Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2019-00750-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2019-00750-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2019-00750-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
Temas: DEBER DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN - exige la
confrontación concreta de los fundamentos de la sentencia recurrida - no se satisface con
la mera manifestación de inconformidad, la simple solicitud de revocatoria ni la reiteración
de argumentos expuestos en etapas procesales anteriores / DEFICIENCIA MATERIAL EN
LA SUSTENTACIÓN - se configura cuando los reparos no controvierten las razones de
hecho o de derecho que soportan la decisión apelada.
1. La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia del 5 de julio de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Se pretende la declaratoria de responsabilidad de la Nación - Ministerio de
Transporte, Superintendencia de Puertos y Transportes, Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla y Área Metropolitana de Barranquilla por la supuesta
omisión en la actualización de las tarifas del servicio público de transporte individual
en vehículos tipo taxi en el Área Metropolitana de Barranquilla, durante el interregno
2017-2019. Según la parte actora, quien aduce ser propietaria de veinticuatro (24)
automotores de esta condición, tal negligencia impidió que los importes reflejaran
adecuadamente los costos de operación, lo que se tradujo en pérdidas económicas.
ANTECEDENTES
La demanda
3. En escrito 1 presentado el 20 de noviembre de 2019 2 , Aura Alicia Niño Alba
demandó en reparación directa a la Nación - Ministerio de Transporte,
Superintendencia de Puertos y Transportes, Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla y Área Metropolitana de Barranquilla, con el fin de que se les declare
patrimonialmente responsables por no haber actualizado, entre octubre de 2017 y
septiembre de 2019, las tarifas del servicio público de transporte terrestre automotor
1 Índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado
DD8D64938EEDD730 571846DEA79072AC 1B632C4E0B8999C3 FA8FE9A9CF2DC936.
2 Folio 1 del índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado
DD8D64938EEDD730 571846DEA79072AC 1B632C4E0B8999C3 FA8FE9A9CF2DC936.
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
individual tipo taxi. En concreto, formuló las siguientes pretensiones (se transcriben
de forma literal, con sus eventuales errores):
“PRIMERO: Que, a los demandados, ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO, ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, MINISTERIO DE TRANSPORTE y
a la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, se les declare a través de
sentencia condenatoria, su responsabilidad patrimonial en los Daños
Antijuridicos irrogados sobre el patrimonio del demandante a título de FALLA
EN EL SERVICIO, por la no actualización de tarifas para el servicio público de
transporte individual de taxis en el Área Metropolitana de Barranquilla.
SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaratoria judicial, se
condene a los demandados, ALCALDÍA DE BARRANQUILLA DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO, el ÁREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA, MINISTERIO DE TRANSPORTE y la
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, al pago en favor del demandante,
por concepto de lucro cesante, en la cuantía de MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y DOS [millones] SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (S1.782.639.864), como consecuencia
de los SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($74.276.661) que dejó de
percibir por cada uno (24) de los vehículos taxis de mi poderdante, entre los
periodos de Octubre de 2017 hasta septiembre de 2019, en razón de la no
actualización de las tarifas para el servicio público de transporte individual de
taxi.
TERCERO: Que los demandados, ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO. ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, MINISTERIO DE TRANSPORTE y
la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, se allanen al pago de la
indexación económica de las sumas de dinero que se han requerido en el
presente medio de control, desde Octubre de 2017, hasta el momento en que
se verifique el efectivo pago por parte de cualquiera de los demandados”.
4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:
5. Aseguró ser propietaria de varios taxis, con los cuales prestaba el servicio de
transporte en el Área Metropolitana de Barranquilla.
6. Entre octubre de 2017 y septiembre de 2019, no se efectuó actualización tarifaria
para ese servicio, lo que generó un desfase entre los costos reales de operación y
los valores autorizados. Pese a lo anterior, tuvo que incurrir en gastos propios de la
actividad transportadora -combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento, salarios,
prestaciones sociales, seguros e impuestos, entre otros-, sin que se vieran
reflejados en las tarifas vigentes.
7. Con fundamento en un estudio3 técnico que aportó junto al libelo genitor y en el
Decreto 3104 de 1979, la Ordenanza 028 de 1981, la Ley 1625 de 2013 y el artículo
53 del Decreto 172 de 2001, estimó que le correspondía al Área Metropolitana de
3 Elaborado en noviembre de 2019 por un “grupo técnico interdisciplinario” conformado, según se indica, por un
ingeniero de vías y transporte, un especialista en gerencia de mercadeo y un contador público, que obra a folios
4 a 21 del índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado A9E03C1D91847782 C255F9D0FB11144A
1F6E4867EC6294C6 6C62D7502550B915.
2
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
Barranquilla regular y fijar las tarifas del servicio al menos una vez al año, las cuales
debían establecerse a partir de evaluaciones de los costos reales.
