Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00285-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2019-00285-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00285-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00285-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00285-01 (4308-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Lizette Milena López Pizarro
Tema: Demanda contra el acto propio. Pensión especial de vejez
por hijo en situación de discapacidad.
Decisión: CONFIRMA la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda toda vez que la calidad de ca-
beza de familia, la inexistencia de un vínculo matrimonial y
la ausencia de otras fuentes de ingreso en el hogar no cons-
tituyen requisitos legales de acceso ni permanencia de la
pensión especial de vejez por hijo en situación de discapaci-
dad.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la
sentencia de primera instancia del 26 de agosto de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones,
por medio de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y resta-
blecimiento del derecho, presentó demanda en contra de Lizette Milena López
Pizarro con el objetivo de que se declare la nulidad de las Resoluciones (i) GNR
294740 del 24 de septiembre de 2015 por medio de la cual le reconoció una
pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad en los términos
de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003 en cuantía inicial de $ 1.370.964,
efectiva a partir de la fecha de retiro del servicio, liquidada sobre 1.571 semanas
de cotización y con una tasa de reemplazo del 71.51%, (ii) GNR 55633 del 22 de
febrero de 2016 en la que ordenó el pago de la asignación por el valor de $
1.500.833 a partir del 1 de febrero de 2016, liquidada sobre 1.586 semanas y con
una tasa de reemplazo del 71.48% y (iii) SUB No. 267850 del 11 de octubre de
2018, a través de la cual ordenó la reliquidación de la pensión en cuantía de $
1.656.237 bajo la misma fecha de efectividad, liquidada sobre 1.589 semanas y
una tasa de reemplazo del 71.47.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00285-01 (4308-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene la devolución
de los dineros pagados por concepto de pensión desde la fecha de inclusión en
la nómina de pensionados hasta la declaratoria de nulidad, junto con la indexa-
ción correspondiente y los intereses moratorios causados.
3. Con fundamento en el Informe Investigativo COLCO 144275 del 15 de
enero de 2019, Colpensiones sostuvo que la señora López no cumplió los requi-
sitos previstos en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión
de vejez especial por hijo en situación de discapacidad, por cuanto no ostentaba
la condición de madre cabeza de familia. Al respecto, señaló que la demandada
mantenía un vínculo matrimonial vigente y una convivencia permanente con su
cónyuge desde hacía más de 25 años. Agregó que este se desempeñaba como
funcionario de la DIAN y percibía una asignación salarial de $ 5.684.930, circuns-
tancia que, en criterio de la entidad, evidenciaba la existencia de otra fuente de
sostenimiento económico para el núcleo familiar.
4. Pese a que la entidad solicitó la autorización expresa de la demandada
para revocar los actos administrativos demandados la señora López guardó si-
lencio.
5. Como concepto de la violación, alegó el desconocimiento de la Constitu-
ción Política de 1991 y la Ley 100 de 1993.
Contestación de la demanda
6. Lizette Milena López Pizarro contestó la demanda y se opuso a la prospe-
ridad de todas las pretensiones. Aseguró que los motivos invocados por Colpen-
siones para revocar los actos administrativos demandados se sustentaban en la
exigencia de requisitos adicionales y más gravosos que no se encuentran previs-
tos en la ley para acceder a la pensión especial de vejez por un hijo en situación
de discapacidad.
7. Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional tanto en
sede de tutela y como de control de constitucionalidad, afirmó que la entidad (i)
pretendía desconocer los derechos fundamentales de su hijo (ii) equiparó de ma-
nera errónea el concepto de madre trabajadora con el de cabeza de familia y (iii)
equivocadamente asumió que la presencia de otra persona dentro del núcleo fa-
miliar permitía superar la disyuntiva que se enfrentaban los padres entre conti-
nuar laborando para sufragar los gastos derivados de la atención del hijo en si-
tuación de discapacidad o dedicarse al cuidado y bienestar del mismo.
8. Frente a las medidas de restablecimiento del derecho la demandada argu-
mentó que cumplió con los requisitos legales establecidos en el parágrafo 4° del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, además de no haber actuado de mala fe.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00285-01 (4308-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
9. Formuló como excepciones de mérito la falta de legitimación en la causa
por activa, la inexistencia de la obligación, el cobro de lo no debido, la buena fe y
la genérica.
Sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo del Atlántico dictó sentencia el 26 de agosto de
2022 y negó las pretensiones de la demanda.
