Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00336-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00336-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2020-00336-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00336-01 (2584-2022)
Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
Demandado: Contraloría Distrital de Barranquilla y Distrito Especial Industrial
y Portuario de Barranquilla
Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas y
prescripción trienal
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 6 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A, por medio de la cual se declaró probada la
excepción de prescripción presentada por el Distrito Especial Industrial y Portuario
de Barranquilla y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Yadira del Carmen Nieto Arrieta presentó demanda1, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
Oficio 130-005.001- 0252-2019 del 2 de diciembre de 2019, suscrito por el jefe de
1 Samai, índice 2, expediente digital documento ED_DEMANDA_08001233300020200033(.zip)
NroActua 2.
2 En lo sucesivo CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2020-00336-01 (2584-2022)
Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
la Oficina Asesora con Funciones del Departamento Jurídico (e) de la Contraloría
Distrital de Barranquilla, a través del cual negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas; y ii) acto ficto
negativo producto del silencio de la administración frente a la petición presentada
ante el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla el 12 de noviembre
de 2019, por el cual se negó la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, por el pago tardío de las cesantías
definitivas.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que i) se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en el parágrafo del artículo segundo de la Ley 244 de 1995, por el
pago tardío de las cesantías definitivas reconocidas en la Resolución 0754 del 17
de julio de 2002; ii) se ajustara la suma que resultara como condena con base en
el índice de precios al consumidor de acuerdo con lo establecido en el artículo 187
inciso 4 del CPACA; iii) se pagaran los intereses moratorios de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 192 y 195, inciso 4, del CPACA; y iv) se condenara en
costas a la parte demandada, conforme con el artículo 188 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Yadira del Carmen Nieto Arrieta laboró en la Contraloría Distrital de Barranquilla
desde el 3 de diciembre de 2001 hasta el 17 de mayo de 2002, en el cargo de
director técnico, código 026, grado 06, y fue nombrada mediante la Resolución
0916 del 22 noviembre de 2001.
• Mediante la Resolución 0754 del 17 de julio de 2002 la Contraloría Distrital de
Barranquilla reconoció las cesantías definitivas, decisión esta contra la cual no
presentó recurso de reposición.
• Las entidades demandadas no le han reconocido y pagado la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías definitivas.
• El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla es solidariamente
responsable del pago de la sanción moratoria, pues los recursos de la Contraloría
Distrital de Barranquilla provienen del Distrito.
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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00336-01 (2584-2022)
Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
• La prescripción trienal no se configura, toda vez, que no le han pagado las
cesantías reconocidas en la Resolución 0754 del 17 de julio de 2002, teniendo en
cuenta que el término se contabiliza desde el momento en que se haga efectivo el
pago.
• El 14 de julio de 2009 presentó demanda ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria
laboral, la cual fue repartida al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de
Barranquilla, con radicado 2009-0519, en el cual, luego de trascurridas las
actuaciones judiciales de primera instancia, el Tribunal Superior de Barranquilla
Sala Laboral resolvió el recurso de apelación contra el auto del 11 de marzo de
2011, mediante providencia que declaró de oficio la nulidad de lo actuado en el
proceso, a partir del mandamiento de pago, ordenó el levantamiento de las
medidas cautelares decretadas sobre los bienes del Distrito de Barranquilla,
porque la entidad demandada se encontraba en un proceso de reestructuración de
pasivos.
• Presentó la demanda de nulidad y restablecimiento porque el Distrito de
Barranquilla no se encontraba en un proceso reestructuración de pasivos, en
atención del Oficio del 26 de abril de 2018 que indicó que «de acuerdo a lo
estipulado en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre el Distrito de
Barranquilla y sus acreedores, y la interpretación del Comité de Vigilancia en relación al
plazo máximo para el pago de acreencias las proyecciones del Escenario Financiero,
informamos que la vigencia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre
el Distrito de Barranquilla y sus acreedores terminó el pasado 31 de diciembre de 2017».
