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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00561-01

Fecha
21 de abril de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00561-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 18 de enero de 2021, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda de Hugo Antonio Bernal Barrios con tra La Nación – Ministerio de Defensa. 13 Í n d i c e 2 del aplicativo SAMAI. www.consejodeestado.gov.co 10 Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 08001-23-33-000-2019-00561-01 (2131-2021) Demandante: Hugo Antonio Bernal Barrios SEGUNDO: SIN CONDENA en costa s. TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00561-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

21 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho .
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00561-01 (2131-2021)
Demandante: HUGO ANTO NIO BERNAL BARRIOS
Demandado: NACIÓN – MINIS TERIO DE DEFENS A

Tema: Nivelación de la mesada pensional del personal
civil del Ejé rcito Nacional. Aplicación del artículo
13 de la Ley 4 de 1992 . Ley 1437 de 2011

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

I. ASUNTO

1.La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado decide el recurso de apelación impetrado por el apoderado
de la parte demandante , en contra de la providencia del 18 de enero
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico , por
medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1 Pretensiones 1

2 . Hugo Antonio Bernal Barrios , por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la
nulidad del Oficio OFI18-2168 MDNSGDAGPSAP de 12 de enero
de 2018, mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional
respondió negativamente la solicitud de reajuste de la mesada
pensional del demandante conforme a lo dispuesto en el artículo 13
de la Ley 4 de 1992 .

3 . A título de restablecimiento del derecho , solicitó que se ordene la

reliquidación de la pensión, de acuerdo con la disposició n invocada;

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Demandante: Hugo Antonio Bernal Barrios

así como la s diferencias entre lo pagado y lo que se debió cancelar ,
además de l retroactivo , y de los intereses a que haya lugar .

2.2. Hechos relevantes

4 . El señor
apoderado de la parte demandante narró los hechos que
se resumen a continuación 2:

2.2.1. El señor Bernal B arrios prestó sus servicios a la s Fuerzas
Militares por más de veintitrés años, y le fue reconocida su pensión
a través de la Resolución 7642 del 7 de noviembre de 1991
expedida por el Ministerio de Defensa Naciona l.

2.2.2. La demandada no le hizo la nivelación pensional consagrada
en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992 .

2.2.3. Por lo anterior, solicitó al Ministerio de Defensa la nivelación
pensional pretendida por este medio, petición que le fue negada a
través del Oficio OFI18-2168 MDNS GDAGPSAP de 12 de enero de
2018.

2.3. Normas violadas y concepto de violación.

5 . Como disposiciones violadas citó las siguientes:

• Ley 4 1992: artículo 13 .
• Decreto 1792 de 2000: artículo 1 y 2.

6. El señor apoderad o de la parte demandante indicó que si el
personal civil hace parte de la fuerza pública, es apenas lógico que
el señor Bernal Barrios tenga derecho a la reliquidación de su
pensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
4 de 1992.

2.4. Contestación de la de la demanda

7 . El
Ministerio de Defensa contestó 3 la demanda y se opuso a las
pretensiones . Al re specto, propuso la excepción de prescripción , y
señaló que hay lugar a negar las súplicas conforme a los siguientes
argumentos:

8 . La
entidad demandada manifestó que no hay lugar al reajuste de
la mesada pensional pretendido habida cuenta que el demandante
estuvo vinculado como empleado civil del Ministerio de Defensa y

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no como miembro de la Fuerza Pública , y porque la nivelación
reclamada fue consagrada únicamente para nivelar la re muneración
del personal activo y retirado de los miembros de la Fuerza Pública,
y no para el personal civil que labora al servicio del Ministerio de
Defensa.

2.5. Decisiones relevantes en el curso de la audiencia inicial

9 . En el auto de 5 de noviembre de 2020 4, el Tribunal Administrativo

del Atlántico señaló que en el presente caso se habría de proferir
sentencia anticipada en los términos del Decreto 806 de 2020.

1 0 . A continuación , fijó el lit igio en los siguientes términos:

«Revisa da la dem an da y la cont est ación alle gada, se concluy e
que el lit igo est á enf ocado a det er m inar si al act or le as ist e el
der echo al r eaj ust e de su pensión t e niendo en cue nt a l a
nivel ación sal ar ial or denada por la Ley 4ª de 1992, que a
t r avés de sus decr et os r eglam ent ar ios est ableció una pr im a
por cent ual de act ua lizac ión ( pr im a de a ct ualizac ión) sobr e l a
asignac ión bás ica d evengada p or los m iem br os de la f uer za
públ ica ».

