Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00275-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2019-00275-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00275-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00275-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00275-01 (0209-2023)
Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
Demandada: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
Dirección Distrital de Liquidaciones1
Tema: Reliquidación de prestaciones con la inclusión de la bonificación
por servicios prestados. Régimen salarial de empleados públicos
del orden territorial. Acto susceptible de control
Sentencia segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 22 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Luis Enrique Morales Beleño presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
1 En lo siguiente DDL.
2 La demanda fue radicada el 30 de abril de 2019, según se observa en el acta de reparto visible en
el folio 77.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00275-01 (0209-2023)
Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de los oficios QUILLA-18-225343 del 26 de noviembre y
Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
201810018370-2 del 14 de diciembre de 2018, por medio de los cuales el distrito de
Barranquilla y la Dirección Distrital de Liquidaciones de esa entidad territorial le
negaron la reliquidación de sus prestaciones sociales por el incumplimiento de las
directrices señaladas en la Resolución 35 del 22 de enero de 2018.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la reliquidación de las primas de servicios y navidad, bonificación por año
de servicio, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías del año 2017 y las
vacaciones proporcionales del año 2018, «que no fueron reconocidos en la liquidación
final de la Resolución 35 de enero de 2018»; y ii) los intereses moratorios por el pago
tardío de las cesantías en cuantía de $67.185.561 equivalentes a 458 días de
retraso, para el día de radicación de la demanda.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Luis
Enrique Morales Beleño laboró al servicio del Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla4 de manera continua en el cargo
de profesional universitario, código 340, grado 3, desde el 27 de julio de 2004, y
como profesional especializado, código 222, grado 3, a partir del 16 de octubre de
2013 hasta el 29 de diciembre de 2017, momento en el que fue desvinculado con
ocasión de la liquidación total de la entidad.
3.2. El 21 de mayo de 2018, solicitó a la Alcaldía Distrital de Barranquilla y a la DDL
que «revisaran, reliquidaran y cancelaran5 […] los valores adeudados por la mala
liquidación de la Resolución 35 de enero 22 de 2018 y copia de los soportes de los pagos»,
de los años 2017 y 2018.
3.3. Pormedio del Oficio QUILLA-18-225343 del 26 de noviembre de 2018, la
Alcaldía Distrital de Barranquilla corrió traslado de la solicitud a la DDL, dependencia
que por medio del Oficio 201810018370-2 del 14 de diciembre de ese año negó lo
pretendido y afirmó que la liquidación se había realizado de acuerdo con los
parámetros establecidos en la norma.
3 En adelante CPACA.
4 En lo siguiente Damab.
5 En el sentido de pagar.
2
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Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo; 99
Demandante:
de la Ley 50 de 1990; 2 de la Ley 244 de 1995; Luis344
4 de la Ley Miguel
de Olivares Agudelo
1996; 42, 45, 58,
59 y 60 del Decreto 1042 de 1978; y el Decreto 1045 de 1978.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 6:
5.1. La Resolución 035 del 22 de enero de 2018, mediante la cual se reconoció y
ordenó el pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales de los
empleados del extinto Damab en liquidación, desconoció el régimen jurídico
aplicable, toda vez que omitió incluir valores que le fueron previamente reconocidos
y pagados durante la vigencia 2017. Dicha actuación vulneró sus derechos laborales
porque los procesos de liquidación o supresión de entidades no autorizaban a la
administración a disminuir o desconocer derechos salariales y prestacionales
adquiridos.
5.2. La entidad incurrió en una indebida liquidación de sus cesantías, intereses a las
cesantías, primas de servicios y de navidad, bonificación por servicios prestados y
vacaciones, debido a que no tuvo en cuenta todos los factores salariales que,
conforme con la ley, debían integrar la base de cálculo de dichas prestaciones. En
particular, no se incluyeron los valores correspondientes a las vacaciones
disfrutadas durante la vigencia 2017 como factor salarial para liquidar las cesantías,
situación que generó un detrimento patrimonial para él y su núcleo familiar al reducir
injustificadamente el monto definitivo reconocido y pagado.
