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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00206-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00206-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2021) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las pretensiones, por las razones acá expuestas. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00206-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00206-01 (2671-2023)
Demandante: Esther Julia Martínez Robles
Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Marco normativo aplicable a los miembros de la fuerza pública
en materia prestacional. Beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes. Derecho a la igualdad y a la no discriminación en
razón del vínculo natural o jurídico del cual deriva la familia.
Aplicación retrospectiva de la Constitución de 1991. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2021) por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Esther Julia Martínez Robles instauró demanda contra la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 8356 del 22 de julio de 1991, por
medio de la cual se reconoció la pensión mensual por muerte, las cesantías y la
indemnización por muerte a favor de los menores Ramón Alfonso Obispo Martínez
y Shirley Alexandra Obispo Castellanos; del Oficio No. 4980/GRUSO-UNPEN
24319 del 25 de abril de 2005, mediante el cual se negó el reconocimiento de la
pensión de sobreviviente a la demanda; del Oficio No. 225076/ARPRE-GRUPE del
7 de agosto de 2013, por medio del cual se negó el reconocimiento de la pensión
de sobreviviente a la demandante.

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A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reconocimiento y
pago de la pensión de sobreviviente vitalicia de acuerdo con las disposiciones
legales y el pago de las mesadas causadas, teniendo en cuenta la prescripción
cuatrienal de las mismas, desde el 8 de septiembre de 1990, fecha en la que falleció
el señor Ramón Alfonso Obispo Hernández.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que constituyó una familia, por vínculo natural, con el señor Ramón Alfonso Obispo
Hernández, quien falleció el 8 de septiembre de 1990, estando en servicio activo,
luego de haber laborado por 27 años para la Policía Nacional.

Que el vínculo familiar permaneció por un término superior a 22 años, hasta el día
que este falleció y fruto de ese vínculo nació Ramón Alfonso Obispo Martínez.

Que al momento de expedir la Resolución No. 8356 del 22 de julio de 1991, la
demandada desconoció la vigencia de la Ley 54 de 1990, sobre las uniones
maritales de hecho.

Que el actuar de la Policía Nacional fue discriminatorio porque, con la expedición
de la Resolución No. 8356 del 22 de julio de 1991, desconoció que ostentaba la
calidad de compañera permanente del señor Ramón Alfonso Obispo Hernández.

Que mediante Oficio No. 4980/GRUSO-UNPEN 24319 del 25 de abril de 2005, se
resolvió de forma negativa la petición que elevó.

Que presentó una nueva petición y la entidad le negó el derecho, de nuevo,
mediante Oficio No. 225076/ARPRE-GRUPE del 7 de agosto de 2013, aduciendo
que ya había dado respuesta a una petición que contenía similares pretensiones, a
la cual se acogía en su totalidad.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 13, 42, 48, 53, 58,
150, 218 y 219 de la Constitución Política; las Leyes 12 de 1975, 54 de 1990, 797
de 2003 y 923 de 2004; los Decretos 2062 de 1994 y 4433 de 2004; y la Sentencia
C-121 de 2010 de la Corte Constitucional.

En el concepto de violación señaló que los actos demandados vulneraron las
normas constitucionales ya referenciadas, por cuanto desconocieron el carácter de
la seguridad social y la protección especial a la familia, cualquiera que sea su origen.

Que con el causante procreó un hijo y configuraron la convivencia bajo un mismo
techo, donde hubo socorro y ayuda mutua, cualidades propias de la unión marital
de hecho.

Que para la fecha en la que ocurrió la muerte del señor Ramón Alfonso Obispo
Hernández estaba vigente el Decreto 1212 de 1990, que en el artículo 172 reguló

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las prestaciones por muerte en retiro, excluyendo a los compañeros permanentes
del orden de beneficiarios de las prestaciones por muerte en actividad de un oficial
o suboficial.

Que solo con la Ley 923 de 2004 se eliminó la restricción discriminatoria y se incluyó
a los compañeros permanentes dentro de los beneficiarios de las prestaciones por
muerte de un oficial o suboficial.

