador del impuesto social a las
municiones y explosivos, creado por el artículo 224 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 48 de la Ley 1438 de 2011. En virtud de esa norma y de
la sentencia C-608 de 2012 de la Corte Constitucional, el hecho generador del
impuesto social a las municiones y explosivos es el porte de las municiones y de los

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explosivos. Así que solo los tenedores o portadores de explosivos que obtengan
permiso para el porte serán los sujetos pasivos llamados a cumplir la obligación de
pagar el 20% sobre el valor del material.

La demandante no es sujeto pasivo del impuesto social a los explosivos porque no
fue portadora de explosivos, es decir, no realizó el hecho generador ni reúne los
elementos para que pueda ser considerada como sujeto pasivo y, por lo tanto, no
debió pagar suma alguna por concepto de este tributo.

La compra de los materiales explosivos no implica que se obtuvo permiso para su
porte. Para la causación del impuesto deben reunirse los siguientes elementos: i) la
obtención de un permiso para el porte de explosivos, ii) que los bienes que se porten
sean efectivamente explosivos y, iii) que los bienes sean efectivamente conducidos
o portados.

Los anteriores elementos no se reúnen cuando se trata de operaciones de compra
de materiales y agentes de voladura, que fueron las realizadas por la actora. En
este caso, a pesar de la titularidad sobre los elementos explosivos, no se obtuvo
permiso o autorización para portarlos ni los portó efectivamente porque una vez
adquiridos, INDUMIL los entregó a Orica Colombia S.A.S. para instalarlos en el sitio
para ser detonados, en su calidad de operador logístico experto autorizado para
manipular los elementos y materiales explosivos. Ese contratista además presta
servicios incluidos en la compra, como transporte, escolta, adecuación, instalación
y el servicio “down the hole”.

Entonces, las facturas de compra de productos explosivos no constituyen un
permiso de porte de dicho material, el cual solo puede ser expedido por las
autoridades militares (Dec. 2535 de 1993, art. 32).

Errónea liquidación del impuesto. En las facturas se gravaron materiales que no
son considerados explosivos, como agentes de voladura, detonadores comunes y
elementos accesorios a los explosivos. E incluyeron en la base para la liquidación
del impuesto diferentes servicios prestados por INDUMIL/Orica Colombia S.A.S.
que no se ajustan a la definición técnica de explosivo y que no son objeto del
impuesto, como fueron el transporte, la asistencia para la ubicación de los
materiales en los barrenos y el servicio de “Down The Hole” de producción a medida
en el pozo.

Lo anterior desconoció los artículos 338 de la Constitución y 48 de la la Ley 1438
de 2011 en el que específicamente se ordena que el impuesto enunciado recae
sobre explosivos. También se desconocieron los artículos 3 del Decreto 2222 de
1993 y 50, 51, 54 y 55 del Decreto Legislativo 2535 de 1993 que separan del
concepto de explosivo otros elementos como agentes de voladura (emulsiones) y
detonadores (exel, exel connectadet y pentofex), que no son explosivos y no pueden
integrar el elemento material del tributo porque su composición y finalidad es
diferente a la de los explosivos.

Adicionalmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explicó
en el Concepto del 9 de diciembre de 1999 que dentro del término explosivo, no se
incluyen los agentes de voladura, las relativas a detonantes y detonadores, por lo
que debieron de ser excluidos del cálculo del impuesto2.

2 Exp. 1242, C.P. Luis Camilo Osorio

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Aunado a lo anterior, INDUMIL cobró en el 2011 y 2012 el transporte, escolta y
asistencia de voladura implícitamente en el valor de las facturas, lo que demuestra
que calculó de manera incorrecta la base del impuesto social con valores que no
son objeto del impuesto, pues no corresponde a la compra de explosivos.

El uso industrial no está gravado con el impuesto. La destinación final de los
explosivos es de carácter industrial, dado que los usa para la detonación en minas
o trincheras para la explotación de recursos naturales, actividad que se escapa de
la finalidad del impuesto social a las municiones y explosivos.

La actora insistió en que no portó ni transportó los elementos que compró, pues en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 54 del Decreto 2535 de 1993 y 18 del
Decreto 1809 de 1994, tales bienes estuvieron bajo supervisión y control del
Ministerio de Defensa Nacional.

Pago de lo no debido, objeto de devolución. Carbones El Tesoro S.A. no realizó
el hecho generador del impuesto al no portar los materiales comprados, ni contar
con autorización para el porte. Aunado a que dicho tributo se liquidó con elementos
que no son propiamente explosivos y de manera implícita con servicios que no están
gravados con el tributo. En consecuencia, la sociedad soportó una carga que
legalmente no estaba obligada a sobrellevar y en ese entendido, efectuó un pago
de lo no debido y lo procedente es que la DIAN devuelva los dineros por tal
concepto.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
siguientes razones:

INDUMIL era el dueño del material explosivo y, a través de la factura de venta, lo
transfirió a la actora. De manera que, una vez la venta queda perfeccionada, el
comprador se abroga la calidad de sujeto pasivo del impuesto social.

Carbones El Tesoro S.A. es quien requiere de los explosivos para el desarrollo del
objeto social, es decir, que al adquirirlos se beneficia porque son necesarios para la
exploración y explotación del carbón en minas a cielo abierto. Entonces, el
argumento del demandante carece de validez al afirmar que no es sujeto pasivo del
impuesto social a las municiones y explosivos.

No es aceptable que Orica Colombia S.A.S. sea el sujeto pasivo del impuesto, dado
que el servicio que presta solo favorece a Carbones El Tesoro S.A.

Una vez verificada la legalidad del recaudo del impuesto social de municiones y
explosivos realizado por INDUMIL a cargo de Carbones El Tesoro S.A., como sujeto
pasivo del tributo, la DIAN no accedió a la petición de devolver el pago realizado por
ese concepto. En consecuencia, la actora no puede alegar un pago de lo no debido
al estar obligada por ley a pagar dicho impuesto.

Conforme con las normas constitucionales, legales y reglamentarias, la facturación
y entrega de explosivos por INDUMIL al solicitante se realiza previa autorización
para la compra de materiales monopolizados por el Gobierno Nacional, como son
las municiones, armas y explosivos, cuya administración está a cargo de INDUMIL

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y es esta misma entidad la que concede dicho permiso. Igualmente debe acreditarse
el pago de los bienes adquiridos, incluidos los servicios de transporte, escolta e
impuestos. El comprador debe tener permiso para el transporte, solicitud escrita a
la autoridad militar para la justificación de la escolta, certificación de la entidad
transportadora que se responsabiliza por el transporte y custodia del material del
lugar de origen al de destino final.

Si bien es cierto que el transporte de explosivos y accesorios de voladura es una
actividad controlada por las autoridades militares. También lo es que la movilización
y seguridad de esos elementos se hace bajo la responsabilidad de la empresa
solicitante hasta su destino final.

En este caso, Carbones El Tesoro obtuvo autorización o permiso de INDUMIL, que
es la autoridad militar encargada de determinar si es procedente la venta de material
altamente peligroso.

En relación con los cargos de la errónea liquidación del impuesto al incluir elementos
que no se ajustan a la definición técnica de explosivos y servicios que no son objeto
del impuesto, la DIAN advirtió que en las facturas INDUMIL liquidó y cobró el
impuesto sobre los elementos que se ajustan a la definición técnica de explosivos
para uso industrial, que sin serlo original o individualmente, mediante algún proceso
pueden transformarse en explosivos.

INDUMIL es la única autoridad competente para determinar qué sustancias o
productos son o no explosivos, según la química, composición, proporción,
naturaleza y propósito. El artículo 50 del Decreto 2535 de 1993 define como
explosivo "todo cuerpo o mezcla que en determinadas condiciones puede producir
rápidamente una gran cantidad de gases con violentos efectos mecánicos o
térmicos. Y es esa misma entidad la única competente para liquidar correcta y
eficazmente el impuesto social.

En lo que se refiere a lo facturado por servicios de transporte y escolta, como el
impuesto es ad valorem, se liquida sobre todo lo facturado.

En ese entendido, como la liquidación del impuesto estuvo sustentada legalmente
y fue la correcta al calcularse sobre la totalidad de lo facturado, no es procedente
devolver dineros que constituyeron pagos debidos a cargo de la demandante, como
sujeto pasivo, directamente beneficiario del uso y consumo de las materias
compradas.

La DIAN precisó que la determinación del tributo objeto de debate no es de su
competencia, sino que, según la Ley 100 de 1993 (modificada por la Ley 1438 de
2011), quien liquida y recauda es INDUMIL y las sumas recaudadas las deja a
disposición del FOSYGA (hoy ADRES). Y es en virtud de la competencia residual,
que la DIAN debe estudiar las solicitudes de devolución del impuesto social a las
municiones y explosivos que los contribuyentes presenten.

En conclusión, lo que genera el impuesto es la solicitud y compra de explosivos por
la demandante. La definición de los explosivos no es la que pretende hacer valer la
actora, sino la del artículo 50 del Decreto 2535 de 1993.

