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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2020-00368-01

Fecha
20 de mayo de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2020-00368-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte actora, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Para el efecto, las agencias en derecho a cargo de la parte actora, y en favor del municipio de Usiacurí y del departamento del Atlántico, se fijan: i) en primera instancia, en el 0,1% de las pretensiones, que equivale a NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($908.298). Por lo tanto, corresponde la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS ($454.149) para cada una de las entidades 50 “Artículo 366. Las cosas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas […]”. 20 Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901) Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros Demandado: Departamento del Atlántico y otro Referencia: Reparación directa demandadas: municipio de Usiacurí y departamento del Atlántico- y ii) en la segunda instancia, se fijan en 1 SMLMV - únicamente en favor del municipio de Usiacurí, por las razones expuestas-. El monto del salario mínimo legal mensual será el que se encuentre vigente a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los términos señalados en el artículo 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen y, acto seguido, FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2020-00368-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

20 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: EDITH ISABEL TORRES DE CERVANTES Y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

Temas: MUERTE OCASIONADA POR SEMOVIENTE– la atribución de responsabilidad no
procede - se niegan las pretensiones de la demanda porque no se probó el incumplimiento
de los deberes de vigilancia del municipio.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Usiacurí
(Atlántico) contra la sentencia proferida el 21 de enero de 2022, mediante la cual la
Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, así (transcripción literal, incluidos
posibles errores):

“PRIMERO: Declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva del Departamento del Atlántico, de conformidad con las
razones que anteceden.

SEGUNDO: Declárase Administrativamente responsable al Municipio de
Usiacurí, de los perjuicios causados a los demandantes, dentro del marco de
las circunstancias señalas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: CONDÉNASE al Municipio de Usiacurí, a pagar a favor de cada
uno de cada uno de los demandantes, los perjuicios morales conforme a lo
expresado en la parte motivan de esta providencia y de acuerdo a la siguiente
tabla:

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

NOMBRE GRADO PERJUICIO MORAL
Edith Torres de Cervantes cónyuge 100 SMLMV
Jorge Luis Cervantes Torres hijo $22.707.458
Walter José Cervantes Torres hijo $22.707.458
Milena Patricia Cervantes Torres hija $22.707.458
Nelsy Esther Cervantes Torres hija $22.707.458
Bleyner Eduardo Cervantes Jiménez nieta $22.707.458
Katy Julieth Cervantes Jiménez nieta $22.707.458
Zaira Nicole Cervantes Jiménez nieta $22.707.458
Yajaira Paola Silvera Cervantes nieta $22.707.458
Jaileth Patricia Silvera Cervantes nieta $22.707.458
Kenner Adrian Correa Cervantes nieto $22.707.458
Carlos Alberto Martínez Cervantes nieto $22.707.458
Meryeth Alejandra Cervantes Sierra nieta $22.707.458
Julio Cesar Cervantes Márquez hermano $22.707.458
Ana Judith Cervantes Márquez hermana $22.707.458

CUARTO: CONDÉNASE al Municipio de Usiacurí a pagar a favor de la señora
Edith Isabel Torres De Cervantes, la suma de Quinientos Veintidós Millones
Doscientos Setenta y Un Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/L COP
($522’271.540), en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, en los
términos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO: Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Sin costas en esta instancia”.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El grupo familiar del señor Luis Eduardo Cervantes Márquez solicitó la
indemnización de los perjuicios causados por su deceso, el cual, según la demanda,
ocurrió el 20 de agosto de 2018 en el municipio de Usiacurí (Atlántico), durante una
corrida de toros que, a juicio de los demandantes, “no dispon[ía] de las medidas de
seguridad requeridas”.

II. ANTECEDENTES

La demanda

1. El 10 de julio de 20201, Edith Isabel Torres de Cervantes y otros2, por
conducto de apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, contra el departamento del Atlántico y el municipio de
Usiacurí, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables de los

1 Ver la demanda, en documento denominado
“3_0003Otros_ED_00120200036800J%20NroActua%202%20(2).pdf” del expediente digital, que
obra en índice 2 de Samai.
2 Como demás demandantes figuran: Jorge Luis Cervantes Torres, Bleyner Eduardo Cervantes

Jiménez, Katy Julieth Cervantes Jiménez, Zaira Nicole Cervantes Jiménez, Milena Patricia Cervantes
Torres, Yajaira Paola Silvera Cervantes, Jaileth Patricia Silvera Cervantes, Nelsy Esther Cervantes
Torres, Kenner Adrián Correa Cervantes, Matius Stiven Martínez Cervantes, Carlos Alberto Martínez
Cervantes, Walter José Cervantes Torres, Meryeth Alejandra Cervantes Sierra, Nicolás Antonio
Cervantes Márquez, Enith María Márquez de Cervantes, Julio Cesar Cervantes Márquez y Ana
Judith Cervantes Márquez.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

perjuicios a ellos irrogados3, con ocasión de la muerte del señor Luis Eduardo
Cervantes Márquez, ocurrida el 20 de agosto de 2018, en el mencionado municipio.
En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes4:

2. El 20 de agosto de 2018, el señor Luis Eduardo Cervantes Márquez y su
cónyuge Edith Isabel Torres de Cervantes concurrieron a un evento taurino que se
realizaba en el municipio de Usiacurí (Atlántico), como parte de la celebración de
sus fiestas patronales. Se indicó que “al no poder ingresar a la corraleja” por
“sobrecupo” se ubicaron a sus “alrededores”, a “unos 50 metros del sitio donde se
efectuaba la corrida de toros”.

3. Aproximadamente a las 17:30 horas, “el toro de turno (…) se salió de la
corraleja levantando una de las varetas con las cuales se arma el escenario”” y, acto
seguido, embistió a las personas que se encontraban a su paso, entre ellos, al señor
Luis Eduardo Cervantes Márquez, quien falleció ese mismo día, como consecuencia
de las graves lesiones que le ocasionó el mencionado bovino.

4. A juicio de la parte actora, el municipio de Usiacurí “no brindo la protección a
quienes estaban dentro y fuera de la corraleja”; agregó que la corraleja en cuestión
se “levantó” en “condiciones precarias” y que el evento no contaba con paramédicos
que “atendieran de manera prioritaria a las personas que resultaran lesionadas”;
todo lo cual configuró una falla en el servicio que “terminó avalada por Gobernación
del Atlántico”.

