Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00246-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00246-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00246-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
2 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., 2 de junio de 2022
Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho.-
Radicación: 08001233300020190024601.-
Interno: 4294-2021
Demandante: Estela María Kunzel Hernández
Demandado: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial seccional Barranquilla.
Tema: Sanción moratoria cesantías definitivas - régimen
retroactivo.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
I. ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 31 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico que negó la pretensión de reconocimiento de sanción moratoria y declaró
la ineptitud de la demanda respecto de la reliquidación de las cesantías de
definitivas.
II. ANTECEDENTES
La demanda.
2. La señora Estela María Kunzel Hernández presenta demanda contra la Nación –
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional
Barranquilla tendiente a que se declare la nulidad parcial de la Resolución
DESAJBQR 16-3908 del 30 de diciembre de 2016 mediante la cual se le reconoce
y paga las cesantías definitivas. Así como también, declarar la nulidad de la
Resolución DESAJBAR 17-1886 del 16 de marzo de 2017 que resolvió el recurso
de reposición incoado contra la decisión que reconoció la prestación social y el acto
ficto generado por la no respuesta al recurso al recurso de apelación instaurado
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Expediente: 4294-2021
Demandante: Estela María Kunzel Hernández
Demandados: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva Barranquilla.
contra el prenotado acto administrativo y de la Resolución No DESAJBAO18-3817
del 29 de octubre de 2018 que negó el reconocimiento de la sanción moratoria.
3. Solicita como restablecimiento del derecho que se condene a la accionada a
reliquidar las cesantías definitivas de la actora, así como también, se reconozca y
pague la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006 por el retardo en el
pago de las cesantías definitivas desde el 14 de diciembre de 2016 hasta que se
efectúe el pago total de la prestación social; así mismo, se ordene ajustar la
condena y los intereses moratorios conforme a lo previsto en los artículos 187, 192
y 195 del CPACA.
Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes que
se extraen de la demanda y de los documentos aportados con esta:
4. La demandante manifiesta que el 31 de agosto de 2016 radicó petición para el
reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, las cuales fueron reconocidas
a través de la Resolución No DESAJBQR 16-3908 del 30 de diciembre de 2016,
siendo que en realidad dicho acto administrativo debió proferirse el 21 de
septiembre de esa misma anualidad. Contra la anterior resolución, interpuso recurso
de reposición y en subsidio apelación en fecha 19 de enero de 2017, sin que este
último medio de impugnación haya sido desatado.
5. Sostiene que el pago de sus cesantías definitivas, teniendo en cuenta la fecha de
presentación de la petición, debió efectuarse a más tardar el 13 de diciembre de
2016, obteniendo en fecha 19 de enero de 2017 un pago parcial de sus cesantías
definitivas, toda vez que recibió un valor inferior al que le correspondía. Lo anterior
por cuanto que, al momento de liquidar la prestación social, tomaron como salario
base la suma de $4.474. 476.oo siendo que el valor correcto es $4.592. 249.oo
6. Indica que como consecuencia de los hechos anteriores, no ha recibido el pago
total de sus cesantías definitivas, generándose con ello la sanción moratoria de que
trata la Ley 1071 de 2006. Por último, expone que el 24 de octubre de 2018 radicó
solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria, la cual fue negada en fecha 30
de octubre de 2018.
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Expediente: 4294-2021
Demandante: Estela María Kunzel Hernández
Demandados: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva Barranquilla.
7. Concepto de violación1. La parte actora no invoca un cargo de nulidad en
concreto, sino que de manera genérica aduce que la actuación de la demandada no
es producto de la ignorancia de las normas superiores que debían cumplir, de
manera que con su proceder vulneraron los artículos 29, 53 y 209 de la Carta
Superior al existir un error en el cálculo de las cesantías lo cual encierra una
irrenunciabilidad a los derechos mínimos laborales.
Contestación de la demanda.
8. La Nación- Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
seccional Barranquilla presentó escrito de contestación a la demanda de manera
extemporánea, tal como se dejó constancia en la audiencia inicial celebrada en
fecha 21 de enero de 20202.
Sentencia apelada3.
9. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia de fecha 31 de agosto
de 2020, negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria pretendida por la
parte actora y declaró la ineptitud de la demanda respecto de la pretensión de
reliquidación de las cesantías definitivas.
