Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2019-00329-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2019-00329-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 08001-23-33-000-2019-00329-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
16 de octubre de 2025
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00329-01 (27224)
Demandante: Omar de Jesús Zapata González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00329-01 (27224)
Demandante: Omar de Jesús Zapata González
Demandado: U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Temas: Aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social 2014.
Notificación de la liquidación oficial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia del 11 de junio de 2021, dictada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos1.
“1. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial No. RDO-2017-03221 del 14 de
septiembre de 2017, proferida por el Subdirector de Determinación de Obligaciones de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP y de la Resolución No. RDC 619 de 24 de octubre de
2018, emitida por el Director de Parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
únicamente en lo concerniente al monto que sirvió de base para la liquidación y la
sanción.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, la liquidación y sanción que corresponde al señor Omar de Jesús Zapata
González por no pagar oportunamente los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en pensión y salud en el año 2014, deberá establecerse sobre la base de la renta
líquida gravable ($33.077.000) relacionada en la declaración de renta de la vigencia
fiscal 2014, tal como se evidencia en la casilla de dicha declaración.
2. En el evento de habérsele dado cumplimiento a la obligación liquidada por la UGPP
en los actos demandados, la entidad demandada deberá devolver lo que el demandante
haya pagado en exceso. En caso contrario, deberá expedir una nueva liquidación que
contenga los criterios adoptados en la presente decisión.
3. Negar las demás pretensiones de la demanda.
4. Sin costas”.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la entidad demandada expidió la
Resolución RDO-2017-03221 del 14 de septiembre de 20172, en la que liquidó a
cargo del demandante la suma de $56.364.000 por aportes al Sistema de Seguridad
Social junto con la correspondiente sanción por omisión por valor de $112.728.000.
1
Samai CE índice 2, folios 1 a 17.
2
Samai CE índice 2, folios 34 a 56.
1
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Demandante: Omar de Jesús Zapata González
Contra esta resolución se interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto
mediante la Resolución RDC 619 del 24 de octubre de 20183, que modificó el acto
recurrido, determinando una obligación a cargo del demandante y a favor del
Sistema de la Seguridad Social por concepto de salud y pensión por valor de
$56.158.600, y sanción por omisión por valor de $112.317.200.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la parte demandante formuló mediante apoderado ante esta
jurisdicción las siguientes pretensiones4:
“PRETENSIÓN PRINCIPAL:
Se declare la nulidad total del siguiente acto administrativo:
1. Resolución No. RDO-2017-03221 del 14 de septiembre del 2017: "por medio de la
cual se profiere a Omar de Jesús Zapata Gonzales [sic], identificado con la cédula
de ciudadanía no. 72.157.767, liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o
vinculación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en el subsistema
de salud y pensiones, y se sanciona por omisión" cuyos periodos están
comprendidos entre enero a diciembre de 2014, determinando una presunta
obligación al sistema de la seguridad social por salud y pensión por un valor de
cincuenta y seis millones trescientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte.
($56.364.000) y sanción por la omisión, por un valor de ciento doce millones
setecientos veintiocho mil pesos m/cte. ($112.728.000).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
A. De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría, que, en
caso de no conceder la pretensión principal de nulidad total del acto administrativo
de liquidación oficial se realice un análisis detallado de cada uno de los cargos
imputados en la presente demanda, y si es del caso, proceda a realizar una
reliquidación en solo lo desfavorable a mi poderdante de la presunta deuda fijada
por la UGPP en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración,
declarando la nulidad parcial del siguiente acto:
1. Resolución No. RDC-2018-0619 del 24 de octubre del 2018: "Por medio de la
cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución
No. RDO-2017-03221 del 14 de septiembre del 2017” cuyos periodos están
comprendidos entre enero de 2014 a diciembre de 2014, determinando una
presunta obligación al sistema de la seguridad social por salud y pensión por
un valor de cincuenta y seis millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos
pesos m/cte. ($56.158.600) y sanción por la omisión, por un valor de ciento doce
millones trescientos diecisiete mil doscientos pesos m/cte. ($112.317.200).
2. De igual forma, señor juez, con el fin de evitar un perjuicio mayor a mi
poderdante al haber interpuesto esta demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, en el dado caso se obligue a realizar un pago a seguridad social.
Solicitamos cordialmente que se le exonere del pago de los intereses
moratorios del capital por deuda a la seguridad social, permitiéndole a mi
representando por medio de la sentencia, utilizar la correspondiente planilla tipo
J, la cual se utiliza para condenas de sentencia judicial.
SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
A. Sobre el daño emergente:
1. Que se reconozca por concepto de daño emergente el pago de los gastos
incurridos en la defensa jurídica ejercida por mi poderdante durante el proceso
3
Samai CE, índice 2, folios 100 a 143.
4
Samai CE, índice 2, folios 1 a 52.
2
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Demandante: Omar de Jesús Zapata González
de fiscalización de la UGPP y para interponer la presente demanda de nulidad
y restablecimiento. Los valores de los gastos incurridos son por un valor de siete
millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte.
($7.450.868), los cuales se prueban con los contratos de prestación de servicios
suscritos con el suscrito y que se allegan en el acápite de pruebas de la
presente demanda.
