Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2020-00410-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2020-00410-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2020-00410-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
11 de septiembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Demandante: MALKÚN ZARUR Y CÍA S EN C Y
FUNDACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO DEL
POTENCIAL HUMANO (FUNDECAVI)
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA –
INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE
ASOCIACIÓN
Síntesis del caso: la fundación y la sociedad actoras demandan al Departamento del
Atlántico para que se declare la nulidad de los actos administrativos que declararon el
incumplimiento del convenio de asociación 0108-2010-000011 suscrito entre las partes; el
tribunal de primera instancia negó las súplicas de la demanda. Apela la parte demandante,
pide que se revoque la decisión y se acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual
formula los mismos argumentos expuestos en la demanda.
Temas: medio de control de controversias contractuales / recurso de apelación – finalidad
– carga procesal de sustentación – principio de sustentación – deber de indicar y precisar
los reparos y reproches frente a la providencia impugnada – ausencia de apelación – reiterar
los cargos de nulidad y el concepto de la violación de la demanda configura ausencia de
apelación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de
la sentencia de 20 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico en la cual se resolvió lo siguiente:
“FALLA:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. ABSTENERSE de condenar en costas a la parte
demandada, por las razones expuestas.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese el
expediente” (índice 2 SAMAI – archivo ED_77SENTENCIA1RAINST.pdf -
negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
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Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
La demanda
Mediante escrito del 28 de julio de 2020 (2 SAMAI – archivo
ED_00DEMANDA_FUNDECAVI.pdf), la sociedad Malkún Zarur y Cía S en C y la
Fundación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida y Desarrollo del Potencial
Humano (FUNDECAVI) a través de apoderado judicial presentaron demanda en
ejercicio del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales para que
se acceda a las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. Se declaren nulas la Resolución No. 001201 del 16 agosto de
2019, expedida por la Secretaría de Infraestructura del Departamento del
Atlántico, por medio de la cual se sancionaron a la FUNDACION PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO
DEL POTENCIAL HUMANO – FUNDECAVI a pagar la suma de
$118’811.341, por el presunto incumplimiento del Convenio de Asociación
No.0108*2010*000011, celebrado con el Departamento el 27 de enero del
año 2010, y a la sociedad MALKÚN ZARUR & CIA S. EN C. a la cesión
gratuita del lote de mayor extensión de su propiedad distinguido con la
matrícula inmobiliaria No. 040-0005060 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Barranquilla hoy loteados con matrículas
trasladadas a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad
para cada lote, por el presunto incumplimiento del acuerdo de Unión
Temporal ‘La Primavera’ celebrado el 25 de noviembre de 2009 con el
Gobernador del Departamento del Atlántico y así mismo como
consecuencia del incumplimiento del convenio de asociación, y la
Resolución No. 002440 de septiembre 30 de 2019, también expedida por
la Secretaria de Infraestructura del Departamento del Atlántico, que
confirmó en su integridad el acto sancionatorio antes descrito.
La señora Secretaria de Infraestructura actúa en ejercicio de funciones
delegadas por el señor Gobernador del Departamento del Atlántico, según
lo afirma en la parte superior de cada uno de los actos demandados donde
invoca los fundamentos normativos de sus actuaciones.
SEGUNDA. Que a consecuencia de la declaración anterior se determine
que la FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
VIDA Y EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO - FUNDECAVI,
no está obligada a pagar al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO la suma
de $118’811.341.oo ni sus intereses, ni cualquier otro concepto.
TERCERA. Que se declare a consecuencia de la primera declaración,
igualmente se ordene al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO la
restitución a favor de la sociedad MALKÚN ZARUR & CIA S. EN C., del
lote de mayor extensión de su propiedad distinguido con la matrícula
inmobiliaria 040-0005060, debidamente desocupado o el equivalente a su
valor económico actualizado más intereses de mora.
CUARTA. Que a consecuencia de las anteriores declaraciones, se
condene al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO a pagar a la sociedad
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Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Malkum Zarur y compañía S en C, la suma de MIL SEISCIENTOS CINCO
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS, $1.605.963.887, que corresponde al avaluó
del predio objeto de los actos demandados, en el año de 2017,realizado
a instancias de la Gobernación del Atlántico.
Esta suma se actualizará mediante prueba pericial que se practicará en el
curso del proceso.
QUINTA. Que además de los conceptos anteriores, se condene al
Departamento del Atlántico a pagar a favor de las demandantes el valor
de los ajustes y actualizaciones de orden financiero de las respectivas
condenas, desde la fecha de exigibilidad de los pagos hasta su pago total,
para lo cual se tendrán en cuenta los índices de precios señalados en el
artículo 187 del C.P.A.C.A., a fin de garantizar una indemnización plena.
SEXTA. Que las sumas anteriores, causarán intereses de mora a la tasa
máxima autorizada por la Ley e indexada de acuerdo con los índices de
devaluación, o pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano, hasta
el momento en que se realice el pago.
SÉPTIMA.Que se condene a la demandada al pago de las costas y
agencias en derecho a que hubiere lugar con motivo del proceso” (fls. 1 y
2 índice 2 SAMAI – archivo ED_00DEMANDA_FUNDECAVI.pdf –
negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente:
1) El 25 de noviembre de 2009, el Departamento del Atlántico, Fundecavi y la
sociedad Malkún Zarur y Cía S en C celebraron un acuerdo de unión temporal el
cual denominaron “La Primavera”, con el propósito de presentar una propuesta ante
el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la
consecución de recursos para la gestión, diseño, promoción y ejecución de un
programa de vivienda de interés social (VIS) para la construcción de doscientas
cinco (205) soluciones de vivienda en el municipio de Palmar de Varela (Atlántico)
para familias pobres y vulnerables.
2) El 27 de enero de 2010, la Secretaría de Infraestructura del Departamento del
Atlántico y Fundecavi celebraron el convenio de asociación no. 0108-2010-000011,
cuya finalidad y objeto era actuar de manera conjunta para el desarrollo y
construcción de 205 viviendas en el municipio de Palmar Varela (Atlántico).
3) Luego, el 17 de junio de 2011 el gobernador del Atlántico, el Ministerio de Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Fondo Nacional de Vivienda
(Fonvivienda) suscribieron el convenio interadministrativo no. 07 de cooperación,
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Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
cuyo objeto consistió en aunar esfuerzos para la ejecución del programa de vivienda
de interés social (VIS) urbana dirigido a las familias pobres y vulnerables del
Departamento del Atlántico afectadas por la ola invernal (fenómeno de la niña);
dentro de las obligaciones del departamento estaban la de gestionar la obtención
de recursos adicionales para las obras de urbanismo y construcción de viviendas
de interés social.
