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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00499-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00499-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 19 de noviembre de 2021, que reconoció la sanción moratoria 28 Samai, índice 006. 29 Samai índice 012. 30 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14). 18 Radicación: 08001-23-33-000-2020-00499-01 (5145-2022) […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2020-00499-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2020-000499-01 (5145-2022)
Demandante: Astrid Elena De León Carreño
Demandado: Municipio de Santa Lucía, Atlántico

Tema: sanción moratoria por el no pago de cesantías anualizadas Ley 50 de 1990,
Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida
el 19 de noviembre de 2021, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Astrid Elena de León Carreño solicitó la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales la administración le negó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 del numeral 3 de la Ley 50
de 1990, aplicable de conformidad con la Ley 344 de 1996, así como de la
indemnización establecida en la Ley 244 de 1995 y adicionada por la Ley 1071 de
2006. El fallador de primera instancia accedió parcialmente a lo pretendido, condenó
al municipio de Santa Lucía al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
no pago de las cesantías definitivas, y negó las demás pretensiones.

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00499-01 (5145-2022)
Demandante: Astrid Elena de León Carreño
Demandado: Municipio de Santa Lucía

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Astrid Elena de León Carreño, mediante apoderado judicial,
formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del municipio de Santa Lucía, de conformidad con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan1.

2.1.1. Pretensiones

i. La demandante solicitó la nulidad el acto administrativo de fecha 15
de enero de 2020, expedido por la Oficina de Recursos Humanos del Municipio
de Santa Lucía, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 numeral 3° de la Ley 50 de 1990,
aplicable a este asunto de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996 reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998,
por la no consignación de las cesantías anualizadas en el fondo administrador
de cesantías.

ii. A título de restablecimiento del derecho, condenar al ente territorial a
pagar la sanción moratoria prevista en el 3° del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 aplicable a este asunto de conformidad con lo previsto en el artículo 13
de la Ley 344 de 1996 reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de
1998, por la no consignación de las cesantías anualizadas en el fondo
administrador de cesantías.

iii. Declarar la nulidad del acto administrativo de fecha 13 de abril de
2020, expedido por el municipio accionado, mediante el cual se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria a que tiene derecho por el no
pago de las cesantías definitivas dentro del término legal conferido, de
conformidad con el parágrafo del artículo 2° de la Ley 244 de 1995 modificada
y adicionada por la Ley 1071 de 2006. En consecuencia, solicitó condenar a la
entidad demanda a pagar la indemnización correspondiente a un día de salario
por cada día de retardo, la cual deberá ser liquidada desde el 7 de marzo de
2020 «fecha en la que inició la sanción» hasta que se haga efectivo el pago de
las cesantías definitivas, las cuales fueron reconocidas a través de la
Resolución núm. 110 del 12 de diciembre de 2019.

iv. Condenar al municipio de Santa Lucia a pagar la indexación de los
valores a que tenga lugar de conformidad con lo previsto en el artículo 187 de
la Ley 1437 del CPACA y las costas procesales y agencias en derecho
causadas en el presente asunto.

1Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 001. DEMANDA.

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Demandante: Astrid Elena de León Carreño
Demandado: Municipio de Santa Lucía

2.1.2. Hechos

2. La Sala los resume así:

i. La señora Astrid Elena de León Carreño, fue vinculada a la planta de
personal del municipio de Santa Lucía, en el cargo de coordinadora de Más
Familias en Acción, mediante el Decreto núm. 0014 del 8 de enero de 2016,
fecha en la cual tomó posesión. Vinculación que fue ininterrumpida hasta el
1 de noviembre de 2019, al ser declarada insubsistente mediante Decreto
núm. 071 de dicha fecha.

ii. Expuso que durante su vinculación laboral devengó los siguientes
salarios:

AÑO SALARIO
2016 $ 1.448.366
2017 $ 1.573.979
2018 $ 1.636.938
2019 $ 1.702.416

iii. Indicó que mediante la Resolución núm. 110 del 12 de diciembre de
2019 «Por medio del cual se reconoce y ordena el pago de una liquidación
definitiva de unas prestaciones sociales», expedida por la alcaldía municipal
de Santa Lucía se le reconoció lo siguiente:

Auxilio de cesantías $ 6.497.554
Intereses de Cesantías $ 2.975.880
Vacaciones $ 2.553.624
Prima de vacaciones $ 2.553.624
Prima de navidad $ 6.497.554
Prima de servicios $ 3.248.777
Bonificación por $ 397.230
recreación
Total $24.724.244

iv. Manifestó que de la anterior liquidación se logró verificar que el
municipio accionado no consignó en el fondo administrador de cesantías las
vigencias correspondientes a 2016, 2017, 2018 y 2019, esto es, antes del 15
de febrero del año siguiente a su causación.

v. Expuso que presentó reclamación administrativa el 30 de diciembre de
2019 ante la administración municipal, en la que solicitó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, esto por la no
consignación de las cesantías anualizadas en el fondo de cesantías. Agregó
que la entidad mediante acto administrativo del 15 de enero de 2020, negó
lo pretendido e indicó que la obligación no hace parte del presupuesto de la

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Demandante: Astrid Elena de León Carreño
Demandado: Municipio de Santa Lucía

entidad y que no se ha probado mala fe por parte de este respecto al pago
de las cesantías anualizadas.

vi. Refirió en relación a las cesantías definitivas reconocidas en la
Resolución N° 110 del 12 de diciembre de 2019, que el municipio contaba
con el término máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para cumplir la
obligación de pago, a partir de la ejecutoria o firmeza del acto administrativo
que las reconoció, es decir, desde el 2 de enero de 2020. En este sentido,
expuso que la entidad demandada desconoció dicho término lo que dio lugar
a la configuración de la sanción moratoria prevista en el artículo 2 de la Ley
244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. Así señaló2:

Expedición del acto 12 de diciembre de 2019
administrativo-Despacho del
alcalde.
Notificación de respuesta de 13 de diciembre de 2019
petición donde se cita a
diligencia de notificación
personal.
Notificación personal del acto 16 de diciembre de 2019
administrativo particular.
Recurso que procede contra el Reposición (Facultativo)
acto administrativo.
Oportunidad para interponerlo 10 días
(art. 76 CPACA).
Firmeza del acto administrativo 02 de enero de 2020
(art. 87 numeral 3° CPACA).
Límite del término para pagar 06 de marzo de 2020
cesantías definitivas
reconocidas en Resolución N°
110 del 12 de diciembre de 2019
(45 días, art. 2° Ley 244 de
1995, modificada por la Ley
1071 de 2006).
Inicio de configuración de 07 de marzo de 2020
sanción moratoria – Ley 244/95
modificada por la Ley 1071 de
2006.
Límite. Hasta que se haga efectivo el
pago

vii. Sostuvo que el 6 de abril de 2020 presentó reclamación ante la
accionada, a través de los medios electrónicos http://www.santalucia-
atlantico.gov.co, recursoshumanos@santalucia-atlantico.gov.co y
despacho@santalucia-atlantico.gov.co, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el parágrafo del

2 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 001. DEMANDA, folio

4.

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artículo 2 de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 hasta
que se haga el pago de las cesantías definitivas.

viii. En relación con lo solicitado, la entidad decidió negar la pretensión y,
para ello, reiteró el mismo fundamento expuesto en el acto administrativo
mediante el cual se abstuvo de reconocer la sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990. En particular, sostuvo que «que el concepto sobre el cual se
solicitó su reconocimiento y pago no hace parte del presupuesto de la entidad
territorial, igualmente arguyendo inexistencia de mala fe en cuanto a su pago,
aunado a ello expresó que la administración municipal se encontraba
organizando los pagos de las liquidaciones».

ix. Posteriormente, solicitó el 27 de abril de 2020 ante la Secretaría de
Hacienda Municipal, lo siguiente: «[…] se sirva certificar si se efectuó el pago
del AUXILIO DE CESANTÍAS correspondiente a la vigencia de los años
2016, 2017, 2018 y 2019 a mi nombre en el fondo administrador de cesantías
donde me encuentro afiliada por parte de este municipio, en virtud de la
relación legal que mantuve con este ente territorial».

x. En respuesta a lo anterior, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos
del municipio accionado, manifestó que, tras verificar la información
disponible, se constató la ausencia de afiliación de la demandante a un fondo
de cesantías. En consecuencia, al expedirse la Resolución núm. 110 del 12
de diciembre de 2019, la administración procedió a reconocer de manera
definitiva el pago directo del auxilio.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como desconocidas las siguientes: Constitución Política,
artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53, 209; Ley 344 de 1996, artículo 13; Ley 50 de 1990,
artículos 99, 102 y 104; Artículo 2 parágrafo de la Ley 244 de 1995, modificada y
adicionada por la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1582 de 1998, artículo 1.