En este caso se configuró el hecho generador del tributo al adquirir explosivos. Igual
afirmación procede frente a los elementos accesorios (emulsiones) y/o agentes de

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voladura, dado que estos concurren en labores mineras y de cielo abierto para la
explotación del carbón. Así que para efectos legales son explosivos.

Por último, el derecho de solicitar el pago de lo no debido nace cuando se realiza
un pago sin que exita causa legal que lo justifique. Para el presente caso, el pago
que realizó Carbones El Tesoro S.A. a INDUMIL, como ente recaudador autorizado
del impuesto social a las municiones y explosivos, tiene fundamento jurídico, por lo
que no procede la solicitud de devolución por pago de lo no debido.

La Industria Militar – INDUMIL, como litisconsorte necesario, propuso las
excepciones caducidad y cosa juzgada y se opuso a las pretensiones de la
demanda, conforme con las siguientes consideraciones:

Carbones El Tesoro S.A. demandó en nulidad y restablecimiento del derecho la
ilegalidad de las facturas expedidas por INDUMIL por concepto de impuesto social
a las municiones y explosivos y solicitó la devolución de lo recaudado. Son esas
facturas, en su mayoría, las mismas cuyos valores pagados ahora se pide en
devolución ante la DIAN.

La referida demanda se presentó inicialmente ante el Tribunal Administrativo del
Atlántico, pero, en razón del territorio, se remitió por competencia al Tribunal
Administrativo del Cesar y le correspondió el radicado 20001233300320130036400
(22552). La decisión de ese proceso fue favorable a INDUMIL.

Teniendo en cuenta lo anterior, operó la caducidad del medio de control en relación
con las facturas a las que se refiere la demanda, que no se incluyeron en el proceso
22552, por haberse expedido antes de 20 de junio de 2014.

Frente a las facturas que sí se incluyeron en el proceso 22552 y que ahora son el
fundamento de los actos administrativos expedidos por la DIAN, demandados en
esta oportunidad, existe cosa juzgada porque se cumple con: (i) Identidad de objeto:
el restablecimiento del derecho se dirige a que se declare que Carbones El Tesoro
S.A. no debió pagar suma alguna a INDUMIL por concepto de impuesto social a los
explosivos y/o accesorios; (ii) identidad de causa: la demandante no es sujeto
pasivo del impuesto porque no realizó el hecho generador; (iii) identidad de partes:
demandante: Carbones El Tesoro S.A. y demandados e intervinientes vinculados:
DIAN, ADRES e INDUMIL.

En esos términos, INDUMIL se opuso a los argumentos de la demandante. El
debate y problema jurídico de ese momento es exactamente el mismo del de este
proceso, es decir, determinar si Carbones El Tesoro S.A. es sujeto pasivo del tributo
y si se configura el hecho generador para el cobro del impuesto.

Al respecto, ya existe un pronunciamiento concreto conforme con una posición
jurisprudencial y criterio unificado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado3 en
el que se determinó que Carbones El Tesoro S.A. es sujeto pasivo y que sí se
configuró el hecho generador en todos los escenarios planteados en la demanda
contra INDUMIL y que hoy se reviven al repetirlos pero contra de la DIAN.

3 Sentencias de 24 de octubre de 2019, Exp. 22081 y de 4 de diciembre de 2019, Exp. 22552, ambas C.P.

Milton Chaves García

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Advertido lo anterior, INDUMIL sostuvo que el hecho generador del impuesto social
es la transacción que recae sobre la venta de las municiones o explosivos y no el
permiso.

Por disposición legal (art. 32, Dec 2535 de 1993), se requiere permiso del
Departamento de Control, Comercio, Armas, Municiones y Explosivos para: (i) el
porte de armas; (ii) la tenencia de armas y (iii) la venta de municiones y explosivos.
En los escenarios descritos con relación a los permisos, es claro que no hay alguno
en el que se requiera permiso para el porte de explosivos, sino que la Corte
Constitucional, por error involuntario confundió y mezcló el primer y tercer escenario.
Es decir que la Corte consideró que existe un permiso para portar explosivos,
cuando lo cierto es que el referido permiso corresponde al de compra.

Lo anterior se evidencia porque no hay antecedente alguno en el que el
Departamento de Control, Comercio, Armas, Municiones y Explosivos haya
otorgado un permiso para el porte de explosivos, en el sentido que lo indicó la
demandante.

Cuando se trata de venta de explosivos es necesaria la autorización o permiso de
de la autoridad militar correspondiente y es INDUMIL la competente para recaudar
el impuesto social.

En este punto, se precisó que el permiso de venta es para el consumo de explosivos,
como bienes fungibles y consumibles y se concede para la adquisición de los
mismos; así que su propiedad se transfiere al cliente. En cambio, el permiso de
porte solo es para las armas y se justifica en que la titularidad de estas es del
Estado, por lo que solo se concede un permiso de uso particular (Sent. C-296 de
1995).

Aceptar la argumentación de la demandante de que no existe hecho generador para
el cobro del tributo porque no se tramita permiso para el porte de explosivos, ni se
transportan o portan, implica que no existe forma alguna de cobrar el impuesto sobre
la venta de explosivos porque nunca se generaría ante la inexistencia del porte de
explosivos en la legislación colombiana. La interpretación que trae la demandante
es absurda e incomprensible y de acogerse no surtiría efectos el artículo 224 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 48 de la Ley 1438 de 2011, en el
escenario de cobro del tributo por venta de explosivos.

En relación con los agentes y accesorios de voladura, INDUMIL sostuvo que están
clasificados como explosivos, conforme con las regulaciones internaciones y
nacionales.

Cuando la demandante entiende que la definición aplicable es la del Decreto
Reglamentario 2222 de 1993, olvida que la norma señala que el agente de voladura
es un compuesto. Es decir, que es un conjunto de elementos, y que el mismo,
entendido como un todo, es considerado como un explosivo porque funciona igual.
Aunado a que la mezcla de sustancias químicas tiene la propiedad de
descomponerse rápidamente generando altas temperaturas y presiones.

De manera que los productos relacionados en las facturas de la presente y pasada
controversia son considerados como explosivos y su destinatario y usuario final es
la demandante. En consecuencia, está obligada a pagar el tributo, que ya fue objeto
de estudio de legalidad.

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Radicado: 08001-23-33-000-2019-01380-03 (28886)
Demandante: CARBONES EL TESORO S.A.
FALLO

El Ministerio de Salud y Protección Social, vinculado como litisconsorte
necesario, propuso las excepciones de falta de legitimación por pasiva y de
inexistencia de la obligación y ausencia de responsabilidad, en los siguientes
términos:

Conforme con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, que creó la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES); y en los Decretos 1429 de 2016 [modificado por el Dec 546 de 2017] y
1432 de 2016 [modificado por el Dec 547 de 2017], a partir del 1º de agosto de 2017,
no es competencia de ese ministerio acudir como parte en los procesos judiciales
relacionados con los recursos del Sistema General de Salud, entre otros, los
recaudados por INDUMIL por impuesto social a las armas y de municiones y
explosivos.

A partir de la entrada en operación de la ADRES, se suprimió el Fondo de
Solidaridad y Garantía del Sector Salud-FOSYGA, y con éste la Dirección de
Administración de Fondos del Ministerio de Salud y Protección Social. Así que,
cualquier referencia a dicho fondo o a las subcuentas que lo conformaban o a la
referida dirección, debe entenderse a nombre de la nueva entidad.

Conforme con lo anterior, no existe nexo causal entre el actuar de la Nación -
Ministerio de Salud y Protección Social y las situaciones de hecho en que se
fundamentan las pretensiones de la demanda, que permitan inferir responsabilidad
alguna de este ministerio.

En cuanto a la discusión de fondo, el Ministerio señaló que el artículo 48 de la Ley
1438 de 2011 regula dos situaciones diferentes: la primera, respecto al porte de
armas, que debe ser pagado por quien es autorizado para el porte y la segunda
regula el impuesto social a las municiones y explosivos, que se cobra como un
impuesto ad valorem con una tasa del 20%. De acuerdo a lo anterior, la citada norma
no se refiere al porte de explosivos, sino que de forma independiente regula el porte
de armas de fuego y el impuesto social de los explosivos y municiones, en el que el
hecho generador no es el porte de explosivos como lo alegó la actora.

Así que “Si la empresa demandante para desarrollar su objeto social, compra a
Indumil explosivos, ese es el hecho generador, pero no como lo quiere hacer ver la
actora, argumentando que como no los porta no hay lugar a pagar el impuesto. El
porte a que hace referencia la norma, es para ARMAS DE FUEGO, más no para
municiones y explosivos”. No hay duda que en este caso la demandante es sujeto
pasivo del impuesto social a las municiones y explosivos.