4) El 6 de diciembre de 2012, los integrantes de la unión temporal firmaron el
documento otrosí no. 003 mediante el cual Fundecavi se comprometió a gestionar
y obtener, en un plazo de seis (6) meses, la asignación de subsidios para las familias
postuladas en el proyecto, so pena de que el departamento diera por terminado el
proyecto con la sola comunicación escrita y se procediera a su liquidación, con
independencia de que el convenio interadministrativo no. 07 de cooperación
celebrado el 17 de junio de 2011 entre el gobernador del Atlántico, el Ministerio de
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Fondo Nacional de Vivienda
(Fonvivienda) vencía 25 días calendario después, esto es, el 31 de diciembre de
2012; en el mismo documento contractual (otrosí no. 3), el departamento obligó a la
sociedad Malkún Zarur y Cía S en C a constituir una fiducia mercantíl sobre el lote
de terreno que dicha empresa aportaría al proyecto y trasladarlo al patrimonio
autónomo.
5) El mismo 6 de diciembre de 2012, las partes suscribieron el documento otrosí no.
002 para incorporar al convenio de asociación la causal de “terminación ipso facto”
(cláusula 2), las potestades excepcionales de interpretación, modificación y
terminación unilaterales (cláusula 3) y, la de caducidad contractual (cláusula 4) de
la Ley 80 de 1993 en favor del Departamento del Atlántico.
6) El proyecto de construcción de las obras de urbanismo para las viviendas de
interés social (VIS) fue ejecutado en su totalidad por la Fundecavi y recibido a
satisfacción el 18 de mayo de 2017 por la administración departamental; no
obstante, el Gobierno Nacional no asignó los recursos correspondiente a los
subsidios porque, de conformidad con los informes del interventor y del supervisor
del convenio de asociación, el lote de la sociedad Malkún Zarur y Cía S en C estaba
invadido por 205 familias, motivo por el cual se concluyó que Fundecavi incumplió
con su obligación de conseguir los subsidios y de escriturar los lotes a los
beneficiarios.
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Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
7) Contrario a lo consignado en el informe de supervisión e interventoría, las 205
familias que supuestamente invadieron las viviendas construidas eran los
damnificados por la ola invernal, postulados en el proyecto e incluidos en el censo
adelantado por el comité local para la prevención y atención de emergencias y
desastres (CLOPAD) del municipio de Palmar de Varela (Atlántico), tal como fue
certificado el 29 de septiembre de 2011 por el Subsecretario de Vivienda,
Infraestructura y Espacio Público del Departamento del Atlántico.
8) De otra parte, el Departamento del Atlántico incumplió, por circunstancias solo
imputables a esa entidad pública, el convenio interadministrativo no. 07 de 17 de
junio 2011 suscrito con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, Territorial,
Fonvivienda porque no presentó los proyectos de viviendas de interés social urbano.
9) El 5 de noviembre de 2019, la gobernación del Atlántico notificó personalmente
a Fundecavi la Resolución no. 02440 de 30 de septiembre de 2019, por medio de
la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por Fundecavi en contra de
la Resolución no. 001201 de 16 de agosto de 2019, mediante la cual se declaró el
incumplimiento contractual de Fundecavi; en este acto administrativo se sancionó a
Fundecavi a pagar la suma de $118’811.341 por concepto de incumplimiento
contractual, a la sociedad Malkún Zarur y Cía S en C se le ordenó la cesión gratuita
del lote de su propiedad dentro del mismo plazo y, por último, se ordenó la
liquidación del convenio de asociación y del acuerdo de constitución de la unión
temporal.
10) Debido a las falencias en la notificación, la citación y la contradicción de Funcavi
y de la sociedad Malkún Zarar y Cía S en C en el proceso contractual sancionatorio
adelantado, el 11 de diciembre de 2019 las mencionadas promovieron acción de
tutela en contra del señor gobernador del Atlántico y la Secretaría de Infraestructura
del Departamento del Atlántico por violación de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y propiedad privada.
11) Mediante sentencia del 23 de enero de 2020, el juez de tutela concedió el
amparo constitucional solicitado por Fundecavi y Malkun Zarur y Cía S en C y
ordenó a la Secretaria de Infraestructura del Departamento del Atlántico dejar sin
efectos la Resolución no. 001201 de agosto 16 de 2019 debido a la omisión en la
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Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
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citación lo cual se tradujo en una violación del derecho constitucional fundamental
de defensa.
Como fundamentos jurídicos de la demanda, la parte actora invocó los artículos 1,
2, 6, 13, 29, 44, 34, 51, 90, 121; 209 de la Constitución Política y 4, 5, 23, 24.5, 25,
26, 28, 50 y 60 de la Ley 80 de 1993; 1498, 1501, 1602, 1603, 1613, 1740 y 1741
del Código Civil; 3, 9, 37, 11, 86, 103, 104, 141, 179 y 231 del CPACA y 86 de la
Ley 1474 de 2011, para lo cual adujo que la entidad demandada profirió los actos
demandados con violación del debido proceso por pretermisión de las garantías
fundamentales del debido proceso y del derecho de defensa; agregó que con la
actuación adelantada se despojó de la propiedad privada a una sociedad con apoyo
en actos sin causa y objeto lícitos; finalmente, alegó la falta de competencia
temporal del Departamento del Atlántico, porque para el momento en que se
profiririeron los actos censurados ya había vencido el plazo de ejecución del
convenio de asociación celebrado.
2. El trámite de primera instancia
1) La demanda se admitió por auto del 1º de febrero de 2021 (índice 2 SAMAI –
archivo ED_05AUTOADMITEDE(.pdf) NroActua 2) y se ordenó su notificación a la
entidad demandada y al Ministerio Público.
2) El Departamento del Atlántico se opuso a las pretensiones de la demanda (índice
2 SAMAI – archivo ED_121CONTESTACIONDE(.pdf) NroActua 2), para lo cual
indicó que es cierto que el Juzgado 14 Civil Municipal de Barranquilla (Atlántico)
concedió el amparo constitucional solicitado por las demandantes; sin embargo,
precisó que el Juzgado 9 Civil del Circuito de Barranquilla revocó dicho fallo
como resultado del recurso de apelación interpuesto, por manera que no es
cierto que se vulneraron los derechos fundamentales del debido proceso y de
defensa de Fundecavi y de Malkún Zarur y Cía S en C.
