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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00386-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00386-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en tanto inaplicó por inconvencional el numeral 1.° del artículo 45 de la Ley 734 de 2002, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia de fecha 14 de junio de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico concedió parcialmente las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el señor Johnny Eduardo Pulgar Severiche y otros en contra de la Procuraduría General de la Nación. TERCERO. SIN CONDENA en costas en esta instancia. CUARTO. RECONOCER personería al abogado Ebro Rafael Verdeza Pacheco, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 12.619.331, portador de la tarjeta profesional nro. 141.476 del C.S de la J., como apoderado de la parte demandante, conforme al poder obrante en índice 23 de la plataforma SAMAI. QUINTO. RECONOCER personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 79.399.935, portador de la tarjeta profesional nro. 72.169 del C.S de la J., como apoderado de la parte demandada, conforme al poder obrante en índice 12 de la plataforma SAMAI. 27 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad corresponde al Código General del Proceso. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 19 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 08001-23-33-000-2020-00386-01 (4322-2024) Demandante: Johnny Eduardo Pulgar Severiche y otros SEXTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2020-00386-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00386-01 (4322-2024)
Demandante: Johnny Eduardo Pulgar Severiche y otros1
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Temas: Competencia de la Procuraduría General de la Nación para
investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores
públicos elegidos por voto popular. Tipicidad de la falta
endilgada al actor
Decisión: Revocar parcialmente la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverán los recursos de apelación presentados por las
partes demandante y demandada y el Agente del Ministerio Público contra la
sentencia del 14 de junio de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Atlántico concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de las siguientes decisiones:
i) el fallo disciplinario del 11 de julio de 2019, dictado por la Procuraduría Provincial
de Santa Marta, a través del cual se sancionó al señor Johnny Eduardo Pulgar
Severiche -entre otros- con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de
empleos públicos por el término de diez (10) años; ii) el fallo de segunda instancia
de fecha 16 de diciembre de 2019, mediante el cual la Procuraduría Regional del
Magdalena confirmó la anterior decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho se exigió:

i) La eliminación de la sanción impuesta en el registro de antecedentes
disciplinarios para el ex concejal;

ii) La indemnización del daño emergente representado en los dineros que tuvo
que pagar el actor a su abogado para que asumiera su defensa en el proceso
sancionatorio, así como en el lucro cesante presente y futuro.

1 Los demás integrantes de la parte actora son María Elena Flórez Sánchez (compañera permanente), Johnny

Pulgar Parada (hijo) y Sergio Pulgar Parada (hijo).

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Demandante: Johnny Eduardo Pulgar Severiche y otros

iii) El resarcimiento de los daños morales provocados con la sanción objeto de
reproche.

4. Asimismo, se pidió el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos
en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), junto con la condena en costas de la entidad accionada.

5. Hechos. Se referenciaron como tales los siguientes:

6. El señor Johnny Eduardo Pulgar Severiche fue elegido concejal de Soledad
(Atlántico) para los periodos constitucionales 2012-2015 y 2016-2019.

7. En el año 2016, el alcalde de esa localidad presentó al concejo municipal el
proyecto de acuerdo encaminado a crear el Fondo de Fomento para el Desarrollo
del Deporte. Luego de surtirse el trámite correspondiente, la iniciativa fue aprobada
y se convirtió en el Acuerdo nro. 000199 del 7 de marzo de 2016.

8. Como consecuencia de una queja formulada por un ciudadano contra todos los
concejales que participaron en la aprobación del acuerdo, la Procuraduría Provincial
de Barranquilla, mediante auto del 21 de junio de 2016, abrió indagación preliminar
y, posteriormente, el 27 de octubre del mismo año, dispuso la apertura de
investigación disciplinaria.

9. Entre tanto, a través de la Resolución nro. 710 del 27 de octubre de 2016, la
procuradora general de la Nación designó a la Procuraduría Provincial de Santa
Marta como autoridad competente para continuar con el trámite de la actuación
disciplinaria. Pese a ello, con posterioridad a dicha decisión, la Provincial de
Barranquilla practicó una visita especial y ordenó el recaudo de pruebas.

10. El 19 de septiembre de 2018, la Procuraduría Provincial de Santa Marta formuló
pliego de cargos a los concejales —entre ellos, el señor Pulgar Severiche—, a
quienes imputó, a título de dolo, la comisión de la falta gravísima descrita en el
numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

11. Finalmente, la actuación concluyó con la expedición de los actos demandados,
en los que se impuso el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general
para ocupar cargos públicos por el término de diez (10) años.

12. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, los actos enjuiciados
infringieron las siguientes disposiciones: artículos 2.°, 29, 90 y 93 de la Constitución
política; 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 4.°, 6.°, 13, 141 y
142 de la Ley 734 de 2002; y 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011. En el concepto de
violación, la abogada de la parte actora expuso lo siguiente:

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13. En primer lugar, sostuvo que los actos demandados desconocieron el artículo
23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto, a su juicio,
dicha disposición establece que la restricción de los derechos políticos de servidores
elegidos por voto popular únicamente puede provenir de una condena penal en
firme y no de una decisión adoptada por una autoridad administrativa. En ese
contexto, consideró que la Procuraduría General de la Nación carecía de
competencia para imponer la sanción de destitución e inhabilidad y que, por tanto,
los actos acusados se encontraban viciados de nulidad.

14. En segundo lugar, afirmó que la Procuraduría Provincial de Barranquilla
continuó realizando actuaciones dentro del proceso disciplinario, pese a que la
procuradora general de la Nación había designado a la Procuraduría Provincial de
Santa Marta como autoridad competente para adelantar la actuación. Esta
irregularidad fue puesta de presente ante la primera instancia disciplinaria, que la
desestimó bajo el argumento de que no correspondía a ninguna de las causales de
nulidad previstas en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002. Sin embargo, para la
parte actora, esa circunstancia no eliminaba la vulneración del debido proceso.

