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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2020-00428-01

Fecha
9 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2020-00428-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada 2. Condenar en costas a la parte demandante a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2020-00428-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

9 de septiembre de 2026

Radicado: 08001-23-33-000-2020-00428-01 (30392)
Demandante: Eduardo Enrique Mejía Leguía y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00428-01 (30392)
Demandante: Eduardo Enrique Mejía Leguía y Gebara Ahmad Ibrahim
Demandado: DIAN
Temas: Artículo 658-1 del ET. Sanción al representante legal y revisor fiscal
de la sociedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por los demandantes contra la
sentencia del 23 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que dispuso lo siguiente2:

PRIMERO. - NIEGUÉNSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas en precedencia.

SEGUNDO. - Sin condena en costas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 900001 del 23 de enero de 2019, la DIAN,
además de modificar la declaración del CREE presentada por Tierra Santa SAS por el
año gravable 2015, impuso la sanción prevista en el artículo 658-1 del ET al
representante legal y revisor fiscal de dicha sociedad. Con el acto de determinación,
la DIAN adicionó ingresos no declarados y desconoció costos y deducciones por
operaciones inexistentes.

Contra este acto, los sancionados interpusieron el recurso de reconsideración, el cual
fue resuelto mediante la Resolución nro. 000315 del 17 de enero de 2020, confirmando
su contenido.

Demanda y contestación de la demanda

En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), los
demandantes formularon en la demanda las siguientes pretensiones3:

PRETENSIÓN PRIMERA. Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial del
impuesto sobre la renta para la equidad CREE - de Revisión nro. 900001 del 23 de enero
de 2019, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Barranquilla, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

1
Ingresó al despacho para fallo el 27 de agosto de 2025.
2
Samai Tribunal, índice 20.
3
Samai Consejo de Estado, índice 2.

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1

Radicado: 08001-23-33-000-2020-00428-01 (30392)
Demandante: Eduardo Enrique Mejía Leguía y otro

PRETENSIÓN SEGUNDA Que se declare la nulidad total de la Resolución nro. 000315 del
17 de enero de 2020, por la cual se decide recurso de reconsideración, proferida por el
subdirector de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

PRETENSIÓN TERCERA Que, a título de restablecimiento del derecho y como
consecuencia de las declaratorias de nulidad arriba solicitadas, se declare la
improcedencia de las sanciones impuestas a mis poderdantes.

Como pretensión subsidiaria, solicito de manera respetuosa que, en caso de resolverse
desfavorablemente las anteriores pretensiones, se anulen parcialmente los actos
administrativos en lo referente a las sanciones impuestas en las mismas.

En la demanda la parte actora invocó como normas violadas los artículos 29 de la
Constitución Política; 658-1 del Estatuto Tributario (ET); 41 del CPACA y 197 de la
Ley 1607 de 2012.

La parte demandante desarrolló el concepto de violación conforme se indica a
continuación. La demandada ejerció la defensa a través de la contestación de la
demanda, conforme se sintetiza:

Primer cargo: Falsa motivación por indebida valoración probatoria, falta de
motivación y violación al debido proceso e infracción de normas superiores.

1. Los demandantes sostuvieron que la liquidación oficial carece de motivación en
relación con las sanciones impuestas, pues, a su juicio, la Administración no expuso
las razones fácticas y jurídicas que permitieran concluir que participaron, conocieron
o tuvieron injerencia en las irregularidades atribuidas a la sociedad. En ese sentido,
afirmaron que el acto administrativo no contiene un análisis probatorio que establezca
el vínculo entre tales irregularidades y los presupuestos exigidos por el artículo 658-1
del ET para imponer sanciones al representante legal y al revisor fiscal.

Asimismo, señalaron que la DIAN no individualizó las conductas que les eran
reprochadas ni precisó los hechos concretos que sustentaban la atribución de
responsabilidad a cada uno de ellos, limitándose a derivar la procedencia de la sanción
de las irregularidades detectadas en la actuación de fiscalización adelantada contra la
sociedad.

Bajo esa perspectiva, adujeron que los actos acusados se sustentan en afirmaciones
genéricas e insuficientemente demostradas, sin identificar la conducta atribuible a
cada sancionado ni explicar de qué manera esta encuadra en los supuestos previstos
por la norma sancionatoria. Por ello, consideraron vulnerados sus derechos de
defensa y debido proceso, en cuanto la Administración omitió exponer de manera
clara y suficiente los fundamentos de la decisión.

2. Por su parte, la DIAN señaló que no existe falta de motivación ya que en los actos
demandados se expusieron los hechos, las pruebas y los fundamentos jurídicos que
sustentaron la modificación de la declaración tributaria y la imposición de sanciones.
De igual manera argumenta que se garantizó el debido proceso porque los sujetos
sancionados tuvieron la oportunidad de responder al requerimiento especial y de
interponer recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión.

Sostuvo que la actuación de la Administración estuvo soportada en la omisión de
ingresos y en la inclusión de costos y deducciones inexistentes, cumpliéndose
plenamente los supuestos del artículo 658-1 del ET para la imposición de las

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Demandante: Eduardo Enrique Mejía Leguía y otro

sanciones, como quedó explicado y demostrado con suficiencia en los actos
demandados.

Segundo cargo: Improcedencia de la sanción

1. Los demandantes señalaron que, además, la sanción impuesta al representante
legal y al revisor fiscal con fundamento en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario es
improcedente por ausencia de los presupuestos legales que exige dicha norma para
su aplicación. Al efecto, indicaron que la DIAN fundamenta la sanción en el rechazo
de algunas deducciones tomadas por la compañía, al considerarlas improcedentes
fiscalmente. Sin embargo, el artículo 658-1 solo permite sancionar cuando se
configuran hechos específicos: (i) omisión de ingresos gravados, (ii) doble
contabilidad, o (iii) inclusión de costos o deducciones inexistentes y pérdidas
improcedentes. Según la defensa, ninguno de estos supuestos ha sido demostrado
por la Administración.

