Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00806-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00806-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00806-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 08001-23-33-000-2019-00806-01 (6239-2024)
Demandante : Naviera Fluvial Colombiana S.A.
Demandados : Nación – Ministerio del Trabajo y Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA
Vinculado : Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo - USO
Tema : Derecho a la negociación colectiva. Deber de iniciar las
conversaciones de arreglo directo.
Confirma la sentencia apelada. La vigencia del registro sindical
al momento del pliego hace exigible el deber del artículo 433
Decisión : del Código Sustantivo del Trabajo, y la negativa a iniciar las
conversaciones es conducta típica y debidamente sancionada.
La Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
de 7 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral, Sección "B", que accedió de forma parcial a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Naviera Fluvial Colombiana S.A., instauró demanda contra la Nación – Ministerio del
Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el
fin de obtener la nulidad de la Resolución 1871 de 4 de mayo de 2017, "por la cual se
resuelve una investigación administrativo laboral"; de la Resolución 3350 de 4 de
septiembre de 2017, "por la cual se rechaza un recurso de apelación", y de la Resolución
3176 de 12 de julio de 2018, "por la cual se resuelve un recurso de queja", proferidas por
el Ministerio del Trabajo dentro del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado
contra la sociedad por la presunta infracción del artículo 433 del Código Sustantivo del
Trabajo (CST).
2. A título de restablecimiento del derecho, que se declare sin efecto alguno la sanción
de multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes del año 2017
por cada día de retraso en el inicio de las conversaciones, que al 22 de mayo de 2017
correspondía a quinientos cuarenta y cinco días y ascendía a mil seiscientos setenta y
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00806-01
Demandante: Naviera Fluvial Colombiana S.A.
cuatro millones seiscientos diecisiete mil quinientos noventa pesos ($1.674.617.590),
impuesta en favor del Servicio Nacional de Aprendizaje.
3. Que se ordene al Servicio Nacional de Aprendizaje y a la Nación – Ministerio del
Trabajo devolver a la sociedad la suma pagada por concepto de la multa, junto con los
intereses causados desde el 14 de agosto de 2017, fecha del pago, y hasta aquella en
que se realice la devolución. Que la sentencia se cumpla en los términos de los artículos
192 y siguientes del CPACA y que se condene a las demandadas al pago de las costas
y de las agencias en derecho.
4. Como fundamento fáctico expuso que la USO presentó querella administrativa ante la
Dirección Territorial del Atlántico del Ministerio del Trabajo contra Naviera Fluvial
Colombiana S.A., por la presunta omisión de esta última en la negociación del pliego de
peticiones que formularon trabajadores de la empresa el 2 de febrero de 2016.
5. En el trámite de la investigación administrativa la sociedad fue exonerada de
responsabilidad en la investigación preliminar. Sin embargo, el Viceministerio de
Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo ejerció el poder preferente
de carácter administrativo y asignó el expediente a otra dependencia de la misma entidad.
La coordinadora del grupo de trabajo interno de la unidad de investigaciones especiales
de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial estimó que había
mérito para adelantar investigación contra la sociedad.
6. Agotadas las etapas del procedimiento administrativo, el Ministerio del Trabajo expidió
la Resolución 1871 de 4 de mayo de 2017 y le impuso multa a la empresa. Contra esa
decisión la sociedad interpuso recurso de apelación, que fue rechazado por
extemporáneo con el argumento de que no consignó de manera oportuna el monto de la
multa, exigencia que el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo prevé como
condición para la interposición de los recursos. Al momento de recurrir la decisión la
sociedad advirtió al Ministerio del Trabajo la imposibilidad de pagar el monto total de la
multa y ofreció otra forma de pago con garantías prendarias, sin que la entidad diera
respuesta a esa solicitud. Con posterioridad realizó el pago, el 14 de agosto de 2017.
7. Que en otras actuaciones administrativas con supuestos fácticos semejantes el
Ministerio del Trabajo dio trámite a los recursos interpuestos por empresas que
advirtieron la imposibilidad de pagar el monto de la multa, circunstancia que, en criterio
de la parte demandante, evidencia un trato desigual.
8. Sostuvo que el Ministerio del Trabajo desconoció la normatividad superior en que
debía fundarse la sanción, porque los trabajadores de la sociedad ejercen una actividad
de carácter industrial y no petrolera, y porque la Unión Sindical Obrera de la Industria del
Petróleo incurrió en indebida representación de esos trabajadores en la etapa de
negociación colectiva que promovió.