2. En el caso de una eventual declaración de nulidad total o parcial de los actos
atacados, solicitamos cordialmente, se ordene a la Unidad, la devolución de los
dineros pagados por concepto de pago de seguridad social del año fiscalizado,
respeto al capital, intereses moratorios y/o sanciones por omisión, inexactitud o
mora.
CONDENA EN COSTAS
Solicito que se condene en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, de
conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.”
Invocó como normas vulneradas los artículos 29, 48, 83 y 338 de la CP (Constitución
Política); 137 y 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo); 5 de la Ley 797 de 2003; 18 de la Ley 1122 de 2007; 135
de la Ley 1753 de 2015; 107, 617, 618, 730 nums. 3 y 4 del ET (Estatuto Tributario),
y los Decretos 510 de 2003 y 3085 de 2007, bajo el siguiente concepto de violación5:
1. Violación del principio de legalidad
La UGPP desconoció el principio de legalidad, en tanto no tiene potestad para
definir los elementos de las contribuciones a la seguridad social, dado que por su
naturaleza tributaria la potestad de establecer tales parámetros es exclusiva del
Congreso de la República. La norma que la demandada presenta como aplicable
para definir la base gravable no existía para el momento del periodo objeto de
fiscalización (año 2014). Para el año en mención regía el artículo 18 de la Ley 1122
de 2007 -posteriormente derogada por la Ley 1753 de 2015-, conforme al cual la base
de cotización de los independientes contratistas se fijó en un máximo del 40% de
sus ingresos, mientras que para los independientes por cuenta propia no se creó
una base determinable. Tal circunstancia creó una inseguridad jurídica que eximió
al demandante de la obligación de cotizar al sistema de la seguridad social por ese
año, ya que desconocía la base sobre la que debía cotizar para aplicar la tarifa.
Se entiende que solo podía aplicarse la base gravable para los independientes por
cuenta propia una vez fuera regulada por el Congreso de la República. Este vacío
legal solo fue colmado con la Ley 1753 de 2015; por tanto, para el año 2014 no
existía base gravable para los independientes por cuenta propia. En todo caso, si
existiera una obligación, se deberá cotizar sobre un salario mínimo, como lo
dispone el artículo 6 de la Ley 797 del 2003.
2. Falsa motivación por desconocimiento de la presunción de veracidad de
la declaración de renta
La demandada desconoció la presunción de legalidad que cobija a la declaración
tributaria del impuesto de renta del año 2014 del demandante, pues ignoró sin
justificación los costos y gastos incluidos en esta, con lo que violó el principio
constitucional de la presunción de la buena fe.
5
Ibidem.
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3. Falta de competencia de la UGPP para analizar los costos y gastos de la
declaración de renta – Potestad exclusiva de la DIAN
Aduce que no existe dentro del ordenamiento jurídico una ley que haya dado la
potestad directa a la UGPP para analizar el costo y gasto de los contribuyentes,
pues esta es exclusiva de la DIAN. Por lo tanto, la UGPP no puede analizar ni
rechazar los costos de la declaración de renta del año 2014, ya que carece de
competencia para hacerlo, de lo cual se deriva la nulidad de los actos demandados.
4. Configuración del silencio administrativo positivo
Se configuró el silencio administrativo positivo, en tanto la UGPP tenía un término
de seis meses para emitir y notificar la liquidación oficial, contados desde el
momento en que se radicó la respuesta al requerimiento para declarar o corregir,
según el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014. En este caso, dicha respuesta se
radicó el 7 de abril de 2017, por lo que la demandada debió haber notificado la
liquidación oficial a más tardar el día 7 de octubre de 2017; sin embargo, la
notificación solo se llevó a cabo el día 26 de octubre de 2017, momento para el cual
ya había transcurrido el término legal.
Por otra parte, según lo ha reconocido la jurisprudencia, no basta con que se expida
el acto dentro del término indicado en la ley, sino que para que esta pueda tener
validez debe haberse notificado al obligado, según se desprende del numeral 2 del
artículo 730 ET.
5. Violación al debido proceso por falta de notificación por otros medios
Alegó una vulneración al debido proceso por la indebida notificación del
requerimiento de información, del requerimiento para declarar y/o corregir y de la
liquidación oficial, pues el demandante no tuvo oportunidad de notificarse
personalmente de estos actos, en la medida que las comunicaciones enviadas a la
dirección del RUT fueron devueltas y, en consecuencia, notificadas por aviso. Por
efecto de lo anterior, el demandante no tuvo conocimiento de la existencia del
proceso de fiscalización en su contra. La situación descrita constituye razón
suficiente para que la UGPP tuviese la obligación de comunicar la existencia del
proceso de fiscalización al demandante por otros medios legalmente válidos (vía
telefónica o por correo electrónico) antes de intentar una comunicación por aviso.
6. Indebida notificación directa por error en la dirección
La entidad demandada notificó erróneamente los actos previos y la notificación
oficial demandada, por cuanto no tomó de manera correcta la dirección del RUT,
que corresponde a la Carrera 53 68 180 LC 22, mientras que la UGPP notificó a la
Carrera 53 68 180 LC 23, vulnerando de esta manera el principio de publicidad de
los actos administrativos.