La ADRES no se pronunció en esta oportunidad.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal decidió: (i) declarar probada la excepción de falta de legitimación por
pasiva de la Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y de la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES; (ii)
declarar no probadas las excepciones de caducidad y cosa juzgada, propuestas por
INDUMIL; (iii) negar las pretensiones de la demanda y (iv) no condenar en costas.
Como fundamento de la decisión, expuso lo siguiente:

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Demandante: CARBONES EL TESORO S.A.
FALLO

Resolución de excepciones. No prosperó la excepción de caducidad porque la
demanda fue presentada dentro del plazo dispuesto en el artículo 164 del CPACA.
La Resolución 004360 del 30 de octubre de 2018, que resolvió el recurso de
reconsideración contra la Resolución 003595 del 26 de diciembre de 2017, se
notificó personalmente el 2 de noviembre de 2018 y la demanda se presentó el 28
de febrero de 2019.

Tampoco prosperó la excepción de cosa juzgada porque no existe identidad de
objeto, ya que en el sub lite, si bien la actora alega que no es sujeto pasivo del
impuesto social a los explosivos debido a que no realizó el hecho generador del
tributo, también lo es que, lo pretendido en esta oportunidad es la declaratoria de
nulidad de las resoluciones expedidas por la DIAN, con las que negó la devolución
y/o compensación del pago de lo no debido por el citado impuesto entre el 22 de
junio de 2011 y el 9 de julio de 2012. Lo anterior, contrario a lo pretendido en el
proceso radicado 20001233300320130036400 (22552), en el que se solicitó la
nulidad de la liquidación del impuesto, contenida en las facturas de venta expedidas
por INDUMIL.

En lo referente a la falta de legitimación por pasiva de la Nación- Ministerio de Salud
y Protección Social, declaró probada la excepción con fundamento en que en
Concepto de 10 de febrero de 2014 del Consejo de Estado se concluyó que ese
ministerio no ejerce la administración de los impuestos sociales a las armas de
fuego y a las municiones y explosivos.

En relación con la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud – ADRES, como entidad beneficiaria de los ingresos
públicos percibidos por el tributo no le corresponde determinar si en este caso hay
lugar o no al pago del impuesto y si resultan procedentes las devoluciones que la
demandante solicitó. En consecuencia, esa entidad no tiene legitimación por pasiva.
De oficio declaró probada la excepción de falta de legitimación por pasiva.

Asunto de fondo. Con fundamento en el marco normativo del impuesto social a las
municiones y explosivos, así como algunas sentencias del Consejo de Estado4,
entre ellas, la proferida el 4 de diciembre de 20195, en la que se estudiaron las
facturas emitidas entre junio de 2011 y julio de 2012 por INDUMIL, el Tribunal
sostuvo que el sujeto pasivo es el que paga por las municiones o los explosivos, el
hecho generador es la transacción de las municiones o explosivos, que en el
presente caso es la compraventa de dichos productos y que por ser un impuesto
“ad valorem” la tarifa del 20% recae sobre la transacción del producto o servicio
gravado.

También que, en virtud de lo considerado por el Consejo de Estado, la transacción
que se realice sobre explosivos incluye los accesorios, la designación de una
persona para el control de su empleo y el transporte de escolta necesario para la
concreción de la transacción.

Frente al argumento de la demandante de que no es sujeto pasivo del impuesto
social a las municiones y explosivos porque no fue portadora de explosivos sino

4 Sentencias de 24 de octubre de 2019, Exp. 20001-23-33-000-2013-00300-01 (22081), C.P. Milton Chaves

García; de 4 de diciembre de 2019, Exp. 20001-23-33-000-2013-00353-01 (22172), C.P. Jorge Octavio
Ramíerez Ramírez y de 4 de diciembre de 2019, Exp. 20001-23-33-000-2013-00364-01 (22552), C .P. Milton
Chaves García.
5 Exp. 20001-23-33-000-2013-00364-01 (22552), C .P. Milton Chaves García.

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FALLO

compradora, el Tribunal analizó la norma que impone el tributo (art. 48 de la Ley
1438 de 2011) y encontró que plantea dos supuestos de hecho generadores de la
consecuencia tributaria. El primero, el impuesto social a las armas de fuego, que
será pagado por quienes las porten, y será cobrado con la expedición o renovación
del respectivo permiso. El segundo supuesto de hecho lo constituye, la creación del
impuesto social a las municiones y explosivos, que se cobrará como un impuesto
ad valorem con una tasa del 20%.

Entonces, el porte a que hace referencia la norma es para armas de fuego y
tratándose de municiones y explosivos, la norma no dice nada de su porte como
supuesto o hecho generador del tributo, a lo que refiere la disposición en cita es que
el impuesto se genera al momento de la venta de las municiones y explosivos, caso
en el que INDUMIL es quien debe manipularlos, por ser una actividad peligrosa y
de arbitrio rentístico del Estado.

En consecuencia, el tributo del 20% sobre el valor comercial de armas, explosivos
y municiones es legal y lo debe recaudar INDUMIL, ya que la ley que lo creó, está
vigente en el ordenamiento jurídico colombiano, máxime si los dineros recaudados
por ese concepto tienen la destinación específica para el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Frente al argumento de que en las facturas de venta INDUMIL incluyó en la base
gravable del impuesto valores que no son explosivos, como las emulsiones (agentes
de voladura), el Exel, Exel Connectadet, el Pentofex (detonadores comunes), el
cordón detonante y los detonadores automáticos, el Tribunal señaló que, según el
artículo 5 del Decreto 334 de 2002, INDUMIL está facultado para determinar los
productos que se consideran explosivos.

Se acudió a los artículos 50 del Decreto 2535 de 1993 y 4 del Decreto 334 de 2002,
que definen los explosivos como “todo cuerpo o mezcla que en determinadas
condiciones pueden producir rápidamente una gran cantidad de gases con violentos
efectos mecánicos o térmicos.” Es decir, lo determinante para que un bien o
sustancia sea calificado jurídicamente como un explosivo son los efectos que
produce. No obstante, la misma disposición advierte que los efectos producidos
pueden ser generados, y por tanto serán explosivos, bien sea por un cuerpo
individual o por una mezcla de cuerpos que individualmente no logren producir los
efectos exigidos, pero sí logren hacerlo en su conjunto.

Igualmente, el a quo resaltó que los materiales objeto del impuesto en las facturas
que interesan a este caso, como Emulsión 70/30, Exel MS, Exel Connectadet,
Pentofex 337.5 grs, fueron tenidos por el Consejo de Estado como materiales
explosivos6.

Así mismo, frente a los elementos utilizados en la manipulación de explosivos, como
los agentes de voladura, detonador común, detonador eléctrico y explosivos, el
Consejo de Estado indicó que, conforme a la definición establecida en el artículo 3
del Decreto Reglamentario 2222 de 1993, no se desvirtúa la razón de que los
explosivos pueden ser mezclas, por lo que los productos cumplen a cabalidad con
la definición normativa.

6 Sentencia del 4 de diciembre de 2019, Exp. 20001-23-33-000-2013-00353-01 (22172), CP. Jorge Octavio

Ramírez Ramírez.

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FALLO

En lo atienente al servicio de transporte y escolta, el Consejo de Estado7 señaló que
“la transacción que se realice sobre producto explosivo incluye también los
accesorios, la designación de una persona para el control de su empleo y el
transporte de escolta necesario para la concreción de la transacción8. En
consecuencia, la transacción que se realice sobre explosivos no puede
realizarse únicamente de un material explosivo, sino que se requiere que sea
vendido de manera conjunta, con los accesorios, el servicio de escolta, la
persona designada para su control y demás elementos que integran la
transacción, por lo que el impuesto “ad valorem” a los explosivos recae sobre
el valor económico de los elementos gravados”.

Por lo tanto, los elementos explosivos que la demandante compró a través de 19
facturas a INDUMIL, no pueden ser excluidos del impuesto social a las municiones
y explosivos, pues ello desconocería el artículo 50 del Decreto 2535 de 1993.

En conclusión, la actora es sujeto pasivo del impuesto social a las municiones y
explosivos, dado que pagó a INDUMIL por los explosivos para desarrollar su objeto
social, que es la exploración y explotación de minas de carbón a cielo abierto en el
territorio. Dicho tributo se causa por la compraventa del explosivo y no por el permiso
que se requiera, como lo sostuvo la demandante.

En cuanto al cargo del pago de lo debido, la DIAN negó la solicitud de devolución
del impuesto porque el recaudo realizado por INDUMIL fue debidamente calculado,
sobre una base que contemplaba conceptos que están dentro de la categoría de
explosivos, entre ellos, el cobro por el transporte del material y el servicio DTH
"Down The Hole”, correspondiente a la manipulación e instalación del mismo en los
barrenos, servicios que forman parte del hecho generador del impuesto social a los
explosivos. Por consiguiente, las sumas pagadas por concepto de dichos servicios
forman parte de la base gravable de dicho tributo. Así que no resulta procedente la
devolución del pago por concepto de tal tributo.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante apeló la sentencia por las siguientes razones:

En la decisión de primera instancia se incurrió en indebida motivación y
desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 1 y 4 del Decreto 2535 de 1993 y
de la postura de la Corte Constitucional. Para argumentar este cargo, la actora
insistió en que en la Sentencia C-608 de 2012, la Corte Constitucional determinó
como hecho generador del impuesto social a las municiones y explosivos el porte
de los explosivos y que se causa con la expedición del permiso que habilita al
contribuyente para tener los explosivos en su poder.

