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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00410-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00410-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal 3 de la sentencia del 5 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Horacio Arana Moreno contra el Fomag, el departamento del Atlántico y el municipio de Sabanalarga, el cual quedará así: Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar al Fomag, al departamento del Atlántico y al municipio de Sabanalarga a efectuar, conforme con las competencias funcionales, administrativas y financieras que legalmente les correspondían, la liquidación, certificación, reporte y traslado al sistema administrado por el Fomag de las cesantías e intereses correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002 para que estén disponibles a favor de Horacio Javier Arana Moreno. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 5 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Ausente con excusa Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM 27

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00410-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio1, departamento del
Atlántico y municipio de Sabanalarga

Tema: Reconocimiento auxilio de cesantías e intereses docente oficial

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Fomag, el departamento
del Atlántico y el municipio de Sabanalarga contra la sentencia proferida el 5 de
febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral
A, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Horacio Javier Arana Moreno presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de los oficios sin identificación del 19 de
febrero de 2019, 2019EE002468 del 25 de febrero de 2019 y 0291 del 28 de
febrero de 2019, a través de los cuales el alcalde del municipio de Sabanalarga,
el «técnico» del Fondo Prestacional del departamento del Atlántico, en
representación del Fomag, y el secretario de educación de dicho departamento,
respectivamente, le negaron el reconocimiento y pago de las cesantías

1 En lo que sigue Fomag.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

anualizadas y de los intereses correspondientes a los años 2000 a 2002, así como
de la sanción moratoria generada por su no consignación oportuna, de
conformidad con lo previsto en la Ley 50 de 1990 y normas concordantes.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el pago de las cesantías y sus intereses correspondientes a los años
2000 a 2002 y de la sanción moratoria conforme con lo dispuesto en la Ley 50 de
1990 y normas concordantes por la no consignación anual oportuna de la
prestación; ii) el cumplimiento de la sentencia en los términos de lo dispuesto en
los artículos 192 y 195 del CPACA; y iii) la condena en costas a la parte
demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Horacio Javier Arana Moreno fue nombrado docente del municipio de
Sabanalarga a través del Decreto 087-09 del 30 de diciembre de 1999 y tomó
posesión del cargo el 26 de enero de 2000. Posteriormente, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 715 de 2001, esa plaza docente fue incorporada por el Sistema
General de Participaciones a través del departamento del Atlántico; no obstante,
conservó su vinculación como docente municipal financiado con recursos propios
del municipio.

3.2. Las entidades demandadas no han consignado las cesantías correspondientes
a los años 2000 a 2002.

4. El 15, 18 y 20 de febrero de 2019 solicitó al municipio de Sabanalarga, al
departamento del Atlántico y al Fomag el reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas y sus intereses correspondientes a los años 2000 a 2002, así como
de la sanción moratoria por su no consignación oportuna.

5. La anterior petición fue negada a través de los oficios sin identificación del 19 de
febrero de 2019, 2019EE002468 del 25 de febrero de 2019 y 0291 del 28 de
febrero de 2019, expedidos por el alcalde del municipio de Sabanalarga, el
«técnico» del Fondo Prestacional del departamento del Atlántico, en
representación del Fomag, y el secretario de educación de dicho departamento,
respectivamente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

6. Como tales, se señalaron los artículos 99, numeral 3, de la Ley 50 de 1990; 13
de la Ley 344 de 1996; y 1 del Decreto 1582 de 1998.

2

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

7. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

7.1. Las entidades demandadas desconocieron las normas que han regulado el
régimen anualizado de cesantías aplicable a los servidores públicos vinculados
con posterioridad al 31 de diciembre de 1996, pues omitieron consignar
oportunamente las cesantías correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002 en
el Fomag a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a aquel en que se
causaron, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996,
el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998 y el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50
de 1990. Así entonces, este incumplimiento generó la sanción moratoria
consistente en 1 día de salario por cada día de retardo hasta la efectiva
consignación de la prestación.

7.2. Si bien el régimen especial del magisterio no regulaba expresamente la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías, esta resultaba
aplicable a los docentes en virtud de los principios de igualdad y favorabilidad
previstos en el artículo 53 de la Constitución Política, así como en la extensión del
régimen anualizado de cesantías al sector público. En la sentencia SU- 098 de
2018 de la Corte Constitucional, se reconoció la procedencia de la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 respecto de los docentes
afiliados al Fomag.

7.3. Los actos demandados eran nulos por haber desconocido las disposiciones
legales y constitucionales que garantizaban el pago de las prestaciones sociales,
razón por la cual procedía el reconocimiento de las cesantías adeudadas, sus
intereses y la sanción moratoria derivada de su consignación tardía.

1.2. Contestaciones de la demanda

8. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en las
siguientes consideraciones4:

8.1. La responsabilidad por la no consignación oportuna de las cesantías
anualizadas correspondía al ente territorial y no al Fomag, el cual únicamente
procedía con el pago de las prestaciones sociales una vez se expidiera el
respectivo acto administrativo de reconocimiento por parte de la autoridad
competente, razón por la cual no podía atribuirse la responsabilidad directa por el
retardo alegado por la parte demandante.

3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo «01DemandaCompleta.pdf», folios 1 a 10.
4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo «01DemandaCompleta.pdf», folios 64 a 70.

3

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

8.2. Propuso las siguientes excepciones: (i) genérica; (ii) prescripción; y (iii) falta de
legitimación en la causa por pasiva5.

9. El municipio de Sabanalarga contestó la demanda con base en los siguientes
argumentos6.

9.1. El municipio cumplió con su obligación legal de reconocer y consignar el valor
correspondiente de las cesantías al demandante, de acuerdo con el escenario
financiero creado por el Acuerdo de Restructuración de Pasivos, al que se sometió
en virtud de la Ley 550 de 1999.