8. Reprochó que la Superintendencia de Transporte incumpliera sus funciones de
inspección, vigilancia y control, al no adoptar las medidas necesarias para corregir
la inobservancia del deber de actualizar periódicamente los mencionados importes
en el lapso indicado.
9. Sobre esa base, reclamó la indemnización por los menores ingresos percibidos
por la explotación de los vehículos de su propiedad4, cuantificados en $74’276.661
para cada rodante, para un total de $1.782’639.864.
Trámite relevante en primera instancia
10. Mediante proveído del 19 de febrero de 20205, el Tribunal Administrativo del
Atlántico admitió la demanda y ordenó su notificación a las enjuiciadas y al Ministerio
Público.
11. La Superintendencia de Transporte6 se opuso a las pretensiones y propuso las
excepciones de ausencia de imputación e inexistencia de nexo causal. Señaló que,
conforme al Decreto 1079 de 2015, las funciones de inspección, vigilancia y control
sobre la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual
de pasajeros en vehículos taxi corresponden a los alcaldes y a las demás
autoridades territoriales competentes, y que las facultades del Área Metropolitana
de Barranquilla se ejercen con autonomía administrativa, sin sujeción a un control
previo de su parte. Agregó que ninguna norma impone actualizar anualmente las
tarifas, de modo que no puede predicarse el incumplimiento de un deber de
vigilancia a su cargo.
12. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 7 pidió denegar las
súplicas de la accionante. Alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva,
porque la regulación tarifaria del servicio de transporte individual en taxi
corresponde al Ministerio de Transporte, según las Leyes 336 de 1996, 769 de 2002
y 1383 de 2010. Sostuvo, además, que la actora comparecía únicamente como
propietaria de los vehículos y no como conductora o prestadora del servicio,
calidades en las que, a su juicio, estaría el interés jurídico comprometido. Propuso,
asimismo, la excepción de caducidad, por estimar que los hechos que fundan la
demanda ocurrieron desde 2017 y que el medio de control se promovió una vez
vencido el término legal. Por último, señaló que, aun cuando no se expidió acto
administrativo de actualización tarifaria, no obraban pruebas sobre las pérdidas en
que incurrió la demandante.
4 La demanda enuncia veinticuatro placas; sin embargo, la SDV 627 aparece repetida, de modo que solo se
identifican veintitrés automotores distintos.
5 Índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado A9CFA4BB1926B681 BA0D25D304A87F9F
BEC9A5C93114ACE0 674D43FCD5DBE8D0.
6 Índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado ADACDFB205E31BAC 6F952184698C48D4
3B6993C86CAB7059 B6C63DB5C11C4571.
7 Índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado 4F485C21E11119D7 8176A61C41DED2FE
75C458D7821AF87A CA13FCCD0D770ED7.
3
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
13. A su turno, el Área Metropolitana de Barranquilla 8 alegó la caducidad de la
acción judicial, pues, en su criterio, el hecho generador del daño se configuró el 31
de diciembre de 2016. Afirmó también que la promotora compareció como dueña
de varios taxis, sin acreditar que estuviera habilitada para prestar el servicio público
de transporte. Adujo que la ausencia de actualización de los importes entre 2017 y
2019 no causó perjuicio a los prestadores ubicados en Barranquilla y su área
metropolitana, porque los valores efectivamente cobrados correspondían a los
acordados entre conductores y usuarios. Sostuvo, finalmente, que los perjuicios
reclamados carecían de certeza.
14. Por último, el Ministerio de Transporte9 se opuso a los pedimentos del escrito
inaugural y alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que
los hechos y omisiones invocados no guardan relación con sus funciones,
circunscritas a la formulación y adopción de políticas, planes, programas, proyectos
y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura. Agregó
que, conforme a las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y al Decreto 1079 de 2015,
el servicio público de transporte en taxis solo puede ser prestado por empresas o
personas naturales debidamente habilitadas.
15. Mediante auto del 18 de octubre de 2023, el Tribunal declaró no probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Ministerio de Transporte y la
Superintendencia de Transporte, por considerar que la controversia versaba
precisamente sobre su eventual responsabilidad por la presunta omisión en la
actualización de tarifas, asunto propio del estudio de fondo10; además, difirió a la
sentencia el análisis de las excepciones de caducidad y de falta de legitimación en
la causa por activa.
16. Una vez cerró la etapa probatoria y corrió traslado para alegar de conclusión, el
Área Metropolitana de Barranquilla 11 , la Superintendencia de Transporte 12 y el
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla13 reiteraron los argumentos
expuestos al defenderse. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
8 Índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado B15ABCD3181E2E9F 81D2E1C3F607DC09
F81CEB4E85252C3B 4AF165FAFF412962. Se precisa que, en la audiencia inicial del 16 de noviembre, el
Tribunal advirtió que, por un error de Secretaría, no se había incorporado al expediente la contestación de la
demanda presentada oportunamente por el Área Metropolitana de Barranquilla. Para subsanar la situación y
garantizar la validez del proceso, dispuso tener por contestada la demanda e incorporar al expediente la
contestación y sus anexos.