Sostuvieron que la controversia planteada por la DIAN se limita a la procedencia
tributaria de ciertas deducciones e ingresos, pero no a la existencia real de tales
operaciones. Las deducciones cuestionadas fueron efectivamente realizadas,
documentadas y sustentadas dentro del expediente, por lo que no pueden calificarse
como inexistentes, requisito indispensable para aplicar la sanción.

Finalmente, alegaron que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
una deducción inexistente es aquella que carece de realidad o validez jurídica,
circunstancia que no ocurre en este caso, pues las operaciones existieron y fueron
debidamente soportadas. Asimismo, la Administración no ha demostrado la existencia
de ingresos ocultos ni de una conducta evasiva. A lo sumo, existe una diferencia de
criterio sobre la clasificación o el tratamiento tributario de ciertas operaciones que hace
inviable las sanciones impuestas.

2. La DIAN argumenta que la sanción impuesta al representante legal y al revisor fiscal
fue legal, se adecúa al artículo 658-1 del ET, en tanto que estuvo soportada en la
omisión de ingresos y en la declaratoria de deducciones inexistentes. La DIAN destaca
que la declaración de renta del año gravable 2015 fue firmada por el representante
legal y por el revisor fiscal sin salvedades, lo que implica que ambos certificaron la
veracidad de la información contable y tributaria consignada en la declaración. Agregó
que, según el artículo 581 del ibidem, la firma del contador o revisor fiscal acredita que
los libros de contabilidad están llevados conforme a la ley y reflejan razonablemente la
situación financiera de la empresa.

Enfatizó que, tanto los representantes legales como los revisores fiscales tienen un
deber especial de diligencia, vigilancia y verificación, por cuanto su actuación genera
confianza pública y protege los intereses de la sociedad, los asociados, terceros y el
Estado. Respecto del revisor fiscal, señaló que este conoció o debió conocer las
irregularidades detectadas por la Administración y, pese a ello, no formuló
observaciones ni salvedades al momento de firmar la declaración tributaria. De hecho,
reconoció en el recurso de reconsideración que no expresó ninguna salvedad,
circunstancia que excluye cualquier eximente de responsabilidad prevista en el artículo
658-1 del ET, de forma tal que resulta procedente la sanción impuesta tanto al
representante legal como al revisor fiscal, quienes avalaron con su firma la declaración
tributaria que contenía la información inexacta.

Tercer cargo: Imposición de sanción objetiva.

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Demandante: Eduardo Enrique Mejía Leguía y otro

1. Los demandantes alegaron que la sanción impuesta desconoce los criterios
desarrollados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en materia de
derecho administrativo sancionador, según los cuales la responsabilidad no puede
fundarse exclusivamente en elementos objetivos, sino que exige valorar aspectos
relacionados con la imputación de la conducta y la culpabilidad del presunto infractor.

Asimismo, señalaron que el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 imponía a la
Administración la observancia de principios como legalidad, lesividad, favorabilidad,
proporcionalidad, gradualidad e imparcialidad al momento de ejercer la potestad
sancionatoria.

Con fundamento en lo anterior, sostuvieron que la DIAN se limitó a imponer la sanción
sin demostrar la existencia de dolo o culpa, ni efectuar un análisis de la antijuridicidad
e imputabilidad de la conducta atribuida a los demandantes. En su criterio, esa omisión
priva a la decisión de sustento jurídico suficiente y conduce a la nulidad de los actos
acusados, por cuanto la responsabilidad sancionatoria no puede derivarse
automáticamente de las irregularidades atribuidas a la sociedad contribuyente.

2. Por su parte, la DIAN se opuso al cargo y sostuvo que la sanción impuesta
encuentra fundamento en el artículo 658-1 del ET, norma que atribuye responsabilidad
al representante legal y al revisor fiscal cuando se comprueban irregularidades como
la omisión de ingresos o la inclusión de costos inexistentes consignadas en las
declaraciones tributarias que avalan con su actuación. En ese sentido, afirmó que los
demandantes no podían desvincularse de las consecuencias derivadas de las
inconsistencias detectadas en la declaración del CREE correspondiente al año
gravable 2015.

Agregó que, a partir de la información obtenida del sistema contable de la sociedad y
su confrontación con los registros declarados, se acreditó la existencia de ingresos
omitidos y costos inexistentes, circunstancias que dieron lugar a la modificación de la
declaración privada y que no fueron desvirtuadas durante la actuación administrativa.
Asimismo, destacó que el representante legal y el revisor fiscal suscribieron la
declaración tributaria sin formular salvedad alguna, pese a las irregularidades
posteriormente establecidas en el proceso de fiscalización.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos acusados se sustentaron en
hechos debidamente comprobados, pruebas legalmente recaudadas y normas
vigentes, razón por la cual no se configuraron los vicios de motivación ni las demás
irregularidades alegadas por los demandantes.

SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas4, decisión
contra la que la parte demandante interpuso el recurso de apelación5. Los
fundamentos del fallo de primera instancia y las razones de la apelación se resumen
así:

Sobre el primer cargo: Falsa motivación por indebida valoración probatoria, falta
de motivación y violación al debido proceso e infracción de normas superiores.

1. El Tribunal concluyó que la DIAN sí motivó adecuadamente las sanciones
impuestas al representante legal y al revisor fiscal, porque encontró acreditados los
4
Samai Tribunal, índice 20.
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Samai Tribunal, índice 22.

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presupuestos previstos en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario. En particular,
observó que los actos demandados identificaron las irregularidades detectadas en la
declaración de renta de Tierra Santa SAS, consistentes en la omisión de ingresos
gravados y la inclusión de costos y pasivos inexistentes, precisando que el
representante legal había aprobado y suscrito la declaración con tales inconsistencias
y que el revisor fiscal la avaló sin formular salvedad alguna. Por ello, descartó la
alegada falta de motivación y la vulneración del debido proceso.