Que la Corte Suprema de Justicia determinó que la Ley 54 de 1990 tiene efectos
retrospectivos, por lo que es aplicable al caso concreto, atendiendo a criterios de
justicia retributiva y de equidad.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Luego de requerirse a las partes con el fin que se aportara copia de los actos
administrativos demandados, la demanda se admitió en auto del 19 de mayo de
20211. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones indicando que las mismas
carecen de fundamentos legales y respaldo probatorio. Que los actos demandados
se expidieron conforme a lo estipulado en el artículo 173 del Decreto 1212 de 1990.

Que los menores Ramón Alfonso Obispo Martínez y Shirley Alexandra Obispo
Castellanos fueron los únicos que reclamaron y probaron la calidad de beneficiarios
del causante, motivo por el cual se les reconoció la pensión de sobrevivientes, las
cesantías definitivas y la indemnización por muerte.

Que la demandante no puede pretender hacer valer su condición después de 30
años, máxime cuando en la hoja de servicio del causante figuraba que este era
soltero2.

El 5 de noviembre de 2021 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y
se decretaron las pruebas3. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión,
se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del cuatro (4) de febrero
de dos mil veinte (2021), negó las pretensiones tras considerar que la norma que
rige la prestación por muerte en actividad (pensión de sobrevivientes) es la que se
encontraba en vigor para tal fecha, por lo que en atención a que el deceso del señor
Ramón Alfonso Obispo Hernández sucedió el 8 de septiembre de 1990, la
disposición aplicable era el Decreto 1212 de 1990.

Que como la norma que regulaba la situación pensional no contemplaba a la
compañera permanente dentro del orden de beneficiarios de la pensión, la actora
no tiene derecho al reconocimiento pensional.

1 Véase el archivo “011. 2019-00206 ADMITE DEMANDA”, a índice 2 de SAMAI.
2 Véase el archivo “ponal CONTESTACION 2019-00206”, a índice 2 de SAMAI.
3 Véase el archivo “017. 2019-00206 Acta Audiencia inicial”, a índice 2 de SAMAI.

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Que, si bien la demandante fundamenta su pretensión en la retrospectividad de la
Ley 100 de 1993, ello no es posible porque la postura adoptada por el Consejo de
Estado es diáfana al considerar que tal normativa no aplica a las situaciones
jurídicas de quienes hubieran fallecido con anterioridad a su vigencia.

Que es dable acogerse a los mandatos del régimen general de seguridad social
cuando este resulte menos restrictivo que el especial, lo cierto es que la
favorabilidad únicamente es viable respecto de la disposición que rija para el
momento en el que se cause la pensión.

Que en circunstancias como esta donde el derecho se generó el 8 de septiembre
de 1990, cuando no estaba en vigor la Ley 100 de 1993, es imposible aplicar
retrospectivamente el contenido de esta.

Que se extiende dicho criterio jurisprudencial frente a la Ley 923 y el Decreto 4433,
ambos de 2004, en el entendido que son normas expedidas muchos años después
de la muerte del señor Ramón Obispo, las que tampoco son susceptibles de tenerse
en cuenta, dadas las restricciones al principio de favorabilidad con base en la
retrospectividad de la ley4.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que el
Tribunal se apartó de precedentes constitucionales que se encuentran reglados y
que han sido reconocidos en diferentes pronunciamientos jurisprudenciales de las
altas cortes.

Que desconoció su calidad de compañera permanente y, por ende, su calidad de
beneficiaria de la pensión de sobreviviente del señor Ramón Alfonso Obispo
Hernández.

Que la primera instancia, al momento de fundamentar su decisión, se apartó de
precedentes constitucionales al basar la misma en una normativa excluyente, como
lo es el Decreto 1212 de 1990. Que no tuvo presentes otros preceptos que se
invocaron en el descorrer del proceso.

Que el Tribunal no se preocupó por advertir la fundamentación jurídica sobre la cual
descansaban las pretensiones, pues eran preceptos que iban encaminados a que
se analizara la postura que tiene la jurisprudencia constitucional frente a la figura de
la “compañera permanente” y su reconocimiento en cuanto a derechos
prestacionales.