La entidad territorial demandada manifestó, expresamente, que los
demandantes pretenden obtener provecho de su propia negligencia y mala fe al
restarle validez a las actuaciones surtidas producto de su incumplimiento
contractual, con la premisa de una supuesta indebida notificación, cuando lo
cierto es que la administración departamental informó de las actuaciones en las
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Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
direcciones legamente registradas en los certificados de existencia y
representación legal, por lo cual si las demandantes cambiaron de domicilio
social era su deber legal registrar dicha modificación en el correspondiente
registro mercantil.
En relación con la falta de competencia temporal alegada, la parte demandada
puntualizó que las sentencias citadas por los demandantes se refieren a la
imposibilidad de declarar la caducidad del contrato después que este haya
terminado, pero, ese no es el supuesto aplicable en este caso concreto, pues, la
administración departamental se circunscribió a declarar el incumplimiento del
convenio celebrado; además, si se partiera del hecho de que el contrato ya
hubiere finalizado en su plazo de ejecución, no habría impedimento alguno para
que la administración declarara su incumplimiento, por la sencilla razón de que
una vez terminado el plazo es que la entidad contratante cuenta con los
fundamentos necesarios para determinar si las obligaciones se cumplieron o, por
el contrario, se desatendieron.
Finalmente, sostuvo que la sociedad Malkún Zarur y Cía S en C concurrió con
su voluntad a la conformación de la referida unión temporal y adquirió como
obligación principal la cesión o aporte al proyecto del bien inmueble de su
propiedad en el cual desarrollaría el programa VIS LA PRIMAVERA en el
municipio de Palmar de Varela (Atlántico), de allí que es un contrasentido
pretender no solo dejar sin efectos tales disposiciones originadas de la
autonomía de la voluntad, sino también pedir que se le pague el valor comercial
del inmueble, pues, tales declaraciones configurarían un enriquecimiento sin
causa en favor de la referida sociedad comercial.
3. La sentencia de primera instancia
El 20 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió la sentencia
de primera instancia, mediante la cual negó las súplicas de la demanda (índice 2
SAMAI – archivo ED_77SENTENCIA1RAINST.pdf) con los siguientes fundamentos:
1) El cargo de nulidad estructurado en la violación de los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y de defensa por la indebida citación de las
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Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
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entidades demandantes al proceso contractual sancionatorio, deviene caprichoso
debido a que Fundecavi y Malkún Zarur y Cía S en C no autorizaron, expresamente,
recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de allí que es válido
que las citaciones se hubieren efectuado en las direcciones físicas para
notificaciones judiciales registradas en los certificados de existencia y
representación de las demandantes, quienes habían renovado su registro mercantil
en una fecha cercana a la apertura del proceso sancionatorio adelantado en el año
2019; por consiguiente, las demandantes tuvieron oportunidad de oponerse al
señalamiento y a la decisión administrativa adoptada, tal como lo concluyó el juez
constitucional de tutela en la sentencia de segunda instancia.
2) El Consejo de Estado ha precisado que el plazo del contrato no necesariamente
coincide con la vigencia de este, pues, es posible que para la finalización de la fecha
expresamente acordada en el negocio jurídico queden obligaciones pendientes por
ejecutar, por lo tanto en este tipo de escenarios es perfectamente posible que la
administración adelante el procedimiento administrativo contractual para la
declaración de incumplimiento.
Con apoyo en lo acreditado en el proceso es posible establecer que la actuación
administrativa que finalizó con los actos administrativos demandados se desarrolló
en el ejercicio legítimo de la potestad sancionatoria de la administración, luego del
vencimiento del plazo estipulado en el contrato -18 de mayo de 2017 fecha del acta
de recibo final del convenio no. 0108*2010*000011-, por lo cual queda sin sustento
lo afirmado por la parte actora en el sentido de que existe falta de competencia de
temporal de la facultad sancionatoria, porque se profirieron los actos demandados
con posterioridad al vencimiento del plazo contractual.
3) Del clausulado del convenio no. 0108-2010-000011 y de los documentos otrosí
nos. 2 y 3 de 2012 se deduce que la sociedad Malkún Zarur y Cía S en C se obligó
a transferir a título gratuito el lote de terreno en desarrollo del convenio de asociación
celebrado entre las partes y los otrosí nos. 2 y 3 del 6 de diciembre de 2012.
4. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión de primera instancia, la Fundecavi y Malkún Zarar y Cía
S en C interpusieron recurso de apelación (índice 2 SAMAI-
ED_79RECURSODEAPELACI.pdf), el cual fue concedido en auto del 12 de
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Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
diciembre de 2023 (índice 60 SAMAI primera instancia) y admitido por esta
Corporación mediante proveído del 23 de febrero de 2024 (índice 6 SAMAI).
Los fundamentos del recurso de apelación son, en síntesis, los siguientes:
1) La sentencia es ilegal porque desconoce que el Departamento del Atlántico
estaba impedido para declarar el incumplimiento de las demandantes por el hecho
de haber vencido el plazo contractual en tanto que las potestades exorbitantes no
pueden ejercerse al infinito, de conformidad con el principio general del derecho que
determina que no hay pena que no prescriba.
2) La sentencia es violatoria de la ley, por cuanto desconoce que el Departamento
del Atlántico transgredió los derechos constitucionales fundamentales de audiencia
y de defensa de Fundecavi y de Malkún Zarur y Cía S en C, pues, el comportamiento
de la entidad territorial estuvo encaminado a ocultar la actuación administrativa
sancionatoria.
3) La providencia atacada es ilegal, debido a que desconoce que la Gobernación
del Atlántico despojó de la propiedad privada a la sociedad Malkún Zarar y Cía S en
C mediante actuaciones “injurídicas” sin causa y objeto lícitos.
4) El fallo impugnado es manifiestamente inconstitucional en la medida en que
aplica los otrosí nos. 2 y 3 de 2012, acuerdos contractuales que contienen fórmulas
de imposible cumplimiento y que desconocen “el mundo guiado por la lógica y el
derecho” (fl. 16 índice 2 SAMAI - ED_79RECURSODEAPELACI.pdf).
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis del caso concreto, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
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Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Presentada la demanda de manera oportuna1, el centro de la controversia planteada
consiste en determinar si los actos administrativos demandados son nulos por
violación y desconocimiento de normas superiores y/o por haber sido expedidos con
falta de competencia temporal o, por el contrario, si las resoluciones demandadas
están ajustadas al ordenamiento jurídico, tal como lo concluyó el a quo, por no
desvirtuarse la presunción de legalidad que las cobija.