2. Los apelantes pidieron la revocación de la sentencia por avalar unos actos
administrativos carentes de motivación. Al efecto, señalaron que la DIAN se limitó a
citar el artículo 658-1 del ET y a imponer la sanción sin identificar la conducta
específica atribuida al representante legal y al revisor fiscal, sin explicar su grado de
participación, conocimiento o intervención en las irregularidades investigadas, ni
establecer un nexo entre los hechos y las hipótesis sancionatorias previstas en la
norma. Agregaron que ni el requerimiento especial, ni la liquidación oficial, ni la
sentencia precisaron si la conducta imputada correspondía a omisión de ingresos,
doble contabilidad o inclusión de costos inexistentes, circunstancia que, en su criterio,
vulneró el debido proceso y el derecho de defensa.

Sobre el segundo cargo: Improcedencia de la sanción

El Tribunal rechazó el argumento según el cual las glosas que dieron origen a las
sanciones habían sido desvirtuadas, pues observó que en el proceso judicial los
demandantes no aportaron ni solicitaron pruebas dirigidas a controvertir los hallazgos
de la DIAN relacionados con la omisión de ingresos y la inclusión de costos y pasivos
inexistentes. En consecuencia, al no haberse desvirtuado las irregularidades que
sirvieron de fundamento a la modificación de la declaración y a la imposición de las
sanciones, concluyó que los actos acusados se ajustaban a derecho y que las
sanciones debían mantenerse, por cumplirse los supuestos previstos en el artículo
658-1 del ET.

2. Los demandantes sostuvieron que la sentencia pasó por alto que en el caso
concreto no se configuraron los supuestos de hecho previstos en el artículo 658-1 del
ET. Argumentaron que la controversia planteada por la DIAN recaía sobre la
procedencia fiscal de ciertas deducciones y sobre el tratamiento de algunos ingresos,
pero no sobre la existencia de omisión de ingresos gravados, doble contabilidad o
inclusión de costos o deducciones inexistentes. Afirmaron que las operaciones
cuestionadas fueron reales y se encontraban debidamente soportadas, por lo que no
podían calificarse como inexistentes las partidas rechazadas. En consecuencia,
consideraron que la Administración extendió indebidamente el ámbito de aplicación
de la norma sancionatoria a situaciones que el legislador no previó como infracciones.

Sobre el tercer cargo: Imposición de sanción objetiva.

El Tribunal consideró que la sanción no fue impuesta de manera objetiva, pues
encontró demostrado que los demandantes encuadraban en los supuestos de hecho
previstos en el artículo 658-1 del ET. Respecto del representante legal, destacó que
aprobó y presentó una declaración que posteriormente fue modificada por contener
irregularidades sancionables. Respecto del revisor fiscal, señaló que, conforme a las
funciones que le atribuyen el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990, estaba obligado
a verificar la conformidad de la información contable y a advertir irregularidades, de
manera que resultaba procedente sancionarlo por haber suscrito la declaración sin
expresar salvedades frente a las inconsistencias detectadas.

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2. Los demandantes alegaron que la sentencia validó una sanción sustentada
exclusivamente en criterios objetivos, derivando la responsabilidad del representante
legal y del revisor fiscal de la sola suscripción de la declaración tributaria. En su
criterio, ni la DIAN ni el Tribunal efectuaron un análisis de elementos subjetivos
relacionados con la culpabilidad, la imputabilidad o la antijuridicidad de la conducta.
Sostuvieron que la Administración no demostró la existencia de dolo, culpa o ánimo
defraudatorio y que, por el contrario, trasladó indebidamente a los sancionados la
carga de acreditar su buena fe. Por ello, afirmaron que la decisión desconoció los
principios que gobiernan el derecho administrativo sancionador, en particular los
previstos en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012, y solicitaron la revocatoria del fallo
y el levantamiento de las sanciones impuestas.

PRONUNCIAMIENTOS FINALES DE LAS PARTES

La demandada no hizo uso de esta etapa procesal.

El Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico

De acuerdo con la apelación de los demandantes, corresponde a la Sala determinar
si las sanciones impuestas al representante legal y al revisor fiscal con fundamento
en el artículo 658-1 del ET se ajustan a derecho, en cuanto fueron impuestas mediante
actos debidamente motivados y con observancia de las garantías del debido proceso,
como lo sostienen la DIAN y el Tribunal de primera instancia; o si, por el contrario,
dichas sanciones adolecen de falta de motivación y obedecen a un esquema de
responsabilidad objetiva, al no haberse valorado la conducta atribuida a los
demandantes ni los elementos subjetivos propios del derecho administrativo
sancionador, como estos lo alegan.

Análisis del caso concreto

Sobre los cargos de motivación, debido proceso y procedencia de la sanción a
revisor fiscal y representante legal

En la Liquidación Oficial de Revisión del CREE correspondiente al año gravable 2015,
la DIAN impuso al representante legal (Gebara Ahmad Ibrahim) y al revisor fiscal
(Eduardo Enrique Mejía Leguía) de Tierra Santa SAS una sanción de $115.944.000 a
cada uno, con fundamento en el artículo 658-1 del ET. La decisión se sustentó en la
comprobación de dos irregularidades expresamente previstas en dicha disposición: la
omisión de ingresos gravados por $6.541.357.338, establecida a partir de la
confrontación entre la información obtenida durante la diligencia de registro y los
valores declarados por la contribuyente, y la inclusión de costos inexistentes por
$9.494.968.024, correspondientes a operaciones registradas con proveedores cuya
existencia y actividad económica no pudieron verificarse, lo que llevó a la
Administración a concluir que tales transacciones carecían de realidad económica.

Ahora bien, el artículo 658-1 del ET establece la siguiente sanción para los revisores
fiscales y representantes legales de sociedades:

SANCIÓN A ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES LEGALES. Cuando en la
contabilidad o en las declaraciones tributarias de los contribuyentes se encuentren
irregularidades sancionables relativas a omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e
inclusión de costos o deducciones inexistentes y pérdidas improcedentes, que sean ordenados

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y/o aprobados por los representantes que deben cumplir deberes formales de que trata el artículo
572 de este Estatuto, serán sancionados con una multa equivalente al veinte por ciento (20%)
de la sanción impuesta al contribuyente, sin exceder de 4.100 UVT, la cual no podrá ser
sufragada por su representada.