Que los compañeros permanentes de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional
que a partir del 7 de julio de 1991 tuvieren derecho al reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes, a pesar de que los artículos 134 del Decreto 613 de 1977, 175
del Decreto 2062 de 1984, 172 del Decreto 096 de 1989 y 173 del Decreto 1212 de

4 Véase el archivo “027. SENTENCIA F-2019-00206-00 pensión sobrevivientes CASUR”, a índice 2

de SAMAI.

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1990 los excluyeran, podrían solicitar el reconocimiento de dicha pensión y reclamar
las mesadas que se causaran.

Que las pruebas aportadas demostraron que sí ostentó la calidad de compañera
permanente del señor Ramón Alfonso Obispo Hernández y que, por lo tanto, sí tiene
derecho al goce de la pensión de sobreviviente otorgada por el Estado.

Que jamás se fundamentó la demanda en la retrospectividad de la Ley 100 de 1993
y que, por lo mismo, se advierte que hubo violación a una norma sustancial, esto
es, la no aplicación bajo el principio de retrospectividad de la Ley 54 de 1990; así
como que el Tribunal no se esforzó por ventilar la condición beneficiosa que le
asistía en materia pensional5.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 2 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría al despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría conceptuar
hasta antes que el proceso ingresara para fallo6.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si a la demandante le asiste o no
razón jurídica para reclamar la pensión de sobrevivientes, aduciendo su calidad de
compañera permanente, teniendo en cuenta que la normativa vigente para la época
del deceso del señor Ramón Alfonso Obispo Hernández ─Decreto 1212 de 1990─,
únicamente contemplaba dicho beneficio prestacional para la cónyuge sobreviviente
del causante y otros, mas no para la compañera o compañero permanente.

Marco normativo aplicable a los miembros de la fuerza pública en materia
prestacional

En vigencia de la Constitución Política de 1886, el Congreso de la República revistió
al presidente de la República, en múltiples oportunidades, de facultades
extraordinarias relacionadas con la ordenación de materias atinentes a las fuerzas
militares y de policía. Sobre el último grupo se expidieron, concretamente, los
Decretos 465 de 1961, 3072 de 1968, 2338 de 1971, 613 de 1977, 2063 de 1984,
97 de 1989, 1212 de 1990 y 1213 de 1990, los cuales regularon la carrera
profesional de los miembros de la Policía Nacional, así como sus prestaciones
sociales.

Atendiendo a las circunstancias temporales del caso, se tiene que el Congreso
profirió la Ley 66 de 1989, por medio de la cual se revistió al presidente de la
República de facultades extraordinarias para, entre otras, reformar los estatutos de

5 Véase el archivo “029. RECURSO DE APELACION PARTE DTE”, a índice 2 de SAMAI.
6 Véase a índice 4 de SAMAI.

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carrera de los oficiales, suboficiales y agentes de las fuerzas militares y de la Policía
Nacional, en virtud del numeral 12, del artículo 76 de la Constitución Política de
1886.

Bajo ese revestimiento de facultades extraordinarias para legislar, se expidió el
Decreto 1212 de 1990 que, en su Título VI, reguló las prestaciones sociales de sus
destinatarios ya fuere en actividad, por retiro, por incapacidad sicofísica, por muerte
en actividad, por muerte en retiro, por separación y para el caso de los
desaparecidos y prisioneros.