La Sala confirmará la sentencia apelada porque, de un lado, la parte actora se limitó
a reiterar los argumentos o cargos de nulidad expuestos en el escrito de demanda,
sin indicar de manera específica los motivos de inconformidad con la sentencia de
primera instancia, al grado tal que no controvirtió el análisis ni la argumentación
desarrollada por el a quo, sino que, se reitera, el apoderado judicial de la fundación
y de la sociedad demandantes insistió en los planteamientos contenidos en el libelo
petitorio de manera general, sin precisar o identificar objeciones concretas frente al
fallo atacado, salvo algunos aspectos específicos que serán analizados por
constituir un verdadero reproche frente a la decisión de primera instancia.
Análisis del caso concreto
1) El inciso primero del artículo 320 de la Ley 1564 de 2012 (CGP) prevé: “El
recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión” (destaca la Sala);
como se advierte, el legislador determinó, expresa y puntualmente, que la finalidad
del recurso de apelación se circunscribiera a la revisión que hace el superior
funcional en relación con los aspectos y reparos específicos esgrimidos por el
apelante en contra de la providencia de primera instancia.
En ese orden de ideas, reiterar los argumentos expuestos en la demanda para
soportar afirmaciones tales como “la sentencia de primera instancia es ilegal o la
1 La Resolución no. 002440 -mediante la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la
Resolución no. 00120 que declaró el incumplimiento de las demandantes- fue proferida el 30 de
septiembre de 2019, por manera que la demanda se presentó de manera oportuna el 28 de julio de
2020 (2 SAMAI – archivo ED_00DEMANDA_FUNDECAVI.pdf), dentro del plazo previsto en el literal
j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
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Apelación de sentencia
sentencia de primera instancia es manifiestamente inconstitucional” riñe con la
esencia y la finalidad de la mencionada disposición, en tanto que el objetivo fijado
por el legislador es establecer una carga procesal2 para la parte recurrente en el
sentido de explicitar qué aspectos de la providencia impugnada son errados o
equivocados.
2) Sobre este aspecto, es especialmente relevante advertir que, sobre esta materia,
la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-418 de 2019 discurrió de la
siguiente manera3:
“Particularmente, si la decisión inicial es correcta, la apelación no debe
convertirse en el instrumento a través del cual se pretenda probar
suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en
aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den
cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una
equivocación. Eso explica por qué se exige que la apelación deba ser
sustentada. Porque para controvertir una decisión judicial y
provocar la intervención del superior, con lo que eso implica en
términos de desgaste del aparato judicial, y en merma de la
seguridad jurídica, es preciso mostrar razones serias que generen
en el fallador una cierta duda sobre el asunto recurrido, o, al menos,
que se planteen de manera clara y argumentada las razones de la
discrepancia” (se destaca).
En esa precisa perspectiva, la Sala advierte que en este caso objeto de análisis
la parte actora no identificó ni precisó los yerros, los argumentos, los
razonamientos o al menos los párrafos de la sentencia de primera instancia sobre
los cuales recaería el reproche o la censura del recurso; contrario sensu, el
apoderado judicial de la parte demandante se limitó a afirmar, que la sentencia
era ilegal e inconstitucional pero con apoyo en los mismos cargos de nulidad
expuestos en la demanda, con lo cual se desconoce la finalidad y el objeto del
recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del
CGP.
La competencia del superior funcional o juez de segunda instancia está limitada
a los aspectos y argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deban adoptarse de oficio, en los casos previstos en la ley
2 “Las cargas procesales (…) solo surgen para las partes, nunca para el juez, y su no ejercicio acarrea
consecuencias procesales desfavorables que pueden repercutir también desfavorablemente sobre
los derechos sustanciales que en el proceso se ventilan” DEVIS Echandía, Hernando “Teoría
General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 46.
3 Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
(artículo 328 CGP – v gr caducidad, indebida escogencia del medio de control,
falta de legitimación en la causa, etc) 4, ese es el marco de competencia y de
acción del juez de la impugnación.
3) Adicionalmente, esta Corporación ha precisado que la carga de sustentación no
se satisface con la simple manifestación genérica de disenso frente a la providencia
apelada y, por el contrario, que el recurrente tiene la carga procesal de identificar
los argumentos de censura en contra la decisión que se pretende controvertir, pues,
por regla general, estos delimitan los temas objeto de control por parte del ad quem5.
4) De otra parte, si se admite que el apelante reitere, de manera abstracta o
genérica, los cargos de nulidad desarrollados en la demanda -sin censura
específica en contra del razonamiento contenido en la sentencia de primera
instancia- se afecta el principio del efecto útil de las normas, según el cual “debe
considerarse, de entre varias interpretaciones de una disposición normativa, aquella
que permita consecuencias jurídicas sobre la que no las prevea, o sobre la que
prevea consecuencias superfluas o innecesarias”6.
En consecuencia, la interpretación que favorece el efecto útil del artículo 320 del
CGP, así como también la finalidad del legislador (método hermenéutico
finalístico) es la que propende porque se exija con el recurso de apelación unos
reparos concretos y específicos en contra de la providencia de primera instancia,
sin que sea permitido, simplemente, reiterar o insistir en el concepto de violación
de la demanda, sin indicar, específicamente, los yerros de hecho, de derecho,
procedimentales o de raciocinio en que incurrió el a quo al resolver los cargos de
nulidad formulados.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio
de 2014, exp. 2012-00395 (IJ).
5 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 26 de enero de 2022, exp. 20005-23-26-000-2012-00402-01 (49.319),
CP Alberto Montaña Plata; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de diciembre de 2022, exp. 23001-23-31-000-2013-00042-
02 (61.440), CP José Roberto Sáchica Méndez y, iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 8 de abril de 2022, exp. 05001-23-33-000-
2021-00833-01(68.199), CP Marta Nubia Velásquez Rico.
6 Corte Constitucional, sentencia C-569 de 2004, MP Rodrigo Uprimny Yepes (E).
13
Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
5) Finalmente, es importante destacar que en reciente pronunciamiento del 12 de
abril de 2024 esta Sala concluyó lo siguiente sobre el tema objeto de análisis 7:
“Así las cosas, la apelación únicamente hizo un recuento probatorio y
una reproducción de las imputaciones hechas en la demanda lo cual
no se opone a las razones que sustentaron la decisión de negar las
pretensiones, pues, no se expuso ni se desarrolló ningún sustento
fáctico, precepto normativo o planteamiento lógico que permita
controvertir los extremos de ese análisis, la forma en que se hizo o
las conclusiones a las que llegó y, la ausencia de contradicción
obliga a confirmar el fallo apelado porque la Sala carece de razones
para estudiar la decisión impugnada8.
