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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00662-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00662-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 13 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Luis Eduardo Badillo Morales en contra de la UGPP. SEGUNDO. MODIFICAR el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia del 13 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso de la referencia, el cual quedará así: www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 12 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 08001 23 33 000 2019 00 662 01 (7478-2023) Demandante: Luis Eduardo Badillo Morales «SÉPTIMO: En consecuencia, ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), reconocer a la masa sucesoral del señor Luis Eduardo Badillo Morales (q. e. p. d.) la pensión gracia a partir del 3 de marzo de 2004, con efectos fiscales desde el 29 de septiembre de 2015, por prescripción trienal. Las mesadas pensionales causadas por concepto de pensión gracia se reconocerán a su masa sucesoral desde el 29 de septiembre de 2015 y hasta la de su fallecimiento —26 de junio de 2020—. Las mesadas posteriores quedarán sujetas a lo que se determine en sede administrativa o judicial, en caso de proceder el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de los beneficiarios de ley.» TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00662-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001 23 33 000 2019 00 662 01 (7478-2023)
Demandante: Luis Eduardo Badillo Morales
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Verificación de requisitos: naturaleza de la
vinculación docente territorial, tiempo de servicios y
acreditación de buena conducta. Aplicación de la sentencia
de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 del 21 de junio de 2018.
Reconocimiento de la prestación a la masa sucesoral del
causante. Condena en costas.

Decisión: Se confirma la sentencia apelada al evidenciarse que el
demandante cumplió los requisitos legales para acceder a la
pensión gracia, en particular los relativos al tiempo de
servicios y la buena conducta. Se modifica el numeral
séptimo de la providencia impugnada en el sentido de
precisar que el reconocimiento de la prestación se efectúa a
favor de la masa sucesoral del causante.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 13 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de las Resoluciones UGM 011071 del 29 de septiembre
del 2011, UGM 034071 del 20 de febrero de 2012, RDP 017376 del 29 de
noviembre de 2012, RDP 035031 del 31 de julio de 2013, ADP 015790 de 5 de
diciembre de 2013, RDP 2217 del 24 de enero de 2014, RDP 005554 del 18 de
febrero de 2014 y ADP 007703 del 30 de julio de 2014 mediante las cuales la
entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

1 SAMAI, Expediente digital, índice 2, archivo 001. DEMANDA Y ANEXOS.pdf

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Demandante: Luis Eduardo Badillo Morales

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la
entidad demandada a reconocer y pagar la pensión gracia en cuantía inicial de
$668.017 a partir del 2 de febrero de 2003, fecha en que, señala, adquirió el
estatus pensional, teniendo en cuenta la asignación básica, primas de
vacaciones y navidad, auxilio de transporte y prima de alimentación devengadas
a partir del 29 de enero de 2008, sobre una base no inferior a $598.046; el pago
de los reajustes legales, la indexación de las sumas conforme al IPC, los
intereses moratorios en los términos del artículo 192 del CPACA, el cumplimiento
oportuno del fallo y la condena en costas y agencias en derecho.

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, indicó que prestó sus
servicios por más de 20 años como docente del orden territorial, adquiriendo el
estatus para beneficiarse de la pensión gracia el 4 de marzo de 2004.

4. Expuso que el 26 de mayo de 2011, solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue negada mediante los actos
administrativos acusados bajo el argumento de que no cumplía con la totalidad
de los requisitos exigidos por la ley para acceder a dicha prestación.

Contestación de la demanda2

5. La entidad demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones al
considerar que carecen de fundamento fáctico y jurídico, y solicitó no acceder a
las pretensiones al estimar ajustados a derecho los actos acusados.

6. Al respecto, sostuvo que la parte actora no acreditó el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la pensión gracia, pues no allegó los actos
administrativos de nombramiento, posesión y retiro, ni pruebas idóneas que
permitan establecer la naturaleza de la vinculación, el origen de los recursos y
los tiempos efectivamente laborados. Además, señaló que las certificaciones son
inconsistentes y no se demuestra el tiempo mínimo exigido por la Ley 114 de
1913.