5.3. La asignación básica mensual, incremento salarial por antigüedad, auxilio de
transporte, subsidio de alimentación, bonificación por servicios prestados, primas
de servicios, de vacaciones, y de navidad, y demás factores salariales legalmente
previstos debían ser incluidos en la liquidación definitiva de las cesantías y
prestaciones sociales. Asimismo, el régimen legal de cesantías anualizadas
imponía a la entidad la obligación de efectuar una liquidación correcta y oportuna,
so pena de causar las sanciones moratorias previstas en la ley.
1.2. Contestaciones de la demanda
6. El distrito de Barranquilla se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, de acuerdo con los siguientes argumentos7:
6 Folios 3 al 14.
7 Folios 105 al 125.
3
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Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
6.1. Carece de legitimación en la causa por pasiva debido a que el Damab en
liquidación era una entidad descentralizada del orden territorial con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, creada mediante el Decreto
0208 de 2004, razón por la cual podíaDemandante:
contraer Luis Miguel Olivares Agudelo
obligaciones y responder
independientemente por sus actuaciones.
6.2. El distrito de Barranquilla no asumió legal ni contractualmente obligaciones
solidarias o subsidiarias derivadas de las relaciones laborales del Damab, ni existe
prueba que permitiera atribuirle responsabilidad respecto de los actos expedidos
por la exempleadora del actor o por la DDL, entidad designada como agente
liquidador mediante el Decreto Acordal 0841 de 2016.
6.3. Sin perjuicio de lo anterior, las pretensiones carecen de vocación de prosperidad
toda vez que la Resolución 035 del 22 de enero de 2018 fue expedida conforme con
ordenamiento jurídico y con observancia de las normas aplicables a la liquidación
de cesantías y prestaciones sociales, particularmente el Decreto 1045 de 1978. La
liquidación se efectuó correctamente y con inclusión de los factores salariales del
período al que correspondía.
6.4. Las cesantías definitivas fueron reconocidas y consignadas dentro del término
legal, esto es, antes del 15 de febrero del año siguiente a la anualidad liquidada,
razón por la cual no hay lugar al reconocimiento de sanción moratoria, pues no
existió ningún incumplimiento atribuible a la DDL, además los actos demandados se
encuentran amparados por la presunción de legalidad, al paso que el demandante
no logró demostrar su contradicción con el ordenamiento jurídico.
6.5. No se individualizaron correctamente los actos administrativos demandados,
toda vez que únicamente se solicitó la nulidad de los oficios QUILLA-18-225343 del
26 de noviembre y 2018201810018370-2 del 14 de diciembre de 2018, pese a que
el verdadero acto que definió la situación jurídica relacionada con la liquidación de
prestaciones sociales fue la Resolución 035 del 22 de enero de 2018, la cual no fue
demandada ni agotó respecto de ella la «vía gubernativa».
6.6. Las solicitudes posteriores de reliquidación formuladas por el actor constituyen
simples intentos de revivir términos vencidos frente a un acto administrativo que ya
había quedado en firme, circunstancia que, según la jurisprudencia del Consejo de
Estado8, impide acudir posteriormente a la jurisdicción mediante la formulación de
nuevas peticiones sobre asuntos ya decididos.
8 Solo se señaló que se refería a sentencia dictada por el Consejo de Estado el 6 de junio de 2012.
4
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Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
6.7. Procede la excepción de caducidad de la acción, porque el término de 4 meses
previsto en los artículos 138 y 164 de la Ley 1437 de 2011 debía contabilizarse a
partir de la notificación de la Resolución 035 del 22 de enero de 2018, por ser este
Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
el verdadero acto administrativo que contenía la liquidación definitiva de las
prestaciones sociales reclamadas. Pese a ello, la parte actora únicamente promovió
solicitud de conciliación prejudicial el 25 de enero de 2019, esto es, cuando ya había
transcurrido ampliamente el término legal para ejercer el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, razón por la cual se configuró ese fenómeno
procesal.
7. La DDL también solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda de
acuerdo con lo siguiente:
7.1. La parte demandante renunció de manera expresa a los «términos de ejecutoria
en el momento en el que se notificó personalmente de la Resolución 35 del 22 de enero de
2018», por lo que intentó utilizar el derecho fundamental de petición para revivir los
términos vencidos. En tal sentido, los pronunciamientos cuestionados a través de
esta demanda no son más que simples respuestas a la petición elevada, pero no
constituyen actos administrativos en sí mismos susceptibles de control judicial.
