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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00344-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00344-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO.- CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida el 2 de febrero de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por el señor David Emilio Turbay Burgos en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- ADICIONAR un numeral a la sentencia proferida el 2 de febrero de 2024, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, dictada en el proceso del epígrafe, en los siguientes términos: «SÉPTIMO: ORDENAR a la UGPP descontar, de las sumas generadas a favor del pensionado, aquellas que sean necesarias para sufragar los aportes sobre los factores que se ordenan incluir en la liquidación pensional en caso de que estos no se hubieren realizado. Esto en el porcentaje que le correspondía como empleado. Igualmente deberá adelantar las actuaciones administrativas en contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a efectos de obtener, en caso de que no se hayan realizado, los pagos en aportes que correspondan sobre los factores que se ordenan incluir en la pensión en el porcentaje que le corresponda como empleador. TERCERO.- SIN CONDENA en costas de segunda instancia de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. 22 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 08001-23-33-000-2019-00344-02 (1983-2024) Demandante: David Emilio Turbay Burgos CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00344-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00344-02 (1983-2024)
Demandante: David Emilio Turbay Burgos
Demandado: Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP-
Tema: Reliquidación pensional. Régimen pensional de la Rama
Judicial. Decreto 546 de 1971. Estatus pensional antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Personero
Municipal. Naturaleza del cargo.
Decisión: Confirma parcialmente la decisión que accede a las
pretensiones. Sin condena en costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la
sentencia del 2 de febrero de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Atlántico1 Sección B, accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2
2. El señor David Emilio Turbay Burgos, actuando por conducto de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con el fin de que se
acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

2.1.1. Pretensiones
• Declarar la nulidad de la Resolución RDP 0047679 de 19 de diciembre de
2018 por medio de la cual la UGPP le negó su solicitud de reliquidación de
la pensión de jubilación.

1 Con ponencia del magistrado Luis Eduardo Cerra Jiménez.
2 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia. Opción: «Visualizar expediente». Archivo
«10_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEDIGITALP.pdf ».

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00344-02 (1983-2024)
Demandante: David Emilio Turbay Burgos

• Declarar la nulidad de la Resolución RDP 07448 de 6 de marzo de 2019
por medio de la cual, al resolver el recurso de apelación, se confirmó la
anterior decisión.

3. Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación con aplicación del Decreto 546
de 1971 teniendo en cuenta la asignación más elevada devengada en el último año
de servicios, comprendido entre el 1.° de enero y el 30 de diciembre de 1990, con
inclusión del sueldo básico, los gastos de representación, y las doceavas partes de
las primas de servicios, de navidad, de vacaciones y la bonificación por servicios,
con aplicación del 75% para obtener el cálculo del monto pensional , con efectividad
desde el 1.° de enero de 1991 y los reajustes de las Leyes 71 de 1989 y 100 de
1993.

4. Igualmente solicitó que se condene a la entidad demandada al pago de las
diferencias adeudadas debidamente actualizadas de acuerdo con el IPC sobre las
diferencias dejadas de reconocer desde el 1.° de enero de 1991 y hasta cuando se
pague su totalidad, que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 187, 192 y 195 del CPACA y que se condene en costas y agencias en
derecho a la entidad demandada.

2.1.2. Fundamentos fácticos

5. Como sustento de las pretensiones se enunciaron los siguientes hechos:

6. El demandante nació el 5 de diciembre de 1928 y prestó sus servicios por un
total de 23 años y 13 días, de la siguiente manera:

• En la Rama Judicial: desde el 3 de febrero de 1955 hasta el 4 de marzo de
1956.
• En la Procuraduría General de la Nación desde el 1.° de mayo de 1961 hasta
el 7 de octubre de 1977 y desde el 7 de marzo de 1978 hasta el 10 de
septiembre de 1981.
• En la Personería Distrital de Barranquilla desde el 1.° de enero de 1989 hasta
el 31 de diciembre de 1990.

7. Según lo explicó, cumplió el estatus jurídico de pensionado el 1.° de diciembre
de 1983, en vigencia de los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978,
546 de 1971 y 717 de 1978.

8. El cargo que desempeñó como personero municipal, es de elección por parte del
Concejo Municipal, en el cual ejerce funciones de Ministerio Público de acuerdo con
2

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Demandante: David Emilio Turbay Burgos

lo señalado en el artículo 139 del Código de Régimen Municipal y con la certificación
expedida por la Personería Distrital de Barranquilla de 1.° de marzo de 2019.

9. Por lo anterior, el 21 de agosto de 2018 solicitó ante la entidad demandada la
reliquidación de su pensión de jubilación, con la asignación salarial más alta
devengada en el periodo comprendido entre el 1.° de enero al 31 de diciembre de
1990, pero esta le fue denegada a través de los actos administrativos demandados.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

10. En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas los artículos 142
a 145 de la Constitución Política de 1886, 21 del Código Sustantivo del Trabajo,
6.° del Decreto 546 de 1971, 2.° del Decreto 717 de 1978 y los Decretos 3135 de
1968, 1045 de 1978 y 1848 de 1969.

11. Según lo indicó en este caso, el demandante es beneficiario de un régimen
especial de pensiones, establecido en el Decreto 546 de 1971 bajo el cual adquirió
su estatus pensional con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993; en atención al mismo persigue la reliquidación de su pensión con la inclusión
de lo devengado como personero municipal hasta el 31 de diciembre de 1990,
cuyas funciones hacen parte del Ministerio Público, con lo que considera le asiste
el derecho a que la pensión se liquide de acuerdo con las pautas establecidas en
el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, esto es, en suma equivalente al 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicios y con la inclusión como factores salariales de todas las sumas que
habitual y periódicamente percibió como retribución de sus servicios, en atención
a lo dispuesto en los artículos 6.° del mencionado decreto y el artículo 12 del
Decreto 717 de 1978.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP3, a través de
apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que los
actos administrativos cuestionados fueron proferidos acorde con el ordenamiento
jurídico, porque se atendió al régimen de transición establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.