3 A continuación, la transcripción literal de las pretensiones consignadas en el escrito inicial, visibles

a folio 10 del documento denominado
“3_0003Otros_ED_00120200036800J%20NroActua%202%20(2).pdf” del expediente digital, que
obra en índice 2 de Samai:
“PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable el DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO, cuya representante es la señora Gobernadora (…) y al MUNICIPIO DE USIACURÍ -
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, cuya representante legal es la señora Alcaldesa (…), de los
perjuicios causados a los demandantes con motivo de la muerte del señor LUIS EDUARDO
CERVANTES MÁRQUEZ, ocurrida el 20 de agosto de 2018, en el Municipio de Usiacurí,
Departamento del Atlántico, como consecuencia del disfrute de las Fiestas Patronales que se
celebraban en el pueblo de Usiacurí, con ocasión de la corrida de toros, al evidenciarse una falla en
el servicio, por no disponer de las medidas de seguridad requeridas, para salvaguardar la vida de
los ciudadanos.
SEGUNDA: Condenar al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, cuyo representante es la señora
Gobernadora (…) y al MUNICIPIO DE USIACURI (…), cuya representante legales la señora
Alcaldesa (…), a pagar a cada uno de los demandantes, las siguientes sumas de dineros que más
adelante se detallaran, por concepto de perjuicios morales, materiales, lucro cesante y daño
emergente, por la muerte de su ser querido LUIS EDUARDO CERVANTES MÁRQUEZ: [aquí se
relaciona lo solicitado por cada uno de los demandantes por concepto de perjuicios morales y/o
materiales]”.
4 Documento denominado “4_540012333000201800227021EXPEDIENTEDIGI
20230124081734_TCZipDossier133262372780546891” del expediente digital, que obra en índice 2
de Samai.

3

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

Las contestaciones de la demanda

5. El departamento del Atlántico y el municipio de Usiacurí no contestaron la
demanda, a pesar de que fueron debidamente notificados del respectivo auto
admisorio.

La sentencia de primera instancia

6. La Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
sentencia del 21 de enero de 20225, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en tanto declaró la responsabilidad patrimonial del municipio de Usiacurí;
como consecuencia, reconoció a los demandantes indemnización por concepto de
perjuicios morales6 y lucro cesante -consolidado y futuro- en favor de Edith Isabel
Torres de Cervantes7, al tiempo que negó el daño emergente solicitado en favor de
la mencionada señora.

7. A juicio del a quo, se acreditó que la muerte del señor Luis Eduardo Cervantes
Márquez era imputable al municipio de Usiacurí, en virtud del título jurídico de
imputación de falla del servicio. Consideró que el evento taurino se realizó en el
marco de las fiestas patronales del municipio de Usiacurí que se realizaban cada
año e incluían el desarrollo de corralejas, actividad que le imponía a la entidad
territorial la carga de adoptar medidas de seguridad y protección, máxime si se tenía
en cuenta que el deceso de la víctima ocurrió en un “espacio no delimitado para el
tránsito de los semovientes peligrosos”, lo que permitía concluir que el ente territorial
no adoptó los correctivos de seguridad necesarios para la realización de la corrida
de toros del 20 de agosto de 2018.

8. Acto seguido, declaró probada, de oficio, la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva del departamento del Atlántico, por cuanto
consideró que “para el desarrollo de fiestas taurinas solo [era] posible [predicar] un
haz obligacional [de esa entidad territorial] (…) en el evento de que se hubie[se]
vinculado para la realización en conjunto de la actividad taurina en cuestión”,
aspecto que no fue acreditado en el proceso.

5 Ver documento denominado
“29_0031Otros_ED_024FALLO20200036%20NroActua%202%20(1)%20(1).pdf” del expediente
digital, que obra en índice 2 de Samai.
6 Por perjuicios morales, concedió 100 SMLMV a la cónyuge y la suma de $22’707.458 a los demás

demandantes, con excepción de Matius Stiven Martínez Cervantes, Enith María Márquez de
Cervantes y Julio Cesar Cervantes Márquez, quienes, a juicio del a quo, “no logra[ron] demostrar su
vínculo filial”.
7 Por lucro cesante, reconoció el monto de $522’271.540.

4

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

9. Para finalizar, adujo que, aunque el municipio de Usiacurí fue vencido en el
proceso, las costas “no aparec[ían] causadas ni probadas” en los términos del
numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, razón por la que
determinó que no resultaban procedentes.

El recurso de apelación

10. El municipio de Usiacurí apeló el fallo de primera instancia8, para lo cual alegó
que las pruebas aportadas al proceso únicamente daban cuenta de la muerte del
señor Luis Eduardo Cervantes Márquez, pero no permitían establecer que su
deceso le era imputable fáctica y/o jurídicamente. Al respecto, puso de presente que
el escaso material probatorio allegado al proceso no permitía reconstruir las
circunstancias que rodearon los hechos, de manera que se desconocían aspectos
tales como quién fue el organizador de la corrida de toros, “por qué el toro se escapó
de la corraleja”, así como el supuesto “deterioro en que se encontraba armada” la
estructura en cuestión.

11. Indicó que está acreditada la causal eximente de responsabilidad,
consistente en la culpa exclusiva de la víctima, pues debía tenerse en cuenta que
Luis Eduardo Cervantes Márquez “decidió acercarse a la (sic) mirar la corraleja (…)
a sabiendas que este tipo de espectáculos generan un riesgo”.

12. Para finalizar, el demandado manifestó su inconformidad respecto de los
parámetros que se tuvieron en cuenta para fijar el monto de la indemnización que
se reconoció en la sentencia impugnada.

13. El Ministerio Público solicitó la confirmación del fallo apelado, toda vez que,
a su juicio, efectivamente se acreditó “el mal estado de la estructura que se empleó
para el escenario taurino [y que] prueba de ello [fue] que se rompió y permitió la
fuga del toro que envistió al señor Luis Eduardo Cervantes Márquez”9.

14. El 18 de septiembre de 202310, la Sala, con fundamento en la facultad
oficiosa establecida en el artículo 213 del CPACA, requirió al municipio de Usiacurí
para que remitiera copia íntegra de todas las actuaciones administrativas 11 que

8 Ver documento denominado
“51_0055Otros_ED_RECURSODEAPELACION%20NroActua%202%20(1)%20(2).pdf”, del
expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.
9 Ver documento denominado “76_76_08001233300020200036801120230707112012” del
expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.
10 Índice 15 de Samai.
11 En el referido auto se solicitaron, con precisión, las solicitudes de autorización para la realización

del evento en cuestión -según lo previsto en el artículo 15 de la Ley 916 de 2004-, las decisiones

5

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Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

tuvieran relación con el evento taurino en el que ocurrió el daño, cuya indemnización
se demanda.