7.2. Las prestaciones sociales definitivas fueron liquidadas de manera detallada y
pagadas en su totalidad por valor de $ 10.265.696, suma que fue consignada el 16
de febrero de 2018 en la cuenta bancaria del demandante, por lo que la entidad
quedó a paz y salvo por todo concepto laboral, sin que se presentara reparo o
inconformidad alguna con su liquidación.
7.3. No procede la sanción moratoria pedida porque la bonificación por servicios
prestados estuvo suspendida para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 en
cumplimiento de la Circular 0034 del 14 de noviembre de 2008 expedida por la
Alcaldía Distrital de Barranquilla. En consecuencia, no existía facultad legal para
incluir dicha bonificación en la liquidación de cesantías y prestaciones sociales. La
citada bonificación correspondiente a los años mencionados fue pagada
retroactivamente en el año 2013.
7.4. Son procedentes las excepciones denominadas inexistencia del acto
administrativo demandado, inaplicabilidad de la sanción o indemnización moratoria
y aplicabilidad del principio de buena fe por no pago de sanción moratoria.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, en
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Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
sentencia proferida el 22 de abril de 20229, negó las pretensiones de la demanda y
no condenó en costas de primera instancia. Para tal efecto se pronunció en los
siguientes términos:
Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
8.1. El Decreto 1919 de 2002 extendió a los empleados públicos de la rama ejecutiva
del orden territorial el régimen prestacional de los empleados del nivel nacional. La
bonificación por servicios prestados creada por medio del Decreto 1042 de 1978 es
factor de salario de acuerdo con lo previsto en el literal g) del artículo 42 ibidem,
emolumento que fue reconocido por el Damab a sus servidores por medio de la
Resolución 35 del 22 de enero de 2018.
8.2. A pesar de lo anterior, el Consejo de Estado10 ha señalado que el Decreto 1919
de 2002 no habilitaba el reconocimiento de dicha bonificación a los trabajadores del
nivel territorial, lo que quiere decir que Luis Enrique Morales Beleño no tenía
derecho a percibir esa prestación, razón por la que tampoco había lugar a reliquidar
sus prestaciones sociales con inclusión de dicho emolumento.
1.4. El recurso de apelación
9. Luis Enrique Morales Beleño presentó recurso de apelación con base en los
siguientes argumentos11:
9.1. ElTribunal Administrativo del Atlántico realizó un análisis incompleto de la
demanda, al limitarse a estudiar únicamente la bonificación por año de servicio
como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales, pues la
controversia comprendía la reliquidación de diversas acreencias laborales como
primas de servicio y navidad, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y
bonificación por servicios que fueron incorrectamente liquidadas.
9.2. No se valoró la normativa aplicable a la liquidación de prestaciones sociales
reconocidas en el año 2017. En particular, no se incluyó dentro de la base de
liquidación la doceava parte de la prima de vacaciones recibida en ese año.
Asimismo, no era procedente el argumento de las autoridades demandadas según
el cual no eran responsables de las obligaciones laborales derivadas de los
exempleados del Damab, pues dicha afirmación desconoció lo dispuesto en el
Acuerdo 481 del 6 de diciembre de 2016 que estableció que el distrito asumiría las
contingencias jurídicas y obligaciones derivadas del proceso de liquidación.
9Folios 300 al 305 reverso.
10 Sentencia del 25 de marzo de 2021, radicado 08001-23-33-000-2016-0610-01 (3077-2019).
11 Folios 317 al 324.
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Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
9.3. Debió accederse no solo a la reliquidación y pago de las sumas adeudadas por
concepto de prestaciones sociales, sino también el reconocimiento de los intereses
moratorios e indemnizaciones correspondientes por el pago incompleto y tardío de
las cesantías y demás acreencias laborales,Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
hasta tanto se profiera una decisión
definitiva.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.