11. Con fundamento en la sentencia C-227 de 2004 de la Corte Constitucional
y en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia1, el
Tribunal sostuvo que la finalidad de la pensión de vejez por hijo en situación de
discapacidad consistía en garantizar que uno de los padres pudiera dedicarse
al cuidado permanente del hijo en condición de discapacidad, sin que ello impli-
cara la pérdida de los ingresos indispensables para asegurar tanto la subsistencia
del hijo como la del progenitor que asumiera dicha labor.
12. A partir de ese marco jurisprudencial precisó que para acceder a dicha
prestación era necesario (i) acreditar el número mínimo de semanas de cotiza-
ción previsto en la ley (ii) tener un hijo en situación de discapacidad debidamente
certificada (iii) demostrar que este dependía económicamente del afiliado. Así
mismo indicó que, para conservar el derecho pensional, debían mantenerse las
condiciones de discapacidad y dependencia económica fueran permanentes y
que la madre o el padre afiliado no se reincorporaran a la vida laboral.
13. Agregó que el requisito de dependencia económica no incluía ni podía
equipararse al concepto de persona cabeza de familia, máxime cuando el legis-
lador no consagró como presupuesto el que la asignación pensional fuese la
única fuente de ingresos destinada para el sostenimiento de aquel hijo o hija en
situación de discapacidad.
14. Con fundamento en lo anterior, y al verificar el cumplimiento de requisitos
de acceso y permanencia de la pensión especial de vejez por un hijo en situación
de discapacidad en el caso en concreto, concluyó que para la fecha de presen-
tación de la solicitud en sede administrativa la demandada tenía 1.586 semanas
cotizadas, que su hijo contaba con una certificación de discapacidad del 80%
derivada de una microcefalia desde su nacimiento y se encontraba bajo absoluta
dependencia económica de sus padres. Para la verificación del último elemento,
tuvo en cuenta el informe técnico de investigación realizado por el Consorcio RM
en el que se presentó un listado de gastos necesarios para el cuidado que as-
cendían a $ 1.410.000.
1 Citó las sentencias SL17898 del 30 de noviembre de 2016, SL1991 del 30 de mayo de 2019 y
SL3772, todas con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, y resaltó que dicho
criterio había sido reiterado por la Corte Constitucional en sentencia T-077 del 21 de febrero de
2020.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00285-01 (4308-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
15. El Tribunal se abstuvo de condenar en costas en primera instancia sin pre-
sentar ningún tipo de consideración al respecto.
Recurso de apelación
16. Colpensiones apeló la sentencia de primera instancia y solicitó su revoca-
toria absoluta para que, en su lugar, se accediera a todas las pretensiones de la
demanda. La entidad se ratificó en los argumentos presentados en el escrito de
la demanda y los alegatos de conclusión, para luego desarrollar el principio de
sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones y su vulneración como
consecuencia de reconocimientos pensionales sin el lleno de los requisitos.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
17. Mediante auto del 16 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador
admitió el recurso de apelación presentado y corrió traslado del mismo a las par-
tes y al Ministerio Público, este último para que rindiera concepto al respecto.
18. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,
toda vez que Colpensiones no presentó argumentos específicos encaminados a
controvertir el cumplimiento de los requisitos pensionales de la prestación de re-
ferencia ni la condición sine qua non del concepto de cabeza de familia. Entorno
al debate propuesto desde el escrito de la demanda, el Ministerio resaltó que
Colpensiones equivocadamente equiparó el ser cabeza de familia con el requisito
de dependencia económica establecido en la ley, como si este último exigiera la
ausencia de otro ingreso en el hogar del hijo en situación de discapacidad. Por
último, ante la falta argumentativa de la parte apelante, concluyó que no era po-
sible estudiar la afectación del principio de sostenibilidad fiscal ni aceptar que
este fuese invocado de manera genérica.
19. Las partes procesales guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.
Problema jurídico
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00285-01 (4308-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
21. Le corresponde a la Sala determinar si la señora Lizette Milena López
Pizarro, conforme el parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, tiene
derecho a la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad pese
a que no es madre cabeza de familia, tiene un vínculo matrimonial vigente y, por
ende, cuenta con ingresos adicionales al interior del núcleo familia.
Análisis del problema jurídico
22. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 26 de agosto de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico al considerar que la
pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad que le fue reco-
nocida a la señora López se reconoció con observancia de los requisitos legales.
