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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00493-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00493-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por el señor Álvaro Enrique Guzmán Sanjuan contra la UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS a la parte actora en segunda instancia. Las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00493-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001 23 33 000 2019 00493 01 (6565-2023)
Demandante: Álvaro Enrique Guzmán Sanjuan
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Insuficiencia probatoria para demostrar
requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.
Docente nacionalizado. Ley 29 de 1989. Condena en costas.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda porque no existen pruebas en
el expediente que demuestren inequívocamente una
vinculación docente de carácter territorial o nacionalizada
antes del 31 de diciembre de 1980

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 5 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. El demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 009542 del 21 de
marzo de 2019 y RDP 016076 del 27 de mayo de 2019, mediante las cuales la
entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad
concederle la mencionada prestación periódica a partir del 1 de mayo de 2014,
junto con la indexación de las sumas adeudadas, así como su condena en costas.

3. Como sustento de sus pretensiones, indicó que nació el 12 de mayo de
1951 y al momento de la interposición de la demanda contaba con 67 años de
edad. Igualmente, adujo que prestó sus servicios como docente territorial para el
departamento del Atlántico desde el 5 de julio hasta el 5 de octubre de 1979, y

1 Folios 1 al 8.

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Radicación: 08001 23 33 000 2019 00493 01 (6565-2023)
Demandante: Álvaro Enrique Guzmán Sanjuan

para el municipio de Río Viejo (Bolívar) desde el 1 de agosto de 1994 hasta el 24
de junio de 2016. Señaló que ejerció sus funciones con honradez, consagración,
idoneidad y buena conducta, sumado a que nunca fue sancionado
disciplinariamente.

4. Por lo anterior, el 18 de diciembre de 2018 solicitó a la entidad demandada
el reconocimiento de la pensión gracia, pero esta le fue negada a través de los
actos administrativos acusados.

Contestación de la demanda2

5. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones alegando que
los actos administrativos acusados se encuentran amparados por la presunción
de legalidad, sin que se advierta la configuración de alguna de las causales de
nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA.

6. En el mismo sentido, señaló que las pruebas obrantes en el expediente,
en especial el certificado emitido por la Secretaría de Educación del
departamento de Bolívar el 25 de abril de 2018, dan fe de que los servicios que
el demandante prestó entre el 1 de agosto de 1994 y el 24 de junio de 2016 fueron
del orden nacional y, por lo tanto, no computables para la pensión gracia
reclamada.

7. Con referencia al nombramiento docente que el actor tuvo con el
departamento del Atlántico entre el 5 de julio y el 5 de octubre de 1979, aunque
en el certificado del 12 de junio de 2018 se le calificó como territorial, no se
estableció el acto administrativo de nombramiento que permita verificar la
información allí reportada.

8. Propuso la excepción previa de falta de competencia por factor territorial
aseverando que el último lugar en el que el actor prestó sus servicios fue en el
municipio de Río Viejo (Bolívar). A su vez, planteó las excepciones de fondo que
denominó «inexistencia de las obligaciones reclamadas», «buena fe» y
«prescripción de mesadas».

Decisión de la excepción previa

9. Mediante auto del 28 de mayo de 20213, el Tribunal Administrativo del
Atlántico declaró no probada la excepción de falta de competencia por razón del
territorio puesto que, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 2080 de 2021, en
materia pensional la competencia por el factor territorial no solo está circunscrita
al lugar donde se prestaron los servicios, sino por el domicilio del demandante
siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar; como en
efecto ocurre en el presente caso ya que la UGPP tiene oficina en la ciudad de
Barranquilla.

2 Folios 136 al 151.
3 Folios 222 y 223.

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Demandante: Álvaro Enrique Guzmán Sanjuan

Sentencia apelada4

10. El Tribunal Administrativo del Atlántico emitió fallo de primera instancia el
5 de agosto de 2022, a través del cual negó las pretensiones de la demanda al
establecer que las pruebas obrantes en el expediente evidencian que, si bien el
actor prestó sus servicios como docente territorial antes del 31 de diciembre de
1980, lo cierto es que su nombramiento a partir del 1 de agosto de 1994 y hasta
el 24 de junio de 2016 fue del orden nacional, por lo que no es posible contabilizar
dicho lapso para el reconocimiento de la pensión gracia. Se abstuvo de condenar
en costas a la parte vencida.