1.6. El Ministerio Público
11. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia13.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 14, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si Luis Enrique Morales Beleño tenía
derecho a la reliquidación de las primas de servicio y navidad, cesantías, intereses
a las cesantías, vacaciones y bonificación por servicios que fueron liquidadas por
medio de la Resolución 35 del 22 de enero de 2018?
2.2. Marco normativo. El régimen prestacional de los empleados públicos del
nivel territorial
13. A través del artículo 12 de la Ley 4 de 1992, el legislador le asignó al gobierno
nacional la competencia para que, con base en las normas, los criterios y los
objetivos contenidos en esa ley, estableciera el régimen prestacional de los
servidores públicos de las entidades territoriales, asimismo, de manera expresa
precisó que «no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad».
14. En cumplimiento del mencionado deber, el gobierno nacional expidió el Decreto
1919 de 2002 «[p]or el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados
12 Como se indicó en el auto admisorio del 1 de junio de 2023 en el índice 4 de Samai.
13 Según constancia visible en el índice 21.
14 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel
territorial», en el cual dispuso:
Demandante:
«Artículo 1. A partir de la vigencia del presente Luis Miguel
decreto todos Olivares Agudelo
los empleados públicos
vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la
Rama Ejecutiva de los niveles departamental, distrital y municipal, a las asambleas
departamentales, a los concejos distritales y municipales, a las contralorías territoriales,
a las personerías distritales y municipales, a las veedurías, así como el personal
administrativo de empleados públicos de las juntas administradoras locales, de las
instituciones de educación superior, de las instituciones de educación primaria,
secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado
para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.
Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en
los factores para ellas establecidas» [se resalta].
15. Las anteriores disposiciones, deben ser leídas de manera armónica con lo
señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-315 de 1995, en la cual declaró
exequible el mencionado artículo 12 de la Ley 4 de 1992 bajo el entendido de que
«las facultades conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del
régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional
mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados
públicos de las entidades territoriales». Lo anterior, puesto que la atribución general
que ostenta el Congreso de la República para dictar normas generales sobre el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos territoriales 15, no puede
desconocer las competencias que el constituyente confió en las autoridades locales
para efectos de determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas
salariales y crear los emolumentos de los servidores del nivel territorial16.
16. Así las cosas, por medio del citado decreto se extendió al nivel territorial el
régimen prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden
nacional que se encuentra contenido, entre otros, en el Decreto 1042 de 1978. Al
respecto, es importante precisar que esta homologación tiene alcance solo frente a
las prestaciones sociales, entendidas como los «pagos adicionales o complementarios
al salario básico que tienen como propósito ayudar a cubrir o solventar las "vicisitudes de
la vida", cuando ella le hace al trabajador exigencias que no resultaban cubiertas con los
salarios básicos que la sociedad ofrecía a sus trabajadores»17, es decir, que no se refiere
a aquella remuneración que recibe el trabajador como contraprestación directa por
su servicio, puesto que la competencia para determinar esos factores salariales la
ostentan las autoridades locales en el nivel territorial, claro está, dentro del marco
establecido por el Congreso de la República y el gobierno nacional.
15 Artículos 150 y 287 de la Constitución Política.
16 Artículos 287, 300, 305, 313 y 315 de la Constitución Política.
17 «Corte Constitucional, sentencia C-244 de 2013».
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Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
17. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-402
de 2013, resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la expresión «del
Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
orden nacional» contenida en el artículo 1 del Decreto 1042 de 1978, al considerar
que conllevaba una discriminación injustificada entre los servidores públicos del
orden nacional y territorial, en cuanto a las prestaciones económicas reguladas en
el ordenamiento jurídico.
18. En esa oportunidad, el tribunal constitucional declaró exequible la norma
acusada, al considerar que: i) la determinación del régimen salarial de los servidores
públicos del orden territorial, responde a una fórmula de armonización entre el
principio de Estado unitario y el grado de autonomía que la norma superior reconoce
a las entidades locales, en concordancia con el marco y topes previstos en la Ley
marco 4 de 1992; ii) es improcedente el juicio de igualdad entre sus prestaciones,
en consideración a que no son equiparables y responden cada uno de ellos a los
requerimientos específicos del orden o entidad de que se traten, el grado de
responsabilidad y calificación profesional requerida, lo que resulta particularmente
importante para el caso analizado, así se trate de empleos del orden nacional o
territorial; y iii) se configuraría un exceso en el ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas para la expedición de la norma acusada.