7. Agregó que tampoco se encuentra acreditado el requisito de buena
conducta en la medida en que obran elementos que sugieren suspensión y
desvinculación del servicio, cuya causa debe establecerse para verificar la
eventual configuración de mala conducta; aunado a que el demandante no
consolidó el derecho antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989 ni acreditó una
vinculación válida anterior al 31 de diciembre de 1980, por lo cual no es
beneficiario del régimen de pensión gracia.

8. Propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación», «cobro de lo
no debido», «prescripción de mesadas», la subsidiaria de buena fe y el
reconocimiento de cualquier otra que resulte probada.

2 Ibidem, archivo 004. CONTESTACION DE DEMANDA Y PODER.pdf.

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Demandante: Luis Eduardo Badillo Morales

Sentencia apelada3

9. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 13 de
mayo de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de
declarar la nulidad de los actos administrativos que negaron la pensión gracia y
ordenó su reconocimiento y pago a partir del 2 de marzo de 2004.

10. La decisión se fundamentó en que el tribunal estableció que se encontraba
probado que el demandante cumplía con el requisito de edad toda vez que
alcanzó los 50 años el 24 de febrero de 1996, laboró como docente oficial por
más de 20 años sumando los periodos comprendidos entre 1973 y 1985 y entre
1996 y 2006 y adquirió el estatus pensional el 3 de marzo de 2004.

11. Respecto del requisito de buena conducta, indicó que, aunque el
demandante fue suspendido del cargo por una investigación penal, esta culminó
con la prescripción de la acción y sin sanción alguna, sumado a que no se
acreditaron conductas graves o reiteradas que desvirtúen dicho requisito.

12. Adicionalmente, declaró que operó la prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad al 28 de septiembre de 2015 teniendo en cuenta la
fecha de presentación de la demanda y las solicitudes de reconocimiento
pensional.

13. Por último, se abstuvo de imponer condena en costas.

Recurso de apelación4

14. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
solicitando su revocatoria y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

15. Como fundamento, afirmó que la decisión incurrió en indebida
interpretación de las normas que regulan la pensión gracia al tener por acreditada
la buena conducta pese a la suspensión del cargo del causante con ocasión de
una investigación penal por homicidio, circunstancia que constituye causal
suficiente para negar el beneficio.

16. Señaló que el a quo incurrió en indebida valoración probatoria por no
aportarse al proceso certificaciones idóneas de tiempos (formatos CETIL) ni
documentos que acreditaran con claridad la naturaleza de la vinculación en todos
los periodos.

17. Sostuvo que no se cumplían los requisitos de la pensión gracia, dado que
parte de los tiempos fueron financiados con recursos del situado fiscal,
considerados de carácter nacional, lo que desvirtúa la vinculación territorial.

3 Ibidem, archivo 021Fallo.pdf
4 Ibidem, archivo 23. RecursoDeApelaciónDemandante.pdf

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Demandante: Luis Eduardo Badillo Morales

18. Asimismo, afirmó que el derecho no se consolidó antes de la vigencia de
la Ley 91 de 1989 —29 de diciembre de 1989—, por lo que el demandante solo
tenía una expectativa y no un derecho adquirido.

19. Finalmente, cuestionó el reconocimiento de la cónyuge como sucesora
procesal, al estimar que debía demostrar los requisitos legales para acceder a la
prestación

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante auto del 9 de mayo de 20245 se admitió el recurso de apelación
y se le advirtió a la parte demandada que disponía hasta la ejecutoria de esta
providencia para pronunciarse en torno al recurso de apelación y al Ministerio
Público que podría emitir concepto hasta antes de que ingresara el proceso al
despacho para sentencia.

21. Las partes y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

23. Conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el demandante acredita los requisitos legales
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, en particular si los tiempos
de servicio docente invocados son computables para efectos de consolidar el
derecho.