15. En tercer lugar, sustentó que se desconoció el principio de legalidad, debido a
que la autoridad disciplinaria efectuó una indebida adecuación típica de la conducta.
A su juicio, en el pliego de cargos se le reprochó al actor haberse extralimitado en
el ejercicio de sus funciones y actuar sin contar con facultades legales o
reglamentarias, pese a que la falta endilgada solo cuestiona el ejercicio de
potestades propias del empleo o función para una finalidad distinta de aquella
prevista en la norma que las confiere.

16. En consecuencia, manifestó que no era claro si el correctivo disciplinario fue
impuesto por: i) ejercer funciones más allá de lo permitido; ii) haber actuado sin estar
facultada para ello o, iii) usar las facultades concedidas por el ordenamiento para
una finalidad distinta.

17. También alegó la vulneración del derecho de contradicción, porque el 6 de
diciembre de 2016 se practicó una visita especial en las instalaciones del Concejo
Municipal de Soledad, durante la cual se recaudaron documentos que no fueron
puestos en conocimiento de los sujetos procesales, los cuales se utilizaron como
fundamento para la formulación de cargos y la imposición de la sanción disciplinaria.

18. De otra parte, cuestionó que la autoridad disciplinaria hubiera concluido, de
manera simplista, que la conducta afectó sustancialmente la función pública por la
sola circunstancia de haberse configurado una presunta extralimitación en el
ejercicio de las funciones.

19. Asimismo, destacó que se imputó la modalidad dolosa sin sustento probatorio y
sin desglosar cada elemento axiológico de aquellos que componen esa forma del
elemento subjetivo y en su lugar, se acudió a componentes inherentes a la culpa,

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pues se le reprochó la omisión en la realización de un análisis de los aspectos
fácticos y jurídicos previos a la aprobación del Acuerdo y, con fundamento en ello,
se concluyó que los concejales direccionaron su actuar de manera consciente y
voluntaria para infringir el ordenamiento jurídico, para lo cual se tomó como único
elemento la existencia de un «antecedente» respecto de los tributos para la
financiación del fondo del deporte, relacionado con la expedición de un Acuerdo en
2008, que fue declarado ilegal por el mismo concejo en 2013.

20. Finalmente, añadió que se desconoció el principio de proporcionalidad de la
sanción, lo que se derivó de los graves errores en que incurrió la autoridad respecto
de la tipificación de la falta y la calificación de la culpabilidad. Que, de manera
inexplicable, no se tuvo en cuenta que la conducta no fue constitutiva de actos de
corrupción, no perturbó un servicio público esencial, ni implicó la desviación de
recursos públicos. Por ello, un correctivo como el impuesto resulta lesivo de sus
derechos y garantías procesales.

21. Contestación de la demanda. Oportunamente, la entidad demandada contestó
la demanda en los siguientes términos2:

22. Señaló que, si bien la jurisprudencia ha reconocido que el control judicial de los
actos administrativos sancionatorios es integral, ello no significa que el juez de lo
contencioso administrativo actúe como una tercera instancia. En ese sentido,
sostuvo que el control judicial recae sobre la validez de la actuación y no sobre la
mera corrección de las interpretaciones adoptadas por la autoridad disciplinaria, de
manera que una diferencia hermenéutica no constituye, por sí sola, fundamento
suficiente para declarar la nulidad de los actos sancionatorios.

23. En esa línea, manifestó que debe respetarse el ámbito de competencia del
operador disciplinario y el margen de interpretación que le corresponde al resolver
las controversias sometidas a su conocimiento, siempre que su actuación se ajuste
al ordenamiento jurídico.

24. Por otro lado, advirtió que en el proceso sancionatorio se respetaron las
garantías fundamentales del demandante, en tanto: i) el trámite administrativo se
adelantó de cara a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, ii) se le permitió ejercer su
derecho de contradicción —presentación de descargos, alegatos de conclusión,
apelación del fallo de primera instancia—, iii) se efectuó una adecuada
individualización de la conducta objeto de reproche y, iv) la sanción impuesta
atendió a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

25. Asimismo, explicó que en el municipio de Soledad existía como antecedente el
Acuerdo nro. 81 del 15 de julio de 2008, mediante el cual se creó el Fondo Municipal
de Fomento y Desarrollo del Deporte y se establecieron dos fuentes de financiación:

2 Carpeta «CONTESTACIÓN», documento «CONTESTACIÓN DEMANDA», contentiva en el expediente digital,

el cual puede ser descargado en la opción de «Gestionar documentos» de la plataforma SAMAI.

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i) los recursos provenientes del porcentaje fijado en el presupuesto de rentas y
gastos del municipio para tal fin y, ii) los recursos derivados del pago del 1,5 %
sobre el valor de los convenios y contratos celebrados por el municipio y sus
organismos descentralizados, cuya cuantía fuera igual o superior a veintiséis (26)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

26. Indicó que esta última fuente de financiación fue excluida del Estatuto Tributario
municipal adoptado mediante el Acuerdo nro. 168 de 2013. Para sustentar esta
afirmación, citó la exposición de motivos, en la cual el entonces alcalde manifestó
que la contribución para el fomento del deporte había sido constituida ilegalmente,
dado que la Ley 19 de 1991 no creó tributo alguno, sino que únicamente exhortó a
los municipios a establecer fondos destinados al fomento deportivo.

27. Pese a ese antecedente, el proyecto presentado en 2016 fue tramitado y
aprobado por el concejo municipal sin reparo alguno por parte de los cabildantes,
entre ellos el demandante, quien votó favorablemente la iniciativa a pesar de
conocer que la misma fuente de financiación había sido excluida previamente del
estatuto tributario municipal.