12. Para el reconocimiento pensional la entidad verificó que dado que en este caso
se solicita la reliquidación pensional con base en la última vinculación pensional

3 Ibidem. Archivo:

«10_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEDIGITALP.pdf». Folios 74 y
s.s.
3

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como lo es la de personero municipal, se tiene que el Consejo de Estado4 ha
señalado en numerosas oportunidades que son beneficiarios del Decreto 546 de
1971 quienes además de cumplir con las condiciones del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, sean parte de la Rama Judicial y el Ministerio Público y de este último
conforme a la definición hecha por la Constitución Política, lo ejercen el procurador
general de la Nación, el defensor del pueblo, los procuradores delegados y los
agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales. La norma
constitucional señala qué autoridades ejercen Ministerio Público y describen el
entorno hacia donde se dirigen las funciones de tal naturaleza; de modo que, no
todo empleado que pertenezca a la Procuraduría General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo o a las personerías territoriales, ejercen funciones de
Ministerio Público.

13. Sin embargo, precisó que el mismo Consejo de Estado ha señalado que el
personero municipal, aun cuando puede considerarse como agente del Ministerio
Público al desarrollar algunas funciones que pertenecen a la órbita de dicha
institución, no es en sentido estricto y en los términos de los artículos 277 y 280 de
la Constitución delegado inmediato, como lo son los procuradores delegados, ni
agente permanente del procurador general de la Nación ante las autoridades
jurisdiccionales, por lo que no pertenece ni orgánica ni jerárquicamente a la
estructura de la Procuraduría General de la Nación ni a la planta de personal de la
misma.

14. Si bien el demandante laboró en una personería territorial, tal dependencia no
hace parte del Ministerio Público, pues se encuentra adscrita al ente territorial
donde ejerció la labor. Por tanto, no es viable acceder a la pretensión de
reliquidación pensional formulada por el actor.

15. Formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro
de lo no debido, compensación, buena fe, prescripción y genérica.

2.3. Sentencia de primera instancia5

16. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el 2 de
febrero de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda formulada por el señor
Turbay Burgos.

17. Para tal efecto se refirió al Acto Legislativo 01 de 2005 que en su artículo 1.°
señaló que la pensión se causa cuando se cumplen los requisitos para ello, aun
cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento.

4 Citó la sentencia el Consejo de Estado de la Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente: Sandra

Lisset Ibarra Vélez, Bogotá, D.G., 9 de marzo de dos 2017, radicación número: 05001-23-33-000-201 3-01
796-01 (2306-16).
5 Ibidem. Archivo «031_SENTENCIA_SENTENCIA.pdf».

4

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18. Como sustento de su decisión sostuvo que las personerías municipales hacen
parte de la estructura del Estado en el nivel territorial, empero las funciones propias
del personero municipal son del Ministerio Público, de acuerdo con lo señalado en
el artículo 118 de la Constitución Política, para lo cual citó las sentencias C-223 de
1995 y 431 de 1998.

19. Estableció que si bien el Consejo de Estado en proveído de 19 enero de 2017,
radicado 25000-23-24-000-2007-00203-02(3756-15), arribó a una conclusión
diferente, no obstante en la providencia de 7 de febrero de 2013 haciendo alusión
a las sentencias de la Corte Constitucional lo señala, en la sentencia traída a
colación por la demandante T- 019 de 2009, C-475 de 1999 y C-506 de 1999,
estableció que desarrollan las funciones que la Constitución y la ley asignan al
Ministerio Público junto con el procurador general de la Nación, el defensor del
pueblo, los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público.

20. Luego se refirió a las pruebas aportadas de las que coligió que el actor consolidó
su estatus pensional desde el año 1983; además que en criterio de esa Corporación
el señor David Emilio Turbay Burgos sí tenía derecho a que su pensión sea
reliquidada teniendo en cuenta los factores salariales que devengó en el último año
de servicios como personero municipal, pues, tal labor, desde el ámbito
institucional, es del resorte del Ministerio Público. Así mismo dichas labores resultan
compatibles con las que ejerció toda su vida laboral en la Rama Judicial y en la
Procuraduría General de la Nación.

21. Estimó que, en aplicación integral de las exigencias del Decreto 546 de 1976,
resultaba procedente que la pensión del actor fuera liquidada teniendo en cuenta el
equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que devengó en el último
año de servicio, conforme a la certificación que milita en el expediente y lo señalado
en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia.

22. El a quo precisó que la discusión es anterior a la entrada en vigor tanto de la
Constitución Política de 1991 como del funcionamiento del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, de suerte que los criterios para liquidar
la pensión de jubilación corresponderán a los de la normatividad que estaba vigente
a la fecha en la que el señor David Turbay Burgos consolidó su derecho pensional
(1983) y se retiró del servicio (1990).

23. Por lo anterior declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y a
título de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada reliquidar la
pensión de jubilación del actor, con base en al 75% de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último año de servicio, «conforme la
certificación que se aportó». La reliquidación será procedente frente a las mesadas
5

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pensionales que se hayan causado a favor del demandante a partir del 21 de agosto
de 2015, pues las causadas con antelación están prescritas, dado que el actor
presentó la solicitud de reliquidación pensional el 21 de agosto de 2018.

24. Finalmente se abstuvo de imponer condena en costas a cargo del accionado.

2.5. El recurso de apelación

25. El apoderado de la UGPP6 presentó recurso de apelación, donde solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de
la demanda.

26. Al efecto, explicó que no compartía la decisión adoptada en la sentencia dado
que el reconocimiento pensional y la liquidación de la misma se encontraba
ajustada a derecho.

27. Según lo adujo, el Tribunal fundamentó su decisión en que el demandante había
consolidado su derecho pensional desde 1983 y consideró procedente incluir el
tiempo laborado como personero municipal dentro del último año de servicios, al
estimar que dichas funciones hacen parte del ámbito del Ministerio Público,
aplicando integralmente el Decreto 546 de 1976. Sin embargo, dicha decisión
incurre en errores de valoración probatoria y normativa, al considerar que el tiempo
servido como personero municipal puede asimilarse al prestado en el Ministerio
Público para efectos de la reliquidación pensional.

