Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00139-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00139-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00139-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00139-01 (3037-2023)
Demandante: Ana María Ruiz Marengo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Ana María Ruiz Marengo presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 007229 del 23 de febrero de 2015
y RDP 015467 del 21 de abril de 2015, a través de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Ana María Ruiz Marengo
Protección Social2 le negó el reconocimiento de una pensión gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada con la inclusión de
todos los factores salariales que devengó durante el año anterior al 12 de agosto de
2012 cuando adquirió el estatus; ii) la indexación de las sumas adeudadas de
conformidad con los índices de precios al consumidor; iii) el cumplimiento de la
sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y iv) la condena en
costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Ana María Ruiz Marengo fue nombrada como docente de forma intermitente por
el municipio de Repelón desde el 16 de marzo de 1977 hasta la fecha en la que
presentó la demanda.
3.2. El 31 de marzo de 2003 cumplió 50 años de edad y el 12 de agosto de 2012
alcanzó los 20 años de servicio, lo cual implica que esta última es la fecha de su
estatus pensional, lo que motivó que presentara una petición ante la Ugpp para el
reconocimiento de su pensión gracia.
3.3. Mediante las resoluciones RDP 007229 del 23 de febrero de 2015 y RDP 015467
del 21 de abril de 2015, la Ugpp negó la prestación.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron las leyes 114 de 1913; 116 de 1928; 37 de 1966 y 91 de
1989.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. La entidad demandada negó el derecho a la pensión gracia desconociendo la
normativa aplicable al asunto, y que de acuerdo con su historia laboral podía
acceder a la prestación reclamada.
5.2. Si bien no fue posible aportar el Decreto 20 del 27 de marzo de 1980, debido al
atentado con un artefacto explosivo que sufrió la alcaldía de Repelón, sí se allegó
el acta de posesión del 27 de mayo de 1980, que es otro documento que lo describe
2 En adelante Ugpp.
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Demandante: Ana María Ruiz Marengo
claramente demostrando que esta vinculación si existió.
5.3. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 116 de 1928, para el cómputo de los
años de servicio se pueden sumar los prestados en diversas épocas.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresaron a continuación3:
6.1. Los actos administrativos expedidos se encuentran fundamentados en la
normatividad vigente que regula la pensión gracia de jubilación, por lo que están
revestidos de legalidad. Esto en razón a que la demandante no cumplió con el lleno
de los requisitos establecidos en la ley.
6.2. El certificado expedido por la Secretaría de Educación del Atlántico del 19 de
marzo de 2014 indicó lo siguiente: i) Decreto 30 del 16 de marzo de 1977, tiempos
laborados desde el 31 de marzo hasta el 26 de septiembre de 1977; ii) Decreto 20
del 27 de marzo de 1980, tiempos laborados desde el 27 de mayo de 1980 hasta el
11 de diciembre de 1981; y iii) Decreto 70 del 9 de septiembre de 1985, tiempos
laborados desde el 14 de septiembre de 1985 hasta el 19 de enero 1987. Los
decretos anteriormente señalados fueron aportados en copia simple carente de
valor probatorio. Aunado a ello, en la base de datos del Fomag la fecha de posesión
es del 3 de abril de 1995, por tal razón no hay lugar al reconocimiento y pago de la
pensión gracia.
6.3. Para el estudio de la prestación, la prueba documental debe aportarla el titular
del derecho, toda vez que él es el único que posee la facultad de acreditar o
desvirtuar los hechos y/o documentos base para el reconocimiento de la prestación
solicitada. Respecto del acta de posesión del 27 de marzo de 1980, no se evidencia
el sello de la alcaldía de Repelón, pues esta entidad sufrió un atentado con bomba
y si la demandante necesitaba copia de los documentos debía solicitar la
reconstrucción.
6.4. Comoquiera que esta prestación afecta recursos públicos, ante una eventual
condena, debe declararse probada la prescripción respecto de las mesadas que
pudieron estar afectadas por este fenómeno.
3 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de (.pdf)
«ANARUIZMARENGOESCRITODECONTESTACIONDEDEMANDA».