9.2. Propuso las siguientes excepciones: (i) prescripción y/o caducidad de la acción;
(ii) «omisión e impedimento para reconocer, liquidar y pagar la sanción moratoria que se
reclama, porque estando inmerso el municipio de Sabanalarga Atlántico, en un proceso
de reestructuración de pasivos por efecto de la Ley 550 de 1999, el accionante no
presento tal acreencia en el inventario de acreencias» (sic); y (iii) inaplicabilidad del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

10. El departamento del Atlántico no contestó la demanda.

1.3. La sentencia apelada

11. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del 5 de febrero de 2024
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, declaró no probada la
excepción de prescripción propuesta por el Fomag y el municipio de Sabanalarga,
así como la nulidad parcial de los actos acusados, únicamente en cuanto negaron
el reconocimiento y pago de las cesantías y sus intereses correspondientes a los
años 2000 a 20027.

12. Como consecuencia de lo anterior, condenó a las entidades demandadas a
efectuar la liquidación y el reporte de los auxilios de cesantías adeudados al
demandante por dichas anualidades, así como el pago de los intereses
correspondientes, negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo en
condenar en costas a la parte vencida.

5 Declarada como no probada en la audiencia inicial desarrollada el 21 de octubre de 2021. Samai,

índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5ED_OneDrive_202410281zi(.zip)
NroActua 2», carpeta «5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580»,
subcarpeta «08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo
«03ActaAudiencia21Oct2021.pdf».
6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo «01DemandaCompleta.pdf», folios 96 a 100.
7 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo «21Sentencia.pdf».

4

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

13. Al efecto dispuso lo siguiente:

«Primero: Declarar no probada la excepción de prescripción propuesta por las
partes demandadas Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
Municipio de Sabanalarga de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Declárase la nulidad parcial de los oficios No. 0291 de 28 de febrero de
2019 expedido por la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico; N°
2019EE002468 de 25 de febrero de 2019 expedido por la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico; y del oficio sin número de fecha 19 de febrero de 2019
expedido por el Municipio de Sabanalarga, solo en cuanto niegan el reconocimiento
y pago de las cesantías y sus intereses correspondientes a los años 2000, 2001 y
2002.

Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, condenase a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - Municipio de Sabanalarga (Atlántico) – Departamento del Atlántico, se
haga la respectiva liquidación y reporte de los auxilios de cesantías adeudadas al
señor Horacio Arana, correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002, así como al
pago de los intereses de cesantías correspondiente a esas anualidades de
conformidad con la normatividad aplicable al caso para esos efectos.

Cuarto: Niéguense las demás pretensiones.

Quinto: sin condena en costas procesales» (sic).

14. Luegode realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto,
fundamentó su decisión en lo siguiente:

14.1. Se encontraba acreditado que el demandante, en calidad de docente,
reclamaba el reconocimiento y pago de las cesantías correspondientes a los años
2000, 2001 y 2002, así como de sus intereses y de la sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1990 por la no consignación oportuna de la prestación. Al respecto,
en el expediente no obraba prueba alguna del giro de los recursos
correspondientes a tales anualidades al fondo común del Fomag. Solo existían
reportes de cesantías e intereses a partir del año 2003.

14.2. Una vez liquidado el auxilio de cesantías, la entidad territorial certificada
expedía el respectivo reporte, el cual constituía el insumo para que el Fomag
efectuara el cálculo y pago de los intereses sobre el saldo de la prestación. En ese
sentido, debido a que el régimen especial de cesantías de los docentes se regía
por el principio de caja única y no contemplaba cuentas individuales, lo procedente
era ordenar la liquidación y el correspondiente reporte de las cesantías
correspondientes a los años 2000 a 2002 que no fueron oportunamente
registradas en el sistema, así como el reconocimiento y pago de los intereses
causados conforme con la normativa aplicable.

14.3. No había lugar a declarar la excepción de prescripción, toda vez que el
demandante continúa vinculado al servicio docente y, en consecuencia, no se
había producido una ruptura de la relación legal y reglamentaria. Así entonces, el

5

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

auxilio de cesantías tenía el carácter de prestación periódica y, por ende, no
operaba el fenómeno jurídico respecto de las sumas reclamadas.

14.4. De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11
de octubre de 2021 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no había lugar
a la pretensión relacionada con la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990,
pues esta no resultaba aplicable al régimen especial de cesantías de los docentes
oficiales, el cual se estructuraba sobre una cuenta especial regida por el principio
de unidad de caja y no sobre cuentas individuales sujetas a consignación,
circunstancia que hacía incompatible la aplicación de la sanción mora prevista
para el régimen anualizado de cesantías de los trabajadores privados. Únicamente
procedía dicha penalidad en el evento en que se demostrara la falta de afiliación
del docente al Fomag, supuesto que no se encontraba acreditado en el
expediente.

14.5. No era aplicable el proceso de reestructuración de la Ley 550 de 1999 como
causal de exclusión del pago de las prestaciones sociales adeudadas a los
trabajadores, toda vez que estas fueron preexistentes a la celebración de este, por
lo que debían ser tenidas en cuenta dentro de las obligaciones adeudadas a pesar
de que el trabajador no haya participado en la negociación.

14.6. La condena en costas era improcedente, toda vez que no se causaron, en
consideración a lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código
General del Proceso (CGP).

1.4. Los recursos de apelación

15. El departamento del Atlántico interpuso recurso de apelación con fundamento
en los siguientes argumentos8:

15.1. Los actos administrativos demandados se encontraban ajustados a derecho y
en su expedición no se configuró ninguna de las causales de nulidad previstas en
el artículo 137 del CPACA, por lo que resultaba improcedente declarar su
anulación parcial y ordenar la liquidación y reporte de las cesantías
correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002, así como el pago de sus intereses.