Particularmente, el Capítulo IV de ese título consagró las siguientes prestaciones
cuando se presentase la muerte en actividad de algún agente de la Policía Nacional:

i) Muerte simplemente en actividad: se determinó que sus beneficiarios
tendrían derecho al pago de una compensación equivalente a dos años
de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 140 de dicha norma; al pago de cesantías por el
tiempo de servicio del causante; y si el agente hubiere cumplido quince o
más años de servicio, tendrían derecho al pago de una pensión mensual
que se liquidaría y cubriría en la misma forma de la asignación de retiro,
de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

ii) Muerte en actos del servicio: se especificó que sus beneficiarios
tendrían derecho al pago de una compensación, por una sola vez,
equivalente a tres años de los haberes correspondientes al grado del
causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 140
de esa norma; al pago doble de las cesantías por el tiempo servido por el
causante; y si el agente hubiere cumplido doce años o más de servicio,
tendrían derecho al pago de una pensión mensual que se liquidaría y
cubriría en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el
grado y tiempo de servicio del causante.

iii) Muerte en actos especiales del servicio: se determinó que sus
beneficiarios tendrían derecho al pago de una compensación, por una
sola vez, equivalente a cuatro años de los haberes correspondientes al
grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas
en el artículo 140 de dicha norma; al pago doble de las cesantías por el
tiempo servido por el causante; si el agente hubiere cumplido doce o más
años de servicio, tendrían derecho al pago de una pensión mensual que
se liquidaría y cubriría en la misma forma de la asignación de retiro, de
acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante; y si el agente no
hubiere cumplido doce años de servicio, sus beneficiarios tendrían
derecho al pago de una pensión mensual equivalente al 50% de las
partidas de que trata el artículo 140 de esa norma, con excepción de los
hermanos.

Por su parte, el artículo 173 del Decreto 1212 de 1990 consagró el orden de
beneficiarios de las prestaciones sociales por causa de muerte de un agente de la
Policía Nacional, así: i) la mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos
del causante, en concurrencia estos últimos en las proporciones de ley; ii) si no

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hubiere cónyuge sobreviviente, las prestaciones corresponderían íntegramente a
los hijos en las proporciones de ley; iii) a falta de hijos, las prestaciones se dividirían
en proporción del 50% para el cónyuge y 50% para los padres, en partes iguales; y
iv) si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, las prestaciones se dividirían entre
los padres, conforme con las reglas que allí se establecieron.

Ahora bien, dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad
social, la inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares
fundamentales, en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el
sostenimiento del grupo familiar deja en situación de desamparo a los integrantes
del mismo.

Con la finalidad de atender dicha contingencia, se consagró la pensión de
sobreviviente, la cual busca suplir la ausencia repentina del apoyo económico que
brindaba un afiliado o pensionado al grupo familiar y, así, evitar que su deceso se
traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de
las personas beneficiarias de dicha prestación.

De ese modo, refiriéndose a la sustitución pensional, la Corte Constitucional indicó
que esta tiene como finalidad “[…] evitar que las personas allegadas al trabajador y
beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su
fallecimiento en el desamparo o la desprotección”7 y, por lo tanto, con dicha
institución pretende impedirse que quienes dependían de la persona que murió, se
vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su
fallecimiento8.

Por consiguiente, como el objeto de la pensión de sobrevivencia es atender la
contingencia derivada del deceso del trabajador, se estima que la figura tampoco
es ajena al régimen prestacional aplicable a los miembros de la fuerza pública,
específicamente, a los de la Policía Nacional, pues, como puede advertirse, la
normativa que ha regulado las prestaciones sociales de los miembros de dicha
institución consagró las diversas prestaciones en favor de los beneficiarios de los
agentes muertos en actividad.

En punto a esta situación, advierte la Sala que el beneficio prestacional de
sobrevivencia, en los términos del artículo 173 del Decreto 1212 de 1990, solo exige
para su otorgamiento que se demuestre la calidad del parentesco con el causante
de la pensión ─a excepción del supuesto de los hermanos menores de edad del
agente, quienes debían demostrar la dependencia económica─, para lo cual cobra
relevancia probatoria la presentación del registro civil de matrimonio ─en el caso
que el beneficiario fuese el cónyuge─ o del registro civil de nacimiento ─en el caso
que los beneficiarios fuesen los hijos o los padres─.

De la declaratoria de exequibilidad y la aplicación retrospectiva de la
Constitución Política de 1991: el caso de los compañeros permanentes

La Corte Constitucional, al examinar las normas que excluían al compañero

7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-190 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
8 Ibid.