Como sustento de la decisión, indicó que la actora ingresó a laborar a la Rama
Judicial el 16 de septiembre de 1977, lo que quiere decir que su vinculación se dio
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, por lo que se
encuentra amparada por el régimen retroactivo de cesantías contemplado en la Ley
6 de 1945, lo que no le permite ser beneficiaria de la sanción moratoria contemplada
en la Ley 50 de 1990. Así las cosas, la pretensión de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria resulta improcedente como quiera que la demandante se
encuentra cobijada por el régimen retroactivo de cesantías. En cuanto a la
pretensión de reliquidación de las cesantías señaló el aquo que tanto las normas
violadas como el concepto de la violación van encaminados única y exclusivamente
a la pretensión relacionada con la sanción moratoria, limitándose a indicar que las
cesantías se encuentran mal liquidadas sin precisar los fundamentos de derecho ni
1 Folios 2 a 3 del expediente.
2
Ver folio 56 del expediente.
3 Folios 67 al 82.
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Demandante: Estela María Kunzel Hernández
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exponer en el concepto de la violación los argumentos que lo llevan a considerar
tales falencias.
Recurso de apelación.
10. El apoderado de la parte demandante4 inconforme con la decisión proferida por
el fallador de primera instancia interpone recurso de apelación y para el cual expone
los siguientes argumentos:
i) Inexistencia de inepta demanda: Aduce que la negativa de la administración
judicial de no reliquidar la prestación social reconocida vulnera entre otros los
artículo 29 y 53 de la norma superior, en tanto, dicha circunstancia supone una
limitación parcial a una de las garantías laborales fundamentales, como es el
percibir sus cesantías de manera completa, así como también se quebranta la
garantía consagrada en el artículo 29 constitucional, en la medida en que la decisión
no aplica de manera íntegra y correcta los valores que le correspondían tener en
cuenta al momento de liquidar las cesantías.
ii) Aplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 en tratándose de cesantías retroactivas: En
sentir de la parte actora, el aquo aplicó la ratio decidendi de una decisión que no se
ajusta ni en su contenido ni en su alcance a lo planteado en el presente asunto, en
tanto el tribunal decidió negar la penalidad reclamada la cual fue sustentada en los
artículo 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, trayendo a colación una sentencia cuya Litis
estaba relacionada con un supuesto de hecho distinto a los alegados, eso es, la Ley
50 de 1990. Señala que el parágrafo del artículo 5 de la norma ibídem, no hace
distinción de regímenes de cesantías al que se encuentre afiliado el trabajador, por
consiguiente, no es dable que el operador realice interpretaciones que se alejan del
tenor normativo. Concluye diciendo que el derecho que tienen los servidores
públicos de recibir en condiciones de igualdad el pago de la sanción moratoria por
el no pago oportuno de las cesantías parciales o definitivas, la cual es distinta de
aquella que se genera por la no consignación de las cesantías anualizadas al fondo,
siendo esta última incompatible con el régimen de retroactividad, pero no respecto
de las cesantías definitivas.
4 Folios 94 al 97.
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Demandante: Estela María Kunzel Hernández
Demandados: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva Barranquilla.
Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.
12. Las partes demandante y demandada guardaron silencio en esta etapa
procesal. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad.
VII. CONSIDERACIONES
Análisis del asunto.
13. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto,
encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que
se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de
legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:
Problema jurídico. -
14. De acuerdo a los argumentos de la apelación y lo expuesto por el tribunal en la
sentencia recurrida, le corresponde a la Sala establecer si la demandante expuso
en el concepto de la violación los argumentos de derecho y su correspondiente
sustento normativo que fundamentan la pretensión de reliquidación de las cesantías
definitivas y con lo cual, desvirtuaría la excepción de inepta demanda declarada por
el aquo. Así mismo, le corresponderá a la Sala determinar si la actora en su
condición de beneficiaria del régimen de retroactividad de las cesantías definitivas,
tiene o no derecho a la sanción moratoria pretendida.
15. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala examinará los regímenes
de cesantías de los servidores judiciales y con base en ello, resolver el caso
concreto.
De los regímenes de cesantías.
La cesantía es una prestación social, originada en una vinculación de tipo laboral,
que beneficia no sólo al trabajador adscrito al sector privado sino también al
vinculado al sector público, sea cual fuere la modalidad bajo la cual se haya
generado el vínculo. El reconocimiento y pago de una prestación social en estricto
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Demandante: Estela María Kunzel Hernández
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cumplimiento de las disposiciones legales se convierte en un tema que adquiere
relevancia Constitucional y, en consecuencia, exige del encargado de establecer su
viabilidad y determinación en cada caso concreto, la observancia de los principios
constitucionales aplicables en materia laboral.