7. Improcedencia del rechazo de costos y gastos certificados por contador
La UGPP aplicó arbitrariamente una presunción sobre los ingresos del
demandante, ya que en la resolución que resuelve el recurso de reconsideración
realizó un prorrateo en los doce meses del año de sus ingresos brutos. Así mismo,
rechazó la certificación del contador presentada que explica cómo fueron obtenidos
sus ingresos y gastos, incluyendo el cálculo del monto a pagar y las
correspondientes sanciones sobre esa misma presunción. Tal comportamiento
desconoce que los aportes a la seguridad social no deben determinarse sobre
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presunciones sino sobre lo efectivamente percibido, según lo dispuesto en la Ley
797 de 2003.
Con este proceder, la administración violó también el principio de igualdad.
Téngase en cuenta que, en otros casos, ha aceptado la prueba de los ingresos
certificados por contador público, mientras que en este caso rechazó esta prueba
de la realidad económica del demandante.
8. Falsa motivación por estimación errónea del IBC del mes de enero de 2014
Los actos adolecen de falsa motivación, en la medida en que la UGPP tuvo en
cuenta el salario mínimo del año 2014 para el cálculo del IBC del mes de enero de
2014. Con tal decisión desconoció que lo procedente era calcularlo con el salario
mínimo del año anterior en virtud del artículo 1.º del Decreto 3085 de 2007 y de la
Resolución MinSalud 2388 de 2016. Se violó también el principio de igualdad, ya
que en otros procesos sí tuvo en cuenta lo que indican estas normas y en otros no,
como es el caso del demandante.
9. Falsa motivación por inaplicación de la norma más favorable en la
liquidación de la sanción
Hay falsa motivación en la estimación de la sanción por omisión impuesta en los
actos demandados. Considera el demandante que la UGPP debía aplicar la norma
vigente para el momento de su notificación, que era el artículo 314 de la Ley 1819
de 2016 y no el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012.
La primera de las leyes citadas establecía que el monto de la sanción a quien ya
se le hubiese notificado requerimiento para declarar o corregir no podía exceder el
100% del aporte a cargo. A su turno, si existía un requerimiento para declarar o
corregir posterior a la publicación de la ley, debía aplicarse por favorabilidad lo
mencionado en el artículo 314 de la misma. La UGPP estimó la sanción por un valor
de $103.146.120 en el requerimiento para declarar o corregir RCD-2016-02427,
cuando el monto por aporte ascendía a $56.364.000, por lo que la sanción no podía
superar esta última cifra.
Sostuvo el demandante que este trato desconoce el principio de igualdad, ya que
la UGPP reconoció en otros casos la aplicación del principio de favorabilidad de las
sanciones. El valor porcentual para liquidar la sanción se modificó por la Ley 1819
de 2016 (del 6 % al 5 %), por lo que la sanción procedente era equivalente al 5%.
10. Falta de proporcionalidad de la base de cotización. Aplicación del
principio de favorabilidad
No cabe concluir que la base de cotización para los independientes por cuenta
propia se debe calcular sobre el 100% de sus ingresos netos, a diferencia de lo que
ocurre con los contratistas, pues esa interpretación va en contravía de los principios
de igualdad, favorabilidad e irretroactividad tributaria, que han sido reconocidos en
la jurisprudencia. Si la UGPP determinó fiscalizar a los independientes, al menos
debió aplicar el principio de favorabilidad y calcular los aportes sobre la base de los
independientes por cuenta propia, equivalente al 40% de sus ingresos, con base
en lo dispuesto en la Ley 1753 de 2017.
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Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda6, con base en lo
siguiente:
1. Principio de legalidad
Para la UGPP, la entidad está habilitada por la ley para verificar la existencia o no
de hechos generadores y validar la obligación de pago de los aportes al sistema de
la protección social en cabeza de los obligados a contribuir al sistema.
No es cierto que los trabajadores independientes y rentistas de capital carecían para
el año 2014 de base gravable para liquidar sus aportes al sistema de seguridad
social, pues esto había sido definido por los artículos 15 del Decreto 3063 de 1989,
16 del Decreto 1406 de 1999, y 15 y 157 de la Ley 100 de 1993. Además, los
rentistas de capital habían sido reconocidos como sujetos aportantes al sistema de
seguridad social por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Si un trabajador
independiente (expresión que incluye a todas las personas económicamente
activas) tiene capacidad de pago, debe afiliarse y realizar aportes conforme a lo
dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011. No puede sostenerse que en el
año 2014 los rentistas de capital no podían realizar aportes porque no se había
reglamentado la base de cotización o un sistema de presunción de ingresos, pues
ello supondría desconocer tanto las normas citadas como la jurisprudencia
constitucional que así lo dispusieron.
2. Sobre la presunción de legalidad de la declaración de renta
Para la UGPP, no se puede afirmar que no se quiso tener en cuenta las erogaciones
consignadas en la declaración de renta por error, pues esa actuación corresponde
a un mandato del legislador. Si no se validó la deducción de ningún valor en las
condiciones esperadas por el demandante, fue porque este guardó silencio ante el
requerimiento que le hiciera la UGPP, y no allegó oportunamente los soportes que
demostraban las erogaciones en que había incurrido para desplegar su actividad
productora de renta. Tal falta de acción probatoria, a juicio de la demandada, se
evidenció en las diferentes etapas del proceso de fiscalización.