24. Adicionalmente, será necesario establecer si el acto administrativo
mediante el cual se dispuso la suspensión indefinida del actor en el ejercicio de
la docencia —esto es, el Decreto 442 de 1985— tiene la entidad suficiente para
enervar el derecho reclamado, por implicar el incumplimiento del requisito de
buena conducta exigido para el reconocimiento de la prestación.

25. Finalmente, de superarse los anteriores aspectos, corresponderá a la Sala
analizar si la señora Albis del Cármen García Villa, en la alegada calidad de
cónyuge supérstite del causante, reúne los requisitos legales para acceder a la
prestación reclamada en su condición de sucesora procesal.

5 SAMAI, índice 4.

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Demandante: Luis Eduardo Badillo Morales

Análisis del problema jurídico

26. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que
se expondrán a continuación.

27. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

28. En el asunto sub judice no está en discusión que el demandante satisfizo
el requisito de la edad pues nació el 24 de febrero de 1946 y cumplió 50 años
el 24 de febrero de 19966.

29. Aclarado lo anterior, el objeto del presente asunto recae en la verificación
de los requisitos de haberse desempeñado como docente de carácter territorial
o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 y si se prestaron los servicios
en tales calidades durante 20 años.

Requisito de ingreso como docente territorial y/o nacionalizado antes del
31 de diciembre de 1980

30. En el expediente obra copia del Decreto 085 del 26 de marzo de 19737, a
través del cual se nombró al demandante como profesor de grupo del Colegio de
Segunda Enseñanza de Concordia, en el municipio del Cerro de San Antonio
(Magdalena), cargo del cual tomó posesión el 31 de marzo del mismo año8.

31. El acto de nombramiento fue suscrito por el gobernador del Magdalena y
el Secretario de Educación Pública, y el de posesión por el alcalde del municipio
del Cerro de San Antonio (Magdalena) y su secretario, en ejercicio de sus
facultades legales, sin que en ninguna de estas actuaciones interviniera el
Ministerio de Educación Nacional a través de sus delegados ni se dejara
constancia de que dicha plaza hubiera sido creada por esa cartera o de que
existiera certificación de disponibilidad presupuestal por parte del FER para el
pago de los emolumentos, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 10 de la
Ley 43 de 1975.

6 SAMAI, Expediente digital, índice 2, ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 2019-00662, CC
12609351.pdf, copia del registro civil de nacimiento a folio 84 y de la cédula de ciudadanía a folio 171.
7 Ibidem, fl. 2.
8 Ibidem, fl. 90.

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Demandante: Luis Eduardo Badillo Morales

32. En este orden de ideas, las circunstancias descritas permiten concluir que
correspondió a una vinculación de naturaleza territorial (municipal), dado que la
designación fue efectuada autónomamente por el gobernador del Magdalena en
ejercicio de sus facultades nominadoras sin el requisito previsto en los artículos
6 y 10 de la Ley 43 de 19759.

33. Ahora bien, el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral No. (ilegible)307 del 2 de diciembre de 200910, mediante el cual, la
Secretaría de Desarrollo del Departamento del Magdalena, señala que el
demandante se desempeñó como docente con vinculación «nacionalizada» en
el «COL. SEG. ENSE. DE CONC», de dicho ente territorial, entre el 1 de abril de
1973 y el 16 de noviembre de 1982, en virtud del nombramiento efectuado a
través del ya referido Decreto 085 del 26 de marzo de 1973.

34. Se advierte que la Ley 43 de 1975 fue sancionada y entró en vigor el 11
de diciembre de 197511, por lo que no era posible que al momento del
nombramiento la plaza tuviera carácter nacionalizado, ya que en ese momento
no había comenzado en Colombia la nacionalización de la educación primaria y
secundaria implementada con la mencionada ley.

