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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00398-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00398-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda dentro del proceso de la referencia. 7 Radicación: 08001 23 33 000 2020 00398 01 (2038-2022) Demandante: Rodrigo Agustín Navarro Jiménez SEGUNDO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2020-00398-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001 23 33 000 2020 00398 01 (2038-2022)
Demandante: Rodrigo Agustín Navarro Jiménez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Reliquidación de pensión gracia. Condena en costas.

Decisión: Se confirma sentencia de primera instancia debido a que los valores
correspondientes a los factores salariales percibidos durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional (1993-1994) no fueron
objeto de reajuste mediante una sentencia judicial posterior.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia del 16 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El demandante presentó el medio de control de la referencia con el objetivo de que
se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones RDP
2985 del 4 de febrero de 2020 y 9010 del 14 de abril del mismo año, mediante las cuales
la entidad demandada le negó la reliquidación de su pensión gracia.

2. Como restablecimiento del derecho, solicitó la reliquidación de dicha prestación
periódica a partir del 3 de abril de 2009, fecha en la que se produjo su retiro del servicio,
incluyendo los factores salariales correspondientes a horas extras y prima de navidad
que ostentaba al momento de adquirir el estatus, conforme fue ordenado por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla en sentencia de primera instancia del
24 de julio de 2010 (proceso radicado 08-001-33-31-007-2001-2208-00), decisión
acatada por la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico mediante Resolución
03825 del 11 de diciembre de 2012, reconociendo con retroactividad los factores
salariales mencionados.

1
En adelante, UGPP.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001 23 33 000 2020 00398 01 (2038-2022)
Demandante: Rodrigo Agustín Navarro Jiménez

3. Adicionalmente, pidió el pago del retroactivo correspondiente a las mesadas
causadas desde la fecha de su retiro, junto con los intereses moratorios e indexación
pertinente, sin que la entidad demandada efectúe descuento alguno a cargo del FOSYGA
o del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Igualmente, requirió la condena en
costas a la parte demandada y el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 190 y 192 del CPACA.

4. Como sustento de sus pretensiones, el actor expuso que, mediante la Resolución
001275 del 6 de febrero de 1997, le fue reconocida una pensión gracia considerando
únicamente la asignación básica. Posteriormente, tras solicitar un ajuste, la pensión fue
modificada mediante la Resolución 5368 del 30 de agosto de 2005, incorporando horas
cátedra y prima de navidad desde el 13 de marzo de 1994, con una mesada de
$387.415,65. Las horas cátedra fueron liquidadas conforme a las certificaciones
expedidas por la Secretaría de Educación del Atlántico para los años 1993 y 1994.

5. Señaló que el 3 de abril de 2009 se produjo su retiro forzoso. Inconforme con la
liquidación pensional, junto a otros docentes, demandó la nulidad de los oficios 1486,
1442 y 1709 de 2001 expedidos por la Secretaría de Educación del Atlántico, los cuales
negaban el pago del 8% salarial adicional correspondiente a los años 1996-1998 y la
prima de vacaciones (40% en 1997 y 50% a partir de 1998), así como el pago de horas
cátedra conforme al escalafón.

6. En este sentido, indicó que el Juzgado 7° Administrativo de Barranquilla (proceso
08-001-33-31-007-2001-2208-00) declaró la nulidad de dichos oficios y ordenó el pago
de los factores salariales reclamados. La Secretaría de Educación dio cumplimiento a la
sentencia mediante la Resolución 03825 del 11 de diciembre de 2012, reconociendo y
efectuando el pago ordenado.

7. El pensionado consideró que el ajuste salarial derivado de la mencionada sentencia
generó una variación en los factores salariales correspondientes a su mesada, la cual se
materializó en la resolución referida, 43 meses después de su retiro. Por tal razón, estimó
que esto le otorga el derecho a la reliquidación de su pensión gracia, ajustando los
factores salariales (horas cátedra y primas) al valor real de la asignación básica desde la
fecha de su retiro definitivo. La base de liquidación la calculó en la suma de $3.668.873,
sobre la cual debe liquidarse el 75% correspondiente a la pensión, con retroactividad al
3 de abril de 2009.