9. Adujo que la sanción impuesta resultó desproporcionada y constituyó una carga
económica excesiva, y que el Ministerio del Trabajo invadió la órbita de competencia
propia del juez laboral.
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Demandante: Naviera Fluvial Colombiana S.A.
10. Afirmó que el acto sancionatorio no atendió de forma debida el material probatorio
recaudado en la investigación administrativa, pues la sociedad justificó de manera
oportuna las razones por las cuales se abstuvo de adelantar la negociación colectiva.
11. Por último, reprochó que el Ministerio del Trabajo hubiera rechazado el recurso de
apelación con fundamento en que el pago de la multa se hizo por fuera del término de
ejecutoria del acto sancionatorio, decisión contraria al criterio aplicado en otras
actuaciones administrativas en las cuales sí tramitó los recursos cuando las empresas
acreditaron la imposibilidad de pago inmediato.
Contestación de la demanda
12. El Ministerio del Trabajo presentó escrito de contestación el 24 de agosto de 2021 y
propuso la excepción de caducidad del medio de control. El Tribunal tuvo por no
contestada la demanda respecto de esa entidad por la extemporaneidad del escrito,
según se dispuso en el numeral primero de la parte resolutiva del auto de 19 de febrero
de 2024.
13. El Servicio Nacional de Aprendizaje contestó la demanda y propuso la excepción que
denominó "incumplimiento del trámite de conciliación extrajudicial con el SENA"1.
Sostuvo que no fue convocado a la audiencia de conciliación prejudicial y que carece de
legitimación en la causa por pasiva, porque los actos demandados fueron expedidos por
el Ministerio del Trabajo y porque el ingreso de la multa a su patrimonio obedece al
mandato del artículo 30 de la Ley 119 de 1994 y no a un proceso de cobro coactivo
iniciado por él. Añadió que, pese a lo anterior, podía concurrir al proceso como garante
ante la eventualidad de que se le ordenara reintegrar las sumas discutidas.
14. La USO contestó la demanda el 4 de diciembre de 2023. Se opuso a las pretensiones
y propuso la excepción previa que intituló "improcedencia de la acción y medio de control
por no agotar los recursos en sede administrativa. Incumplimiento de requisito de
procedibilidad para la nulidad del acto". Argumentó que la sociedad no ejerció de manera
debida el recurso de apelación pese a haber tenido la oportunidad de hacerlo, que la
cuantía de la multa no constituye excusa válida y que no puede alegar en su favor su
propia falta de diligencia. En cuanto al fondo, defendió la legalidad de los actos y afirmó
que la negativa al cumplimiento de las obligaciones del derecho colectivo del trabajo
quedó debidamente probada.
Sentencia apelada
15. Mediante sentencia de 7 de junio de 2024 el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral, Sección "B", declaró no probada la excepción de indebido
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Mediante auto de 19 de febrero de 2024 el Tribunal declaró no probada la excepción de incumplimiento del requisito
de conciliación extrajudicial propuesta por el Servicio Nacional de Aprendizaje, pues verificó que esa entidad figura
como convocada tanto en la solicitud de audiencia de conciliación prejudicial como en el acta de no acuerdo de 26 de
noviembre de 2018. En la misma providencia difirió a la sentencia la resolución de las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva del Servicio Nacional de Aprendizaje y de indebido agotamiento de la actuación
administrativa, esta última por su relación con el fondo del asunto.
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Demandante: Naviera Fluvial Colombiana S.A.
agotamiento de la actuación administrativa, declaró la nulidad de las Resoluciones 3350
de 4 de septiembre de 2017 y 3176 de 12 de julio de 2018, negó las pretensiones en lo
relativo a la nulidad de la Resolución 1871 de 4 de mayo de 2017 y se abstuvo de
condenar en costas.