III. CONSIDERACIONES

15. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y el
agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, procede la Sala a decidir la
segunda instancia de la presente litis.

El objeto del recurso de apelación

16. En esta instancia, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos
presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado,
los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar
la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera
oficiosa12.

17. La Subsección agrupa en tres los cuestionamientos presentados por el
apelante: i) el relativo a que la muerte del señor Luis Eduardo Cervantes Márquez
no le es imputable fáctica y/o jurídicamente; ii) el que tiene que ver con la
configuración de la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima y, iii), el referente a que, en el evento de que se confirme su responsabilidad

expedidas y/o los trámites contractuales adelantados por el municipio de Usiacurí en torno a las
actividades taurinas que se llevaron a cabo el 20 de agosto de 2018.
Con ocasión de dicho requerimiento, el aludido ente territorial allegó las pruebas documentales
visibles en el documento denominado “83_080012333000202000368012MemorialWeb
20231019181859.pdf”, que obra en el índice 21 de Samai, a saber: i) el Decreto número 2018-07-
04-01 de la Alcaldía Municipal de Usiacurí -que conformó la junta organizadora de las fiestas
patronales-; ii) la “solicitud de permiso” que dirigió el “empresario” Alberto Barrios Rodríguez a la
alcaldía municipal de Usiacurí y a la Gobernación de Atlántico; iii) la póliza de responsabilidad civil
extracontractual número 75-02-101005647, en la que figura como tomador y asegurado “Alberto
Barrios Rodríguez”; iv) el radicado interno OPT número 300-0398, en el que el Jefe de Planeación y
Turismo municipal de Usiacurí le remite a la Secretaría de Prevención y Atención de desastres de la
Gobernación de Atlántico la “documentación (…) aportada por Alberto Barrios Rodríguez” y v) el
oficio del 16 de agosto de 2018, en el que la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres
de la Gobernación de Atlántico le comunicó a la alcaldía de Usiacurí que “autoriz[ó] la realización
[de] dicho evento”.
12 Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación

del 6 de abril de 2018, consideró: “Si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque
de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin
perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la
caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque
no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la
providencia censurada” (se destaca). Expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

patrimonial, se estudien algunos aspectos relacionados con la indemnización de los
perjuicios reconocidos en primera instancia.

18. Con base en esa impugnación, la Sala en esta providencia: i) no realizará
pronunciamiento alguno respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva
del departamento del Atlántico, pues dicha determinación no fue cuestionada en el
recurso de apelación que aquí se analiza13; ii) hará algunas consideraciones
generales sobre la preparación, organización y desarrollo de los eventos taurinos;
iii) analizará los hechos relevantes del caso y iv) estudiará la imputación del daño
al municipio demandado.

El marco normativo aplicable a la controversia

19. Con el fin de resolver los cargos de la apelación, la Sala considera pertinente,
de forma previa, definir el marco normativo aplicable a la controversia.

20. Sobre la preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos
y de las actividades relacionadas con los mismos, el ordenamiento legal -Ley 916
de 2004, Reglamento Nacional Taurino- clasifica las plazas de toros en
permanentes, no permanentes y portátiles (artículo 314), en los siguientes términos:
i) son permanentes aquellos recintos preferentemente construidos para la
celebración de espectáculos taurinos (artículo 4); ii) pueden catalogarse como no
permanentes los recintos que, no teniendo como fin principal la celebración de
espectáculos taurinos, sean habilitados y autorizados para ello (artículo 7) y iii) que
serán portátiles las construidas con elementos desmontables y trasladables, de
estructura metálica o de madera, con la solidez debida para la celebración de
espectáculos taurinos.

13 Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la
competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la
decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte
interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la
decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en
segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de
primera instancia al resolver la litis planteada.
Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación: i) sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 54.675; ii)
sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 51.212; iii) auto del 14 de octubre de 2015,
expediente No. 48.502, M.P. Hernán Andrade Rincón; iv) sentencia del 9 de abril de 2014,
expediente No. 27.550, M.P. Mauricio Fajardo Gómez y v) sentencia del 14 de mayo de 2014,
expediente No. 31.469, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
14 El artículo 3° de la Ley 916 de 2004: “Los recintos para las celebraciones de espectáculos taurinos

se clasifican en:
A. Plazas de toros permanentes
B. Plazas de toros no permanentes (polideportivos, coliseos)
C. Plazas portátiles”.

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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

21. A su vez, el artículo 1415 de la referida Ley establece los requisitos para la
celebración de espectáculos taurinos. Esa norma dispone que, si se trata de una
plaza permanente, basta con la comunicación previa al órgano administrativo
competente; en cambio, si se trata de una plaza no permanente, sí se requiere la
autorización del respectivo alcalde16, previa solicitud en ese sentido (artículo 1517).

22. Si bien la aludida disposición no reguló los requisitos para la celebración de
ese tipo de eventos en las plazas portátiles, puede argumentarse a fortiori que, si
se exige autorización previa para las plazas no permanentes, con mayor razón se
reclama este requisito para las plazas portátiles, razonamiento que se refuerza con
el contenido del artículo 19 del Reglamento Nacional Taurino, que establece “[e]l