En efecto, la posición unificada de la Sección Tercera9 sobre la materia
indica que el marco fundamental de competencia del juez de segunda
instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas
que se aducen en contra de la decisión adoptada en primera instancia,
razón por la cual no basta con la sola interposición del recurso, por cuanto
es necesario señalar las razones que controvierten las conclusiones que
sustentan la sentencia impugnada y es por ello que el artículo 320 del
Código General del Proceso (CGP) prevé que el superior puede examinar
‘la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante’” (destaca la Sala).
En síntesis, el artículo 320 del CGP, aplicable en virtud de la remisión normativa
expresa contenida en el artículo 306 del CPACA, establece una carga procesal en
cabeza de la parte recurrente en el sentido de exigir que se formulen reparos
concretos y específicos en contra de la sentencia apelada, sin que la apelación
implique resolver, nuevamente, todos los aspectos del litigio -salvo que apelen
ambas partes de conformidad con el artículo 328 del CGP-, de modo que el juez de
segunda instancia puede resolver sin limitaciones “cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso”.
Así las cosas, el hecho de que la parte actora hubiese “reiterado” o “replicado” los
cargos de nulidad sin hacer una identificación de los yerros o reparos elevados en
contra de la sentencia de primera instancia10, salvo la formulación de algunos
calificativos o epítetos -sentencia ilegal, sentencia inconstitucional, etc- configura
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 65.756.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de agosto de 2022, exp.
59.465, CP Fredy Ibarra Martínez.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp.
21.060, CP Mauricio Fajardo Gómez.
10 “Principio de Sustentación. La sustentación exige al recurrente indicar razonadamente los
cuestionamientos de índole jurídica o fáctica respecto de la decisión. Tiene por finalidad hacer un
cuadro comparativo entre las razones aducidas por el fallador y las del recurrente, para demostrar el
agravio, la lesión que esa decisión causa, o el denominado error in iudicando o in procedendo” RICO
Puerta, Luis Alonso “Teoría General del Proceso”, Ed. Tirant lo Blanch, Bogotá, 2019, pág. 828.
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Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
una la ausencia de razones de apelación, lo cual impide concluir algo distinto a lo
expuesto y decidido por el a quo, dado que la carga argumentativa le correspondía
al apelante y la Sala no puede suplirla oficiosamente.
5) No obstante lo anterior, esto es, a pesar de la generalidad y abstracción del
recurso de apelación en tanto insistió en los cargos de nulidad de los actos
acusados, la Sala advierte que existen algunos específicos reparos en el recurso de
apelación respecto de la sentencia de primera instancia, los cuales se analizarán a
continuación.
6) En efecto, en primer lugar, se sostiene que no es de recibo la argumentación de
la providencia, por cuanto se sugiere que la gobernación del Atlántico se encontraba
facultada para ejercer las facultades exorbitantes durante la etapa postcontractual,
lo cual desconoce los precedentes jurisprudenciales que rigen la materia, dado que
estas facultades no son ilimitadas, sino que están delimitadas por la vigencia del
plazo de ejecución del contrato.
Sobre este reproche específico, no le asiste razón al extremo recurrente debido a
que el tribunal de primera instancia, contrario a lo precisado en la impugnación, sí
analizó ese aspecto de la controversia, tanto así que hizo una distinción entre la
facultad excepcional de declarar la caducidad del contrato y la posibilidad que tiene
la administración contratante para declarar el incumplimiento del negocio jurídico,
pues, respecto de la primera la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido de
manera enfática que el límite temporal para su ejercicio es hasta el vencimiento del
plazo de ejecución del contrato, mientras que frente a la segunda es perfectamente
viable su ejercicio con posterioridad al vencimiento del plazo acordado en negocio
jurídico y hasta el límite pactado para la liquidación del contrato, en los términos
previstos en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
Sobre el particular, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación ha
razonado de la siguiente manera11:
11 Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 12 de julio de 2012, expediente
no. 15.024.
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Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
“14.8 En ese orden de ideas, la Sala concluye que las entidades estatales
no deben esperar a que se venza el plazo de ejecución del contrato para
comprobar si hubo un incumplimiento total del mismo y decretar la
caducidad; todo lo contrario: las normas que consagran la facultad de
declarar la caducidad exigen que el plazo no haya expirado para
declararla, puesto que el incumplimiento que esas normas requieren para
decretar la caducidad es el de las obligaciones que se deben ir
cumpliendo continuamente para llegar al cumplimiento del contrato en su
totalidad. Así, en la medida en que se acredite el incumplimiento de
obligaciones que son fundamentales para la realización del objeto
contratado, la entidad estatal, con un proceder diligente, advertirá que la
prestación principal, el objeto del contrato, no será satisfecho dentro del
plazo de ejecución y, por tal motivo, decretará la caducidad.
14.9 De tal forma, al tenor de las normas que tipifican la caducidad, de
acuerdo con los criterios de interpretación gramatical y teleológico –que
aquí claramente coinciden–, constituye un requisito legal para declarar la
caducidad del contrato que el plazo de ejecución correspondiente no haya
expirado, puesto que si ya expiró sin que el contrato se ejecutara, la
declaratoria de caducidad no lograría satisfacer uno de los propósitos
principales de la norma, cual es permitir, en los términos del artículo 18
de la Ley 80, que "la entidad contratante tome posesión de la obra o
continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a
través del garante o de otro contratista…" y conjure, de esta forma, la
amenaza que se cierne sobre el interés general, representado en la
debida ejecución del objeto contratado.
14.10 Como argumento final, el bien jurídico que se ampara, esto es, la
ejecución del objeto contratado, no se puede proteger mediante la
declaratoria de caducidad cuando el plazo para la ejecución del contrato
–pactado originariamente en el contrato o en la adición u otrosí que para
el respecto se suscriba– haya expirado. Si bien es cierto que en ocasiones
el contratista ejecuta obras pactadas después de expirado el plazo,
incluso con la aquiescencia de la entidad, tal comportamiento no genera
jurídicamente extensión alguna del plazo de ejecución, puesto que un
contrato que es solemne por prescripción legal18 –como el contrato estatal
y dentro de este, por supuesto, la cláusula que establece el plazo de
ejecución–, solo se puede modificar a través de un acuerdo o convención
que se ajuste a las mismas formalidades requeridas para la creación del
contrato originario, dado que la convención modificatoria está tomando el
lugar del contrato originario y la solemnidad que se predica legalmente de
éste, se exige para reconocer existencia, validez y eficacia a la
convención que lo modifica”.