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1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, en sentencia
proferida el 31 de marzo de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda y para
tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales
aplicables al asunto, concluyó lo siguiente4:
7.1. Encontró acreditado el tiempo de servicio con las características que sirvieron
de fundamento para el otorgamiento del derecho a la pensión gracia, esto es, una
vinculación territorial o nacionalizada, con la certificación de la entidad nominadora
de la docente, pues precisamente esta era la que la vinculó; acreditación que
otorgaba la empleadora sin mayores requerimientos formales de que proviniera de
ella y sin atender a un formato específico que avalara estos tiempos.
7.2. Para la demostración del aludido requisito, era válido aportar los referidos
certificados provenientes de la entidad, así como los actos administrativos de
nombramiento, el acta de posesión y el acto de retiro, pues si bien existe una norma
especial que exige que estos deben ser los documentos originales o en su defecto
una copia autenticada, esto no quiere decir que deban aportarse ambos, pues
claramente puede ser lo uno o lo otro, ya sean los actos o la certificación de la
entidad nominadora.
7.3. Los argumentos expuestos en los actos demandados, en el sentido de descartar
las certificaciones aportadas y los formatos de certificación de historia laboral no
podían ser atendibles, menos con la excusa de que no son los formatos del Sistema
de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (Cetil)5. La norma que los
implementó es del año 2018 y la actuación administrativa se surtió en el 2015, lo
que no significa que no fueran válidos, en la medida en que para el momento en
que fueron expedidos se ajustaban a la normativa vigente y el paso del tiempo no
hacía perder veracidad a la información que ahí se señalaba.
7.4. Examinados los documentos observó que estos sí podían dar cuenta de la
vinculación ostentada por Ana María Ruiz Marengo como docente vinculada en
distintos tiempos con el municipio de Repelón, con una relación laboral en virtud de
un nombramiento de carácter territorial como lo establece la norma y por los tiempos
de servicio que a continuación se muestran:
4 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de (.pdf) «011. FALLO 2019-00139-00 Ana María Ruiz Marengo
vs UGPP - Pensión Gracia».
5 En adelante Cetil.
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Demandante: Ana María Ruiz Marengo
Entidad Empleadora Fecha de Ingreso Fecha de Retiro
Municipio de Repelón 16/03/1977 26/09/1977
Municipio de Repelón 27/05/1980 11/02/1981
Municipio de Repelón 14/09/1985 19/01/1987
Municipio de Repelón 3/04/1995 18/05/2019
Total, tiempo de servicio 24 años, 8 meses y 14 días
Fecha en que cumple 20 años de servicio 12/08/2012
7.5. Acorde con lo anterior, Ana María Ruíz Marengo logró demostrar el tiempo
mínimo de servicio requerido de 20 años para la obtención de una pensión gracia,
toda vez que el referido lapso corresponde a una vinculación de carácter territorial
y con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
7.6. Así las cosas, tenía derecho al pago de las mesadas causadas y debidamente
actualizadas desde el 28 de febrero de 2016, liquidadas sobre todos los factores
salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus, tales
como asignación básica, auxilio de movilización, primas de navidad y de
vacaciones, en la proporción que fueron devengados en ese año.
7.7. El derecho nació el 12 de agosto de 2012 y la reclamación formal se realizó el
28 de octubre de 2013, sin embargo, la presentación de la demanda se hizo el 28
de febrero de 2019, cuando ya había operado el fenómeno prescriptivo sobre las
mesadas causadas con el nacimiento del derecho, por lo tanto, se dispondrá la
prescripción de estas con anterioridad al 28 de febrero de 2016.
1.4. El recurso de apelación
7.8. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar
se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos6:
7.9. Nose realizó una debida valoración probatoria, pues no se aportaron los
documentos idóneos que respaldaran la vinculación que tuvo la demandante. Los
actos administrativos no debieron ser declarados nulos, ya que fueron expedidos
conforme con las pruebas arribadas en sede administrativa, por lo tanto, se
encontraban ajustados a derecho.
7.10. Se equivocó la sentencia al darle pleno valor probatorio a las certificaciones de
tiempo de servicio allegadas con la demanda, pues no se acreditó en el proceso
que la persona que expidió las certificaciones se encontrara facultado para hacerlo.
6 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de (.pdf) «012. RECURSO DE APELACION UGPP».
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7.11. Los certificados tenidos en cuenta carecen de validez ya que debieron ser
aportados en formato Cetil, conforme lo dispone el Decreto 726 del 26 de abril de
2018, el cual modifica el capítulo 2 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto
1833 de 2016, que compila las normas del Sistema General de Pensiones y crea el
Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados, con destino al
reconocimiento de prestaciones pensionales.