15 El artículo 14 de la Ley 916 de 2004: “La celebración de espectáculos taurinos requerirá la previa

comunicación al órgano administrativo competente o, en su caso, la previa autorización del mismo
en los términos previstos en este reglamento.
Para la celebración de espectáculos taurinos en plazas permanentes bastará únicamente, en todo
caso, con la mera comunicación por escrito. En las plazas no permanentes será necesaria la
autorización previa del órgano administrativo competente (…).
16 El artículo 7 de la Ley 916 de 2004: “Se consideran plazas de toros no permanentes, para los

efectos del presente reglamento, los edificios o recintos que, no teniendo como fin principal la
celebración de espectáculos taurinos, sean habilitados y autorizados singular o temporalmente para
ellos. La solicitud de autorización irá acompañada del correspondiente proyecto de habilitación del
recinto, que reunirá en todo caso las medidas de seguridad e higiene precisas para garantizar la
realización del espectáculo taurino, así como la posterior utilización del recinto para sus fines propios
sin riesgo alguno para las personas y las cosas. La autorización correspondiente será otorgada por
el Alcalde del municipio, previo informe favorable del Secretario de Obras Públicas o de la persona
que desempeñe sus funciones. La autorización será denegada si el proyecto de habilitación del
recinto no ofreciese las garantías de seguridad e higiene que requiere en todo caso este tipo de
espectáculos”.
17 El artículo 15 de la Ley 916 de 2004: “Las solicitudes de autorización o las comunicaciones a que

hacen referencia los artículos anteriores se presentarán por los organizadores con una antelación
mínima de ocho días y en ella deberá expresarse lo siguiente:
a) Datos personales del solicitante;
b) Empresa organizadora;
c) Clase de espectáculo;
d) Lugar, día y hora de celebración;
e) Procedencia de las reses a lidiar;
f) Nombre de los lidiadores;
g) Clase y precio de las localidades;
h) Lugar, días y horas de venta al público;
i) Condiciones del abono si lo hubiere;
Junto con las solicitudes se acompañará por el interesado los siguientes documentos:
a) Certificación de arquitecto o ingeniero, en la que se haga constar que la plaza, cualquiera que sea
la categoría, reúne las condiciones de seguridad para la celebración del espectáculo de que se trate;
b) Certificación del Jefe de Equipos Quirúrgicos de la plaza de que la enfermería reúne las
condiciones mínimas necesarias para el fin a que está dedicada y dotada de los elementos
materiales y personales reglamentariamente establecidos y contrato de servicio de ambulancia;
c) Certificación veterinaria de que los corrales y chiqueros reúnen las condiciones higiénico-sanitarias
adecuadas.
Las certificaciones anteriores se presentarán únicamente al comunicar el primer festejo del año en
las plazas permanentes, sin perjuicio de la inspección que la administración pueda realizar en el
transcurso de la temporada;
d) Certificación de la Unión de Toreros de Colombia, tanto de la sección de matadores como de la
sección subalternos, donde conste que tanto la empresa organizadora como los matadores y
subalternos actuantes se encuentran a paz y salvo con esas entidades;
e) Constancia sobre la solicitud del servicio de policía;
f) Constancia de arrendamiento de la plaza;
g) Póliza de responsabilidad civil extracontractual, para cubrir cualquier riesgo de accidente, que con
motivo del festejo pueda producirse y para responder por los impuestos que el espectáculo cause a
favor del fisco municipal”.

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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

órgano administrativo es el competente para suspender o prohibir la celebración de
todo tipo de espectáculos taurinos, únicamente en plazas no permanentes o
portátiles, por no reunir los requisitos exigidos”. De igual forma razonó esta
Subsección18 en un caso que involucró, también, una plaza de toros portátil19.

23. Se agrega que el artículo 7120 de la Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana- dispone que toda actividad que involucre
aglomeraciones de público y que requiera permiso debe supervisarse e
inspeccionarse “por la autoridad municipal, distrital o competente, con el fin de
verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas y su correcto desarrollo”.
A su vez, el artículo 70 ibídem determina que la preparación, organización y
desarrollo de los “espectáculos taurinos” se realizarán de conformidad con lo
establecido “en las normas vigentes y en el plan de emergencias correspondiente”,
y que su cumplimiento deberá verificarse por las autoridades de Policía.

El caso concreto

24. Para resolver la apelación, la Sala considera pertinente reconstruir los hechos
relevantes del caso bajo examen.

25. Respecto la preparación y organización del evento taurino que se llevó a
cabo el 20 de agosto de 2018, se probó que el 4 de julio de 2018, la Alcaldía
Municipal de Usiacurí expidió el Decreto número 2018-07-04-01, por medio del cual
se anunció que entre el 11 y 20 de agosto de 2018 se celebrarían las “festividades
municipales” de la “virgen del tránsito”, en las que se desarrollarían una serie de
actividades -actos religiosos, culturales, recreativos, espectáculos taurinos,
musicales y bailes populares-. Por esa razón, se conformó una junta organizadora
de las fiestas patronales, con la responsabilidad de “velar por el cumplimiento y el
lleno de los requisitos que establezca la Ley y las normas de carácter nacional,
departamental y municipal para la realización de los eventos dispuestos”21.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de septiembre de 2019, exp. 49.931.
19 En ese caso, se demandó porque la gradería de una plaza de toros portátil -donde se desarrollaba

un evento taurino- se derrumbó, ocasionando lesiones a varias personas en el municipio de Nobsa
(Boyacá).
20 Este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-223 de

2017 pero, de acuerdo con esa decisión, la declaración de inexequibilidad se difería por un término
no mayor al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, hasta antes del 20 de junio de
2019. Como los hechos objeto de estudio ocurrieron el 20 de agosto de 2018, este artículo resulta
aplicable a esta controversia.
21 Folio 41 del documento denominado
“83_080012333000202000368012MemorialWeb20231019181859.pdf”, que obra en el índice 21 de
Samai.

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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

26. El 12 de julio de 2018, el señor Alberto Barrios Rodríguez dirigió una
“solicitud de permiso” a la alcaldía municipal de Usiacurí y a la Gobernación del
Atlántico, con la finalidad de realizar, en el marco de la celebración de las referidas
fiestas patronales, unas “tardes taurinas” los días 17, 18, 19 y 20 de agosto de 2018;
petición que formuló con el “compromiso de cumplir con las disposiciones
interpuestas por las autoridades pertinentes”22. Para tal fin, el 1° de agosto de 2018,
se constituyó la póliza de responsabilidad civil extracontractual número 75-02-
10100564723, en la que figura como tomador y asegurado “Alberto Barrios
Rodríguez” y como beneficiarios los “terceros afectados”; el objeto del seguro era
amparar “por lesiones o muerte a personas (…) derivados del evento denominado
festividades taurinas 2018, en el municipio de Usiacurí, que se realizará del día 17
al 20 de agosto de 2018” por la suma de $10’000.000.

27. El 6 de agosto de 2018, a través del radicado interno OPT número 300-0398,
el Jefe de Planeación y Turismo municipal de Usiacurí le remitió a la Secretaría de
Prevención y Atención de desastres de la Gobernación del Atlántico la
“documentación (…) aportada por Alberto Barrios Rodríguez, empresario para la
realización del evento taurino Corralejas en el municipio de Usiacurí, durante los
días (…) 20 de agosto de 2018”24. En el proceso no obra la referida “documentación”
allegada.