De otra parte, en relación con la competencia temporal para declarar el
incumplimiento del contrato, la jurisprudencia de la misma Corporación ha precisado
sin ambages lo siguiente12:
“Ha dicho la jurisprudencia que los poderes exorbitantes que tiene la entidad
pública contratante sólo pueden ejercerse dentro de la vigencia del contrato.
12 Sentencia de 29 de enero de 1988, expediente no. 3615. Criterio reiterado en múltiples decisiones
de la Sección. Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de octubre de
2013, expediente no. 24697, sentencia del 25 de mayo de 2011, expediente no. 18.017, sentencia
de 20 de noviembre de 2008, expediente no. 17.031.
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Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Así podrá terminarlo unilateralmente, declararlo caducado por
incumplimiento o por las demás causales permitidas en la ley, modificarlo o
interpretarlo unilateralmente, imponer multas o sanciones o liquidarlo motu
proprio, etc., etc.
(…)
Para la Sala, la doctrina expuesta merece ratificación parcial, pero con algunas
precisiones en torno a la declaratoria de incumplimiento, la que, en ciertas
circunstancias, sí podrá hacerse por la Administración contratante después del
vencimiento del término del contrato.”
(…)
¿Pero qué sucede cuando el contratista incumple y la administración guarda
silencio durante la vigencia del mismo?
Con la tesis anterior, nada podía hacer; y tenía que someterse la
Administración que cumplió o se allanó a cumplir, a la decisión del Juez del
contrato.
Pues bien. Aquí se rectifica la tesis con el siguiente alcance: en los
contratos de obra pública, de suministro o prestación de servicios, por
ejemplo, en los cuales la nota de tracto sucesivo se ve clara, la
Administración podrá declarar el incumplimiento del contratista luego de
que haya vencido el plazo contractual sin que éste haya ejecutado la
totalidad de la obra, entregado todos los bienes o prestado el servicio
convenido, como medida obligada para hacer efectiva la cláusula penal
pecuniaria.
“(…) La doctrina venía tomando este texto en forma recortada. Aceptaba que
con la declaratoria de caducidad pudieran hacerse efectivas dicha cláusula y
las multas, pero no aceptaba que esas medidas pudieran hacerse efectivas
cuando la Administración no hiciera el pronunciamiento de caducidad durante
el plazo contractual o lo produjera después de su vencimiento y menos que
pudiera hacer, vencido el contrato, una declaración de incumplimiento para
tales efectos.
“Con esta interpretación se estaba recortando evidentemente el poder de la
Administración contratante; porque si bien ésta no puede caducar lo ya
terminado, nada impide que se pronuncie sobre el incumplimiento del
contratista, cuando precisamente el vencimiento del plazo pone en evidencia
que ya el contrato no se puede ejecutar en su integridad. En otros términos,
cuando el vencimiento del plazo, per se, muestra que hubo un incumplimiento
en determinado porcentaje.
(…)
Pero este poder de declarar el incumplimiento no podrá ejercerse en forma
ilimitada en el tiempo porque no podrá declararse después de vencido el plazo
que la Administración tiene para liquidar tales contratos. Es apenas obvio que
no pueda cumplirse después de esa liquidación, háyase hecho en forma
unilateral o de común acuerdo entre los contratantes. Si lo primero y la
Administración guardó silencio de ese incumplimiento en su acto, no podrá
revocarlo sin consentimiento del contratista ya que creó una situación
individual o concreta a su favor. Y si lo segundo (liquidación de común
acuerdo) el acto será intocable unilateralmente por conformar un acuerdo de
voluntades logrado entre personas capaces de disponer.
17
Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
En suma, la Administración podrá declarar el incumplimiento después del
vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o
dentro del acto liquidatorio mismo, pero no después de la expedición de éste”
(se destaca).
En ese orden de ideas, no le asiste razón al apoderado judicial de la parte actora,
pues, el marco normativo y jurisprudencial permite que se declare el incumplimiento
del contrato luego del vencimiento del plazo contractual, sin que exista un término
indefinido o “hasta el infinito” (pág 7 recurso), sino que el límite temporal será hasta
antes de la liquidación del respectivo negocio jurídico.
7) Como segundo reproche, la parte actora aduce que la sentencia desconoció y
pasó por alto el contenido y alcance del artículo 1602 del Código Civil dado que las
partes acordaron que la no obtención del subsidio por parte del Ministerio Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial conllevaba a la terminación de la unión
temporal, sin que acarreara incumplimiento para ninguna de las partes contratantes,
con lo cual se impusieron consecuencias inconstitucionales, ilegales, ilógicas y de
imposible cumplimiento.
En el acuerdo de unión temporal del 25 de noviembre de 2009 celebrado entre el
Departamento del Atlántico, Fundecavi y la sociedad Malkún Zarur y Cía S en C,
estas dos últimas asumieron las siguientes obligaciones:
7.2. POR PARTE DE MALKÚN ZARUR Y CIA S. EN C.:
7.2.1. Aportar el lote de terreno debidamente saneado y libre de todo
embargo, anticresis, cláusulas condicionantes, ninguna limitación al
dominio que como propietario ejerce sobre el lote de mayor extensión
distinguido con la matrícula inmobiliaria no. 040-0005060 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicoas de Barranquilla (…).
7.3. POR PARTE DE FUNDECAVI:
7.3.1. Gestionar, recaudar, administrar los recursos aportados para el
programa de vivienda de interés social ‘La Primavera’ en el municipio de
Palmar de Varela. 7.3.2. Gestionar los subsidios y realizar todos los
requerimientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial para el desembolso de los recursos de manera
oportuna (…)13.