Contestación de la demanda

8. La entidad demandada manifestó su oposición a la prosperidad de las pretensiones
presentadas de la demanda. Explicó que el actor no aportó la documentación requerida
para la reliquidación de la pensión, conforme a la sentencia proferida contra el
Departamento del Atlántico, proceso en el cual CAJANAL (actualmente UGPP) no fue
parte interviniente.

9. Asimismo, indicó que asumió el pasivo correspondiente a los afiliados de la extinta
CAJANAL, pero carece de información sobre las prestaciones percibidas por el actor. Al
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Radicación: 08001 23 33 000 2020 00398 01 (2038-2022)
Demandante: Rodrigo Agustín Navarro Jiménez

tramitar la solicitud de reajuste, la entidad solicitó al demandante la presentación de
certificados idóneos expedidos por el empleador; sin embargo, estos no fueron allegados.
Además, el Fondo Educativo Regional Departamento del Atlántico certificó la inexistencia
de información laboral, lo que motivó la expedición de la Resolución RDP 002985 del 4
de febrero de 2020, mediante la cual se negó la solicitud de reliquidación pensional.

10. De igual forma, la entidad señaló la existencia de discrepancias entre los valores
certificados para los años 1993 y 1994 y los considerados en la Resolución 5368 del 30
de agosto de 2005. Por otro lado, el fallo judicial invocado por el actor únicamente ordenó
ajustes salariales a partir de 1996, sin incluir los años 1993 y 1994. Debido a estas
inconsistencias, la demandada sostuvo que no es posible disponer de recursos públicos
para la reliquidación solicitada.

11. Por consiguiente, advirtió que los actos administrativos impugnados se ajustan a
derecho negando el reconocimiento pensional por las inconsistencias detectadas en los
certificados, razón por la cual no se configura vulneración alguna de los derechos del
demandante.

12. Finalmente, propuso las excepciones de fondo que denominó «falta de acreditación
de los soportes legales para el estudio de la reliquidación», «inexistencia de la
obligación», «imposibilidad de restablecer derechos al demandante», «prescripción»,
«presunción de legalidad de los actos administrativos», «excepción de buena fe» y la
genérica.

Sentencia apelada

13. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 16 de diciembre de
2021, en la que desestimó las pretensiones de la demanda y decidió no imponer condena
en costas.

14. En su análisis, el tribunal destacó que la pretensión principal del demandante
consistía en solicitar la reliquidación de la pensión tomando como referencia los valores
actualizados de los factores salariales correspondientes a la prima de navidad y las horas
cátedra, con base en una sentencia judicial dictada en 2010. Sin embargo, señaló que la
jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado establece que la pensión gracia debe
calcularse sobre el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados
durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional.

15. El a quo consideró que, en el caso concreto, los factores tenidos en cuenta para
el ingreso base de liquidación corresponden a los percibidos entre el 13 de marzo de
1993 y el 12 de marzo de 1994: asignación básica, prima de navidad y horas cátedra; tal
como lo efectuó la entidad demandada y lo reconoció el actor en su demanda. En
consecuencia, únicamente pueden considerarse estos factores percibidos por el actor en
ese periodo.

16. Asimismo, dado que la pretensión se sustentó en los factores salariales
correspondientes a los años 1996, 1997 y 1998, esta resulta improcedente, toda vez que
para dichas anualidades el actor ya había consolidado su derecho a la pensión gracia.
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Radicación: 08001 23 33 000 2020 00398 01 (2038-2022)
Demandante: Rodrigo Agustín Navarro Jiménez

Recurso de apelación

17. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia pidiendo
su revocación y que se concedan las pretensiones. Reconoció que no procede la
reliquidación de la pensión gracia; no obstante, se sostuvo en la defensa del ajuste de
los factores salariales como derechos adquiridos, haciendo especial énfasis en el factor
salarial correspondiente a la hora cátedra, reconocido mediante la Resolución No.
001275 del 6 de febrero de 1997 y posteriormente ajustado por la Resolución 5368 del
30 de agosto de 2005.