28. En ese contexto, afirmó que la iniciativa presentada por el alcalde no se sometió
a ningún análisis sobre su procedencia, que era lo esperado respecto del ejercicio
de las funciones de los concejales; de allí que se hubiese concluido que con su
conducta lesionaron los principios de moralidad y legalidad y se consideró que este
se adecuaba a la falta del numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en la
medida en que los cabildantes fijaron un tributo que la ley no los había facultado
para crear, lo que representa una clara extralimitación en el ejercicio de sus
funciones.

29. Por último, aseguró que el dolo se encontró acreditado en la medida en que
existió voluntad por parte de los concejales, entre ellos la demandante, para
desatender la normativa y el conocimiento pleno de la ilicitud de su conducta, de
manera tal que esta resultó contraria a los deberes que les eran exigibles y, en ese
orden, la autoridad no desconoció los elementos necesarios para endilgar la
modalidad dolosa del comportamiento.

30. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 14 de junio de 2024, a través
de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda, al considerar que la Procuraduría General de la Nación
carecía de competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a los
servidores públicos elegidos democráticamente, de conformidad con lo establecido
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

31. En consecuencia, inaplicó por inconvencional el numeral 1.° del artículo 45 de

3 Carpeta «005_5ED_EXPEDIENTE_OneDrive», documento «21.SENTENCIA 2020-00386», ibidem.

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la Ley 734 de 2002, declaró la nulidad de los fallos enjuiciados y negó la
indemnización de los perjuicios solicitados, debido a su falta de acreditación.

32. Recursos de apelación4. Oportunamente, las partes y el Agente del Ministerio
Público impugnaron esa decisión, en los siguientes términos:

33. Parte demandada. De acuerdo con la estructura del Estado colombiano, la
Procuraduría tiene plena competencia para investigar y sancionar al demandante,
pues así se desprende del numeral 6.° del artículo 277 constitucional, norma que se
ha desarrollado en distintas disposiciones legales, entre ellas, las Leyes 200 de
1995, 734 de 2002, 1952 de 2019 y 2094 de 2021.

34. Agregó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
ha reconocido de manera reiterada la competencia de la Procuraduría General de
la Nación en estos casos. En particular, recordó que en la sentencia C-028 de 2006
se precisó que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
no podía interpretarse de manera aislada y que, en ese contexto, las facultades
disciplinarias de la entidad no resultaban incompatibles con dicho instrumento
internacional.

35. Sostuvo que el precedente constitucional contenido en esa providencia y en las
sentencias SU-712 de 2013, C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C-
085 de 2019, C-111 de 2019, C-325 de 2021 y C-030 de 2023, respaldan la
constitucionalidad de la competencia de la Procuraduría para investigar y sancionar
disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluso los elegidos
popularmente.

36. En síntesis, advirtió que existe cosa juzgada constitucional en cuanto a la
competencia disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, por lo que,
inaplicar por inconvencional el artículo 44-1 del Código Disciplinario Único no es
acertado.

37. Agente del Ministerio Público. Si bien en la sentencia del 8 de julio de 2020,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Petro Urrego vs.
Colombia, interpretó el alcance del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, ello no implicaba dejar sin efectos las actuaciones
disciplinarias adelantadas contra servidores públicos de elección popular que
hubieran culminado con sanciones de destitución e inhabilidad general.
38. Luego de referirse al derecho interno, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el control de convencionalidad y a diversas providencias sobre la materia,
concluyó que la Procuraduría General de la Nación sí era competente para
investigar y sancionar al actor, máxime cuando, a su juicio, la conducta reprochada
tenía connotaciones asociadas a un acto de corrupción.

4 Archivos 23, 24 y 26, ibidem.

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39. Explicó que dicha circunstancia se configuraba porque el servidor público, sin
justificación alguna, se apartó de sus deberes constitucionales y legales al participar
en la votación del acuerdo municipal, con desconocimiento del ordenamiento
jurídico aplicable.

40. Por último, destacó que durante la actuación disciplinaria se garantizó
plenamente el derecho del debido proceso en todas sus facetas. Asimismo, afirmó
que se encontraban acreditados los elementos necesarios para estructurar la falta
prevista en el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, toda vez que la
fuente de financiación del fondo para el deporte había sido eliminada del Estatuto
Tributario municipal adoptado en el año 2013.

41. Parte demandante: Adujo que la sanción de destitución e inhabilidad por diez
(10) años afectó su buen nombre, reputación, carrera política y posibilidades
laborales en el sector público. Además, generó angustia e incertidumbre en su
compañera permanente y su hijo.

42. Aseveró que la sanción constituyó un hecho notorio por la amplia difusión que
tuvo en los medios de comunicación y que, además, la destitución y la inhabilidad
producían consecuencias jurídicas directas previstas en la ley. Por ello, consideró
que no era necesario aportar prueba adicional para demostrar la publicidad ni la
repercusión de la medida disciplinaria.

43. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia únicamente
en lo relacionado con la negativa a reconocer los perjuicios morales reclamados.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

44. La admisión de los recursos. Mediante auto del 25 de septiembre de 2024 se
admitieron los recursos de apelación5. Dentro de la oportunidad prevista no se
registraron intervenciones de las partes ni del Agente del Ministerio Público
Delegado ante esta corporación.

45. Control de legalidad6. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverán las apelaciones, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES

46. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Sala de
Subsección es competente para resolver los recursos de apelación de la referencia.

5 Ver índice 4 de la plataforma SAMAI.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».

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47. Problemas jurídicos. Atendiendo los argumentos planteados en los recursos
de apelación, se determinará sí:

48. ¿La Procuraduría General de la Nación es competente para investigar y
sancionar disciplinariamente a los servidores públicos de elección popular?

49. De resolverse favorablemente el anterior interrogante, la Sala resolverá si ¿la
falta disciplinaria atribuida al actor provino de un adecuado juicio de adscripción
típica, una correcta determinación de la ilicitud sustancial y una debida valoración
de la culpabilidad, conforme a los presupuestos exigidos por el derecho
disciplinario?

