Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00853-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00853-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00853-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00853-01 (1877-2022)
Demandantes: Hiklyf Eduardo Zambrano Bustamante
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Nulidad del acto administrativo. Infracción de las normas en que
debe fundarse y falsa motivación. Estructura de la responsabilidad
disciplinaria. Tipicidad. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021) por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Hiklyf Eduardo Zambrano Bustamante instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 26 de julio
de 2018 por la Procuraduría Provincial de Barranquilla y el 20 de noviembre del
mismo año por la Procuraduría Regional del Atlántico, mediante las cuales fue
sancionado con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 5 meses,
convertidos en salarios devengados durante la vigencia 2014.
Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene la cancelación de las
anotaciones derivadas de los actos disciplinarios, la anulación del pago de la suma
objeto de sanción y como indemnización el reconocimiento de perjuicios materiales
(representados en el contrato de prestación de servicios que no pudo celebrar en
razón de la sanción disciplinaria) y morales (representados en las afectaciones
sufridas por su núcleo familiar).
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
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Que el 22 de mayo de 2007 la inspección general de policía de Tubará (Atlántico)
amparó el derecho de ocupación y tenencia sobre un lote ubicado en Puerto Velero
(Tubará) al ciudadano William Pestano Mazo, quien posteriormente transfirió la
posesión a título de venta al señor William de Jesús Santiago Ariza. Este último, el
18 de marzo de 2014 solicitó el cumplimiento de una orden policiva por reincidencia
en la ejecución de actos perturbatorios de la posesión en contra de personas
indeterminadas y de la señora Olga Pinillos, ante lo cual el 27 del mismo mes y año
se llevó a cabo la diligencia de cumplimiento.
Afirmó que en la diligencia de cumplimiento de la orden de policía, la señora Olga
Pinillos presentó un recurso de reposición y en subsidio apelación. El primero fue
rechazado por improcedente por parte del inspector de policía; el segundo fue
concedido ante el secretario de gobierno y asuntos administrativos de Tubará y
sustentado el 1 de abril de 2014.
Que el 11 de abril de 2014 la señora Olga Pinillos formuló una queja ante la
Procuraduría Provincial de Barranquilla, lo que dio lugar a la apertura de una
investigación disciplinaria, a la que fue vinculado el 22 de agosto de 2014, luego de
que la señora Pinillos ampliara su queja, relatando que, en su condición de
secretario de gobierno, el 6 de mayo de 2014, declaró improcedente el recurso de
apelación.
Agregó que el 31 de octubre de 2017 se le formuló como cargo haber incumplido el
deber consagrado en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, porque no
aplicó los artículos 193, 194, 238 y 239 de la Ordenanza 0018 de 2004 ni el
procedimiento regulado en el artículo 321 numeral 9 de la Ley 1564 de 2012, con lo
cual desconoció el derecho al debido proceso y el principio de la doble instancia de
la señora Olga Mercedes Pinillos en el marco de la diligencia de cumplimiento de
fallo policivo.
Que, recibidas sus intervenciones y practicadas las pruebas, el 26 de julio de 2018
fue sancionado por la ejecución de una falta disciplinaria grave culposa, con
suspensión por el término de 5 meses, convertidos en salarios devengados, porque
ya no ejercía como secretario del referido despacho; medida que fue confirmada el
30 de noviembre del mismo año.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Constitución Política: artículos 2, 6, 25, 29 y 40; ley 734 de 2002: 4, 5, 6, 13, 23, 141
y 142.
Considera que los actos demandados incurrieron en falta de motivación por la
ausencia de adecuación típica de la conducta, porque la demandada afirmó que no
se aplicó el artículo 214 de la Ordenanza 0018 de 2004 y que, con ello, no se le dio
trámite a una nulidad que se planteó durante la diligencia de cumplimiento de fallo
policivo; consideración que resultaba contraria a lo ocurrido durante el referido
trámite, pues la señora Pinillos no presentó recursos en contra de la decisión del
inspector de rechazar la solicitud de nulidad.
Que, por el contrario, en la Resolución del 6 de mayo de 2014 se resolvió el recurso
de apelación, aun cuando se declaró improcedente, con lo cual se garantizó a la
recurrente el principio de la doble instancia.
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Agregó que las decisiones sancionatorias fueron irregularmente expedidas, por
indebida valoración probatoria y por inversión de la carga de la prueba, pues era
carga de la quejosa demostrar que no se dio el debido trámite a la solicitud de
nulidad que formuló.
Señaló como causal de nulidad de los actos la infracción de las normas en que
debían fundarse, por considerar que no se analizó la afectación al deber funcional,
como lo exige el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 y porque la demandada afirmó
que se debían aplicar disposiciones administrativas al procedimiento policivo,
cuando ello proscrito en el artículo 105 de la Ley 1437 de 2011.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 9 de agosto de 20191 por el Juzgado Primero
Administrativo de Barranquilla y se notificó a la entidad, quien se opuso a las
pretensiones por considerar que sus actuaciones se ajustaron al ordenamiento
jurídico y que se respetó el debido proceso del demandante.
Señaló que el control que ejerce el juez de lo contencioso administrativo no es una
tercera instancia del trámite disciplinario y que, por ello, no es posible reabrir el
debate probatorio ni las diferencias interpretativas entre la administración y el juez
implican que los actos demandados hubiesen incurrido en alguna causal de nulidad.