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permanente del orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional frente a los derechos que sobre la
misma prestación tenían el o la cónyuge sobreviviente, consideró que el
ordenamiento superior otorgaba especial protección a la institución familiar y que
estaba prohibida la discriminación en razón del vínculo natural o jurídico del cual se
derivaba la familia9.

Bajo dicho entendido, destacó la igualdad imperante entre cónyuges y compañeros
permanentes bajo la Constitución de 1991, motivo por el cual no era procedente
excluir a los últimos del derecho a la pensión de sobrevivientes, pues debía tenerse
en cuenta la necesidad de interpretar la normativa conforme con los postulados del
ordenamiento superior y, por lo tanto, las solicitudes de aquel grupo poblacional en
relación con la mentada prestación, debían atenderse a la luz de la cláusula de no
discriminación en razón del origen familiar.

Al respecto, la Corte concluyó, aludiendo a la Sentencia C-1126 de 2004, que:

“[…] la providencia estableció que las normas parcialmente demandadas
eran incompatibles con los arts. 5, 13 y 42 de la Constitución, por cuanto
excluían al compañero o compañera permanente del derecho a la pensión
de sobreviviente. También decidió que la sentencia tendría efectos
retroactivos a partir del 7 de julio de 1991, cuando entró a regir la
Constitución, con el objeto de restablecer los derechos conculcados a los
compañeros y compañeras permanentes de los servidores públicos de las
entidades sobre las que trataba la Ley 611 de 1977 “a quienes se les negó
el derecho a que se les reconociera la pensión de sobrevivientes o no la
solicitaron porque los decretos aquí examinados no consagraban tal derecho
a su favor.”

Sin embargo, en la sentencia se aclaró que, si bien se declaraba que los
compañeros (as) permanentes también tenían derecho a la pensión de
sobreviviente desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la
sentencia solamente tendría efectos patrimoniales a partir del momento de
su notificación. De esta manera, en la sentencia se dispuso que los
compañeros (as) permanentes a los que la sentencia les reconocía el
derecho a gozar de una pensión de sobreviviente podían exigir a las
autoridades correspondientes el pago de las mesadas que se causaran a
partir de la notificación de la providencia”10.

En virtud de la anterior providencia, los compañeros permanentes solo tendrían
derecho a la pensión de sobrevivientes para las situaciones que se presentaron con
posterioridad al 7 de julio de 1991, fecha en que entró en vigencia la Constitución
Política actual y con derecho a las mesadas a partir de la notificación de la aludida
sentencia.

No obstante, en atención a situaciones similares que se presentaron en vigencia de
la Constitución Política de 1886, la Corte Constitucional efectuó un análisis de las
normas que excluían a los compañeros permanentes como beneficiarios de la
sustitución pensional y de sobrevivencia ocurrida con anterioridad a la Constitución
de 1991, para lo cual precisó, in extenso, que:

“[…] 47.2.- Para atender la situación jurídica del grupo poblacional de

9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-121 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
10 Ibid.

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compañeros permanentes cuyas parejas fallecieron en vigencia de la
Constitución del 86, el Tribunal Constitucional ha dado aplicación
retrospectiva a la norma superior de 1991, por cuanto tratándose de
situaciones jurídicas que iniciaron su configuración antes del 7 de julio de
1991, este es el dispositivo jurídico que procede. En efecto, esta Corporación
ha dictado cuatro precedentes constitucionales en los cuales, en atención a
una ratio decidendi análoga a la identificada en las sentencias C-1126 de
2004 y C-121 de 2010, ha empleado retrospectivamente la Carta del 91 para
enjuiciar las peticiones de sustitución pensional impetradas por este género
de compañeros permanentes (Infra 49).