(sic)
• El 12 de noviembre de 2019, solicitó a la Contraloría Distrital de Barranquilla el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 2 de la
Ley 244 de 1995 por el pago tardío de las cesantías definitivas que fueron
reconocidas en la Resolución 0754 del 17 de julio de 2002, la cual fue resuelta
mediante Oficio 130-005.001-0252-2019 del 2 de diciembre de 2019, y notificado
el 3 de diciembre de 2019.
• El 12 de noviembre de 2019 pidió a la alcaldía Distrital de Barranquilla el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 2 de la
Ley 244 de 1995 por el pago tardío de las cesantías definitivas que fueron
reconocidas en la Resolución 0754 del 17 de julio de 2002, pero no fue resuelta
por la entidad.
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Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 13, 29, 53, 209
de la Constitución Política; y 1, parágrafo, 2, parágrafo, 3 y 4 de la Ley 244 de
1995.
En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:
• La Contraloría Distrital de Barranquilla y el Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla no cumplieron con la obligación legal de pagar las cesantías
definitivas dentro del término establecido en la Ley 244 de 1995, en la cual se
señaló que el empleador debe consignar las cesantías dentro los 45 días del
reconocimiento de la prestación, y si no lo realiza dentro de dicho lapso, deberá
reconocer un día de salario por cada día de mora a causa de su retardo.
• Las entidades demandadas vulneraron los postulados constitucionales y legales
señalados, porque no realizaron el pago de las cesantías de forma oportuna;
además, los actos administrativos objeto de control de legalidad no fueron
debidamente motivados y transgredieron las normas en las cuales debían
fundarse, porque negaron el pago de la sanción moratoria establecida en la Ley
244 de 1995.
1.2. Contestación de la demanda
La Contraloría Distrital de Barranquilla y el Distrito Especial Industrial y Portuario
de Barranquilla se opusieron a la prosperidad de las pretensiones3 con
fundamento en las siguientes consideraciones:
• Contraloría Distrital de Barranquilla
La demandante incurrió en un error al presentar la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho sin demostrar la existencia de un acto administrativo
que resolviera sobre la reclamación del pago de la sanción moratoria, la presunta
ilegalidad de este conforme a las causales contenidas en el artículo 137 del
CPACA. y, con base en ello, proponer la pretensión de restablecimiento del
derecho que ahora reclama; de otra parte, en la acción de nulidad propuesta se
3 Samai, índice 2, expediente digital documento ED_DEMANDA_08001233300020200033(.zip)
NroActua 2.
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Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
debate la legalidad del acto demandado, y se confronta si fue expedido de
acuerdo con los postulados constitucionales.
Propuso la excepción denominada inepta demanda por indebida escogencia de la
acción.
• Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
La Contraloría Distrital en virtud de su autonomía administrativa, financiera y
presupuestal, debe responder por sus actos laborales, sin que estos obliguen en
forma solidaria al ente territorial, pues la obligación financiera del Distrito de
Barranquilla se limita a transferir los recursos que por ley le corresponden a la
entidad de control.
Las pretensiones de la demanda se derivan de la relación laboral entre la
demandante y la Contraloría Distrital de Barranquilla, por tal razón, el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla no tiene participación alguna, ni
injerencia de ningún tipo en la toma de decisiones que originaron la situación
particular de Yadira del Carmen Nieto Arrieta.
La Resolución 0754 del 17 de julio de 2002 fue expedida por la Contraloría Distrital
de Barranquilla y no por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
por lo tanto, es claro que no existe solidaridad, ni puede hacerse responsable de
las decisiones y actos emitidos por la entidad de control.
La Contraloría Distrital de Barranquilla por haber sido la empleadora y en la que
reposa el expediente administrativo de la demandante, es la entidad que debe
pagar las prestaciones y la sanción moratoria que se solicita.
La solicitud de sanción moratoria fue presentada de forma extemporánea, pues la
prescripción debe contabilizarse desde la firmeza de la Resolución 0754 del 17 de
julio de 2002, es decir desde el año 2002, hasta la fecha de presentación de la
demanda.
En el presente caso, la demandante presentó la solicitud de sanción moratoria una
vez transcurridos tres años, pues es el término que consagra la ley para que opere
el fenómeno prescriptivo.