23. El parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 prevé una modalidad
especial de la pensión de vejez para aquellos afiliados que tengan un hijo o hija
en situación de discapacidad. Conforme la redacción original de la norma2, los
requisitos para acceder a ella consistieron en (i) ser mujer, (ii) haber cotizado el
número mínimo de semanas de la pensión de vejez, (iii) tener un hijo o hija menor
de edad en situación de discapacidad física o mental debidamente calificada (iv)
que dependiera económicamente de la afiliada. Sumado a lo anterior, la ley con-
sagró dos condiciones bajo las cuales las madres podrían seguir recibiendo la
prestación: la permanencia de la situación de discapacidad y el retiro definitivo
de la vida laboral por parte del afiliado.
24. De acuerdo con la exposición de motivos presentada ante el Congreso de
la República, la finalidad de la disposición consistió en otorgar una protección
especial a la madre trabajadora responsable del cuidado y manutención del hijo
en situación de discapacidad.
25. Esta disposición ha sido sometida a varios exámenes de constitucionali-
dad3. En la más reciente de ellas, la Sentencia C-269 de 2025, la Corte Constitu-
cional declaró la inexequibilidad de la palabra “trabajadora”. Explicó que exigir la
2 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. “PARÁGRAFO 4o. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales
1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial
del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discon-
tinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993. La
madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o mental, debidamente
calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre,
tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado
al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de
prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora
se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del
menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este
artículo”.
3 En la Sentencia C-227 de 2004, la Corte Constitucional (i) declaró inexequible la expresión
“menor de 18 años” por crear una diferencia inconstitucional entre las personas en situación de
discapacidad en razón de su edad y (ii) condicionó la constitucionalidad del parágrafo a efectos
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00285-01 (4308-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
vigencia de un vínculo formal de trabajo al momento de solicitar el reconocimiento
pensional creaba una discriminación injustificada y gravosa respecto de las per-
sonas en situación de discapacidad cuyos progenitores dejaron de trabajar antes
de dicha fecha, pero que en todo caso lograron acreditar el cumplimiento de se-
manas cotizadas. Además, aclaró que muy posiblemente esa decisión obedecía
a la necesidad de dejar de trabajar para brindar apoyo y cuidado a su hijo o hija,
tornando contraproducente exigir dicho requisito.
26. En esa misma oportunidad la Corte retiró del ordenamiento jurídico la ex-
presión “este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza
laboral”. Para realizar su análisis, tuvo en cuenta una tercera y cuarta finalidad a
cargo de esta prestación: garantizar una provisión de apoyos constante y sufi-
ciente para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad y velar por
la sostenibilidad del sistema pensional bajo el entendido de que se trata de una
pensión excepcional.
27. Para adoptar esta decisión, advirtió que el legislador no puede (i) limitar
los derechos y proyecto de vida de quien funge como cuidador4, (ii) desconocer
que la garantía de apoyos adecuados es más compleja que simplemente destinar
tiempo y dinero y, en realidad, debe fomentar autonomía, independencia e inclu-
sión para la persona en situación de discapacidad, (iii) ignorar los costos adicio-
nales que usualmente deben asumir las familias de las personas en situación de
discapacidad debido a las barreras sociales a las que se enfrentan5 ni (iv) impedir
de aclarar que la dependencia del hijo respecto de la madre era de carácter económico, no psi-
cológico o afectivo. Luego, en la Sentencia C-989 de 2006, la Corporación tuvo en cuenta que la
prestación fue creada para proteger de manera específica al hijo en situación de discapacidad,
por lo que resultaba inconstitucional el que solo la madre pudiese reclamar la asignación, máxime
cuando no existía una razón válida para diferenciar entre la protección a cargo de los padres
respecto de la que le corresponde a las madres. Así, declaró la exequibilidad de la norma bajo el
entendido de que debía extenderse también a los padres con hijos en situación de discapacidad.
Posteriormente, en Sentencia C-758 de 2014, la Corte declaró la exequibilidad del artículo acla-
rando que el beneficio debía aplicar a todos los padres y madres que cumplieran con los requisitos
sin importar el régimen de pensiones ante el cual hubiesen cotizado, esto es, entre el régimen de
prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad puesto que la pensión especial
tenía una doble finalidad: (i) beneficiar a los y las afiliadas con hijos en situación de discapacidad
e (ii) implementar una acción afirmativa en torno al desarrollo, integración social y rehabilitación
de aquellas personas en situación de discapacidad.