7.12. La demandante no tenía causado el derecho al 31 de diciembre de 1980.
Tampoco se comparten los factores salariales o la forma como se ordenó liquidar la
pensión gracia, pues decidió tener en cuenta factores que no estaban llamados a
integrar la base de liquidación.
7.13. Según el certificado de información laboral expedido por la alcaldía de Repelón
del 29 de marzo de 2012, la demandante laboró allí como alfabetizadora y docente
desde el 27 de marzo de 1977 hasta el 19 de enero de 1987; sin embargo, no se
evidenció el tipo de vinculación. Para los efectos pertinentes se hacía necesario que
se allegaran todos los certificados de tiempo de servicio en el Formato Único para
la Expedición de Certificado de Historia Laboral en el formato del Fomag,
debidamente diligenciado, en original y firmado por el funcionario competente de la
secretaría de educación del ente territorial correspondiente. Para el estudio de la
prestación, dicha prueba documental, se encontraba en cabeza del titular del
derecho.
7.14. Los actos de nombramiento están en copia simple. En las actas de posesión 72
del 31 de marzo de 1977 y en la del 27 de mayo de 1980, no se evidenció el sello
de la alcaldía de Repelón, por lo tanto, no era clara la vinculación con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980. La certificación aportada no indicaba si se presentaron
interrupciones durante la prestación del servicio y la plaza en la que este se prestó.
7.15. La reconstrucción del expediente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1564
de 2012 debió iniciarse ante un juez.
7.16. No se aportaron pruebas de la prestación del servicio en los tiempos que avaló
la sentencia recurrida; y tampoco prueba de los pagos efectuados por tales
servicios. Por lo tanto, las pruebas allegadas no eran suficientes y mucho menos
contundentes para efectuar el reconocimiento de la pensión reclamada. En la
sentencia se indicó que cuando se expidieron las certificaciones no estaba vigente
el Decreto 726 de 2018; sin embargo, se debió oficiar a la entidad empleadora para
que remitiera copia de ellos al proceso; al Fomag y al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Subdirección de Pensiones de la Dirección de Regulación
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Económica y de la Seguridad Social (DRESS), para que certificaran qué tiempos
fueron incluidos en el cálculo actuarial del Fomag para la pensión del docente, y a
quien le correspondía la financiación de la pensión de los tiempos anteriores al año
1989, así como el régimen salarial y prestacional del que gozaba la docente, con el
propósito de identificar si se trataba de uno nacional o nacionalizado.
7.17. Ha debido tenerse en cuenta que si antes de la existencia del Fomag, por el
periodo anterior al año 1990 se hicieron aportes a una caja o fondo territorial o
departamental, el territorio asumía la educación directamente, se trataba de un
docente territorial. Si por el contrario los aportes se realizaron a Cajanal, la plaza
era nacional.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
8. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no se accedió al decreto de pruebas,
no hubo traslado a las partes para alegar.
9. En efecto, en el recurso de apelación la entidad demandada elevó una solicitud
probatoria. Sin embargo, mediante auto del 1 de marzo de 20247 se negó esa
petición. Al respecto se señaló que la solicitud de oficiar al municipio de Repelón, al
departamento del Atlántico, al Fomag y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para que allegaran información sobre los pagos efectuados por la prestación del
servicio y los documentos que permitieron la expedición de los certificados que
fueron aportados al proceso no era procedente, toda vez que en la petición no se
señaló causal alguna de las previstas en el artículo 212 del CPACA, modificado por
el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021.
1.6. El Ministerio Público
10. La Procuraduría no se pronunció en segunda instancia, tal y como consta en el
informe secretarial del 7 de mayo de 20248.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
11. Se circunscribe a resolver ¿si Ana María Ruiz Marengo acreditó los requisitos
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con
7 Índice 14 del aplicativo Samai, tipo de (.pdf). «13AUTOQUENIEGA_30372023NIEGASOLICIT».
8 Índice 19 del aplicativo Samai, tipo de (.pdf). «18AL DESPACHO PAR_3037-2023».
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las normas que la regulan?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
12. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
13. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19139 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
14. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
10
15. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193311, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
16. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
9 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
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laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
17. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
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18. En efecto, la Ley 60 de 199312 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
19. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja13, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196814, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos15 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199416 (artículo 179, literal d).
20. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
12 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
13 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
14 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
15 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
16 «Por la cual se expide la ley general de educación»
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21. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199517, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
21.1. Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del
situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su afiliación.
21.2. Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
22. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
23. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
24. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
18
25. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
19
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
20
26. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
17 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
18 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
19 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
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1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
27. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala21 ha señalado:
«Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198922 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
21 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
22 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
28. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201823, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».
29. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202224 indicó:
«[L]a línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
23 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».25
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989». [Se resalta]
30. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
25 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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41.1. Ana María Ruiz Marengo nació el 31 de marzo de 1953, según consta en su
cédula de ciudadanía y en su registro civil de nacimiento26.
41.2. Mediante Decreto 30 del 16 de marzo de 197727, el alcalde del municipio de
Repelón la nombró como alfabetizadora, con retroactividad al 1 de febrero. En virtud
de lo anterior, se posesionó en el cargo con acta 72 el 31 de marzo de 197728.
41.3. A través de acta de posesión del 27 de mayo de 198029, con retroactividad al 1
de mayo de ese año, asumió el cargo de maestra ante el alcalde de ese municipio,
en virtud del nombramiento efectuado en el Decreto 20 del 27 de mayo de 1980.
41.4. Pormedio del Decreto 71 del 9 de septiembre de 198530, el alcalde del
municipio de Repelón declaró insubsistente un nombramiento en el cargo de
maestra del Colegio María Auxiliadora y en su lugar nombró a la demandante en su
reemplazo. El 13 de septiembre de 198531, se posesionó.
41.5. Con Decreto 059 del 31 de marzo de 199532, el alcalde de ese municipio la
nombró en propiedad como docente de educación básica primaria en una plaza
vacante de la escuela Arroyo Negro. El 3 de abril de 1995, se posesionó en el cargo
mediante acta 034833.
41.6. El certificado de información laboral del 23 de noviembre de 201734, indicó que
tuvo los siguientes periodos de vinculación:
Entidad empleadora cargo desde hasta
Municipio de Repelón Docente vinculación municipal 31/03/1977 26/09/1977
Municipio de Repelón Docente vinculación municipal 27/05/1980 11/02/1981
Municipio de Repelón Docente vinculación municipal 14/09/1985 1/09/1987
Municipio de Repelón Docente vinculación municipal 3/03/1995 31/12/2001
41.7. En el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del
12 de mayo de 201435, se evidencia que Ana María Ruiz Marengo tiene una
vinculación en propiedad como docente territorial (municipal) en el centro educativo
26 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», página 12 y 36.
27 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», página 20.
28 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», página 21.
29 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», página 23.
30 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», página 25.
31 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», página 26.
32 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», páginas 28 y 29.
33 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», página 30.
34 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», página 31.
35 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», páginas 32 y 33.
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Arroyo Negro. Adicionalmente, que desde el 3 de abril de 1995 hasta el 12 de mayo
de 2014, laboró como docente primaria en la escuela de Tablas del municipio de
Repelón.
41.8. Asimismo, en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 16 de abril de 201836, se observa que entre el 1° de enero de 2011 y el
31 de diciembre de 2012 percibió como factores salariales: asignación básica,
auxilio movilización, y primas de navidad y de vacaciones docentes.
41.9. La subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la Ugpp expidió
la Resolución RDP 007229 del 23 de febrero de 201537, por la cual le negó el
reconocimiento pensional. Posteriormente, esa entidad, en respuesta al recurso de
reposición interpuesto por Ana María Ruiz Marengo confirmó la decisión mediante
la Resolución RDP 015467 del 21 de abril de 201538.
2.4. Análisis sustancial
42. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, en sentencia
proferida el 31 de marzo de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda y para
tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales
aplicables al asunto, concluyó que examinados los documentos aportados, estos sí
podían dar cuenta de la vinculación de Ana María Ruiz Marengo como docente en
distintos periodos con el municipio de Repelón, con una relación laboral en virtud de
un nombramiento de carácter territorial como lo exige la norma y por los tiempos de
servicio interrumpidos del 16 de marzo de 1977 al 18 de mayo de 2019.