50. ¿Los demandantes tienen derecho a la indemnización de los perjuicios
reclamados en la demanda?

51. Caso concreto.

52. Primer interrogante: ¿la Procuraduría General de la Nación es competente
para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos de elección
popular?

53. En sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional estudió la demanda de
inconstitucionalidad presentada en contra del numeral 1.° del artículo 44, el literal d)
del artículo 45 y el inciso 1.° del artículo 46 de la Ley 734 de 2002. En aquella
oportunidad, ese tribunal indicó que la facultad otorgada a la PGN para sancionar a
los servidores públicos de elección popular no contrariaba los artículos 93 de la carta
magna y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH).

54. Después de esta decisión, al interior de dicha Corte se consolidó una línea
jurisprudencial —SU-712 de 2013, C-086 de 2019, C-111 de 2019, C-030 de 2023,
SU-381 de 2024 y SU-382 de 2024— que ratificó la competencia del ente de control
para sancionar a tales servidores.

55. Por su parte, la Subsección B de la Sección Tercera7 de
esta corporación, al resolver una acción de tutela presentada por la Procuraduría
General de la Nación contra las Subsecciones «A» y «B» de la Sección Segunda
de este mismo tribunal, amparó los derechos fundamentales de la entidad
accionante, al considerar que se había desconocido el precedente antes expuesto.

56. Además, en esta providencia se reafirmó el principio de cosa juzgada
constitucional al exponer que, en el Auto de Unificación del 3 de diciembre de 20248,

7 Sentencia del 24 de febrero de 2025, expediente nro.
11001-03-15-000-2024-04153-00, acumulado con los
expedientes nro. 11001-03-15-000-2024-03980-00, 11001-03-15-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-
05727-00, C.P. Alberto Montaña Plata.
8 Expediente nro. 11001-03-15-000-2023-00871-00, demandante: Esther María Jalilie García.

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la Sala Plena de esta corporación reiteró que las sentencias de constitucionalidad
signadas por la Corte —entre ellas, la C-030 de 2023— son vinculantes y no admiten
reinterpretaciones basadas en estándares convencionales posteriores.

57. Por lo que sigue, esta Sala considera que le asiste razón a la parte demandada
y al Agente del Ministerio Público delegado ante el tribunal de primer grado, pues la
PGN sí tiene competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a los
servidores de elección popular, razón por la cual se revocará el ordinal primero de
la sentencia apelada y en consecuencia, se analizarán los elementos de la
responsabilidad disciplinaria, con el fin de determinar si los actos administrativos se
encuentran ajustados al ordenamiento jurídico.

58. Segundo interrogante: ¿la falta disciplinaria atribuida al actor provino de un
adecuado juicio de adscripción típica, una correcta determinación de la ilicitud
sustancial y una debida valoración de la culpabilidad, conforme a los presupuestos
exigidos por el derecho disciplinario?

59. La tipicidad como elemento de la responsabilidad disciplinaria.

60. Conforme al artículo 16 de la Ley 734 de 2002, el derecho disciplinario cumple
una doble función: preventiva y correctiva. En esa medida, no solo busca evitar
comportamientos contrarios al orden jurídico, sino también corregir aquellos que
afectan la buena marcha de la administración y comprometen la efectividad de los
fines estatales y de los principios que orientan la función pública 9.

61. Para alcanzar esos fines, el artículo 23 ibidem concibió la falta disciplinaria como
la incursión en cualquiera de las conductas previstas en ese código que conlleve el
incumplimiento de los deberes, la extralimitación en el ejercicio de los derechos o
las funciones, el desconocimiento de régimen de prohibiciones o la vulneración del
sistema de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y/o de los conflictos de
intereses, siempre que no medie una causal de exclusión de responsabilidad.

62. A esta exigencia previa, derivada del debido proceso y del principio de legalidad,
se le denomina «tipicidad»10, la cual demanda que el legislador describa de manera
completa, clara e inequívoca los comportamientos sancionables, de modo que se
les permita a sus destinatarios conocer con anterioridad las acciones y omisiones

9 En sentencia C-030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho disciplinario,

la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen desempeño de los
servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su comportamiento en lo
referente al ejercicio de su cargo o función, “…fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran,
limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que al ser
desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus correspondientes
sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)
10 En el artículo 4 del CDU se establece «[e]l servidor público y el particular en los casos previstos en este código

sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta
en la ley vigente al momento de su realización.»

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prohibidas y, además, las sanciones que amerita su realización. En sentencia C-
030 de 201211, la Corte Constitucional expresó:

«[…] En relación con este principio, la jurisprudencia constitucional ha precisado que
hace parte esencial del principio ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, de manera
que se exige que “la abstracta descripción que tipifica el legislador con su
correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario
conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la
indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria”. Así mismo, ha
expresado que con base en este principio “el legislador no solo esta obligado a
describir las conductas que califica como hechos punibles o infracciones
disciplinarias, sino además a hacerlo de forma completa, clara e inequívoca, de
manera que permita a sus destinatarios tener certidumbre o certeza sobre los
comportamientos ilícitos, es decir, de saber con exactitud hasta donde llega la
protección jurídica de sus propios actos o actuaciones […]».

63. En consecuencia, este elemento, además de exigir del legislador su
determinación completa, clara y concreta, también requiere del operador
disciplinario un juicio lógico – jurídico riguroso, en orden a precisar si la conducta
investigada se subsume íntegramente en la descripción legal concebida como falta.

64. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el que las
conductas delictivas están taxativamente fijadas por el legislador, en el derecho
disciplinario ha sido imposible catalogar todos los comportamientos constitutivos de
falta. Por tanto, se ha autorizado y validado el uso de tipos abiertos y/o en blanco,
en orden a garantizar la precisión típica frente al proceder del servidor público,
mediante la remisión a un conjunto sistemático de normas que regulan la función
pública y, además, establecen los deberes y prohibiciones que deben ser
respetados durante su ejercicio, so pena de las sanciones dimanadas de su
incumplimiento.

65. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la providencia que se viene
citando, expresó:

«[…] 5.5 En relación con la primera de las diferencias mencionadas, esta
Corporación ha admitido la validez, desde el punto de vista constitucional, de que
las normas que fijen deberes o faltas disciplinarias constituyan “tipos abiertos” o
“conceptos jurídicos indeterminados”.

(i) El concepto jurídico de “tipos abiertos” hace referencia a “aquellas infracciones
disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado
detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un
complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se
consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los
servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina
por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la
prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento

11 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.

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de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción
disciplinaria”12».

66. En consecuencia, el concepto jurídico de tipos abiertos en materia disciplinaria
hace referencia a una regulación genérica con una textura normativa abierta que,
por tanto, amerita un complemento legal para su interpretación y aplicación y, en
consecuencia, remite para su determinación en concreto a aquellas disposiciones
que consagran los deberes, las obligaciones, los mandatos y/o las prohibiciones
para los diferentes servidores públicos.

67. Por su parte, frente a los llamados «tipos en blanco», ha considerado la Corte
que se ajustan al principio de tipicidad y son admisibles constitucionalmente, en los
casos en que el correspondiente reenvío normativo permita al operador jurídico
establecer y determinar inequívocamente el alcance de la conducta reprochable y
de la sanción correspondiente.

68. Así, en principio, es válido el establecimiento de tipos disciplinarios que ostentan
un grado de determinación menor que los tipos penales, sin que ello signifique que
la imprecisión en la descripción de la conducta sancionable conduzca a la violación
del principio de tipicidad13.

69. Así mismo, ha sostenido la jurisprudencia de esa Corte que las razones
constitucionales que justifican la validez de los tipos en blanco o abiertos en el
derecho disciplinario, se encuentran en la necesidad de salvaguardar el principio de
eficiencia de la función pública, consagrado en el artículo 209 Superior.

70. En este sentido, esa corporación ha reconocido que:

«[…] se justifica este menor requerimiento de precisión en la definición del tipo
disciplinario por el hecho que de asumir una posición estricta frente a la aplicación
del principio de tipicidad en este campo llevaría simplemente a transcribir, dentro de
la descripción del tipo disciplinario, las normas que consagran los deberes,
mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos”,20 y que “exigir una
descripción detallada en la ley disciplinaria de todos los comportamientos
susceptibles de sanción, conduciría en la práctica a tener que transcribir todo el
catálogo de deberes, mandatos y prohibiciones que se imponen a los servidores
públicos en las distintas normas jurídicas, traduciéndose dicha exigencia en un
obstáculo para la realización coherente, ordenada y sistemática de la función
disciplinaria y de las finalidades que mediante ella se pretenden, cuales son, “la
prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del
cumplimiento de los fines y funciones del Estado” […]14».

71. Todo lo anterior exige por parte del operador disciplinario el despliegue de un
juicio de adecuación típica enmarcado dentro del principio de razonabilidad, en el
que se empleen criterios lógico-jurídicos que le permitan determinar con claridad y

12 Sentencias C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y; C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
13 Ver sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
14 Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis y sentencia C-818 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil,

reiterado en la sentencia C-762 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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certeza y a partir de las remisiones normativas pertinentes, la existencia de la falta
censurada.

72. Hechos probados

73. El 1.° de junio de 201615, la Procuraduría Provincial de Barranquilla inició
indagación preliminar en contra de los concejales del municipio de Soledad
(Atlántico). Esa actuación se originó a partir de una queja ciudadana en la que se
señaló que los cabildantes, al aprobar el Acuerdo nro. 000199 de 2016 —que creó
el Fondo de Fomento para el Desarrollo del Deporte—, se extralimitaron en el
ejercicio de sus funciones, en tanto fijaron una fuente de financiación de naturaleza
tributaria que había sido creada en el año 2008 y posteriormente eliminada en 2013,
por considerarse ilegal.

74. Posteriormente, por medio del auto del 27 de octubre de 201616, la misma
autoridad dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra de los concejales,
entre ellos, el demandante.

75. Luego de que la procuradora general de la Nación reasignara la competencia
del proceso a la Procuraduría Provincial de Santa Marta, la territorial de Barranquilla
remitió el expediente disciplinario a la dependencia designada con el fin de que
continuara con el trámite correspondiente17.

76. El 19 de septiembre de 201818, la procuradora encargada formuló pliego de
cargos en contra de los diecinueve (19) concejales investigados, en los siguientes
términos:

«A los señores (…) en sus calidades de Concejales Municipales de Soledad –
Atlántico, se les endilga presunta responsabilidad disciplinaria al haberse
extralimitado en sus funciones al debatir, aprobar y expedir el Acuerdo No. (sic)
000199 de fecha 7 de marzo de 2016, por medio del cual además de crearse el
Fondo del Fomento del Desarrollo del Deporte de Soledad, se impone como forma
de financiación de dicho Fondo, un impuesto del 1.5% sobre todos los convenios y
contratos suscritos por el Municipio de Soledad y sus entres (sic) descentralizados
sin tener las facultades legales y reglamentarias para hacerlo».

En virtud, se les atribuye responsabilidad disciplinaria, por haber contrariado las
disposiciones contenidas en el artículo 35 del Código Disciplinario Único y como
consecuencia haber incurrido en una presunta falta disciplinaria gravísima
consagrada en el numeral 60 del artículo 48 del C.D.U., tal como se pasará a
determinar.

15
PDF 147-149 indagación preliminar del cuaderno de antecedentes administrativos que puede en el link
adjunto al PDF 016_16MemorialWeb, contentivo del expediente digital.
16
PDF 325-329 Investigación Disciplinaria del cuaderno de antecedentes administrativos que puede en el link
adjunto al PDF 016_16MemorialWeb, contentivo del expediente digital.
17 PDF 523-525 Asignación Especial del cuaderno de antecedentes administrativos que puede en el link adjunto

al PDF 016_16MemorialWeb, contentivo del expediente digital.
18 PDF 1219-1248 AUTO PLIEGO DE CARGOS del cuaderno de antecedentes administrativos que puede en

el link adjunto al PDF 016_16MemorialWeb, contentivo del expediente digital.