La noción de porte o tenencia no se limita únicamente a las armas, sino que se
predica también para los explosivos-, pues no existe ni lingüística ni
gramaticalmente una razón con la que se concluya que el término “porte” no es
transversal a todos los elementos del tributo.

7 Sentencia del 4 de diciembre de 2019, Rad: 20001-23-33-000-2013-00364-01 (22552), CP. Milton Chaves

García.
8 Decreto 1809 de 1994. Por el cual se reglamenta el Decreto 2535 de 1993. “Artículo 11: Para la compra de

explosivos en la Industria Militar, a que se refiere el artículo 51 del Decreto 2535 de 1993, el interesado deberá
cumplir con lo siguiente: (…) 6. Libro de control y movimiento de explosivos y accesorios. 7. Cuadro mensual
de consumo de explosivos y accesorios”

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FALLO

Tampoco es posible asimilar la acción de ser portador de explosivos con la de ser
propietario de estos. En este caso, la demandante no realizó el hecho generador
del tributo (porte de explosivos) ni surgió el hecho determinante de la causación del
mismo (expedición de un permiso para el porte).

Otro cargo de apelación lo constituye la violación de los artículos 50 del Decreto
2535 de 1993 y 48 de la Ley 1438 de 2011, dado que al liquidarse el impuesto se
incluyeron elementos accesorios que no son explosivos, como los agentes de
voladura o detonantes. Ningun reglamento aplicable a Colombia los ha clasificado
como explosivos. Igualmente se incluyeron los servicios de transporte, escolta y
asistencia en su detonación, que no son objeto del tributo.

En materia tributaria no es procedente la extensión del tributo a objetos que no han
sido señalados expresamente como gravados por el legislador, así como tampoco
pueden aplicarse normas técnicas e internacionales para definir los elementos del
tributo (aspecto material), pues ello vulnera el artículo 338 de la Constitución
Política.

Es equivocado que el Tribunal afirme que las emulsiones y demás accesorios de
los explosivos, junto con los servicios, pueden ser facturados y entendidos como
explosivos. En virtud de lo establecido en las normas aplicables, no se puede
determinar que los accesorios de los explosivos y los servicios asociados a su
utilización deben ser tomados como tales, e imponer una obligación que no debe
estar a cargo de la sociedad.

La justicia contencioso administrativa debe en este caso dar aplicación a un principio
básico de la tributación, como es el de legalidad.

El fallo atacado se limita a manifestar que al ser un impuesto “ad valorem” todo
aquello que se encuentra en la factura es objeto del gravamen (por ser parte de los
elementos necesarios para la concreción de la transacción). Si bien para sustentar
lo anterior se aplicó lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de
diciembre de 2019, (rad. 20001-23-33-000-2013-00319-01), ello no exime al fallador
de un análisis de las pretensiones conforme con la ley y el caso concreto.

La recurrente, en este punto insistió en que, bajo la interpretación de la Corte
Constitucional, el hecho generador del impuesto es la tenencia o posesión de
explosivos, mientras que la liquidación del impuesto, es ad valorem, es decir, que
la base gravable se integra por los bienes gravados (explosivos) en poder del
contribuyente, sin incluir los accesorios y los servicios como escolta, transporte e
instalación, por no ser explosivos.

A pesar de la interpretación clara de la Corte Constitucional, en la sentencia C-608
de 2012, la cual tiene primacía, la sentencia de primera instancia aplicó el
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, que identifica de una manera
diferente los elementos esenciales del tributo (hecho generador, sujeto pasivo y
bienes gravados).

Aunado a lo anterior, el Tribunal sostuvo que el impuesto a las armas, municiones
y explosivos comprende dos impuestos independientes. Uno para armas, que para
su causación requiere del porte y otro para municiones y explosivos, que se causa
con la mera adquisición de esos bienes. Bajo esa interpretación, la liquidación del

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impuesto ad valorem se aplica sobre la totalidad de bienes y servicios que integran
la factura, sin que sea relevante si son o no explosivos.

A juicio de la apelante, en la referida sentencia de constitucionalidad, la Corte
Constitucional definió los elementos del tributo. En ese entendido, solo
excepcionalmente, esa Corte es la llamada a dotar de los elementos faltantes de las
normas tributarias, y no otra corporación judicial.

Por lo anterior, para dar cumplimiento a los principios de legalidad, certeza y justicia
tributaria, debe aplicarse una única interpretación de los elementos del impuesto a
las armas, municiones y explosivos. De no ser así, se somete al contribuyente a una
incertidumbre injustificada. Lo anterior, es evidente en el caso concreto al considerar
que, sobre una misma norma, se configuran para el contribuyente tres escenarios
interpretativos distintos (el de la Corte Constitucional, el del Consejo de Estado y el
del Tribunal Administrativo del Atlántico) que terminan por modificar lo que se
entiende como hecho generador y sujeto pasivo.

Por último, la actora indicó que se le vulneró el debido proceso al omitir estudiar y,
como consecuencia, negar la solicitud de aplicar la carga dinámica de la prueba.
Mediante memorial de 14 de septiembre de 2022, se solicitó al Tribunal distribuir en
cabeza de la parte demandada la carga de probar los elementos conformantes del
hecho generador del impuesto social a los explosivos, en especial, lo relativo a los
factores tenidos en cuenta para calcular la base gravable. Es así que lo que se
buscaba era que la DIAN y/o INDUMIL aportaran las facturas que dieron lugar al
impuesto, desglosando el contenido de estas de forma que fuera posible identificar
el valor de cada ítem (explosivos, detonadores, transporte, escolta, instalación etc.)

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

La demandada en la oportunidad prevista en el artículo 247, numeral 4º, del
CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se opuso a la
prosperidad del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer
grado y pidió confirmarla. La DIAN se refirió a las consideraciones expuestas por el
Tribunal Administrativo del Atlántico para negar las pretensiones, las cuales
comparte en su totalidad.

El Ministerio Público rindió concepto en esta instancia. En concreto, pidió que se
confirme la sentencia de primera instancia al advertir que tal como lo afirmó el
Tribunal, y según la jurisprudencia del Consejo de Estado, los materiales vendidos
por INDUMIL y sobre los cuales liquidó el impuesto social a las municiones y
explosivos cumplen las características para ser considerados como explosivos.
Aunado a que los actos administrativos de determinación del impuesto en cuestión,
ya fueron objeto de control por la jurisdicción contencioso administrativa y se
declaró su legalidad. De esta manera, la sociedad Carbones El Tesoro S.A. es
sujeto pasivo del impuesto social a las municiones y explosivos y está obligada a
pagar las sumas determinadas por INDUMIL por concepto de tal tributo, de lo que
se deriva que no es procedente la devolución de lo pagado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala
decide si procede la devolución de lo pagado por la actora por concepto del

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impuesto social a las municiones y explosivos por los meses de junio de 2011 a julio
de 2012, para lo cual determina si es sujeto pasivo del tributo en mención.

Conforme con el estudio que a continuación se hace, se confirma la sentencia
apelada.

Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra algunas facturas.
Reiteración jurisprudencial en el caso concreto. Carbones El Tesoro S.A., en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto
contra INDUMIL, el Ministerio de Salud y Protección Social y la DIAN, demandó las
siguientes facturas, expedidas por INDUMIL, en las que se liquidó el impuesto social
de explosivos y municiones a su cargo:

Número de
Fecha de Factura Impuesto Social
Factura
2834087 22/06/2011 $3.117.000
2834700 18/11/2011 $219.936
2856560 21/02/2012 $1.954.320
2882529 06/03/2012 $196.905.802
2882534 7/03/2012 $60.276.472
2856614 8/03/2012 $3.972.286
2882550 20/04/2012 $100.567.876
2882573 8/05/2012 $101.156.910
2856941 24/05/2019 $20.202.000
2882597 7/06/2012 $6.044.544
2882598 7/06/2012 $3.207.600
2882599 7/06/2012 $80.125.761
2882619 7/06/2012 $68.549.182
TOTAL $646.299.689

Los cargos de nulidad son, en esencia, iguales a los formulados en el proceso de la
referencia, que corresponde decidir en segunda instancia en esta oportunidad,
referidos a que Carbones El Tesoro S.A. no es sujeto pasivo del impuesto social de
explosivos y municiones porque no realizó el hecho generador y que en la
liquidación de la base gravable del mismo se incluyeron elementos y servicios que
no pueden ser gravados.

La sociedad actora pretendía que se anulen las facturas antes relacionadas y que,
a título de restablecimiento del derecho, se declare que no está obligada a pagar la
suma determinada en éstas por el tributo. Como pretensión subsidiaria, pidió la
nulidad parcial y que se ordene a INDUMIL liquidar nuevamente el impuesto, para
incluir únicamente el valor de los explosivos.