Propuso las excepciones denominadas prescripción de la Resolución 0754 del 17
de julio de 2002, prescripción de la sanción moratoria, falta de legitimación en la
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Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
causa por pasiva, y falta de obligatoriedad del Distrito de Barranquilla en el pago
de las cesantías.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, en sentencia del
6 de julio de 20214 declaró probada la excepción de prescripción presentada por el
Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y negó las pretensiones de
la demanda.
Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente:
• La Resolución 0754 del 17 de julio 2002, a través de la cual se reconoció las
cesantías definitivas, fue notificada personalmente el 2 de agosto del 2002, y
contaba con cinco días para interponer los recursos de vía gubernativa, de
acuerdo con el artículo 50 del Decreto 01 de 1984, normatividad vigente al
momento de la expedición de dicha resolución.
• La demandante no presentó el recurso de reposición, por lo cual el acto
administrativo quedó ejecutoriado el 12 de agosto de 2002, y a partir del 13 de
agosto de 2002, la administración contaba con 45 días para el pago oportuno de
las cesantías definitivas, es decir hasta el 16 de octubre de 2002.
• Por lo anterior desde el 17 de octubre de 2002, se causó el derecho a percibir la
sanción moratoria a razón de un día de salario por cada día de retardo hasta que
efectivamente se le pagaran las cesantías definitivas reconocidas conforme con lo
señalado en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995.
• Respecto de la sanción moratoria contenida en la Ley 244 de 1995, modificada
por la Ley 1071 de 2006, es procedente declarar su prescripción extintiva cuando
han transcurrido más de tres 3 años sin que el interesado presentara petición ante
la administración o ejerciera en el mismo término los medios judiciales para su
cobro.
• En el caso concreto, la sanción moratoria se hizo exigible a partir del 17 de
octubre de 2002, por lo que tenía plazo para presentar la solicitud ante la
administración hasta el 17 de octubre de 2005, pero solo la presentó hasta el 12
de noviembre de 2019, esto es cuando el término para su exigibilidad ya se había
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Samai, índice 2, expediente digital documento ED_DEMANDA_08001233300020200033(.zip)
NroActua 2.
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Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
extinguido por prescripción.
• No es procedente la condena en costas, pues no aparecen causadas, ni
probadas, conforme con el numeral 8 del artículo 365 del CGP.
1.4. El recurso de apelación
La demandante interpuso recurso de apelación5 al considerar que:
• El fenómeno prescriptivo no se configura en casos en los cuales no se ha
realizado el pago de las cesantías definitivas. Además, el término de prescripción
de la sanción moratoria, establecido en la Ley 244 de 1995, debe contabilizarse
desde la fecha en que se realiza el pago de las cesantías definitivas.
• En su caso particular, las entidades demandadas no han realizado el pago de las
cesantías definitivas que fueron reconocidas a través de la Resolución 0754 del 17
de julio de 2002, por tal razón no se puede contabilizar el término de prescripción.
• Por lo tanto, no está probada la excepción de prescripción propuesta por el
Distrito de Barranquilla, porque reclamó su derecho dentro del término legal,
además conforme con el numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, se
indicó que durante la ejecución de procesos de reestructuración los términos de
prescripción se suspenden; pues la entidad territorial se encontraba en dicho
proceso desde el año 2001 hasta el 31 de diciembre de 2017.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
De acuerdo con los planteamientos de la demanda, el problema consiste en
determinar ¿si Yadira del Carmen Nieto Arrieta, en su condición de empleada
pública que ostentó en la Contraloría Distrital de Barranquilla, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995,
con ocasión del pago tardío de las cesantías definitivas reconocidas en la
Resolución 0754 del 17 de julio de 2002?
En caso afirmativo ¿si se configuró la prescripción trienal del derecho al pago de la
sanción moratoria?
5 Samai, índice 2, expediente digital documento ED_DEMANDA_08001233300020200033(.zip)
NroActua 2.