Que no se configuran los vicios de nulidad alegados, porque la adecuación típica se
ajustó a la normativa disciplinaria y la valoración probatoria respetó los parámetros
del artículo 29 constitucional, lo que desvirtúa la falta de motivación que reprochó el
demandante; sumado a que sí se analizó la afectación al deber funcional, como
puede apreciarse desde la formulación de cargos.
Propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva y la falta
de jurisdicción o competencia2.
En audiencia del 13 de diciembre de 2019 el Juzgado Primero Administrativo de
Barranquilla declaró probada la excepción de falta de competencia y ordenó la
remisión del proceso al Tribunal Administrativo del Atlántico3.
Dicha Corporación avocó conocimiento por auto del 21 de enero de 20204 y celebró
audiencia inicial el 11 de febrero del mismo año5, en la que se fijó el litigio, se resolvió
sobre el decreto de pruebas y se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto; luego de lo cual se
dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del veinticuatro (24) de
mayo de dos mil veintiuno (2021)6, negó las pretensiones, tras concluir que en la
expedición de los actos demandados no se incurrió en las causales de nulidad
1 Véanse folios 436-437 del cuaderno 3.
2 Véanse folios 446 a 453 del cuaderno 3 y 459 del mismo cuaderno (escrito con excepción de falta de
jurisdicción o competencia).
3 Véanse folios 471 a 474 del cuaderno 3.
4 Véanse folios 478-479 del cuaderno 3.
5 Véanse folios 481 a 485 del cuaderno 3.
6 Véanse folios 500 a 510 del cuaderno 3.
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invocadas por el demandante.
Respecto de la falta de motivación por ausencia de adecuación típica del
comportamiento, señaló que al demandante se le sancionó por desconocer el deber
del artículo 34, numeral 1, de la Ley 734 de 2002, pues según la demandada no dio
aplicación a los artículos 214 numeral 4 de la Ordenanza 00018 de 2004 y 321
numeral 9 de la Ley 1564 de 2012, en el marco de la diligencia de cumplimiento de
un fallo policivo que se llevó a cabo el 27 de marzo de 2014.
Explicó que el 27 de marzo de 2014 el inspector de policía de Tubará realizó la
diligencia de cumplimiento del fallo policivo del 22 de mayo de 2007, y que la
querellada solicitó la nulidad del trámite por indebida notificación y violación al
debido proceso; asunto que fue desestimado por el inspector de policía, quien
concedió el recurso de apelación. No obstante, el 6 de mayo de 2014 el demandante
lo declaró improcedente, (i) porque operó la cosa juzgada respecto de la decisión
del 22 de mayo de 2007; y (ii) por «ausencia objetiva del funcionario en el proceso».
Consideró que el recurso que interpuso la querellada no atacó la decisión del 22 de
mayo de 2007, sino la que el inspector tomó el 27 de marzo de 2014 de negar la
nulidad propuesta y que, por tanto, la conducta del demandante de declarar
improcedente el recurso, contravino lo dispuesto por el artículo 214 numeral 4 de la
Ordenanza 00018 de 2004, según el cual el recurso de apelación procede en contra
del auto que decide sobre una nulidad.
Que si bien la demandada citó disposiciones del Código General del Proceso, que
aún no habían entrado en vigencia para el 6 de mayo de 2014, el análisis de las
mismas y su aplicación devenía en inocuo, porque una norma especial, la contenida
en la Ordenanza, fue desconocida por el demandante y, en consecuencia, el cargo
de nulidad por indebida adecuación típica no estaba llamado a prosperar.
Tampoco encontró configurada la nulidad de los actos por infracción de las normas
en las que debían fundarse, porque la Procuraduría General de la Nación sí aplicó
lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 y, en ese sentido, en los actos
demandados se realizó el análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento y se
encontró que con la conducta ejecutada desconoció sus deberes funcionales y
afectó al función pública.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
El demandante7 interpuso recurso de apelación en el cual insistió en que la
demandada desconoció el derecho al debido proceso, porque la decisión del 22 de
mayo de 2007 había hecho tránsito a cosa juzgada y, por ello, al declarar
improcedente el recurso de apelación formulado por la querellada actuó conforme
lo exigían el Decreto 1355 de 1970 y la Ordenanza 00018 de 2004, teniendo en
cuenta que no podía revivir un trámite legalmente concluido y que si la querellada
consideraba que la decisión de policía y su posterior diligencia de cumplimiento
vulneraban sus derechos podía acudir a la acción de tutela, «que es el mecanismo
idóneo para atacar los fallos ejecutoriados».
7 Véanse folios 513-514 y 516 a 518 de cuaderno 3.
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Que la aplicación de normas del Código General del Proceso por parte de la
demandada desconoció el principio de legalidad, porque dichas disposiciones aún
no estaban vigentes para la fecha en que tramitó el recurso interpuesto por la
querellante, pues según el Acuerdo PSAA15-10392 del 1 de octubre de 2015, la Ley
1564 de 2012 empezó a regir en los distritos judiciales del país a partir del 1 de
enero de 2016.