Recurso de apelación

11. La parte actora presentó recurso de apelación en el que solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda. Para tal efecto, adujo que el tribunal realizó una
indebida valoración de las pruebas allegadas al proceso.

12. Alegó que la interpretación de la certificación del 25 de abril de 2018 fue
errónea pues, aunque en ella se indicó que el vínculo existente entre el 1 de
agosto de 1994 y el 24 de junio de 2016 era nacional, lo cierto es que el Decreto
078 del 1 de agosto de 1994, expedido por el alcalde del municipio de Río Viejo
(Bolívar), desvirtúa esa conclusión y permite establecer que se trató de una
vinculación territorial en los términos del artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 y la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

13. Mediante auto del 29 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación
y se dispuso que la parte demandada tenía hasta la ejecutoria de dicha
providencia para pronunciarse con relación a la alzada. Igualmente, se indicó que
el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el expediente
ingresara al despacho para fallo.

14. El Ministerio Público conceptuó que se debe revocar la sentencia de
primera instancia toda vez que las pruebas demuestran que el demandante
cumple con todos los requisitos legales para acceder a la pensión gracia. Por su
parte, la entidad guardó silencio en esta fase procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

15. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las

4 Folios 307 al 312.

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Demandante: Álvaro Enrique Guzmán Sanjuan

sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
las cosas, esta Corporación abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

16. Corresponde a la Sala determinar si la parte demandante acreditó todos
los requisitos establecidos por la Ley para acceder a la pensión gracia 5. Para el
efecto, especialmente se cotejará la prueba documental para verificar si acreditó
una vinculación docente de carácter territorial o nacionalizada anterior al 31 de
diciembre de 1980 y un tiempo mínimo de 20 años en dicha calidad, en los
términos de las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989.

Análisis del problema jurídico

17. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, por las razones que se exponen a
continuación.

18. La parte actora invocó dos periodos de servicios docentes: el primero,
prestado para el departamento del Atlántico entre el 5 de julio y el 5 de octubre
de 1979; y el segundo, para el municipio de Río Viejo (Bolívar), entre el 1 de
agosto de 1994 y el 24 de junio de 2016.

19. En ese orden, la Sala analizará cada uno de estos periodos de manera
independiente, iniciando por aquel que constituye el objeto de la apelación,
correspondiente al comprendido entre el 1 de agosto de 1994 y el 24 de junio de
2016.

Período entre el 1 de agosto de 1994 y el 24 de junio de 2016

20. Obra en el expediente el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral No. 9068 del 25 de abril de 2018 expedido por la Secretaría
de Educación de Bolívar6, en el que se certifica que el actor prestó sus servicios
entre el 1 de agosto de 1994 y el 24 de junio de 2016 como docente de básica
secundaria en la Institución Educativa de Río Viejo (Bolívar), en virtud del
nombramiento efectuado mediante Decreto 78 del 1 de agosto de 1994.

21. En el referido certificado se encuentra marcada la casilla correspondiente
al régimen pensional como «nacional». No obstante, esta circunstancia no resulta
determinante para establecer la naturaleza jurídica del vínculo docente, conforme
a las definiciones previstas en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y a la

5 Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de manera concurrente todos los

requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse
vinculado como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por un periodo no inferior a
20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la
docencia con honradez, consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
6 Folios 31 y 32.

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jurisprudencia de esta Corporación en relación con el personal nacional,
nacionalizado y territorial.

22. En efecto, dicha clasificación tiene como finalidad informar el régimen de
seguridad social aplicable en materia de pensión de vejez o jubilación, aspecto
que no se confunde con la naturaleza del vínculo docente, la cual constituye un
requisito autónomo y específico para acceder a la pensión gracia7.