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Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Del régimen de cesantías de los servidores públicos del orden
territorial
La Ley 6 de 1945, en su artículo 17, literal a), señaló que los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente gozarían de un auxilio de cesantía a razón de
un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, y solamente se tendría en
cuenta el tiempo de servicio prestado después del 1 de enero de 1942.
Posteriormente, en el Decreto 2767 de 1945, artículo 1, se indicó que los
empleados de los departamentos y municipios tenían derecho a las prestaciones
establecidas en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945, entre las cuales se encuentra el
auxilio de cesantías.
Además, en el artículo 6 del aludido decreto se precisó que, para la liquidación de
los empleados, por la terminación de los contratos de trabajo, o la situación que
ocasionara el retiro, se debía incluir el auxilio de las cesantías.
La Ley 65 de 1946, en su artículo 1, establecido que los empleados de la Nación,
tendrían derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado, y en su
parágrafo extendió dicho beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios.
El Decreto 2567 de 1946, en su artículo 1, dispuso que el auxilio de cesantía a
que tuvieran derecho los empleados y obreros al servicio de la nación, los
departamentos y los municipios, se liquidaría de conformidad con el último
sueldo o jornal devengado.
La Ley 50 de 1990, en su artículo 99, estableció el régimen de cesantías
anualizadas en los siguientes términos:
«1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
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que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo».
Por su parte, la Ley 344 de 1996, en su artículo 13, señaló que a partir de su
publicación, es decir el 31 de diciembre de 1996, las personas que se vincularan a
las entidades del Estado, tendrían un régimen anualizado de cesantías.
En el Decreto 1582 de 1998, reglamentario de la Ley 344 de 1996, se precisó que
el régimen de los servidores públicos de nivel territorial vinculados a partir del 31
de diciembre de 1996, que se encontraran afiliados a un fondo de cesantías sería
el establecido en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.
La anterior disposición se conservó en el Decreto 1919 de 2002, que extendió el
régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la rama ejecutiva
del nivel nacional a los servidores del orden territorial, con la salvedad6 de que los
beneficiarios del régimen retroactivo continuarían disfrutándolo, en concordancia
con la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.
2.2.2. Sobre la sanción moratoria en el pago de las cesantías de los
servidores públicos
En la Ley 244 de 19957 la indemnización por mora en el pago de la cesantía de los
servidores públicos fue establecida como una sanción a cargo del empleador y a
favor del trabajador, con el propósito de reparar los daños que se causaran, ante el
incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía, al
respecto señaló lo siguiente:
«Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores
públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
(…)
Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para
cancelar esta prestación social.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la
entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un
día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las
mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
6 Artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.
7«Por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se
establecen sanciones y se dictan otras disposiciones»
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Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario,
cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.»
En tal sentido, dicha norma fijó los términos para el reconocimiento y pago oportuno
de las cesantías de los servidores públicos, y en caso de mora, estableció a título
de sanción, a cargo de la administración y a favor del trabajador, un día de salario
por cada día de retardo en el pago de la referida prestación.
La anterior disposición tiene como finalidad proteger el derecho de los servidores
públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación
definitiva de sus cesantías. En tal sentido, constituye una garantía del derecho al
pago oportuno del salario contenido en los incisos 1 y 3 del artículo 53 de la
Constitución Política, y en el Convenio 95 de la OIT que protege el salario y su
pago oportuno.
El Convenio 95 de la OIT, relativo a la protección al salario, aprobado mediante
Ley 54 de 1962, incluyó dentro de la definición de salario toda forma de
remuneración, en los siguientes términos:
«Artículo 1. A los efectos del presente Convenio, el término ´salario´, significa la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación
nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de
trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar
o por servicios que haya prestado o deba prestar.»
La Corte Constitucional sostuvo, en sentencia T-260 del 1 de junio de 1994,
expediente T-30763, M.P. Alejandro Martínez Caballero, sobre la protección
constitucional a la remuneración que en el Convenio 95 de la OIT que «cuando se
termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios
debidos de conformidad con la Legislación Nacional, un contrato colectivo o un laudo
arbitral o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo razonable,
habida cuenta de los términos del contrato».