19. Sobre el particular, el Consejo de Estado18 ha indicado que la aplicación del
régimen salarial establecido para los empleados públicos de la rama ejecutiva del
orden nacional previsto en los Decretos 1042 y 1045 de 1978 no se extendió
integralmente a los servidores públicos del nivel territorial, toda vez que el Decreto
1919 de 2002 únicamente homologó el régimen prestacional y no el salarial.
20. En relación con los factores salariales de los empleados públicos del orden
territorial, el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 dispone que además de la
asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, constituyen salario
todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución
por sus servicios. Entre dichos factores se encuentran, entre otros, los incrementos
por antigüedad, los gastos de representación, la prima técnica, el auxilio de
transporte, el auxilio de alimentación, la bonificación por servicios prestados y los
viáticos percibidos por los funcionarios en comisión.
21. En cuanto a las vacaciones, los empleados públicos tienen derecho a 15 días
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021, rad.
08001-23-33-000-2016-00558-01(3718-19), C.P. William Hernández Gómez; y de la Subsección B,
sentencia del 25 de noviembre del 2021, rad. 08001-23-33-000-2016-00592-01(4901-17), CP
Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00275-01 (0209-2023)
Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
hábiles de descanso remunerado por cada año de servicio, de conformidad con el
artículo 8 del Decreto 1045 de 1978. La liquidación de esta prestación debe
efectuarse con base en el salario devengado al momento de iniciar el disfrute,
incluyendo los factores salariales tales Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
como asignación básica mensual,
19
incrementos por antigüedad , gastos de representación, prima técnica, auxilios de
alimentación y transporte, prima de servicios y bonificación por servicios prestados.
22. Respecto de la prima de vacaciones, el artículo 25 del Decreto 1045 de 1978
estableció que los empleados públicos tienen derecho al reconocimiento y pago de
una prima equivalente a 15 días de salario por cada año de servicio. Para su
liquidación deben tenerse en cuenta los mismos factores salariales que integran la
base de liquidación de las vacaciones.
23. En relación con la prima de navidad, el artículo 32 ibidem prevé que los
empleados públicos tienen derecho al pago de una prima equivalente a un mes de
salario que se causa por cada año de servicio o proporcionalmente al tiempo
laborado, equivalente a un mes de salario que corresponda al cargo desempeñado
para el 30 de noviembre de cada año. Para su liquidación deben incluirse los
factores salariales de asignación básica, incrementos por antigüedad, gastos de
presentación, primas técnica, de servicios y vacaciones, auxilios de alimentación y
transporte y la bonificación por servicios prestados.
24. Frente al auxilio de cesantías, el régimen aplicable depende de la fecha de
vinculación del servidor público, puesto que para quienes se encuentran cobijados
por el régimen retroactivo, las cesantías se liquidan con base en el último salario
devengado o el promedio de lo percibido en el último año cuando el salario haya
sufrido variaciones. En el régimen anualizado, la liquidación debe efectuarse a 31
de diciembre de cada año o proporcionalmente y consignarse antes del 15 de
febrero del año siguiente en el fondo de cesantías escogido por el empleado, de
conformidad con la Ley 50 de 1990, la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.
25. La base de liquidación del auxilio de cesantías debe conformarse por la
asignación básica, los gastos de representación, las primas técnica, de vacaciones,
de servicios y navidad, dominicales y feriados, horas extras, auxilios de alimentación
y transporte, bonificación por servicios prestados, viáticos recibidos por comisiones
inferiores a 180 días en el último año, incrementos por antigüedad, trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio y
las demás primas o bonificaciones otorgadas antes de la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 196820.