43. La entidad demandada presentó recurso de apelación con el fin de que se
revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que
i) no se realizó una debida valoración probatoria; ii) no se evidenció el tipo de
vinculación; iii) los actos fueron expedidos conforme con las pruebas allegadas en
sede administrativa; iv) los certificados tenidos en cuenta carecían de validez ya que
debieron ser aportados en formato Cetil; v) los certificados no eran los originales y
no se acreditó en el proceso que la persona que los expidió se encontrara facultada
para hacerlo; vi) la demandante no tenía causado el derecho al 31 de diciembre de
1980; vii) se ordenó liquidar la pensión gracia con factores que no están llamados a
integrar la base de liquidación; viii) los actos de nombramiento se adjuntaron en
copia simple; y ix) si los aportes antes de la existencia del Fomag se realizaron a
Cajanal, la plaza era nacional.
36 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», páginas 34 y 35.
37 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», páginas 13 a 15.
38 Índice 2 del aplicativo Samai, tipo de formato (.pdf) «001. EXP 2019-00139», páginas 16 y 17.
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44. De acuerdo con la anterior, la sala deberá verificar si la demandante acreditó los
requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, para esos efectos,
se verificará si: i) contaba con 50 años de edad; ii) ejerció la docencia con buena
conducta; iii) acreditó una experiencia anterior al 31 de diciembre de 1980 en una
institución educativa territorial o nacionalizada; y iv) completó 20 años de servicio
en una plaza territorial o nacionalizada.
45. Al respecto, se advierte que Ana María Ruiz Marengo contaba con más de 50
años de edad [nació el 31 de marzo de 1953], por lo que cumplió con ese requisito
en el año 2003. Asimismo, está acreditado el requisito de la buena conducta, en
tanto se presume y frente a este no se efectuó reproche alguno.
46. Ahora bien, en relación con el requisito de contar con experiencia docente del
orden territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, se encuentra
que la demandante laboró como alfabetizadora con el municipio de Repelón entre
el 31 de marzo y el 26 de septiembre de 1977; y entre el 27 de mayo de 1980 y el
11 de febrero de 1981, con ocasión de las vinculaciones efectuadas por el alcalde
de dicho municipio, las cuales, son del orden territorial y podían ser computadas
para efectos del reconocimiento de la prestación pretendida, toda vez que se trataba
del ejercicio docente.
47. Es preciso señalar que el gobierno nacional, a través del Decreto 1830 de 1966
reglamentó la educación para adultos y en el artículo 7 de este acto, estableció que
la alfabetización «constituye la etapa inicial de programas más amplios de educación de
adultos y tiene como misión específica la enseñanza de la lectura, escritura, cívica y
nociones de aritmética, la iniciación en actividades profesionales, habilitando al alfabetizado
par a su ingreso a los cursos de educación general básica y a los de formación profesional».
Asimismo, mediante el Decreto 378 de 1970, estableció « la educación primaria para
adultos en todo el territorio nacional».
48. En esa línea, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 incluyó la labor de los
alfabetizadores dentro del ejercicio de la profesión docente:
«ARTÍCULO 2. PROFESIÓN DOCENTE. Las personas que ejercen la profesión docente se
denominan genéricamente educadores. Se entiende por profesión docente el ejercicio
de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos
niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que
ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos de
supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de
consejería y orientación de educando, de educación especial, de alfabetización de
adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio
de Educación Nacional en los términos que determine el reglamento ejecutivo.»
(Se resalta)
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49. A partir de las normas transcritas, esta corporación ha sostenido que la labor
docente de alfabetización es computable para efectos de acceder a la pensión
gracia. En tal sentido se ha sostenido lo siguiente39.
«De acuerdo con las normas antes mencionadas, el tiempo servido como docente en
programas de alfabetización debe tomarse como laborado en educación primaria,
por lo que es dable tenerlo en cuenta para efecto de calcular el requerido para acceder
a la pensión gracia y sumarlo al que se laboró en educación secundaria, pues como ya
se expuso el artículo 3.° de la Ley 37 de 1933, extendió dicha prestación a los maestros
que completaron los años de servicio previstos en la Ley 114 de 1913 en
establecimientos del nivel educativo antes mencionado» [Se resalta]..
50. De manera que el lapso comprendido entre el 31 de marzo de 1977 y el 26 de
septiembre de 1977, cuando la demandante fungió como alfabetizadora, debió
tenerse en cuenta para computar los 20 años de servicio requeridos para acceder
a la pensión gracia, teniendo en cuenta que dicho nombramiento fue efectuado por
una autoridad del orden territorial y el servicio docente se prestó antes del 31 de
diciembre de 198040.