9 Índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado 5E55F7A5B5FD711C 3341B2DEFBF3F23C
70CF9502071E77D7 91A75C721787D4BF.
10 Al respecto, el a quo consideró que fueron demandados directamente y que la presunta omisión en la fijación
de tarifas de taxis estaba relacionada con sus competencias en materia de transporte, por lo que la
determinación de su eventual responsabilidad debía analizarse al decidir el fondo del asunto.
11 Índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado CCB857B7B5B75319 E1A11C132F62E00B
F76FAFEB7F75DF7C E8C8EAB4A818719C.
12 Índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado 37B1795B6B6A1517 6C9262BE9521A087
52E21726599815DB 8080EAEF79E15892.
13 Índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado C3A6879290696EC7 96DA55FC11F87B21
F45972578A8219B1 F841C711BCF1F2F3.
4
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
La sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 5 de julio de
2024, negó las súplicas de la demanda14.
18. Como cuestión preliminar, precisó que no procedía declarar la falta de
legitimación en la causa por activa de Aura Alicia Niño Alba, pese a que el
expediente daba cuenta de que había dejado de ser dueña de los vehículos
identificados con las placas SDV532, SDV624, SDV625, SDV626, SDV627,
SDV628 y SDV629 -frente a los demás mantuvo el dominio-. A su juicio, esa
circunstancia solo cobraría relevancia de prosperar las pretensiones, al determinar
los perjuicios reclamados.
19. En cuanto al fondo, concluyó que no se probó el daño cuya reparación se
pretendía porque no se demostró (i) que los rodantes estuvieran habilitados para
prestar el servicio público durante el período reclamado, (ii) ni que la demandante
hubiera sufrido una lesión cierta en su patrimonio.
20. Sobre lo primero, recordó que, conforme a los artículos 39 y siguientes del
Decreto 172 de 2001, la tarjeta de operación es el documento que autoriza a un
vehículo para servir como taxi, bajo la responsabilidad de una empresa habilitada y
dentro del radio de acción determinado. Como esos documentos no se aportaron,
estimó incumplida la carga de acreditar dicha habilitación en el período censurado.
21. En relación con lo segundo, advirtió que no se aportaron estados financieros,
registros contables, certificaciones ni otros medios de prueba que permitieran
constatar una disminución efectiva de ingresos o una afectación patrimonial
atribuible a los hechos de la demanda. El único elemento aportado con ese
propósito fue el “Estudio para analizar las tarifas para el servicio de transporte
público individual para los años 2017, 2018 y 2019 del Área Metropolitana de
Barranquilla”, que solo podía valorarse como prueba documental. Además, tras
examinarlo, señaló que, si bien daba cuenta de la ausencia de incrementos tarifarios
en algunos años y proponía una metodología de actualización, no demostraba una
disminución real y efectiva del patrimonio de la demandante; e insistió en que no
existía certeza de que los vehículos hubieran prestado efectivamente el servicio en
este interregno.
22. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no se demostró, ni siquiera
sumariamente, que en el lapso reclamado la promotora hubiera experimentado una
afectación patrimonial.
23. Por último, se abstuvo de condenar en costas, al estimar que “no aparece
prueba de que se hubiesen causado, tal como lo exige el numeral 8º del artículo 365
del C.G.P”.
14Índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado 5E316D169D16A3E7 B9147B5DBA48B7BC
A8EADC1EFF91CBF6 37B39FFA52CBF264.
5
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
El recurso de apelación
24. Inconforme con la decisión adoptada, la parte actora15 solicitó su revocatoria,
con fundamento en las razones que se sintetizan a continuación16.
25. Las licencias de tránsito aportadas con la demanda acreditan la identificación
de los automotores y la calidad de propietaria para la época de los hechos, sin que
la transferencia posterior de estos muebles desvirtúe su “legitimación” para reclamar
los perjuicios sufridos mientras integraban su patrimonio.
26. Discrepó de la conclusión según la cual no se acreditó un daño cierto e
indemnizable, porque la valoración probatoria debía ser conjunta y comprender
tanto el “Estudio para analizar las tarifas para el servicio de transporte público
individual para los años 2017, 2018 y 2019 del Área Metropolitana de Barranquilla”
como el Acuerdo Metropolitano 005 del 10 de diciembre de 2019.
27. Con apoyo en el artículo 262 del Código General del Proceso, argumentó que
las entidades demandadas no controvirtieron el “estudio” aportado con la demanda:
ninguna solicitó su ratificación, cuestionó sus conclusiones u objetó la idoneidad de
sus autores, “quedando ratificado (…) el contenido de la experticia”. Afirmó que ese
medio de convicción debía apreciarse íntegramente como prueba, junto con las
“conclusiones técnicas” que incorpora, máxime porque no se acreditaron errores
metodológicos o inconsistencias que le restaran valor probatorio.