(Inciso modificado y adicionado por el artículo 26 de la Ley 863 de 2003) La sanción prevista en
el inciso anterior será anual y se impondrá igualmente al revisor fiscal que haya conocido de las
irregularidades sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la salvedad
correspondiente.

Esta sanción se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo proceso de imposición de
sanción o de determinación oficial que se adelante contra la sociedad infractora. Para estos
efectos las dependencias competentes para adelantar la actuación frente al contribuyente serán
igualmente competentes para decidir frente al representante legal o revisor fiscal implicado.

Como puede apreciarse, la sanción al representante legal y al revisor fiscal tiene
carácter accesorio respecto de las irregularidades tributarias atribuidas al
contribuyente y, por expresa disposición legal, debe proponerse, determinarse y
discutirse dentro del mismo proceso de imposición de sanción o de determinación
oficial adelantado contra la sociedad infractora, sin que se requiera una actuación
autónoma o independiente.

Al declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 26 de la Ley 863 de 2003,
la Corte Constitucional precisó que la sanción debe imponerse de manera
individualizada dentro de esa misma actuación administrativa, garantizando que los
representantes legales y revisores fiscales vinculados conozcan oportunamente el
procedimiento, puedan formular descargos y aportar las pruebas que estimen
pertinentes6.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha precisado que las autoridades deben
observar que los sancionados dentro de dichos procedimientos deben estar en la
posibilidad absoluta de controvertir los aspectos que configuran la comisión de la
infracción cometida, de acuerdo con los elementos normativos del tipo infractor, esto
es, controvertir la omisión de los ingresos gravados, la doble contabilidad, la inclusión
de los costos o deducciones inexistentes o las pérdidas improcedentes, pues no de
otra forma estaría en posibilidad el sujeto investigado de enervar la imputación de la
infracción, máxime cuando su alegato gira en torno a que su conducta no se adecuó
al tipo sancionador. Tal posibilidad para los sancionados no puede verse limitada bajo
la posición jurídica de que en ellos no confluye la calidad de contribuyentes ni de
obligados tributarios dentro de la relación jurídica sustancial, pues estos tienen la
imperiosa necesidad de acreditar la realidad de las operaciones rechazadas por la
autoridad en la liquidación oficial de revisión, dada la relación inescindible con el
procedimiento de determinación adelantada contra el obligado tributario, puesto que
la sanción del artículo 658-1 se cuantifica sobre la multa por inexactitud de la
contribuyente. Desde esta perspectiva, se hace indispensable materializar el derecho
de defensa y contradicción, permitiéndoles probar que no se encuentran
comprendidos en el tipo sancionatorio, lo que no puede verse menoscabado por un
equívoco alcance de la falta de legitimidad en la causa por activa7.

En particular, la sentencia del 11 de julio de 2024 (exp. 28224) precisó que la legalidad
de la sanción prevista en el artículo 658-1 del ET exige verificar simultáneamente dos
aspectos: (i) la demostración de las irregularidades tributarias tipificadas por la ley y
(ii) la garantía efectiva del derecho de contradicción de quienes son sancionados
personalmente. Ambos presupuestos concurren en el presente asunto.

6
Sentencia C-910 de 2004.
7
Sentencia del 11 de julio de 2024, exp. 28224, C.P. Wilson Ramos Girón.

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Ahora bien, en lo relacionado el revisor fiscal, esta Sección8 ha dicho que la suscripción
de la declaración tributaria compromete su responsabilidad frente a las irregularidades
advertidas en la contabilidad y en la información fiscal del contribuyente. Lo anterior,
por cuanto sus funciones no se limitan a una actuación meramente formal de
certificación, sino que comprenden el deber de ejercer una vigilancia permanente
sobre las operaciones de la sociedad, verificando que estas se ajusten a la ley, a los
estatutos y a las decisiones de los órganos sociales. En ese contexto, conforme a lo
previsto en los artículos 207 y concordantes del Código de Comercio, le corresponde
cerciorarse de que la contabilidad refleje de manera fidedigna la situación económica
de la empresa, velar por la conservación de los bienes sociales y procurar que la
entidad cumpla oportunamente las obligaciones legales que le son exigibles, incluidas
las de naturaleza tributaria.

Asimismo, que, de acuerdo con los principios de responsabilidad, diligencia
profesional, integridad y observancia de las disposiciones legales consagrados en la
Ley 43 de 1990, el revisor fiscal está llamado a actuar con el debido cuidado
profesional y a advertir oportunamente cualquier anomalía o irregularidad de la que
tenga conocimiento. Por ello, cuando conoce hechos constitutivos de omisión de
ingresos, inclusión de costos inexistentes u otras inconsistencias con incidencia
tributaria y, pese a ello, avala la declaración sin formular las salvedades
correspondientes ni informar tales circunstancias a los órganos de administración o a
las autoridades competentes, incumple los deberes inherentes a su cargo y
compromete la responsabilidad que el ordenamiento jurídico le atribuye en relación
con dichas irregularidades.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 581 del ET sobre «efectos de la firma del
contador» la firma de la declaración por parte del revisor fiscal implica la certificación de
que los libros de contabilidad son llevados en debida forma y reflejan razonablemente
la situación financiera de la empresa. Por tanto, la sola firma del contador o revisor
fiscal en la declaración tributaria supone asumir la responsabilidad por el total de su
contenido.

De igual manera, la Sección ha exigido la misma diligencia del representante legal de
la sociedad, dado que, conforme al artículo 23 de la Ley 222 de 1995, debe «obrar de
buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios» y tiene, entre otros
deberes, el de «velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias», de
manera que ante el incumplimiento de estos deberes se hacen pasibles también de la
sanción del artículo 658-1 del ET9.