Al proceso se le asignó el número 20001-23-33-000-2013-00364-00 y correspondió
su conocimiento en primera instancia al Tribunal Administrativo del Cesar que, en
sentencia de 3 de marzo de 2016, negó las pretensiones de la demanda.

Esta Sección conoció en segunda instancia del asunto y en fallo de 4 de diciembre
de 20199, decidió confirmar, en cuanto a no acceder a las pretensiones de la
demanda.
9 Exp. 20001-23-33-000-2013-00364-01 (22552), C.P. Milton Chavés García. En la sentencia de segunda
instancia se precisó que se estudiaba la legalidad de los actos acusados porque para la fecha su expedición
(2011 y 2012) no existía claridad respecto de la autoridad competente para la administración del tributo, ni

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Para efectos de decidir el recurso de apelación interpuesto en el presente caso
contra la sentencia de 19 de abril de 2024 del Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral “C”, es relevante acudir a lo considerado por esta Sala en el
citado fallo de 4 de diciembre de 2019, teniendo en cuenta que allí quedó resuelta
la discusión de si Carbones El Tesoro S.A. es o no sujeto pasivo del impuesto social
de explosivos y municiones liquidado y los elementos y servicios gravados en las
facturas Nos. 2834087 de 22 de junio de 2011; 2834700 de 18 de noviembre de
2011; 2856560 de 21 de febrero de 2012; 2882534 de 7 de marzo de 2012; 2882550
de 20 de abril de 2012; 2882573 de 8 de mayo de 2012; 2856941 de 24 de mayo
de 2012; 2882597, 2882599 y 2882598 de 7 de junio de 2012 y 2882619 de 9 de
julio de 2012, que corresponden a 11 facturas de las 19 respecto de las que la DIAN
negó la devolución y/o compensación por pago de lo no debido, mediante las
Resoluciones 003595 de 26 de diciembre de 2017 y 004360 del 30 de octubre de
2018, cuya nulidad se pide en este proceso.

En la citada sentencia de 4 de diciembre de 201910, que la Sala reitera, se
expusieron en resumen, las siguientes consideraciones, con las que se resuelven
varios de los cargos de apelación en este caso.

En cuanto a la indebida motivación de la sentencia apelada, es pertinente apoyarse
en lo precisado por la Sección que, en esa oportunidad, señaló que el impuesto
social a las municiones y explosivos fue creado mediante el artículo 224 de la Ley
100 de 1993 y, posteriormente, fue modificado por el artículo 48 de la Ley 1438 de
2011, que en estricto sentido únicamente aumentó el valor de la tarifa del tributo
enunciado11. La norma modificada dispone lo siguiente:

“Artículo 48. Impuesto social a las armas y municiones. Modifíquese el artículo
224 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará de la siguiente manera:

“Artículo 224. Impuesto social a las armas y municiones. A partir del 1° de
enero de 1996, créase el impuesto social a las armas de fuego que será
pagado por quienes las porten en el territorio nacional, y que será cobrado
con la expedición o renovación del respectivo permiso y por el término de
este. El recaudo de este impuesto se destinará al fondo de solidaridad previsto
en el artículo 221 de esta ley. El impuesto tendrá un monto equivalente al 30%
de un salario mínimo mensual. Igualmente, créase el impuesto social a las
municiones y explosivos, que se cobrará como un impuesto ad valórem con
una tasa del 20%. El gobierno reglamentará los mecanismos de pago y el uso
de estos recursos: el Plan de Beneficios, los beneficiarios y los procedimientos
necesarios para su operación.

Parágrafo. Se exceptúan de este impuesto las armas de fuego y
municiones y explosivos que posean las Fuerzas Armadas y de Policía
y las entidades de seguridad del Estado”. (Subraya y resalta la Sala)

respecto de los recursos interpuestos en contra de la factura. También precisó que a partir de la expedición de
la Resolución 124 del 20 de junio de 2014, expedida por la DIAN, para discutir en sede judicial la determinación
del impuesto social a las municiones y explosivos, el interesado debe provocar un pronunciamiento de la DIAN
respecto de las cuantías cobradas a través de la factura. De modo que es contra estos actos administrativos de
contenido tributario y no contra las facturas emitidas por INDUMIL que procede el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
10 En esa sentencia se reitera el fallo de 24 de octubre de 2019, Exp. 20001-23-33-000-2013-00300-01 (22081),

proceso también promovido por Carbones El Tesoro S.A. contra dos facturas expedidas por INDUMIL el 3 y 11
de diciembre de 2012, por concepto de impuesto social a las municiones y explosivos.
11 Ponencia Proyecto de Ley 160/2010

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Demandante: CARBONES EL TESORO S.A.
FALLO

En relación con las sentencias C-390 de 1996 y C-608 de 2012, al realizar el estudio
de constitucionalidad del artículo 224 del Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo
48 de la Ley 1438 de 2011), la Corte Constitucional precisó que, exceptuando las
entidades de seguridad del Estado, son sujetos pasivos del tributo los tenedores de
municiones y explosivos y que el hecho generador se concreta al obtener el permiso
de porte expedido por autoridad competente.

Sin embargo, la Sección advirtió que el control realizado por la Corte Constitucional
al ejercer control de constitucionalidad es abstracto, general y con efectos erga
omnes. De manera que, el Consejo de Estado -como tribunal supremo de lo
contencioso administrativo- y la Sección Cuarta -como juez natural en materia
tributaria, debe pronunciarse de manera concreta sobre temas referentes a
impuestos, contribuciones fiscales y parafiscales12 y, en relación con el artículo 48
de la Ley 1438 de 2011, lo hizo de la siguiente manera:

“(…)

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley 155 de 1992, que posteriormente
le dio vía a la Ley 100 de 1993, no contenía en su articulado los impuestos sociales
a las armas de fuego, municiones y explosivos.

Sin embargo, el Congreso de la República, en el trámite legislativo de la Ley 100 de
1993, se refirió únicamente al impuesto social al porte de armas de fuego. En debate
de la Cámara de Representantes de 3 de diciembre de 1993, y en posteriores
debates se incluyó el impuesto social a los explosivos y municiones, por lo que es
evidente que el legislador desde un principio planteó dos impuestos diferentes,
plasmados finalmente en el artículo 224 de la Ley 100 de 199313.

Para el caso del impuesto social a las municiones y explosivos, tal como lo explicó
la Corte Constitucional en sentencia C-390 de 1996, la tarifa aplicable es del 20%
que se cobrará como un impuesto ad valorem de acuerdo al artículo 48 de la Ley
1438 de 2011.

El artículo 48 de la Ley 1438 de 2011 enuncia la expresión de “impuesto ad valórem”,
que se puede definir como14:

“Impuesto que se fija en función del precio del producto o servicio que
se está gravando. La cuantía de la obligación tributaria se determina
aplicando una cantidad porcentual al valor del hecho que es gravable.”

De acuerdo con el criterio expuesto, los impuestos ad valórem son tributos que
recaen sobre un producto o servicio gravado, y la cuantía se calcula de acuerdo con
un porcentaje que recae sobre el hecho gravable.

La segunda expresión relevante que el legislador contempló en el artículo 48 de la
Ley 1438 de 2011 es el de “cobrará”, que se define como15:
“Verbo activo transitivo. Se trata de coger, aceptar, recibir y tomar el
dinero como pago de una obligación de tipo financiero y ya sea de
una deuda. […]” (Resalta la Sala)

12 Artículo 237 de la Constitución Política y artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999.
13 Gaceta 434 de 3 de diciembre de 1993
14http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF

1jTAAASNTM3MjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAqCGw8zUAAAA=WKE.
Consultado el 5 de febrero de 2019
15 https://definiciona.com/cobrar/#definicion. Consultado el 26 de octubre de 2018

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FALLO

De acuerdo con la definición de cobro transcrita, se parte de la existencia de una
transacción, sobre la que se persigue el pago de una deuda.

En el caso de los impuestos ad valórem, el tributo recae sobre una transacción, que
para el caso de los explosivos, la transacción se encuentra compuesta por varios
elementos.”

Entonces, la Sección concluyó que el impuesto a los explosivos y municiones es ad
valórem, se cobra a una tarifa del 20% y recae sobre una transacción. En ese tributo
el sujeto pasivo es el que paga por las municiones o los explosivos y el hecho
generador, la transacción de las municiones o explosivos, que en el presente caso
es la compraventa de dichos productos, de acuerdo con lo establecido por el
legislador16.

De acuerdo con el criterio expuesto, que se reitera, quien compra los explosivos
realiza el hecho generador del impuesto, por lo que debe tenerse como sujeto
pasivo del mismo, con lo que queda desvirtuado el argumento de la demandante de
que es el porte de los elementos explosivos el que determina la causación del
tributo.

En cuanto al permiso que la demandante advirtió nunca tuvo y por ello, a su juicio,
no realizó el hecho generador, en la sentencia de 4 de diciembre de 2019, se explicó
precisamente que los explosivos tienen una restricción por parte de la Constitución
Política, consistente en que solo el gobierno los puede “introducir al país” y fabricar,
por lo que los particulares solo pueden poseerlos o portarlos con permiso expedido
con base en la potestad discrecional de la autoridad competente17.