28. A juicio de la UGPP la Personería Municipal no hace parte de la estructura
orgánica ni jerárquica del Ministerio Público, pese a que ejerza funciones asociadas
a este, además el artículo 178 de la Ley 136 de 1994 le asigna funciones al
personero municipal y si bien se aportó la certificación expedida por la Alcaldía de
Barranquilla el 10 de enero de 2018, en la cual se informa que el demandante
ejerció el cargo de personero municipal desde el 1.° de enero de 1989 hasta el 30
de diciembre de 1990, no por ello tiene derecho a que se le aplique el Decreto 546
de 1971, toda vez que el personero municipal, aun cuando puede considerarse
como agente del Ministerio Público, no es en estricto sentido delegado inmediato
del organismo, como lo son los procuradores delegados, ni agente permanente del
procurador general de la Nación ante las autoridades jurisdiccionales y no
pertenece ni orgánica ni jerárquicamente a la estructura de la Procuraduría General
de la Nación ni a la planta de personal de la misma tal como lo explicó la Corte
Constitucional, en la sentencia C‑431 de 1998, tesis reiterada por el Consejo de
Estado. En este sentido los personeros son funcionarios del orden municipal,
sujetos al régimen administrativo y presupuestal de los municipios.

6 Idem. Archivo «8_AGREGARMEMORIAL_RECURSO PODER Y APELACION-UGPP.pdf».
6

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29. En caso de que no se acojan los argumentos principales y se mantenga la
obligación de reliquidar la pensión, la UGPP solicitó que la sentencia sea
modificada, con base en las reglas fijadas en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 (Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-
01) y la de 11 de junio de 2020, relativas al ingreso base de liquidación (IBL) en el
régimen de transición. Esto a efectos de que el IBL se determine conforme a lo
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el número de
años que faltaban para consolidar el derecho pensional y únicamente los factores
salariales sobre los cuales se hayan realizado aportes.

30. Así mismo, solicitó que de confirmarse la reliquidación se ordene el descuento
de los valores correspondientes a los factores salariales sobre los cuales no se
efectuaron cotizaciones, en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, con
el fin de evitar un detrimento al patrimonio público.

2.6. Alegatos de conclusión

2.6.1. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

31. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo7, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.

32. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3288 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
7

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argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes
hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

33. En el presente caso, la demandada es apelante única, razón por la cual la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo
del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.

3.2. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala de Subsección determinar ¿si en atención a los servicios
prestados por el demandante durante su último año de servicio como personero
municipal, tiene derecho a la reliquidación pensional con base en el Decreto 546 de
1971, artículo 7.°, es decir con el 75% teniendo en cuenta la asignación más
elevada devengada en el último año de servicios, comprendido entre el 1.° de enero
y el 30 de diciembre de 1990, con inclusión del sueldo básico, los gastos de
representación y las doceavas partes de las primas de servicios, de navidad, de
vacaciones y la bonificación por servicios?

3.3. Marco normativo

35. En este caso particular no se encuentra en discusión que el demandante
alcanzó su estatus pensional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
como lo indica la Resolución 11566 de 14 de noviembre de 1984 expedida por la
Caja Nacional de Previsión Social a través de la cual se le reconoció al demandante
su pensión de jubilación con efectividad desde el 5 de diciembre de 1983, fecha de
consolidación de la prestación por el cumplimiento de la edad y el tiempo de
servicios, condicionada al retiro definitivo del servicio.

35. En esa medida estima la Sala que en este caso no le son aplicables las pautas
de unificación establecidas en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11
de junio de 20209, sobre la interpretación del régimen de transición de la Ley 100
de 1993 y sus implicaciones frente a los funcionarios de la Rama Judicial y del
Ministerio Público.

37. Con anterioridad a ese pronunciamiento, la tesis de la Subsección establecía
que las pensiones que gozan de un régimen especial no se rigen por las
disposiciones previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985, por lo tanto, a la pensión de
jubilación reconocida a los servidores de la Rama Jurisdiccional y a los del
Ministerio Público, bajo los requisitos del Decreto 546 de 1971, no les son aplicables
tales normas. Así se encuentra consignado en el artículo inicial de la Ley 33 de
1985, cuyo texto, en lo pertinente, dispuso:

9 Radicado 15001233300020160063001 (4083-2017).

8

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Demandante: David Emilio Turbay Burgos

«Artículo 1.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos
o· discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55), tendrá derecho a
que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial
de pensiones.»

38. Por su parte, el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, «Por el cual se establece
el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares», señaló:

«Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al
llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20
años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de
este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.»

39. Respecto de cuáles son los factores salariales consagrados a favor de los
empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, el artículo 12 del Decreto
717 de 197810 previó:

«Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo,
constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente
reciba el funcionario y empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

a) Los gastos de representación
b) La prima de antigüedad
c) El auxilio de transporte
d) La prima de capacitación
e) La prima ascensional
f) La prima semestral, y
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de
comisiones de servicio.» (Negrilla de la Sala)

40. La norma anterior, además de consagrar algunos factores salariales de los
empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, señaló que constituye
salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o
empleado como retribución por sus servicios.

10 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente
a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones.
9

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41. Es de precisar que el Decreto 542 de 1977 en su artículo 11 estableció que el
reintegro a un cargo de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público de quien
esté disfrutando de pensión de jubilación o de vejez, solo da derecho al reajuste de
la misma cuando se haya trabajado por lo menos durante dos años continuos en el
nuevo cargo.

42. Ahora bien, en este caso particular, el demandante alega que tiene derecho a
que se le reliquide la pensión de jubilación, con base en el Decreto 546 de 1971 y
atendiendo para ello lo percibido en su último año de servicios como personero
municipal, cargo que ocupó desde el 1.° de enero de 1989 hasta el 31 de diciembre
de 1990.