Reiteró que no era posible aplicar disposiciones administrativas al interior del
proceso policivo, pues el artículo 105 de la Ley 1437 de 2011 exceptúa estos
asuntos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 16 de mayo de 20228 fue admitido el recurso de apelación. En dicha providencia
se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la decisión el
proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes presentaran
solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su concepto
hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
La demandada9 reiteró que la adecuación típica se realizó según lo que disponen
las normas disciplinarias; que en la actuación las pruebas recaudadas dieron cuenta
de que el demandante incurrió en la conducta por la que fue sancionado y que se
explicó de qué manera su comportamiento había quebrantado el deber funcional, lo
que, en síntesis, significa que los actos demandados no incurrieron en las causales
de nulidad alegadas.
La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado10 presentó
concepto en el cual solicitó confirmar la sentencia apelada, tras señalar que el
procedimiento adelantado en contra del demandante respetó los presupuestos
formales y sustanciales de la normativa y que, en cuanto a la conducta investigada,
resultaba claro el incumplimiento del deber consagrado en el artículo 34, numeral 1,
de la Ley 734 de 2002, pues al omitir el trámite del recurso de apelación interpuesto
por la señora Olga Pinillos desconoció el contenido de la Ordenanza 018 de 2004,
que en su artículo 214 dispone la procedencia de dicho recurso en contra del auto
que decide sobre una nulidad.
Que la remisión al artículo 321, numeral 9, de la Ley 1564 de 2012 no variaba en
nada la estructura típica del comportamiento, ni afectaba su derecho de defensa y
contradicción, pues resultaba claro que fue investigado por omitir el deber de dar
trámite y resolver de fondo el recurso de apelación, asunto que no está regulado en
dicha disposición.
El demandante guardó silencio en esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico debe revocarse, porque en la expedición de los actos
8 Véase índice 00003 de SAMAI y constancia en el folio 527 del cuaderno 3.
9 Véase índice 00008 de SAMAI.
10 Véanse índices 00009 y 00012 de SAMAI.
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demandados se incurrió en falsa motivación y en infracción de las normas en que
debían fundarse. Lo primero, por falencias en el juicio de adecuación típica; lo
segundo, por la aplicación de disposiciones no vigentes para imputar
responsabilidad. Con este propósito, la providencia se referirá a las causales de
nulidad invocadas, a la estructura de la responsabilidad disciplinaria y abordará el
caso concreto.
Causales de nulidad del acto administrativo
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13711 y 13812 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
De las anteriores, se analizarán la falsa motivación y la infracción de las normas en
que el acto debe fundarse, causales que el demandante expuso en su concepto de
violación y cuyos argumentos se retomaron en el recurso de apelación.
• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación
Esta causal de nulidad tiene lugar cuando las razones que se plasman en la
fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o
jurídica, sobre la cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda
estrecha relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los
hechos determinantes de la decisión administrativa13.
En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de nulidad,
cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres elementos:
«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»14.
11 Del medio de control de nulidad.
12 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Exp. 11001-03-27-000-2018-00006-
00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Exp. 52001-23-
33-000-2015-00155-01 (3093-2016). C.P. William Hernández Gómez.
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El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente15.
• Nulidad del acto administrativo por infracción de las normas superiores en
que debe fundarse
Esta causal de nulidad, también denominada nulidad por violación del ordenamiento
superior o de la regla de derecho de fondo que se exigía para sustentar el acto, se
relaciona con los elementos que, en términos generales, debe validarse en un acto
administrativo frente a cada elemento que lo compone: las reglas de competencia,
de procedimiento, los componentes de la motivación y el debido proceso,
concretado en el derecho de audiencia y de defensa16.
En un sentido más estricto, esta causal de nulidad se ha entendido por esta
Corporación como la contravención directa de la norma que serviría como
fundamento al acto administrativo, lo que puede ocurrir por falta de aplicación,
aplicación indebida o interpretación errónea.
Lo primero, es decir, la falta de aplicación, puede suceder porque la autoridad
administrativa ignore la existencia de la norma o, a pesar de conocerla, no la aplique
a la solución del caso o crea, de manera errónea, que la norma no es aplicable al
asunto que examina.
La aplicación indebida tiene lugar cuando la autoridad hace valer disposiciones que
no son pertinentes para resolver asunto objeto de decisión; lo que a su vez puede
ocurrir por que i) hubo un error al seleccionar la norma por inadecuada valoración
del supuesto de hecho que esta consagra, y/o ii) porque no se establece de manera
correcta la diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del
caso concreto.
En cuanto a la interpretación errónea se ha precisado que ocurre cuando las
disposiciones que se aplican son en efecto las que regulan el asunto que se debe
decidir, pero la autoridad las entiende de manera errónea y, con esa interpretación,
las aplica. En otras palabras, es lo que ocurre cuando se asigna a una disposición
un sentido o alcance que no le corresponde17.
Estructura de la responsabilidad disciplinaria
La Ley 734 de 2002, régimen disciplinario aplicable al demandante, señala en el
artículo 27, que «[l]as faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o
por extralimitación de sus funciones». La disposición también prevé que «[c]uando
se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo,
equivale a producirlo». De esta forma, el alcance disciplinario de un comportamiento
15 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Exp. 11001-03-27-000-2018-00006-
00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
16 Al respecto, Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2020.
Exp. 52001-23-33-000-2015-00045-01 (3779-2017). C.P. William Hernández Gómez.