28. El 16 de agosto de 2018, la Subsecretaría de Prevención y Atención de
Desastres de la Gobernación del Atlántico le comunicó a la alcaldía de Usiacurí que
“después de realizada[s] las visitas para verificar el desarrollo de la construcción de
las estructuras de madera para la celebración de las corralejas (…) consideramos
que todas nuestras inquietudes fueron atendidas”; por lo que “autoriza[ron] la
realización [de] dicho evento”25.

29. Según la historia clínica del señor Luis Eduardo Cervantes Márquez, el 20
de agosto de 2018, a las 18:49 horas, fue atendido en el servicio de urgencias de la
Clínica Reina Catalina, por varias “heridas penetrantes” causadas por “corneada de

22 Folio 7 del documento denominado
“83_080012333000202000368012MemorialWeb20231019181859.pdf”, que obra en el índice 21 de
Samai.
23 Documento denominado “67_0072Otros_ED_0191POLIZAALBERT NroActua 2” del expediente

digital, que obra en índice 2 de Samai.
24 Folio 15 del documento denominado
“83_080012333000202000368012MemorialWeb20231019181859.pdf”, que obra en el índice 21 de
Samai.

25 Folio 20 del documento denominado
“83_080012333000202000368012MemorialWeb20231019181859.pdf”, que obra en el índice 21 de
Samai.

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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

toro”26. El señor Cervantes Márquez falleció ese mismo día27, minutos después, por
la “severidad de [sus] heridas en tórax con afectación de pulmón hemorragia
masiva”.

30. En el informe de necropsia28 que se le practicó al señor Luis Eduardo
Cervantes Márquez, se consignó que la causa de su muerte fue “trauma penetrante
a tórax por elemento corto contundente”29, siendo la misma “violenta [y] accidental”.
Asimismo, se indicó que en la inspección técnica al cadáver -documento que no fue
aportado a este proceso- se registró que Luis Eduardo Cervantes Márquez se
encontraba junto a su esposa Edith Isabel Torres Polo “en los alrededores de la
corraleja cuando de repente por una puerta donde son sacados los heridos salió un
toro que se encontraba dentro del ruedo, atacó y causó las heridas al señor Luis
Eduardo”.

31. En el trámite de primera instancia, se recibió el testimonio del señor Jimmy
Jiménez Patiño30, quien aseguró que el 20 de agosto de 2018 se encontraba en el
lugar en el que sucedió el accidente. Como recuento de los hechos, el declarante
indicó que Luis Eduardo Cervantes Márquez y Edith Isabel Torres de Cervantes se
encontraban “afuera de la corraleja, a unos 50 metros de dónde se salió el animal”
y que él estaba “unos metros más cerca”, que escuchó unos gritos y, después,
advirtió la presencia de un toro, que él tuvo “agilidad” y evitó que lo embistiera.

32. El testigo narró que el toro “cogió”, primero a Edith Isabel Torres “la levantó
[y] la tiró”; que Luis Eduardo Cervantes Márquez “estaba montado ya en una lomita
(…) a lo que él vio que el toro estaba cogiendo a la señora”, se bajó “a defenderla”;
y, acto seguido, el toro “lo levantó cuatro veces, después lo arrastró (…) y ahí fue
cuando lo fregó más, lo levantó otra vez y ahí fue cuando se fue ya”.

33. Por su parte, la señora Edith Torres de Cervantes, en su condición de
demandante, rindió interrogatorio de parte. En dicha diligencia expuso que ese día
se encontraba con su esposo Luis Eduardo Cervantes Márquez, aproximadamente

26 Folios 48 a 53 del documento denominado “4_0004Otros_ED_0011ANEXO2 NroActua 2.pdf” del

expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.
27 Al proceso se aportó, también, su registro civil de defunción, el que obra a folio 57 del documento

denominado “4_0004Otros_ED_0011ANEXO2 NroActua 2.pdf” del expediente digital, que obra en
índice 2 de Samai.
28
Número 20180108001000919.
29 Folios 54 y 55 del documento denominado “4_0004Otros_ED_0011ANEXO2 NroActua 2.pdf” del

expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.
30 Audiencia de pruebas que obra en el documento denominado
“28_0030Otros_ED_02020200036800J NroActua 2” del expediente digital, que obra en índice 2 de
Samai.

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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

a unos “50 metros de distancia” del lugar del que “salió el toro”, animal que “[la]
alcanz[ó] en la parte de atrás de la nalga”, que “de ahí no [se] d[io] cuenta de nada”
porque “lo que hi[zo] fue correr para buscar dónde ir a refugiar[se]”. En lo demás, su
declaración estuvo encaminada a describir las relaciones afectivas y económicas
de la víctima y las afectaciones que sufrió como consecuencia de su deceso.

La imputación del daño al municipio de Usiacurí

34. En la demanda se deprecó la responsabilidad patrimonial del municipio
demandado por el incumplimiento del deber general de vigilancia que le asistía, en
la medida que: i) “no [le] brindo la protección a quienes estaban dentro y fuera de
la corraleja”; ii) el evento en cuestión se “levantó” en “condiciones precarias” y iii)
no contaba con paramédicos que “atendieran de manera prioritaria a las personas
que resultaran lesionadas”.

35. El presente asunto debe analizarse bajo los postulados del régimen de
responsabilidad subjetivo, en la medida que se alegó una falla del servicio, derivada
de la omisión de la entidad territorial demandada frente a su deber legal de vigilar el
“espectáculo taurino”, por ser una actividad que involucraba aglomeraciones de
público y que requería de un permiso por parte de la Administración -en los términos
desarrollados en el acápite denominado marco jurídico aplicable a la controversia-.

36. Al respecto, esta Corporación31 ha señalado que en estos eventos, en los
que se debe determinar si se declara la responsabilidad del Estado como
consecuencia de la producción de daños por la omisión en el cumplimiento de
funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico, es necesario efectuar el contraste
entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para
el órgano administrativo implicado y el grado de cumplimiento u observancia del
mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro; así como
la relevancia jurídica de la omisión dentro del proceso causal de producción del
daño, atendiendo a la teoría de la causalidad adecuada.