19 En los términos indicados en los artículos 49 y 97 del Decreto 1042 de 1978.
20 Según sentencia de inexequibilidad de la Corte Suprema de Justicia del 13 de diciembre de 1972.
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00275-01 (0209-2023)
Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
2.3. Caso concreto
Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
26. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
26.1. Por medio de la Resolución 142 del 31 de julio de 2017, el Damab le concedió
a Luis Enrique Beleño Morales un periodo de vacaciones de 15 días hábiles
comprendidos entre el 1 y el 23 de agosto de 2017, correspondiente al laborado
entre los años 2016 y 2017. Para el pago de las vacaciones se estableció una base
de liquidación conformada por la asignación básica y la doceava parte de la prima
de servicios, sobre 23 días liquidados, mientras que la prima de vacaciones se
calculó a partir de la misma base, pero sobre 15 días reconocidos. Además, se
adicionaron 2 días de bonificación por recreación, para un total de $6.262.58421.
26.2. A través del Decreto 841 del 6 de diciembre de 2016, la Alcaldía Distrital de
Barranquilla ordenó la supresión y liquidación del Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, Damab, y designó a la Dirección
Distrital de Liquidaciones, DDL, como liquidador. El proceso de liquidación se dio
por terminado por conducto de la Resolución 238 del 29 de diciembre de 201722.
26.3. El 22 de enero de 2018, la DDL del Distrito de Barranquilla profirió la Resolución
35 por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de la liquidación definitiva de
prestaciones sociales del personal retirado del Damab en Liquidación. Contra esa
decisión solo se previó la procedencia del recurso de reposición. El anexo
correspondiente a Luis Enrique Beleño Morales contiene los siguientes datos y
cifras liquidadas23:
Nombre: MORALES BELEÑO LUIS ENRIQUE
C.C 8.754.016
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO COD. 222 GRADO 03
Fecha de Ingreso 27 de julio de 2004
Fecha de ingreso para cesantías 01-ene-2017
Fecha inicio para prima de servicios 1-jul-2017
Fecha de inicio para prima de 27-jul-2017
vacaciones
Fecha de inicio para Bonificación 27-jul-2017
año de servicio
Fecha de retiro 30-dic-2017
Motivo retiro TERMINACIÓN
PROCESO
LIQUIDATORIO
Sueldo básico mensual 4.400.801
Días para cesantías finales 360
Días para prima de servicios 180
Días para prima de vacaciones 154
21 Folios34 al 37.
22 Información contenida en la Resolución 35 del 22 de enero de 2018. Folio 18.
23 Folios 17 al 20.
11
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00275-01 (0209-2023)
Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
Días para bonificaciones por 154
servicio
Días para prima de navidad 30
Salario y promedios para
liquidación
Sueldo básico mensual $4.400.801 Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
Promedio prima de navidad 409.073
Promedio Bonificación 128.357
Promedio prima de servicios 183.367
Promedio prima de vacaciones 196.355
Salario promedio para cesantías 5.317.953
CESANTÍAS $5.317.953
Decreto Ley 104578 Art. 40
5.317.953 x 360
360
INTERESES SOBRE CESANTÍAS $638.154
5.317.953∗12% 360
360
PRIMA DE SERVICIOS DEL 01/07/2017 AL 30/12/2017 $1.100.200
2.200.400,50 X 180
Sueldo básico 4.400.801 360
VACACIONES DL 3135/68 $1.001.857
SUELDO BÁSICO 4.400.801
Promedio prima de Servicios 183.367
Promedio bonificación 128.357
4.712.525
2.356.262 X 154
360
PRIMA DE VACACIONES $1.007.957
SUELDO BÁSICO 4.400.801
Promedio prima de Servicios 183.367
Promedio Bonificación 128.357
4.712.525
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN $125.504
4.400.801 x 0.86
0.86 DÍAS
30
PRIMA DE NAVIDAD: MES DIC 01 $409.073
AL 30 DE 2017
Factor salarial De. 1045/78
SUELDO BÁSICO 4.400.801
PROMEDIO PRIMA DE 183.367
SERVICIOS
PROMEDIO PRIMA DE 196.355
VACACIONES
PROMEDIO BONIFICACIÓN 128.357
TOTAL PRIMA DE NAVIDAD [SIC] 4.908.880 4.908.880 x 30
360
BONIFICACIÓN POR AÑO DE $658.898
SERVICIO
1.540.280 𝑥 154
360
TOTAL LIQUIDACIÓN $10.265.696
26.4. El 21 de mayo de 2018, Luis Enrique Morales Beleño solicitó ante la Alcaldía
Distrital de Barranquilla y la Dirección Distrital de Liquidaciones la reliquidación de
los siguientes haberes24:
«Teniendo en cuenta lo anterior solicito se reliquide las vacaciones que se me
concedieron en la vigencia 2017, las vacaciones reconocidas parcialmente canceladas
en la vigencia 2018 en liquidación final […].