Hechas estas precisiones, se advierte que, en relación con la sociedad Tierra Santa
SAS de la que los demandantes eran revisor fiscal y representante legal, la DIAN
determinó los siguientes hallazgos:

En las diligencias de registro e inspección tributaria ordenadas mediante Resolución
004967 del 06 de julio de 2016 y Auto 022382017000167 del 19 de abril de 2017,
realizadas en las instalaciones de Tierra Santa, la DIAN determinó que la contabilidad
suministrada por el contribuyente en la inspección tributaria contenía registros de
ingresos por menor valor que aquellos contenidos en la base de datos “Ingresos Back”
durante el año 2015. El revisor fiscal en entrevista realizada los días 7 y 8 de junio de
2017, justificó que tal situación obedecía a errores de digitación por parte del operador
8
Ver, entre otras, las sentencias del 28 de abril de 2022, Exp. 25789, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 19 de noviembre
de 2020, Exp. 24318, C.P (E). Julio Roberto Piza Rodríguez; del 30 de junio de 2022, exp. 25997, C.P. Ponente: Milton Chaves
García, y del 5 de marzo de 2026, exp. 27482, C.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
9
Sentencias del 30 de junio de 2022, exp. 25997, C.P. Ponente: Milton Chaves García, y del 5 de marzo de 2026, exp. 27482,
C.P. Claudia Rodríguez Velásquez.

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contable, pero la DIAN no dio crédito a esas tesis por cuanto tales supuestos errores
representaban un menor valor de $6.541.357.338 entre lo declarado y lo percibido. No
se presentaron pruebas que permitieran detectar y justificar tales errores.

Por otro lado, en la información exógena año gravable 2015, el contribuyente Tierra
Santa SAS reportó compras a las sociedades Safe Operation SAS, Sociedad De
Comercialización Internacional de Productos Importados y Nacionales SAS, Grupo
Orma SAS., Importadora Calypso SAS, Importadora Textil Colombia SAS, Inversiones
Cym de Colombia SAS y TLC Logistic Group, por valor de $9.494.968.024. Sin
embargo, ninguno de estos proveedores fue ubicado por la Administración,
estableciéndose su irrealidad económica (inexistencia de operaciones) en tanto que
no «se evidenció ningún tipo de actividad comercial, industrial o de logística» ni la
existencia de los productos que se vendieron o los medios de pagos utilizados10.

La motivación de las sanciones impuestas al revisor fiscal y representante legal en la
liquidación oficial de revisión fue la siguiente:

SANCION AL REPRESENTANTE LEGAL

Teniendo en cuenta el artículo 658-1 del Estatuto Tributario, cuando en la contabilidad o en las
declaraciones tributarias de los contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables
relativas a omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión de costos o deducciones
inexistentes y pérdidas improcedentes, que sean ordenados y/o aprobados por los
representantes que deban cumplir deberes formales de que trata el artículo 572 del Estatuto
Tributario, será sancionado con multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la sanción
impuesta al contribuyente sin exceder la suma de 4100 UVT. Durante el año gravable 2015 el de
Representante Legal de TIERRA SANTA S.A.S., NIT 802.022.148-5 era el señor: GEBARA
AHMAD IBRAHIM, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.037.529, quien firma la
declaración del Impuesto de Renta para la Equidad CREE del año gravable 2015 No
91000348224042 de fecha 14 de abril de 2016, el cual será sancionado por las irregularidades
determinadas en la investigación.

EL CALCULO DE LA SANCION AL REPRESENTANTE LEGAL QUEDARA ASI:

Sanción al Representante legal: $2.245.085.000 x 20% = $449.017.000
Sin exceder de la suma 4100 UVT entonces:
4100 UVT x 28.279 (valor UVT 2015) = $115.943.900
Total Sanción Representante Legal: $115.944.000

Se aproxima al múltiplo de mil cercano Art 577 del E.T.

SON: CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M.L
($115.944.000).

SANCION A CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL

Teniendo en cuenta el artículo 658-1 del Estatuto Tributario, cuando en la contabilidad o en las
declaraciones tributarias de los contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables
relativas a omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión de costos o deducciones
inexistentes y pérdidas improcedentes, que sean ordenados y/o aprobados por los
representantes que deban cumplir deberes formales de que trata el artículo 572 del Estatuto
Tributario, será sancionado con multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la sanción
impuesta al contribuyente sin exceder la suma de 4100 UVT. Durante el año gravable 2015 el
cargo de Revisor Fiscal de TIERRA SANTA S.A.S., NIT 802.022.148-5 era ocupado por: MEJIA
LEGUÍA EDUARDO ENRIQUE C.C. 12.553.049, T.P. No. 31.146-T, quien firma la declaración
del Impuesto de Renta para la Equidad CREE del año gravable 2015 No 91000348224042 de
fecha 14 de abril de 2016, el cual será sancionado por las irregularidades determinadas en la
investigación.

10
página 5 de la liquidación oficial de revisión.

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Demandante: Eduardo Enrique Mejía Leguía y otro

LA CORRESPONDIENTE SANCIÓN SE LIQUIDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sanción al Revisor Fiscal: $2.245.085.000 x 20% = $449.017.000
Sin exceder de la suma 4100 UVT entonces:
4100 UVT x 28.279 (valor UVT 2015) = $115.943.900
Total, Sanción Revisor Fiscal: $115.944.000

Se aproxima al múltiplo de mil cercano Art 577 del E.T.

SON: CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M.L
($115.944.000).

Así las cosas, la División de Gestión de Liquidación de esta Seccional resuelve imponer Sanción
al Representante Legal el señor GEBARA AHMAD IBRAHIM, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 80.037.529, en la suma de CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M.L ($115.944.000), y al revisor fiscal el señor MEJIA
LEGUÍA EDUARDO ENRIQUE C.C. 12.553.049, T.P. No. 31.146-T en la suma de CIENTO
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M.L ($115.944.000),
conforme a lo establecido en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario cual consagra lo siguiente:

Art. 658-1. Sanción a administradores y representantes legales. (…)

SANCION A CONTADOR PÚBLICO Y/O REVISOR FISCAL DE ACUERDO A LO
CONTEMPLADO EN EL ART. 659 DEL E.T.