4 La Corte consideró que las dinámicas tradicionales del cuidado de personas en situación de
discapacidad suelen designar como responsables a los integrantes de los núcleos familiares, par-
ticularmente a las mujeres, al punto de fomentar el síndrome del cuidador quemado, descono-
cer sus proyectos de vida e, inclusive, afectar la calidad del apoyo que las personas en situación
de discapacidad reciben. Por lo tanto, cuando el legislador crea medidas de apoyo y protección
en favor de quienes se encuentran en situación de discapacidad, es importante tener en cuenta
que en ellas confluyen tanto los derechos de la persona en situación de discapacidad, como los
del cuidador o cuidadores.
5 La Corte determinó que la discapacidad genera costos adicionales directos e indirectos para las
personas y sus familias relacionados con el manejo de la condición y la superación de las barre-
ras sociales en materia de educación, empleo y participación de los espacios públicos, de ahí que
el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado
mediante la Ley 1346 de 2009, deposite en cabeza de los Estados una serie de obligaciones que
garantizan un nivel de vida adecuado en ese sentido. Distintos estudios académicos y estadísti-
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00285-01 (4308-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
que accedan a ingresos adicionales para el bienestar del núcleo familiar y, por
ende, del hijo o hija en situación de discapacidad. En todo caso, consideró que
la eliminación de estas frases no representaba un impacto intenso ni grave sobre
las finanzas públicas, como sí lo eran respecto de los derechos de las personas
en situación de discapacidad y sus progenitores.
28. Por su parte esta Corporación ha sostenido que la condición de cabeza de
familia no constituye una exigencia autónoma para el reconocimiento de la pres-
tación, toda vez, que la finalidad de la norma es proteger a la persona en situación
de discapacidad mediante el otorgamiento de una pensión para el padre o la ma-
dre que haya acreditado el número mínimo de semanas de cotización, aunque
no haya alcanzado la edad. Ello con el propósito de que pueda brindar apoyo y
cuidado requeridos favoreciendo el desarrollo integral, la inclusión social y la ade-
cuada rehabilitación de su hijo o hija, sin que resulte procedente incorporar requi-
sitos adicionales no previstos en la ley.
29. Con fundamento en lo anterior, exigir que el padre o madre titular o aspi-
rante de la pensión especial de vejez tuviese que acreditar la condición de cabeza
de familia constituye una interpretación restrictiva y más gravosa que desnatura-
liza la finalidad protectora de la prestación. Ello por cuanto traslada exclusiva-
mente a uno de los progenitores la responsabilidad del cuidado, desconociendo
el deber conjunto de asistencia y protección previsto en el artículo 42 de la Cons-
titución Política6. En ese sentido, dado que la prestación tenía como objetivo per-
mitir que uno de los progenitores pudiese retirarse de la actividad laboral para
dedicarse al cuidado de su hijo, sin que por ello la dependencia económica de
este fuera equivalente al concepto de cabeza de familia fijado en el artículo 2° de
la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 232 de 20087.
cas nacionales han demostrado que existe una relación directa entre la discapacidad y la po-
breza: las barreras sociales y discriminación a causa de la discapacidad generan una mayor pro-
babilidad para estas familias de tener menores ingresos a la línea de pobreza y, además, de te-
ner que asumir mayores costos sin la posibilidad y libertad de perseguir actividades económicas
propias, acceder a educación y desarrollar un proyecto de vida autónomo.
6 En igual sentido, en sentencias Sentencia T-077 de 2020 y T-642 de 2017, la Corte Constitucio-
nal revisó casos en los que Colpensiones negó el reconocimiento pensional especial de vejez por
hijo en situación de discapacidad por no acreditar la calidad de cabeza de familia. En esas opor-
tunidades, determinó que se trataba no solo de un requisito no previsto expresamente por la ley,
sino también de una intromisión en la intimidad de los y las afiliadas, dictando cómo deben desa-
rrollar sus proyectos de vida en su vida personal y económica. También resaltó que la noción de
cabeza de familia era aplicada en virtud de la Circular Interna No. 8 de 2014 expedida por Col-
pensiones, sin que la entidad tuviese la facultad de crear nuevos requisitos legales para el reco-
nocimiento de esta prestación.