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[…]

2.- CONCEPTO DE VIOLACIÓN Y MODALIDAD ESPECÍFICA DE LA
CONDUCTA. –
En efecto, el Código Disciplinario Único establece normas conforme a las cuales los
servidores públicos han de ejercer sus funciones y, entre ellas, determina el alcance
del régimen disciplinario dentro del marco de la función pública, según se lee en el
artículo 22 de la Ley 734 de 2002:

[…]

Dentro de este contexto, el Código Disciplinario Único regula expresamente las
prohibiciones, en los siguientes términos:

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor pública le está prohibido… extralimitar
las funciones contenidas en la Constitución… las leyes…

[…]

Es claro entonces que, el legislador impone al servidor público deberes positivos de
conducta y, de la misma forma, consagra prohibiciones, impedimentos inhabilidades
o situaciones de conflicto de intereses que imponen deberes negativos o conductas
en las que no debe incurrirse, con el mismo propósito de preservar la observancia
de los principios que gobiernan la función pública, todos ellos encaminados a
garantizar la transparencia e imparcialidad del servidor público, así como la igualdad
de trato del Estado frente a los administrados y a evitar que el interés privado o
particular del servidor oriente su actuación.

A tal efecto, debe recordarse que las prohibiciones corresponden a disposiciones
que limitan el comportamiento de los funcionarios y servidores públicos tendientes
a impedir su ejecución so pena de incurrir en una sanción estatal, pues su
realización, a más de poner al servidor frente a una conducta contraria a derecho,
también podría generarle consecuencias sancionatorias.

En el caso que nos ocupa, se tiene que de las pruebas allegadas al plenario puede
presumirse que los Concejales del Municipio de Soledad incurrieron en la prohibición
consagradas en el numeral 1° del artículo 35 definida como la extralimitación de las
funciones dispuesta en la Constitución y la Ley; toda vez que, al Concejo Municipal
de Soledad dentro de sus atribuciones no le correspondía la función de crear tributos
a nivel municipal que no han sido previamente creados por el Congreso Nacional.

Pues de los hechos puestos de presente, logró determinarse que la entidad Edilicia
con la adopción del Acuerdo No. 000199 de fecha 7 de marzo de 2016, por medio
del cual se creó el Fondo del Fomento del Desarrollo del Deporte de Soledad y
además se creó un tributo como forma de financiación del referido fondo, se
extralimitaron en el ejercicio de sus funciones, ya que la Ley 19 de 1991 en su
articulado, no dispuso que por parte de los entes municipales se adoptaran tributos,
impuestos o contribuciones en aras de dar financiación al Fondo de Fomento del
Departo Municipal, mucho menos le correspondía a las entidades edilicias crear
impuesto alguno para la financiación.

Sobre el particular, conviene advertir que el Juzgado Doce Administrativo Oral de
Barranquilla, mediante sentencia ejecutoriada de fecha 14 de mayo de 2017, estudió
el presente caso y decidió en los siguientes términos:

[…]

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Asi las cosas, en virtud del pronunciamiento efectuado por parte de la jurisdicción
contenciosa administrativa sobre la nulidad del Acuerdo No. 000199 de fecha 7 de
marzo de 2016, en el cual se declara la nulidad del mismo en lo referente al tributo
creado por parte del Concejo Municipal de Soledad, es preciso indicar por este
Despacho, que se encuentran claros y determinados los aspectos que fundamentan
en presente concepto de violación, pues como se dijo en la referida decisión judicial,
de las normas de la Ley 19 de 1991 no se extrae de ninguno de sus artículos la
creación de un impuesto o tributo, pues es la Ley la que crea los tributos o
impuestos, y es a partir de la ley de creación que las Asambleas a nivel
departamental y los Concejos a nivel municipal que pueden ejercer su facultad de
imposición, siempre que se respete el marco jurídico establecido por parte de la
misma ley de creación.

Razón por la cual, el Concejo Municipal de Soledad al haber creado un tributo como
forma de financiación del Fondo del Fomento del Desarrollo del Deporte de Soledad,
se extralimitó en el desarrollo de sus funciones, pues, se reitera, la Ley que faculta
la creación del referido Fondo, en ninguna parte se autoriza la creación el tributo o
impuesto, pues solo en ese evento adquieren los departamentos y municipios el
derecho de administrarlo, manejarlo y utilizarlo».

77. Con fundamento en tales consideraciones, la Procuraduría Provincial de Santa
Marta profirió fallo disciplinario el 11 de julio de 201919, mediante el cual sancionó a
los concejales de Soledad con destitución e inhabilidad general para ocupar cargos
públicos por el término de diez (10) años, decisión que fue confirmada el 16 de
diciembre del mismo año20 por la Procuraduría Regional del Magdalena.

78. Precisado lo anterior, observa la Sala que el señor Johnny Eduardo Pulgar
Severiche fue sancionado porque, a juicio de la autoridad disciplinaria, incurrió en
la falta gravísima prevista en el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002,
consistente en «[e]jercer las potestades que su empleo o función le concedan para
una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante».

79. Según la PGN, dicha conducta se configuró cuando, en ejercicio de sus
funciones como concejal del municipio de Soledad (Atlántico), participó en la
discusión y aprobación del Acuerdo nro. 000199 de 2016, «Por el cual se crea el
Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte de Soledad».