Las variaciones normativas son perfectamente predicables para el reconocimiento
y pago de las cesantías, tema en el cual, en virtud de la facultad otorgada al
legislador, compartida con el ejecutivo según lo establecido en el literal e) numeral
19 del artículo 150 de la Constitución Política5, coexisten varios regímenes que
gozan de vigencia en el ordenamiento jurídico. Cada uno de ellos se aplica de
manera integral y, por el principio de inescindibilidad de cada régimen, no resulta
dable aplicar simultáneamente disposiciones de uno y otro.
Del régimen de cesantías con retroactividad.
La Ley 6 de 1945, en su artículo 17 contempló el sistema de reconocimiento y pago
retroactivo de cesantías, en los siguientes términos:
Ley 6 de 1945
«ARTÍCULO 17: Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente
gozarán de las siguientes prestaciones:
a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el
tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1º de enero de 1942».
Posteriormente, el artículo 1º Decreto 2767 de 1945 extendió los beneficios
prestacionales otorgados a los empleados y obreros nacionales mediante la Ley 6ª
de 1945 a los empleados y obreros al servicio de entes territoriales municipales,
entre otros6. Esta disposición fue reiterada por el parágrafo del artículo 1º de la Ley
65 de 1946 y por el artículo 2º del Decreto 1160 de 1947.
5
ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los
siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza
Pública;
6
“Con las solas excepciones previstas en el presente Decreto, los empleados y obreros al servicio de un Departamento,
Intendencia, Comisaría o Municipio tienen derecho a la totalidad de las prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley
6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto 1600 del mismo año para los empleados y obreros de la Nación ...”
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Expediente: 4294-2021
Demandante: Estela María Kunzel Hernández
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Por su parte, el artículo 2º de la Ley 65 de 1946 y, posteriormente, el artículo 6º del
Decreto 1160 de 19477 regularon lo atinente a factores a tener en cuenta para la
liquidación y otorgamiento de la prestación. Dicho marco normativo, permite concluir
que este régimen de liquidación de cesantías se caracteriza por su reconocimiento
con retroactividad, para lo cual la liquidación se realiza con base en el último salario
realmente devengado o con base en el promedio de lo percibido en el último año de
servicios, en caso de que durante los últimos tres meses de labores el salario
devengado hubiera sufrido modificaciones, o con base en todo el tiempo si la
vinculación hubiera sido inferior a un año8.
Para el caso de los servidores judiciales ha existido el régimen de cesantías
retroactivas que dispone que la aludida prestación social se liquida con el último
salario. La liquidación de cesantías bajo ese antiguo régimen desapareció hacia
futuro, entre otros, para quienes antes de febrero 28 de 1993 se acogieron al nuevo
sistema salarial y prestacional previsto en los Decretos 579 y 110 de 199310, se les
liquidaron las cesantías conforme a la normatividad pertinente. En otras palabras,
los servidores judiciales vinculados con antelación al Decreto 57 de 1993 y que no
optaron por sistema salarial y prestacional regido por dicha norma, seguirían
percibiendo los beneficios de la retroactividad en materia de las cesantías.
Por el contrario, los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial antes de la
expedición del Decreto 57 de 1993 que optaron por el sistema salarial y prestacional
allí consagrado y los vinculados con posterioridad al referido decreto se rigen por
las previsiones en él contempladas11. En relación con las cesantías esa norma
determinó liquidar las causadas hasta el 31 de diciembre de 1992, con base en la
última remuneración sujetándose a las disposiciones legales vigentes, es decir, el
7 ARTÍCULO 6o. De conformidad con lo dispuesto por el Decreto número 2567, de 31 de agosto de 1946, para liquidar el
auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales,
municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya
tenido modificaciones en los tres (3) últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado
en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si este fuere menor de doce (12) meses
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 19 de mayo de 2005, actor Luis Eduardo Cruz Porras, Consejero
Ponente Dr. Jesús María Lemos Bustamante, expediente No. 11001032500020020211 01 (4396 - 2002)
9
Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de
la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones.
10
Por el cual se modifica el Decreto 57 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
11 Ver artículo segundo del mencionado decreto que señala: ARTÍCULO 2º. Los servidores públicos vinculados a la Rama
Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial
y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido
continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha.