En efecto, el Decreto Legislativo 2535 de 1993, expedido por el Ministerio de
Defensa18, dispone lo siguiente:

“ARTICULO 2º. Exclusividad. Sólo el Gobierno puede introducir al país,
exportar, fabricar y comercializar armas, municiones, explosivos y las
materias primas, maquinaría y artefactos para su fabricación y ejercer el
control sobre tales actividades.

ARTICULO 3º. Permiso del Estado. Los particulares, de manera excepcional,
sólo podrán poseer o portar armas, sus partes, piezas, municiones, explosivos
y sus accesorios, con permiso expedido con base en la potestad discrecional
de la autoridad competente.” (Subraya la Sala)

A su turno, el artículo 51 del mismo decreto, exige ciertos requisitos para realizar
transacciones con explosivos, como solicitud, prueba de la actividad para la cual se
va usar el explosivo y justificación de la cantidad, pero la decisión de la transacción
es de la autoridad militar, que deberá tener en cuenta la situación de orden público
del lugar en que se transa el producto explosivo y sus accesorios19.

16 Auto de 2 de diciembre de 2015, Consejo de Estado, Sección Cuarta, exp. 19798. C.P. Jorge Octavio Ramírez

Ramírez.
17 “Art. 223. Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá

poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente.”
18 Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos
19 “La venta de explosivos o sus accesorios se realizará previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Diligenciamiento de la respectiva solicitud;
b) Prueba de la actividad para la cual se requiere el explosivo;
c) Justificación de la cantidad de explosivos y accesorios solicitados;
d) El certificado judicial del solicitante;

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FALLO

En atención a las referidas normas, la actora debió presentar ante INDUMIL una
solicitud de transacción con explosivos y así se sostuvo en la sentencia que aquí se
reitera, en la que se recuerda se estudió la legalidad de 11 facturas de las 19,
respecto de las que la DIAN negó en este caso la devolución del valor pagado.

Así que para comprar los explosivos y sus accesorios, Carbones El Tesoro S.A.
debió cumplir los siguientes requisitos, según lo exige el artículo 11 del Decreto
1809 de 1994:

“Para la compra de explosivos en la Industria Militar, a que se refiere el artículo
51 del Decreto 2535 de 1993, el interesado deberá cumplir con lo siguiente:
[…]
b) Personas Jurídicas de Derecho Privado.

1. Solicitud en los términos de que trata el literal a) numeral 1 del presente
artículo. indicando:
a) Clase, cantidad de explosivos y accesorios que necesita;
b) Justificación de la cantidad de explosivos y accesorios solicitados;
c) Prueba de la actividad para la cual se requiere el explosivo;
d) Formas y Seguridad de almacenamiento;
e) Ubicación exacta del lugar donde se utilizarán.
2. Constancia expedida por la autoridad militar de la zona o lugar donde se
van a emplear los explosivos: nombre de las personas designadas para su
control y forma de empleo.
3. Certificado de existencia y representación legal.
4. Certificado judicial nacional vigente del representante legal.
5. Licencia de exploración, explotación y permiso funcionamiento
otorgado por las autoridades competentes.
6. Libro de control y movimiento de explosivos y accesorios.
7. Cuadro mensual de consumo de explosivos y accesorios. […]”
(Subraya la Sala)

En virtud de la norma transcrita, la transacción no se realiza únicamente del
producto explosivo, sino que incluye los accesorios y la designación de una persona
para el control de su empleo. Además, como los explosivos se consideran material
peligroso para su transporte, el artículo 18 del Decreto 1809 de 1994 contempla lo
siguiente:

“Para la aplicación del artículo 54 del Decreto 2535 de 1993, el transporte de
explosivos y sus accesorios deberá sujetarse a los siguientes requisitos.

TERRESTRE, MARITIMO Y FLUVIAL.
– Autorización de la venta de los explosivos y sus accesorios.
– Permiso para transporte de los mismos, expedido por la autoridad militar
respectiva.

e) Los medios de que dispone la persona o entidad que adquiere los explosivos, para ejercer el control que
sobre los mismos exijan las autoridades militares competentes.
PARAGRAFO 1o. La venta de explosivos será potestad discrecional de la autoridad militar competente,
debiendo tenerse en cuenta la situación de orden público reinante en la zona donde se vaya utilizar el material
y la conveniencia y seguridad del Estado.
La venta podrá ser permanente cuando se acredite sus usos para fines industriales.
PARAGRAFO 2o. Previa coordinación, se podrá autorizar la fabricación y venta de explosivos en el sitio de
trabajo.
PARAGRAFO 3o. El Gobierno Nacional, podrá ejercer control sobre los elementos requeridos para uso
industrial, que sin serlo individualmente, en conjunto, conforman substancias explosivas y sobre los elementos
que sin serlo de manera original, mediante un proceso pueden transformarse en explosivos.”

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– Factura de pago suministrada por la Industria Militar.
– Solicitud escrita a la autoridad militar de la jurisdicción de la escolta
respectiva, sin la cual no podrá trasladar el material.
– Certificación de la entidad transportadora en la que se responsabilice el
transporte y custodia del material, del lugar de origen hasta su destino final.
[…]”

Significa que para que la transacción sobre explosivos se materialice, se requiere
de un servicio de escolta para el transporte autorizado, que incluye tanto los
explosivos como sus accesorios.

En consecuencia, la sentencia de 4 de diciembre de 2019, concluyó que “la
transacción que se realice sobre explosivos no puede realizarse únicamente de un
material explosivo, sino que se requiere que sea vendido de manera conjunta, con
los accesorios, el servicio de escolta, la persona designada para su control y demás
elementos que integran la transacción, por lo que el impuesto ad valórem a los
explosivos recae sobre el valor económico de los elementos gravados.”

Y para para el caso de Carbones El Tesoro S.A., se sostuvo que “la actora adquirió
explosivos de INDUMIL, por lo que en las facturas se calculó el valor total del
producto vendido y se aplicó la tarifa del 20% del artículo 48 de la Ley 1438 de 2011,
para efectos de determinar el impuesto social a las municiones y explosivos,
cumpliendo con lo establecido en la norma enunciada.”

En los anteriores términos, queda desvirtuado el argumento de la demandante de
que no tenía permiso, pues como quedó expuesto, para realizar la compraventa de
explosivos y sus accesorios se requeria el cumplimiento de varios requisitos, como
autorización de venta y permiso para el transporte. Aunado a que el señor Daniel
Isaza, llamado como testigo de la parte actora, reconoció que “(…) para la
manipulación, transporte, procesamiento de material explosivo se requiere de
permisos otorgados por entidades como el departamento de control y comercio de
armas el DCCA. Se requiere también de permisos de ley o una resolución que habla
del transporte de sustancias peligrosas, entonces no cualquier persona puede
transportar y manipular explosivos, son personas que deben estar previamente
entrenadas y certificadas” y que anualmente Carbones El Tesoro S.A. solicita cupo
de explosivos al DCCA20.

Las anteriores consideraciones también sustentan que la compraventa se realice en
forma conjunta sobre los explosivos y los accesorios, el servicio de escolta, la
persona designada para su control y demás elementos que integran la transacción,
por lo que se incluyó en legal forma el valor económico de los elementos gravados.

Frente a la alegada violación del artículo 50 del Decreto 2535 de 1993, en la
sentencia de 4 de diciembre de 2019, se advirtió que a pesar de que las normas
realizan una diferenciación entre explosivos y accesorios, en la definición de
explosivos enuncia claramente que son “cuerpo o mezcla”, es decir, la definición de
explosivo no solo cubre un cuerpo separado, sino la combinación de materiales, que
sean susceptibles de producir una gran cantidad de gases con violentos efectos
mecánicos o térmicos.

20 Testimonio rendido en la audiencia de pruebas, celebrada en primera instancia el 25 de agosto de 2022.

Expediente digital, índice 2, SAMAI, archivo “04ED_ACTA AUDIE_341ACTAAUDIENCIADEPR”

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FALLO

En un asunto en el que este punto era también debatido, la Sala precisó que “lo
determinante para que un bien o sustancia sea calificado jurídicamente como un
explosivo son los efectos físicos que produce.”21

Es relevante en este caso, verificar cuáles fueron los productos vendidos por
INDUMIL a la actora. En respuesta a un requerimiento realizado por el a quo, en
julio de 2022, la referida entidad allegó informe con la siguiente relación (se toma
pantallazo)22:

De la anterior relación se observa que los elementos vendidos por INDUMIL fueron
“Emulsión densidad 110, emulsión 70/30, emulsión Indumil Orica, exel conectadet
500 m, exel conectadet 12.2 m 100/65/25 ms y pentofex 337.5 grs tipo E-1
corriente”.