35. Adicionalmente, mediante el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 6 de junio de 201412, se observa que el tipo
de vinculación fue ajustada o corregida a departamental, consagrando la misma
información antes referida y se agrega una nota que indica que «se corrige a
petición del interesado y la Unidad de Gestión pensional UGPP (...) por presentar
una leyenda que no correspondía al docente: «A PARTIR DE 1972 CUANDO FUERON
CREADOS LOS FONDOS EDUCATIVOS REGIONALES, PASARON ASER (sic) PAGADOS
POR EL SITUADO FISCAL EN LA PLANTA DE NACIONALIZADOS. ACTUALMENTE
PERTENECE AL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (LEY 715/2001)»

36. Según los formatos referidos, el demandante fue trasladado al Colegio
Nacionalizado de Bachillerato de Pueblo Viejo (Magdalena), en virtud del Decreto
557 del 17 de noviembre de 1982, vinculación que se extendió hasta el 3 de abril
de 198513.

37. En el mismo sentido, las constancias emitidas por la Secretaría General
de la Gobernación del Magdalena14, coinciden con la información relacionada
respecto del cargo, nombramiento y traslado, las instituciones, extremos
temporales y establecen el tipo de vinculación departamental.

9 Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.
10 SAMAI, Expediente digital, índice 2, ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 2019-00662, CC

12609351.pdf, fl. 79.
11 https://www.camara.gov.co/sites/public_html/leyes_hasta_1991/ley/1975/ley_0043_1975.html
12 SAMAI, Expediente digital, índice 2, ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 2019-00662, CC

12609351.pdf, fl. 146
13 ibidem.pdf, fl. 81
14 Ibidem, números 1569 del 24 de mayo de 2011(fl. 183); 4140 del 15 de agosto de 2013 y, 5503 del 13

de diciembre de 2013.

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38. Por consiguiente, queda demostrado que la parte actora satisface el
requisito de haberse vinculado como docente territorial antes del 31 de
diciembre de 1980. Asimismo, el lapso analizado, equivalente a 12 años y 2
días, resulta computable para efectos del conteo de los 20 años de servicios
necesarios para gozar de la pensión gracia.

Requisito de haber laborado como docente territorial o nacionalizado
durante 20 años

39. De acuerdo con el Decreto 011 del 9 de febrero de 199615 obrante en el
expediente, el demandante fue nombrado en provisionalidad por el alcalde del
municipio de Luruaco (Atlántico) como docente en el Colegio de Bachillerato
Agropecuario y Piscícola de esa localidad. Dicho acto fue expedido en ejercicio
de las competencias constitucionales y legales asignadas a la entidad territorial,
en particular las derivadas de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 804 de 1995.

40. En la parte considerativa del referido acto administrativo se indica que el
Colegio de Bachillerato Agropecuario y Piscícola fue creado por el Concejo
Municipal de Luruaco mediante Acuerdo 04 de 1994, con cargo al presupuesto
municipal. A su vez, se precisó que, si bien el artículo 105 de la Ley 115 de 1994
prevé que el nombramiento de los docentes debía realizarse previa superación
de un concurso de méritos, ante la ausencia de reglamentación específica al
momento de la designación, el nombramiento se efectuó en provisionalidad.

41. Igualmente, se observa copia autenticada del Acta de Posesión de fecha
6 de marzo de 199616, en la cual consta que el demandante compareció a tomar
posesión del cargo de docente en el área de matemáticas en el Colegio Técnico
Agropecuario de Luruaco, en virtud del nombramiento en provisionalidad
efectuado mediante el Decreto 011 del 9 de febrero de 1996. En dicho documento
se dejó constancia de que el actor venía desempeñando el cargo desde el 12 de
febrero de 1996, para efectos de su respectivo pago con retroactividad a esa
misma fecha, y se observa una nota según la cual el acta fue suscrita el 28 de
noviembre de 2000 por la secretaria del despacho del alcalde.

42. Según la información que reposa en el Formato Único para la Expedición
de Certificado de Historia Laboral del 31 de marzo de 201417, el demandante fue
vinculado como docente en provisionalidad mediante el Decreto 011 del 9 de
febrero de 1996, con carácter territorial-municipal y financiado con recursos
propios, prestando sus servicios de manera continua en el Colegio Bachillerato
Agropecuario de Luruaco desde el 6 de marzo de 1996 hasta el 3 de octubre de
2006, cuando fue desvinculado en cumplimiento del Decreto 483 del 17 de agosto
de 2005, debido a su no participación en el concurso público de méritos
convocado por la entidad territorial.