7 Ley 82 de 1993. Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer
cabeza de familia. “ARTÍCULO 2o. JEFATURA FEMENINA DE HOGAR. Para los efectos de la
presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social de los hogares, derivada de
los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han
producido en la estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las
mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y producción
social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas
y sectores de la sociedad civil. En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia,
quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva,
económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapa-
ces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, senso-
rial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00285-01 (4308-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
30. En ese contexto la Sala considera pertinente aclarar cuáles son actual-
mente los requisitos para acceder y disfrutar de manera continua la pensión es-
pecial de vejez contenida en el parágrafo 4° del artículo 33 del Sistema General
de Pensiones. A saber (i) tener un hijo (a) en situación de discapacidad calificada
que dependa económicamente de la o el progenitor afiliado y haber cotizado el
número mínimo de semanas que ordinariamente se exige para la pensión de ve-
jez. (ii) para que esta asignación continúe siendo reconocida y pagada, es nece-
sario que el hijo (a) en situación de discapacidad permanezca en ese estado y,
además, dependa económicamente.
31. En orden a lo anteriormente expuesto, se observa que (i) la señora López
superó con creces el requisito de semanas cotizadas, pues tenía acumuladas un
total de 1.5718. (ii) Frente a la situación de discapacidad de su hijo, en el expe-
diente se acreditó que fue diagnosticado desde el nacimiento con microcefalia,
(iii) que aportó el certificado de discapacidad No. 201593207EE del 13 de abril
de 2015 expedido por Colpensiones que da cuenta de una pérdida de capacidad
laboral del 80% con fecha de estructuración del 2 de octubre de 2007, (iv) según
el informe técnico de investigación de 2019 suministrado por la parte deman-
dante, se tiene que los gastos y necesidades del hijo de la demandada por con-
cepto de alimentación, terapia, transporte, medicamentos, pañales y vestuario
ascendían a $ 1.400.000.
32. Para la Sala es claro que, para el momento en que la señora López solicitó
el reconocimiento de la pensión especial de vejez, acreditaba los requisitos cons-
titutivos para acceder a la misma y, para el momento en que se presentó la de-
manda, también se constató que su hijo continuaba dependiendo económica-
mente de ella.
33. En ese contexto, la exigencia por parte de la entidad demandante de re-
quisitos no previstos en la ley, desconocen el proyecto de vida de la señora López
y, en consecuencia, el de su hijo en situación de discapacidad, quien es final-
mente la persona cuyo riesgo se busca cubrir a través de la asignación. Asumir
que la presencia de otra persona al interior del núcleo familiar que percibe un
ingreso económico equivale a garantizar las necesidades de quien se encuentra
en una situación de discapacidad no solo (i) invisibiliza las barreras estructurales
que de esta última se desprenden, sino que también (ii) desconoce la intimidad a
la que tienen derecho sobre su estado civil y (iii) condiciona las posibilidades
económicas de cada uno de los integrantes de la familia de la demandada.
los demás miembros del núcleo familiar. PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia
y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser
declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respec-
tivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo”.
8 Eventualmente, mediante la Resolución SUB No. 267850 del 11 de octubre de 2018, se constató
que la señora López cotizó un total de 1.589 semanas.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00285-01 (4308-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
34. Ahora, en lo referente al principio de sostenibilidad fiscal no constituye en
sí misma una causal de nulidad de los actos administrativos particulares y corres-
ponde a quien la alega demostrar de manera específica cómo la prestación reco-
nocida vulnera dicho parámetro, máxime cuando “la gran mayoría de pensiones
otorgadas en virtud de esta norma no superan un salario mínimo legal mensual
vigente”9.
35. De tal manera, la Sala considera que ninguna de las objeciones alegadas
por Colpensiones tiene la capacidad de viciar la legalidad de las Resoluciones
GNR 294740 del 24 de septiembre de 2015, GNR 55633 del 22 de febrero de
2016 y SUB No. 267850 del 11 de octubre de 2018. Por lo tanto, se procederá a
confirmar la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo
del Atlántico.
Condena en costas
36. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo ante-
rior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
37. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiesta-
mente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés pú-
blico; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
38. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trá-
mites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá con-
dena en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución
se regirán conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión con-
tenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
39. En este contexto, se condenará en costas a Colpensiones, en esta instan-
cia, toda vez que las peticiones del recurso de apelación fueron negadas de ma-
nera absoluta. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Adminis-
trativo del Atlántico.
9
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-269 del 18 de junio de 2025.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00285-01 (4308-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley.
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de agosto de 2022 dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las preten-
siones de la demanda presentada por Colpensiones en contra de la señora Li-
zette Milena López Pizarro. Lo anterior, con fundamento en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a Colpensiones, por cuanto se negaron de ma-
nera absoluta los cargos de inconformidad formulados en el recurso de apela-
ción. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlán-
tico, de conformidad con esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de ori-
gen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integri-
dad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.