18. Señaló que, mediante fallo proferido el 24 de junio de 2010, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Barranquilla ordenó al Departamento del Atlántico el pago a los
demandantes de las horas cátedra dictadas, calculadas con el valor correspondiente a
un profesor de tiempo completo incluyendo la prima de vacaciones del 40% en 1997 y
del 50% a partir de 1998, ajustando dichos valores a la fecha conforme a la fórmula
establecida por el Consejo de Estado.

19. Argumentó que la UGPP debe dar estricto cumplimiento a la sentencia y ajustar
los pagos de ese factor salarial conforme a lo ordenado por el juzgado, en la medida en
que se trata de un derecho laboral consolidado. Además, manifestó que la interpretación
realizada por el juez de primera instancia fue excesiva y no se ajustó al verdadero
conflicto jurídico planteado en el proceso.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante auto del 22 de septiembre de 2022 se admitió el recurso de apelación y
se le advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia
para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta
antes de que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir concepto.

21. El Ministerio Público conceptuó que se debe confirmar la sentencia en razón a
que en el presente caso la pensión gracia debe calcularse tomando como referencia el
promedio salarial del año previo a la adquisición del estatus pensional, es decir, entre el
13 de marzo de 1993 y el 12 de marzo de 1994; sin que sea procedente incorporar
factores salariales posteriores ni los causados en el año anterior al retiro del servicio. Al
respecto, subrayó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que no
es viable la reliquidación de la pensión por conceptos devengados con posterioridad a la
consolidado el derecho.

22. Por su parte, la entidad demandada solicitó la confirmación del fallo que negó las
pretensiones argumentando que se abstuvo de reconocer la reliquidación por falta de
pruebas. Señaló que en el expediente pensional obra un certificado de factores salariales
expedido el 23 de octubre de 2019 por la Secretaría de Educación del Atlántico, en el
cual se evidencian diferencias en los valores certificados por horas cátedra
correspondientes a los años 1993 y 1994, en comparación con el certificado del 11 de
abril de 1995 utilizado para la expedición de la Resolución No. 5368 del 30 de agosto de
2005.
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Radicación: 08001 23 33 000 2020 00398 01 (2038-2022)
Demandante: Rodrigo Agustín Navarro Jiménez

23. La entidad consideró que dicha diferencia carece de justificación dado que la
sentencia emitida por el Juzgado 7° Administrativo de Barranquilla el 24 de julio de 2010
únicamente ordenó ajustes salariales para los años 1996, 1997, 1998 y posteriores, sin
hacer referencia a los años 1993 y 1994.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

24. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

25. En atención a los reparos planteados en el recurso de apelación, esta Sala
analizará si resulta procedente la reliquidación de la pensión gracia que percibe el
demandante bajo el argumento de que mediante sentencia emitida el 24 de julio de 2010
por el Juzgado 7° Administrativo de Barranquilla se ordenó el reajuste del factor salarial
de la hora catedra, el cual se encuentra incluido en el ingreso base de liquidación de la
prestación.

Análisis del problema jurídico

26. En el expediente consta que la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL)
expidió la Resolución 1275 del 6 de febrero de 19972, mediante la cual reconoció y ordenó
el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia a favor del demandante, con
efectividad a partir del 13 de marzo de 1994. Para la liquidación de dicha prestación se
aplicaron las Leyes 33 y 62 de 1985, calculando el 75% sobre el salario promedio de los
últimos 12 meses, considerando únicamente la asignación básica.

27. Por medio de Resolución 5368 del 30 de agosto de 20053, CAJANAL dio
cumplimiento a un fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Atlántico procediendo a
reliquidar la pensión gracia e incorporando «un nuevo factor salarial», por un valor total
de $387.415.

28. Según los Formatos Únicos para la Expedición de Certificados de Salarios
expedidos el 23 de octubre de 20194, el demandante percibió durante 1993 y 1994 los
factores salariales de asignación básica (sueldo), prima de navidad y horas cátedra. Se
retiró forzosamente del servicio docente el 3 de abril de 20195.