Si el demandante contaba con capacidad de pago, tenía el deber de afiliarse y
realizar aportes al sistema de seguridad social. Aún si no existiera una norma
específica que dispusiera la base de cotización de los trabajadores independientes
que fungieron como rentistas de capital debía afiliarse y pagar el aporte, porque
pudo indicar su base de cotización bajo el marco general previsto por el legislador.
Incluso, si hubiera querido, pudo declarar que ganaba un salario mínimo y pagar
sobre esa base, lo que tampoco hizo, en detrimento de la sostenibilidad del sistema
de seguridad social.
3. Competencia de la UGPP para analizar los costos y gastos de la
declaración de renta
El IBC aplicable a los independientes corresponde a los ingresos percibidos, de los
que se pueden deducir las expensas necesarias que cumplan con los requisitos de
los artículos 107, 617, 618 y 771-2 del ET, que el demandante no acreditó. La UGPP
consideró como ciertos los hechos relacionados con los ingresos del aportante. Sin
embargo, no era posible tener en cuenta los costos y deducciones para determinar
los ingresos efectivamente percibidos. Para ello, a juicio del demandado, era
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Samai Tribunal, índice 21.
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indispensable confirmar que estos cumplían con los requisitos del artículo 107 del
ET, carga probatoria que recaía sobre el demandante, y que este no observó.
La UGPP hace una valoración de las pruebas allegadas frente a la procedencia de
costos y gastos, únicamente en virtud de las facultades exclusivas que en materia
de aportes parafiscales le fueron conferidas por el legislador. Por tanto, no es
posible decir que la única entidad que puede hacer esta clase de valoración es la
DIAN.
4. Silencio administrativo positivo
No se configuró un silencio administrativo positivo, en tanto la liquidación oficial se
emitió dentro de la oportunidad señalada en la ley. El término de seis meses que
tenía la administración para proferir la liquidación oficial corrió desde el 25 de abril
de 2017 al 25 de octubre de 2017. En este caso, el acto se profirió el día 14 de
septiembre de 2017 (Resolución nro. 2017-03221), notificado por aviso el 25 de
octubre del 2017.
En todo caso, el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 no contempla que la
notificación deba realizarse dentro de los seis meses siguientes a la respuesta al
requerimiento, pues la norma es clara al indicar que el término solamente es para
la expedición del acto. No se configura silencio administrativo positivo, ya que esta
figura solo se predica de la falta de respuesta por parte de la administración
tributaria dentro del año siguiente a la presentación del recurso de reconsideración,
lo cual tampoco ocurrió en este proceso.
5. Violación al debido proceso por irregularidades en la notificación
No se presentó ninguna irregularidad en la notificación, comoquiera que las
notificaciones realizadas por la demandada fueron correctamente enviadas a la
dirección informada por el aportante en el RUT. Según las guías de correo, la
dirección informada en el RUT del demandante era la CR 53 68 180 LC 23 de
Barranquilla, a la que se envió el requerimiento de información, el requerimiento
para declarar o corregir y la liquidación oficial. Estos envíos fueron devueltos, por
lo que se procedió a la notificación por aviso. No había lugar a exigir que la
administración tratara de comunicarle por todos los medios a su alcance al
demandante, por cuanto la UGPP realizó todo el procedimiento de notificación en
cumplimiento de las normas establecidas en el Estatuto Tributario.
6. Procedencia del rechazo de costos y gastos certificados por contador
Las certificaciones contables aportadas por el demandante no cumplían con los
requisitos formales exigidos, por lo que su desestimación es procedente. Por tanto,
no había lugar a reconocer los costos y gastos incluidos en la declaración de renta.
En todo caso, en el archivo de Excel que acompaña la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración, y que forma parte integral del mismo, se reconocieron
costos por la suma de $60.499.642. Se rechazaron los demás declarados por no
cumplir con los requisitos exigidos para su aceptación.
Era totalmente procedente mensualizar los ingresos de la declaración de renta,
según el artículo 35 del Decreto 1406 de 1999, ya que los trabajadores
independientes tienen el deber de cotizar por periodos mensuales. Por esta razón,
ante la falta de respuesta por parte del demandante respecto a la forma en que sus
ingresos se presentaron durante el proceso de fiscalización, la UGPP tomó la
decisión de mensualizarlos, no a partir de una presunción, sino a partir de un
expreso mandato legal.
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Demandante: Omar de Jesús Zapata González
7. Estimación del IBC del mes de enero de 2014
No existió error al estimar la base de cálculo del aporte correspondiente al mes de
enero de 2014, pues según el artículo 1.º del Decreto 3085 de 2007, cuando el
trabajador independiente no presente su declaración anual de ingresos base de
cotización, se presumirá que el ingreso base de cotización es igual a aquel definido
para el periodo anual anterior. Por esta razón, la demandada procedió al recálculo
del IBC, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente del año 2013,
lo que llevó a disminuir el ajuste determinado en el acto oficial en $205.400.
8. Aplicación del principio de favorabilidad en la estimación de la sanción
No se vulneró el principio de favorabilidad en la estimación de la sanción por omisión
al tasarse esta en el 10% y no en el 5%, ya que el demandante no respondió el
requerimiento para declarar y/o corregir a pesar de haberse notificado en debida
forma y no allegó prueba del pago de aportes. A juicio de la UGPP, tal circunstancia
hacía procedente incrementar la sanción al 10%, conforme al mandato legal.