Además, en dicho pronunciamiento la Corte Constitucional precisó que el artículo
12 del Convenio 95 no solo se refirió a las mensualidades debidas, sino también a
cualquier remuneración derivada de la finalización de la relación laboral, por tal
razón, las prestaciones sociales como las cesantías estaban cobijadas por los
principios constitucionales de la protección a la remuneración.
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Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 18 de
julio de 20188 se refirió a los distintos eventos en los que puede presentarse una
variación del plazo para la exigibilidad de la sanción moratoria, por el pago tardío o
no pago de las cesantías parciales y definitivas, respecto de lo cual estableció las
siguientes reglas:
«[…]
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y
iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
dispuesto en la ley9 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5
días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento
por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de
notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo
manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra
del empleador como computables para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique
el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la
cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.»
TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías
parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica
vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el
tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del
CPACA.
(…)» (Subrayas fuera del texto original).
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018, radicación: 73001-23-
33-000-2014-00580-01(4961-2015).
9 Artículo 69 CPACA.
11
Radicado: 08001-23-33-000-2020-00336-01 (2584-2022)
Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
De lo anterior se puede inferir que la sanción moratoria por la omisión de pago
oportuno de las cesantías definitivas prevista por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006 se causa: i) transcurridos 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, si no se expide el acto de reconocimiento o se hace de forma
extemporánea y ii) transcurridos 45 días hábiles contados a partir de la ejecutoria
del acto administrativo de reconocimiento del auxilio, de los que resuelven los
recursos interpuestos contra aquel o del día siguiente a la manifestación de
renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria. En consecuencia, los
anteriores son los eventos que determinan la causación y exigibilidad de la
sanción, los cuales tienen como referente la petición del empleado.
Ahora bien, las normas que regulan esta sanción no señalan un término de
prescripción para su reclamación, como tampoco se prevé para la
indemnización por el incumplimiento en la consignación de cesantías
anualizadas. Precisamente, la sentencia de unificación del 25 de agosto de
201610 al analizar esta última situación, precisó los siguientes puntos:
• La sanción moratoria no es accesoria a las cesantías. Si bien la indemnización
se causa por el incumplimiento en el pago de la prestación social, lo cierto es
que no dependen de su reconocimiento ni hacen parte de aquel.
• Es excepcional y está sujeta al incumplimiento u omisión del deber legal de
pago oportuno que tiene el empleador.
• Está creada a título de sanción. En consecuencia, hace « parte del derecho
sancionador», por lo tanto, no puede considerarse como un derecho
imprescriptible, pues esta es una característica de aquel.
• El sustento normativo para el término prescriptivo es el contenido en el artículo
151 del Código de Procedimiento Laboral. Se excluye la aplicación de los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, toda vez que estos regulan en forma
expresa los derechos en ellos contenidos, dentro de los cuales no se encuentra
la sanción moratoria, al tiempo que el mencionado artículo 151 comprende un
ámbito de mayor alcance.
En esta misma línea, la sentencia del 6 de agosto de 202011 unificó su posición
para señalar que el término de prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990 se contabiliza a partir del 15 de febrero del año en el cual debía
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación:
080012331000201100628-01(0528-2014).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicación: 08001-23-
33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
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Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
efectuarse la respectiva consignación, es decir, desde su causación y
exigibilidad.
Para esta Subsección, lo anterior sirve como punto de partida para considerar la
indemnización que se causa por la falta de pago de las cesantías definitivas
señalada por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, dadas las características
comunes que comparte con la penalidad económica que surge cuando no se
consigna en oportunidad el auxilio liquidado bajo el régimen anualizado.
Ciertamente, la sanción moratoria bajo examen también es independiente de
las cesantías, hace parte del derecho sancionatorio y, por consiguiente, debe
estar sujeto a la regla general de la prescripción.