17 Cfr. Ibid. También Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo de 2012. Exp. 25000-23-
27-000-2004-92271-02 (16660). C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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puede provenir, en términos amplios (i) de una conducta positiva, (ii) de una
abstención o (iii) de la extralimitación en el ejercicio de las funciones18.
Advertido pues, que, bajo alguna de las formas señaladas, se ha incurrido en un
comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, la normativa exige el
examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.
El primero se refiere a que el comportamiento efectivamente se consagre en las
disposiciones aplicables como una falta disciplinaria, en virtud del principio de
legalidad del artículo 4 del Código Disciplinario Único19; el segundo exige que se
evalúe si la conducta afecta el deber funcional sin justificación alguna, lo que para
el caso concreto corresponde al alcance del artículo 5 de la Ley 734 de 2002 20; el
tercero tiene que ver con la proscripción de responsabilidad objetiva en materia
disciplinaria21 y se concreta en la exigencia de analizar si ese comportamiento que
la norma aplicable consagra como falta disciplinaria, con el cual se lesionó un deber
funcional sin justificación alguna, se ejecutó de manera dolosa o culposa.
Si bien las disposiciones disciplinarias del régimen aplicable al demandante no
contienen una noción de dolo, en virtud del principio de integración normativa de
que trata el artículo 21 del Código Disciplinario Único22, es posible acudir al sentido
de dolo consagrado en el artículo 22 de la Ley 599 de 2000, según el cual «[l]a
conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la
infracción penal [entiéndase disciplinaria] y quiere su realización. También será
dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal [entiéndase
disciplinaria] ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al
azar» (corchetes fuera del texto original).
Por su parte, el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 contiene un sentido
para la culpa en sus formas gravísima y grave. Según esta disposición, la culpa es
gravísima cuando «(…) se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina,
desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento»
y es grave «(…) cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del
cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones».
En términos generales, ambas formas de culpabilidad requieren, para su
configuración, del conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir
adecuadamente sus funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas;
sumado a ello, el dolo exige un elemento volitivo, que tiene que ver con un
direccionamiento consciente a la obtención de un resultado que contraríe los
18 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de
2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».
19 Ley 734 de 2002. «Artículo 4. Legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en este
código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos
como falta en la ley vigente al momento de su realización».
20 Ley 734 de 2002. «Artículo 5. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin
justificación alguna».
21 Ley 734 de 2002. «Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplina queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa».
22 Ley 734 de 2002. «Artículo 21. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen
disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no
previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios
internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo
[hoy CPACA], Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil [hoy General del Proceso] en lo que no
contravengan la naturaleza del derecho disciplinario».
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deberes o configure una prohibición o, con la decisión de dejar librado al azar la
producción de un resultado contrario a derecho; mientras que la culpa exige validar
que con la actuación se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es, que,
estando un servidor público en posibilidad de conocer los deberes y prohibiciones
propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en consecuencia, se
configuró la conducta disciplinable23.
Caso concreto
Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca que:
• Por auto del 22 de agosto de 2014 la Procuraduría Provincial de Barranquilla
abrió una indagación preliminar en contra de varios servidores públicos, entre
ellos el demandante, con fundamento en las quejas que formuló la señora Olga
Mercedes Pinillos Rocha.
La quejosa relató una serie de irregularidades relacionadas con la aparente
invasión de un predio de su propiedad y con las gestiones del alcalde, el
inspector de policía y el secretario de gobierno de Tubará, quienes al parecer
favorecieron a quien ejerció actos de posesión.
Narró que al señor Hiklyf Eduardo Zambrano Bustamante, en su calidad de
secretario de gobierno de Tubará, le correspondió conocer sobre el recurso de
apelación que interpuso en relación con la decisión de no declarar una nulidad,
formulado en la diligencia de cumplimiento de un fallo policivo y que dicho
funcionario lo declaró improcedente24.
• Por auto del 29 de julio de 2016 se ordenó la apertura de una investigación
disciplinaria, tras encontrar acreditados los presupuestos del artículo 152 de la
Ley 734 de 200225.
• El 31 de octubre de 2017 se formuló al demandante el siguiente cargo:
«Haber incumplido el deber consagrado en el artículo 34 Numeral (sic) 1 de la
Ley 734 de 2002, toda vez que no dio aplicación al Artículo (sic) 214 Numeral
(sic) 4 de Ordenanza (sic) 0018 de 2004, MANUAL DE CONVIVENCIA
CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, así como en el artículo
321 numeral 9 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, al
desconocer el debido proceso y principio de la doble instancia en el marco de
la diligencia de cumplimiento de fallo policivo ordenada por la Inspección Central
de Policía y practicada el día 27 de marzo de 2014.
El investigado incurrió en la anterior conducta al declarar improcedente
mediante auto de fecha 6 de mayo de 2014, el recurso de apelación interpuesto
por la señora OLGA MERCEDES PINILLOS, contra la decisión del señor
Inspector Central, EUGENIO DE LA TORRE ROJAS por medio de la cual fue
rechazada su solicitud de nulidad a la diligencia de fecha 27 de marzo de 2014
y por medio de la cual fue rechazada de plano su oposición a la diligencia de
entrega de inmueble, actos que expresamente son recurribles en dos instancias
según los cuerpos normativos citados.
(…)» (mayúsculas en el texto original).