En estas providencias, la Corte Constitucional efectuó de forma implícita una
aplicación retrospectiva de la Carta del 91, en cuanto empleó los elementos
que permiten la configuración de la misma. Así, al analizar la praxis judicial
de este Tribunal en sede de revisión, se advierte que en las decisiones
señaladas la Corporación determinó que las peticiones de este grupo de
personas debían (i) resolverse de conformidad con la cláusula de no
discriminación en razón del origen familiar consagrada en la norma
fundamental del 91, en la medida que (ii) los efectos de la prestación
pensional, habiéndose iniciado estando en vigor la Carta del 86, continuaban
generando consecuencias jurídicas en vigencia de la Constitución del 91. Lo
anterior, como se observa, se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal sobre la
aplicación de la Constitución en el tiempo, en tanto, se itera, “la Corte
Constitucional ha señalado que las disposiciones de la Constitución Política
de 1991 se aplican retrospectivamente a aquellas situaciones jurídicas que
estaban en curso al momento de entrada en vigencia de la nueva Carta”
(Supra 28; Infra 64).

[…]

De allí que si el propósito del constituyente del 91 fue eliminar las manifiestas
injusticias e inequidades con que el ordenamiento jurídico sancionaba las
relaciones entre compañeros permanentes, mal podría esta Corte acoger
una interpretación que condujera a profundizar la discriminación que la Carta
del 91 quiso superar. Estas personas serían objeto de una doble
segregación, la primera, aquella que profiere la ley que los excluyó del
beneficio prestacional que hoy se discute, y de otra, la interpretación según
la cual la norma superior ahora vigente no les aplica.

[…]

48.- Puestas así las cosas, la Sala concluye que la situación jurídica de
aquellos compañeros permanentes cuyas parejas fallecieron en
vigencia de la Carta de 1886 es similar en términos materiales a la
posición normativa en que se encuentran las personas beneficiarias de
pensionados que murieron en vigencia de la norma fundamental del 91,
debiendo preferirse en el caso de los primeros una aplicación
retrospectiva de la Constitución del 91 por parte del operador jurídico”11
(cursivas originales, negrillas de la Sala).

De acuerdo con lo anterior, es claro que la Corte Constitucional decidió amparar, en
cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, los derechos de los
compañeros permanentes cuyas parejas fallecieron cuando aún se encontraba
vigente la Constitución de 1886, en virtud de la aplicación retrospectiva de la
Constitución de 1991 y acorde con la cláusula de no discriminación en razón al
origen familiar.

En igual sentido, esta Corporación ha sostenido que:

11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-110 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00206-01 (2671-2023)

“[…] las cláusulas de retroactividad incluidas en las sentencias C-1126 de
2004 y C-121 de 2010 no implican una desprotección de los compañeros
permanentes cuya prestación pensional inició su configuración en vigencia
de la Carta Política de 1886, por virtud a la aplicación retrospectiva de la
Constitución de 1991 para aquellos compañeros permanentes cuyas parejas
fallecieron en vigencia de la Carta Política de 1886, pues al marginárseles se
viola la prohibición constitucional de no discriminación por razón del origen
familiar y la igualdad de trato y protección que el orden superior confiere a
las familias constituidas por vínculos naturales”12.

En conclusión, la tendencia actual en el derecho colombiano insiste en el
reconocimiento pleno de los derechos de los compañeros permanentes en materia
prestacional, concretamente, en lo que corresponde a la legitimación para el
derecho a la sustitución pensional, pues, se insiste, de conformidad con los artículos
13, 42 y 48 de la Constitución Política, los derechos a la seguridad social
comprenden de la misma manera tanto al cónyuge como al compañero o
compañera permanente.

Resolución al caso en concreto

Con base en las anotaciones que anteceden, se tiene que si bien las disposiciones
aplicables son aquellas que estaban vigentes al momento del fallecimiento del
causante ─Decreto 1212 de 1990─, lo cierto es que sí puede otorgársele la pensión
de sobrevivientes a los compañeros permanentes de los agentes de Policía que
fallecieron bajo la vigencia de la Constitución de 1886, aplicando,
retrospectivamente, la Constitución de 1991.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que son los factores como el auxilio o apoyo
mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de
la muerte, los que legitiman el derecho reclamado13; razón por la cual, una vez
definido el interés legítimo que le asiste a la señora Esther Julia Martínez Robles
como compañera permanente que afirma ser, la Sala examinará si le asiste el
derecho a las prestaciones por muerte en actividad, siempre y cuando acredite el
cumplimiento de los anteriores requisitos.