16. Sobre el requisito de procedibilidad, el Tribunal recordó que el numeral 2 del artículo
161 del CPACA exige el ejercicio y la decisión de los recursos obligatorios, y que el
artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo condiciona la interposición de los recursos
contra las resoluciones de multa a la consignación previa de su valor, exigencia declarada
exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-741 de 2013. A partir del examen
de la Resolución 3350 de 2017 constató que el Ministerio del Trabajo remitió inicialmente
el recurso para su trámite sin exigir el pago, que el expediente fue devuelto por el superior
para que se resolviera esa situación y que solo entonces la entidad exigió la consignación,
sin haberla advertido ni requerido antes. Verificó también que la sociedad interpuso el
recurso dentro del término legal, que desde ese momento advirtió la dificultad para el
pago total y ofreció garantías prendarias sin obtener respuesta, y que al momento de
resolverse sobre la concesión del recurso, en septiembre de 2017, ya había consignado
el monto total. Con apoyo adicional en la Resolución 2310, en la que el Ministerio del
Trabajo hizo una excepción a esa exigencia en favor de Transportes Fluviales
Colombianos S.A.S., concluyó que hubo un actuar desigual e injustificado y declaró la
nulidad de los actos que rechazaron el recurso y la queja.
17. Sobre la legalidad de la sanción, el Tribunal acogió el criterio según el cual el
empleador está obligado a dar trámite a la solicitud de negociación colectiva una vez
presentado el pliego de peticiones, y que no sirve como justificación válida la alegación
de falta de representación de quien la formula ni la circunstancia de que el sindicato
agrupe trabajadores de actividades distintas del objeto social de la empresa. Citó en
extenso la sentencia de esta corporación2 conforme a la cual, mientras un sindicato de
industria se encuentre debidamente registrado ante el Ministerio del Trabajo, se halla
habilitado para presentar el respectivo pliego de peticiones, y las empresas están en la
obligación de recibir a los negociadores dentro de las veinticuatro horas siguientes.
18. Con ese fundamento concluyó que la sociedad tenía la obligación de dar trámite al
pliego de peticiones presentado el 2 de febrero de 2016 y que, al incumplirla, incurrió en
la conducta reprochada por el legislador en el artículo 433 del Código Sustantivo del
Trabajo, sin que resultara relevante la disparidad entre la actividad económica de la
empresa y la rama de la que proviene el sindicato. Precisó que a esa conclusión no se
opone la constancia de la ilegalidad de las afiliaciones de algunos trabajadores, allegada
con posterioridad a la omisión y a la imposición de la multa, y anotó en nota al pie que
esos documentos se aportaron por fuera de la oportunidad legal, pues la presentación de
los alegatos de conclusión no es una etapa procesal prevista para aportar pruebas.
19. Sobre la graduación de la sanción, señaló que el Ministerio del Trabajo tuvo en cuenta
el artículo 12 de la Ley 1016 de 2013 y el artículo 50 del CPACA, que calificó la conducta
a título de culpa y que impuso una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 8 de agosto
de 2019, expediente 11001-03-25-000-2014-00716-00 (2229-2014).
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00806-01
Demandante: Naviera Fluvial Colombiana S.A.
vigentes por cada día de retraso, con un total de 454 días de mora y una cuantía de
$1.674.617.590. Frente al reproche relativo a que la cuantía se elevó por la demora de la
propia administración en la sustanciación, respondió que la sanción se impuso dentro del
margen configurado por el legislador y que la afectación de los derechos de asociación y
negociación colectiva, junto con el comportamiento culposo de la sociedad, justificaban
la graduación efectuada. Concluyó que no se desvirtuó la presunción de legalidad de la
Resolución 1871 de 2017.
Recurso de apelación
20. La parte demandante interpuso recurso de apelación el 8 de agosto de 2024 y limitó
de manera expresa su alcance al numeral tercero de la parte resolutiva. Solicitó que se
revoque en cuanto negó la nulidad de la Resolución 1871 de 4 de mayo de 2017, que se
declare esa nulidad y que se ordene la devolución del valor de la multa, debidamente
indexado.
21. Sostuvo que, si bien el artículo 433 del CST impone al empleador el deber de recibir
a los delegados de los trabajadores dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
presentación oportuna del pliego de peticiones, esa normatividad no es absoluta, pues
se articula con la clasificación de los sindicatos prevista en el artículo 356 del mismo
código, cuya finalidad es evitar el abuso del derecho.