9. Estimación de la base de cotización
Por ser las contribuciones parafiscales tributos de causación inmediata, no era
posible aplicar el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 de manera retroactiva. En
consecuencia, la determinación del IBC de los trabajadores independientes debía
hacerse de conformidad con el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 6 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 510
de 2003.
Sentencia apelada
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con base en lo
siguiente7:
1. Silencio administrativo positivo
Explicó que no se configuró silencio administrativo positivo, pues la UGPP profirió
la liquidación Oficial RDO-2017-03221 el 14 de septiembre de 2017, que fue
notificada por aviso el 25 de octubre de 2017, por Io que concluyó que se expidió y
notificó dentro del término contemplado en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012.
2. Notificación de los actos administrativos
Afirmó que no existió una indebida notificación de los requerimientos de información,
para declarar o corregir ni de la liquidación oficial ya que, según consta en el
expediente, la UGPP le notificó al demandante los actos proferidos dentro del
proceso administrativo, quien tuvo la oportunidad de contestar el requerimiento para
declarar e interponer el recurso de reconsideración procedente.
3. Liquidación del IBC del mes de enero de 2014
La UGPP efectuó el cálculo del IBC de enero de 2014 teniendo en cuenta el salario
mínimo legal de 2013, ya que no obra prueba en el expediente que acredite que el
demandante presentó una declaración en los términos del artículo 1.º del Decreto
3085 de 2007. Por tanto, era procedente que realizara el cálculo del IBC del mes de
enero de 2014 de esa manera.
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Samai Tribunal, índice 9.
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Demandante: Omar de Jesús Zapata González
4. Estimación de la sanción
Se evidenció que para proferir el Requerimiento para Declarar y/o Corregir RCD
2016-02427 del 6 de diciembre de 2016, la UGPP tuvo como fundamento el artículo
179 de la Ley 1607 de 2012. Sin embargo, al momento de expedir la liquidación
oficial, la demandada liquidó la sanción en los términos del artículo 314 de la Ley
1819 de 2016, con lo cual se ajustó a las normas aplicables. No se configuró una
violación al principio de favorabilidad, pues el artículo 135 de la Ley 1753 del 2015
entró en vigor el 9 de junio de 2015 y, en virtud del principio de irretroactividad de la
ley, esta disposición no le era aplicable al demandante por corresponder a hechos
que ocurrieron antes de su expedición.
5. Estimación de la base de cotización
Con todo, la UGPP erró al tomar como base para determinar el monto de las
cotizaciones únicamente los ingresos brutos, sin tener en cuenta los costos o gastos
que también se relacionaron en la declaración de renta. No hay lugar a presumir
que los ingresos brutos obtenidos son los relacionados en la respectiva declaración,
pero se le exija al demandante que acredite efectivamente los costos o deducciones
declarados en el mismo documento, cuando el análisis frente a estos rubros tiene
que ser integral. Por lo tanto, declaró la nulidad parcial de los actos por medio de
los cuales la UGPP liquidó y sancionó al demandante por no pagar oportunamente
aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensión y salud en el año 2014.
A título de restablecimiento del derecho, el Tribunal ordenó recalcular la liquidación
y la sanción que corresponden al demandante por no pagar oportunamente los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensión y salud en el año 2014.
Para tal fin, se ordena tomar la base de la renta líquida gravable relacionada en la
declaración de renta de la vigencia fiscal 2014.
Recursos de apelación
De la parte demandante
1. Estimación de la base de cotización
La parte demandante8 apeló la decisión del Tribunal. Consideró que no se podía
aplicar la base gravable que utilizó la UGPP para determinar las obligaciones al
Sistema de Protección Social, ya que el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 estableció
que los trabajadores independientes cotizan sobre los ingresos que declaren ante
la entidad a la cual se afilien, situación que no sucedió en este caso, ya que no
existió afiliación del demandante a ninguna entidad. Por lo anterior, solicitó
determinar si para el periodo en discusión existía o no base gravable para la
cotización de los aportes al Sistema de Protección Social.
Advirtió que la información sobre los costos y gastos se encontraba en la
declaración de renta del año 2014, por lo que la UGPP no debió aplicar una
presunción de ingresos sin tener en cuenta los demás rubros declarados, en la
medida que la valoración de esa prueba debió ser integral. En todo caso, la entidad
carecía de competencia para determinar los aportes al Sistema de Protección Social
y no debió presumir los ingresos, considerando que no existía la reglamentación del
gobierno nacional sobre el tema. Esto generó la vulneración del principio de
legalidad. Además, la presunción de ingresos de la UGPP se mantuvo a pesar de
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Samai CE, índice 2.
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que el demandante explicó sus ingresos con base en una certificación de contador
público.
2. Notificación de los actos administrativos
Insistió en que la liquidación oficial le fue notificada por fuera del término de seis
meses que establece la ley, por lo que operó la causal de nulidad establecida en el
numeral 3° del artículo 730 del ET. Igualmente, sostuvo que ante la devolución de
las comunicaciones enviadas, la administración debió intentar comunicarse con él
por cualquier otro medio, con el fin de garantizarle la posibilidad de notificarse
personalmente de los actos de fiscalización.