28. Destacó que el Área Metropolitana de Barranquilla aportó el estudio técnico que
sustentó el Acuerdo 005 de 2019, según el cual un taxi en esa ciudad y la región
circundante recorría en promedio 235 kilómetros diarios, cifra superior a la
empleada en el estudio allegado con la demanda. A su juicio, ese dato corrobora
las conclusiones económicas allí contenidas y respalda la cuantificación de los
perjuicios.
29. Concluyó que la falta de actualización de las tarifas impidió que estas reflejaran
el valor real del servicio y trasladó a los dueños de los taxis el incremento de los
costos de operación, sin que les fuera posible recuperarlos.
30. Por último, señaló que solo con el referido acuerdo se reajustaron las tarifas del
servicio, que permanecían inalteradas desde 2009, sin que las demandadas
demostraran una justificación legal o material de esa omisión.
15 Índice 002 de Samai, Consejo de Estado, certificado
0DF8450C4E34FBE2 2AE4EBC7592F531B A0DE5B7F24184C06 D02749CC3469987F.
16 Se aclara que, aunque tales consideraciones fueron formuladas sin un orden temático definido, la Sala las
organizó y agrupó atendiendo a su contenido.
6
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
Trámite relevante en segunda instancia
31. Mediante auto 17 del 2 de julio de 2026 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante18.
32. Dentro del término de ejecutoria de la anterior providencia, la Superintendencia
de Transporte solicitó confirmar la decisión recurrida. Argumentó que, si bien las
licencias de tránsito acreditaban la calidad de propietaria de los vehículos, la
sentencia apelada no cuestionó la titularidad del derecho de dominio, sino la
ausencia de prueba de que esos automotores estuvieran habilitados para prestar el
servicio público de transporte de pasajeros, circunstancia indispensable para
acreditar el daño antijurídico cuya reparación se pretende19.
33. La actora, las demás demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio en
esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES
34. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, por lo que procede a resolver en segunda instancia el presente asunto.
Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda y legitimación en la causa por
activa y pasiva.
Incumplimiento de la carga de sustentación de la apelación
35. Esta Subsección, de manera reiterada20, ha sostenido que a través del recurso
de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión
judicial -en este caso la que contiene una sentencia-, por lo que le corresponde al
apelante confrontar los argumentos que el juez de primera instancia esgrimió como
apoyo de su decisión, con sus propias reflexiones, para efectos de solicitarle al juez
ad quem que decida sobre los puntos o aspectos que se debaten en la segunda
instancia21.
17 Mediante auto de 26 de febrero de 2026, se advirtió que la sentencia de primera instancia no había sido
notificada al Área Metropolitana de Barranquilla, en su calidad de demandada. En consecuencia, dicha
irregularidad fue puesta en conocimiento de la entidad mediante notificación personal, sin que esta emitiera
pronunciamiento alguno dentro del término concedido. Por tal razón, mediante auto de 2 de julio de 2026 se
declaró saneada la actuación respecto de esa demandada, al haberse configurado el consentimiento tácito de
la irregularidad, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 136 del Código General del Proceso.
En la misma providencia se admitió el recurso de apelación (índice 4 de Samai del Consejo de Estado,
certificado E183216BA531F4F7 B2641B3C3476213C 6B4FDD8D72CD06C1 9185DA9C6EA01443).
18 Índice 003 de Samai, Consejo de Estado, certificado E6490F809E9208C4 46864783791DF1DF
E5EF9BCB9A77EBE3 A02E8C46EE8D7F55.
19 Índice 017 de Samai, Consejo de Estado, certificado 537262A7736B92B8 DAF0F92F76413FEA
D95A4BA2B8CFA58A 724508E351FB5274.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26
de enero de 2011, exp. 20955. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterada por esta Subsección, entre otras, en
sentencias del 5 de febrero de 2021, exp. 51371. C.P. José Roberto Sáchica Méndez; del 5 de marzo de 2021,
exp. 64163 y del 7 de diciembre de 2021, exp. 65962.
21 Sobre el particular, el artículo 212 del CCA, aplicable al sub judice, determina que la parte inconforme con la
decisión debe interponer y sustentar el recurso ante el a quo; a su vez, el parágrafo 1 del artículo 352 del C. de
P.C. establece que “… [p]ara la sustentación del recurso, será suficiente que el recurrente exprese, en forma
7
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
36. Esa carga no se satisface con la manifestación genérica de estar en desacuerdo
con el fallo, ni con la simple petición de que se modifique o revoque. La ley exige
atacar los fundamentos de hecho o de derecho que sirvieron de sustento a la
decisión en el punto que se estima desfavorable, exponiendo las razones que
permitan concluir que lo resuelto fue desacertado22.