22. Afirmó que la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo es, conforme al
artículo 1 de sus propios estatutos, una organización sindical de primer grado y de
industria constituida en el sector del petróleo, de modo que tiene legitimidad para
representar a los trabajadores de esa rama de actividad económica y no a quienes
prestan sus servicios en otros sectores, como el del transporte fluvial al que pertenece la
sociedad. De obligarla a negociar con un sindicato ajeno a su industria se incumpliría la
finalidad propia de la negociación colectiva y se contrariaría la normatividad sobre la
clasificación de los sindicatos.
23. Invocó la sentencia de 31 de enero de 2024 del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, proferida dentro del proceso ordinario laboral promovido por la sociedad
contra la organización sindical, que declaró la nulidad de la afiliación de sus trabajadores
con fundamento en que no se acreditó que la empresa haga parte de la industria del
petróleo y en que su actividad principal es el transporte público de bienes y cosas en
general. Reprochó que el Tribunal Administrativo, pese a tener en cuenta ese
pronunciamiento, no analizó en debida forma sus consecuencias jurídicas, y sostuvo que
la existencia de una decisión en firme del juez natural evidencia el error en que incurrió
la primera instancia, pues acreditó que la organización sindical carecía de competencia
para negociar y de representatividad en la industria de la sociedad.
24. Con fundamento en un pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo
sobre el objetivo de la negociación colectiva, concluyó que no se podía obligar a la
sociedad a negociar un pliego de peticiones con un sindicato que no contaba con la
representatividad de sus trabajadores, y que son claros los errores de hecho y de derecho
en que incurrió el Tribunal.
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Demandante: Naviera Fluvial Colombiana S.A.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
19. Mediante auto de 5 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación, y se
advirtió a la parte demandada que disponía hasta la ejecutoria de esa providencia para
pronunciarse sobre el recurso.
20. El SENA solicitó la confirmación de la sentencia. Reiteró su condición de tercero
frente a los hechos y la fuente legal de su patrimonio. Sostuvo que en febrero de 2016,
cuando se presentó el pliego de peticiones, algunos empleados de la sociedad se
encontraban debidamente afiliados a la organización sindical y el registro de esta ante la
oficina del trabajo estaba vigente, de manera que era obligación de la empresa aceptar
la presentación del pliego e instalar la mesa de negociación. Añadió que el radicado de
la sentencia laboral aportada corresponde a una demanda instaurada en el año 2015, de
lo cual infirió que la sociedad sabía que debía obtener un fallo judicial que declarara la
nulidad de las afiliaciones, y que mientras ese fallo no estuviera en firme la afiliación era
legal y surtía todos los efectos de ley.
21. El Ministerio del Trabajo, solicitó que no se acepten los argumentos del recurrente.
Sostuvo que el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo no hace distinción alguna
en función de la clasificación de la organización sindical, y que el pronunciamiento del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla no habilita a la sociedad para
sustraerse del deber de iniciar conversaciones ante la presentación de un pliego de
peticiones. Afirmó que el recurrente hace una interpretación subjetiva y conveniente de
ese fallo y que la Resolución 1871 de 2017 goza de presunción de legalidad.
22. Por informe secretarial de 16 de enero de 2025, de conformidad con el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA, el expediente pasó al despacho para proferir sentencia. El
Ministerio Público no emitió concepto.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala establecer si la Resolución 1871 de 4 de mayo de 2017, por
la cual el Ministerio del Trabajo sancionó con multa a Naviera Fluvial Colombiana S.A.
por la infracción del artículo 433 del CST, se ajusta a derecho, como lo declaró el Tribunal,
o si, como lo sostiene la apelación, carece de fundamento porque la sociedad no estaba
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obligada a iniciar las conversaciones de arreglo directo con una organización sindical
ajena a su rama de actividad económica.
25. El examen se contrae a los reparos de la apelación, en particular al que afirma que
la nulidad de la afiliación de los trabajadores a la Unión Sindical Obrera de la Industria
del Petróleo, declarada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la
sentencia de 31 de enero de 2024, demuestra que el deber cuyo incumplimiento se
sancionó nunca fue exigible. Para resolverlo, la Sala precisará su alcance según el
numeral 1 del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo y su relación con la
clasificación sindical del artículo 356 del mismo estatuto, y verificará, a la luz de la
tipicidad, de la valoración probatoria y la motivación, y de la culpabilidad, si la conducta
sancionada se subsume en el supuesto de hecho del numeral 2 del artículo 433 y si el
acto acusado se encuentra debidamente motivado.