Ahora bien, corresponde determinar si son o no elementos explosivos,
individualmente o al ser mezclados con otros, por lo que serían susceptibles de ser
gravados con el impuesto social a las municiones y explosivos. Al respecto, en la
sentencia de 4 de junio de 2019 se definieron las emulsiones así23:

“Las emulsiones son materiales explosivos que contienen cantidades
importantes de oxidantes disueltos en gotas de agua, rodeados de un
combustible que es incapaz de mezclarse” (Subraya la Sala)

21 29 de abril de 2020, Exp. 44001-23-31-000-2012-00088-01(22713), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
22 Se constata que los números de las facturas relacionadas corresponden a las 19, respecto de las que la DIAN

negó la devolución y/o compensación por pago de lo no debido, formulado por Carbones El Tesoro S.A. y que
son objeto de estudio en este proceso, excepto las últimas tres facturas. Puede consultarse en el expediente
digital, índice 2 SAMAI, archivos “040ED_RESPUESTA-24respuestaindumilp” y “051ED_RESPUESTA-
37RESPUESTAINDUMILpd”
23http://www.academia.edu/24261468/CLASIFICACION_Y_CARACTERISTICAS_DE_LOS_EXPLOSIVOS,

consultado el 22 de octubre de 2018.

21
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FALLO

La Sección sostuvo que aunque las emulsiones pueden considerarse materiales
explosivos, se requiere que se realice un proceso de sensibilización, para que las
mezclas explosivas puedan explotar en determinadas circunstancias de
temperatura, presión etc24.

En relación con los detonadores (exel connectadet y pentofex) incluidos en las
facturas que interesan a este asunto, esta Sección en otro proceso también
promovido por Carbones El Tesoro S.A.25, pero respecto de facturas de 2013,
explicó que el exel conectadet es un detonador de superficie, compuesto por una
cápsula de baja potencia (fuerza 1) dentro de un conector plástico y que tiene un
conector de 6 tubos. Su finalidad es conectar en superficie diferentes barrenos que
han sido primados con Exel™ Handidet ó Exel™ MS. Se utiliza principalmente en
voladuras a cielo abierto pero también puede ser usado en voladuras subterráneas.
Este producto está diseñado para iniciar tubo de choque o de señal26.
Y que el pentofex es un multiplicador iniciador de fondo de barreno de los agentes
de voladura, conformado por mezcla de potentes explosivos, con alta presión y
velocidad de detonación27.
De acuerdo con lo expuesto, y teniendo en cuenta la definición de explosivo del
artículo 50 del Decreto 2535, concordante con la del artículo 4 del Decreto 334 de
2002, la Sala concluyó que la “Emulsión densidad 110, emulsión 70/30, emulsión
Indumil Orica, exel conectadet 500 m, exel conectadet 12.2 m 100/65/25 ms y
pentofex 337.5 grs tipo E-1 corriente”, cumplen con las características de ser un
explosivo, por lo que, contrario a lo alegado por la actora, los productos vendidos
en las facturas no son accesorios, sino legítimamente son una mezcla que en
determinadas circunstancias puede generar una gran cantidad de gases con
violentos efectos mecánicos o térmicos28. Consideración aplicable en este caso.

La anterior consideración se complementó con la referencia al artículo 3 del Decreto
Reglamentario 2222 de 1993, frente al que se advirtió que contiene definiciones de
diferentes elementos utilizados en la manipulación de explosivos, como los agentes
de voladura, detonador común, detonador eléctrico y explosivos, pero no desvirtúan
la razón de que los explosivos pueden ser mezclas, por lo que los productos
cumplen con la definición normativa.

También, el artículo 5 del Decreto 334 de 2002, que regula de forma exclusiva los
explosivos, enuncia lo siguiente:

“Artículo 5°. Clasificación. La Industria Militar será el organismo competente
para clasificar como explosivos para todos los efectos legales, las materias
primas o insumos que sin ser explosivos individualmente, en conjunto
conforman una sustancia explosiva, y de ello informarán al Ministerio de
Comercio Exterior, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN,
y al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.”

24 https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/02/Emulsiones-Encartuchadas.pdf, consultado el 22 de

octubre de 2018.
25 Sentencia de 4 de diciembre de 2019, 20001-23-33-000-2013-00316-02 (22271), C.P. Milton Chaves García.
26 https://www.indumil.gov.co/product/detonador-exel-tm-conectadet/
27 https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/02/Productos-Fexar.pdf
28 Decreto 334 de 2002, Art. 4 “Artículo 4°. Definición. Conforme al artículo 50 del Decreto-ley 2535 de 1993, se

entiende por explosivo, todo cuerpo o mezcla que en determinadas condiciones puede producir rápidamente
una gran cantidad de gases con violentos efectos mecánicos o térmicos.”

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FALLO

Conforme con lo expuesto por la norma transcrita, INDUMIL tiene la facultad de
determinar qué se considera explosivo, en la medida en que existen elementos que
individualmente no son explosivos porque no logran producir rápidamente una alta
cantidad de gases con efectos violentos, pero que agregados o mezclados con otros
logran tales efectos29.

En el presente caso y de acuerdo a su conocimiento técnico y la normatividad
existente, INDUMIL le confirió el carácter de explosivo a los productos vendidos a
la actora, los cuales, como se explicó, cumplen las características para ser
clasificados en esa categoría. Esta consideración se apoya con el testimonio de
Daniel Isaza, solicitado por la demandante y escuchado en la audiencia de pruebas,
de primera instancia, celebrada el 25 de agosto de 202230.

También aclaró la Sección que lo resuelto en Concepto de 4 de julio de 1995, por la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, surgió del análisis de si
INDUMIL podía constituir contratos de asociación con otras empresas, con el fin de
fabricar explosivos, pero no se hizo un estudio específico para determinar que son
en realidad explosivos o no31.
Además, respecto al análisis sobre el nitrato de amonio que se realizó en ese
concepto, debe precisarse que los artículos 17 y 18 del Decreto 334 de 2002
determinan cuándo ese componente se considera explosivo o no, según la
concentración de nitrógeno del producto, por lo que es un caso aislado y específico.
Entonces, los elementos que la demandante alega que no son explosivos tienen
todas las características para ser considerados como tales.

En relación con las facturas restantes frente a las que en este asunto la DIAN
también negó la devolución y/o compensación por pago de lo no debido, esto es,
las 2816525 y 2834138 de 12 de julio de 2011; 2834177 de 25 de julio de 2011;
2834342 y 2834343 de 17 de septiembre de 2011; 2834391 de 28 de septiembre
de 2011 y 2856686 y 2856687 de 20 de marzo de 2012, se aplican las mismas
consideraciones antes reiteradas.

En los anteriores términos, quedó demostrado que al realizar la transacción de
compraventa sobre los explosivos referidos, Carbones El Tesoro S.A adquirió la
calidad de sujeto pasivo del tributo, cuyo hecho generador se concretó en la compra
y venta de dichos productos. Igualmente, que INDUMIL, en ejercicio de sus
facultades legales y reglamentarias, liquidó a la demandante el impuesto social a
las municiones y explosivos sobre el valor total de la transacción, a una tarifa del
20%, como lo establece el artículo 48 de la Ley 1438 de 201132.

29 Así quedó precisado en las sentencias de 4 de diciembre de 2019, Exp. 20001-23-33-000-2014-00043-02

(22638), Exp. 20001-23-33-000-2014-00041-01 (22177) y Exp. 20001-23-33-000-2014-00045-01 (22266), C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez, entre otras.
30 Expediente digital, indíce 2, SAMAI, archivo “04ED_ACTA AUDIE_341ACTAAUDIENCIADEPR”
31 Exp. 700, C.P. Roberto Suarez Franco
32 La Sección se pronunció en los mismos términos en varias sentencias: entre ellas, de 24 de octubre de 2019,

Exp. 20001-23-33-000-2013-00300-01 (22081); 28 de noviembre de 2019, Exp. 20001-23-33-000-2014-00044-
02 (22541) y Exp. 20001-23-33-000-2013-00318-02 (22801), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; 4 de diciembre
de 2019, Exp. 20001-23-33-000-2013-90350-01 (22178) y Exp. 20001-23-33-000-2013-00299-02 (22264), C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; 4 de diciembre de 2019, Exp. 20001-23-33-000-2013-00353-01 (22172), Exp.
20001-23-33-000-2013-00292-02 (22176), Exp. Exp. 20001-23-33-000-2013-00354-01 (22121), C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez; 4 de diciembre de 2019 Exp. 20001-23-33-000-2014-00043-02 (22638), Exp. 20001-
23-33-000-2014-00041-01 (22177) y Exp. 20001-23-33-000-2014-00045-01 (22266), C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez. También de esa misma fecha se dictó sentencia en los Exp. 20001-23-33-000-2013-00316-02

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FALLO

En ese punto, en la base gravable del impuesto era procedente incluir los elementos
que cumplen las características de explosivos, así como los servicios facturados, en
el entendido de que la venta de explosivos opera de manera conjunta con los
accesorios, el servicio de escolta para el transporte autorizado, la persona
designada para su control y demás elementos que integran la transacción.