43. Al respecto, es de precisar que el artículo 142 de la Constitución Nacional
de 1886, señaló que el Ministerio Público sería ejercido bajo la suprema dirección
del gobierno, por un procurador general de la nación, por los fiscales de los
tribunales superiores de distrito y por los demás fiscales que designara la Ley.

44. La Ley 4 de 1913 «[s]obre régimen político y municipal» estableció en su
artículo 215 que «[e]l ministerio público será ejercido por la cámara de
representantes y el procurador general de la nación, los fiscales de que trata el
Código Judicial, los personeros municipales y los empleados especiales que se
nombren en determinados casos» Negrilla de la Sala.

45. La Ley 11 de 16 de enero de 1986 «por la cual se dicta el estatuto básico de
la administración municipal y se ordena la participación de la comunidad en el
manejo de los asuntos locales», atribuyó al personero las funciones de actuar como
defensor del pueblo y veedor ciudadano11 y específicamente en el artículo 76 se

11 «Artículo 36. Son atribuciones del personero, que cumplirá como defensor del pueblo o veedor ciudadano,

las siguientes:

1ª. Promover la ejecución de las leyes y disposiciones administrativas que se refieran a la organización y
actividad del municipio;

2ª. Recibir las quejas y reclamos que toda persona le haga llegar, referentes al funcionamiento de la
administración, al cumplimiento de los cometidos que le señalan las leyes y los relativos a la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados;

3ª. Vigilar la conducta oficial de los empleados y trabajadores municipales y velar porque desempeñen
cumplidamente sus deberes y se les exija responsabilidad por las faltas que cometan;

4ª. Intervenir en los procesos de policía para perseguir las contravenciones, coadyuvar al mantenimiento del
orden público y colaborar en la defensa de quienes carecen de recursos económicos para ello;

5ª. Adelantar investigaciones sobre los hechos que a su juicio impliquen situaciones irregulares y formular las
recomendaciones, quejas o acusaciones a que hubiere lugar;

6ª. Demandar de las autoridades competentes las medidas de policía necesarias para impedir la perturbación
y ocupación de los bienes fiscales y de uso público;

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concedieron facultades extraordinarias al presidente de la República para
«[r]eformar los Códigos de Procedimiento Civil y Penal y demás leyes pertinentes
para que las funciones propias del Ministerio Público que ahora cumplen los
personeros ante los jueces sean simplificadas o eliminadas en algunos procesos».
(Subrayas de la Sala).

46. Con base en esas facultades se profirió el Decreto 1333 de 25 de abril de 1986
«por el cual se expide el Código de Régimen Municipal», que en su artículo 13512
dispuso:

«En cada Municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del
pueblo o veedor ciudadano y agente del Ministerio Público, llamado Personero
Municipal, que tendrá un suplente nombrado por el mismo que elija el principal.
El suplente reemplazara al principal en todo caso de falta absoluta o temporal,
mientras se provee lo conveniente por quien corresponda». (Negrilla de la Sala).

47. Allí específicamente en los artículos 142 y s.s. establecieron las funciones de
los personeros como agentes del Ministerio Público, que se citan in extenso por su
importancia para el caso:

«Artículo 142. En los procesos penales de competencia de los jueces municipales
y en los sumarios que éstos instruyan, el Ministerio Público será ejercido por el
correspondiente Personero Municipal.

Artículo 143. Ante los jueces de instrucción criminal, el Ministerio Público será
ejercido por el Personero Municipal del lugar donde ocurrieron los hechos que son
materia de la investigación.

Artículo 144. En los procesos penales de competencia de los jueces de circuito,
ante los cuales no actúe de manera permanente un fiscal el Ministerio Público será
ejercido por el respectivo Personero Municipal.

Artículo 145.El Ministerio Público será ejercido por los personeros ante los jueces
a que se refieren los artículos anteriores mediante la presentación de los recursos
que de acuerdo con la ley pueden interponer contra los autos inhibitorios, los que
resuelvan sobre la libertad del sindicado, califiquen el mérito del sumario, ordenen
la cesación del procedimiento o el archivo del proceso y las sentencias, todos los
cuales les deberán ser notificados personalmente.
Al Personero Municipal también se le correrá traslado para que emita concepto, en
el término de dos (2) días, sobre las solicitudes de excarcelación o de revocatoria
del auto de detención, y en el término de cinco (5) días sobre los casos de cesación
de procedimiento.

Cuando ésta se funde en la prescripción de la acción penal no habrá lugar al
traslado y concepto aquí ordenados.

7ª. Ejercer las demás funciones que le asignen la ley y el Concejo Municipal en desarrollo de las normas
consignadas en este artículo. El personero no ejercerá funciones administrativas distintas de las que las normas
vigentes le señalen para el manejo de sus propias oficinas y dependencias.».
12 Modificado posteriormente por el artículo 1.° de la Ley 3 de 1990.

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En los procesos en que intervenga, el Personero solicitará la práctica de las pruebas
conducentes al esclarecimiento de la verdad.

[…]

«Artículo 148. En cualquier estado del proceso, el Personero Municipal será
desplazado por el agente especial del Ministerio Público que para el efecto designe
el Procurador General de la Nación o el funcionario en quien éste delegue dicha
atribución. También podrá ser desplazado por el fiscal del juzgado del
conocimiento».

«Artículo 149. La actuación de los Personeros como agentes del Ministerio Público
en los procesos penales se cumplirá conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del
presente Código y únicamente tendrá lugar en los siguientes casos:

a) Cuando lo ordene el Procurador General de la Nación o el funcionario en quien
éste delegue tal atribución;

b) Cuando lo soliciten el procesado o los perjudicados con el delito; y

c) Cuando los respectivos Personeros así lo decidan por encontrarlo conveniente
para la recta administración de justicia.
[…]

Artículo 151. En los procesos civiles de competencia de los juzgados del circuito
en que debe intervenir el Ministerio Público, éste será ejercido por los
correspondientes fiscales.».