Análisis
26. La Sala confirmará la sentencia apelada en lo que fue objeto de impugnación. Como
se explicará, el deber de iniciar las conversaciones de arreglo directo se hizo exigible con
la presentación del pliego de peticiones por una organización sindical cuyo registro se
encontraba vigente el 2 de febrero de 2016, y la negativa expresa de la parte demandante
a recibir a los delegados de los trabajadores, mantenida durante 454 días, se subsume
en el supuesto de hecho del numeral 2 del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo,
sin que la nulidad de las afiliaciones declarada por el juez laboral ocho años después
retire el sustrato de esa conducta, como lo entiende la apelación.
27. Para sustentar esta conclusión, y dentro del marco que fijan los reparos de la
apelación, la Sala examinará, en primer lugar, la potestad sancionadora del Ministerio del
Trabajo y el alcance del deber que impone el artículo 433 del Código Sustantivo del
Trabajo, junto con su relación con la clasificación sindical del artículo 356 del mismo
estatuto; en segundo lugar, la tipicidad, con la subsunción de la conducta reprochada en
aquella prohibición; en tercer lugar, la valoración de la sentencia de 31 de enero de 2024
y su incidencia sobre el juicio de tipicidad; en cuarto lugar, la culpabilidad; en quinto lugar,
la motivación del acto acusado; y, por último, los demás reparos, la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva del Servicio Nacional de Aprendizaje y la condena en
costas.
De la potestad sancionadora del Ministerio del Trabajo y del alcance del artículo
433 del Código Sustantivo del Trabajo
28. El artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo3 impone al empleador o a su
representante la obligación de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las
3 "ARTÍCULO 433. INICIACIÓN DE CONVERSACIONES. 1. El {empleador} o la representante, están en la obligación
de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación oportuna
del pliego de peticiones para iniciar conversaciones. Si la persona a quién se presentare el pliego considerare que no
está autorizada para resolver sobre él debe hacerse autorizar o dar traslado al {empleador} dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la presentación del pliego, avisándolo así a los trabajadores. En todo caso, la iniciación de las
conversaciones en la etapa de arreglo directo no puede diferirse por más de cinco (5) días hábiles a partir de la
presentación del pliego. 2. <Numeral modificado por el artículo 21 de la Ley 11 de 1984> El {empleador} que se niegue
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Demandante: Naviera Fluvial Colombiana S.A.
veinticuatro horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de peticiones, para
iniciar conversaciones, y fija en cinco días hábiles el límite máximo del que dispone para
dar comienzo a la etapa de arreglo directo. Su numeral 2 atribuye a las autoridades del
trabajo la potestad de sancionar con multa de cinco a diez veces el salario mínimo
mensual más alto por cada día de mora, en favor del Servicio Nacional de Aprendizaje,
al empleador que se niegue o eluda ese inicio.
29. Esa norma desarrolla el mandato del artículo 55 de la Constitución Política, que
garantiza el derecho de negociación colectiva e impone al Estado el deber de promover
la concertación, y encuentra respaldo convencional en los Convenios 87 de 1948, 98 de
1949 y 154 de 1981 de la Organización Internacional del Trabajo, este último sobre el
fomento de la negociación colectiva, cuyo artículo 1 extiende su ámbito a todas las ramas
de actividad económica. La Corte Constitucional4 precisó que la etapa de arreglo directo
se caracteriza por ser obligatoria y que su desarrollo no depende de la voluntad ni del
libre acuerdo entre las partes. La multa del numeral 2 es, por tanto, el instrumento con el
que el legislador aseguró la eficacia de una etapa que sustrajo del ámbito de disposición
del empleador.
30. Del texto de la norma se desprende que el deber tiene un contenido acotado y de
verificación inmediata. Lo exigible es un comportamiento inicial, que consiste en recibir a
los delegados y abrir la conversación. No se le exige al empleador que acepte el pliego,
que conceda lo pedido ni que suscriba convención alguna. Como lo precisó esta
Subsección, de esa instancia el ordenamiento jurídico solo reclama el inicio de una
negociación y no la suscripción de un acuerdo5. La norma prevé, además, una sola causa
de diferimiento, que consiste en que la persona a quien se presenta el pliego no esté
autorizada para resolver sobre él, hipótesis en la cual debe hacerse autorizar o dar
traslado al empleador dentro del mismo término, con aviso a los trabajadores.