37. Por consiguiente, el recurso debe consignar los motivos de disenso frente a las
consideraciones de la sentencia recurrida, con el fin de que el superior las confronte
con lo decidido por el sentenciador de primera instancia, con el propósito de
establecer si incurrió en los yerros achacados. No corresponde al ad quem
estructurar esas razones, pues ello relevaría a las partes de las cargas que la ley
les impone y supondría una extralimitación de sus funciones, en lesión del debido
proceso de la contraparte procesal. Tampoco basta reiterar los planteamientos
formulados en oportunidades procesales anteriores, tales como la demanda, la
contestación o los alegatos; itérese, deben cuestionarse de forma directa y concreta
las razones en que se fundó la providencia que le resulta adversa, para confrontar
su juridicidad y correspondencia con el material probatorio.
38. De ahí que, cuando la alzada se limita a afirmaciones genéricas o vagas y
carece de una verdadera oposición a los razonamientos del juzgador de grado
inferior, el superior no dispone de elementos para examinar de fondo las censuras,
circunstancia que conduce a confirmar la providencia apelada por la insuficiencia
material de la impugnación 23 , en tanto los argumentos formulados carecen de
aptitud para enjuiciar la decisión confutada.
39. En el presente asunto, recuérdese que el Tribunal Administrativo del Atlántico
negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se encontraba acreditado
el daño cuya reparación se reclamaba. Para sustentar esa conclusión expuso dos
razones, de cuya formulación se advierte un argumento central y otro de refuerzo
para enfatizar su decisión.
40. Como núcleo de las motivaciones, señaló que la demandante no acreditó que
los vehículos objeto de la reclamación hubieran estado habilitados para prestar el
servicio público de transporte para las fechas reclamadas en la demanda; lo anterior,
porque no aportó las tarjetas de operación exigidas en los artículos 39 y siguientes
del Decreto 172 de 2001, circunstancia que impedía concluir que la alegada falta de
actualización tarifaria hubiera generado algún daño.
concreta, las razones de su inconformidad con la providencia” (se resalta); y en el artículo 357 de esa misma
codificación se prescribe que “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo
tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso …” (se destaca).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24
de septiembre de 2020, exp. 44707. C.P. José Roberto Sáchica Méndez; reiterada por esta Subsección, entre
otras, en sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 64163.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7
de diciembre de 2021, exp. 65962.
8
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
41. Asimismo, para abundar en razones y sin perjuicio de que la anterior afirmación
fuera suficiente para denegar las súplicas24, aseguró que tampoco se acreditó una
afectación patrimonial cierta derivada de la ausencia de actualización tarifaria,
porque no se allegaron documentos contables, estados financieros o certificaciones
que permitieran verificar una disminución efectiva de ingresos, y porque el estudio
técnico que aportó, valorable únicamente como prueba documental, no demostraba
una afectación real del patrimonio de la señora Niño Alba.
42. Para cuestionar estas disquisiciones, al sustentar la apelación, la parte actora
esgrimió tres reflexiones: (i) las licencias de tránsito prueban su calidad de
propietaria de los automotores para la época de los hechos, de suerte que la
transferencia posterior de algunos de ellos no afecta su “legitimación” para reclamar
los perjuicios causados mientras fue dueña; (ii) por estar desactualizadas las tarifas,
éstas no reflejaban el costo real de la operación del servicio, lo que trasladó a los
dominus de los vehículos el impacto del incremento de los costos, circunstancia que
se encontraba demostrada con el estudio técnico aportado con la demanda, cuyo
valor probatorio no fue controvertido y sus afirmaciones validadas por los estudios
previos que sirvieron para la expedición del Acuerdo Metropolitano 005 de 2019; y
(iii) las entidades demandadas no demostraron una justificación legal o material de
la falta de actualización tarifaria.
43. La confrontación de estos cuestionamientos con las consideraciones
desarrolladas por el Tribunal pone de manifiesto la insuficiente sustentación del
recurso, pues los reproches formulados no estuvieron encaminados a desvirtuar la
premisa central que sirvió de soporte a la decisión impugnada. En efecto, ninguno
de ellos controvirtió, ni siquiera abordó, la ausencia de prueba respecto de la
autorización de funcionamiento. Si bien el segundo motivo cuestionó la suficiencia
del acervo probatorio para acreditar que la actualización tarifaria produjo
consecuencias adversas para los propietarios de taxis, lo cierto es que se
circunscribió a ese punto y omitió enfrentar el eje argumentativo principal sobre el
cual descansó el veredicto. A continuación, se efectuarán las precisiones
correspondientes.
44. En cuanto a la primera tesis de la apelación, orientada a demostrar el dominio
de los rodantes, pasó por alto que el a quo asintió en este hecho, de allí que estimara
satisfecho el requisito de la legitimación25. Ahora bien, es cierto que la sentencia
24 Sobre este aspecto, en la sentencia de primera instancia se señaló: “Aunado a lo anterior, tampoco se
acreditó, la ocurrencia de un daño cierto, pues la demandante, únicamente, se encargó, de alegar, un
perjuicio patrimonial, consistente en las pérdidas económicas que presuntamente sufrió, por la omisión en el
aumento de la tarifa del servicio de transporte público individual bajo la modalidad de taxis en el Área
Metropolitana de Barranquilla (…) // En efecto, para probar la disminución o afectación de sus ingresos aportó
documento denominado ‘Estudio para analizar las tarifas…’ sin embargo, a partir del mismo, no es posible
demostrar con certeza, el daño alegado por la demandante…, toda vez, que ni siquiera hay certeza, que los
vehículos de propiedad de la actora, hubieran prestado el servicio, por el período comprendido entre
octubre de 2017 a septiembre de 2019” (sic, se destaca).
