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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2019-00274-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2019-00274-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2019-00274-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

27 de febrero de 2025

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00274-01 (28995)
Demandante: Luz Marina Durán Chinchilla

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00274-01 (28995)
Demandante: Luz Marina Durán Chinchilla
Demandada: UGPP

Temas: Aportes 2014. Sistema pensional. Exclusión

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 09 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
que decidió2:
1. Negar en su totalidad las pretensiones de la demanda.

2. Sin costas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la UGPP profirió Liquidación Oficial RDO-
2017-03740 del 31 de octubre de 20173 por medio de la cual determinó a Luz Marina
Durán Chinchilla aportes al SSSI (Sistema de Seguridad Social Integral) correspondiente
a los periodos enero a diciembre de 2014 e impuso sanción por no declarar4. Decisión
confirmada con la Resolución RDC 2018-01476 del 20 de noviembre de 20185.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones6:
“3.1. Primera: Que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se declare la nulidad de las
providencias contenidas en las resoluciones No. RDO-2017-03740 del 31 de octubre de 2017 “Por
medio de la cual se profiere a Luz Marina Durán Chinchilla con c.c. 32.641.723. Liquidación oficial
por omisión en la afiliación y/o vinculación de los aportes al sistema de seguridad social integral en
los subsistemas de salud y pensiones y se sanciona por no declarar por la conducta de omisión” y
Resolución No. RDC-2018-01476 del 20 de noviembre de 2018 “Por medio de la cual se resuelve el
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO-2017-03740 del 31 de octubre

1
Ingresó al CE S2 el 06 de octubre de 2021 y despacho en la S4 el 28 de junio de 2024. SAMAI CE índices 2 y 19
2
SAMAI CE índice 18, certificado 48ED_C02_34Fallopdf(.pdf) NroActua 18.pdf
3
SAMAI CE índice 18 certificado 14ED_C01_02AnexosDemandapdf(.pdf) NroActua 18
4
Determinó aportes por $56.161.700 e impuso sanción por no declarar de $112.323.400
5
SAMAI CE índice 18 certificado 14ED_C01_02AnexosDemandapdf(.pdf) NroActua 18
6
SAMAI CE índice 18 certificado 13ED_C01_01Demandapdf(.pdf) NroActua 18

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1

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00274-01 (28995)
Demandante: Luz Marina Durán Chinchilla

de 2017”, expedidas en su orden: (i) por el Subdirector de determinación de obligaciones de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP- y (ii) por el Director de parafiscales de la mencionada unidad administrativa.

3.2. Segunda: Que consecuencia de las anteriores declaraciones, se proceda al restablecimiento del
derecho de mi mandante Luz Marina Duran Chinchilla, así:

Se condene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP- a:

A) Expedir acto administrativo en el cual se establezca, determine e indique que la señora Luz Marina
Durán Chinchilla, identificada con cédula de ciudadanía (…), no debe suma alguna de dinero a la
entidad mencionada por concepto de (i) omisión en la afiliación y/o vinculación y pago de los aportes
al sistema de seguridad social integral en los subsistemas de salud y pensiones por los periodos de
enero a diciembre del año 2014 y (ii) por concepto de sanción por no declarar.

B) Que como consecuencia de lo anterior, se libere a mi mandante Luz Marina Durán Chinchilla del
cobro coactivo por valor de ciento sesenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cien
pesos ($168.485.100) presuntamente adeudados, por conceptos de (i) liquidación oficial por omisión
y pago de los aportes al sistema de seguridad social y sus sanciones por la omisión en la afiliación
y/o vinculación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en los subsistemas de
salud y pensiones por los periodos de enero a diciembre del año 2014 y (ii) por concepto de sanción
por no declarar.

C) Si al momento de proferir sentencia favorable a mi mandante, esta se encontrare en lista, registro
o base de datos de sancionados, se ordene su exclusión de dicha lista, registro o base de datos.