Este artículo expresa textualmente lo siguiente:

Art. 659. Sanción por violar las normas que rigen la profesión. (…)

El Contador Público en funciones de Revisor Fiscal del contribuyente TIERRA SANTA S.A.S.,
NIT 802.022.148-5, es el señor MEJIA LEGUIA EDUARDO ENRIQUE, C.C. 12.553.049, T.P. No.
31.146-T, quien es la persona que firma la declaración del Impuesto de Renta para la Equidad
CREE del año gravable 2015.

En el desarrollo de la investigación tributaria se encontraron hechos en donde el Revisor Fiscal
del contribuyente investigado no reflejan la realidad económica de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados, que no coinciden con los asientos registrados en los libros
de contabilidad, que sirvieron como bases para la elaboración de la declaración de renta año
2015, tales como: Se omitieron ingresos por valor de $6.541.357.000, la inclusión de costos
inexistentes por valor de $9.494.968.000. Esto afectó la realidad económica expresada en la
declaración del Impuesto de Renta para la Equidad CREE del año gravable 2015.

SANCION A CONTADOR PÚBLICO Y/O REVISOR FISCAL DE ACUERDO A LO
CONTEMPLADO AL ART. 660 DEL ET

Art. 660. Suspensión de la facultad de firmar declaraciones y certificar pruebas con
destino a la administración tributaria. (…)

El Contador Público en funciones de Revisor Fiscal del contribuyente investigado TIERRA
SANTA S.A.S., NIT 802.022.148-5, es el señor MEJIA LEGUIA EDUARDO ENRIQUE, C.C.
12.553.049, T.P. No. 31.146-T, quien es la persona que firma la declaración del Impuesto de
Renta para la Equidad CREE por el año gravable 2015.

De acuerdo con la motivación contenida en los actos demandados, los hallazgos
obtenidos en el proceso de fiscalización y la jurisprudencia de esta Sección antes
reseñada, la Sala concluye que las sanciones impuestas al representante legal y al
revisor fiscal de Tierra Santa SAS se ajustan a derecho. En efecto, contrario a lo
afirmado por los demandantes, la DIAN acreditó con suficiencia la configuración de
los supuestos previstos en el artículo 658-1 del ET y garantizó el ejercicio de los
derechos de defensa y contradicción durante la actuación administrativa.

Las sanciones no tuvieron origen en un simple rechazo formal de determinadas
partidas, sino en la comprobación de conductas expresamente tipificadas en el
reseñado artículo: la omisión de ingresos gravados por $6.541.357.338 y la inclusión

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de costos inexistentes por $9.494.968.024. Tales irregularidades fueron establecidas
a partir de diligencias de registro e inspección tributaria, cruces de información y
análisis de la contabilidad de la contribuyente, actuaciones que evidenciaron
diferencias sustanciales entre los ingresos percibidos y los declarados, así como la
falta de soporte de operaciones atribuidas a proveedores cuya realidad no pudo
verificarse por inexistentes. Además, los hoy demandantes participaron en dichas
diligencias y tuvieron conocimiento de los hechos que sirvieron de fundamento a las
decisiones cuestionadas.

Tampoco prospera el cargo de falta de motivación. Ello, por cuanto la liquidación oficial
de revisión identificó expresamente a los sujetos sancionados, precisó sus calidades
de representante legal y revisor fiscal para el periodo 2015, indicó que ambos
suscribieron la declaración del impuesto CREE, describió las irregularidades
detectadas y explicó el fundamento legal y el cálculo de las sanciones impuestas. En
particular, respecto del revisor fiscal, la Administración expuso que las inconsistencias
encontradas desvirtuaban la correspondencia entre la información declarada y la
realidad económica de la sociedad, circunstancia que este pretendió justificar con
supuestos errores de digitación del operador contable que no fueron demostrados.

Igualmente, carece de sustento el argumento según el cual la DIAN no individualizó
las conductas imputadas. Como lo ha señalado esta Corporación, la sanción
cuestionada debe proponerse y discutirse dentro del mismo procedimiento de
determinación adelantado contra la sociedad contribuyente, sin perjuicio de que los
sujetos sancionados puedan controvertir las irregularidades constitutivas del tipo
infractor. En el presente caso, desde el requerimiento especial se formularon las
propuestas sancionatorias y los demandantes contaron con la oportunidad de
presentar explicaciones, aportar pruebas y ejercer los recursos procedentes, de modo
que las garantías propias del debido proceso fueron plenamente observadas.

Tampoco les asiste razón cuando sostienen que no se configuraron los presupuestos
materiales del artículo 658-1 del ET. La propia disposición prevé la imposición de la
sanción cuando se establezcan omisiones de ingresos o inclusiones de costos
inexistentes aprobadas u ordenadas por el representante legal y, respecto del revisor
fiscal, cuando este conozca tales irregularidades sin formular la correspondiente
salvedad. Precisamente esas fueron las conductas acreditadas por la Administración,
que determinó la existencia de ingresos omitidos y costos inexistentes incorporados
en la declaración tributaria de la sociedad.

La Sala precisa que la sanción prevista para el revisor fiscal no surge automáticamente
de la sola suscripción de la declaración tributaria. Lo determinante es la comprobación
de que, en ejercicio de las funciones de fiscalización y vigilancia que le son propias,
conoció o razonablemente debió conocer las irregularidades incorporadas en la
información financiera y tributaria de la sociedad y, pese a ello, omitió formular las
salvedades correspondientes.

En el caso analizado, la magnitud de los ingresos omitidos y de los costos inexistentes
determinados por la Administración, aunada a la certificación emitida por el revisor
fiscal sobre la razonabilidad de la información contable utilizada para elaborar la
declaración, constituye un elemento relevante para inferir dicho conocimiento y el
incumplimiento de sus deberes profesionales.