31. La apelación pretende integrar a ese supuesto una condición adicional, tomada del
artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo6, según el cual son sindicatos de industria
o por rama de actividad económica los formados por individuos que prestan sus servicios
en varias empresas de la misma industria. De allí deduce que el deber del artículo 433
solo nace cuando existe correspondencia material entre la rama del sindicato y el objeto
social de la empresa. El argumento de la apelación no tiene vocación de prosperidad por
dos razones.
32. La primera es de orden normativo. El artículo 433 no remite al artículo 356 ni
condiciona el deber a juicio alguno sobre la composición del sindicato. Su supuesto se
o eluda iniciar las conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado será sancionado por las autoridades
del trabajo con multas equivalentes al monto de cinco (5) a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto por
cada día de mora, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Para interponer los recursos legales contra las
resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento". La
exigencia de consignación previa fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-741 de 2013,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.)
4 Corte Constitucional, Sentencia C-466 de 2008.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de
marzo de 2026, radicación 76001-23-31-000-2011-01432-01 (2162-2021)
6 ARTÍCULO 356. SINDICATOS DE TRABAJADORES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 50 de 1990>
Los sindicatos de trabajadores se clasifican así: [...] b). De industria o por rama de actividad económica, si están
formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad
económica".
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00806-01
Demandante: Naviera Fluvial Colombiana S.A.
estructura sobre un hecho objetivo, que es la presentación oportuna de un pliego de
peticiones, y sobre un plazo perentorio de veinticuatro horas prorrogable hasta cinco días
hábiles. La brevedad de ese plazo es incompatible con la exigencia de un examen sobre
la correspondencia entre la rama sindical y la actividad empresarial, que es materia de
controversia judicial y no de verificación instantánea. Quien tiene a su cargo el deber no
dispone del tiempo ni de la competencia para practicar ese examen.
33. La segunda es de orden jurisprudencial y está decantada de manera pacífica. La Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene definido que, cuando la
autoridad del trabajo certifica la inscripción y la vigencia de una organización sindical, se
produce un acto administrativo revestido de presunción de legalidad, de modo que la
empresa a la que se presenta el pliego no puede resistirse a iniciar las negociaciones
directas con el cuestionamiento de la capacidad y de la idoneidad del sindicato promotor
del conflicto, con el argumento de no ser una asociación relacionada con la actividad que
desarrolla, "pues esa situación bien podía ventilarla judicialmente en otros escenarios,
sin que se pueda sustraer a sentarse en la mesa de discusiones"7.
34. Esta corporación acogió dicha posición. Abstenerse de sentarse en la mesa de
discusiones con la alegación de disparidad entre la actividad económica de la empresa y
la rama, sector o área industrial del que proviene el sindicato desconoce los derechos
fundamentales a la negociación colectiva y al debido proceso, pues mientras un sindicato
de industria se encuentre debidamente registrado o inscrito ante el Ministerio del Trabajo
se halla plenamente habilitado para presentar el respectivo pliego de peticiones ante las
empresas que considere llamadas a atender los reclamos de los trabajadores afiliados.
Y esta Subsección precisó8, en términos que resuelven de manera directa el reparo, que
mientras la personalidad jurídica del sindicato esté vigente la empresa no puede poner
en tela de juicio su capacidad ni su idoneidad para promover conflictos colectivos de
trabajo.
De la tipicidad de la conducta
35. La parte demandante no ha controvertido, en ninguna etapa del proceso, que el pliego
de peticiones le fue presentado el 2 de febrero de 2016, que la organización sindical no
contaba entonces con registro vigente ante el Ministerio del Trabajo, ni que no recibió a
los delegados de los trabajadores. Lo que sostiene es que no estaba obligada a hacerlo.
36. La conducta reprochada consistió en negarse a recibir a los delegados de los
trabajadores. Ocho días después de la radicación del pliego, la sociedad dirigió a la
organización sindical un oficio en el que le manifestó que no era un interlocutor válido
porque la empresa pertenece a la industria del transporte fluvial de carga, y con ese
fundamento se abstuvo de discutirlo. La negativa fue expresa, se produjo por fuera del
término máximo de cinco días hábiles y se mantuvo sin variación hasta la imposición de
la multa, con 454 días de mora.