37. Respecto las circunstancias en las que se produjo el daño cuya
indemnización se demanda, en este expediente únicamente se acreditó que el 20
de agosto de 2018, el señor Luis Eduardo Cervantes Márquez sufrió heridas por
“corneada de toro”, que le ocasionaron la muerte, mientras se encontraba a las
“afueras de una corraleja”. Los únicos medios probatorios que hacen referencia a

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de

marzo de 2007, expediente 27.434.

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Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

las condiciones en las que ocurrió la muerte de la víctima son un fragmento del
informe de necropsia que se le practicó al señor Cervantes Márquez; el testimonio
rendido en primera instancia por el señor Jimmy Jiménez Patiño y el interrogatorio
de parte de la señora Edith Torres de Cervantes.

38. Para la Sala las referidas pruebas, valoradas en conjunto, son insuficientes
para respaldar las afirmaciones realizadas en la demanda y soportar la
responsabilidad de la entidad territorial demandada.

39. En efecto, el testigo mencionado y la demandante se limitaron a decir que el
animal bravío “salió de la corraleja”. En ese sentido, el señor Jimmy Jiménez Patiño
se circunscribió a asegurar que “el animal [refiriéndose al toro] salió de la corraleja”,
pero a la pregunta de si tenía conocimiento de la razón por lo que ello sucedió y/o
si sabía si el animal “estaba en plena faena”, respondió lo siguiente: “bueno hasta
ahí no sabría decirle porque yo estaba afuera y yo cuando lo veo es que ya está
afuera no sé por qué pasó eso”. Por su parte, la señora Edith Torres de Cervantes
indicó que observó como el toro “salió directamente de la corraleja”, sin suministrar
ninguna información adicional.

40. Asimismo, aunque en el informe de necropsia se consignó que “en la
inspección técnica al cadáver” se registró que Luis Eduardo Cervantes Márquez se
encontraba junto a su esposa Edith Isabel Torres Polo “en los alrededores de la
corraleja cuando de repente por una puerta donde son sacados los heridos salió un
toro que se encontraba dentro del ruedo, atacó y causó las heridas al señor Luis
Eduardo”, aquello no pasa de ser una referencia a un documento -inspección
técnica de cadáver- que, se insiste, no fue aportado a este proceso.

41. Conforme a lo expuesto, la Subsección advierte que, a partir del material
probatorio obrante en el proceso, no es posible determinar cuál fue la causa que
ocasionó que el referido semoviente saliera de la plaza de toros portátil en la que
se realizaba el evento hacia el exterior; en otras palabras, las pruebas relacionadas
no dan cuenta de cuáles precisas circunstancias dieron o pudieron dar origen a la
vicisitud, siendo posible que fuera consecuencia de situaciones de variada
naturaleza que quedaron sin dilucidar.

42. Ese vacío demostrativo no solo impide determinar si medió relación o
conexión con alguna negligencia acontecida al interior del evento, sino que
imposibilita, con mayor razón, establecer las posibilidades reales que tenía el

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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
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Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

municipio, como llamado a ejercer la vigilancia sobre un evento de esa índole, para
evitar que esta situación se presentara.

43. Por las anteriores razones, no es posible atribuir responsabilidad al municipio
de Usiacurí por un suceso del que se desconoce, de manera fehaciente, sus
antecedentes, su causa y la manera en que ocurrió; circunstancias bajo las cuales
no es posible determinar qué acciones concretas debía o tuvo que adoptar y si fue
que las omitió, y si estas tienen un nexo de causalidad inexorable con la muerte de
Luis Eduardo Cervantes Márquez -por ejemplo, si la entidad territorial faltó a
controles o protocolos, o cuáles fueron los medios razonables o herramientas que
no activó para prevenir la ocurrencia del daño-.

44. Entonces, no es posible hacer un análisis integral de las circunstancias de
modo en las que ocurrió la muerte de la víctima, porque al expediente no se
allegaron otros elementos probatorios que condujeran a su demostración, pese a
que era carga de los actores, en los términos establecidos en el artículo 167 del
Código General del Proceso, que dispone que “[i]ncumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”32.

45. Por otra parte, es importante señalar que tampoco fueron allegados a este
proceso elementos de convicción que den cuenta de las supuestas “condiciones
precarias” con la que fue construida la plaza de toros portátil en la que se desarrolló
el evento taurino.

46. En cuanto a esto último, la Ley dispone que en este tipo de estructuras
portátiles -las construidas con elementos desmontables y trasladables, como
estructuras metálicas o de madera- resulta necesaria la autorización del alcalde
para la celebración de cualquier evento taurino, previa solicitud del respectivo
organizador; además, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 916 de 2004, esas
plazas deben cumplir con unas condiciones mínimas de instalación, dimensiones,
materiales y estructura, como por ejemplo, un espacio y diámetro determinado para

32 “Artículo 167. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el

efecto jurídico que ellas persiguen”.

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Referencia: Reparación directa

el ruedo33, una altura específica de las barreras34 y un número reglado de
burladeros35.

47. Está demostrado que el señor Alberto Antonio Barrios Rodríguez solicitó, de
forma previa, autorización al alcalde del municipio demandado para la realización
del evento taurino y que tal permiso le fue otorgado por la Administración, después
de que la subsecretaría de prevención y atención de desastres de la gobernación
del Atlántico realizara una visita presencial “para verificar el desarrollo de la
construcción de las estructuras de madera para la celebración de las corralejas”. No
obra en el expediente ninguna prueba indicativa de que la autorización estatal se
suministró sin el cumplimiento mínimo de los requisitos exigidos por la Ley 916 de
2004 y que guarden relación con el montaje de la estructura portátil.

48. No sobra agregar que, si bien la Sala desconoce si los materiales que se
usaron para la construcción de esa estructura eran “defectuosos”, tal y como lo
insinuó el extremo activo de la litis en su demanda, lo cierto es que el único testigo
que rindió su versión de los hechos ante el a quo, Jimmy Jiménez Patiño, al
preguntársele si tenía conocimiento del material que utilizaban para “levantar la
corraleja” y de su calidad, indicó que desconocía tal información. Se adiciona que
en el proceso no existe medio de convicción que demuestre que el semoviente se
salió del recinto taurino debido a los imperfectos y/o deterioro de los materiales
utilizados en su construcción.