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Expediente: 4294-2021
Demandante: Estela María Kunzel Hernández
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Decreto 1726 de 1993 y de allí en adelante de conformidad con el Decreto 3118 de
1968 y los que lo adicionan o reforman, normas que consagran el reconocimiento
de intereses remuneratorios y compensatorios.
Del régimen de cesantías anualizado.
Ahora bien, con la expedición del Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional
del Ahorro como un establecimiento público adscrito al entonces Ministerio de
Desarrollo Económico, constituido por las cesantías de los trabajadores oficiales y
empleados públicos, cuyo objeto, entre otros, era garantizar el pago oportuno del
aludido derecho laboral. En esta norma se individualizó las entidades públicas que
debían realizar la liquidación anual del emolumento, así:
«Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del
1º de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor
de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá
revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo
empleado o trabajador».
El citado precepto no era aplicable a los servidores públicos del orden territorial,
quienes se encontraban sujetos al régimen de cesantías dispuesto en las Leyes 6ª
de 1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo.
Por otra parte, la Ley 50 de 199012 cambió el régimen de cesantías en el sector
privado al anualizado, cuyas características fueron explicadas en su artículo 99:
El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en
la fracción que se liquide definitivamente.
12
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
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3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.
El artículo 13 de la Ley 344 de 1996 13 extendió el régimen de cesantías fijado en la
Ley 50 de 1990 a los servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada
en vigor (31 de diciembre de 1996), en los siguientes términos:
Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de
1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuar en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias
a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.
Por su parte, el artículo 1º. del Decreto 1582 de 1998 14 amplió el régimen de
cesantías de que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a los servidores públicos del
orden territorial, así:
El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del
nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a
los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104
y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Visto lo anterior, para el caso de los servidores judiciales coexisten dos regímenes
de cesantías, las retroactivas que son dables para quienes se vincularon a la
administración judicial con antelación al 7 de enero de 1993 y que no optaron por
acogerse al régimen establecido por el Decreto 57 de ese mismo año y las
anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990, inicialmente para el sector privado y
que la Ley 344 de 1996 extendió a los servidores públicos vinculados con
posterioridad a su entrada en vigor (31 de diciembre de 1996).
Conforme a la normativa trascrita se tiene entonces que los empleados que se
vincularon a partir del 31 de diciembre de 1996 les es aplicable el régimen de
13
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
14
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia».
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Demandante: Estela María Kunzel Hernández
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cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de 1990, que dispone la realización
de la liquidación anual de dicha prestación social, suma que deberá ser consignada
en el respectivo fondo de cesantía, con anterioridad al 15 de febrero del año
siguiente, so pena de que el empleador sea sancionado al pago de un día de salario
por cada uno de retardo.
Del caso en concreto.
Consideró el aquo que la actora al haber ingresado a laborar a la Rama Judicial el
16 de septiembre de 1977, se encuentra amparada por el régimen de retroactividad
de cesantías contemplado en la Ley 6 de 1945 y en esa medida, es improcedente
el reconocimiento de la penalidad que pretende le sea reconocida. También declaró
la ineptitud de la demanda respecto de la pretensión de reliquidación de las
cesantías definitivas al considerar que los argumentos expuestos en el concepto de
la violación solo fueron dirigidos al reconocimiento de la penalidad.
Por su parte, la demandante aduce que el tribunal erró al aplicar a su caso
consideraciones vertidas en un asunto que trató de la reclamación de la penalidad
de cesantías anualizadas siendo esta última incompatible con el régimen de
retroactividad, pero no respecto de las cesantías definitivas. Y en cuanto a la
reliquidación de las cesantías indicó que la negativa de la administración judicial de
no reliquidar la prestación social reconocida vulnera entre otros los artículos 29 y 53
de la norma superior, en tanto, dicha circunstancia supone una limitación parcial a
una de las garantías laborales fundamentales, como es el percibir sus cesantías de
manera completa.
A fin de resolver este aspecto de la controversia, examina la Sala las pruebas
obrantes en el expediente, observando que en ella reposa la Resolución No
DESAJBQR 16-3908 del 30 de diciembre de 201615 por medio de la cual la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Barranquilla le reconoció a la señora
Estela María Kunzel Hernández cesantías retroactivas definitivas, aunque en
algunos apartes del referido acto administrativo indicó erradamente que se trataba
de cesantías parciales. La decisión le fue notificada a la accionante en fecha 16 de
enero de 2017, decisión contra la cual, interpuso recurso de reposición y en subsidio
15
Folios 7 y 8 del expediente.