15.2. El departamento no tenía obligación alguna respecto de las pretensiones
reclamadas, pues las cesantías correspondientes a dichas anualidades fueron
reportadas oportunamente al Fomag, entidad encargada del reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados.

8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo «23.
RecursoApelacionDptoAtl11_080012333000201900410002MemorialWeb202467191757.pdf».

6

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

15.3. De conformidad con el Decreto 3572 de 2003, las prestaciones sociales
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag estaban a cargo de la respectiva
entidad territorial o de la entidad de previsión social a la cual se hubieran realizado
los aportes, razón por la cual la obligación dependía de que el municipio nominador
hubiera efectuado efectivamente dichos aportes. Asimismo, las entidades
territoriales certificadas en educación únicamente tenían a su cargo el reporte
anual de la liquidación de cesantías de los docentes afiliados al Fomag, mas no la
consignación anual de tales prestaciones.

15.4. Aun en el evento de considerarse procedente la sanción moratoria prevista en
la Ley 50 de 1990, esta se encontraba prescrita, en atención a que la reclamación
administrativa se presentó en el año 2019, cuando ya había transcurrido
ampliamente el término trienal previsto en el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social9. Según las sentencias de unificación del Consejo
de Estado CE-SUJ-004 de 25 de agosto de 2016 y CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de
agosto de 2020, el término de prescripción de la sanción moratoria se contabiliza
de manera independiente para cada anualidad, a partir del 15 de febrero del año
siguiente a aquel en que debió efectuarse la consignación.

15.5. Se configuró la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto del departamento, pues la entidad competente para reconocer y pagar
las prestaciones sociales de los docentes oficiales era el Fomag, a través de la
Fiduprevisora SA, de conformidad con la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley
962 de 2005.

16. El Fomag interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos10:

16.1. No procedía el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes afiliados al Fomag, porque estos
se encontraban sometidos al régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989, en
calidad de empleados públicos del orden nacional y no de servidores públicos
territoriales afiliados a fondos privados de cesantías. El sistema prestacional del
magisterio tenía reglas propias en materia de liquidación, administración y pago
de cesantías e intereses, financiadas mediante recursos incorporados
previamente al fondo bajo el principio de unidad de caja, razón por la cual no
existía la obligación de consignación individual antes del 15 de febrero prevista en
la Ley 50 de 1990

16.2. La jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, en especial la

9 En lo que sigue CPTSS.
10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo
«25RecursoApelaciónMineduacion_fomag.pdf».

7

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

sentencia SUJ-032-CE-S2-2023, concluyó que la sanción moratoria del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 resultaba incompatible con el régimen especial docente
administrado por el Fomag. Los docentes contaban con un mecanismo
sancionatorio propio por el pago tardío de cesantías, previsto en las leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, de manera que no resultaba posible aplicar parcialmente
normas del régimen general con fundamento en el principio de favorabilidad.

16.3. Las secretarías de educación tenían a su cargo la liquidación anual de las
cesantías e intereses, la notificación de los valores reconocidos y el reporte de
dicha información al Fomag, circunstancia que incidía en las fechas de pago. El
fondo únicamente administraba los recursos y efectuaba los pagos conforme con
los reportes remitidos por las entidades territoriales, por lo que carecía de
legitimación en la causa por pasiva al no ostentar la calidad de empleador.

17. El municipio de Sabanalarga interpuso recurso de apelación con fundamento
en los siguientes argumentos11:

17.1. No compartía la condena impuesta en el artículo 3 de la sentencia de primera
instancia, en cuanto lo declaró responsable solidario del pago de las cesantías
correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002, pues afirmó que dicha obligación
correspondía exclusivamente al Fomag, al cual se encontraban afiliados los
docentes territoriales, entre ellos el demandante.

17.2. De conformidad con la Ley 91 de 1989, el fondo fue creado como una cuenta
especial de la nación encargada de atender y pagar las prestaciones sociales de
los docentes nacionales y nacionalizados, función que debía cumplirse a través
de los recursos aportados por la nación, las entidades territoriales y los docentes.

17.3. La Ley 60 de 1993, posteriormente sustituida por la Ley 715 de 2001, dispuso
que el personal docente territorial debía incorporarse al Fomag y que las
prestaciones reconocidas en la Ley 91 de 1989 serían asumidas por dicho fondo.
Así las cosas, las cesantías reclamadas por el actor no podían atribuirse al
municipio de Sabanalarga, toda vez que el fondo era el responsable legal de su
reconocimiento y pago.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

18. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de

11 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo
«26RecursoApelaciónMunicipioSabanalargaVentanilaVirtual.pdf».

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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. El Ministerio Público

19. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

20. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos [...]».

2.2. El problema jurídico

21. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso 13, la
competencia del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos
expuestos en los recursos de apelación, en esas condiciones, el problema jurídico
que se debe resolver en esta instancia se contrae a determinar ¿si el
reconocimiento y pago de las cesantías correspondientes a los años 2002, 2001
y 2002 del demandante correspondía exclusivamente al Fomag o si en dicho
trámite también intervenían y debían asumir obligaciones el departamento del
Atlántico y el municipio de Sabanalarga?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes

22. La Ley 91 de 1989 creó el Fomag como una cuenta especial de la nación con
el fin de atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre
con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y
estableció la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas
circunstancias excepcionales en el momento de su promulgación, así:

«Artículo 2. ° (…)

12 Así se dispuso en el auto admisorio de la demanda del 29 de noviembre de 2024. Samai, índice

4, actuación «Auto que admite recurso de apelación», documento
«6Autoqueadmite_61122024Admiterecurs(.pdf) NroActua 4», archivo
«6_Autoqueadmite_61122024Admiterecurs_0_20250116161552225».
13 En lo que sigue CGP.