3. Liquidación del IBC del mes de enero de 2014
Insistió en que la UGPP cometió un error al calcular el IBC del mes de enero, ya
que tuvo en cuenta el valor de $15.400.000, esto es teniendo en cuenta el salario
mínimo del año 2014, cuando correspondía tomar el del año anterior. Por último,
reiteró que debía aplicarse el principio de favorabilidad en el cálculo del aporte, por
lo cual era aplicable el límite del 40% del IBC establecido en la Ley 1753 del 2015.
De la parte demandada
1. Principio de legalidad
La parte demandada apeló el fallo9, al considerar que los actos demandados se
motivaron en debida forma y con base en la normativa aplicable al caso concreto,
y no se vulneró el principio de legalidad porque es deber del aportante contribuir
con las cargas públicas.
Indicó que el demandante acreditó sus ingresos en el periodo 2014 mediante la
declaración de renta, por lo que tenía el deber de afiliarse y pagar los aportes al
Sistema de Seguridad Social como trabajador independiente, de acuerdo con lo
regulado en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
2. Estimación de la base de cotización
El desconocimiento de los costos y gastos tuvo sustento en la falta de pruebas y el
incumplimiento con la carga probatoria de acreditar los criterios de deducibilidad
establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. El demandante allegó
soportes de costos por valor de $277.491.231, de los cuales fueron rechazados
$216.991.589 por corresponder a documentos soporte duplicados, ilegibles, que no
corresponden al periodo fiscalizado, o que no cumplían con los requisitos
establecidos en los artículos 107 y 771 del ET. En cambio, la UGPP reconoció
algunos costos por valor de $60.499.642.
La UGPP tiene plenas facultades para determinar las contribuciones parafiscales
de la Protección Social. Así, la valoración de la procedencia de costos y gastos lo
hace en virtud de las facultades otorgadas por el legislador. Por otro lado, sostuvo
que debe mantenerse el prorrateo del ingreso realizado por la entidad en los doce
meses del año 2014, y el IBC depurado por valor de $14.738.000 para el mes de
enero y $15.400.000 para los demás periodos.
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Pronunciamientos finales
El ministerio público consideró que la sentencia de primera instancia debía ser
revocada. En primer lugar, estimó que es claro que los trabajadores independientes
y rentistas de capital sí están obligados a cotizar e, incluso, se estableció una
presunción de capacidad de pago para las personas naturales que declaren
impuestos de renta, IVA e industria y comercio, estando obligados a afiliarse al
régimen contributivo. De otro lado, en el artículo 6 de la Ley 797 de 2003 se
estableció la base de cotización de los trabajadores independientes.
No le asiste razón al demandante al sostener que la liquidación oficial se notificó por
fuera del término legal, en tanto el requerimiento para declarar o corregir del 6 de
diciembre de 2016 fue notificado por aviso fijado del 16 al 20 de enero de 2017, y
se publicó en el portal web y en la cartelera de la UGPP, por lo que el demandante
tenía del 24 de enero al 24 de abril de 2017 para responderlo, y presentó su
respuesta el 7 de abril de 2017. El término de seis meses para proferir y notificar la
Liquidación Oficial corría del 25 de abril al 25 de octubre de 2017, siendo proferida
el 14 de septiembre de 2017 y notificada por aviso el 25 de octubre de 2017, dentro
del término legal. No hubo una notificación indebida, ya que ante la devolución de
la notificación, era procedente la notificación por aviso.
No se encuentra error en el Tribunal respecto del cargo de la liquidación del IBC
correspondiente al mes de enero de 2014, en tanto no hay prueba de la
presentación de la declaración anual del IBC, por lo que la entidad podía presumir
que el IBC era igual a aquel definido para el periodo anual anterior; esto es, efectuar
el cálculo del IBC de enero de 2014, con el salario mínimo legal de 2013.
Finalmente, consideró que si bien en virtud del artículo 746 del ET los hechos
consignados en las declaraciones tributarias se consideran ciertos, la jurisprudencia
ha establecido que ello no impide que la autoridad exija prueba de lo consignado en
la misma, y realice una verificación. Para el caso, le correspondía al actor aportar
los documentos necesarios para demostrar la veracidad de los costos y
deducciones con los que pretendía justificar los ingresos del IBC, para la realización
de los aportes a salud y pensión.
La UGPP goza de competencia para adelantar las investigaciones que tengan como
fin determinar la existencia de los hechos que dan lugar a obligaciones frente a las
contribuciones de la protección social, por lo que podía analizar los costos y las
deducciones consignadas en la declaración de renta y exigir su prueba en
cumplimiento del artículo 107 del ET para la determinación de los aportes a salud y
pensión. Si el demandante no logró cumplir con la carga probatoria, era procedente
que la entidad no tuviera en cuenta las sumas consignadas como costos y gastos
en la declaración de renta, para efectos de estimar la base de los aportes a la
seguridad social.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problemas jurídicos
(i) ¿La liquidación oficial proferida por la entidad demandada fue notificada
dentro del término indicado en la ley? En caso afirmativo, también deberá la
Sala estudiar si:
(ii) ¿Existía el deber de cotizar aportes al Sistema de Protección Social a cargo
de los independientes por el año 2014?
(iii) ¿La administración debió tener en cuenta los costos y gastos incluidos en la
declaración de renta para efectos de calcular los aportes a la seguridad social
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correspondientes a los meses de enero a diciembre del año 2014, a cargo
del demandante?