49. En lo relacionado con la ausencia de paramédicos el día de los hechos, debe
decirse que la Ley 916 de 2004 determina que son los “organizadores del
espectáculo taurino” los que deben garantizar “la asistencia médica que fuere
precisa frente a los accidentes que puedan sufrir con ocasión de la celebración (…)
[de los mismos]”, la que, según la norma, debe contar con “la presencia de cuatro
(4) médicos especialistas, así: un cirujano, un anestesiólogo, un cardiólogo y un
traumatólogo” (artículo 11).

50. De lo anterior se colige que no era responsabilidad del municipio demandado
disponer de paramédicos propios para atender a las personas que pudieran resultar
lesionadas como consecuencia del evento taurino, pues, de conformidad con la

33 Según el artículo 12 de la Ley 916 de 2004: “[l]a arena de la plaza donde se desarrolla la lidia.

Tiene dos anillos concéntricos pintados sobre la arena, que hay que respetar según el Reglamento”.
34 Según el artículo 12 la Ley 916 de 2004: “[v]alla que circunda el coso donde se lidian los toros /

También el espacio o callejón comprendido entre la valla que rodea el ruedo y las localidades del
público / La primera fila del tendido”.
35 Según el artículo 12 la Ley 916 de 2004: “[e]s el sitio del ruedo para que los lidiadores se protejan

de la acometida del toro, o se coloquen para estar atentos durante la actuación del espada. En el
callejón es el lugar destinado al personal que no interviene directamente en la lidia”.

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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
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Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

norma transcrita, era al organizador del referido espectáculo, quien tenía el deber
de brindar la asistencia médica en caso de que se produjera algún accidente con
ocasión de ese evento.

51. Para finalizar, se precisa que, aunque el municipio de Usiacurí no contestó la
demanda, no puede aplicarse la consecuencia jurídica prevista en el artículo 97 del
Código General del Proceso36, esto es, tener por confesados los hechos de la
demanda. Lo anterior si se tiene en cuenta el contenido del artículo 195 ibidem,
según el cual no vale la confesión de los representantes de las entidades públicas,
cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén
sometidas, como lo es, en el sub lite, el municipio de Usiacurí. Así lo estableció la
Sección Segunda de esta Corporación37.

52. Descartada la responsabilidad bajo los postulados del régimen subjetivo, es
importante precisar que no se puede predicar una responsabilidad objetiva del
municipio demandado, derivada de la muerte del señor Luis Eduardo Cervantes
Márquez, toda vez que las pruebas que obran en el proceso no demuestran que, en
algún momento o por alguna circunstancia, el ente territorial tuviera la guarda
jurídica o material de los animales que participaron en el espectáculo en cuestión;
al contrario, se probó que fue un particular, sin vínculo o relación alguna con el
demandado, quien organizó el evento taurino del 20 de agosto de 2018; aspecto
este último que se estudiará a continuación.

53. En consideración a que no se acreditó el nexo de causalidad entre el daño
reclamado y las supuestas omisiones del municipio demandado; dicha circunstancia
no impide que la Sala advierta que, en el sub lite, está demostrado que fue un
particular -el señor Alberto Barrios Rodríguez-, sin vínculo o relación alguna con el
municipio de Usiacurí, quien organizó y tenía a cargo el evento taurino del 20 de
agosto de 2018, con todo lo que ello implica, desde la calidad logística hasta el
manejo de los animales fieros.

36 Artículo 97 del Código General del Proceso: “La falta de contestación de la demanda o de
pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones
contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en
la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto”.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 25 de agosto de 2022, radicación

230012333000201500044-01 (5633-2018), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Referencia: Reparación directa

55. Frente a este último aspecto se recuerda que, según el artículo 2353 38 del
Código Civil, el dueño de un animal o quien se “sirva”39 del mismo es responsable
de los daños causados por éste “aún después que se haya soltado o extraviado,
salvo que la soltura, extravío o daño no puede imputarse a culpa del dueño o del
dependiente, encargado de la guarda o servicio del animal”.

56. Bajo ese entendido, el mencionado empresario era quien eventualmente
tendría la responsabilidad de reparar los daños que causara el toro que estaba bajo
su guarda jurídica y material, en tanto que sobre éste ejercía su tenencia y
posiblemente lo explotaba con fines de lucro.

57. En conclusión, no se le puede atribuir responsabilidad alguna al municipio
de Usiacurí por un daño respecto del cual no tuvo participación ni por acción u
omisión, y que, como quedó demostrado, fue organizado por un tercero sin nexo
o vínculo con el ente territorial demandado”.

58. Por todo lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

La condena en costas

59. De conformidad con el artículo 18840 del CPACA y con la disposición especial
del artículo 36541 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte que
resulte vencida en el proceso, en este caso, la demandante42. Además, el artículo
365 ejusdem, en el numeral 4, dispone que cuando la sentencia de segunda

38 Artículo 2353 del Código Civil: “El dueño de un animal es responsable de los daños causados por

el mismo animal, aún después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o
daño no puede imputarse a culpa del dueño o del dependiente, encargado de la guarda o servicio
del animal. Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva de un animal ajeno; salva
su acción contra el dueño si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio del animal, que el dueño,
con mediano cuidado o prudencia, debió conocer o prever, y de que no le dio conocimiento”.
39 Esta Corporación ha determinado que si la causa del daño radica en “la fiereza del animal” deberá

aplicarse el artículo 2354 del Código Civil, que dispone, textualmente, que: “el daño causado por un
animal fiero, de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre
imputable al que lo tenga; y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído”. En el sub
lite resulta aplicable el artículo 2353 del Código Civil porque todo indica que el particular explotaba
el semoviente con fines de lucro.
40 Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (…).
41 Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación (subrayado fuera del texto).
42 El otro supuesto que contiene el artículo 365 del CGP, “o a quien se le resuelva desfavorablemente

el recurso de apelación”, no resulta aplicable, pues en este caso la parte demandante no interpuso
recurso de apelación.

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instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar
las costas de ambas instancias.

60. En primera instancia, aunque el municipio de Usiacurí y el departamento del
Atlántico no contestaron la demanda, ambas entidades asistieron a las dos
audiencias programadas -la inicial y la de pruebas- y presentaron sus respectivos
alegatos de conclusión43. En segunda instancia, el municipio de Usiacurí interpuso
recurso de apelación contra el fallo del a quo, mientras que el departamento del
Atlántico no intervino de ninguna forma.