2.6. La sentencia apelada

14. El Tribunal Administrativo del Atlántico 5, por medio de la
sentencia proferida el 18 de enero de 2021 negó las pretensiones
de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

1 5 . La
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en
el concepto 842 de 30 de julio de 1996 determinó que el personal
civil del ministerio de defensa no hace parte de la fuerza pública.

16. Además, puso de presente que en la sentencia de 22 de
noviembre de 2018, la Sección Segunda del Consejo de Estado
sostuvo que el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992 no cobija al personal
civil del ministerio de defensa.

17.Como consecuencia de lo anterior, señal ó que no se puede
acceder al reajuste pensional implorado teniendo en cuenta que el
cargo desempeñado por el demandante fue de médico, luego
especialista 3º y por último especialista asesor 1º, y estos no
forman parte de la Fuerza Pública, por lo tanto, le son inaplicables
las normas salariales y prestacionales establecidas para estos

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servidores, a lo que agregó que l a no inclusión dentro de la escala
salarial del personal civil o no uniformado del Ejército Nacional, no
contraría el ordenamiento jurídico y, por tal razón no resulta
procedente declarar la nulidad del acto acusado.

1 8 . Así las cosas, negó las pretensiones de la demanda.

19.Por último, se abstuvo de condenar en costas pues consideró
que no se demostró que se hayan causado.

2.7. El recurso de apelación.
2 6 . El
apoderado de la parte demandante apeló la sentencia de 18
de enero de 2021 6, pues a su juicio el Decreto 094 de 1958
estableció que las fuerzas armadas estaban constituidas por
oficiales, suboficia les, tropas y personal civil.
2 7 . Así
las cosas, argumentó que el demandante es beneficiario del
artículo 13 de la Ley 4 de 1992, por lo que se debe ordenar la
reliquidación de su pensión.

2.8. Alegatos de concl usión en la segunda instancia.

2 8 . Durante
el término establecido en el artículo 67 de la Ley 2080
de 2021, ninguna de las partes se pronunció.

2 9 . El agente del ministerio público no rindió concepto .

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
3 0 . De conformidad con el artículo
150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.
3 1 . De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 8, la competencia del juez de segunda instancia

6 Índice2 del aplicativo SAMAI.
7 ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.
8 «Competencia del superior. El juez de segunda ins tancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin

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está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No
obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia ,
el superior resolverá sin limitaciones .

3 2 . Por lo anterior,
dado que tan solo apeló la parte demandante, la
sentencia se limitará a resolver los argumentos expuesto s en el
recurso, conforme al problema jurídico que se formula a
continuación.

3.3. Problema jurídico.

33. De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, el
problema jurídico c onsiste en determinar si a l demandante le asiste
el derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación de acuerdo
con lo prescrito en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, por haber
estado vinculad o al Ejército Nacional y haber sido pensionado como
especialista asesor primero de e sta entidad.

3.4. Marco jurídico
3 4 . A través de
la Ley 68 de 1963 se adoptó el plan de clasificación
y remuneración para los cargos de los empleados civiles al servicio
del ramo de guerra, y en el Decreto 351 de 1964, reglamentario de
dicha normativa , se consideró como empleado civil del ramo de
guerra a «la persona civil a quien legalmente se le nombra para
desempeñar un cargo en las dependencias del Min isterio de Guerra,
de las Fuerzas Militares o de la Policí a Nacional, y tome posesión
del mismo, sea cual fuere su remuneración que le corresponde, y
no pertenece a la carrera administrat iva ».
35. Por otra parte, estableció que los empleados civiles del
Ministerio de Guerra se clasifican en: especialistas; adjuntos;
auxiliares; y en relación con los empleados civiles en la categoría
de especialistas, especificó que se trata de los profesionales con
título universitario , licenciatura o título de facultad, escuela o
entidad docente reconocida por el Gobierno.
36. En el artículo 2 del Decreto 610 de 1977, se señaló que el
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía
Nacional, se encuentra integrado por las personas naturales que
presten sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría
General, en las Fuerzas Militares o e n la Policía Nacion al , y en el
artículo 9 ibídem, dispuso la clasificación de los empleados
públicos del Minist erio de Defensa Na cional y de la Policí a Nacional
especialistas, adjuntos, auxiliares.

perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]».
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37.A su vez, los e specialistas fueron divididos en dos categorías,
conforme a lo determinado en el artículo 10 ibídem: especialista s
de primer grupo para aquellos que hubieren cursado carreras
profesionales de nivel superior, y especialistas de segundo grupo
que son las personas que hayan obtenido el grado de técnico
profesional.