La Sala no se ocupará de examinar las conclusiones del a quo relativas a la
aplicación del principio de favorabilidad en la estimación de la sanción por omisión
impuesta en los actos demandados, comoquiera que este punto no fue
expresamente objetado por el demandante en su recurso de apelación.
Tampoco habrá de pronunciarse sobre la determinación del IBC del mes de enero
de 2014 conforme al salario mínimo de 2013, en tanto ese asunto fue decidido a
favor del demandante en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, y
por el Tribunal en la sentencia apelada.
Análisis del caso concreto
1. Notificación del requerimiento para declarar y/o corregir. Dirección de
notificación. Prospera el cargo formulado por el apelante
Los artículos 563 y 565 del ET10 prevén que las actuaciones de las autoridades de
impuestos deben ser notificadas en forma electrónica, personal o por correo. Esta
última se surte «mediante la entrega de una copia del acto correspondiente en la dirección de
notificaciones del contribuyente». La dirección es «la informada en el RUT». Lo anterior
supone que la notificación debe surtirse en primer término en la dirección exacta
registrada por el contribuyente en el RUT.
En el presente asunto, para revisar la correcta aplicación de estas disposiciones
consta en el expediente que la dirección registrada por el demandante en el RUT
era la “Carrera 53 68 180 LC 22 11”. Esta dirección no corresponde a la utilizada
por la UGPP para la notificación (“Carrera 53 68 180 LC 23”)12, según se deriva de
lo afirmado por la propia demandada, por lo que no se observó el mandato legal de
notificar en la dirección correcta.
Ahora bien, la legislación contempla que en caso de devolución de notificaciones
por correo cuando el envío se hizo a una dirección errada, surge la obligación de
corregir el error por parte de la administración, para lograr la notificación en la
dirección correcta:
“Artículo 567. Corrección de actuaciones enviadas a dirección errada. Cuando la
liquidación de impuestos se hubiere enviado a una dirección distinta de la registrada o
de la posteriormente informada por el contribuyente habrá lugar a corregir el error en
cualquier tiempo enviándola a la dirección correcta.
En este último caso, los términos legales sólo comenzarán a correr a partir de la
notificación hecha en debida forma.
La misma regla se aplicará en lo relativo al envío de citaciones, requerimientos y otros
comunicados.”
(Subraya y negrilla fuera del texto original)
De acuerdo con la norma citada y la jurisprudencia sobre esta materia 13, en este
caso, la notificación del requerimiento para declarar o corregir es irregular porque
no se remitió a la dirección exacta señalada en el RUT. Así, como la UGPP intentó
10
Aplicables a los procedimientos de liquidación oficial a cargo de la demandada por remisión expresa del artículo 156 de la
Ley 1151 de 2007.
11
Folio 29, c.p. 1.
12
Cfr. Guía de notificación a folio 14 de la copia electrónica del Requerimiento para Declarar o Corregir contenido en el CD
que obra a folio 244, c.p.2.
13
Cfr. Sentencia del 26 de junio de 2024, exp. 28117, M.P. Wilson Ramos Girón. Ver también sentencias del 18 de octubre
de 2018, exp. 22099, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 15 de octubre de 2020 y del 18 de marzo de 2021, exps. 24761
y 22795, M.P. Julio Roberto Piza; y del 20 de junio de 2024, exp. 28196, M.P. Wilson Ramos Girón.
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la notificación a una dirección errónea, no se encontraba habilitada para acudir a la
notificación por aviso.
Es un hecho no debatido que la notificación por aviso se realizó entre el lunes 16 de
enero de 2017 y el día viernes 20 del mismo mes, como consta en los antecedentes
administrativos, por lo que el término para responder el requerimiento iniciaba al día
hábil siguiente; esto es el día lunes 23 de enero de 201714. No obstante, como se
expuso arriba, tal notificación fue irregular, al valerse de la notificación supletoria
por aviso cuando el mecanismo de notificación principal adolece de vicios. En
efecto, como la notificación por correo se tuvo como fallida por una causa imputable
a la UGPP – envío a una dirección diferente a la informada en el RUT-, la demandada no
estaba autorizada para notificar por aviso el requerimiento mencionado. Como la
UGPP contaba con una dirección de notificación informada en el RUT, debió
reintentar la notificación personal que constituye el mecanismo de notificación
principal.
2. Verificación de la dirección para notificar. Notificación por aviso de las diferentes
piezas procesales.
Advierte la demandante que, en el presente asunto, no le era dable a la UGPP
notificar las diferentes piezas procesales con el mecanismo supletorio del aviso. Lo
anterior atendiendo lo dispuesto en el artículo 568 del ET que dispone:
“ARTICULO 568. NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO. Los actos
administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, serán
notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto
administrativo, en el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por
número identificación personal y, en todo caso, en un lugar de acceso al público de la
misma entidad. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la
administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente,
el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la
publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la
informada en el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del
término legal.” (Se subraya)
Así, como en este caso, la devolución se originó en el hecho de que no se remitió a
la dirección informada por el demandante en el RUT, no le era dado a la UGPP
proceder de manera automática a la notificación por aviso de ninguna de las piezas
procesales. El asunto cobra especial relevancia en el caso de la liquidación oficial
porque, como se analiza a continuación, al recurrir la notificación por aviso de
manera improcedente, derivó en que el acto fue expedido por funcionario carente
de competencia, como consecuencia de la notificación extemporánea.