A su vez solicito la [revisión] y reliquidación de las primas de servicio, prima de navidad
24 Folios 40 al 51.
12
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00275-01 (0209-2023)
Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
y bonificación por año de servicio de la vigencia 2017 […].
Se reliquide las cesantías de la vigencia 2017 y se proceda al reconocimiento del pago
del valor dejado de percibir por concepto de mala liquidación
Demandante: Luis de la misma,
Miguel OlivaresalAgudelo
igual que
las proporcionales reconocidas y canceladas en la vigencia 2018. […]».
26.5. El 26 de noviembre de 2018, la Alcaldía profirió el Oficio QUILLA-18-225343
por medio del cual dio traslado de la solicitud a la DDL por razones de competencia
y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 201525.
26.6. Por medio del Oficio 201810018370-0 del 14 de diciembre de 201826, la DDL
no accedió a lo pretendido. Negó la reliquidación de las vacaciones
correspondientes a la vigencia [2016 a 2017] porque fueron reconocidas y pagadas
en julio de 2017 y las causadas con posterioridad fueron incluidas dentro de la
liquidación final efectuada mediante la Resolución 35 del 22 de enero de 2018. De
igual manera, negó la solicitud de reliquidación de las primas de servicios y navidad
y la bonificación por año de servicio, debido a que dichos conceptos ya habían sido
pagados tanto en la vigencia 2017 como en la liquidación final que no fue
cuestionada.
26.7. Finalmente negó la reliquidación de las cesantías correspondientes a la
vigencia 2017 e indicó que fueron calculadas con base en el salario devengado al
momento de terminación del vínculo laboral, teniendo en cuenta que el proceso
liquidatorio del Damab finalizó el 29 de diciembre de 2017 y que también fueron
pagadas mediante la Resolución 35 del 22 de enero de 2018.
2.4. Análisis sustancial
27. Con el fin de resolver el problema jurídico, es importante precisar que el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, negó las
pretensiones de la demanda y argumentó que no había lugar a reliquidar las
prestaciones sociales del demandante con inclusión de la bonificación por servicios
prestados de que trata el Decreto 1042 de 1978.
28. Luis Enrique Morales Beleño apeló la anterior decisión y sostuvo que el a quo
solo analizó la bonificación por servicios prestados como factor salarial para la
reliquidación de otras prestaciones sociales, de modo que no se estudiaron la
totalidad de las pretensiones propuestas.
29. De acuerdo con los argumentos y pruebas aportadas al proceso la Sala observa
25 Folios 57 y 58.
26 Folios 52 al 56.
13
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00275-01 (0209-2023)
Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
que la controversia planteada por el demandante se encuentra dirigida a cuestionar
la forma en que fueron liquidadas sus prestaciones sociales definitivas con ocasión
de la terminación de la relación laboral que sostuvo con el extinto Damab en
liquidación. En particular, el actor consideróDemandante:
que en laLuis Miguel Olivares Agudelo
liquidación de cesantías,
primas, vacaciones y demás acreencias laborales no fueron incluidos todos los
factores salariales que, en su criterio, debían integrar la base de cálculo
correspondiente.
30. Vale la pena precisar que solo en el recurso de apelación el demandante señaló
que el factor presuntamente omitido correspondía a la doceava parte de la prima de
vacaciones. La citada prima solo debía hacer parte de la base de liquidación de la
prima de navidad y del auxilio de cesantías, haberes cuyo cálculo sí incluyó la
doceava parte de la prima de vacaciones, como puede corroborarse con el anexo
de liquidación de la Resolución 35 del 22 de enero de 201827.