48. Posteriormente, la Ley 3 de 199013 en su artículo 1.° determinó la presencia del
personero en cada municipio del país, amplió el periodo a dos años, así como las
funciones frente al control y vigilancia al ejecutivo y se le otorgaron atribuciones
como defensor de los derechos humanos en el municipio.

49. Ahora bien, en la Constitución Política de 1991, sus artículos 117 y 118
establecieron que el Ministerio Público es uno de los órganos de control del Estado,
ejercido por el procurador general de la Nación, por el defensor del pueblo, por los
procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades
jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios
que determine la ley. Igualmente, la Carta Política estableció que el procurador
general de la Nación es el director del Ministerio Público. Sus funciones las cumple
directamente o por medio de sus «delegados y agentes»14.

50. Al Ministerio Público le corresponde «la guarda y promoción de los derechos
humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de
quienes desempeñan funciones públicas»15. Estas atribuciones están señaladas

13 «[P]or la cual se modifica y adiciona el Título VII del Código de Régimen Municipal y se dictan otras
disposiciones».
14
Artículos 242-2-4, 275, 277, 278 y 281 ídem.
15 Artículo 118 ibidem.

12

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para el Procurador General y para el Defensor del Pueblo en los artículos 277, 278
y 282 superiores.

51. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-223 de 1995, señaló que el
Ministerio Público no se manifiesta e identifica como una entidad única, orgánica y
funcionalmente homogénea, pues la variedad de las funciones que le han sido
encomendadas están asignadas a los órganos institucionales y personales que se
determinan en el art. 118.16 Y específicamente en esa misma providencia señaló
que si bien los personeros17, ejercen funciones del Ministerio Público, no
pertenecen a la estructura orgánica del mismo:

«[…]

El personero municipal, aun cuando puede considerarse como agente del Ministerio
Público, en el sentido de que actúa o funge como tal al desarrollar funciones que
pertenecen a la órbita de dicha institución, no es en sentido estricto y en los términos
de los artículos 277 y 280 de la Constitución delegado inmediato, como lo son los
procuradores delegados, ni agente permanente del Procurador General de la Nación
ante las autoridades jurisdiccionales, no pertenece ni orgánica ni jerárquicamente a
la estructura de la Procuraduría General de la Nación ni a la planta de personal de la
misma; es un funcionario del orden municipal, aun cuando se encuentra sujeto a la
dirección suprema del Procurador General de la Nación y, por lo tanto, sus funciones
se desarrollan dentro de un sistema de articulación funcional y técnica, en virtud del
cual, de alguna manera, se encuentra sujeto a la autoridad y al control de la
Procuraduría y del Defensor del Pueblo, como se deduce de las siguientes funciones
que le asigna el art. 178 de la ley 136 de 1994.

[…]

Consecuente con lo expresado, si bien la personería y el personero son órganos
institución y persona del nivel municipal, que forman parte del Ministerio Público, no se
puede asimilar al personero a la condición de delegado o agente del Ministerio Público
dependiente del Procurador General de la Nación, en los términos de los arts. 118, 277
y 280 de la C.P.

[…]».

52. Ahora bien, en esta Corporación se han dado dos tesis, la primera de ellas
referida a la inaplicación de las pautas del Decreto 546 de 1971 a los servidores de
las personerías, dado que pese al ejercicio de algunas funciones de Ministerio
Público no hacen arte de la estructura municipal, tesis que se puede apreciar en la
sentencia de 22 de mayo de 200818 explicó que, dado que las personerías
municipales y distritales, no pertenecían a la Procuraduría General de la Nación,
aunque ejercen funciones de Ministerio Público, por lo que «no es posible, como lo

16 M.P.: Antonio Barrera Carbonell
17 En lo que tiene que ver con los personeros, no solo se hace mención de ellos en el artículo 118 de la Carta

Magna, sino también en su artículo 313 cuando indica que su elección le corresponde a los concejos para el
periodo fijado por la ley.
18 Radicado 250002325000200300061 01 ( 7325-05) con ponencia del consejero Alfondo Vargas Rincón.

13

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pretende el apoderado de la parte actora, definir el tiempo en que la actora estuvo
vinculada a la Personería Distrital, como laborado para el ministerio público para
efectos de la aplicación del régimen pensional que regía para tales empleados, por
cuanto como quedó claro, la Personería, entidad a la cual estuvo vinculada durante
más de 4 años, no hizo ni hace parte de la estructura de la Procuraduría General
de la Nación».

53. Así mismo en sentencia de 25 de marzo de 2010, con ponencia del consejero
Luis Rafael Vergara Quintero, señaló que los personeros municipales, si bien
ejercen funciones propias del Ministerio Público, no están adscritos orgánicamente
al mismo: «Los personeros, son servidores públicos del nivel local, y por tanto,
enmarcados dentro de la estructura orgánica y funcional de las respectivas
personerías, de manera que sus titulares, delegados y funcionarios hacen parte de
la estructura orgánica de la administración municipal, por consiguiente, sujetos al
régimen de dichas entidades».

54. En providencia de 12 de marzo de 201719 esta Subsección consideró, a partir
del análisis de la sentencia ya mencionada de la Corte Constitucional C-223 de
1995y del artículo 16820 de la Ley 136 de 1994 que la personería municipal no hace
parte de la estructura del Ministerio Público sino de la organización municipal y es
una dependencia del ente territorial que cuenta con una planta del personal dentro
de la que se encuentra el personero, quien es una autoridad propia del municipio
pues su elección corresponde al concejo municipal. En esa oportunidad se negaron
las pretensiones de la demanda, sin hacer referencia al cargo desempeñado, sino
a la sola pertenencia de la demandante a la planta de personal de la Personería de
Bogotá. De allí se destaca lo siguiente:

«Ahora bien, de acuerdo con los argumentos explicados en el numeral 2.2.1. de esta
providencia, es claro para la Sala de Subsección que los personeros no hacen parte de
la estructura orgánica del Ministerio Público aun cuando cumplen algunas de sus
funciones.