9

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la
fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de
conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho
personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.

(…)

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.

(…)

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio
del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional» (se resalta).

23. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes el Fomag pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año
de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último
salario devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y

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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y los nacionales
vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde
el 1 de enero de 1990, a quienes el fondo les pagará un interés anual sobre el
saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas
anualmente y sin retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán
con el régimen anualizado.

24. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que « i)
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1
de enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde
a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»14

25. Asimismo, la jurisprudencia de esta corporación15, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al
1 de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 16, sostuvo lo
siguiente:

«(…) la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que
gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley
6 de 1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1
de enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados,
quienes estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden
nacional, cuyo sistema de liquidación reviste las siguientes características:

i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de
año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los
últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de
cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia

del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
15 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018,

Rad. 2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia
del 13 de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad.
2015- 00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero
de 2019, Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;
16 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

Superintendencia Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de
captación del sistema financiero durante el mismo período.

Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 20164, sostuvo que la finalidad del
legislador al expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de
los docentes a partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas
prestacionales que regulaban a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, quienes mantendrían el sistema que regulaba a los servidores de orden
territorial, a diferencia de los educadores que ingresaren a partir de dicha fecha
sin hacer distinción entre nacionales o territoriales, los cuales se regularían por
las normas de los empleados públicos del orden nacional (…)» (se resalta).

26. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago de sus prestaciones sociales,
unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto
de vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin
desconocer los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen
vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1989.

27. Ahora bien, además de unificar el régimen prestacional de los docentes oficiales
y centralizar el pago de sus prestaciones sociales, la Ley 91 de 1989 estructuró
un esquema de concurrencia funcional y financiera entre el Fomag y las entidades
territoriales. En efecto, el artículo 5 estableció como uno de los objetivos del fondo
«(e)Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado» y «(v)elar para
que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio,
cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones»; mientras que el artículo 9
indicó que «(l)as prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de
Educación Nacional, función que delegará de tal manera que se realice en las entidades
territoriales».

28. Asimismo, el artículo 12 previó la realización de un corte de cuentas para
determinar «(p)ara efectos de determinar las cuantías que las entidades territoriales y la
Nación deben depositar en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio»,
y el artículo 13 estableció que la nación y las entidades territoriales debían suscribir
convenios para cubrir las obligaciones a cargo de estas últimas frente al fondo.

29. Posteriormente, la Ley 60 de 199317, derogada por la Ley 715 de 2001 18
(artículo 113), reiteró la participación de las entidades territoriales en la
administración del personal docente y en la financiación del pasivo prestacional.

17 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad

con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
18 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros».

12

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

En efecto, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dispuso que el personal docente
departamental, distrital y municipal sería incorporado al Fomag y que «las sumas
por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del
personal docente del orden territorial a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales».
Asimismo, señaló que «el valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades
territoriales, que deban trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se
determinará (...) con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será
financiado con sus propios recursos».

30. En armonía con dichas disposiciones, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha precisado que, aunque el Fomag es la entidad llamada a asumir el pago de las
prestaciones sociales de los docentes afiliados, las entidades territoriales
conservan funciones relacionadas con la administración de la planta docente, la
certificación de tiempos de servicio, la liquidación y el trámite de las prestaciones
sociales. En particular, esta Subsección, en sentencia del 12 de diciembre de
202319, explicó que los actos de reconocimiento prestacional de los docentes
afiliados al Fomag constituyen actos administrativos complejos, en cuya formación
intervienen tanto la secretaría de educación de la entidad territorial certificada
como la fiduciaria encargada de la administración de los recursos del fondo.

31. Asimismo, de conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley 91 de 1989 y 6
de la Ley 60 de 1993, las entidades territoriales conservaron obligaciones
financieras relacionadas con el pasivo prestacional docente y con las acreencias
causadas antes de la consolidación del sistema administrado por el Fomag, razón
por la cual el esquema diseñado por el legislador articuló una concurrencia
administrativa y financiera entre aquellas y la nación, a través del citado fondo.

32. En consecuencia, la definición de las obligaciones relacionadas con el
reconocimiento, liquidación, reporte y financiación de las cesantías de los
docentes exige atender al régimen prestacional aplicable, a la fecha de vinculación
del educador, al periodo de causación de las acreencias reclamadas y a las
competencias legalmente atribuidas al Fomag y las entidades territoriales.

2.3.2. Competencia y trámite de las peticiones en materia de reconocimiento
y pago de cesantías a favor de los docentes afiliados al Fomag

33. A través de la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989 20, el legislador dispuso la
creación del Fomag como una cuenta especial de la nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica. En lo que se refiere al
manejo de los recursos que integrarían el fondo estableció que para tal efecto el
gobierno nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad
fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de su

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,

radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
20 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

administración.

34. Al respecto el artículo 3 previó:

«Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y
estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una
entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del
90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente
contrado (sic) de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias
para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en
desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una
suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se
generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de
Educación Nacional».

35. Una de las finalidades del Fomag consistía en el pago de las prestaciones
sociales a sus afiliados, estos eran los docentes. Para el efecto el artículo 5
estableció:

«Artículo 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los
siguientes objetivos:

1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.

2. Garantizar la prestación de los servicios médico -asistenciales, que contratará
con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del
Fondo.

3. Llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado
de los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y constituir
una base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones
que en materia prestacional deba atender el Fondo, que además pueda ser
utilizable para consolidar la nómina y preparar el presupuesto en el Ministerio de
Hacienda.

4. Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le
corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes.

5. Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones
del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones».

36. Esta norma, en atención al proceso de nacionalización de la educación oficial
llevado a cabo mediante la Ley 43 de 1975, señaló que quedarían
automáticamente afiliados al fondo los docentes nacionales o nacionalizados
vinculados a la fecha de promulgación de la citada ley, esto es el 29 de diciembre
de 1989, así como el personal vinculado con posterioridad, siempre y cuando
cumplieran los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y
económica.