25 Sobre este aspecto, el Tribunal Administrativo del Atlántico señaló: “(…) De acuerdo con lo anterior, se
encuentra probada, la legitimación en la causa por activa de la demandante, como titular de los vehículos que
se relacionaron. No obstante, es importante precisar, que la información remitida con relación a los vehículos
con placas SDV-627, SDV 532, SDV-624, SDV-625, SDV-626, SDV-628 y SDV-629, arroja, que la hoy
demandante fue su propietaria, pero que en la actualidad no ostenta tal condición, sin embargo, ello será objeto
de estudio, en caso de que las pretensiones de la demanda prosperen y se tenga que establecer, la titularidad
para la fecha en que aduce, se causaron los perjuicios reclamados”.
9
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
hizo referencia a siete casos concretos -los vehículos de placas SDV532, SDV624,
SDV625, SDV626, SDV627, SDV628 y SDV629-, con la anotación de que la actora
dejó de ser dueña de estos muebles; empero, esta constatación no fue argüida
como fundamento de la decisión absolutoria, sino que se advirtió que sólo sería
relevante en punto a la cuantificación del perjuicio, laborío que no acometió por la
ausencia de comprobación del daño reclamado.
45. El argumento de la recurrente, por ende, reluce desenfocado frente al fallo
impugnado, pues, aunque en gracia de discusión se aceptara su corrección, lo cierto
es que carece de la idoneidad para lograr la modificación o revocación de aquél. Y
es que la deficiencia probatoria advertida no recayó sobre la propiedad de los
automotores, sino sobre su habilitación para operar en el servicio público de
transporte individual de pasajeros durante el período reclamado, por la falta de la
tarjeta de operación vigente expedida a favor de la empresa a la que se hallaren
vinculados, sobre lo cual la apelante guardó silencio.
46. La recurrente controvirtió, entonces, una censura que no se le formuló: en
ningún momento se le desconoció su calidad de propietaria, pues la incidencia de
la pérdida del dominio sobre algunos vehículos no operó como razón para negar las
pretensiones por ella reclamadas, sino como una variable diferida al eventual
ejercicio de liquidación de los perjuicios. Así pues, este cuestionamiento no plantea
un verdadero disenso con lo resuelto y su examen, cualquiera fuese su resultado,
no desvirtuaría la conclusión del a quo.
47. En cuanto al segundo cuestionamiento, es cierto que se dirige contra uno de los
fundamentos de la sentencia apelada -a diferencia del inicial y del final-. Sin
embargo, está ayuno de completitud, pues deja incólume la reflexión fundamental
sobre la que se apoyó la negativa a las pretensiones, a saber y a riesgo de saturar:
la ausencia demostrativa de que los automotores podían prestar el servicio público
de transporte.
48. Sobre este punto, la recurrente resaltó el valor probatorio que le atribuye al
documento denominado “Estudio para analizar las tarifas para el servicio de
transporte público individual para los años 2017, 2018 y 2019 del Área Metropolitana
de Barranquilla”, a partir de lo cual estimó que se generó un desequilibrio entre los
costos de operación y las tarifas autorizadas para los taxis. Sin embargo, en esta
reflexión, ninguna dilucidación realizó sobre la orfandad probatoria tocante a la
comprobación de que los vehículos, sobre los que se concretó el supuesto daño,
pudieran operar y, por ende, atender las necesidades de movilidad en el área
metropolitana para las fechas denunciadas.
49. Con todo, aun si se pasara por alto la anterior deficiencia y se confrontara el
cuestionamiento formulado únicamente con las razones que el Tribunal expuso en
respaldo de su argumento de refuerzo, se advertiría que tampoco resulta apto para
desvirtuarlo, pues deja incólumes varios de los fundamentos que sirvieron de
sustento a dicha consideración. En efecto, nada expuso frente a la conclusión según
la cual el estudio sólo podía valorarse como prueba documental y no como dictamen
10
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
pericial 26. Tampoco abordó el colofón de que este escrito no permitía tener por
demostrada una disminución real y efectiva del patrimonio de la demandante. Frente
a esa consideración, la apelante no explicó de qué manera un estudio general sobre
la estructura de costos del servicio -construido sobre parámetros promedio de
operación referidos al conjunto del parque automotor y no a la situación particular
de la actora- permitiría individualizar el daño que ella alegó.