D) Que se condene a la demandada al pago de costas y agencias en derecho liquidadas según la
tarifa legal vigente.

Invocó como normas vulneradas los artículos 29 de la CP (Constitución Política); 3, 138,
162 y siguientes del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011) y 61 de la Ley 100 de 1993, bajo el siguiente concepto
de violación7:

En forma genérica, adujo que los actos demandados están viciados de nulidad por falsa
motivación, en tanto no estuvieron debidamente probados los hechos determinantes de
la decisión. Agregó que, como el denuncio rentístico de la demandante del 2014 fue
objeto de glosas por parte de la DIAN y por ello fue corregido, las modificaciones
aparejaron archivo de la actuación y cosa juzgada en lo relacionado con la declaración
de renta.

La demandada solo valoró el cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en el
artículo 61 de la Ley 100 de 1993 para la exclusión al régimen pensional, toda vez que
se limitó a indicar que para la fecha en que se realizó la afiliación la demandante no se
encontraba pensionada. En ese orden, no se tuvo en cuenta el segundo requisito que se
basa en la condición de ser mujer y en la edad para el momento de la afiliación por
primera vez, que en el caso de la demandante fue el 11 de enero de 2012, momento para
el cual tenía 55 años de edad y, en su entender, era beneficiaria de la exclusión en
aplicación de la ley más favorable, por no tener posibilidades de alcanzar una pensión
dado sus expectativas de vida. Por ende, solo se realizaron cotizaciones a salud, porque
las planillas únicamente liquidaban ese concepto y cualquier aporte al régimen pensional
superada la edad máxima de afiliación obligatoria tendría el carácter de voluntario y su
omisión no podría considerarse como ilegal.

7
SAMAI CE índice 18 certificado 13ED_C01_01Demandapdf(.pdf) NroActua 18

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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00274-01 (28995)
Demandante: Luz Marina Durán Chinchilla

Contestación de la demanda

La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la actora8. Indicó que con el
denuncio rentístico se constató la capacidad de pago de la actora y su condición de
aportante como cotizante, por lo que en los actos se tomaron válidamente los datos de la
declaración.

Y concluyó que frente a la actora -quien según el RUAF aparece afiliada al régimen de ahorro
individual en la administradora Porvenir, con fecha de afiliación 11 de enero de 2012- no existe
exclusión aplicable que la exima de cotizar al subsistema de pensiones, ni acreditó estar
tramitando o haber tramitado pensión.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas. Señaló que la
restricción de edad para las afiliaciones al régimen de ahorro individual con solidaridad
prevista en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993, únicamente aplica para quienes
mostraran su intención de trasladarse de régimen estando vinculados a fondos de
derecho público, una vez que entró a regir el régimen de derecho privado a partir del 1°
de abril de 1994. Por tal motivo, teniendo en cuenta que la demandante se vinculó por
primera vez al régimen de ahorro individual con solidaridad el 11 de enero de 2012, ello
no implicó que quedara excluida del deber de pagar aportes al subsistema pensional.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del a quo9. Expresó de forma genérica que los actos
demandados se encuentran viciados de nulidad, pues no estuvieron debidamente
probados los hechos determinantes de la decisión y se omitieron los que sí estaban
demostrados.

Insistió en que la demandada solo valoró el cumplimiento de uno de los requisitos
establecidos en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 para la exclusión al régimen
pensional, toda vez que se limitó a indicar que para la fecha en que se realizó la afiliación
la demandante no se encontraba pensionada. En ese orden, no se tuvo en cuenta el
segundo requisito sobre la condición de ser mujer y la edad para el momento de la
afiliación por primera vez, que en el caso fue el 11 de enero de 2012, para cuando la
actora tenía 55 años de edad. Por consiguiente, en su entender, era beneficiaria de la
exclusión en aplicación de la ley más favorable, al no tener posibilidades de alcanzar una
pensión dado sus expectativas de vida y porque no obtendría beneficios futuros de los
aportes. Por ende, solo se realizaron cotizaciones a salud, porque las planillas
únicamente liquidaban ese concepto y cualquier aporte al régimen pensional superada la
edad máxima de afiliación obligatoria tendría el carácter de voluntario y su omisión no
podría considerarse como ilegal.