80. Para la Sala, la referida falta no se configura por el solo hecho de que un
concejal participe en los debates o vote un proyecto de acuerdo municipal, pues
tales actuaciones hacen parte del ejercicio ordinario de las atribuciones que la
Constitución21 y la ley22 les confieren a dichas corporaciones. La tipificación exige
algo distinto: que se demuestre que la potestad atribuida al servidor fue
utilizada para una finalidad diferente de aquella para la cual fue conferida por
el ordenamiento jurídico.

19 PDF «FALLO DE PRIMERA INSTANCIA IUS E-2016-209647» del cuaderno de antecedentes administrativos,

el cual puede ser descargado en el link adjunto al PDF 016_16MemorialWeb, contentivo del expediente digital.
20 PDF «FALLO 2DA INSTANCIA», ibidem.
21 Numeral 4 del artículo 313 de la Constitución Política.
22 Artículo 32 de la Ley 136 de 1994.

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81. Bajo ese entendimiento, advierte la Sala que esta última exigencia no fue
acreditada por la Procuraduría General de la Nación dentro de la actuación
disciplinaria adelantada contra el señor Johnny Eduardo Pulgar Severiche.

82. En efecto, la circunstancia de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
hubiera declarado la nulidad del Acuerdo que creó el Fondo Municipal de Fomento
y Desarrollo del Deporte de Soledad y estableció su fuente de financiación, por falta
de competencia para crear el respectivo tributo, no permite tener por demostrada la
finalidad distinta exigida por el tipo disciplinario.

83. Véase que la irregularidad advertida por el Juzgado Doce Administrativo de
Barranquilla y posteriormente por el Tribunal Administrativo del Atlántico estuvo
relacionada con la ausencia de habilitación legal para establecer el gravamen, esto
es, con un problema de competencia, y no con la utilización de una potestad
existente para alcanzar una finalidad diferente o ajena al interés público.

84. Lo anterior no significa que la autoridad disciplinaria esté impedida para acudir
a decisiones judiciales que analicen la legalidad de los actos administrativos como
elementos de juicio dentro del proceso sancionatorio. Sin embargo, dado que el
objeto de la falta disciplinaria es la conducta individual del servidor público, las
consideraciones relativas a la validez del acto no permiten concluir, por sí solas, que
aquel hubiera perseguido una finalidad distinta de la prevista en el ordenamiento
jurídico.

85. Por consiguiente, no resulta jurídicamente admisible equiparar la falta de
competencia con la desviación de la finalidad exigida por el numeral 60 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002; hacerlo, implicaría extender el contenido del tipo
disciplinario a supuestos distintos de los expresamente previstos por el legislador,
en contravía del principio de tipicidad.

86. Esta Subsección, al resolver un asunto relacionado con otro concejal
sancionado por estos mismos hechos23, concluyó lo siguiente:

«[l]a declaratoria de nulidad del acto administrativo puede brindar indicios a la
autoridad disciplinaria respecto de la probable irregularidad del comportamiento de
quien lo expidió. Pero la imputación de la falta por la que fue sancionada la señora
Arraut Varelo exige un estudio concreto, relacionado con el objetivo perseguido por
el servidor público con su actuación; análisis que no puede depender de que en el
juicio sobre la legalidad del acto su presunción de validez se ratifique o no.

Lo anterior, porque de la eventual ilegalidad de un acto no se deduce que en su
producción se hubiese perseguido una finalidad contraria a aquella prevista en la
norma que facultó al servidor público para expedirlo; ni la validez del mismo
constituye prueba de la ausencia de una actuación irregular; por lo menos no cuando

23 Sentencia del 11 de junio de 2026, expediente nro. 08001-23-33-000-2020-00660-01 (6130-2024), C.P. Jorge

Iván Duque Gutiérrez.

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esto se analiza a partir de la configuración o no de una infracción normativa en la
producción del acto.»

87. Así las cosas, para la Sala, la actuación del demandante se circunscribió al
ejercicio de sus funciones, en los términos de las facultades que la Constitución y la
ley le otorgaban, sin que se acreditara por parte de la autoridad disciplinaria que con
dicho comportamiento se buscó la consecución de un fin distinto al establecido en
el ordenamiento jurídico.

88. Más allá de apoyarse en la declaratoria de nulidad proferida por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, en la actuación sancionatoria no se identificó ni
demostró cuál habría sido el propósito diferente perseguido por el señor Pulgar
Severiche con su voto favorable, ni obra elemento probatorio alguno que permita
inferir razonablemente la existencia de ese desvío de finalidad.

89. Por lo anterior, a juicio de la Sala no se estructuró un adecuado juicio de la
tipicidad de la conducta disciplinaria, lo que conlleva a mantener la declaratoria de
nulidad parcial de los actos administrativos, pero por las razones expuestas en
precedencia.

90. En este contexto, es inane examinar el resto de los componentes que integran
la responsabilidad disciplinaria, pues al descartarse la tipicidad de la conducta, se
caen por su propio peso los elementos relacionados con la ilicitud sustancial y la
culpabilidad. Similar conclusión se predica frente al reproche vertido en la demanda,
relacionado con la desproporcionalidad de la sanción impuesta al señor Pulgar
Severiche.

91. Tercer interrogante: ¿los demandantes tienen derecho a la indemnización de
los perjuicios reclamados en la demanda?

92. Perjuicios morales. En lo que se refiere a esta tipología, «se encuentra[n]
compuesto[s] por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de
desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima
directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.»24

93. La parte actora solicitó el reconocimiento y pago de 106.725.375 COP
«derivados de la angustia, pesar y sufrimiento a que fueron sometidos los
convocantes como consecuencia de la sanción disciplinaria a todas luces ilegal que
para el caso del señor Johnny Pulgar Severiche se materializó en el daño a su buen
nombre y reputación, la angustia de ver truncada su carrera política en la cual había
logrado ser elegido concejal del municipio de Soledad en los periodos 2012-2015 y
2016 – 2019, la imposibilidad de ocupar cargos públicos o contratar con el estado
por los próximos (10) años, limitando así sus posibilidades de trabajo, máxime que

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente nro.