2
Expediente digital, archivo «1. DDA NRD LABORAL DE RODRIGO NAVARRO JIMENEZ contra la UGPP
pdf COMPRIMIDA (1)», págs. 29-31.
3
Ibidem, págs. 32-34.
4
Ibid., págs. 39-40.
5
Ibid., pág. 51.
5

Radicación: 08001 23 33 000 2020 00398 01 (2038-2022)
Demandante: Rodrigo Agustín Navarro Jiménez

29. El Juzgado 7° Administrativo del Circuito de Barranquilla dictó sentencia el 24 de
junio de 2010 en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el demandante y otros contra el Departamento del Atlántico. En dicha
decisión, se declaró la nulidad de ciertos actos administrativos y se ordenó a la referida
entidad territorial cancelar al actor las horas cátedra impartidas, conforme al grado de
escalafón al que pertenece, a partir del año 1993. Igualmente, se dispuso el pago de la
prima de vacaciones, equivalente al 40% del salario desde 1997 y al 50% a partir de
19986.

30. El secretario de educación del Departamento del Atlántico expidió la Resolución
3825 del 11 de diciembre de 20127 mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia
proferida por el Juzgado 7° Administrativo de Barranquilla, ordenando el pago de una
suma de dinero a favor del demandante derivada de la reliquidación de los factores
salariales.

31. Pues bien, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación8, la pensión
gracia debe calcularse tomando el 75% de la totalidad de los factores salariales
percibidos por el docente en el año anterior a la obtención del estatus pensional, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1743 del mismo año. Esto
se fundamenta en que el artículo 1º (inciso 2º) de la Ley 33 de 1985 excluyó
expresamente las pensiones especiales del régimen ordinario previsto en dicha norma.

32. En este sentido, la Sala comparte el criterio expuesto por el a quo, según el cual
los factores salariales que deben considerarse para la liquidación de la pensión gracia
del demandante corresponden a aquellos causados en el año inmediatamente anterior a
la adquisición del estatus pensional, esto es, entre el 13 de marzo de 1993 y el 12 de
marzo de 1994. Entre estos factores se incluyen la asignación básica (sueldo), la prima
de navidad y las horas cátedra.

33. Por lo tanto, no resulta procedente extender los efectos del reajuste prestacional
ordenado en la sentencia del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Barranquilla, especialmente en lo relativo a las horas cátedra. Ello obedece a que dicho
juzgado dispuso el reajuste a partir de 1996 en adelante, manteniendo inalterado el valor
correspondiente a las horas cátedra generadas en el periodo comprendido entre 1993 y
1994, que es precisamente el año previo a la adquisición del estatus pensional.

34. Por su parte, el recurrente sostuvo que, si bien no procede la reliquidación de la
pensión gracia, el reajuste judicial de las horas cátedra debe aplicarse retroactivamente
desde el 13 de marzo de 1994 arguyendo que se trata de un derecho adquirido o
consolidado. No obstante, la Sala rechazará este argumento ya que lo dispuesto por el

6
Ibid., págs. 52-110.
7
Ibid., págs. 35-38.
8
Para mayor referencia sobre esta regla jurisprudencial, pueden consultarse, entre otras, las siguientes
sentencias de esta Sección: i) sentencia del 24 de julio de 2025, radicado 25000-23-42-000-2018-00981-
01 (2614–2020), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; ii) sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado
47001-23-33-000-2016-00307-01(4287-17), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; iii) sentencia del 15 de octubre
de 2019, radicado 47001-23-33-000-2014-00237-01(3803-15), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; iv)
sentencia del 12 de julio de 2012, radicado 25000-23-25-000-2007-01316-01 (1348-11), C. P. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren.
6

Radicación: 08001 23 33 000 2020 00398 01 (2038-2022)
Demandante: Rodrigo Agustín Navarro Jiménez

juzgado administrativo implicó la creación de una situación jurídica consolidada —o el
ingreso al patrimonio del servidor— únicamente a partir de 1996. En otras palabras, el
valor de las horas cátedra previo a dicha fecha no está vinculado a la orden judicial, por
lo que sus efectos no se extienden al año anterior a la adquisición del estatus pensional.

35. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia habida cuenta
que los argumentos presentados en el recurso de apelación carecen de la solidez
necesaria para justificar su revocación.

Condena en costas

36. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

37. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

38. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

39. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de diciembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda dentro del proceso de la referencia.

7

Radicación: 08001 23 33 000 2020 00398 01 (2038-2022)
Demandante: Rodrigo Agustín Navarro Jiménez

SEGUNDO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y
las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

8

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