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Expediente: 4294-2021
Demandante: Estela María Kunzel Hernández
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apelación. Así mismo, obra la Resolución No DESAJBAR 17-1886 del 16 de marzo
de 201716 que resolvió el recurso de reposición negándolo y concedió el recurso de
apelación el cual no fue resuelto configurándose el acto ficto negativo.
También se observa la petición radicada por la demandante ante Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial Seccional Barranquilla en fecha 24 de octubre de 2018
tendiente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía
de sus cesantías definitivas, la cual fue negada a través del Oficio No DESABO18-
3817 del 29 de octubre de 2018.
La Sala al observar la demanda encuentra que si bien en los hechos 7 y 8 , la actora
manifiesta que «El error cometido en la Resolución DESAJBQR 16-3908 del 30 de
diciembre de 2016 consiste en que tomaron como salario base para la liquidación
de las cesantías definitivas la suma de $4.474.476 cuando el valor correcto es
$4.592.249», suma que fue calculada teniendo en cuenta los valores devengados
entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016; lo cierto es que en el
concepto de la violación la parte actora se limita a señalar que con la decisión de la
administración judicial de no reliquidar las cesantías se quebrantan los artículos 29,
53 y 209 constitucional por existir un error en el cálculo de las cesantías lo cual
encierra una irrenunciabilidad a los derechos mínimos laborales.
Si el punto central de la controversia gira alrededor de los valores que fueron
tomados por parte de la Administración Judicial Seccional Barranquilla para liquidar
las cesantías definitivas de la señora Estela María Kunzel Hernández, en tanto, la
accionante considera que el salario base para la liquidación fue menor al que debió
realmente tenerse en cuenta para tal efecto, no bastaba con que solamente se
indicara que tal conducta de la demandada quebrantaba derechos irrenunciables,
sino que se hacía necesario que se acreditara probatoriamente y de manera
fehaciente a través de las correspondientes operaciones matemáticas el yerro en
que había incurrido la administración al momento de tomar la base salarial para el
cálculo de sus cesantías definitivas, acompañado todo ello de los respectivos
sustentos normativos en que soportaba su afirmación.
16
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Expediente: 4294-2021
Demandante: Estela María Kunzel Hernández
Demandados: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva Barranquilla.
En esa medida, la mera enunciación del quebrantamiento de las normas
constitucionales antes referidas por tratarse las cesantías de un derecho
irrenunciable no acredita o demuestra de manera concreta el yerro que la actora le
endilga a la Administración Judicial Seccional Barranquilla respecto del valor que
esta tomó por concepto de salario base y demás factores computables para llevar
a cabo la liquidación de las cesantías definitivas. Es pertinente indicar que la
irrenunciabilidad del derecho no se encuentra afectada, puesto que, las cesantías
definitivas de la actora no solo fueron reconocidas sino pagadas por el empleador,
de manera que, si bien su titular cuestiona una diferencia de valor al estimar que la
accionada tomó un valor por concepto de salario base para la liquidación diferente
al que considera la recurrente que debió ser, también lo es que, esa mera afirmación
sin que se demostrase tal yerro no alcanza a derruir la providencia atacada en lo
referente a este aspecto.
De acuerdo con lo expuesto, estima la Sala que la inconformidad formulada por la
parte actora respecto de la reliquidación de sus cesantías definitivas y
específicamente, en lo atinente al quantum o valor tomado para efecto de liquidar la
prestación social no fue acreditado en lo sustancial ni en lo probatorio, debido a la
inexistencia de fundamentos normativos y de un análisis razonable que demostrara
el yerro que le endilga a la entidad empleadora, lo cual lleva a desestimar la
pretensión más que a declarar la ineptitud de la demanda y así se declarará en la
parte resolutiva.
Dejando esclarecido lo atinente a la no prosperidad de la pretensión de reliquidación
de las cesantías definitivas de la demandante, procede la Sala al estudio referida a
la procedencia o no de la sanción moratoria pretendida por la actora.
Aduce la parte recurrente que el tribunal decidió negar la penalidad reclamada
trayendo a colación una sentencia cuya litis estaba relacionada con un supuesto de
hecho distinto a los alegados, esto es, la Ley 50 de 1990, puesto que la sanción
pretendida en este asunto se fundamentó en los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de
2006. Señala que el parágrafo del artículo 5 de la norma ibídem, no hace distinción
de regímenes de cesantías al que se encuentre afiliado el trabajador, por
consiguiente, no es dable que el operador realice interpretaciones que se alejan del
tenor normativo.