Es importante resaltar que, a pesar de que el valor de la sanción moratoria
incrementa a razón de un día de salario por cada día de mora, lo cierto es que
ello no le da el carácter de prestación periódica que tienen las pensiones y los
salarios y prestaciones que se causan durante la relación laboral. Tal condición
deriva en la consecuencia lógica de entender que el término prescriptivo que
resulta aplicable es el extintivo y de acuerdo con el artículo 151 del C. de P.L.,
opera a los 3 años siguientes al de su causación y se interrumpe con la
presentación de la respectiva reclamación.
2.2.3. Sobre la prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o
no pago de cesantías definitivas de la Ley 244 de 1995
En la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de
2023, la sección segunda de esta Corporación, estableció las reglas sobre la
prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o no pago de cesantías
definitivas así:
«(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en
el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a
contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo
legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta
después de los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción
total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago
tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la
reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido
como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin
que opere la prescripción.
13
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Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la
sanción moratoria.»
2.3. Caso concreto
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
• Yadira del Carmen Nieto Arrieta estuvo vinculada en la Contraloría Distrital de
Barranquilla desde el 3 de diciembre de 2001 hasta el 17 de mayo de 2002, en el
cargo de director técnico, código 026, grado 06, y su último salario correspondió a
$ 2’000.000, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0754 del 17 de julio
de 200212 y en la contestación de la demanda presentada por la Contraloría
Distrital de Barranquilla13.
• Mediante la Resolución 0754 del 17 de julio de 2002 la Contraloría Distrital de
Barranquilla reconoció las cesantías definitivas a la demandante, por el lapso del 3
de diciembre de 2001 hasta el 17 de mayo de 2002, equivalentes a la suma de
$937.809, acto administrativo que le fue notificado personalmente el 2 de agosto
de 200214, contra el cual la interesada no presentó el recurso de reposición.
• El auxilio de cesantía le fue pagado el 13 de marzo de 2012, como se observa en
la certificación expedida por el Banco BBVA15.
• El 12 de noviembre de 2019, la demandante presentó sendas solicitudes16 ante
la Contraloría Distrital de Barranquilla y el Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla, en las que requirió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en la Ley 244 de 1995.
• La Contraloría Distrital de Barranquilla, a través de Oficio 130-005.001- 0252-
2019 del 2 de diciembre de 2019, negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria.
• El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla no allegó la prueba de la
respuesta a la solicitud ni que hubiese notificado decisión alguna a la interesada
12 Samai, índice 2, expediente digital documento ED_DEMANDA_08001233300020200033(.zip)
NroActua 2.
13 Samai, índice 2, expediente digital documento ED_DEMANDA_08001233300020200033(.zip)
NroActua 2, carpeta 008. CONTRALORIA CONTESTACION.
14 Samai, índice 2, expediente digital documento ED_DEMANDA_08001233300020200033(.zip)
NroActua 2.
15 Ibidem
16 Ibidem
14
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Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
dentro del término de los tres (3) meses previstos por el artículo 83 de la Ley 1437
de 2011, por tal razón, se configuró el acto ficto negativo.
Para resolver el problema jurídico planteado, de acuerdo con los hechos
enunciados y los postulados normativos y jurisprudenciales expuestos, se
evidencia que la administración contaba con 45 días hábiles, contados a partir del
13 de agosto de 2002, para el pago de las cesantías definitivas, esto es hasta el
16 de octubre de 2002, pero la Contraloría Distrital de Barranquilla solo las
consignó hasta el 13 de marzo de 2012.
En tal sentido, la Contraloría Distrital de Barranquilla incurrió en la mora
establecida en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, toda vez, que no efectuó el
pago de las cesantías definitivas a la demandante dentro del término legal, en
consecuencia, se originó la sanción moratoria a partir del 17 de octubre de 2002.
No obstante, de acuerdo con la regla fijada en la sentencia de unificación SUJ-
034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023, el plazo trienal de la prescripción
de la sanción moratoria, se contabiliza desde que se hace exigible, esto es al
vencimiento del término legal para el pago del auxilio de cesantías, por lo tanto, si
la solicitud de sanción moratoria se presenta después de tres (3) años contados
desde su exigibilidad, se configura la prescripción trienal.