4. Al desarrollar el concepto de violación, la parte actora afirmó que las
pretensiones de la demanda se orientan al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, derivada de la omisión en la consignación
oportuna de las cesantías anualizadas en el fondo administrador del auxilio. Indicó
que dicha solicitud fue negada mediante el acto administrativo del 15 de enero de
2020. De igual manera, expuso que pretende la sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006, la cual también fue
rechazada por la administración a través del acto administrativo del 13 de abril de
2020.

5. Advirtió que la entidad accionada no efectuó la liquidación ni realizó la
consignación anualizada de las cesantías en su cuenta individual. Por el contrario,
efectuó su pago únicamente al momento en que finalizó la prestación del servicio,

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circunstancia que pone de manifiesto el incumplimiento del deber que le
corresponde como empleador.

6. Igualmente, afirmó respecto a las cesantías definitivas que el plazo para
realizar el desembolso del auxilio era hasta el 6 de marzo de 2020, sin que el mismo
haya sido pagado. En ese orden, de conformidad con las circunstancias descritas,
insistió que la decisión administrativa demandada fue expedida con infracción en la
normativa aplicable, puesto el plazo máximo para pagar las cesantías definitivas
expiró y la entidad accionada no ha consignado dicha suma.

2.2. Contestación de la demanda

7. El municipio de Santa Lucía3 por intermedio de apoderado, contestó la
demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que lo
reclamado no puede ser reconocido por su representada, por cuanto según indicó
no existe una motivación legal que la sustente. Además, que el municipio no se
encuentra en la posibilidad de cancelar las acreencias reclamadas, en la medida en
que dichas obligaciones no están incorporadas en el presupuesto municipal.

8. Indicó que la demandante prestó sus servicios de la alcaldía del municipio de
Santa Lucía en el cargo de coordinadora del programa Más Familias en Acción
desde el 8 de enero de 2016 hasta el 1 de noviembre de 2019. Precisó que mediante
el Decreto núm. 071 del 1 de noviembre de 2019 se declaró insubsistente y,
posteriormente, la actora solicitó el pago de sus prestaciones sociales. Señaló que
dicha petición obtuvo respuesta por medio de la Resolución núm. 110 del 12 de
diciembre de 2019. Asimismo, informó que el 19 de agosto de 2020 se efectúo la
consignación de las cesantías en la cuenta de ahorro de la demandante, por un
valor de seis millones seiscientos noventa y siete mil quinientos cincuenta y cuatro
pesos $6.697.554.

9. Finalmente, propuso como excepción previa la indebida representación del
demandante; y de mérito las siguientes: (i) imposibilidad de la sanción moratoria; (ii)
carencia del derecho reclamado; (iii) prescripción; y (iv) aquellas que se reconozcan
de oficio.

10. A su turno el Tribunal, mediante providencia del 10 de junio de 20214 declaró
no probada la excepción de indebida representación de la demandante propuesta
por el ente territorial. Precisó que la parte actora allegó un escrito de poder conferido
a un profesional del derecho, sin que constara que dicho mandato hubiera sido
otorgado de manera personal; no obstante, al descorrer el traslado de las
excepciones, el apoderado aportó la prueba correspondiente. En este sentido, el
juez precisó que las excepciones previas formuladas en la contestación de la
demanda deben tramitarse conforme al artículo 101 del Código General del
Proceso, norma que permite subsanar los defectos advertidos dentro del término

3 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 008.Contestación.
4 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 013.autodeclara.

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previsto para pronunciarse sobre ellas. En consecuencia, el despacho concluyó que
la excepción propuesta carecía de vocación de prosperidad.