23 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicado 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
24 El auto de apertura de indagación preliminar, en folios 222 a 224 del cuaderno 2. La queja de la señora Olga
Mercedes Pinillos Rocha y su ampliación, en los folios 16 a 25 del cuaderno 1 y 198 a 201 del cuaderno 2.
25 Véanse folios 245 a 249 del cuaderno 2.
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La autoridad disciplinaria determinó provisionalmente que se habría ejecutado una
falta disciplinaria grave, a título de culpa grave26.
• El 25 de julio de 2018 fue declarado disciplinariamente responsable y
sancionado con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cinco (5)
meses; medida que fue convertida en salarios devengados para el año 2014,
pues para la fecha de la sanción ya no se desempeñaba como secretario de
gobierno de Tubará (Atlántico).
Lo anterior, tras ratificar que la normativa que regulaba el procedimiento policivo
disponía que el recurso de apelación era procedente en contra del auto que
resolviera una solicitud de nulidad y que, en el caso concreto, el 27 de marzo de
2014, la señora Pinillos formuló ante el inspector de policía una solicitud de
nulidad que le fue negada; que dicha decisión fue apelada y que la competencia
para pronunciarse era del secretario de gobierno.
Se indicó que el objeto del recurso no era atacar el fallo policivo del 22 de mayo
de 2007, sino cuestionar la diligencia de cumplimiento, ocurrida el 27 de marzo
de 2014, pues la querellada no solo se opuso a ella, sino que solicitó su nulidad.
Que, en ese sentido, el reproche disciplinario se estructuraba sobre la omisión
de ritualidades procesales y que, por ello, no eran de recibo los argumentos
relacionados con la discusión sustancial, asociada a la propiedad del predio
objeto de entrega27.
• Esta decisión fue confirmada el 30 de noviembre de 2018 por la Procuraduría
Regional del Atlántico, tras ratificar que con la actuación del secretario de
gobierno se lesionó el derecho a la doble instancia que tenía la querellada.
Respecto de la aplicación de disposiciones del Código General del Proceso, la
autoridad concluyó que dicha normativa se encontraba vigente para el momento
en que al demandante le correspondió desatar el recurso de apelación
interpuesto por la señora Pinillos; esto, con fundamento en el auto de unificación
jurisprudencial del Consejo de Estado, proferido el 25 de junio de 2014.
Reiteró que el recurso de la querellada no pretendía atacar la decisión del 22 de
mayo de 2007, como lo sostuvo el disciplinado en sus distintas intervenciones,
sino lo ocurrido en la diligencia de la entrega del 27 de marzo de 2014 y que por
ello, la decisión de declararlo improcedente violó la ritualidad procesal que debía
aplicar28.
Para el demandante, la sentencia proferida se debe revocar, porque en el trámite
del recurso de apelación que interpuso la querellada Olga Mercedes Pinillos actuó
conforme al trámite establecido, pues según la Ordenanza 00018 de 2004 las
decisiones que se profieren en el marco de un procedimiento policivo hacen tránsito
a cosa juzgada; sumado a que sí se pronunció sobre el referido recurso,
declarándolo improcedente. Además, la autoridad disciplinaria aplicó al caso
normativa del Código General del Proceso, que aún no se encontraba vigente.
Para la Sala, el primer punto de la apelación retoma elementos del cargo de nulidad
por falsa motivación –que no falta de motivación–, en la medida en que resalta
26 Véanse folios 251 a 262 del cuaderno 2.
27 Véanse folios 332 a 356 del cuaderno 2.
28 Véanse folios 365 a 387 del cuaderno 2.
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aspectos de la adecuación típica del comportamiento, conforme se estudiaron por
el Tribunal Administrativo del Atlántico; en tanto el segundo reitera la infracción de
normas superiores como causal de nulidad.
Al respecto cabe recordar que el señor Zambrano Bustamante fue sancionado por
incumplir el deber del artículo 34, numeral 1, de la Ley 734 de 2002, en la medida
en que no aplicó disposiciones legales y reglamentarias a la actuación en la que,
como parte querellada, compareció la señora Olga Mercedes Pinillos.
Según lo que reposa en el expediente, el 22 de mayo de 2007 la inspección general
de policía de Tubará (Atlántico) amparó la tenencia y ocupación que ejercía el señor
William Pestana Mazo en el lote de terreno ubicado en dicho municipio, en el sector
de Puerto Velero, y conminó al señor Jhon Jairo Vanegas Pulgarín a cesar los actos
perturbatorios de la posesión29. Amparado en esta decisión, y tras haber adquirido
a título de compraventa el derecho de posesión, el señor William de Jesús Santiago
Ariza solicitó su cumplimiento, ante lo cual el 21 de marzo de 2014 se profirió un
auto en el cual se resolvió «darle cumplimiento al fallo del veintidós (22) de mayo
de dos mil siete (2007)»30.
El 27 de marzo de 2014 se llevó a cabo la diligencia de entrega del predio al señor
Santiago Ariza. Según consta en el acta respectiva, la señora Olga Pinillos
compareció junto con su apoderado y realizó varias intervenciones: (i) se opuso a
la entrega, para lo cual exhibió documentos que presuntamente acreditaban que el
bien era de su propiedad; (ii) apeló lo decidido, que hasta ese punto de su
intervención consistía en disponer el retiro de quienes perturbaban la posesión del
querellante; (iii) solicitó la nulidad de la diligencia de entrega, por indebida
notificación y violación al debido proceso; (iv) otorgó poder a un abogado, quien
reiteró la oposición a la diligencia de entrega y solicitó que esta se suspendiera.