La jurisprudencia de la Sección arriba citada ha señalado que la suscripción de la
declaración tributaria compromete su responsabilidad respecto de la información
contable y fiscal que sirve de fundamento al denuncio tributario, pues sus funciones

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comprenden la vigilancia de las operaciones sociales y la verificación de que la
contabilidad refleje fielmente la realidad económica de la empresa. A ello se suma
que, conforme al artículo 581 del mismo estatuto, su firma certifica que los libros de
contabilidad se llevan en debida forma y reflejan razonablemente la situación
financiera del contribuyente. En esas condiciones, acreditada la existencia de
irregularidades sustanciales en la declaración y siendo indiscutido que esta fue
suscrita sin salvedad alguna, resulta procedente exigirle la responsabilidad prevista
en el artículo 658-1 ibidem.

La Sala tampoco comparte la tesis según la cual la Administración estaba obligada a
acreditar un propósito defraudatorio específico para imponer la sanción controvertida.
Conforme a la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa, en materia
administrativa sancionadora resulta indispensable verificar la imputación personal de
la conducta, pero ello no supone necesariamente la demostración de dolo. Basta
acreditar que el sujeto incumplió los deberes jurídicos que le eran exigibles y que
existe un vínculo personal entre su conducta y el resultado sancionado.

En el presente asunto la imputación no se fundamentó exclusivamente en la calidad
formal de representante legal o revisor fiscal, sino en la aprobación y certificación de
una declaración tributaria que incorporaba irregularidades expresamente previstas por
el legislador como presupuesto de la sanción. Por esa razón, la actuación
administrativa contiene un juicio de imputación individual y no una forma de
responsabilidad objetiva proscrita por el ordenamiento jurídico.

La misma conclusión se impone respecto del representante legal, quien, en desarrollo
de sus deberes de administración y dirección, debe velar por el cumplimiento de las
obligaciones legales de la sociedad. Por ello, cuando aprueba y presenta
declaraciones que contienen las irregularidades expresamente descritas por el
legislador como presupuesto de la sanción, queda comprendido dentro del ámbito de
aplicación de la norma.

Finalmente, no puede afirmarse que las sanciones respondan a un régimen de
responsabilidad objetiva. La DIAN no las impuso por la sola condición de
representante legal y revisor fiscal de los demandantes, sino porque se acreditó que
avalaron una declaración tributaria que incorporaba omisión de ingresos e inclusión
de costos inexistentes y, en el caso del revisor fiscal, además, porque no formuló
observación alguna frente a tales inconsistencias. La responsabilidad atribuida deriva,
entonces, de la comprobación de hechos concretos y del incumplimiento de los
deberes especiales inherentes a las funciones que cada uno desempeñaba.

En este punto, la Sala precisa que, aunque los demandantes sostienen que la sanción
prevista en el artículo 658‑1 del ET debe interpretarse a la luz de los principios
sancionatorios positivizados en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 y reiterados en
el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, entre ellos el de culpabilidad, no es cierto que
en el caso debatido se esté frente a una sanción objetiva. Por el contrario, como se
expondrá, la responsabilidad que se deriva de dicha disposición conserva su carácter
subjetivo.

En efecto, el principio de culpabilidad proscribe la responsabilidad objetiva en materia
sancionatoria tributaria, tal como lo ha entendido la Corte Constitucional en la
sentencia C‑506 de 2002. En esa decisión se admitió que, en el ámbito tributario, la
Administración puede ver atenuada su carga probatoria y, en ciertos casos, presumir
la culpa del sancionado a partir de hechos acreditados y del incumplimiento de
deberes formales, pero siempre con la posibilidad de que este desvirtúe la imputación.

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De este modo, la sanción tributaria se mantiene dentro de un régimen subjetivo,
aunque con un estándar probatorio particular sin sacrificar el derecho de defensa. En
la misma línea, la sentencia C‑094 de 2021 precisó que el principio de responsabilidad
personal implica que solo puede sancionarse a quien efectivamente participó en la
conducta reprochable, descartando que la sanción pueda imponerse por una mera
condición jurídica o por vínculos ajenos al acto propio.

El propio régimen societario, del que se ha valido la jurisprudencia de esta Sección
para justificar la sanción al representante legal y revisor fiscal prevista en el artículo
658-1 del ET prevé una responsabilidad subjetiva por dolo o culpa, estableciendo,
inclusive, presunciones susceptibles de ser desvirtuadas. El representante legal, en
virtud de los artículos 22 y 23 de la Ley 222 de 1995 y del artículo 196 del Código de
Comercio, es administrador y debe obrar con la diligencia de quien administra sus
negocios, velando por el estricto cumplimiento de la ley, incluidas las obligaciones
fiscales. El artículo 200 de dicho código, sobre «responsabilidad de administradores»,
confirma que la responsabilidad es subjetiva, pero presume la culpa cuando hay
incumplimiento de deberes, sin eliminar la posibilidad de demostrar diligencia o
ausencia de conocimiento. En efecto, la norma señala que «en los casos de incumplimiento
o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del
administrador» y que «no estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido
conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten» . De
manera semejante, el artículo 211 del mismo código dispone que «el revisor fiscal
responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia
o dolo en el cumplimiento de sus funciones», y prevé sanciones específicas cuando incumple
sus deberes por acción, omisión o negligencia.