Ahora bien, el 6 de diciembre de 2012 las partes celebraron el otrosí no. 3 en el cual
convinieron lo siguiente:
13 Índice 2 SAMAI- ACUERDO_UNION TEMPORAL LA PRIMAVERA_25-11-2009
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Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
“CLÁUSULA PRIMERA. ADICIONAR EL NUMERAL 7 DEL ACUERDO
DE UNIÓN TEMPORAL, MODIFICADO MEDIANTE EL NUMERAL 6 DEL
OTROSÍ No. 002 LOS PARÁGRAFOS QUE A CONTINUACIÓN SE
DESCRIBEN:
PARÁGRAFO PRIMERO: MALKÚN ZARUR Y CIA S. EN C. constituirá
un patrimonio autónomo, mediante la suscripción de un contrato de
fiducia, al cual esta transferirá el inmueble o lote aportado para la
realización del proyecto, estando obligada a escriturar a nombre de cada
uno de los beneficiarios el lote de terreno que les corresponda, en caso
de cumplirse con el objeto del presente acuerdo de unión temporal.
PARÁGRAFO CUARTO: la celebración del contrato de fiducia y la
transferencia al patrimonio autónomo del lote destinado para la realización
del proyecto, deberá realizarse por MALKÚN ZARUR Y CIA S. EN C.
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del
presente otrosí.
PARÁGRAFO QUINTO: los recursos aportados por EL
DEPARTAMENTO, deberán ser invertidos única y exclusivamente en la
dotación de los servicios públicos domiciliarios básicos al programa de
interés social denominado ‘Urbanización La Primavera’ en el municipio de
Palmar de Varela – Atlántico.
CLÁUSULA SEGUNDA. ADICIONAR AL ACUERDO DE UNÓN
TEMPORAL Y A LOS OTROSÍES Nos. 001 y 002 de 2011, EL
SIGUIENTE NUMERAL: LA FUNDACIÓN tendrá un plazo de seis (6)
meses, contados a partir de la firma del presente otrosí para la gestión y
obtención de la asignación de los subsidios a las familias que se
postularán dentro del proyecto.
PARÁGRAFO PRIMERO: en todo caso, si LA FUNDACIÓN no logra
presentar al DEPARTAMENTO dentro del plazo previsto en la cláusula
segunda de este documento el acto administrativo y/o el documento
expedido por la entidad competente donde se disponga la asignación de
los subsidios a las familias que se postularán dentro del proyecto, EL
DEPARTAMENTO podrá terminarlo, para lo cual solo será necesario una
comunicación por escrito del DEPARTAMENTO dirigida a LA
FUNDACIÓN informando lo anterior.
PARÁGRAFO SEGUNDO: en caso de que haya lugar a la terminación del
convenio en los términos descritos en el parágrafo precedente, las partes
procederán a liquidar el presente acuerdo en el estado en que se
encuentre, disponiendo para tal efecto del término de treinta (30) días
calendario, en caso de que no se llegare a acuerdo alguno, EL
DEPARTAMENTO estará facultado para liquidarlo unilateralmente. No
obstante lo anterior, MALKÚN ZARUR Y CIA S. EN C. deberá liquidar el
contrato de fiducia y procederá a ceder gratuitamente a favor de EL
DEPARTAMENTO el lote destinado para la realización del proyecto, para
que el mismo sea incorporado al banco de predios del DEPARTAMENTO,
para la solución del déficit de vivienda”.
19
Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
De otra parte, en el parágrafo segundo de la cláusula cuarta del convenio no.
0108*2010*000011 celebrado entre el Departamento del Atlántico y Fundecavi se
pactó14:
“EL DEPARTAMENTO hará efectiva la garantía de cumplimiento
declarando el siniestro correspondiente, si en un lapso máximo de la
vigencia del convenio, LA FUNDACION, no realiza las gestiones
conducentes a la obtención de los subsidios como son:...b) Realizar la
postulación de los beneficiarios del proyecto, cumpliendo con las normas
vigentes en la materia, que los haga acreedores del subsidio familiar de
vivienda”.
En relación con las obligaciones vertidas en los mencionados documentos
contractuales, el tribunal de primera instancia concluyó lo siguiente:
“Las precitadas cláusulas permiten deducir que es a título gratuito que se
daría la cesión del lote de terreno al que se comprometió MALKUN
ZARUR aportar al contrato administrativo, sin que se deba efectuar
reconocimiento alguno como puede mal entenderse, a favor de
FUNDECAVI, puesto que esa condición surgía como se devela del Otrosí
No. 002 del 06-12-2012 en el evento de materializarse la construcción y
ejecución de los subsidios de vivienda de interés social, precisamente
para que se invirtieran en estudios, pólizas, derechos de impuestos,
licencias y otros documentos, pero no habiéndose alcanzado ese objetivo,
queda declinado que el Dpto. Del Atlántico deba hacer reconocimiento a
FUNDECAVI o a MALKUN ZARUR Y CIA S. EN C.” (página 66 índice 2
SAMAI – archivo ED_77SENTENCIA1RAINST.pdf)
En ese orden de ideas, el tribunal de primera instancia no desconoció el contenido
del artículo 1602 del Código Civil, según el cual todo contrato legalmente celebrado
es ley para las partes, en tanto que las consecuencias del incumplimiento en la
consecución u obtención de los subsidios eran la terminación inmediata del negocio
de unión temporal, la posibilidad de declarar el incumplimiento, declarar el siniestro
y, finalmente, la transferencia del inmueble cedido al patrimonio autónomo a título
gratuito por parte de la sociedad Malkún Zarur y Cia S en C en favor del
Departamento del Atlántico, sin que ninguna de estas consecuencias pueda ser
catalogada como inconstitucional, ilegal, expropiatoria y mucho menos
confiscatoria, debido a que las mismas son producto del principio de la autonomía
de la voluntad y no riñen o pugnan con el ordenamiento jurídico superior, por cuanto
se derivan del libre consentimiento de las partes, en los precisos términos previstos
en el referido artículo 1602 del Código Civil.
14 Ibidem.
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Las mencionadas consecuencias tampoco riñen con los postulados de la lógica
formal ni son de imposible cumplimiento, porque se derivan precisamente del
incumplimiento atribuible a Fundecavi y son producto de la autonomía de la
voluntad, además son posibles tanto física como jurídicamente, ya que en modo
alguno contienen objeto o causa ilícita.
8) Finalmente, sostienen las demandantes que la sentencia es ilegal porque
desconoció una realidad incontrastable, por el hecho de que el departamento
adelantó la actuación administrativa contractual de manera clandestina.
La Sala advierte que este reproche constituye una simple reiteración de uno de los
cargos de nulidad formulados en contra de los actos administrativos demandados,
esto es, la violación de los derechos constitucionales del debido proceso y de
defensa.