Por lo anterior, en el caso concreto la solicitud de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 debió presentarse en el
lapso comprendido entre el 17 de octubre de 2002 y el 17 de octubre de 2005,
pero la demandante radicó la solicitud el 12 de noviembre de 2019 ante la
Contraloría Distrital de Barranquilla y el Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla.
En ese orden, los plazos indicados trascurrieron así:
Acto Firmeza Vencimiento Fecha de Prescripción Reclamación
administrativo del plazo de causación extintiva de de la
que reconoció 45 días de la la sanción sanción
las cesantías hábiles para sanción moratoria moratoria
definitivas el pago de moratoria
cesantías
Resolución 12 de 16 de 17 de 17 de 12 de
0754 del 17 de agosto de octubre de octubre de octubre de noviembre de
julio de 2002 2002 2002 2002 2005 2019
15
Radicado: 08001-23-33-000-2020-00336-01 (2584-2022)
Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
Así las cosas, la administración no cumplió con los términos previstos en la ley
para proceder al pago de las cesantías definitivas reconocidas en la Resolución
0754 del 17 de julio de 2002, pues estas fueron consignadas el 13 de marzo de
2012, de acuerdo con las pruebas que reposan en el proceso; no obstante, la
solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria se formuló el 12 de
noviembre de 2019, cuando ya se había configurado el fenómeno de la
prescripción trienal, además la administración previamente había realizado pago
de dicha prestación.
De otro lado, sobre la suspensión de la prescripción en los casos de
restructuración de pasivos (Ley 550 de 1999), en la sentencia de unificación SUJ-
034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Segunda
de esta Corporación, se precisó lo siguiente:
«110. De conformidad con las aludidas disposiciones, para que opere la citada
suspensión debe probarse que la entidad se encontraba en proceso de
reestructuración de pasivos; que la acreencia del beneficiario fue incluida dentro de ese
proceso y, finalmente, se deberá certificar cuándo se inició la etapa de negociación del
acuerdo, en los términos del artículo 11 de la Ley 550 de 1999, así como el plazo de
ejecución del acuerdo.
111. De conformidad con los artículos 13, 14 y 58 numeral 13 de la Ley 550 de 1999,
para que opere la cláusula de suspensión de la prescripción y de la caducidad allí
establecida frente a los procesos judiciales de reconocimiento de la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías definitivas, debe probarse que la entidad se
encontraba en proceso de reestructuración de pasivos; que la acreencia del
beneficiario fue incluida dentro de ese trámite; y deberá certificarse cuándo se inició la
etapa de negociación del Acuerdo, en los términos del artículo 11 de la Ley 550 de
1999, así como el plazo de ejecución del Acuerdo.»
Ahora bien, con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no se
aportó el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Distrito de Barranquilla, ni
certificación del inicio de la etapa de negociación, tampoco demostró que su
acreencia haya sido incluida en el proceso de reestructuración de pasivos,
además las entidades demandadas en las contestaciones no aportaron dichos
documentos, por lo tanto, no es posible aplicar la suspensión del término de la
prescripción.
2.4. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
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Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma17.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no procede el
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
definitivas, pues se configuró la prescripción trienal, por lo que se procederá a
confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 6 de
julio de 2021.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
17En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
17
Radicado: 08001-23-33-000-2020-00336-01 (2584-2022)
Demandante: Yadira del Carmen Nieto Arrieta
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia del 6 de julio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, que declaró probada la
excepción de prescripción presentada por el Distrito Especial Industrial y Portuario
de Barranquilla, y negó las pretensiones de la demanda presentada por Yadira del
Carmen Nieto Arrieta, contra la Contraloría Distrital de Barranquilla y el Distrito
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, conforme con lo expuesto en esta
providencia.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. Reconocer personería a la abogada Osiris Isabel Rivero Morales,
identificada con la cédula de ciudadanía 32.693.935 de Barranquilla, y portadora
de la tarjeta profesional 57.076 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar
como apoderada de la Contraloría Distrital de Barranquilla, con las facultades y
para los fines establecidos en el poder que obra en el índice 2 de SAMAI.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KGO
18
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