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Expediente: 4294-2021
Demandante: Estela María Kunzel Hernández
Demandados: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva Barranquilla.
En el presente asunto no se discute el régimen de cesantías aplicable a la
demandante, esto es, el retroactivo como quiera que su ingreso laboral a la
administración de justicia ocurrió con antelación al Decreto 57 de 1993 y sin que
optara por el sistema salarial y prestacional regido por dicha norma que determinó
que los servidores judiciales que se vincularan a partir de su publicación, quedarían
amparados por las normas vigentes sobre cesantías, esto es, lo consagrado en la
Ley 50 de 1990, por tanto, es forzoso concluir que está cobijada por lo previsto en
la Ley 6ª de 1945.
En ese sentido, no le es aplicable a la actora el sistema anualizado regulado en la
Ley 344 de 1996 y la Ley 50 de 1990, salvo que decidiese acogerse al mismo y
manifestara de forma expresa su voluntad de traslado de régimen de cesantías, lo
cual no fue ello acreditado en el proceso. Así mismo, de la Resolución
DESAJBQR16- 3908 del 30 de diciembre de 2016, se extrae que la accionante
mediante petición de fecha 31 de agosto de 2016, solicitó el reconocimiento y pago
de sus cesantías definitivas, las cuales le fueron reconocidas mediante la resolución
prenotada.
Pues bien, ha sido pacífica la jurisprudencia en señalar que los servidores públicos
que están amparados por el régimen de retroactividad en tratándose del régimen de
cesantías anualizadas no tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora
prevista en la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, que, a
su vez, remiten a la Ley 50 de 1990, criterio éste que fue el aplicado por el Tribunal
Administrativo del Atlántico17. No obstante, lo aludido en el recurso de alzada y
pretendido por la accionante es el reconocimiento de la sanción moratoria, pero de
sus cesantías definitivas regidas por la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Con base en ello, es pertinente dilucidar las diferencias existentes entre la sanción
moratoria derivada de la consignación tardía de las cesantías anualizadas de las
definitivas, toda vez que, precisamente, la actora sustenta el argumento de su
17
Ver entre otras sentencias de fecha 16 de octubre de 2020, radicado No 08001-23-31-000-2012-00218-
01(2577-15), d/te: Jhon Jairo Castro Ríos y D/do: Municipio de Soledad- Instituto Municipal de Tránsito y
Transporte, MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia de fecha 30 de septiembre de 2021, proceso No 23001-
23-33-000-2014-00458-01(1145-17), d/te: Pablo González Rodríguez y d/do: Municipio de San Andrés de
Sotavento (Córdoba), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter y sentencia de fecha 11 de abril de 2018, radicado No
08001-23-31-000-2011-01283-01(0791-15), D/te: Mabel Judith Gutiérrez Cervantes y D/Do: Municipio de
Sabanagrande, MP. César Palomino Cortés.
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Expediente: 4294-2021
Demandante: Estela María Kunzel Hernández
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apelación en el hecho que lo reclamado es la penalidad por el pago tardío de sus
cesantías definitivas regidas por la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006 y no de las
cesantías anualizadas reguladas por la Ley 344 de 1996 y la Ley 50 de 1990.
Esta Subsección ha señalado que existe diferencia entre la indemnización derivada
de la falta de consignación antes del 15 de febrero de cada año en un fondo de la
cesantía que le corresponde al trabajador por el año anterior o la fracción
correspondiente a dicha anualidad liquidada a 31 de diciembre; respecto de aquella
que surge frente a la falta de pago de dicha prestación a la terminación de la relación
legal o reglamentaria, ya que una vez que se presenta este hecho, esto es, cuando
el trabajador se retira del servicio por cualquier causa y la administración no paga
oportunamente la cesantía que adeuda, deberá cancelar a título de indemnización
la sanción prevista en la Ley 244 de 1995. Es decir, las sanciones contempladas
por las Leyes 50 de 1990 y 244 de 1995 y 1071 de 2006, regulan dos situaciones
diferentes, a saber: i) la primera la no consignación de las cesantías causadas año
a año y, ii) el no pago del auxilio de cesantía originado al momento de terminar la
relación laboral; las dos son normas sancionatorias de carácter laboral.
Entrándose de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 para el
régimen anualizado de cesantías, tenemos que régimen de liquidación
contemplado en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 18, señalados
expresamente por el Decreto reglamentario 1582 de 1998, previó la sanción por
mora a razón de un día de salario por cada día de retardo en el evento en que el
empleador incumpla la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año,
el valor correspondiente a la liquidación del auxilio anual (31 de diciembre) por la
anualidad o fracción correspondiente al año anterior, en los siguientes términos:
«[…] Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.”