A partir de ese (sic) premisa, que resuelve el primer problema jurídico planteado, se
advierte que la señora CLARA INÉS ZAPATA DE CABRA, quien se desempeñó en la
Rama Judicial y luego en la Personería de Bogotá D.C., no tiene derecho a que se le
aplique el régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971.

19 Proceso radicado interno 25000-23-42-000-2012-01170-01 (1370-2014)
20 «Artículo 168o. Modificado por el artículo 8 de la Ley 177 de 1994. Personerías. Las personerías del Distrito
Capital, Distritales y Municipales, cuentan con autonomía presupuestal y administrativa. En consecuencia, los
personeros elaborarán los proyectos de presupuesto de su dependencia, los cuales serán presentados al
Alcalde dentro del término legal, e incorporados respectivamente al proyecto de presupuesto general del
municipio o distrito, el cual sólo podrá ser modificado por el Concejo y por su propia iniciativa. Una vez
aprobado, el presupuesto no podrá ser objeto de traslados por decisión del Alcalde.

Las personerías ejercerán las funciones del Ministerio Público que les confieren la Constitución Política y la ley,
así como las que reciba por delegación de la Procuraduría General de la Nación.

Las personerías contarán con una planta de personal, conformada, al menos por el personero y un secretario.»
Resaltado fuera del texto
14

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Lo anterior toda vez que el decreto referido, del cual solicita su aplicación la actora,
dispone como uno de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación: 20 años de
servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto,
de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o
al Ministerio Público , lo cual no está acreditado en el proceso, porque como se
evidenció trabajó en la Personería de Bogotá que no hace parte de la estructura
organizacional del Ministerio Público. En consecuencia la sentencia de primera
instancia será confirmada.»

55. Sin embargo, otra tesis se ha planteado a través de diversos pronunciamientos
de esta Corporación donde se ha validado el desempeño específico de los cargos
de personero, para la aplicación de las previsiones del Decreto 546 de 1971 y no
así de los demás cargos de las Personerías.

56. En efecto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia de 19 de febrero de 201521, precisó que de acuerdo con el artículo 118
de la Constitución Política no se desprende que las personerías y sus funcionarios
hagan parte de la estructura de la Procuraduría General de la Nación, dado que
integran la estructura orgánica de la respectiva administración municipal o distrital,
que cuenta con autonomía presupuestal y administrativa22, por ello, no pueden ser
considerados los que laboran en ellas funcionarios del Ministerio Público, para los
efectos del régimen especial pensional dispuesto en el Decreto 546 de 1971. Sin
embargo «no existe discusión es que la aplicación del régimen pensional especial
que de trata este decreto, sí ampara al Personero Municipal y/o Distrital, y a los
Personeros delegados, nada más»23. Esta decisión fue citada con apoyo en las
sentencias de la Corte Constitucional T-019 de 200924 y C-475 y C-506 de 1999.

57. Igualmente, en sentencia de 1.° de diciembre de 201625, se reiteró esa tesis,
para lo cual se indicó que de la lectura del artículo 118 de la Constitución Política
no se desprende que todos los funcionarios de las personerías desarrollan las
funciones que la Constitución y la Ley le asigna al Ministerio público, ni menos aún
se puede inferir que para efectos pensionales todos los funcionarios de las
personerías deban ser considerados como funcionarios del Ministerio Público. En
esa oportunidad se negaron las pretensiones de la demanda dado que la
demandante no se desempeñó como personera:

«Adicionalmente en los folios 50 y 51 del cuaderno 2 se encuentra la certificación del

21 Dictada en el proceso 25000232500020120091401 Número Interno: 2138-2013.
22 Ver artículo 168 de la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el

funcionamiento de los municipios”.
23 Sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 19 de febrero de 2015,

dictada en el proceso 25000232500020120091401 Número Interno: 2138-2013.
24 MP Dr. Rodrigo Escobar Gil.
25
Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A, proceso radicado 25000232500020110133601, N.I.
0140-2015, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
15

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Director de Recursos Humanos de la Personería de Bogotá, en la que consta que la
actora ingresó a dicha entidad a partir del 6 de enero 1999 a la Personería de Bogotá
como Profesional Especializado XI B, y que en el momento de expedición de la misma
se encontraba encargada de las funciones de Profesional Especializado Código 222
grado 03.
Del contenido de esta certificación se extrae que durante todo el tiempo que laboró en
la Personería lo fue como profesional especializado, solo que en algunos períodos se
le delegó para que interviniera como Agente de Ministerio Público ante Fiscalías lo que
en manera alguna puede significar que asumió como Personera Delegada con
funciones de carácter permanente.
Así las cosas, es claro que la demandante no cumplió funciones permanentes de
Ministerio Público como Personera, o como Personera Delegada. Adicionalmente y
para proliferar en argumentos, es claro que la demandante prestó sus servicios en la
Personería de Bogotá por más de 10 años, que es un ente de carácter distrital con
autonomía administrativa y financiera propia, por lo tanto, se concluye
indubitablemente que la actora no cumple los presupuestos para ser beneficiaria del
régimen pensional especial consagrado en el Decreto 546 de 1971.»

58. Finalmente debe traerse a colación la sentencia de esta Subsección de 15 de
febrero de 2024 dictada en el proceso de simple nulidad 11001-03-25-000-2013-
01383-00 (3496-2013)26 en el que se declaró la legalidad condicionada del numeral
1.° de la Circular Interna 04 del 26 de julio de 2013, emitida por Colpensiones, a
través de la cual se fijaron los «criterios jurídicos básicos de reconocimiento
pensional», esto bajo el entendido de que los personeros municipales y distritales,
así como los personeros delegados, que se encuentren amparados por el régimen
de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son
destinatarios del Decreto 546 de 1971. Para adoptar esa decisión se trajeron a
colación otros pronunciamientos de la Subsección27, que se refirieron a la citada
aplicación del Decreto a los personeros municipales.