15 SAMAI, Expediente digital, índice 2, ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 2019-00662, CC
12609351.pdf, fls. 24 y 25.
16 Ibidem, fl. 12.
17 Ibidem, fl. 30

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43. De la apreciación conjunta de los documentos allegados, la Sala concluye
que la designación efectuada por el alcalde del municipio de Luruaco mediante
el Decreto 011 del 9 de febrero de 1996 se encuadra en la definición de personal
territorial prevista en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en la medida en que el
acto fue emitido por el representante del ente territorial en ejercicio de su potestad
nominadora, sin que se evidencie la intervención, aprobación o delegación por
parte del Ministerio de Educación Nacional.

44. Asimismo, se advierte que tanto la plaza docente como la institución
educativa tenían naturaleza municipal por cuanto fueron creadas por el Concejo
Municipal de Luruaco y financiadas con recursos propios del ente territorial, lo
que refuerza la conclusión de que el vínculo ostentó un carácter territorial para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

45. En lo que respecta al tiempo de servicios, el acta de posesión evidencia
que el actor asumió retroactivamente el empleo el 12 de febrero de 1996, periodo
que se extendió hasta el 10 de enero de 2006, según se reporta en el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 31 de marzo de
2014.

46. A propósito, dicha certificación laboral constituye prueba suficiente, clara
e inequívoca para establecer la temporalidad de la vinculación del actor conforme
a las reglas jurisprudenciales establecidas por la Sala Plena de esta Sección en
la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201818, a saber:

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de
carácter territorial. (Se resalta)

47. En consecuencia, se tiene por acreditado que el actor prestó sus servicios
como docente municipal en el Colegio Bachillerato Agropecuario de Luruaco
(Magdalena) entre el 12 de febrero de 1996 y el 10 de enero de 2006,
equivalente a 9 años, 10 meses y 24 días, tiempo computable para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.

48. Así las cosas, la parte demandante acreditó un total de 21 años, 10 meses
y 25 días como docente del orden territorial, los cuales permiten dar por cumplido
el requisito de 20 años de servicios en tal calidad.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación

proferida el 21 de junio de 2018, dentro del expediente 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.

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49. En relación con el requisito de la buena conducta, la jurisprudencia
reiterada de esta Corporación19 ha precisado que la configuración de su
incumplimiento exige la concurrencia de los siguientes presupuestos: (i) que la
conducta reprochable haya ocurrido durante el ejercicio del servicio docente; (ii)
que esté prevista como causal de mala conducta; (iii) que haya sido objeto de
sanción disciplinaria mediante el debido proceso; y (iv) que, adicionalmente, se
valore su gravedad, de manera que no cualquier falta aislada pueda desvirtuar
este requisito20.

50. En ese orden, la mala conducta debe entenderse como aquellos actos
reprochables del docente en el ejercicio de la labor educativa contemplados en
el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, siempre que hayan sido objeto de
sanción disciplinaria impuesta con observancia del debido proceso.

51. Esta Colegiatura ha señalado que, por regla general, la configuración de
este incumplimiento exige que la conducta presente un carácter reiterado o
persistente a lo largo de la vinculación, de manera que una falta aislada de
carácter leve no resulte suficiente, por sí sola, para privar al docente de una
prestación de naturaleza excepcional como la pensión gracia, creada con el
propósito de compensar el trato históricamente inequitativo que afectó a los
educadores territoriales y nacionalizados frente a los del orden nacional.

52. Con todo, esta Subsección21 ha reconocido que la regla anterior admite
modulación cuando la conducta reprochable, aun siendo única, reviste tal
gravedad que genera por sí sola una afectación significativa de los deberes
funcionales del educador y de los bienes jurídicos que la norma disciplinaria
busca proteger, circunstancia que justifica de manera razonada la pérdida de la
prerrogativa pensional. En esos eventos, la gravedad objetiva del
comportamiento —y no su reiteración— es el criterio determinante para dar por
configurado el incumplimiento del requisito de buena conducta.