38.Esta clasificación se mantuvo en el Decreto 2247 del 11 de
septiembre de 1984 .

39.Más adelante, a través de la Ley 66 de 1989 el Congreso de la
República revistió de facultades extraordinarias al presidente de la
República, para ref ormar los estatutos y el régimen prest acional de
los oficiales, suboficiales, agentes y civiles del Ministerio de
Defensa, las Fuerzas Militares y la Po licía Nacional.

40.Posteriormente, en ejercicio de f acultades extraordinarias , el
presidente de la República expidió el Decreto Ley 1214 de
1990 «Por el cual se reforma el estatuto y régimen prestacional del
personal civil del Ministerio de Defe nsa y la Policía Nacional», y en
este se incluyeron disposiciones rela tivas a la administración del
personal civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa,
la Policía Naciona l y en la Justicia Penal Militar y su Ministerio
Público.

4 1 . En su artículo 2 estableció quiénes integran el personal civil del

Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, a saber:

«A RT I CULO 2. Personal ci vi l . I nt egr an el per sona l c ivi l del
M inist er io de Def ensa y de la Policí a Naciona l, las per sonas
nat ur ales que pr es t en sus ser vicios en el Desp acho d el
M inist r o, en la Secr et ar í a G ener al, en las Fuer zas M ilit ar es o
en la Pol icí a Nacio n al.

En consecuencia, la s per sonas que pr est en sus ser vicios en
los est ablecim ient o s públicos, las em pr esas indust r iales y
com er ciales del Est ado, las sociedad es de econom í a m ixt a y
las uni dades ad m inist r at ivas espe ciales, adscr it os o
vincul adas al M inist er io d e Def ensa, no t ienen la condic ión de
per sonal c ivi l de l M inist er io de Def e nsa y de l a Po lic í a
Nacion al y se r egir án por las nor m as orgánicas y est at ut ar ias
pr opias de cada or g anism o ».

42. Adicionalmente, clasificó los empleos en el Ministerio de
Defensa y la Policía Nacional, en los siguientes niveles:
especialistas del primer grupo; especialistas del seg undo grupo;
adjuntos y, auxiliares , y dentro de la primera clase incluyó a «los

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profesionales con título de form ación universita ria conf orme a las
normas de educación superior vigentes en todo tiempo, y que
ostenten las respectivas licencias so bre ejercicio de la profesión »,
y los subdividió en: especialista asesor primero; especialista asesor
segundo; y especialist a jefe.

43.A su turno, el artículo 98 ibídem disp uso, que los empleados
públicos del Ministerio de Defensa y la Policía Na cional que
acrediten 20 años de servicio tienen derecho a partir de la fecha de
su retiro al pago de una pensión de jubilación equivalente al 75%
del último salario devengado, cualquiera que sea su edad.

44.En el momento en que se expidió la Constitución Política de
1991, se determinó que la fuerza pública est á integrada en forma
exclusiva por las Fuerzas Milita res y la Policía Nacional y en el 217
se señaló que las primeras están constituidas por el Ejército, la
Armada y la Fuerza Aérea.

45. Ahora bien, a efectos de determinar si e l personal civil y no
uniformado al servicio de las Fuerzas Militares, se considera como
miembro de la Fuerza Pública es necesario poner de presente que
la Sala de Consulta y Servicio Civil d e esta Corporación, mediante
concepto 842 de 30 de julio de 1996, señaló que la categoría de
«miembros de la Fuerza Pública » está integrada en forma exclusiva
por las Fuerzas Militar es y la Policía Nacional, esto es, el personal
uniformado, a quienes se les aplica n las limitaciones y
prerrogativas que la Constitución establece, sin que puede
extenderse al personal civil o no uniformado al servicio de la Fuerza
Pública, si b ien dispone de un régimen especial, se rige por normas
de carácter legal que tienen su fundamento en preceptos de rango
constitucional.