Pronunciamientos finales

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

8
SAMAI CE índice 18 certificado 25ED_C02_12ContestacionDeLaDe(.pdf) NroActua 18
9
SAMAI CE índice 18 certificado 49ED_C02_35RecursoApelacionpd(.pdf) NroActua 18

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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00274-01 (28995)
Demandante: Luz Marina Durán Chinchilla

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Se juzga la legalidad de los actos administrativos acusados, atendiendo los cargos de
apelación formulados por la demandante -apelante única- contra la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas. En concreto,
corresponde establecer si la actora estaba excluida de efectuar aportes a pensión en el
año 2014 con fundamento en el régimen aplicable, teniendo en cuenta la situación fáctica
que ostentaba cuando se afilió al sistema pensional.

La Sala no se pronunciará frente a la alusión de la actora en el recurso de apelación
referente a que no estuvieron debidamente probados los hechos determinantes de la
decisión y se omitieron los que estaban demostrados, toda vez que se trata de meras
expresiones genéricas que no hacen referencia a aspectos puntuales que permitan al
juzgador de segunda instancia efectuar un análisis particular de la censura. Ello es
porque, la competencia asignada al juez de segundo grado se restringe exclusivamente
a los reparos concretos contra el fallo formulados en la apelación —artículo 320 del CGP-.

Análisis del caso concreto

2- La demandante -apelante única- reiteró que, para efectos de la exclusión de aportar al
régimen pensional, la UGPP solo valoró una de las condiciones establecidas en el artículo
61 de la Ley 100 de 1993, toda vez que se limitó a indicar que para la fecha en que se
realizó la afiliación no se encontraba pensionada, sin tener en cuenta la segunda situación
sobre la condición de ser mujer y la edad para el momento de la afiliación por primera
vez. Por ende, sostuvo que como se afilió por primera vez el 11 de enero de 2012 y para
ese momento tenía 55 años de edad, era beneficiaria de la exclusión en aplicación de la
ley más favorable, por no tener posibilidades de alcanzar una pensión dado sus
expectativas de vida y porque no obtendría beneficios futuros de los aportes.

Sobre la exclusión debatida, el criterio de la Sección es el contenido en la sentencia del
11 de octubre de 2024 (exp. 26868, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto) que resolvió un
asunto con similitud fáctica y jurídica, que ahora se reitera. En efecto, en dicha sentencia
se precisó la aplicación y alcance de los artículos 2 del Decreto 758 de 1990 y 61 de la
Ley 100 de 1993, tras el análisis de las posturas de la Corte Suprema de Justicia y la
Corte Constitucional. Y se concluyó que las exclusiones previstas en el artículo 2 del
Decreto 758 de 199010 aplican únicamente para quienes se afiliaron al sistema pensional
en el régimen de prima media con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993 -01 de abril de 1994- que implementó el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Y en cuanto al artículo 61 de la Ley 100 de 199311 concluyó que el criterio de exclusión
al que se refiere, en particular el literal b), «no puede entenderse en el sentido de que quien cumpla
esas condiciones no debe afiliarse y aportar al sistema pensional, pues el entorno y momento en el que se
profirió, lo que buscaba era establecer quiénes no podían pasar del régimen solidario de prima media con
prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, salvo la excepción prevista que giraba en función
de la edad y el número de semanas en el nuevo sistema».