61. El hecho de que el departamento del Atlántico no hubiese alegado de
conclusión en segunda instancia, no desvirtúa que, en todo caso, tal entidad
territorial contó con un apoderado que asumió su representación judicial y que debió
ejercer una labor de vigilancia de este proceso, pues así lo ha considerado esta
Subsección en varias oportunidades44.

62. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que el hecho de que la situación
del departamento del Atlántico quedara definida en la primera instancia, debido a
que la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico declaró su
falta de legitimación en la causa por pasiva, sin que tal aspecto fuera objeto de
apelación; constituye una razón suficiente para no fijar agencias en derecho en
segunda instancia en favor del aludido departamento.

63. Por lo anterior, la Sala fijará las agencias en derecho de ambas instancias,
que estarán a cargo de la parte actora, así: i) en relación con la primera instancia,
se fijan en el 0,1% de las pretensiones, que equivale a NOVECIENTOS OCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($908.298). Por lo tanto, corresponde
la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA
Y NUEVE PESOS ($454.149) para cada una de las entidades demandadas:
municipio de Usiacurí y departamento del Atlántico- y ii) en la segunda instancia,
se fijan en 1 SMLMV - únicamente en favor del municipio de Usiacurí, por las
razones expuestas-.

43 Los alegatos del municipio de Usuacurí obran en el documento
“38_0041Otros_ED_ALEGATOS_ALEGATOS226DENOV NroActua 2” y los del departamento del
Atlántico en el documento “34_0037Otros_ED_ALEGATOS_ALEGATOSCONCLUSION NroActua 2”
del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.
44 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia del 19

de febrero de 2021, exp. 64401 y sentencia del 19 de marzo de 2021, exp. 63836.

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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

64. En este caso, por la cuantía de las pretensiones económicas de la demanda
que fueron negadas y ascendieron a la suma de $908’298.32645, se fijan las
agencias en derecho en las tarifas mencionadas, en aplicación del parágrafo 3° del
artículo 3 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, que señala que “la fijación de las
agencias en derecho se hará mediante una ponderación inversa entre los límites
mínimo y máximo y los valores pedidos”, criterio con base en el cual esta
Subsección46 ha establecido porcentajes similares, en procesos con cuantías altas
y en los que aplicar otra tarifa47 resultaría demasiado oneroso.

65. Se aclara, para finalizar, que la parte actora se encuentra integrada en forma
plural, por lo que la condena en costas será pagada por cada uno de los
demandantes en función de su particular interés en las resultas del proceso, según
dispone el numeral 6 del artículo 365 del CGP48, de la siguiente manera49:

Demandante Pretensión del Porcentaje respecto
proceso de de las costas
reparación
directa
Edith Torres de Cervantes -cónyuge de la víctima- $522’271.540 57.6%
Jorge Luis Cervantes Torres -hijo de la víctima- $22’707.458 2.499%
Walter José Cervantes Torres -hijo de la víctima- $22’707.458 2.499%
Milena Patricia Cervantes Torres -hija de la $22’707.458 2.499%
víctima-
Nelsy Esther Cervantes Torres -hija de la víctima- $22’707.458 2.499%
Enith María Márquez de Cervantes -madre de la $22’707.458 2.499%
víctima-
Nicolás Antonio Cervantes Márquez - padre de la $22’707.458 2.499%
víctima-
Bleyner Eduardo Cervantes Jiménez -nieto de la $22’707.458 2.499%
víctima-
Katy Julieth Cervantes Jiménez -nieta de la $22’707.458 2.499%
víctima-
Zaira Nicole Cervantes Jiménez -nieta de la $22’707.458 2.499%
víctima-

45
Ver la demanda, en documento denominado
“3_0003Otros_ED_00120200036800J%20NroActua%202%20(2).pdf” del expediente digital, que
obra en índice 2 de Samai.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 22 de abril de 2022, expediente 57.365.
47 Se precisa que el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016 por el

Consejo Superior de la Judicatura, consagró que para los procesos declarativos en general, cuando
en la demanda se formularan pretensiones de contenido pecuniario, las agencias en derecho debían
fijarse: i) en primera instancia, en los procesos de mayor cuantía, “entre el 3% y el 7.5% de lo pedido”
y ii) en segunda instancia, entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
48 “Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez

los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se
entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos”.
49 El porcentaje se fija según lo pretendido por cada uno de los demandantes, es decir, según su

interés patrimonial.

19

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

Yajaira Paola Silvera Cervantes -nieta de la $22’707.458 2.499%
víctima-
Jaileth Patricia Silvera Cervantes -nieta de la $22’707.458 2.499%
víctima-
Kenner Adrian Correa Cervantes -nieto de la $22’707.458 2.499%
víctima-
Carlos Alberto Martínez Cervantes -nieto de la $22’707.458 2.499%
víctima-
Meryeth Alejandra Cervantes Sierra -nieta de la $22’707.458 2.499%
víctima-
Matius Stiven Martínez Cervantes -nieto de la $22’707.458 2.499%
víctima-
Julio Cesar Cervantes Márquez -hermano de la $22’707.458 2.499%
víctima-
Ana Judith Cervantes Márquez -hermana de la $22’707.458 2.499%
víctima-
TOTAL $908.298.326 100%

66. Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a
quo, en los términos del artículo 366 del CGP50.

67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de enero de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte actora, las cuales
serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

Para el efecto, las agencias en derecho a cargo de la parte actora, y en favor del
municipio de Usiacurí y del departamento del Atlántico, se fijan: i) en primera
instancia, en el 0,1% de las pretensiones, que equivale a NOVECIENTOS OCHO
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($908.298). Por lo tanto,
corresponde la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($454.149) para cada una de las entidades

50 “Artículo 366. Las cosas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas […]”.

20

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00368-01 (69.901)
Actor: Edith Isabel Torres de Cervantes y otros
Demandado: Departamento del Atlántico y otro
Referencia: Reparación directa

demandadas: municipio de Usiacurí y departamento del Atlántico- y ii) en la
segunda instancia, se fijan en 1 SMLMV - únicamente en favor del municipio de
Usiacurí, por las razones expuestas-.

El monto del salario mínimo legal mensual será el que se encuentre vigente a la
fecha de ejecutoria de la presente sentencia.

Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los
términos señalados en el artículo 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente de este proceso al Tribunal de origen y, acto seguido, FINALIZAR y
ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de
Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

21

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