4 6 . Al respecto, precisó:

«… la Sa la est im a q ue par a absolv er la p r egunt a f or m ulada por
el señor M inist r o de Def ensa Naciona l es pr eciso dist ingu ir ,
por una par t e, ent r e los “ m iem br os de la f uer za pública” y las
dispos icion es de la Const it ución a ellos aplic ables de m aner a
exclusiv a ( ar t s. 39, inciso f ina l; 217, 218 , 219, inciso seg und o;
220, 221 y 222) ; y por la ot r a, la Fuer za Públic a, pr opiam ent e
dicha, que com pr en de t ant o el per son a l unif or m ado com o el
civi l, y a la que son aplic ables las dis po sicion es cont enida s en
el ar t í culo 15 0, numer al 19, let r a e. y en el inciso pr im er o de
los ar t í culos 216 y 219.

La Sala señala, ade m ás, que el legisl a dor puede det er m inar
par a la Fuer za Públi ca, dadas sus f unciones const it uciona le s
y las car act erí st icas que la singular iz an dent r o del Est ado,

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r egí m enes especial es, que pueden ser conj unt os par a el
per sonal ( unif or m ad o y civi l) o separ ad os, según lo dis pon ga
la ley, at end idas l a s cir cunst ancias y u n cr it er io r aciona l, en
aspect os t ales com o el disciplin ar i o, pr est acional, de
r em uner ación, de evaluac ión y clasif ic ación, de capacida d
sicof í sica, de invalid ez, incapacidades e indem nizac iones, et c.

En concor dancia co n lo expuest o, se r esponde:

El per sona l civ il a l s er vicio de l M inist er i o de Def ensa y de l as
Fuer zas M ilit ar es, y el per sonal n o unif or m ado de la Policí a
Nacion al, no so n mi embros de l a Fuerz a Públ i ca, pues est a
expr esión t iene en l a Car t a Polí t ica el p r eciso alcance q ue se
dej a explica do en l a par t e m ot iva. ( Subr ayado y r esalt a do
f uer a de t ext o)

( …) . ”

47. Conforme con lo anterior, el p ersonal civil a l servicio del
Ministerio de Defe nsa Nacional y de las Fuerzas Militare s, no hace
parte de la Fuerza Pública.

3.4.1. La escala gradual porcentual establecida por la Ley 4ª
de 1992

48. El artí culo 150 de la Constitución Política en su n umeral 19,
literal e ), determinó que compete al Congreso de la República dictar
las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a
los que debe sujetarse el Gobierno p ara “... fijar el rég imen salarial
y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.”.

49.Con fundamento en lo anterior, el Congreso Nacional expidió la
Ley 4ª de 1992, norma que facultó al Gobierno para fijar el régimen
salarial y prestacio nal de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública , y en su artículo 13
señaló que habría de adoptarse una escala gradual porcentual para
nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza
Pública dentro de las vigencias fiscales de 1993 a 1996 .

50. Con base en dicha norma , el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 335 del 24 de febrero de 1992, mediante el cual se creó la
prima de actualización, para el personal en servicio activo.

5 1 . Posteriormente, el Gobierno Nacio nal expidió los Decretos 25 de

1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, a través de los cuales se creó una
prima porcentual de actualización, sobre la asignación básica
devengada por oficiales y suboficiales de la Fuerzas Militares y de

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la Policía Naciona l , para los miembros en servicio activo, y esta
disposición fue d eclarada nula por esta Corporación mediante
providencias del 14 de agosto de 1997 9 y de 6 de noviembre del
mismo año 10, en cuanto consideraron que se violaba el derecho de
igualdad de los oficiales y suboficia les en retiro de la s Fuerzas
Militares y de l a Policía Nacional y, se desconocía el mandato
previsto en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, que ordenaba
establecer la escala gradual porcentual para nivelar los sueldos
tanto del personal activo como del retirado de la Fuerza Pública.