51. Así las cosas, la demandante acreditó el siguiente tiempo de servicio:
Total tiempo
Entidad Modalidad Cargo Desde Hasta Años Meses Días
de servicios
Decreto 30 del 16
Municipio de marzo de 1977 - 26 de
31 de marzo de 5 meses 26
de Acta de posesión Alfabetizadora septiembre 0 5 26
1977 días
Repelón del 31 de marzo de de 1977
1977.
Decreto 20 del 27
Municipio de mayo de 1980. 11 de
27 de mayo de 8 meses 15
de Acta de posesión Maestra febrero de 0 8 15
1980 días
Repelón del 27 de mayo de 1981
1980.
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001-23-33-
000-2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 15 de agosto
de 2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); ii) del 6 de julio de 2017, radicado 52001-23-33-
000-2014-00257-01 (4537-2016), iii) del 17 de julio de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-
2016); iv) del 27 de mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021,
radicado 76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021, radicados 25000-23-42-000-
2016-03173-01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del 23 de junio de 2022, radicado 41001-
23-33-000-2016-00462-00 (1503-2021).
40
En igual sentido lo consideró el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de julio de
2021, radicado 76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); y la Subsección A, en sentencia del 3 de octubre de
2022, radicado 52001-23-33-000-2014-00540-01 (2892-2016).
18
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Demandante: Ana María Ruiz Marengo
Decreto 71 del 9 de
septiembre de
Municipio 1 de
1985. Acta de 13 de septiembre 1 año 11
de Maestra septiembre 1 11 19
posesión del 13 de de 1985 meses 19 días
Repelón de 1987
septiembre de
1985.
Decreto 059 del 31
Municipio de marzo de 1995. 12 de
19 años 1 mes
de Acta de posesión Docente 3 de abril de 1995 mayo de 19 1 9
9 días
Repelón del 3 de abril de 2014
1995.
Total 22 3 9
52. En suma, Ana María Ruiz Marengo completó los requisitos para el
reconocimiento de la prestación pretendida, por cuanto: i) acreditó vinculaciones
anteriores al 31 de diciembre de 1980; ii) contaba con más de 50 años de edad; iii)
prestó sus servicios como docente oficial del orden nacionalizado y territorial por
más de 20 años; y iv) ejerció la docencia con buena conducta, bajo el entendido de
que no fue desvirtuada.
53. Valga precisar que contrario a lo señalado por la entidad recurrente, los
documentos aportados al expediente [actos de nombramiento, actas de posesión y
certificados] sí evidenciaron el tipo de vinculación que tuvo la demandante con el
municipio de Repelón, y resultan suficientes para acreditar la naturaleza de esa
vinculación y el tiempo de servicio requerido. Al respecto, resulta necesario precisar
que esta Sala ha descartado la exigencia única de los actos jurídicos en original que
respaldan la prestación del servicio, pues ha encontrado que tal consideración es
producto de una valoración probatoria basada en la tarifa legal, a partir de la cual
se señala a cada medio el grado de convicción que representa y descarta aquellos
que no constituyen «plena prueba» para demostrar un hecho. Que, con todo, esas
restricciones le restan autonomía al juez, quien en ejercicio de la sana crítica puede
otorgarle el valor que corresponde a cada elemento con el cual se cuenta y al
ejercicio del derecho de defensa y contradicción del que, a lo largo del proceso, han
hecho uso las partes.
54. Bajo tal perspectiva, y sin desconocer que el reconocimiento de la prestación
debe estar sustentado en las pruebas que legal y oportunamente se hayan aportado
al proceso, esta Subsección considera que esto no justifica que se imponga como
requisito para demostrar la prestación del servicio docente que se aporte al proceso
judicial los documentos originales de los actos de nombramiento y posesión y
mucho menos que se descarten las copias simples allegadas.
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55. Lo anterior, pues, como se expuso, imponer una tarifa legal probatoria implicaría
abandonar la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle
vigencia a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través
de otros medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su sana crítica forme
su propio convencimiento a partir de los elementos aportados al proceso y la
conducta de las partes respecto de ellos, permite un verdadero ejercicio de la justicia
y materializa los derechos de quienes han acudido a ella, pues este siempre deberá
exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
56. Las consideraciones anteriores permiten otorgarle vigencia al principio de la
primacía de la realidad sobre las formas a que alude el artículo 53 de la Constitución
Política y descarta la exigencia de un medio probatorio con un valor previamente
establecido. En otras palabras, la Sala ha recordado que no es el acto jurídico por
medio del cual se vincula a una persona a la función pública el que determina su
relación con el Estado, sino lo que en realidad evidencia dicha relación.