59. Del escenario descrito se desprende que, tanto antes como después de la
expedición de la Constitución de 1991, las personerías no han integrado la
estructura de la Procuraduría General de la Nación. En efecto tal como lo señaló la
Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto de 19 de septiembre de 201728«[…]
forman parte del nivel municipal pero no pertenecen a la administración municipal
como tal, debido a que están dotadas de autonomía administrativa y presupuestal
y deben guardar la independencia requerida para cumplir con sus funciones de
control y vigilancia de las actuaciones de los funcionarios municipales. Los
personeros son funcionarios del orden municipal, elegidos por el concejo, y se
encuentran adscritos a las personerías, es decir, pertenecen a la estructura

26 Acumulado con el proceso 11001-03-25-000-2013-01800-00 (4786-2013). Con ponencia del consejero
Rafael Francisco Suárez.
27 «[S]entencias: i) del 10 de junio de 2021, radicado 25000-23-42-000-2013-00796-01 (2992-15); ii) del 4 de

marzo de 2021, radicado 25000-23-42-000-2014-03871-01 (0191-20); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado
25000-23-42-000-2013-04456-01 (4707-16); iv) del 25 de octubre de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-
00837-01(0489-17); v) del 19 de abril de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013- 06311-01 (0891-16); vi) del 5
de abril de 2017, radicado 25000-23-42-000-2013-00539-01 (0250-14); vii) del 9 de marzo de 2017, radicado
05001-23-33-000-2013-01796-01 (2306-16); viii) del 19 de enero de 2015, radicado 25000-23-42-000-2012-
00067-01 (1997-13); ix) del 7 de febrero de 2013, radicado 25000-23-25-000-2008-00579-01 (0428-12).
28 R a d i c a c i ó n 1 1 0 0 1 - 0 3 - 0 6 - 0 0 0 - 2 0 1 6 - 0 0 2 2 3 - 0 0 ( 2 3 2 1 )

16

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orgánica y funcional de las mismas, no a la estructura de la administración
municipal»29. Además, los «[…] salarios de los personeros siempre deben pagarse
con cargo a la sección presupuestal de las personerías, asumir dichos gastos con
el presupuesto de la administración municipal vulneraría no sólo los límites
máximos establecidos por la Ley 617 de 2000 sino los principios de especialización
presupuestal, autonomía administrativa y presupuestal de las personerías,
eficiencia en el manejo presupuestal y en la gestión administrativa de las
personerías y, eventualmente, la moralidad administrativa».

60. No obstante, esta Sala se adhiere a la tesis según la cual, atendiendo a la
naturaleza y alcance de las funciones propias del Ministerio Público asignadas a
los personeros municipales, distritales y delegados resulta jurídicamente
procedente extenderles la aplicación del régimen previsto en el Decreto 546 de
1971. Lo anterior encuentra fundamento en el reconocimiento normativo continuo
de dichas funciones, tanto por parte del legislador con anterioridad a la Constitución
Política de 1991, desde la Ley 4ª de 1913, como por la propia Constitución de 1991,
que en su artículo 118 reafirmó su integración al Ministerio Público. Bajo esta
comprensión, las disposiciones del citado decreto resultan aplicables no solo a
quienes consolidaron su estatus pensional con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, sino también a aquellos servidores que se encuentran
cobijados por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 ibidem, siempre
que acrediten el cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la normativa
correspondiente.

3.3.3. Lo acreditado en el proceso

61. En este caso, las pruebas allegadas demuestran lo siguiente:
62. Como se indica en la Resolución RDP 047679 de 19 de diciembre de 201830
se advierte que nació el 5 de diciembre de 1928, por lo que cumplió 55 años de
edad el 5 de diciembre de 1983.
63. En cuanto a los tiempos laborados la Resolución 11566 de 14 de noviembre
de 198431, proferida por CAJANAL, por la cual se le reconoció una pensión de
jubilación al señor David Turbay Burgos, tuvieron en cuenta 21 años y 5 días de
servicios, acreditados tanto en la Rama Judicial como en la Procuraduría General
de la Nación. Y como fecha de consolidación del estatus el 5 de diciembre de 1983
pero se condicionó su disfrute al retiro definitivo del servicio.

29
30 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia. Opción: «Visualizar expediente». Archivo
«10_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEDIGITALP.pdf », folio 17.
31 I b i d e m . Folio 32 y 33.
17

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64. Para el reconocimiento pensional la entidad atendió al Decreto 546 de 1971 y
los siguientes factores:

65. De igual forma, de conformidad con la certificación de 10 de enero de 2018
expedida por la Secretaría Distrital de Gestión Humana de la Alcaldía de
Barranquilla32, se tiene que el demandante laboró allí como personero municipal
desde el 1.° de enero de 1989 hasta el 31 de diciembre de 1990, periodo en el cual
devengó los siguientes factores:

32 Expediente digitalizado. Sistema Samai. Primera instancia. Opción: «Visualizar expediente». Archivo
«10_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEDIGITALP.pdf », folio 40.

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Demandante: David Emilio Turbay Burgos

66. Finalmente es de señalar que a través de la Resolución RDP 0047679 de 19
de diciembre de 201833 se le negó al demandante su solicitud de reliquidación
pensional dado que no se habían probado que mientras fungió como personero
municipal de Barranquilla ejerció funciones de Ministerio Público. Así mismo a
través de la Resolución 07448 de 6 de marzo de 201934 se resolvió el recurso de
apelación oportunidad en la que se le señaló al demandante que, al ser funcionario
de la Personería Municipal como personero delegado para la Contratación,
Vigilancia Administrativa y Asuntos Presupuestales estaba adscrito a la
administración municipal y por ende su salario y prestaciones estaban a cargo del
presupuesto del Municipio.