Para el efecto, fueron recibidos los testimonios de las señoras Teresa de Jesús
Martínez Robles y Dennis María Torres Robles, quienes afirmaron que la
demandante y el causante convivieron por un término de 22 años,
aproximadamente, hasta la fecha en que este falleció; que fruto de su relación, nació
Ramón Alfonso Obispo Martínez; que les constaba que el policía le brindaba apoyo
económico, que cuando el causante estaba de permiso o de vacaciones, era visto
en el hogar que compartía con la demandante; y que cuando fue trasladado a la
ciudad de Bogotá, tuvo una hija.

En principio, se puede afirmar que estas pruebas son coincidentes en señalar que
la señora Esther Julia Martínez Robles y el señor Ramón Alfonso Obispo Hernández
convivieron durante varios años y que tuvieron un hijo; sin embargo, los testimonios

12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16 de julio de 2015. Exp.

4044-13. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 1° de diciembre de 2016.

Exp. 0399-16. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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no ofrecieron mayores detalles del modo en que se desarrolló la convivencia de la
pareja, no se presentaron elementos que permitieran acreditar la existencia de este
vínculo que da fe de una convivencia clara e inequívoca entre la demandante y el
causante; pues de sus declaraciones se destaca que si bien el señor Ramón Alfonso
Obispo Hernández, en las oportunidades que visitaba la ciudad de Barranquilla
luego de su traslado a la ciudad de Bogotá, se hospedaba en la casa de la señora
Esther Julia Martínez Robles, ello no brinda certeza de la convivencia efectiva que
como pareja debía subsistir entre ellos, es por ello que tampoco quedó evidenciado
el interés natural de crear una comunidad dirigida a compartir la vida de forma
permanente y estable.

Además de lo anterior, en el expediente existen otras pruebas de las que tampoco
se puede deducir la convivencia efectiva entre la demandante y el causante como
pasa a verse:

Una de ellas tiene que ver con la copia del registro civil de defunción del causante,
en el que se da fe que falleció el 8 de septiembre de 1990, en la ciudad de Bogotá.
Y en la Resolución No. 8356 del 22 de julio de 1991 ─acto demandado─, se
consignó que el policía fallecido tuvo otra hija, esto es, la señora Shirley Alexandra
Obispo Castellanos que nació el 23 de abril de 1983 y concurrió a reclamar, en sede
administrativa, las prestaciones por muerte en actividad de su padre, para lo cual la
representó su madre.

En virtud de lo anterior, no se encuentra debidamente acreditada la convivencia de
la demandante respecto del causante, ni las condiciones de socorro y ayuda mutua
entre compañeros, pues al analizar las pruebas documentales y testimoniales
recaudadas bajo las reglas de la sana crítica, no existe la suficiente certeza de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que eventualmente se desarrolló la
convivencia.

En otras palabras: no es posible, de manera clara e inequívoca, establecer que la
relación entre la demandante y el causante tuvo la vocación de estabilidad y
permanencia, pues no obran en el plenario otros medios de prueba que refuercen
lo dicho por las testigos y que brinden la certeza acerca de la convivencia efectiva
entre estos, al menos, durante los últimos años.

En tal sentido, como en el presente caso el referido requisito de convivencia no fue
acreditado, no es posible acceder a las pretensiones de la demandante y, en
consecuencia, se deberá confirmar la sentencia de primera instancia, pero por las
razones acá expuestas.

De la condena en costas en segunda instancia

Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe.

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No obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A ha adoptado una postura, en la que en las sentencias proferidas a la
luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes
en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de fundamentación jurídica
conforme a lo señalado en el inciso 2°, del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en los
argumentos de la parte vencida, no se presenta una carencia de fundamentación
que dé lugar a la condena en costas en esta instancia. Contrario a ello, en sus
escritos, la parte manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos mil
veinte (2021) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se
negaron las pretensiones, por las razones acá expuestas.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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