Contrario a lo afirmado por las recurrentes, la sentencia de primera instancia hizo
un análisis extenso, juicioso y riguroso frente a la supuesta transgresión de los
mencionados derechos constitucionales de la fundación y la sociedad
demandantes, para concluir que en modo alguno fueron vulnerados con la actuación
adelantada por la entidad territorial demandada.
Además, si bien existió un trámite de acción de tutela, tal como se afirmó en los
hechos de la demanda, lo cierto es que, mediante sentencia del 20 de abril de 2020,
el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla revocó la sentencia de primera
instancia y negó el amparo solicitado con apoyo en el siguiente razonamiento15:
“Del análisis del material probatorio presentado por la accionada al
momento de la contestación de los hechos de la tutela también observa
el Despacho que las accionantes se hicieron parte del trámite
administrativo sancionatorio interponiendo recurso de reposición en
contra de la Resolución no. 001201 de agosto 26 de 2019 que declaró el
incumplimiento del Contrato de Unión Temporal suscrito entre el
departamento del Atlántico y (…) y el incumplimiento del Convenio de
Asociación no. 0108-2010-000011.
Igualmente aportaron la Resolución no. 000865 del 13 de junio de 2019,
mediante la cual se resuelve la solicitud de nulidad presentada por la
15 Índice 2 SAMAI - TUTELA (IMPUGNACION) DEBIDO PROCESO - IGUALDAD – PROPIEDAD
PRIVADA Vs GOBERNACION DEL ATLANTICO Y OTROS.
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Fundecavi el día 31 de mayo de 2019, declarando la improcedencia de la
misma.
Con lo anterior queda demostrado que Fundecavi y la sociedad (…) tenían
conocimiento del trámite administrativo sancionatorio llevado a cabo por
la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Atlántico, y en
consecuencia comoquiera que se agotó la vía gubernativa, mal puede
acudirse a la acción constitucional para ventilar un tema que es del resorte
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (…)”.
Igualmente, el tribunal de primera instancia valoró el material probatorio y las
notificaciones realizadas a Fundecavi y Malkún Zarur y Cia S en C, para concluir
que el cargo de nulidad no prosperaba por los siguientes motivos:
“Deviene caprichoso que este cargo haya sido formulado en esta
demanda cuando fue vencido dentro de la misma actuación administrativa
tras resolverse la solicitud de nulidad deprecada; además, que en sede
de tutela proferida el 20-04-2020 como se ilustró; aunado, no pudiendo
ser de recibo que se surtieran las notificaciones a los buzones electrónicos
de FUNDECAVI y MALKUN ZARUR Y CIA S. EN C. por dejándose válido
que las citaciones se hayan efectuado en las direcciones físicas para
notificaciones judiciales registradas en los certificados de existencia y
representación de las demandantes, quienes a su vez habían renovado
su registro de matrícula mercantil con fecha reciente a la apertura del
proceso sancionatorio, 2019 para el caso de FUNDECAVI y 2016 para
MALKUN ZARUR Y CIA S. EN C.; y, direcciones físicas para efectos de
notificación, que como es en el caso de FUNDECAVI, coincide (Cra. 20
No. 68 – 16 PI 2 de Barranquilla) con los memoriales previos – de
manifestación de buzones electrónicos para fines de notificación de 06-
05-2019 y nueva fecha para celebración de audiencia de 07-05- 2019 - a
la celebración de la audiencia de 29 de mayo de 2019, radicados ante la
Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Atlántico, no
explicándose esta judicatura cómo entonces a la empresa de
correspondencia Servientrega le eran devueltas las guías por
presuntamente estar desocupado el inmueble, si iban dirigidas a la misma
dirección que reportaba en dichos memoriales la parte demandante,
previos a la audiencia del 29-05-2019; debiéndose agregar lo extractado
de la audiencia del 29 de mayo de 2019 en que se develó: ‘…y enviado
por el servicio de oficios judiciales de SERVIENTREGA, guía No.
995111116 al señor ORLANDO MALKÚN ABUD y con constancia de
devolución No. 1254299 donde se deja nota: Dijo ser la persona a notificar
pero se negó a recibir’” (pág 24 y 25 – índice 2 SAMAI - archivo
ED_77SENTENCIA1RAINST.pdf).
En esa perspectiva, la Sala advierte que el a quo no avaló una conducta dolosa o
clandestina de la entidad demandada; contrario sensu, quedó establecido que las
notificaciones se surtieron en las direcciones señaladas en los certificados de
existencia y representación legal -recientemente actualizados-, sin que se pudieran
adelantar de manera electrónica debido que no se había autorizado ese tipo de
notificación por parte de las demandantes, motivo por el cual no es posible sostener
que se vulneraron los derechos de contradicción, de defensa y al debido proceso
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Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
de las actoras, por cuanto, se insiste, las notificaciones fueron efectuadas de
manera válida, tanto así que una persona se “negó a recibir” la correspondiente
notificación.
Es especialmente relevante advertir que no existen motivos o razones adicionales
que permitan concluir algo distinto a lo puntualizado por el tribunal de primera
instancia, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.
Conclusión
La Sala confirmará la sentencia apelada que negó las súplicas de la demanda,
debido a que la parte actora no presentó reparos concretos en contra del fallo de
primera instancia y, por el contrario, se limitó a insistir y replantear de manera
general en los cargos de nulidad (concepto de la violación) contenidos en el escrito
de la demanda, lo cual contraviene el contenido y la finalidad del artículo 320 de la
Ley 1564 de 2012 (CGP), aplicable a la controversia.
Adicionalmente, los escasos reparos que elevó en contra de la sentencia de primera
instancia no están acreditados o demostrados, por el hecho de que no se estableció
que (i) los actos administrativos demandados hubiesen sido proferidos por fuera del
límite temporal; (ii) que las consecuencias acordadas en los documentos
contractuales fueran inconstitucionales, ilegales, ilógicas o de imposible
cumplimiento y, (iii) que la entidad territorial hubiera transgredido los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, de defensa y de contradicción.
Condena en costas
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como
se desestimó el recurso de apelación de la parte demandante esta asumirá las
costas procesales de la segunda instancia en favor del Departamento del Atlántico,
las cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera
instancia en los precisos términos de los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las
agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
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Expediente: 08001-23-33-000-2020-00410-01 (70.836)
Actor: Malkún Zarur y Cía S en C y otra
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia del 20 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2º) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora -de manera
proporcional para cada demandante- en favor del Departamento del Atlántico,
tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.
3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente
al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias
secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara el voto
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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