3.4. Análisis de la Sala.
67. Como ya se indicó, en este caso el demandante adquirió su estatus pensional
con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 sin que le sea
aplicable la tesis plasmada en la sentencia de unificación SUJ-S2-021-20 del 11 de
junio de 2020.
68. En este sentido, dado que acreditó el cumplimiento de 20 años de servicios en
la Rama Judicial y la Procuraduría General de la Nación, es indudable que el
accionante le son aplicables las previsiones del Decreto 546 de 1971, tal como lo

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Ibidem. Folios 16 y s.s.
34I b i d e m .
Folios 22 y s.s.
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Demandante: David Emilio Turbay Burgos

aceptó la entidad en el reconocimiento pensional al aplicar la norma directamente
con lo que determinó que adquirió su estatus pensional en el año 1983.
69. Como ya se indicó, el demandante persigue la reliquidación de la pensión de
jubilación, con base en el Decreto 546 de 1971 y atendiendo para ello lo percibido
en su último año de servicios como personero municipal, cargo que ocupó desde el
1.° de enero de 1989 hasta el 31 de diciembre de 1990.

70. Al respecto, el Decreto 542 de 1977 en su artículo 11 estableció que el reintegro
a un cargo de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público de quien esté
disfrutando de pensión de jubilación o de vejez, solo da derecho al reajuste de la
misma cuando se haya trabajado por lo menos durante dos años continuos en el
nuevo cargo.

71. En este caso, el señor Turbay Burgos adquirió su estatus pensional en el año
de 1983, sin que haya constancia de desvinculación de servicios, e ingresó a la
entonces, Personería Municipal de Barranquilla, desde el 1.° de enero de 1989
durante dos años, en los que fue nombrado por el Concejo Municipal como
personero municipal, cargo que específicamente desarrolla funciones de Ministerio
de Público, como lo establecía el legislador antes de la Constitución de 1991, como
ya quedó ampliamente señalado en el acápite anterior.

72. De acuerdo con esto, estima la Sala que se acreditan los requisitos para que al
señor Turbay Burgos le sea reliquidada su pensión de jubilación en atención a lo
señalado por el artículo 7.° del Decreto 546 de 1971, como lo señaló el Tribunal
Administrativo del Atlántico cuando ordenó la reliquidación pensional con base en
el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último
año de servicio.
73. Si bien en cuanto a los factores ordenó tener en cuenta aquellos «conforme la
certificación que se aportó», la Sala no se pronunciará sobre este aspecto de la
orden impartida por el Tribunal dado que no fue objeto de apelación por la parte
demandante, so pena de desconocer la competencia otorgada al juez de segunda
instancia por el marco de la apelación y con ello, el principio de congruencia de la
sentencia.
74. No prospera el argumento propuesto por la UGPP, según el cual resultan
aplicables al presente asunto las reglas fijadas en las sentencias de unificación
proferidas por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018 (Rad. 52001-23-33-
000-2012-00143-01) y el 11 de junio de 2020 (CE-SUJ-S2-021-20). Ello, por cuanto
dichas providencias fueron dictadas en el marco de la interpretación de las
disposiciones relativas al régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993,
particularmente para efectos de la determinación del ingreso base de liquidación
(IBL) conforme a lo previsto en el artículo 36 ibidem, tanto en el régimen general
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como respecto de los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público
vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley. Sin embargo,
como quedó establecido, en el caso sub examine el demandante consolidó su
estatus pensional en el año 1983, circunstancia que lo sitúa por fuera del ámbito de
aplicación material y temporal de la Ley 100 de 1993, razón por la cual no le resultan
extensibles las reglas jurisprudenciales invocadas.

75. Sin embargo, le asiste razón a la UGPP en que, para efectos de la reliquidación
pensional ordenada, deberá tenerse en cuenta que tanto el pensionado como el
empleador están obligados a efectuar los aportes al sistema pensional respecto de
los factores salariales que se disponen incluir en dicha reliquidación, en los
porcentajes que a cada uno les correspondan, conforme a las normas legales y
reglamentarias aplicables al caso. Dichos aportes deberán liquidarse y sufragarse
en los términos previstos por el ordenamiento jurídico vigente al momento en que
se causaron los respectivos emolumentos, como presupuesto necesario para la
correcta determinación del derecho pensional. En este sentido, se adicionará un
numeral a la sentencia apelada para incluir la orden a la UGPP de descontar, de
las sumas generadas a favor del pensionado, aquellas que sean necesarias para
sufragar los aportes en pensión a cargo del empleado. Igualmente deberá adelantar
las actuaciones administrativas en contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla a efectos de obtener, en caso de que no se hayan realizado, los
pagos en aportes que correspondan sobre los factores que se ordenan incluir en la
pensión en el porcentaje que le corresponda como empleador.

76. De acuerdo con lo anterior, y dado que los demás aspectos de la decisión no
fueron objeto de apelación se confirmará parcialmente la sentencia dictada el 2 de
febrero de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en esta providencia y se adicionará una numeral para ordenar los descuentos en
aportes pensionales sobre los descuentos cuya inclusión pensional se ordena.

3.5. Condena en costas.

77. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

78. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
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así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

79. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

80. En consecuencia, se no se impondrá costas de esta instancia a la entidad
apelante por cuanto se accede parcialmente a las peticiones del recurso de
apelación.

81. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO.- CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida el 2 de febrero de
2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por el señor
David Emilio Turbay Burgos en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- ADICIONAR un numeral a la sentencia proferida el 2 de febrero de
2024, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, dictada en el proceso
del epígrafe, en los siguientes términos:

«SÉPTIMO: ORDENAR a la UGPP descontar, de las sumas generadas a favor del
pensionado, aquellas que sean necesarias para sufragar los aportes sobre los
factores que se ordenan incluir en la liquidación pensional en caso de que estos no
se hubieren realizado. Esto en el porcentaje que le correspondía como empleado.
Igualmente deberá adelantar las actuaciones administrativas en contra del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a efectos de obtener, en caso de que
no se hayan realizado, los pagos en aportes que correspondan sobre los factores
que se ordenan incluir en la pensión en el porcentaje que le corresponda como
empleador.

TERCERO.- SIN CONDENA en costas de segunda instancia de conformidad con
lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

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CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la
plataforma SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código General
del Proceso.

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