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 15 de septiembre de 2009, expediente 24.753,
Criterio reiterado en las sentencias SL3153-2017, SL4879-2017 y SL2271-2018
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de
marzo de 2026, radicación 76001-23-31-000-2011-01432-01 (2162-2021), Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia de 8 de agosto de 2019, expediente 11001-03-25-000-2014-00716-00 (2229-2014)
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00806-01
Demandante: Naviera Fluvial Colombiana S.A.
37. El supuesto de hecho del numeral 2 del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo
se configuró con la negativa o la elusión del inicio de las conversaciones dentro del
término señalado, y eso fue exactamente lo que ocurrió. La infracción es de omisión
propia y de consumación permanente, lo que explica que el legislador hubiera fijado la
sanción por cada día de mora.
38. No exige de la autoridad del trabajo ningún pronunciamiento sobre la validez de las
afiliaciones de los trabajadores a la organización sindical, cuestión que pertenece a la
jurisdicción ordinaria laboral. El propio Ministerio del Trabajo dejó constancia expresa de
ese deslinde en la motivación del acto, cuando advirtió que su decisión no dirimía la
controversia relacionada con la legalidad de la afiliación de los trabajadores a la
organización sindical, sino que obedecía a la verificación del cumplimiento de la
obligación legal contenida en el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo. La
administración se mantuvo, así, dentro de la órbita de su competencia.
De la valoración de la sentencia de 31 de enero de 2024 y de su incidencia sobre el
juicio de tipicidad
39. El reparo de mayor entidad del recurso invoca un pronunciamiento en firme del juez
natural. La Sala advierte, antes de valorarlo, que la primera instancia lo excluyó con una
afirmación que no consulta lo actuado. En la nota al pie 11 de la sentencia apelada el
Tribunal sostuvo que los documentos relativos a la ilegalidad de las afiliaciones "fueron
aportados por fuera de la oportunidad legal", con la precisión de que la presentación de
los alegatos de conclusión no es oportunidad para aportar pruebas. Sin embargo, en el
numeral 7.1.3 del acta 0843 de 7 de marzo de 2024, correspondiente a la audiencia inicial,
el mismo despacho dispuso que "se examinará el mérito probatorio de la sentencia
fechada 31 de enero de 2024, proferida por [el] Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, la cual fue aportada por la apoderada de la parte demandante". La prueba
fue incorporada al proceso por decisión del juez de instancia y debía ser valorada. La
Sala corrige en ese punto la motivación del fallo apelado y procede a la valoración
omitida.
40. La sentencia de 31 de enero de 20249 acredita que la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocó la decisión de primer grado y declaró
la nulidad de la afiliación de los trabajadores de la sociedad a la Unión Sindical Obrera
de la Industria del Petróleo, con fundamento en que no se acreditó que la empresa haga
parte de la industria del petróleo y en que su actividad principal es el transporte público
de bienes y cosas en general. Eso es lo que la prueba demuestra y nada más. No acredita
que al 2 de febrero de 2016 la organización sindical careciera de registro vigente ante el
Ministerio del Trabajo, ni que la sociedad estuviera relevada del deber de recibir a los
delegados de los trabajadores.
41. Cosa distinta es la consecuencia jurídica que la apelación extrae de ella. No
corresponde a esta jurisdicción definir los efectos temporales de esa declaratoria de
9 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral, sentencia de 31 de enero de 2024, radicación
única 08001-31-05-001-2015-00343-01, radicación interna 63.687-A, M.P. Diego Guillermo Anaya González
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00806-01
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nulidad, materia propia del juez laboral que esta providencia no prejuzga. Lo que compete
a la Sala es establecer si tal declaración retira el fundamento de tipicidad de una conducta
verificada ocho años antes, y la respuesta es negativa por lo siguiente:
42. El deber que impone el artículo 433 se predica de un estado jurídico constatable de
manera inmediata, que es la existencia de un pliego presentado por una organización
sindical con registro vigente. Esa constatación debe hacerse dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la presentación del pliego y en ningún caso más allá de cinco días
hábiles. Al 2 de febrero de 2016 el registro sindical estaba vigente y las afiliaciones
producían todos sus efectos, de modo que el deber era exigible y su incumplimiento
antijurídico.