14

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

37. Posteriormente, los artículos 5 a 8 del Decreto 1775 de 1990 21, reglamentaron
el funcionamiento del Fomag de la siguiente manera:

«Artículo 5. Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán radicadas
en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional.

La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en las
normas reglamentarias.

Artículo 6. Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de
prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el
estudio de la documentación.

Artículo 7. Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a
efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.

Artículo 8. Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente del
Ministerio ante el Fondo Educativo Regional, expedirá la resolución de
reconocimiento».

38. Así entonces, el trámite de las solicitudes de reconocimiento y pago de
prestaciones económicas de los docentes debían ser radicadas ante la Oficina de
Prestaciones Sociales del respectivo Fondo Educativo Regional, el que procedería
a realizar el estudio de la documentación, con el visto bueno de la entidad
fiduciaria, para luego expedir la correspondiente resolución de reconocimiento.

39. No obstante, el Congreso de la República mediante el artículo 56 de la Ley 962
de 2005 dispuso que las prestaciones sociales de los docentes oficiales serían
reconocidas y pagadas por el Fomag mediante la aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien administrara el fondo, el cual en todo caso debía ser
elaborado por el secretario de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente a la que se encontraba vinculado el docente. La norma señalaba:

«Artículo 56. Racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo,
mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el
Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad
Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente.
El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial».

40. El anterior trámite fue reglamentado por los artículos 2 a 5 del Decreto 2831 de
2005 de la siguiente manera:

«Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial

21 «Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989».

15

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la
sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo,
implementará un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de
reconocimiento de prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad
territorial certificada y en la sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes
conocer electrónicamente el estado de su trámite.

Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de
2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que
pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada
a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas,
o la dependencia que haga sus veces.

Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:

1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con
el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la
sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.

2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los
recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados,
certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente
peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto
con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo.

4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones
económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962
de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites
administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos
previstos en la ley.

5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos
administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto
con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres
días siguientes a que estos se encuentren en firme.

Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean
interpuestos contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento
aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se
hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

16

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal
y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la
autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación
de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de
tal Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.

Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de
reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la
entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta
docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad
fiduciaria que se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su
aprobación.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de
resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera
precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva
secretaría de educación.

Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por
el secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos
y con las formalidades y efectos previstos en la ley».

41. Así las cosas, las resoluciones por las cuales se disponía el reconocimiento y
pago de prestaciones económicas a favor de los afiliados al Fomag eran actos en
los que intervenía tanto la secretaría de educación del ente territorial en la cual
prestaba sus servicios el docente, a través de la elaboración del proyecto de
resolución de reconocimiento prestacional, como la fiduciaria que se encargaba
de administrar los recursos del fondo, a la que le correspondía aprobar o negar el
proyecto de resolución de acuerdo con la documentación que para tal efecto le
hubiera sido enviada.

42. En ese orden de ideas, si bien la secretaría de educación del ente territorial
intervenía, lo cierto es que, en el caso de reconocimiento de las prestaciones
sociales de los docentes, actuaba en nombre y representación del Fomag, como
la encargada de elaborar el proyecto de resolución que reconocía o denegaba la
prestación social, resolución que con posterioridad debía ser aprobada o no por la
sociedad fiduciaria, quien administraba los recursos del fondo.

43. Sobre el particular, esta Subsección, en sentencia del 12 de diciembre de
202322, señaló que los actos a través de los cuales se disponía el reconocimiento
y la orden de pago de una prestación social a favor de los afiliados del Fomag,
eran actos administrativos complejos, pues para su formación intervenían varias
voluntades jurídicas (secretaría de educación, o la dependencia o entidad que
haya hecho sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta
docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente y la

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,

radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.

17

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal
fondo). En tal sentido, la Sala concluyó que era a las secretarías de educación a
las que finalmente les correspondía definir el reconocimiento y pago de los
derechos prestacionales de los docentes afiliados al Fomag, aunque sea a este
último al que le incumbía el pago.

2.4. Caso concreto, lo probado dentro del proceso

44. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

44.1. A través del Decreto 087-09 del 30 de diciembre de 199923, Horacio Javier
Arana Moreno fue nombrado por el alcalde como docente del municipio de
Sabanalarga (Atlántico), cargo del cual tomó posesión el 26 de enero de 200024 y
ha ejercido hasta el 8 de noviembre de 202125.

44.2. De conformidad con la constancia del 19 de marzo de 201926, expedida por la
profesional universitaria de la Oficina de Nómina de la Secretaría de Educación
del departamento del Atlántico, Horacio Javier Arana Moreno devengó en los años
que se detallan a continuación las siguientes asignaciones mensuales:

«AÑO 2000 De Enero 1o a Septiembre 28 Grado 01
SUELDO……………… $404.837.00
P. Alimento…………… 23.431.00
S. Transporte………… 26.413.00
De Septiembre 29 a 31 Diciembre Grado 06
SUELDO……………… $525.356.00
P. Alimento…………… 23.431.00
S. Transpñorte……….. 26.413.00
P. Vacaciones………... 262.678.00
PRIMA NAVIDAD……. $525.356.00
AÑO 2001 GRADO 06
SUELDO……………… $567.385.00
P. Alimento…………… 25.540.00
S. Transporte………… 30.000.00
P. Vacaciones……….. $283.693.00

23 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo «01DemandaCompleta.pdf», folio 27.
24 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo «01DemandaCompleta.pdf», folio 29.
25 Fecha de la certificación expedida por la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico.

Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo
«10RespodeDepartamentoAtlantico11Nov2021.pdf».
26 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo «01DemandaCompleta.pdf», folio 31.

18

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

PRIMA DE NAVIDAD… $567.693.00
AÑO 2002 GRADO
SUELDO………………. $601.429.00
P. Alimento 26.920.00
S. Transporte…………. 34.000.00
P. Vacaciones………… $300.715.00
PRIMA DE NAVIDAD... $601.429.00» (sic).

44.3. Según el extracto de cesantías del 20 de junio de 201927, Horacio Javier Arana
Moreno reporta la siguiente información:

44.4. El 15, 18 y 20 de febrero de 2019 solicitó al municipio de Sabanalarga, al
departamento del Atlántico y al Fomag el reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas y sus intereses correspondientes a los años 2000 a 2002, así como
de la sanción moratoria por su no consignación oportuna28.

27 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo «01DemandaCompleta.pdf», folio 32.
28 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta

19

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

44.5. Las anteriores peticiones fueron negadas a través de los oficios sin
identificación del 19 de febrero de 2019, 2019EE002468 del 25 de febrero de 2019
y 0291 del 28 de febrero de 2019, expedidos por el alcalde del municipio de
Sabanalarga, el técnico del Fondo Prestacional del departamento del Atlántico, en
representación del Fomag, y el secretario de educación de dicho departamento,
respectivamente29.

44.6. A través de la certificación de tiempo de servicios del 8 de noviembre de
202130, la coordinadora de la Oficina de Hoja de Vida de la Secretaría de
Educación del departamento del Atlántico señaló lo siguiente:

«Que revisada la hoja de vida del Sr. (a) ARANA MORENO HORACIO JAVIER,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía (…), se encontró documentación
demostrativa de que presta sus servicios al Departamento del Atlántico, en la
Secretaría de Educación Departamental.

Así mismo, aparece acreditado qué:

Decreto No 087-09 del 30/12/1999, emanado de la Alcaldía Municipal de
Sabanalarga, mediante la cual fue Nombrado en el cargo de Docente.
Acta de Posesión del 26/01/2000.

Resolución No 0183 del 23/11/2018, mediante el cual fue Ascendido al Grado
CATORCE (14) del Escalafón Nacional Docente.

Labora en la Institución Educativa Femenina de Sabanalarga- Institución
Educativa Básica No 14 El Divino Niño de Sabanalarga.

De acuerdo ca la fecha de su Nombramiento su vinculación es de carácter
Municipal Recursos propios del Municipio de Sabanalarga, asumido por el Sistema
General de Participaciones del Departamento del Atlco, en los términos de la Ley
715 de 2001, a partir del 01/01/2003» (sic).

2.5. Análisis sustancial del caso concreto

45. Enel presente asunto, el a quo declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados, únicamente en cuanto negaron el reconocimiento y
pago de las cesantías y sus intereses correspondientes a los años 2000, 2001 y
2002 reclamados por el actor y, como consecuencia de ello, condenó al Fomag,

«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo «01DemandaCompleta.pdf», folios 22 a 23,
18 a 20 y 11 a 13 respectivamente.
29 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo «01DemandaCompleta.pdf», folios 24 a 26
21 y 14 a 16, respectivamente.
30 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5ED_OneDrive_202410281zi(.zip) NroActua 2», carpeta
«5_EXPEDIENTEDIGI_OneDrive_202410281zi_0_20241028163113580», subcarpeta
«08001233300020190041000 NRD Laboral», archivo
«10RespodeDepartamentoAtlantico11Nov2021.pdf».

20

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

al departamento del Atlántico y al municipio de Sabanalarga a efectuar la
respectiva liquidación y reporte de dichas acreencias prestacionales, así como al
pago de los intereses correspondientes.

46. Lo anterior, toda vez que no existía prueba del reporte de las cesantías
correspondientes a las anualidades 2000, 2001 y 2002 al fondo común del Fomag,
ni del reconocimiento y pago de los intereses causados por tales periodos, pese a
que el demandante se encontraba vinculado al servicio docente y afiliado al
régimen especial del magisterio. En ese sentido, procedía ordenar la liquidación y
el reporte de las cesantías omitidas y el pago de los respectivos intereses. Por su
parte, negó la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por considerar que
esta no resultaba compatible con el régimen especial prestacional de los docentes
oficiales administrado por el Fomag.

47. Inconforme con lo anterior, el departamento del Atlántico apeló la decisión de
primera instancia, al considerar que los actos acusados se ajustaban a derecho y
que no le asistía obligación alguna respecto de las cesantías reclamadas, pues
estas habían sido reportadas oportunamente al Fomag, entidad encargada
legalmente del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los
docentes afiliados. Asimismo, las prestaciones causadas con anterioridad a la
afiliación efectiva al fondo correspondían a la entidad territorial o entidad de
previsión social a la cual se hubieran efectuado los respectivos aportes y que, en
todo caso, carecía de legitimación en la causa por pasiva frente a las pretensiones
de la demanda.

48. De igual forma, aun en el evento de considerarse procedente la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, esta se encontraba prescrita, en atención
a que la reclamación administrativa solo fue presentada en el año 2019, cuando
ya había transcurrido el término trienal previsto en el artículo 151 de CPTSS.

49. Por su parte, el Fomag apeló la decisión del tribunal al sostener que el régimen
especial prestacional de los docentes oficiales se rige exclusivamente por la Ley
91 de 1989 y por el sistema de unidad de caja administrado por dicho fondo, razón
por la cual no resultaba procedente aplicar disposiciones propias del régimen
general anualizado de cesantías. Igualmente, las secretarías de educación
territoriales tenían a su cargo la liquidación anual y el reporte de las cesantías e
intereses de los docentes afiliados, mientras que el fondo únicamente
administraba los recursos y efectuaba el pago conforme con la información
remitida por aquellas, circunstancia que, a su juicio, evidenciaba la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de las pretensiones formuladas.