Notificación de la liquidación oficial
El artículo 50 de la Ley 1739 de 2014, que modificó el artículo 180 de la Ley 1607
de 2012, expresamente señala:
“Artículo 180. Procedimiento aplicable a la determinación oficial de las contribuciones parafiscales de
la protección social y a la imposición de sanciones por la UGPP. Previo a la expedición de la
Liquidación Oficial o la Resolución Sanción, la UGPP enviará un Requerimiento para Declarar o
Corregir o un Pliego de Cargos, los cuales deberán ser respondidos por el aportante dentro de los tres
(3) meses siguientes a su notificación. Si el aportante no admite la propuesta efectuada en el
Requerimiento para Declarar o Corregir o en el Pliego de Cargos, la UGPP procederá a proferir la
respectiva Liquidación Oficial o la Resolución Sanción, dentro de los seis (6) meses siguientes, si
hay mérito para ello.” (Se resalta)
Conforme esta norma, la administración debe expedir la liquidación oficial dentro de
14
Archivo pdf contenido en el CD a folio 245 del cuaderno principal, y nro. 47 en Samai.
13
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los seis meses siguientes al vencimiento del término para la presentación de la
respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir. Para la Sala, la liquidación
oficial debe emitirse en el término legal, una vez transcurrido en su totalidad el
término para que el administrado responda el requerimiento, en aras de preservar
el derecho de réplica de este, así como la integridad de los términos con que cuenta
la administración para emitir los actos liquidatorios.
Ahora bien, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, cuando las normas señalan que un acto debe ser proferido dentro de un
término debe entenderse que debe ser emitido y notificado dentro de este15. Por
tanto, no le asiste la razón al Tribunal cuando afirma la oportunidad del acto,
considerando exclusivamente la fecha de emisión de este.
En el caso en análisis está establecido –y no es tema de debate- que el
requerimiento declarar y/o corregir fue notificado –aunque de manera irregular-
mediante el día 20 de enero de 2017. Si bien el aportante dio respuesta al
requerimiento el 7 de abril de 2017, el término de 6 meses concedido a la autoridad
para emitir y notificar la liquidación oficial inició una vez transcurrido el término
para responder el requerimiento para declarar y/o corregir16; esto es, el término para
responder el requerimiento de 3 meses, corrió entre el 23 de enero de 2017 y el 23
de abril del mismo año, y el término de 6 meses para proferir y notificar el acto
liquidatorio entre el 24 de abril de 2017 y el 24 de octubre del mismo año. Como la
Liquidación Oficial se notificó el 25 de octubre de 2017, la UGPP carecía de
competencia temporal para expedir el acto.
Frente al argumento de la demandada de que el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012
solo exige la expedición del acto, y no su notificación dentro del plazo indicado, se
reitera que el vocablo proferir que emplea esta última disposición debe entenderse
que incluye la notificación del acto17.
Así, concurren varios vicios en la actuación demandada, todos los cuales son
suficientes para derivar en la nulidad del acto. De un lado, se utilizó indebidamente
la notificación supletoria por aviso y, por otro lado, el acto fue proferido (emitido y
notificado) por fuera del término fijado en la Ley, derivando en la carencia de
competencia temporal para expedir el acto, y con ello, en la causal de nulidad
señalada en el numeral 1 del artículo 730 del ET.
Por las consideraciones precedentes, y al prosperar el anterior cargo de apelación
de la parte demandante, la Sala anulará los actos demandados, y estima
innecesario examinar los demás cargos de la apelación planteados.
Costas
Acorde con el criterio acogido por la Sala mayoritaria18 al momento de expedir esta
decisión, procede la condena en costas –agencias en derecho- en ambas instancias a
cargo de la parte vencida en razón a la prosperidad del recurso de apelación,
conforme lo establece el artículo 365 del CGP. Para tal efecto se liquidarán de
acuerdo con su causación, comprobación y razonabilidad en los términos del
numeral 3 del artículo 366 ib.
15
Sentencias C-1114 del 25 de noviembre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; sentencias del 7 de septiembre de 2023,
exp. 27076, M.P. Milton Chaves García, y del 8 de febrero de 2024, exp. 27904, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16
Sentencia del 3 de octubre de 2024, exp. 27952, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
17
Sentencia del 8 de febrero de 2024, exp. 27904, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
18
Sentencia del 23 de septiembre de 2025, (exp. 28292, CP. Wilson Ramos Girón).
14
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Las agencias en derecho se fijan en aplicación del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016
a favor de la demandante en un (1) SMLMV para cada instancia. Por tanto, la
liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada, en su lugar:
“1. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial No. RDO-2017-03221 del 14 de
septiembre de 2017, proferida por el Subdirector de Determinación de Obligaciones
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP y de la Resolución No. RDC 619 de 24
de octubre de 2018, emitida por el Director de Parafiscales de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP.
2. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, declarar que la parte demandante no se encuentra obligada al pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social correspondientes al año 2014 liquidados en
los actos demandados.”
2. Condenar en costas en ambas instancias a la entidad demandada, conforme lo
señalado en la parte considerativa de esta providencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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