El inspector de policía negó la solicitud de nulidad, así como al petición de
suspender la diligencia, respecto de lo cual argumentó que no le correspondía a
dicha autoridad el análisis sobre la titularidad del predio, sumado a que se trataba
de un trámite de cumplimiento, lo que suponía la existencia de una decisión
ejecutoriada y, finalmente, señaló:
«En relación a (sic) la apelación presentada por los querellados el despacho le
da aplicabilidad al artículo 24 del código nacional de policía que reza en materia
de policía las partes pueden presentar sus recursos y el juez en este caso el
inspector de policía podrá concederla (sic) con carácter devolutivo -se corrige-
en efecto devolutivo por lo tanto una vez mas (sic) le doy aplicabilidad al art.»31.
El demandante, por su parte, en su condición de secretario de gobierno de Tubará
y, en ese orden, segunda instancia en el trámite policivo, el 6 de mayo de 2014
resolvió declarar improcedente el recurso de apelación presentado y sustentado por
el apoderado de la señora Olga Pinillos, luego de considerar que la decisión de
amparar la tenencia, calendada del 22 de mayo de 2007, había hecho tránsito a
cosa juzgada de conformidad con los artículos 237 y siguientes de la Ordenanza
00018 de 2004 y que, además, evidenció en el asunto «ausencia objetiva del
funcionario del proceso, en materia policía (…) de acuerdo a la (sic) Decreto 1355
de 1970 y la Ordenanza 000018 de 2004, ya que el supuesto recurso interpuesto
29 Véanse folios 121 a 125 del cuaderno 2.
30 Según las comunicaciones libradas con el fin de informar acerca de la diligencia, visibles en los folios 135 a
138 y 141 del cuaderno 2 y constancia de notificación por estado, visible en los folios 139-140 del cuaderno 2.
31 Véanse páginas 110 a 114 del archivo «Anexos NRD Procuraduría», disponible en el CD que obra en el folio
433 del cuaderno 2.
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en la diligencia de cumplimiento de fallo por los querellados era totalmente
improcedente Código de Procedimiento Civil, por las razones anteriormente
expuestas»32
Hasta este punto, la Sala encuentra que la actuación del demandante el 6 de mayo
de 2014 correspondió a aquellas que según la normativa disciplinaria podía
comprometer su responsabilidad en los términos del artículo 27 de la Ley 734 de
2002, pues aparentemente desconoció los puntos de la diligencia de entrega que
fueron objeto del recurso y, en su lugar, en una posible errada interpretación, lo
declaró improcedente. En ese sentido, resultaba procedente abrir una investigación
disciplinaria.
No obstante, llegado el momento de formular los cargos, el juicio de adecuación
típica se alejó de los parámetros normativos y, como consecuencia, los actos
demandados, en los que se ratificaron los elementos estructurales de la
responsabilidad disciplinaria, se viciaron de nulidad por falsa motivación, por
divergencia entre la realidad fáctica y la jurídica, y por infracción de normas en que
debían fundarse, en la forma de la aplicación errónea.
Como se expuso en apartados previos, no basta con que la conducta pueda
constituir falta disciplinaria, en la medida en que a continuación a la autoridad le
corresponde realizar el juicio de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, en el cual la
acreditación de cada elemento arroja una conclusión que permite llegar o no a la
imposición de una sanción.
La Procuraduría General de la Nación adecuó típicamente el comportamiento del
señor Hiklyf Eduardo Zambrano Bustamante a una falta disciplinaria grave, pues,
en sus términos, desconoció el deber del artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de
2002, al no aplicar el artículo 214 numeral 4 de la Ordenanza 00018 de 2004 ni el
artículo 321 numeral 9 del Código General del Proceso. Conducta con la cual habría
desconocido, además, los artículos 193 y 194 de la referida Ordenanza y el artículo
309 de la Ley 1564 de 2012.
La Ordenanza 00018 de 2004, «Manual de convivencia ciudadana del
departamento del Atlántico» dispone en los artículos citados por la autoridad
disciplinaria lo siguiente:
«Artículo 193. Los procesos policivos y contravencionales. Constituyen
Actuaciones breves y sumarias regladas por normas de orden público,
adelantadas gratuitamente por las autoridades civiles y administrativas de
policía, en los que no se tendrá en cuenta la cuantía y se aplicarán
preferentemente las normas sustanciales y de procedimiento civil.
Artículo 194. Interpretación. Las disposiciones de este Manual en materia
procedimental se interpretarán acudiendo a las previsiones contempladas en la
legislación civil y procesal, y a las normas especiales que resultaren
compatibles con el procedimiento policivo, respetándose en todo caso, el
derecho al debido proceso, la contradicción, la igualdad de las partes ante la ley
y el derecho de defensa.
(…)
Artículo 214. Procedencia del recurso de apelación. En los procesos civiles de
policía, el recurso de apelación procede contra:
(…)
4. El auto que decide sobre una nulidad.
32 Véanse folios 202 a 204 del cuaderno 2.
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(…)»33.
Por su parte, la normativa del Código General del Proceso se refiere, en su orden,
a la procedencia del recurso de apelación (artículo 321) y a la oposición a la entrega
(artículo 309).