18
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”
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Expediente: 4294-2021
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3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada día de retardo. […]» (Se destaca)
El articulado de la referida ley, determina de manera clara el régimen de liquidación
anual y manejo e inversión a través de los llamados fondos de cesantías creados
por la Ley 50 de 1990, en el cual el empleador deberá efectuar la liquidación del
auxilio de cesantías por la anualidad o la fracción correspondiente y la entrega al
empleado de un certificado sobre su cuantía y la consignación del valor
correspondiente en el fondo de cesantías elegido por el empleado, antes del 15 de
febrero del año siguiente, e igualmente, la sanción por el incumplimiento del plazo,
a razón de un día de salario por cada día de retardo. Entonces, la sanción moratoria
se hace exigible a partir del momento en que el empleador incumple el deber de
consignar el valor correspondiente a la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente en cuenta individual del trabajador antes
del 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causó la prestación social.
Por su parte, en lo atinente a la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995
encontramos que las cesantías19 definitivas habrán de reconocerse a los servidores
públicos de los órganos y entidades del Estado una vez terminen su relación laboral,
dispone no solo unos términos perentorios para su liquidación, reconocimiento y
pago, sino también consagró una sanción por mora en caso de que se pague de
forma tardía dicha prestación. Así pues, la indemnización moratoria referida es una
sanción a cargo del empleador moroso y a favor del empleado, correspondiente a
un día de salario por cada día de retardo, establecida con el propósito de resarcir
los daños que se causan a este último por el incumplimiento en el pago de la
liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley.
Nótese que el espíritu de la comentada disposición es proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
liquidación definitiva de sus cesantías.
Por medio de la prenotada Ley 244 de 199520, el legislador determinó en cabeza de
la entidad empleadora la obligación de liquidación, reconocimiento y pago de las
19 Las cesantías como prestación social de carácter especial, constituyen un ahorro forzoso de los empleados para auxilio en
caso de quedar cesantes.
20
“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se
establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.”
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Expediente: 4294-2021
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cesantías definitivas de los servidores públicos dentro de los 15 días siguientes a la
solicitud del interesado, para lo cual deberá expedir la resolución correspondiente y
tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de la fecha en que adquiera
firmeza el acto de reconocimiento, so pena de que la entidad obligada deba pagar
al titular un día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo, en los
siguientes términos:
«[…] Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los
servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la
Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor
público, para cancelar esta prestación social.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,
al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. […]» (Se destaca).
Como se observa, la Ley 244 de 1995, en su artículo 1º, prescribió un término
perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas, con el único fin de procurar
un actuar oportuno de la administración en beneficio del administrado, de manera
tal que así no se obtuviera respuesta frente al derecho prestacional –cesantía-
reclamado, surgía la posibilidad de reclamar indemnización, y evitar así que la falta
de respuesta o la respuesta evasiva le ocasionara perjuicio al administrado.
Igualmente, en el artículo 2º señaló el plazo máximo de 45 días hábiles para
cancelar el valor reconocido por la prestación social y en el parágrafo, previó la
sanción a cargo del empleador moroso y a favor del servidor público con el propósito
de resarcir los daños que se causan a este último por el incumplimiento de la
obligación.
En atención a las consideraciones precedentes, en el presente asunto, la parte
demandante pretende se le reconozca y pague la sanción moratoria prevista en la
Ley 244 de 1995 por el no pago oportuno de las cesantías definitivas con ocasión
de la terminación del vínculo laboral y no aquella contemplada en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 referida a las cesantías anualizadas.
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Expediente: 4294-2021
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Siendo así las cosas, encuentra la Sala que el tribunal de instancia consideró que
la actora al haber ingresado a laborar a la «Rama Judicial el 16 de septiembre de
1977, lo que quiere decir que su vinculación se dio con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 344 de 1996, por lo que se encuentra amparada por el régimen
retroactivo de cesantías contemplado en la Ley 6 de 1945, lo que no le permite ser
beneficiaria de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990», desconoció
que las cesantías reclamadas por la señora Kunzel Hernández eran las definitivas
y no las anualizadas, aplicando para tal efecto un régimen normativo que no era el
adecuado a su situación prestacional, puesto que, es claro que como consecuencia
de la terminación del vínculo laboral, la demandante solicitó en fecha 31 de agosto
de 2016 el reconocimiento de sus cesantías definitivas, tal como así quedó
consignado en el inciso primero Resolución DESAJBQR16-3908 del 30 de
diciembre de 2016 y no el anualizado como erradamente lo resolvió el aquo.