50. De igual forma, la recurrente no identificó los elementos de convicción con los
que pretendía suplir las dos carencias probatorias que echó de menos el a quo: de
un lado, la demostración de haber asumido los costos y gastos que integran el
modelo de estimación tarifaria previsto en la Resolución 4350 de 1998 -combustible,
lubricantes, llantas, mantenimiento, salarios y prestaciones, costos fijos, costos de
capital y demás componentes de la estructura-27 y, del otro, los estados financieros,
registros contables, certificaciones de ingresos o cualquier otro medio que
permitiera verificar una disminución efectiva de sus ingresos o una afectación
patrimonial atribuible a los hechos de la demanda 28 . Ello, pese a tratarse de
información cuya acreditación le correspondía, por estar directamente relacionada
con el desarrollo de su actividad económica y hallarse a su alcance.
51. La misma reflexión cabe respecto al otro medio de convicción invocado por la
apelante para demostrar su daño. En efecto, el Acuerdo 005 de 2019, mediante el
cual la Junta Metropolitana del Área Metropolitana de Barranquilla fijó las tarifas del
servicio público de transporte individual en vehículos tipo taxi, únicamente da cuenta
de que, con fundamento en un estudio, se estimó necesario actualizar los precios.
Luego, ese acto administrativo no contiene información que permita establecer una
disminución efectiva y concreta del patrimonio de la demandante, pues no incorpora
elementos relativos a la operación de los vehículos de su propiedad, a sus ingresos,
costos o resultados financieros, ni a ninguna otra circunstancia que permita inferir
la existencia de la afectación económica cuya reparación reclama; por consiguiente,
no desvirtúa las conclusiones del Tribunal.
52. El tercer reparo, relativo a una eventual falla del servicio, se sitúa en el juicio de
imputación, aspecto que solo adquiere relevancia una vez acreditada la existencia
26 En la audiencia inicial del 16 de noviembre de 2023, el Tribunal dispuso incorporar el estudio al expediente
únicamente como prueba documental, al considerar que no cumplía “con los requisitos establecidos en el
artículo 219 de la Ley 1437 de 2011, así como lo dispuesto en el artículo 226 del C.G.P. sobre la presentación
de dictámenes periciales”. Esa decisión quedó en firme sin objeción de las partes, de modo que la apelante no
puede atribuir ahora a este medio de convicción un alcance probatorio que le fue expresamente negado en una
providencia que consintió.
27 Al respecto, indicó el Tribunal: “Aunado a lo anterior, se tiene, que el modelo de estimación de la tarifa, se
basa en los ítems estipulados, en la Resolución 4350 de 1998 , la cual establece, la estructura de costos para
la fijación de tarifas, así como la estimación de los parámetros de operación y el costo por kilómetro, dentro de
la estructura de costos definidos en la misma, atendiendo a: a) Encuestas y Cotizaciones, b) Parámetros de
Operación, c) Combustible, d) Lubricantes, e) Llantas, f) Mantenimientos, g) Salarios y Prestaciones, h)
Servicios de Estación, i) Costos Fijos, j) Costos de Capital y, k) Parque Automotor, elementos sobre los cuales,
la parte actora, no allegó, un solo elemento probatorio, a través de los cuales, demostrara, haber incurrido, en
tales gastos, en comparación con los ingresos obtenidos por la presunta prestación del servicio con los 24
vehículos de su propiedad, es decir, no demostró sumariamente, que en el periodo comprendido entre octubre
de 2017 y septiembre de 2019, incurrió en gastos superiores y que los ingresos en el mencionado periodo, se
vieron afectados contablemente, por los mismos y la falta de incremento de la tarifa”.
28 Sobre este punto, expuso el a quo: “No obstante, no obra ningún elemento, que nos conduzca a afirmar o a
tener por demostrado, que la antes mencionada, hubiere efectivamente sufrido, al menos una disminución de
sus ganancias o ingresos, pues se echan de menos, documentos contables, certificados y en general, cualquier
elemento de prueba, que acreditara, una afectación de los ingresos de la actora, con ocasión de los hechos
alegados”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
del daño, pues es a partir de ese presupuesto que puede examinarse, de manera
sucesiva, su antijuridicidad, su atribución a la entidad demandada, la existencia de
los perjuicios cuya reparación se reclama y, de ser procedente, su cuantificación.
53. Como el Tribunal concluyó que la parte actora no demostró la lesión cuya
indemnización pretendía y, por esa razón, se abstuvo de estudiar los demás
elementos de la responsabilidad -en particular, la acción u omisión atribuible a la
Administración-, el embiste propuesto por la apelante recae sobre una materia que
no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia impugnada y, por lo mismo, no
controvierte ninguna de las razones que sirvieron de sustento a la misma.
54. De esta forma queda al descubierto que la apelación no satisface la carga de
sustentación que se exige para su adecuada formulación, impidiendo su estudio de
fondo, en tanto al dejar incólume la premisa fundamental del veredicto de instancia,
cerró toda posibilidad de prosperidad, haciendo inocuo adentrarse en el mismo.