43. Aceptar la tesis del recurso equivaldría a admitir que el empleador puede suspender
de manera unilateral la eficacia de un deber legal mientras obtiene una declaración que,
de resultarle favorable, sanearía de forma retroactiva su propia omisión. Ese
entendimiento privaría de toda protección efectiva al derecho de negociación colectiva,
pues bastaría alegar una controversia sobre la afiliación para diferir de manera indefinida
la etapa obligatoria de arreglo directo.
44. El proceso ordinario laboral en el que se profirió la sentencia invocada corresponde
a la radicación 08001-31-05-001-2015-00343-01, lo que indica que fue promovido en el
año 2015, esto es, con anterioridad a la presentación del pliego de peticiones. La parte
demandante conocía la vía que el ordenamiento le franqueaba y la utilizó. Lo que no
podía era, de manera simultánea, sustraerse del deber de iniciar las conversaciones
mientras esa vía se surtía. El resultado que obtuvo en 2024 confirma que disponía de un
escenario idóneo para su reclamo, no que estuviera exenta del deber en 2016.
De la culpabilidad
45. El derecho administrativo sancionatorio proscribe la responsabilidad objetiva y exige
un juicio de reproche subjetivo. El Ministerio del Trabajo formuló ese juicio y calificó la
conducta a título de dolo. El recurso no ataca de manera directa esa calificación, pero la
cuestiona de forma implícita cuando afirma que la sociedad nunca estuvo obligada a
negociar, esto es, que obró en la convicción de no infringir deber alguno. Corresponde
entonces establecer si esa convicción tiene entidad para excluir el reproche.
46. La negativa no obedeció a un descuido ni a un olvido. La sociedad conoció el pliego,
lo examinó, resolvió no discutirlo y comunicó esa decisión por escrito ocho días después
de su radicación, con una postura que mantuvo sin variación durante 454 días. Lo que
alega, por tanto, no es el desconocimiento de los hechos sino la creencia de que el deber
no le era exigible. Esa alegación corresponde al error sobre la ilicitud de la conducta,
cuya eficacia excluyente depende de que fuera invencible.
47. No lo era. Al momento de los hechos, el criterio sobre el deber de iniciar
conversaciones con un sindicato de industria registrado y vigente estaba decantado en
la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde
el año 2009 y había sido acogido por la Corte Constitucional en el año 2010. La sociedad
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no se enfrentó a una zona gris del ordenamiento sino a una regla clara y accesible, cuya
aplicación resistió con el consejo de profesionales del derecho y en el marco de un litigio
laboral que ella misma había promovido desde 2015.
48. Su propio comportamiento confirma que el error era superable. Obra prueba
documental de que entre los meses de noviembre y diciembre de 2016, en pleno período
de mora, la sociedad gestionó el recaudo de la cuota sindical de sus trabajadores afiliados
y la entregó a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Quien descuenta de
la nómina la cuota sindical y la transfiere a la organización reconoce su existencia y su
condición de titular de esos recursos. La invocación simultánea de la falta de
representatividad para negarse a la apertura del diálogo revela que la creencia alegada
no era firme ni consistente, sino selectiva. El reproche a título de culpa, que corresponde
precisamente al error vencible, se encuentra debidamente sustentado y no hay lugar a
modificarlo, más aún cuando la parte demandante es apelante única y la multa se graduó
en el mínimo del rango legal sobre esa base.
De la motivación del acto acusado
49. El acto acusado identifica la norma que impone el deber y la que tipifica la infracción,
describe la conducta con precisión de fechas y de documentos, refiere los folios en los
que obra la prueba del pliego, de la respuesta de la empresa y del recaudo de la cuota
sindical, deslinda de manera expresa su competencia de la del juez laboral, califica la
falta como grave, indica los criterios de graduación aplicados y expone el cómputo de los
días de mora. Existe, por tanto, correspondencia entre los hechos probados y la decisión
adoptada, y no se configura el vicio de falsa motivación.
Condena en costas
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
52. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366
del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.
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Demandante: Naviera Fluvial Colombiana S.A.
53. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte demandante, por
cuanto se confirmó la sentencia apelada, con lo cual resultó vencida en el proceso. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR el numeral tercero de la sentencia de 7 de junio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección "B",
único aparte objeto de apelación, por medio del cual se negaron las pretensiones de la
demanda relativas a la nulidad de la Resolución 1871 de 4 de mayo de 2017, de acuerdo
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
que integran la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
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consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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