Como puede apreciarse, en ambos casos la responsabilidad surge de la infracción de
deberes funcionales cualificados, no de la mera condición de cargo. De este modo,
tratándose de la sanción del artículo 658‑1 del ET, los principios de responsabilidad
personal y de culpabilidad se satisfacen inclusive desde el derecho comercial: la
sanción solo procede frente a actos u omisiones propios del administrador o del
revisor, nunca por el simple hecho de ostentar el cargo. Por ello, la sanción aplicada
en los actos demandados no se impuso de manera automática ni objetiva. La DIAN
acreditó irregularidades tipificadas en el artículo 658‑1 del ET (omisión de ingresos y
costos inexistentes) y demostró la intervención funcional del representante legal y del
revisor fiscal al suscribir la declaración sin salvedades. Esa prueba objetiva permite
determinar la culpa, por omisión o negligencia, conforme al estándar de diligencia que
el ordenamiento mercantil exige a quienes administran y fiscalizan la sociedad,
salvaguardando la posibilidad de que los sancionados desvirtúen la imputación
acreditando circunstancias eximentes, como fuerza mayor, error invencible de hecho
o de derecho, actuación de un tercero, o la propia atipicidad de la conducta. En
consecuencia, la sanción impuesta se enmarca en un régimen de responsabilidad
subjetiva cualificada, coherente con los principios constitucionales y comerciales, y no
en un esquema de responsabilidad objetiva, como erradamente lo plantean los
demandantes.

Si bien, el artículo 658‑1 del ET utiliza verbos rectores como «ordenar», «aprobar» o
«conocer», la jurisprudencia y el régimen societario permiten concluir que tales verbos
se entienden realizados cuando el representante legal y el revisor fiscal suscriben la
declaración tributaria sin expresar salvedades. En efecto, como quedo dicho, la firma
del representante legal comporta jurídicamente la aprobación de la información
consignada, pues en su calidad de administrador tiene el deber de velar por el estricto
cumplimiento de la ley y de garantizar la veracidad de los datos reportados. De igual
manera, la firma del revisor fiscal implica conocimiento funcional de las operaciones y

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de la contabilidad, dado que la ley le otorga acceso permanente a los libros y le impone
la obligación de advertir irregularidades. Así, aunque no se haya probado de manera
autónoma que el representante ordenó y/o aprobó las irregularidades, o que el revisor
conoció de ellas en forma expresa, la suscripción de la declaración constituye el acto
jurídico que materializa esos verbos rectores, pues equivale a certificar y avalar la
información tributaria de la sociedad. Por ello, la sanción resulta procedente, en tanto
la intervención funcional exigida por la norma se acredita con la firma, y corresponde
a los sancionados demostrar que actuaron con la diligencia debida o que las
irregularidades escapaban razonablemente a su ámbito de control.

En el anterior entendido, para la Sala, exigir que la Administración demuestre de
manera directa y autónoma que el representante legal «ordenó» o «aprobó» las
irregularidades, o que el revisor fiscal «conoció» de ellas, resulta prácticamente en un
imposible para la Administración, pues estos verbos describen conductas internas de
decisión o conocimiento que rara vez dejan huella documental distinta a la propia
suscripción de la declaración tributaria. Precisamente por ello, el ordenamiento
mercantil y tributario ha previsto que la firma del representante legal equivalga
jurídicamente a la aprobación de la información consignada, y que la firma del revisor
fiscal implique conocimiento funcional de la contabilidad y de las operaciones sociales,
en tanto la ley les otorga acceso permanente a los libros y le impone el deber de
advertir irregularidades. De esta manera, la materialización de los verbos «ordenar»,
«aprobar» y «conocer», se presume a partir de la intervención funcional que la norma
exige y que se acredita con la suscripción de la declaración, correspondiendo a los
sancionados desvirtuar esa presunción mediante la demostración de circunstancias
eximentes.

Bajo el anterior entendido, la Sala observa que, aunque los demandantes
cuestionaron jurídicamente la configuración de los presupuestos del artículo 658-1 del
ET y afirmaron que las operaciones rechazadas correspondían a operaciones reales,
tales afirmaciones no estuvieron acompañadas de una actividad probatoria dirigida a
desvirtuar los hallazgos de la Administración durante el procedimiento de fiscalización.
Por ello, para efectos del control de legalidad de las sanciones aquí discutidas, la Sala
encuentra acreditadas las irregularidades consistentes en la omisión de ingresos y en
la inclusión de costos inexistentes, las cuales constituyen el presupuesto objetivo de
aplicación del artículo 658-1 del ET.

Aquí, debe precisar la Sala que, si bien los demandantes carecían de legitimación
para cuestionar las consecuencias tributarias derivadas de la liquidación oficial de
revisión, sí estaban facultados para controvertir los hallazgos de omisión de ingresos
e inclusión de costos inexistentes con el ánimo de enervar las consecuencias jurídicas
de las sanciones impuestas en su contra. Por ello, aunque la eventual prosperidad de
esos reparos no habría incidido en la determinación del impuesto a cargo de la
sociedad contribuyente11, sí habría conducido a excluir la responsabilidad
sancionatoria que aquí se examina.

Por lo anterior, al encontrarse demostradas las irregularidades que dieron lugar a la
sanción por inexactitud impuesta a la sociedad, haberse acreditado la intervención del
representante legal y del revisor fiscal en la declaración que las incorporó y haberse
garantizado plenamente su derecho de defensa dentro del procedimiento
administrativo, la Sala concluye que los actos acusados se ajustan a los requisitos
11
Consultado el aplicativo SAMAI, se observa que la sociedad Tierra Santa S.A.S. promovió medio de control contra los actos
administrativos mediante los cuales se modificó su declaración del CREE. Mediante sentencia del 11 de octubre de 2024, el
Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda. No obstante, aunque en el índice 33 consta que la
parte demandante interpuso recurso de apelación el 10 de marzo de 2025, no se evidencia que el Tribunal haya emitido
pronunciamiento alguno sobre su concesión o trámite.

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materiales y procedimentales establecidos en el artículo 658-1 del ET, razón por la
cual las sanciones impuestas deben mantenerse. Por consiguiente, no prospera la
apelación de los demandantes y se confirma la sentencia apelada.

Costas

La Sala condenará en agencias en derecho en esta instancia a la parte demandante,
con un (1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo dispuesto por el Acuerdo
PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura,
y en atención a lo establecido por el artículo 365.3 del CGP, en cuanto se confirmará
en su totalidad la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada

2. Condenar en costas a la parte demandante a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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