55. La Sala reitera que la mera manifestación de inconformidad con la decisión
impugnada, o la simple formulación de cuestionamientos genéricos en su contra, no
satisfacen los requisitos para una debida fundamentación de la apelación. Es
indispensable que el recurrente identifique y desarrolle, al menos de manera mínima,
los errores que atribuye a la sentencia de primera instancia y explique por qué debe
ser modificada o revocada29, lo que no sucedió en el sub lite, por las razones ya
explicadas.
Conclusión
56. Las razones formuladas por la apelante desatienden la carga de sustentación
connatural al remedio vertical, porque ninguna cuestiona el centro argumentativo de
la sentencia impugnada, razón que por sí sola sustenta la negativa de las
pretensiones y que llega incólume a esta instancia. En efecto, el primer reparo se
dirige contra una consideración que no constituyó fundamento de la decisión
recurrida. El segundo, aunque cuestiona uno de los razonamientos expuestos por
el Tribunal, deja intacta la premisa central del fallo, consistente en la falta de prueba
de que los vehículos -respecto de los cuales se alegó el daño- estuvieran habilitados
para prestar el servicio público de transporte durante los períodos indicados en la
demanda; además, aun en lo que atañe al argumento complementario relativo al
valor probatorio del estudio técnico, la actora no controvierte de manera integral los
motivos que llevaron a considerarlo insuficiente para demostrar la lesión patrimonial
alegada. Finalmente, el tercer reparo versa sobre un aspecto que no fue objeto de
análisis por parte del a quo, debido a que este concluyó previamente que no se
encontraba acreditada la existencia del daño.
29 “[S]i la decisión inicial es correcta, la apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se
pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los
que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una
equivocación. Eso explica por qué se exige que la apelación deba ser sustentada. Porque para controvertir una
decisión judicial y provocar la intervención del superior, con lo que eso implica en términos de desgaste del
aparato judicial, y en merma de la seguridad jurídica, es preciso mostrar razones serias que generen en el
fallador una cierta duda sobre el asunto recurrido, o, al menos, que se planteen de manera clara y
argumentada las razones de la discrepancia” (se destaca). Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
57. En consecuencia, ante la insuficiente fundamentación del recurso de apelación
interpuesto, que impide hacer un estudio de fondo sobre el mismo, la Sala
confirmará la sentencia apelada.
Condena en costas
58. En el presente asunto, se impondrá condena en costas a la parte demandante,
por cuanto el recurso de apelación que interpuso fue resuelto de manera
desfavorable, de conformidad con el numeral 1° del artículo 365 del Código General
del Proceso. No obstante, el numeral 8 de la misma disposición exige que las costas
aparezcan causadas en el expediente y solo pueden imponerse en la medida de su
comprobación. Sobre el alcance de esa regla, esta Subsección ha precisado que la
causación no se infiere del solo hecho de que la parte cuente con apoderado judicial:
mientras este no actúe dentro del proceso, no hay certeza de que haya ejercido
efectivamente el encargo, que es naturalmente remunerado, como lo disponen los
artículos 2143 y 2184, numeral 3, del Código Civil.
59. En el presente asunto, la Superintendencia de Transporte se pronunció en esta
instancia y solicitó confirmar la decisión recurrida, por lo que respecto de esa entidad
la causación de las costas se encuentra acreditada. En cambio, el Ministerio de
Transporte, el Distrito de Barranquilla y el Área Metropolitana de Barranquilla no
actuaron en segundo grado. Como no está demostrado que hubieran incurrido en
erogaciones relacionadas con la atención de este recurso, no hay lugar a fijar
agencias en derecho en su favor30.
60. En consecuencia, la Sala fijará las agencias en derecho de segunda instancia,
en favor de la Superintendencia de Transporte, en un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de conformidad con el
inciso segundo del artículo 3 y con el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016.
La liquidación se hará por el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso31.
61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
30 Se aclara que el magistrado José Roberto Sáchica, integrante de esta Subsección, se acoge a esta postura
mayoritaria; no obstante, considera que supeditar el reconocimiento de las agencias en derecho a la realización
de actuaciones procesales efectivas y ostensibles restringe indebidamente el alcance de esta institución y
desconoce la naturaleza objetiva que caracteriza la condena en costas. A su juicio, las agencias en derecho no
tienen por finalidad reembolsar honorarios ni remunerar actuaciones procesales específicas, sino compensar,
de manera general, la actividad de defensa judicial desplegada por la parte vencedora, incluidas las cargas y
responsabilidades inherentes al mandato judicial, entre ellas el seguimiento y la vigilancia permanente del
proceso.
31 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.
13
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00750-01 (73.977)
Demandante: Aura Alicia Niño Alba
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Las agencias en derecho a su cargo, y en favor de la Superintendencia de Transporte,
se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia. No hay lugar a fijar agencias en derecho respecto de las demás
entidades demandadas. La liquidación se hará por el Tribunal de primera instancia,
conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente de este proceso al Tribunal
de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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