50. A su vez, el municipio de Sabanalarga recurrió la sentencia de primera instancia
al estimar que no le correspondía asumir responsabilidad alguna respecto de las
cesantías reclamadas por el demandante, toda vez que, conforme con la Ley 91
de 1989 y las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, las prestaciones sociales de los
docentes territoriales incorporados al Fomag debían ser reconocidas y pagadas

21

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

por dicho fondo. En consecuencia, la condena impuesta en su contra resultaba
improcedente, pues la obligación prestacional reclamada recaía en el fondo.

51. Ahora bien, la Sala advierte que no constituye objeto de controversia en esta
instancia la improcedencia de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 frente al régimen especial de cesantías de los docentes oficiales
afiliados al Fomag, toda vez que el a quo negó dicha pretensión con fundamento
en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del Consejo de Estado18, en
la cual se estableció que los docentes o filiados al Fomag no tienen derecho a la
sanción moratoria prevista en el artículo 3 del artículo 99 de la ley ibidem, por
resultar incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por
la Ley 91 de 1989.

52. En la mencionada providencia se precisó que la afiliación al fondo constituye el
criterio determinante para establecer la procedencia de la referida sanción. Al
respecto señaló:

«Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989 (…).

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 (…)»
(se resalta).

53. La regla señalada en dicha decisión constituye un precedente vinculante y
obligatorio19 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, en los términos de los
artículos 10 y 102 del CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la
cosa juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son
inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

54. Así las cosas, la Sala no abordará el estudio relacionado con la procedencia de
la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ni el análisis
de la prescripción alegada respecto de esta, pues se trata de una pretensión que
fue negada por el tribunal con fundamento en el precedente unificado antes
referido, decisión que no fue objeto de censura material orientada a obtener su
revocatoria. En efecto, el departamento del Atlántico únicamente aludió a la
prescripción de una eventual sanción moratoria de manera subsidiaria, mientras
que el Fomag reiteró la incompatibilidad de dicha penalidad con el régimen
especial del magisterio, sin controvertir la decisión adoptada por el a quo en este
punto.

55. En consecuencia, el análisis de la Sala se circunscribirá a establecer si procedía
el reconocimiento, liquidación, reporte y pago de las cesantías e intereses
correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002 reclamados por el demandante,
así como a determinar cuáles de las entidades demandadas eran responsables

22

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

frente a dichas obligaciones, con atención de la fecha de vinculación del actor, el
régimen prestacional aplicable y las competencias y cargas administrativas y
financieras asignadas por la Ley 91 de 1989 y las disposiciones posteriores al
Fomag y a las entidades territoriales.

56. Para resolver lo anterior, de las pruebas anteriormente relacionadas, se
encuentra acreditado que el demandante fue nombrado docente del municipio de
Sabanalarga mediante el Decreto 087-09 del 30 de diciembre de 1999 y tomó
posesión del cargo el 26 de enero de 2000, esto es, con posterioridad al 1 de enero
de 1990. Asimismo, el extracto de cesantías allegado al expediente evidencia el
manejo de la prestación bajo la modalidad anualizada propia del sistema
administrado por el Fomag, en cuanto registra reportes periódicos por anualidades
e intereses causados.

57. En consecuencia, de conformidad con los artículos 2 y 15 de la Ley 91 de 1989
y con la jurisprudencia de esta corporación reseñada en precedencia, el actor se
encontraba sometido al régimen anualizado de cesantías aplicable a los docentes
oficiales afiliados al Fomag.

58. Asimismo, obra en el expediente certificación expedida por la Secretaría de
Educación del departamento del Atlántico en la que se indicó que la vinculación
del actor correspondía a una plaza municipal financiada inicialmente con recursos
propios del municipio de Sabanalarga y asumida posteriormente por el Sistema
General de Participaciones del departamento del Atlántico, en los términos de la
Ley 715 de 2001, a partir del 1 de enero de 2003. De igual forma, el extracto de
cesantías aportado al proceso evidencia que únicamente aparecen reportes de
cesantías e intereses desde el año 2003, sin que obre prueba del reporte,
liquidación o incorporación al sistema administrado por el Fomag de las
anualidades correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002.

59. En ese contexto, contrario a lo sostenido por las entidades apelantes, la
circunstancia de que el Fomag sea la entidad encargada de reconocer y pagar las
prestaciones sociales de los docentes afiliados no releva a las entidades
territoriales de las obligaciones administrativas y financieras que les fueron
asignadas por las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 715 de 2001 en relación con la
liquidación, certificación, reporte y financiación del pasivo prestacional docente.
Así entonces, aun cuando el fondo administra y paga las prestaciones sociales del
magisterio mediante un sistema de unidad de caja, ello no excluye el deber de las
entidades territoriales de efectuar la correspondiente liquidación, reporte y traslado
de los valores adeudados al sistema administrado por el Fomag respecto de las
acreencias causadas antes de su incorporación efectiva.

60. En efecto, conforme quedó expuesto en el marco normativo de esta
providencia, las entidades territoriales conservaron funciones relacionadas con la
administración de la planta docente y con el trámite de las prestaciones sociales
de los docentes vinculados a sus plantas de personal, así como obligaciones

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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

derivadas de las acreencias causadas antes de la incorporación efectiva de tales
obligaciones al sistema administrado por el Fomag. Precisamente por ello, la Ley
91 de 1989 previó mecanismos de concurrencia financiera y de saneamiento del
pasivo prestacional entre la nación y las entidades territoriales. De ahí que la
ausencia de reporte o traslado oportuno de las cesantías no pueda trasladarse al
docente ni constituya fundamento para exonerar de responsabilidad a las
entidades obligadas.