31. No obstante, esta sala advierte que el acto administrativo que definió de manera
directa dicha situación jurídica fue la Resolución 35 del 22 de enero de 2018,
mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de la liquidación definitiva de
prestaciones sociales del demandante. Fue en ese acto administrativo en el que la
administración determinó concretamente los factores salariales computados, la
base de liquidación utilizada y el monto definitivo de las acreencias reconocidas con
ocasión del retiro del servicio.
32. En efecto, los oficios QUILLA-18-225343 del 26 de noviembre y 201810018370-
2 del 14 de diciembre de 2018, cuya nulidad se pretende en este proceso, no
contienen una valoración autónoma, nueva o definitiva acerca de la forma en que
debían liquidarse las prestaciones sociales reclamadas. Tales actuaciones
administrativas se limitaron a dar respuesta a la solicitud elevada posteriormente
por el actor y, en lo sustancial, remitieron a lo previamente decidido en la Resolución
35 de 2018.
33. Bajo ese entendido, si el demandante consideraba que la administración incurrió
en errores al determinar los factores salariales o al conformar las bases de
liquidación de sus prestaciones sociales definitivas, el control judicial debía recaer
sobre la legalidad de la citada Resolución 35, por ser ese el acto administrativo que
definió materialmente su situación prestacional. Sin embargo, dicho acto no fue
demandado dentro del presente medio de control.
34. La Sala advierte, además, que las acreencias reclamadas no corresponden a
27 Transcrito en el hecho probado citado en el párrafo 26.3.
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00275-01 (0209-2023)
Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
prestaciones de tracto sucesivo o de causación continua susceptibles de revisión
permanente, sino a derechos prestacionales liquidados de manera definitiva con
ocasión de la terminación del vínculo laboral entre el demandante y la entidad
Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
empleadora. En consecuencia, la discusión relacionada con la conformación de las
bases de liquidación y los factores salariales incluidos debía formularse
oportunamente frente al acto administrativo que efectuó dicha liquidación final.
35. En ese contexto, la reclamación presentada por el actor el 21 de mayo de 2018
constituyó un intento de obtener un nuevo pronunciamiento administrativo sobre
aspectos previamente definidos en el aludido acto administrativo. No obstante, la
formulación de peticiones posteriores no tenía la virtualidad de reabrir el debate
administrativo ni de modificar el verdadero acto definitivo que consolidó la situación
jurídica particular del demandante.
36. Tampoco resulta jurídicamente admisible provocar, a través del ejercicio del
derecho de petición, la expedición de nuevos actos administrativos con el propósito
de reactivar términos judiciales ya vencidos o sustituir el control que debió ejercerse
directamente contra el acto definitivo originario. Admitir lo contrario implicaría
desconocer los principios de seguridad jurídica y firmeza de los actos
administrativos.
37. Así las cosas, aun cuando los oficios demandados contienen respuestas emitidas
por la administración frente a la solicitud formulada por el actor, lo cierto es que
estos no crearon, modificaron ni extinguieron una situación jurídica distinta de
aquella previamente definida, ni constituyeron una nueva decisión prestacional
autónoma. En consecuencia, la Sala concluye que el presente medio de control fue
dirigido contra actuaciones administrativas que no contienen la decisión material y
definitiva cuya legalidad se cuestiona, circunstancia que impide adelantar un
pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.
38. Por consiguiente, se revocará la sentencia proferida el 22 de abril de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que negó
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declarará probada de oficio la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
2.6. Costas
39. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00275-01 (0209-2023)
Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
40. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
41. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.
42. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
43. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
44. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el acto administrativo que
contiene la decisión de la administración sobre la liquidación definitiva de Luis
Enrique Morales Beleño es la Resolución 35 del 22 de enero de 2018, y no los oficios
QUILLA-18-225343 del 26 de noviembre y 201810018370-2 del 14 de diciembre de
2018. Aquel acto no fue cuestionado dentro del presente asunto, de modo que debe
revocarse la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda para, en su lugar, declarar de oficio la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda.
28 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00275-01 (0209-2023)
Demandante: Luis Enrique Morales Beleño
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
FALLA:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 22 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda presentada por Luis Enrique Morales
Beleño contra el Damab, para en su lugar, declarar probada de oficio la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MLBC
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