Al examinar las pruebas, destaca la Sala que pese a que no fue aportado al proceso
el memorial de reclamación de las cesantías definitivas, lo cierto es que en la
Resolución DESAJBQR16-3908 del 30 de diciembre de 2016 se dejó plasmado que
fueron reclamadas en fecha 31 de agosto de 2016, quedando demostrado que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Barranquilla incumplió el plazo
máximo de pago de la prestación, por cuanto tenía que observar los términos de
ley, así: 15 días para expedir la resolución, los cuales vencían el 21 de septiembre
de 2016, pero solo hasta el 30 de diciembre de esa misma anualidad fue proferida
la aludida resolución, lo que deja claro que dicho reconocimiento fue extemporánea.
Además, contaba la administración judicial con 10 días para notificación y ejecutoria
del acto21 y 45 para efectuar el pago, venciéndose estos en fecha 13 de diciembre
de 2016. No obstante, sufragó dicho auxilio hasta el 19 de enero de 2017, es decir,
después del vencimiento del término con que contaba la accionada para proceder
al pago de la prestación social reclamada, por consiguiente, la demandante tiene
derecho a la sanción moratoria causada entre el 14 de diciembre de 2016 y el 18 de
enero de 2017, por el pago tardío de sus cesantías definitivas, liquidadas con el
salario base a fecha de 2016, año en que se inició la causación de la penalidad.
El hecho que la accionante sea beneficiaria del régimen de retroactividad de sus
cesantías, ello no le impide acceder a la penalidad reclamada, pues para ello el
21
Procedimiento administrativo iniciado en vigencia del CPACA.
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Expediente: 4294-2021
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legislador por medio de la Ley 1071 de 2006 que adicionó y modificó la Ley 244 de
1995, reguló el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores
públicos, previó las sanciones derivadas de su incumplimiento y fijó los términos
para su cancelación y reiteró los parámetros respecto de los cuales se entiende
configurada la mora en el pago de las cesantías solicitadas. Así, de acuerdo con el
precepto legal citado en líneas precedentes, la administración cuenta con el término
de 45 días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a
su cargo la sanción indicada en el parágrafo de la norma prenotada.
El reconocimiento de la penalidad en el presente asunto no puede entenderse como
el doble otorgamiento de una prerrogativa prestacional, como quiera que el espíritu
de las citadas disposiciones es proteger el derecho de los servidores públicos que
se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva de sus
cesantías, caracterizada la aludida sanción moratoria como una multa a favor del
trabajador y en contra del empleador por su incumplimiento en el plazo para el pago.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados y de acuerdo a las
valoraciones realizadas de las pruebas obrantes en el plenario y los argumentos de
la apelación, la Sala revocará la sentencia del 31 de agosto de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó la pretensión de reconocimiento de
sanción moratoria y declaró la ineptitud de la demanda respecto de la reliquidación
de las cesantías de definitivas, para en su lugar, acceder a la penalidad pretendida
y negar las demás súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, subsección B, administrando justicia, en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 31 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que negó la pretensión de reconocimiento de sanción
moratoria y declaró la ineptitud de la demanda respecto de la reliquidación de las
cesantías de definitivas.
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Expediente: 4294-2021
Demandante: Estela María Kunzel Hernández
Demandados: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva Barranquilla.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de la Resolución No DESAJBAO18-3817 del 29
de octubre de 2018 que negó el reconocimiento de la sanción moratoria Estela
María Kunzel Hernández y A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la
a la Nación- Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Barranquilla reconocer y pagar a la actora la sanción moratoria de sus cesantías
definitivas equivalente a un día de salario por cada uno de retardo, entre el 14 de
diciembre de 2016 y el 18 de enero de 2017, con base en la asignación básica
vigente al momento en que empezó a causarse la mora, conforme a lo expuesto en
la parte motiva.
TERCERO: La accionada deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo
dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA.
CUARTO: Niegáse las demás pretensiones de la demanda conforme lo esgrimido
en la parte considerativa del presente proveído.
QUINTO: Sin condena en costas.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones en el sistema de gestión judicial.
Notifíquese y cúmplase.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firma Electrónica
(En comisión)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firma Electrónica Firma Electrónica
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Sigue leyendo
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