Para la demandada, la falta disciplinaria se configuró cuando el secretario de
gobierno declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la
querellada, en contra de la decisión del inspector, «(…) por medio de la cual fue
rechazada su solicitud de nulidad a la diligencia de fecha 27 de marzo de 2014 y
por medio de la cual fue rechazada de plano su oposición a la diligencia de entrega
de inmueble, actos que expresamente son recurribles en dos instancias (…)»
(subrayas de la Sala).
Lo anterior da cuenta de una confusión por parte de la autoridad disciplinaria
respecto de lo ocurrido el 27 de marzo de 2014, pues a su juicio, el inspector de
policía rechazó las solicitudes de la querellada, cuando lo acreditado en el
expediente da cuenta de que fueron resueltas y concedido un recurso. Además, en
el juicio de adecuación típica se incurrió en una irregularidad, pues si bien es cierto
que se podría advertir la lesión del artículo 214, numeral 9 de la Ordenanza 000018
de 2004, la conclusión respecto de las disposiciones de la Ley 1564 de 2012 es
distinta.
Recuérdese que el 27 de marzo de 2014 el inspector de policía resolvió varias
cuestiones, de las que resultan relevantes la negativa de la nulidad y de la petición
de suspensión de la diligencia. Ambas, como resultado de las intervenciones de la
querellada y su apoderado, quienes se opusieron a la diligencia de entrega. La
forma de conceder el recurso, según quedó plasmado en el acta, debió llamar la
atención de la Procuraduría General de la Nación respecto de las disposiciones que
eran aplicables al trámite.
Si se trató de dos decisiones, una sobre la nulidad y otra relacionada con la
oposición a la entrega, no bastaba con la referencia al artículo 214 de la Ordenanza
000018 de 2004 para formular el cargo, pues esta disposición solo se refiere a la
procedencia de la apelación cuando la providencia recurrida decide sobre una
nulidad. Por tanto, en virtud del artículo 194 de la misma Ordenanza se debía buscar
en normas procesales complementarias el trámite que se debía impartir a la
oposición a la entrega.
Tales disposiciones no eran, como lo argumentó la autoridad disciplinaria, las
contenidas en el Código General del Proceso, pues, como lo ha señalado de manera
insistente el señor Zambrano Bustamante (tanto en la actuación sancionatoria como
en las instancias de este medio de control), la Ley 1564 de 2012 no era la normativa
vigente para cuando se pronunció en relación con el recurso de apelación
interpuesto por la señora Olga Pinillos34.
33 Ordenanza disponible en:
https://www.atlantico.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=473. Consultada el
09/09/2025.
34 Al respecto, el artículo 627, numeral 6 de la Ley 1564 de 2012 dispuso: «Vigencia. La vigencia de las
disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:
(…)
6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1o) de enero de dos mil
catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de
funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos
judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por
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En el cargo disciplinario se dijo que la decisión sobre la oposición a la entrega y
aquella relacionada con la nulidad constituían actos que expresamente eran
recurribles en dos instancias. La negativa de la solicitud de nulidad lo era en virtud
de lo reglamentado por la Ordenanza; pero a la oposición a la entrega no se le podía
aplicar el contenido del artículo 309 del Código General del Proceso, pues, además
de que dicha disposición no se encontraba vigente, de su redacción no es posible
extraer que en contra de la decisión de rechazar la oposición procediera el recurso
de apelación.
Cuando el inspector de policía concedió el recurso de apelación, señaló que lo hacía
en el efecto devolutivo, previsión que sí contenía el artículo 338 del Decreto 1400
de 1970 (Código de Procedimiento Civil), que, en el numeral 1, disponía: «(...)El
juez rechazará de plano la oposición a la entrega formulada por persona contra
quien produzca efectos la sentencia, o por quien sea tenedor a nombre de aquella,
mediante auto que será apelable en el efecto devolutivo. Sobre la concesión de la
apelación se resolverá al terminar la diligencia» (subrayas de la Sala).
La aplicación de los artículos 309 y 321 del Código General del Proceso devino
entonces en indebida, pues no es de recibo que en un trámite regido por normas
civiles, la demandada argumentara en la decisión disciplinaria de segunda instancia,
que esta Corporación extendió la vigencia de la Ley 1564 de 2012 a los asuntos de
policía, en la medida en que la providencia citada por la autoridad se refirió
únicamente a la aplicación de la normativa en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo35.
No se puede hacer abstracción de las referencias a la Ley 1564 de 2012 y, por ello,
la Sala se aparta de las consideraciones del Tribunal Administrativo del Atlántico,
pues si la autoridad reprochó que con la declaratoria de improcedencia del recurso
de apelación se negó la segunda instancia en dos decisiones que eran apelables,
resultaba imprescindible que en el juicio de adecuación típica se indicara con
claridad la normativa según la cual tal era el trámite que debía impartirse.
Ahora, no es de recibo la afirmación del demandante según la cual declarar
improcedente el recurso equivale a un pronunciamiento de fondo, justamente
porque la procedencia constituye un elemento formal cuya acreditación exige el
análisis sustancial y, en ese sentido, corresponde a la realidad que el señor
Zambrano Bustamante incurrió en una actuación irregular el 6 de mayo de 2014.