53. La parte demandada alega que debe negarse el reconocimiento de la
pensión gracia por cuanto el actor fue suspendido indefinidamente del ejercicio
docente mediante el Decreto 442 de 1985, expedido por el gobernador del
Atlántico, en atención a la solicitud del Juzgado Octavo de Instrucción Criminal
de Ciénaga, dentro de un proceso penal por delito no excarcelable.

54. Sin embargo, mediante providencia del 30 de noviembre de 1993, el
Juzgado Único Penal del Circuito de Ciénaga22 dentro del proceso seguido contra
el demandante por el delito de homicidio, declaró la prescripción de la acción

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia

del 13 de agosto de 2018. Radicado: 73001-23-33-000-2014-00645-01(4493-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
20 Criterios reiterados en sentencia esta Subsección del 21 de agosto de 2025, rad. 27001 23 33 000 2017

00144 01 (6616-2019), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
21 Este criterio se aplicó en la sentencia de esta Subsección del 29 de febrero de 2024, rad. 76001-23-33-

000-2015-01148-01 (2461-2019), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
22 SAMAI, Expediente digital, índice 2, ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 2019-00662, CC

12609351.pdf, fl.76

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Demandante: Luis Eduardo Badillo Morales

penal y ordenó la cesación del procedimiento, así como la suspensión de las
órdenes de captura.

55. Así las cosas, si bien, en principio, las conductas reprochadas en el ámbito
penal pueden incidir en la pérdida del derecho a la pensión gracia al comprometer
la valoración de la buena conducta del docente conforme al artículo 46 del
Decreto 2277 de 1979, en el caso concreto no se configura tal supuesto, toda vez
que el proceso penal culminó por prescripción de la acción y sin imposición de
sanción, lo que excluye la existencia de un reproche jurídico relevante.

56. En esa medida, la conducta objeto de investigación no puede ser calificada
como grave ni como lesiva de la comunidad educativa, máxime cuando,
declarada la prescripción de la acción penal, se dispuso el levantamiento de la
suspensión y el consecuente reintegro del actor al servicio docente en febrero de
1996, el cual continuó prestando hasta su desvinculación definitiva en 2006.23

57. Aunado a lo anterior, no obra en el expediente prueba de la comisión de
otras conductas que comprometan el cumplimiento de los deberes profesionales
del actor, según consta en la declaración extrajuicio24, y en el certificado de
antecedentes de la Procuraduría General de la Nación25, en el que no se registra
sanción ni inhabilidad vigente. En consecuencia, no existe conducta o hecho que
signifique afectar su derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

58. En ese orden de ideas, como tampoco se evidencia que el actor haya
percibido remuneración o compensación de origen nacional incompatible con la
pensión gracia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto
concluyó que el demandante acreditó el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos legales para acceder a dicho beneficio.

59. De igual manera, esta Subsección comparte la decisión del tribunal en lo
relativo a la fecha de adquisición del estatus pensional, la cual se concretó el 4
de marzo de 2004, momento en que el demandante completó los veinte (20) años
de servicio, esto es, con posterioridad al 24 de febrero de 1996, fecha en la que
cumplió 50 años de edad, en armonía con los requisitos concurrentes exigidos
para la pensión gracia.

60. Finalmente, se confirmará la decisión del tribunal de declarar la
prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 24 de
septiembre de 2015, en razón a que la última solicitud de reconocimiento
pensional fue presentada el 10 de junio de 2014, lo que interrumpió el término
prescriptivo por un período de 3 años. No obstante, como la demanda fue
interpuesta el 24 de septiembre de 2018, no se cumplieron los plazos trienales

23 En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseccioón A, sentencia del 13 de junio de

2013, Rad. 3001-23-31-000-2010-00361-01(1395-12). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
24 SAMAI, Expediente digital, índice 2, ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 2019-00662, CC

12609351.pdf, fl. 83
25 Ibidem, fl. 66

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previstos en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848
de 1969, lo que hace procedente la declaratoria de la prescripción parcial.