23. Ahora bien, al proceso se allegó copia del Decreto 078 del 1 de agosto de
19948, mediante el cual el alcalde municipal de Río Viejo (Bolívar) nombró al
demandante como docente del Colegio Departamental Pablo Sexto de esa
entidad territorial, quien tomó posesión del cargo en la misma fecha 9.

24. Del contenido del acto se advierte que fue expedido por el alcalde del
municipio de Río Viejo (Bolívar) en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
artículo 9.º de la Ley 29 de 1989. Asimismo, en su parte considerativa se dejó
constancia de la existencia de disponibilidad presupuestal y de la vacancia
temporal del cargo, certificadas por el representante del Ministerio de Educación
Nacional ante el departamento de Bolívar.

25. En ese contexto, contrario a lo concluido por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, la Sala estima que dicha designación se enmarca en la definición de
personal docente nacionalizado prevista en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en
la medida en que fue efectuada por una autoridad territorial con sujeción a la
autorización previa y control presupuestal del delegado del Ministerio de
Educación, en los términos de los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de 1975.

26. En efecto, la participación de dicho delegado no implicó que se trate de un
docente nacional, sino que atiende a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 43
de 1975, que estableció que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o
comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación,
crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o
secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de
enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de
Educación Nacional».

27. A su turno, el fundamento normativo de la designación se encuentra en la
Ley 29 de 1989, la cual asignó a los representantes legales de las entidades
territoriales la competencia para nombrar, trasladar, remover y administrar el
personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales
y nacionalizados.

7 Esta Subsección ha sostenido dicho criterio en las siguientes providencias: i) sentencia del 4 de septiembre

de 2025, rad. 66001 23 33 000 2020 00004 01 (1470-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; ii) sentencia
del 21 de agosto de 2021, rad. 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019), C.P. Juan Camilo Morales
Trujillo.
8 Folios 35 y 36.
9 Cfr. Acta de posesión 087 del 1 de agosto de 1994 obrante en el folio 37.

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28. De suerte que, el ejercicio de dicha competencia por parte del alcalde de
Río Viejo permite confirmar que el nombramiento realizado mediante el Decreto
078 de 1994 correspondió a una vinculación de carácter nacionalizado, y no
territorial.

29. Lo anterior se refuerza si se tiene en cuenta que, conforme al artículo 1 de
la Ley 91 de 1989, el personal nacional está conformado por los docentes
vinculados mediante nombramiento directo del Gobierno Nacional (Ministerio de
Educación), supuesto que no se configura en el presente caso. En consecuencia,
al descartarse el carácter nacional, la vinculación debe calificarse como
nacionalizada.

30. Por consiguiente, el tiempo de servicios prestado por el demandante como
docente en el municipio de Río Viejo, entre el 1 de agosto de 1994 y el 24 de
junio de 2016, equivalente a 21 años, 10 meses y 24 días, resulta computable
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia y supera el requisito mínimo
de 20 años exigido para acceder a la prestación.

Período docente desde el 5 de julio al 5 de octubre de 1979

31. Dado que la sentencia de primera instancia negó el reconocimiento de la
pensión gracia y, por ende, no resultó favorable a la apelante única, la Sala
procederá a examinar el cumplimiento de otro de los requisitos legales
indispensables para el otorgamiento de esta prestación, en particular, el previsto
en el numeral 2.º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

32. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación10 ha precisado que, para
acceder a la pensión gracia no solo debe cumplirse con los requisitos
establecidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 —como el
tiempo mínimo de 20 años de servicio—, sino también la acreditación de, al
menos, una vinculación docente de carácter territorial o nacionalizado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

33. Pues bien, el Tribunal tuvo por acreditado que el actor se vinculó como
docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, con fundamento en el
periodo laborado para el departamento del Atlántico entre el 5 de julio y el 5 de
octubre de 1979.