57. De esta manera los actos de nombramiento expedidos por el alcalde municipal,
las actas de posesión ante esa autoridad y los certificados emitidos por el secretario
general de la Alcaldía Municipal de Repelón y la coordinadora de oficina de hojas
de vida son útiles y suficientes para acreditar el servicio prestado por la docente; y
si lo cierto es que más allá de señalar que «no se acreditó en el proceso que la persona
que los expidió se encontrara facultada para hacerlo» la entidad recurrente no allegó
ningún argumento ni medio de convicción que permitiera considerar que se trató de
documentos falsos; de manera que esas afirmaciones carentes de fuerza
probatoria, no están llamadas a prosperar, pues la ausencia del apoyo demostrativo
que permita la aplicación del supuesto legal pretendido no permite sustentar una
decisión distinta de la considerada hasta ahora.
58. Así, en el asunto que se analiza, la Sala encuentra que los referidos documentos
dan cuenta de la prestación de los servicios de la demandante, pues gozan de la
presunción de autenticidad a la que alude el artículo 244 del CGP41, por tratarse de
41 «Artículo 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza
sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la
persona a quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia,
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen,
se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho
en litigio y los poderes en caso de sustitución.
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00139-01 (3037-2023)
Demandante: Ana María Ruiz Marengo
documentos emitidos por un servidor público competente. En igual sentido lo
dispone el artículo 25 del Decreto Ley 019 de 201242 al eliminar la exigencia de
autenticar los documentos producidos por las autoridades públicas. Además, no
fueron tachados de falso por la entidad esto es, no fueron cuestionados en su
contenido ni autenticidad.
59. Ahora bien, en cuanto al documento idóneo para la acreditación del tipo de
vinculación que ostentó la demandante se advierte que esta Corporación mediante
la sentencia de unificación del 21 de junio de 201843 fijó unas reglas para determinar
la vinculación del docente, con el fin de resultar beneficiario de la pensión gracia,
entre las cuales se encuentra la siguiente: «(iv) para acreditar la calidad de docente
territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en
los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de
manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial» (se resalta), de este modo se desvirtúa lo manifestado
por el recurrente, en relación con la prueba para determinar el tipo de vinculación
de los docentes correspondiente al certificado emitido por Cetil, comoquiera que vía
jurisprudencial, esta corporación en ejercicio de su función unificadora, demarcó los
derroteros a considerar para analizar el tipo de vinculación del docente en el tiempo
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.»
42 «Artículo 25. Eliminación de autenticaciones y reconocimientos. <Aparte tachado INEXEQUIBLE>
Todos los actos de funcionario público competente se presumen auténticos. Por lo tanto no se
requiere la autenticación en sede administrativa o notarial de los mismos. Los documentos
producidos por las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones administrativas en
sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus archivos, tampoco requieren autenticación o
reconocimiento.
Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, suministro o entrega de documentos
originales autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los controles o
verificaciones que dichas entidades deban realizar, salvo para el reconocimiento o pago de
pensiones.
Los documentos privados, tuvieren o no como destino servir de prueba en actuaciones
administrativas, incluyendo los provenientes de terceros, se presumen auténticos, mientras no se
compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, con excepción de los poderes especiales y de
las actas de asamblea general de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas
que deban registrarse ante las Cámaras de Comercio, las cuales deberán ser presentadas
personalmente por sus otorgantes ante el secretario de la respectiva Cámara.
Las copias simples que expidan los notarios de los documentos que reposan en los respectivos
protocolos no se autenticarán, salvo que el interesado así lo solicite.»
43 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00139-01 (3037-2023)
Demandante: Ana María Ruiz Marengo
de servicio alegado, según el cual, lo que se requiere es copia de los actos
administrativos o los certificados de la autoridad nominadora, lo que resulta
suficiente para considerar que no debe ser necesariamente con el documento Cetil,
como lo echa de menos la Ugpp.
60. Por otro lado, como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial de esta
decisión, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado han
manifestado que el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes
territoriales está condicionado a la existencia de una vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980, sin embargo, para la acreditación de los 20 años de servicio está
permitido contar tiempos posteriores solo si se demuestran como nacionalizados o
territoriales.