En ese entendido, la DIAN actuó conforme a derecho al negar la devolución y/o
compesación por pago de lo no debido respecto de 19 facturas que liquidaron el
impuesto social a las municiones y explosivos. Los actos acusados estuvieron
debidamente motivados, pues para la época de expedición, anterior a la postura
jurisprudencial de esta Corporación, se sustentaron en las normas que regulan el
referido impuesto, la facultad de INDUMIL para clasificar los explosivos y los
requisitos que deben cumplir quienes compran esos elementos.

Sea del caso señalar que al verificar las razones que fundamentaron la sentencia
apelada, éstas corresponden a un estudio juicioso de la normativa que regula el
impuesto a las municiones y explosivos y otras aplicables al caso, así como la
jurisprudencia de esta Corporación que sirve de precedente para la solución de
asuntos en los que se controviertan puntos similares, como el ahora debatido, con
lo que resolvió los cargos de nulidad planteados en la demanda.

No es cierto que el Tribunal haya creado una tercera interpretación del artículo 48
de la Ley 1438 de 2011, pues como quedó expuesto, la intención del legislador fue
crear dos impuestos diferentes. Así que la postura adoptada en la sentencia de
primera instancia está acorde con la posición que ha adoptado la Sección Cuarta
del Consejo de Estado en casos similares, como juez natural en materia tributaria y
tribunal de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa.

No prosperan los cargos de apelación dirigidos a desvirtuar que Carbones El Tesoro
S.A. no es sujeto pasivo del impuesto social a las municiones y explosivos, que la
liquidación contenida en las facturas incluyó elementos y servicios no sujetos al
impuesto y que existió un pago de lo no debido.

Garantía del debido proceso. Por último, aunque no constituye un cargo de
apelación, en atención a que la demandante alega la vulneración del debido proceso
al no accederse a la solicitud de inversión de la prueba, se hace el siguiente análisis.

De la revisión de las actuaciones adelantadas en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Atlántico33, se encuentra que en la audiencia inicial de 9 de junio
de 2022, entre las pruebas decretadas, se ofició a INDUMIL, para que allegara la
relación y el detalle de costos y gastos incurridos en la forma de negocio de venta
de explosivos y certificara la manera en que liquida el cobro de servicios accesorios,
como el transporte e instalación de los materiales comprados por Carbones El
Tesoro S.A. en las facturas comprendidas entre junio de 2011 y julio de 2012.
También se ofició a Orica Colombia S.A.S. -contratista de INDUMIL-, para que
allegara las facturas, comprobantes de cobros de servicios y/o la forma de
remuneración por los servicios que prestó a INDUMIL con las facturas
comprendidas entre junio de 2011 y julio de 2012.

(22271), Exp. 20001-23-33-000-2013-00364-01 (22552), Exp. 20001-23-33-000-2013-00344-02 (22559), Exp.
20001-23-33-000-2013-00302-02 (22246), todas C.P. Milton Chaves García y 29 de abril de 2020, Exp. 44001-
23-31-000-2012-00088-01 (22713), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, entre otras.
33 Expediente digital. Índice 2 SAMAI

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FALLO

Recibidas las respuestas de INDUMIL y Orica Colombia S.A.S., la demandante
advirtió que los informes rendidos estaban incompletos, por lo que en auto de 25 de
agosto de 2022, dictado en audiencia de pruebas, el Tribunal requirió a las
entidades para que ampliaran la información pedida por la demandante.

Cumplido el requerimiento, el Tribunal corrió traslado a la actora, quien alegó que la
información siguía siendo incompleta e insuficiente y solicitó la aplicación de la
carga dinámica de la prueba en cabeza de la parte demandada para probar los
elementos conformantes del hecho generador del impuesto social a los explosivos,
en especial lo relativo a los factores tenidos en cuenta para calcular la base
gravable.

Por auto de 27 de octubre de 2022 se incorporó la prueba documental, se cerró el
debate probatorio y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. En
relación con la solicitud de la actora, el Tribunal consideró que los argumentos de
ésta son propios de la etapa de alegaciones finales, en la que podía hacer el análisis
jurídico del material probatorio recopilado y de la conducta asumida por los sujetos
procesales en su recaudo.

La demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra
la anterior decisión, para insistir en que se otorgara una nueva oportunidad para que
INDUMIL y Orica de Colombia S.A.S. rindieran los informes, pero con la
responsabilidad de probar debidamente los elementos del tributo y las
correspondientes consecuencias negativas de no hacerlo. Por auto de 30 de marzo
de 2023, el Tribunal no repuso y rechazó por improcedente el recurso de apelación.
En esa providencia sostuvo lo siguiente:

“(…) En cuanto a la oportunidad para la distribución dinámica de la prueba señala
que se podrá hacer de oficio o a petición de parte, al decretar pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar.

En el presente asunto, pese a que la prueba ante INDUMIL y ORICA fue decretada
por solicitud de la parte actora, el Despacho ha sido insistente en requerir dichas
entidades quienes han dado respuesta a cada uno de los requerimientos
efectuados, encontrando que las mismas resultan suficientes para resolver la litis
aunado al material probatorio obrante en el proceso, por lo que se fallará con las
pruebas obrantes en el expediente y, además, es el demandante quien asume la
carga de acreditar judicialmente la ilegalidad del acto administrativo.
(…)

Sumado a lo anterior, se debe puntualizar que la posición evasiva y obstructiva de
la labor probatoria que según la parte actora incurre INDUMIL, se reitera, es un
argumento propio de la etapa de alegaciones finales y es un aspecto que debe ser
analizado y valorado al momento de proferir la correspondiente sentencia.”

Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio queja, con el fin de que se declare la nulidad de lo actuado a partir del auto
del 27 de octubre de 2022, por el cual se cerró el periodo probatorio y corrió traslado
para alegar de conclusión y, en su lugar, citar para la continuación de la audiencia
de pruebas para que se alleguen en forma completa los informes solicitados a
INDUMIL y Orica Colombia S.A.S. De no prosperar la nulidad, la actora pidió
reponer el auto del 30 de marzo de 2023 y, en su lugar, se conceda el recurso de

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FALLO

apelación y, en caso contrario, solicitó aplicar los artículos 245 del CPACA y 353
CGP y dar trámite al recurso de queja.

Por auto de 22 de junio de 2023, el Tribunal no repuso la providencia recurrida y
concedió el recurso de queja. Remitido el expediente al Consejo de Estado, por
providencia de 13 de octubre de 202334, la Sección Cuarta, en Sala Unitaria, estimó
bien denegada la concesión del recurso de apelación contra el auto de 27 de octubre
de 2022.

En esa oportunidad, esta Corporación advirtió que la discrepancia sobre las pruebas
recaudadas no puede constituir por sí misma una irregularidad o defecto que
amerite invalidar la decisión judicial por la que se ordena el cierre del periodo
probatorio, máxime cuando el juez ratifica que las pruebas son suficientes para
proferir la sentencia. Y que esa decisión (la que cerró el periodo probatorio) no
corresponde a la negativa de la práctica o decreto de una prueba. En consecuencia,
el auto de 27 de octubre de 2022 no era susceptible del recurso de apelación, por
no ser de aquellos listados en el artículo 243 del CPACA.

Ejecutoriada la anterior providencia y devuelto el expediente al Tribunal de origen,
continuó la etapa de alegatos de conclusión y, posteriormente, se dictó la sentencia
de primer grado.

En atención al anterior recuento, la Sala advierte que el proceso se desarrolla por
etapas. Así que en virtud del principio de preclusión, el paso de la etapa probatoria
a la de alegatos de conclusión implica la preclusión o finalización de la anterior
(probatoria), de tal manera que aquellos actos procesales cumplidos quedan en
firme y no puede retomarse discusiones debidamente resueltas.

En este caso, la discusión de la procedencia de la inversión de la prueba a cargo de
las demandadas quedó zanjada en el auto de 30 de marzo de 2023, en el que se
resolvió el recurso de reposición contra la decisión que cerró el periodo probatorio
y se corrió traslado a las partes para sus alegaciones finales. En ese entendido, se
garantizó el debido proceso y defensa de la demandante y no es oportuno
pronunciarse en esta instancia sobre el particular.

Las razones anteriores son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

Condena en costas. No se condena en costas en esta instancia, pues conforme
con el artículo 188 del CPACA35, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena
en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se
rige por las reglas previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una
de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”,
requisito que no se cumple en este asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

34 Exp. 08001-23-33-000-2019-00138-02 (27857), C.P. Milton Chaves García
35 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

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Demandante: CARBONES EL TESORO S.A.
FALLO

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia apelada.

2. No condenar en costas en esta instancia.

3. Reconocer personería a la abogada Laura Paola Rangel Fontalvo para actuar en
representación de la DIAN, en los términos y para los fines del poder visto en el índice
12, SAMAI.

4. Reconocer personería al abogado Juan Sebastián Forigua Rueda para actuar en
representación de Carbones El Tesoro S.A., en los términos y para los fines del
memorial de sustitución aportado con el escrito de alegatos de conclusión de primera
instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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