61. En cuanto al argumento de la entidad demandada según el cual el derecho
no se consolidó antes de la Ley 91 de 1989, la Sala precisa que la Sala Plena de
esta Sección, a través de la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-030-CE-
S2-2021 del 11 de agosto de 202226, interpretó el artículo 15, numeral 2, literal
a), de la referida Ley 91, en conjunto con lo dispuesto en los fallos de la Corte
Constitucional C-84 de 1999 y C-489 de 2000, estableciendo la siguiente regla
aplicable al presente caso:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.»

62. Siguiendo este precedente judicial, el accionante tiene la posibilidad de
demostrar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión gracia
tanto antes como después de la promulgación de la Ley 91 de 1989, sin que
importe el momento en que logren satisfacer los requisitos de edad y tiempo de
servicio, es decir, lo puede realizar antes o después del 29 de diciembre de 1989.
En consecuencia, el reparo presentado por la parte demandada en este aspecto
carece de la entidad necesaria para revocar la sentencia apelada.

63. Por otro lado, en cuanto a la sucesión procesal, la Sala precisa que, con
ocasión del fallecimiento del demandante, el a quo reconoció como sucesora a
su cónyuge supérstite, señora Albis del Carmen García Villa. No obstante, tal
circunstancia no comporta, por sí misma, el reconocimiento de la sustitución
pensional, la cual deberá ser tramitada ante la administración conforme al
régimen legal aplicable.

64. Ello obedece a que el reconocimiento de la sustitución pensional está
sujeto al cumplimiento de requisitos específicos que no fueron planteados por la
parte actora ni objeto de pronunciamiento previo por la administración, por lo que
no resulta procedente su estudio de oficio por parte del juez.

65. Empero, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 187 del
CPACA y en la medida que no se está perjudicando a la apelante única, la Sala
modificará el ordinal séptimo de la sentencia apelada, en el sentido de precisar
que las mesadas pensionales causadas por concepto de pensión gracia en favor
del señor Luis Eduardo Badilla Morales (q. e. p. d.) se reconocerán a su masa
sucesoral desde el 24 de septiembre de 2015 y hasta la fecha de su fallecimiento

26 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación proferida bajo el radicado 15001 23 33

000 2016 00278 01 (3018-2017). En la mencionada sentencia se fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre
la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a), de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia, lo siguiente: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».

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—26 de junio de 2020—. Las mesadas posteriores quedarán sujetas a lo que se
determine en sede administrativa o judicial, en caso de que haya lugar al
reconocimiento de la sustitución pensional en favor de los beneficiarios de ley.

Condena en costas

66. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida
en el proceso.

68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

69. En consecuencia, no se condenará en costas en segunda instancia en la
medida en que la decisión incluye ajustes oficiosos a la sentencia de primera
instancia, lo que impide configurar la existencia de una parte vencida en esta
etapa procesal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 13 de mayo de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la cual se
accedió a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Luis Eduardo
Badillo Morales en contra de la UGPP.

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral séptimo de la parte resolutiva de la
sentencia del 13 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico dentro del proceso de la referencia, el cual quedará así:

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Radicación: 08001 23 33 000 2019 00 662 01 (7478-2023)
Demandante: Luis Eduardo Badillo Morales

«SÉPTIMO: En consecuencia, ORDENAR a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), reconocer a la masa sucesoral del señor Luis
Eduardo Badillo Morales (q. e. p. d.) la pensión gracia a partir del 3 de marzo
de 2004, con efectos fiscales desde el 29 de septiembre de 2015, por
prescripción trienal.

Las mesadas pensionales causadas por concepto de pensión gracia se
reconocerán a su masa sucesoral desde el 29 de septiembre de 2015 y
hasta la de su fallecimiento —26 de junio de 2020—.

Las mesadas posteriores quedarán sujetas a lo que se determine en sede
administrativa o judicial, en caso de proceder el reconocimiento de la
sustitución pensional a favor de los beneficiarios de ley.»

TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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