61. Bajo ese entendido, no le asiste razón al municipio de Sabanalarga cuando
afirma que toda obligación prestacional recaía exclusivamente sobre el Fomag,
pues el material probatorio demuestra que durante los años 2000 a 2002 el actor
se encontraba vinculado a una plaza municipal financiada con recursos propios de
dicho ente territorial y que solo a partir del 1 de enero de 2003 dicha vinculación
fue asumida con cargo al Sistema General de Participaciones por el departamento
del Atlántico. Tampoco prospera el argumento del departamento según el cual las
cesantías reclamadas habrían sido reportadas oportunamente al Fomag, toda vez
que no obra en el expediente prueba alguna que acredite el reporte de las
anualidades 2000, 2001 y 2002, ni la incorporación de tales valores al sistema
prestacional administrado por el fondo.

62. Por el contrario, el extracto de cesantías allegado al expediente constituye un
indicio para establecer que las cesantías correspondientes a los años 2000, 2001
y 2002 no fueron reportadas ni incorporadas oportunamente al sistema
administrado por el Fomag, pues únicamente registra información a partir de la
anualidad 2003. A ello se suma que las entidades demandadas no aportaron
prueba que desvirtuara dicha circunstancia ni acreditaron el cumplimiento de las
obligaciones de liquidación y reporte que les correspondían frente a tales periodos.

63. En consecuencia, la Sala comparte la conclusión del tribunal en cuanto declaró
la nulidad parcial de los actos acusados y ordenó el reconocimiento, liquidación,
reporte y pago de las cesantías e intereses correspondientes a los años 2000,
2001 y 2002, toda vez que se no se acreditó el cumplimiento de las cargas
administrativas y prestacionales a cargo de las entidades demandadas respecto
de esas anualidades.

64. No obstante, la Sala considera necesario precisar que no les asiste razón a las
entidades demandadas al sostener que carecen de competencia o legitimación
frente a las cesantías reclamadas, pues la Ley 91 de 1989 y las disposiciones
posteriores estructuraron un esquema de concurrencia administrativa y financiera
en materia prestacional docente, dentro del cual el Fomag tiene a su cargo la
administración y pago de las prestaciones sociales, mientras que las entidades
territoriales conservan obligaciones relacionadas con la liquidación, certificación,
reporte y financiación de las acreencias causadas a cargo de sus plantas de
personal.

65. Precisamente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el

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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fomag se
desarrolla mediante un esquema funcional en el que intervienen tanto las
entidades territoriales certificadas como la fiduciaria administradora del fondo, sin
que la participación de este último releve a aquellas de las obligaciones
administrativas y financieras que legalmente les corresponden frente al pasivo
prestacional docente31.

66. Esta conclusión resulta consistente con lo decidido por esta Subsección en
sentencia del 20 de noviembre de 202532, en la que se precisó que la participación
del Fomag en la administración de las prestaciones sociales del magisterio no
excluye las obligaciones que corresponden a las entidades territoriales respecto
de las cesantías causadas durante el periodo en que el docente estuvo vinculado
a su planta de personal.

67. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la sentencia apelada debe ser
modificada parcialmente, pues, si bien acertó el tribunal al declarar la nulidad
parcial de los actos acusados y ordenar el reconocimiento de las cesantías e
intereses correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002, resulta necesario
precisar el alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las entidades
demandadas dentro del sistema especial prestacional del magisterio.

68. En efecto, las pruebas obrantes en el expediente permiten concluir que las
anualidades reclamadas se causaron cuando el actor se encontraba vinculado a
una plaza municipal financiada con recursos propios del municipio de Sabanalarga
y antes de la incorporación de dicha plaza al departamento del Atlántico, con cargo
al Sistema General de Participaciones a partir del 1 de enero de 2003. Por ello, no
puede aceptarse que las entidades territoriales queden exoneradas de
responsabilidad frente a dichas acreencias, pues sobre ellas recaían obligaciones
de liquidación, certificación, reporte y traslado de las cesantías correspondientes
a esos periodos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Fomag en materia
de administración y pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados.

69. Por tal razón, se modificará el ordinal tercero de la sentencia apelada, en el
sentido de precisar que el reconocimiento y pago de las cesantías e intereses
correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002 deberá efectuarse a través del
sistema administrado por el Fomag, previa liquidación, certificación, reporte y
traslado de los valores correspondientes por parte de las entidades territoriales
demandadas.

2.6. Costas

70. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,

radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2025,

radicado 23001-23-33-000-2019-00220-02 (1014-2025), MP Jorge Edison Portocarrero Banguera.

25

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

71. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

72. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma33.

73. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

74. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

75. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que se configuró la nulidad
parcial de los actos administrativos demandados respecto de la negativa de
reconocer y pagar la cesantías e intereses correspondientes a los años 2000, 2001
y 2002, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada en este aspecto. No
obstante, se modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva, con el fin de
precisar que dichas acreencias deberán ser liquidadas, certificadas, reportadas y
trasladadas al sistema administrado por el Fomag por las entidades territoriales
demandadas, conforme con las competencias que legalmente les correspondían.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

33 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

26

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00410-01 (6112-2024)
Demandante: Horacio Javier Arana Moreno

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal 3 de la sentencia del 5 de febrero de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por
Horacio Arana Moreno contra el Fomag, el departamento del Atlántico y el
municipio de Sabanalarga, el cual quedará así:

Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar al Fomag,
al departamento del Atlántico y al municipio de Sabanalarga a efectuar,
conforme con las competencias funcionales, administrativas y financieras que
legalmente les correspondían, la liquidación, certificación, reporte y traslado al
sistema administrado por el Fomag de las cesantías e intereses
correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002 para que estén disponibles a
favor de Horacio Javier Arana Moreno.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 5 de febrero de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, de
conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

27

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