10
“Artículo 2. Personas excluidas del seguro de invalidez, vejez y muerte. Quedan excluidos del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte:
a) Los trabajadores dependientes que al inscribirse por primera vez en el Régimen de los Seguros Sociales, tengan 60 o más años de edad; b) Los
trabajadores independientes que se afilien por primera vez con 50 años de edad o más, si se es mujer, o 55 años de edad o más, si se es varón (…)”.
11
“Artículo 61. Personas excluidas del régimen de ahorro individual con solidaridad. Están excluidos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad:
a. Los pensionados por invalidez por el Instituto de Seguros Sociales o por cualquier fondo, caja o entidad del sector público. b. Las personas que al
entrar en vigencia el sistema tuvieren cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres,
salvo que decidan cotizar por lo menos quinientas (500) semanas en el nuevo régimen, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los
aportes correspondientes.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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4

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00274-01 (28995)
Demandante: Luz Marina Durán Chinchilla

La anterior interpretación con fundamento en la postura de la Corte Suprema de Justicia,
según la cual, ese literal «no discriminó del deber de afiliación a quienes por su edad avanzada tiene[n]
la capacidad para desempeñar un trabajo y, por tanto, mientras mantengan la condición de trabajadores
dependientes o independientes, son afiliados obligatorios al sistema de seguridad social en salud y
pensiones»12. Y se refuerza con las prerrogativas que ofrece el sistema de seguridad social
«que previó alternativas como la indemnización sustitutiva (art. 37 ibidem) y la devolución de saldos (art.
66 ibidem), para quienes, teniendo la edad de pensión, no cumplan los demás requisitos». Es decir, si una
persona no alcanza las exigencias legales para la pensión de vejez, bien puede, a partir de las cotizaciones
al sistema, obtener otras prestaciones del sistema tales como la devolución de saldos, la indemnización
sustitutiva, la pensión de invalidez o la de sobrevivientes para sus beneficiarios» 13.

Así, en línea con el precedente que se reitera, no es aplicable a la situación de la actora
el artículo 2 del Decreto 758 de 1990 -al que tácitamente alude-, pues no existe discusión
entre las partes en cuanto a que, en su condición de independiente, se afilió al régimen
de ahorro individual con solidaridad el 11 de enero de 2012, esto es, con posterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 -01 de abril de 1994-. Y tampoco podía sustraerse
del deber cotizar al tenor del criterio de exclusión previsto en el artículo 61 de la Ley 100
de 1993, porque «esa no es la finalidad de la norma».

Acorde con lo anterior, se concluye que la demandante no estaba excluida de efectuar
aportes pensionales, sin que sea de recibo lo expresado sobre una supuesta
favorabilidad, así como la ausencia de posibilidades de alcanzar una pensión y beneficios
futuros de los aportes, toda vez que, como se expresó en la sentencia que se reitera, las
condiciones previstas en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993 no hacen referencia a la
exclusión de afiliarse y cotizar al sistema pensional y, si un afiliado no alcanza las
exigencias legales para la pensión de vejez, bien puede, a partir de las cotizaciones,
obtener otras prestaciones del sistema como devolución de saldos, indemnización
sustitutiva, pensión de invalidez o de sobrevivientes para sus beneficiarios.

Finalmente, en cuanto a lo mencionado por la actora en relación con que solo realizó
cotizaciones a salud porque las planillas únicamente liquidaban ese concepto, se advierte
que se trata de una simple manifestación sin soporte, que impide un pronunciamiento al
respecto.

No prospera el cargo de apelación.

Conclusión

3- Por lo razonado en precedencia, se establece que en este caso la demandante no
estaba excluida de efectuar aportes a pensión, teniendo en cuenta su afiliación al régimen
de ahorro individual con solidaridad en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, por ende, la
obligación de cotizar.

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

Costas

4- Acorde con el criterio de la Sección, por no estar probadas en el expediente, no se
condenará en costas en esta instancia, conforme con el artículo 365.8 del CGP.

12
Sentencia SL2991-2020 del 5 de agosto de 2020 (Exp. 76937, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo)
13
Sentencia del 11 de octubre de 2024 (exp. 26868, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto)

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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00274-01 (28995)
Demandante: Luz Marina Durán Chinchilla

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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