Pero ello no habilita la imposición de una sanción disciplinaria si en el trámite que la
precede no se atienden los postulados de legalidad, tipicidad y debido proceso y
menos podría el examen de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
convalidar vicios sustanciales en la formación de los actos objeto de control.
De allí que, advertida la configuración de la falsa motivación y de la infracción de las
audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al
final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país».
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. PSAA15-10392 del 1 de octubre de
2015, mediante el cual resolvió: «Artículo 1º.- Entrada en vigencia del Código General del Proceso. El Código
General del Proceso entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero del año 2016,
íntegramente». Como antecedentes de esta decisión se encuentran: (i) el Acuerdo PSAA13-10073 del 27 de
diciembre de 2013, que reglamentó la implementación gradual del Código General del Proceso. Según el
artículo 1, en el Distrito de Barranquilla empezaría a regir el 1 de octubre de 2014; y (ii) el Acuerdo PSAA14-
10155 del 28 de mayo de 2014, que suspendió el Acuerdo PSAA13-10073.
35 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014. Exp.
25000-23-36-000-2012-00395-01 (49299). C.P. Enrique Gil Botero.
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normas en que los actos debían fundarse, lo procedente sea revocar la sentencia
apelada y, en su lugar, declarar la nulidad de los actos demandados.
Del restablecimiento del derecho y la indemnización
En razón de que la legalidad de los actos administrativos quedó desvirtuada, es
necesario referirse a las medidas de restablecimiento del derecho e indemnización
solicitadas por el demandante, esto es, a la cancelación de las anotaciones
derivadas de los actos disciplinarios, a la anulación del pago de la suma objeto de
sanción y al reconocimiento de perjuicios materiales y morales.
La primera medida es procedente y, en ese sentido, se ordenará la demandada que
se retire del registro de antecedentes disciplinarios la anotación realizada al
demandante en cumplimiento de las decisiones disciplinarias.
Respecto de la suma objeto de sanción, la Sala no encuentra en el expediente
ninguna constancia de que la decisión disciplinaria se hubiese ejecutado. En ese
sentido, ordenará a la demandada que, previa consulta a la Alcaldía Municipal de
Tubará (Atlántico), de haberse hecho efectiva la medida sancionatoria, retorne al
señor Hiklyf Eduardo Zambrano Bustamante las sumas que hubiere pagado;
mismas que serán ajustadas de conformidad con la fórmula que se transcribe a
continuación:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es la cantidad por pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se hubiese pagado la
suma objeto de sanción.
No se accederá al reconocimiento de los perjuicios materiales, pues la celebración
de un contrato con una entidad estatal solo ocurre luego de finalizado un
procedimiento de selección, en el cual se evalúan aquellos requisitos de formación
y experiencia que la respectiva entidad hubiese incluido en sus estudios y
documentos previos, según su necesidad y el mecanismo de selección procedente.
Finalmente, se negará el reconocimiento de perjuicios morales, porque no se logró
acreditar la aflicción, el dolor o padecimiento sufrido por el demandante con motivo
de la sanción, puesto que su esfuerzo probatorio se orientó a demostrar asuntos
relativos al procedimiento disciplinario.
En ese orden, si bien es cierto que la sanción impuesta al señor Zambrano
Bustamante implicó una afectación, no podría decirse que toda decisión disciplinaria
conlleva la materialización de perjuicios morales. Para que procediera un
reconocimiento por este concepto, era indispensable que se demostrara su
causación, pues se trata de una carga probatoria al tenor de lo establecido en
artículo 167 del Código General del Proceso.
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De la condena en costas en ambas instancias
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias, en contra de la
Procuraduría General de la Nación, por cuanto se accede a las pretensiones del
recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de mayo de dos mil
veintiuno (2021). En su lugar:
Segundo. DECLARAR la nulidad de la decisión expedida por la Procuraduría
Provincial de Barranquilla el 26 de julio de 2018, en cuanto sancionó
disciplinariamente al señor Hiklyf Eduardo Zambrano Bustamante con suspensión
en el ejercicio del cargo por el término de cinco (5) meses, convertidos en salarios
devengados para el año 2014; y la nulidad de la decisión expedida el 30 de
noviembre de 2018, en cuanto confirmó la sanción disciplinaria impuesta al señor
Hiklyf Eduardo Zambrano Bustamante.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la demandada que,
previa consulta a la Alcaldía Municipal de Tubará (Atlántico), en caso de haberse
ejecutado la sanción impuesta al señor Hiklyf Eduardo Zambrano Bustamante, le
devuelva las sumas que hubiese pagado; mismas que serán ajustadas de
conformidad con la fórmula que se transcribe a continuación:
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00853-01 (1877-2022)
R= Rh x Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es la cantidad por pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se hubiese pagado la
suma objeto de sanción.
Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR la demandada que
retire del registro de antecedentes disciplinarios la anotación realizada al
demandante en cumplimiento de las decisiones disciplinarias.
Quinto. NEGAR las demás pretensiones.
Sexto. CONDENAR en costas, en ambas instancias, a la Procuraduría General de
la Nación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Atlántico.
Séptimo. RECONOCER personería al abogado Ferney Cabrera Guarnizo,
identificado con cédula de ciudadanía nro. 93.478.208 y portador de la tarjeta
profesional nro. 192.654 del C.S. de la J. para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00016
de SAMAI.
Octavo. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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