34. Para acreditar dicho interregno, se allegó con la demanda el Certificado
de Información Laboral No. 201810000950 del 4 de octubre de 2018 expedido
por la Gobernación del Atlántico11, en el que se indica que el demandante laboró
como maestro interino durante 90 días, entre el 5 de julio y el 5 de octubre de
1979, al servicio de esa entidad territorial.

10 Al respecto, ver la sentencia de unificación jurisprudencial del 11 de agosto de 2022 emitida por la Sala
Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, rad. 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
11 Folio 28.

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35. No obstante, al examinar el referido certificado, la Sala advierte que en
este no se identifica el acto administrativo de nombramiento, ni obra en el
expediente copia del acto de vinculación o del acta de posesión que permita
establecer de manera inequívoca la naturaleza del vínculo docente.

36. Sobre este particular, se destaca que el Tribunal Administrativo del
Atlántico, en audiencia inicial celebrada el 10 de agosto de 202112, ordenó oficiar
a la Secretaría de Educación del Atlántico con el fin de que remitiera los actos
administrativos de nombramiento y desvinculación del actor, así como los
certificados de pago correspondientes a los servicios prestados para esa entidad.

37. En cumplimiento de esta orden judicial, mediante Oficio 0426 del 16 de
mayo de 202213, el subsecretario de educación del ente territorial informó que,
una vez revisados los archivos y el sistema de información, no se encontró
expediente administrativo alguno correspondiente al señor Álvaro Enrique
Guzmán San Juan.

38. En este punto, debe precisarse que la Sala Plena de esta Sección,
mediante la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
fijó la siguiente regla en relación con la acreditación de la calidad docente en
estos asuntos:

iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

39. De conformidad con dicho estándar probatorio, la calidad de docente
territorial o nacionalizado debe acreditarse, en principio, mediante los actos
administrativos de nombramiento o, excepcionalmente, a través de
certificaciones expedidas por la autoridad nominadora, siempre que estas
permitan determinar de manera clara, fehaciente e inequívoca la naturaleza del
vínculo.

40. Sin embargo, la certificación allegada al proceso no identifica el acto
administrativo de nombramiento, no precisa la naturaleza jurídica de la plaza
ocupada y no permite establecer de manera inequívoca que la designación del
actor en 1979 correspondiera a una vinculación docente territorial o
nacionalizada; sin perjuicio que la autoridad nominadora informó la inexistencia
del expediente administrativo correspondiente.

41. Adicionalmente, al revisar los actos administrativos acusados, se advierte
que una de las razones para negar el reconocimiento de la pensión gracia en
sede administrativa fue precisamente la ausencia de precisión sobre el acto

12 Folios 231 al 233.
13 Folio 254.

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administrativo de nombramiento en el mismo certificado de historia laboral,
aspecto que no fue desvirtuado en el presente proceso ni fue objeto de pruebas
adicionales que dieran claridad sobre la naturaleza de la designación.

42. En relación con la carga de la prueba, el artículo 167 del CGP dispone que
«incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen». En ese sentido, correspondía a la parte
demandante aportar prueba idónea que permitiera acreditar la naturaleza
territorial o nacionalizada del vínculo docente que sostuvo con el departamento
del Atlántico entre el 5 de julio y el 5 de octubre de 1979, lo cual no se acreditó
en el sub-lite.

43. En conclusión, como la parte demandante no acreditó, de manera
inequívoca, haber ostentado una vinculación docente de carácter territorial o
nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 —requisito ineludible
para acceder a la pensión gracia—, se impone confirmar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas de la parte
vencida en el proceso.

46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP de conformidad
con la remisión prevista en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

47. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, las
agencias en derecho se fijarán en la oportunidad procesal correspondiente y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Atlántico, de conformidad con el artículo 366 del CGP.

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Demandante: Álvaro Enrique Guzmán Sanjuan

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda incoada por el señor Álvaro Enrique Guzmán
Sanjuan contra la UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS a la parte actora en segunda instancia.
Las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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