66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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su experiencia profesional y relaciones profesionales se circunscriben al sector
público».

94. Sin embargo, la Sala no accederá a esta pretensión, ya que, tal como lo advirtió
el Tribunal Administrativo del Atlántico, la parte actora no aportó pruebas para
demostrar su causación, tanto es así, que la prueba testimonial solicitada en la
demanda, posteriormente fue desistida por los mismos accionantes.

95. Recuérdese que, siempre se ha enfatizado en la carga probatoria de la parte
que reclama perjuicios morales, con fundamento en la aplicación del artículo 167
del Código General del Proceso, según el cual «[i]ncumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen», puesto que la causación de esta modalidad de perjuicios, a diferencia
de lo dicho por el actor, no se enmarca en las excepciones del inciso final de dicha
disposición, es decir, no se trata de hechos notorios o de afirmaciones o negaciones
indefinidas, que no requieren prueba.

96. Daño emergente. En relación con este elemento, la Sección Tercera de esta
corporación25 ha precisado que

«[e]l daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente
necesidad ⎯para el afectado⎯ de efectuar un desembolso si lo que quiere es
recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien
económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el
daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento
en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago ⎯que la parte
actora solicita⎯ de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el
momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus
funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de
lucro cesante».

97. La parte demandante solicitó el reconocimiento y pago de una suma pecuniaria
(12.000.000 COP), por concepto de los honorarios que pagó al abogado que
representó sus intereses en el curso del proceso disciplinario. Como sustento de su
dicho, aportó el contrato de servicios profesionales y un certificado de paz y salvo,
expedido por el profesional en derecho.

98. Sobre ese aspecto, la Sección Tercera de esta corporación unificó los criterios
en torno al reconocimiento y a la liquidación de los perjuicios materiales causados
por los honorarios profesionales prestados por abogados, de la siguiente manera26:

«Tratándose del reconocimiento del daño emergente derivado del pago de
honorarios profesionales del abogado que intervino en defensa de quien fue
privado injustamente de la libertad, esta Sección ha admitido como prueba de ese
perjuicio la documental consistente en los recibos de pago que dan cuenta de la

25 Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente nro. 13168.
26 Sentencia del 18 de julio de 2019, expediente nro. 44.572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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cancelación de los honorarios profesionales y, en su defecto, las certificaciones
emitidas por los profesionales del derecho, acerca del pago de sus honorarios.

Sin embargo, debe recordarse que el artículo 615 del Estatuto Tributario dispone
que las personas que ejercen profesionales liberales, es decir, profesiones en
las cuales “… predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por
el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título
académico”, están obligadas a “… expedir factura o documento equivalente, y
conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen,
independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los
impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

En virtud de lo anterior, debe entenderse que, como el derecho es una profesión
liberal, quienes lo ejercen están obligadas a expedir la respectiva factura o su
documento equivalente (el cual debe satisfacer los requisitos previstos en el
artículo 617 del mismo estatuto); por tanto, si los abogados están obligados a
expedir una factura por el valor de sus honorarios profesionales, es dable concluir
que ésta es la prueba idónea del pago.

Así, en armonía con las referidas normas tributarias, en los eventos de privación
injusta de la libertad, cuando el demandante pretenda obtener la indemnización
del daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales cancelados
al abogado que asumió la defensa del afectado directo con la medida dentro del
proceso penal, quien haya realizado el pago deberá aportar: i) la prueba de la real
prestación de los servicios del abogado y ii) la respectiva factura o documento
equivalente expedido por éste, en la cual se registre el valor de los honorarios
correspondientes a su gestión y la prueba de su pago, de suerte que, si solo se
aporta la factura o solo se allega la prueba del pago de la misma y no ambas
cosas, no habrá lugar a reconocer la suma pretendida por concepto de este
perjuicio» [Negrilla fuera de texto].

99. En ese orden de ideas, la certificación de paz y salvo del abogado y el acuerdo
de voluntades sobre la prestación de ese servicio profesional, sin soporte
documental de las facturas o constancias de pago por su gestión, impiden demostrar
que, en efecto, tales perjuicios se causaron e imposibilitan acceder a la pretensión
de restablecimiento al respecto.

100. Así las cosas, no prospera este reparo.

101. Condena en costas en segunda instancia. La modificación del artículo 188
del CPACA., efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

102. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00386-01 (4322-2024)
Demandante: Johnny Eduardo Pulgar Severiche y otros

103. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos en los que no se ventila un
interés público, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA., se mantiene incólume;
en ese sentido la sentencia deberá imponer costas sobre la parte vencida en el
proceso, y su liquidación y ejecución se regirá por las normas del CGP.27

104. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

105. En consecuencia, no se condenará en costas en esta instancia, toda vez que
no se acogieron los argumentos planteados en los recursos de apelación.

106. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, en tanto inaplicó por inconvencional el numeral 1.° del artículo 45 de la Ley
734 de 2002, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la providencia de fecha 14 de junio de 2024,
a través de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovió el señor Johnny Eduardo Pulgar Severiche
y otros en contra de la Procuraduría General de la Nación.

TERCERO. SIN CONDENA en costas en esta instancia.

CUARTO. RECONOCER personería al abogado Ebro Rafael Verdeza Pacheco,
identificado con la cédula de ciudadanía nro. 12.619.331, portador de la tarjeta
profesional nro. 141.476 del C.S de la J., como apoderado de la parte demandante,
conforme al poder obrante en índice 23 de la plataforma SAMAI.

QUINTO. RECONOCER personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo,
identificado con la cédula de ciudadanía nro. 79.399.935, portador de la tarjeta
profesional nro. 72.169 del C.S de la J., como apoderado de la parte demandada,
conforme al poder obrante en índice 12 de la plataforma SAMAI.

27 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

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Demandante: Johnny Eduardo Pulgar Severiche y otros

SEXTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión,
DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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