52. Con fundamento en el anterior criterio, se ha venido
reconociendo a los miembros en situación de retiro de la Fuerza
Pública; sin embargo, tal reconocimiento sólo se hizo a partir del 1
de enero de 1993 y hasta diciembre de 1995; pues to que para la
vigencia de de 1992, la restricción de la prima de actualización para
los servidores ret irados, prevista en el Decreto 335 del mismo año,
fue declarada exequible por la Cort e Constitucional, mediante la
sentencia C-005 de 1992 11 y a partir de 1996, esta fue incluida
dentro de la asignación de los miembros de la Fuerza Pública.

53. De conformidad con lo expuesto, y teniendo en cuenta que el
artículo 13 de la Ley 4ª de 1992 le ordena al Gobierno Nacional
establecer la escala gradual porcentual para nivelar la
remuneración de l personal activo y retirado de la Fuerza Pública,
el mismo solo puede predicarse del personal uniformado, por lo que
no es procedente la inclusión de la escala salarial porcentual
establecida en el artículo 13 de la Le y 4ª de 1992, al personal civil
o no uniformado del Min isterio de Def ensa, en tanto no hacen parte
de la Fuerza Pública propiamente dicha.

3.4.2. El caso concreto

54.
De las p ruebas allegadas al proceso se evidencia que el señor
Hugo Antonio Bernal Barrios , prest ó sus servicios en el Ejército
Nacional como médico especialista primero 12.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Seg unda,

sentencia de 14 de agosto de 1997, Expediente 9923, magistrado ponente:
Nicolás Pájaro Peñaranda.
10 C o n s e j o de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 6 de noviembre de 1997, e xpediente 11423, magistrada
ponente: Clara Forero de Castro.
11 E l l o f u e c o r r o b o r a d o m e d i a n t e s e n t e n c i a d e l 1 3 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 2 , c o n

ponencia del doctor Camilo Arciniegas Andrade, en donde manifestó que “[…]
no se reconocerán los reajustes reclamados para la anualidad de 1992, por que
el Decreto 335 de ese año, según el cual la prima de actualización sólo podría
computarse en las asignaciones de retiro de quienes la hubiesen devengado
en servicio activo, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en
sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada.”.
12 C o n f o r m e a l a h o j a d e s e r v i c i o s q u e s e e n c u e n t r a e n e l í n d i c e 2 d e l a p l i c a t i v o

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5 5 . Por medio de la Resolución 7642 del 7 de noviembre de 1991 se

le reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual de jubilación,
a partir del 16 de agosto de1989 13.

5 6 . Por lo expuesto en el marco jurídico la sala concluye que el señor

Hugo Bernal Barros no tiene derecho a solicitar la reliquidación de
su pensión conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 4 de
1992, puesto que esta norma solo cobija a los miembros de la
Fuerza Pública y el personal civil que labora en el Ejército Nacional
no tiene esta condic ión, conforme a los artículos 216 y 217
Constitucionales , y lo señalado en las providencias a las que se
hizo referencia en el presente fallo.

5 7 . Es de resaltar que lanorma en que funda su argumento la parte
demandante es anterior a la entrada en vigencia de la Constitución
Política de 1991 y el alcance respecto de los beneficiarios del
régimen especial de las fuerzas militares fue fijado por esta
Corporación de manera posterior a la expedición de la nueva Carta
Política , por lo que se reitera que el personal civil no se considera
fuerza pública para efectos de las prestaciones sociales de las que
son beneficiarios.

58.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de 18 de enero de
2021.

3.5. Costas.

5 9 . De acuerdo con los numerales 1,3 y 8 del artículo 365 de la Ley
1564 de 2012, aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 188
de la Ley 1437 de 2011 no se condenará al señor Hugo Antonio
Bernal Barrios en costas de segunda instancia, puesto que si bien
es cierto, su recurso no prosperó, no existió intervención del
Ministerio de Defensa en esta etapa del trámite procesal.

60. En mérito de lo expuesto, la S ubsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico el 18 de enero de 2021, por medio de
la cual se negaron las pretensiones de la demanda de Hugo Antonio
Bernal Barrios con tra La Nación – Ministerio de Defensa.

13 Í n d i c e 2 del aplicativo SAMAI.
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00561-01 (2131-2021)
Demandante: Hugo Antonio Bernal Barrios

SEGUNDO: SIN CONDENA en costa s.

TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el
programa “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia devolver el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de l
veintiuno (21) de abril de dos mil vein tidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
EN COMISIÓN FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
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