61. Así pues, las citadas corporaciones han indicado que la Ley 91 de 1989 no solo
protegió los derechos adquiridos sino también las expectativas legitimas de los
docentes afectados por la nacionalización de la educación. Luego, no era
procedente negar el acceso a la prestación con el argumento de que a la entrada
en vigencia de la citada ley el demandante no había completado la totalidad de los
requisitos exigidos para tal fin, pues en cuanto a la analizada condición bastaba con
acreditar una experiencia de carácter municipal, territorial, distrital o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980 para que se le garantizara la expectativa legítima
de completar los requisitos legales incluso con tiempos posteriores a la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989.
62. En efecto, esa es la lectura que debe darse al numeral 2 del artículo 15 de la
referida Ley 91, que señala
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos». [Se
resalta].
63. Por consiguiente, se concluye que contrario a lo expuesto por la entidad de
previsión en el recurso de apelación, la demandante no debía acreditar los 20 años
de servicio antes del 31 de diciembre de 1980, sino una vinculación territorial
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00139-01 (3037-2023)
Demandante: Ana María Ruiz Marengo
anterior a esa data que la habilitara para completarlos con posterioridad, lo que
ocurrió con las vinculaciones reseñadas en el municipio de Repelón desde el 31 de
marzo de 1977, los cuales en esta instancia permiten tener por acreditada la
condición analizada.
64. En cuanto al reconocimiento de los factores salariales, se advierte que el tribunal
consideró como tales: asignación básica, auxilio de movilización, y primas de
navidad y de vacaciones, en la proporción que fueron devengados y estos
resultaban coincidentes con los devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus, esto es entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, por
lo que, contrario a lo señalado en el recurso, estos eran los que debieron integrar la
base de liquidación de la pensión.
65. En efecto, comoquiera que la pensión gracia es una prestación especial, para su
liquidación no podía hacerse uso de disposiciones del régimen ordinario, tales como
la Ley 33 de 1985, la Ley 62 de 1985, el artículo 9 de la Ley 71 de 1988 y el artículo
10 el Decreto 1160 de 1989, pues a pesar de encontrarse a cargo del tesoro
nacional, no requiere afiliación del beneficiario a la Caja Nacional de Previsión
Social ni hacer aportes para el efecto.
66. Así las cosas, los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su
naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni
aquellos que disfruten de un régimen especial de pensiones no están sujetos a las
reglas de los artículos 1 de la Ley 33 de 1985, 9 de la Ley 71 de 1988 y 10 del
Decreto 1160 de 1989, como es el caso de la demandante por ser beneficiaria de la
pensión gracia. De manera que en la liquidación de la prestación se deben incluir
todos los factores salariales percibidos durante el año inmediatamente anterior a
aquél en que cumplió con los requisitos de tiempo y edad, vale decir los que regían
para el momento en que consolidó el derecho. Consecuentemente, la reliquidación
de la pensión gracia sólo es posible respecto de los factores devengados al
momento de la consolidación del estatus pensional y no de la época del retiro, como
sí ocurre en las pensiones ordinarias, «en cuyo caso existe afiliación y, por ende, aportes
que llevan a la mejora en el monto de la pensión al momento de la desvinculación»44.
67. Así las cosas, se impone confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, en cuanto ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia a la demandante, puesto que acreditó todos los
requisitos para esos efectos.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2008, radicado
08001-23-31-000-1998-01020-01(2142-06), M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado.
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00139-01 (3037-2023)
Demandante: Ana María Ruiz Marengo
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.45
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, se confirmará la sentencia proferida el 31 de marzo
de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, por
cuanto:
i) La demandante ejerció la docencia como alfabetizadora, por lo que era viable
45En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00139-01 (3037-2023)
Demandante: Ana María Ruiz Marengo
tener en cuenta su desempeño laboral para efectos del cómputo de tiempo de
servicio que se requería para el reconocimiento de la pensión gracia, siempre y
cuando esta vinculación haya sido del orden territorial o nacionalizado.
ii) Ana María Ruiz Marengo acreditó los requisitos para el reconocimiento de la
pensión gracia, según lo previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas
concordantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, por medio de la cual accedió
a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
25
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Demandante: Ana María Ruiz Marengo
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Mgafs
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