2.3. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia dictada el 19 de
noviembre de 20215, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Condenó al pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, negó la
indemnización prevista en la Ley 50 de 1990 aplicable al sector público de
conformidad con la Ley 344 de 1996, y se abstuvo de imponer condena en costas.
La decisión se fundó en las siguientes consideraciones:

12. La demandante prestó sus servicios a la alcaldía de Santa Lucía en el cargo
de coordinadora de Familia en Acción, entre el 8 de enero de 2016 y el 1 de
noviembre de 2019, fecha en la que fue declarada insubsistente.

13. Manifestó que la actora solicitó el pago y el reconocimiento de la sanción
moratoria por la consignación tardía de las cesantías correspondientes al periodo
en que estuvo vinculada con el ente territorial. Precisó que, conforme con el numeral
3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, las cesantías deben ser consignadas a más
tardar el 14 de febrero de la siguiente anualidad «en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo de cesantías que él mismo elija». Por consiguiente, advirtió que
corresponde al trabajador elegir el fondo, de modo que la entidad no puede disponer
unilateralmente de un fondo administrador de cesantías.

14. Señaló que la falta de elección por parte del trabajador imposibilitó al
empleador realizar la consignación anualizada de las cesantías. Añadió que, según
la consulta efectuada en el Sistema Integral de Información de la Protección Social,
el Registro Único de Afiliados no reportó afiliación alguna de la actora a un fondo de
cesantías. En consecuencia, concluyó que la demandante no tenía derecho a la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, aplicable al sector público de
conformidad con la Ley 344 de 1996, debido a que no se acreditaron los requisitos
legales para su reconocimiento, pues la falta de consignación oportuna obedeció a
circunstancias atribuibles a la actora y no a la administración.

15. En relación con la sanción moratoria derivada del no pago oportuno de las
cesantías definitivas reconocidas a través de la Resolución núm. 110 del 12 de
diciembre de 2019, agregó que la Ley 244 de 1995 fijó un término perentorio para
la liquidación de dicha prestación con el fin de que la administración expida el acto
de reconocimiento en forma oportuna. Para ello citó la jurisprudencia de esta
Corporación, conforme a la cual la sanción moratoria no se incluye en el acto de
liquidación, por lo que el interesado debe reclamarla previamente en sede
gubernativa.

5 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 017. Fallo.

7

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La jurisprudencia ha sido enfática en afirmar que el reconocimiento del pago de la
sanción no se incluye en el acto de liquidación, por lo que es indispensable que el
interesado agote la vía gubernativa con respecto a ésta. Ello significa que para que
se ordene el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995,
la misma debe ser previamente reclamada en sede gubernativa.

De acuerdo a lo expuesto, para la Sala es claro que para que procede condenar al
empleador al pago de las sanción moratoria fijada en la Ley 244 de 1995, cuando
se cumplan los siguientes presupuestos: (i) que exista el vínculo legal y
reglamentario o de carácter laboral; (ii) que el empleado público se hubiese retirado
del servicio; (iii) que la entidad no haya pagado dentro del término legal una vez en
firme el acto que liquidó definitivamente las cesantías, esto es, dentro de los 45 días
hábiles siguientes a la firmeza del acto que reconoció la liquidación de las cesantías
definitivas y; (iv) y que una vez se presente la mora de la administración, el servidor
público solicite el pago de la sanción moratoria, lo que agota vía gubernativa en este
punto.

16. Manifestó que la administración reconoció y pagó las cesantías definitivas de
la demandante mediante la Resolución núm. 110 de diciembre de 2019, y que el
municipio aportó constancia del pago efectuado el 19 de agosto de 2020 en la
cuenta de la actora, quien reconoció dicho pago al pronunciarse sobre las
excepciones propuestas. Por lo tanto, indicó que, en principio, la demandante tenía
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las
cesantías definitivas. En este orden, concluyó que se configuró la obligación
indemnizatoria por el periodo comprendido entre el 7 de marzo de 2020 y el 19 de
agosto del mismo año.

17. Añadió que la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
el no pago oportuno de las cesantías definitivas fue presentada el 6 de abril de 2020,
motivo por el cual no se configuró la prescripción, en cuanto no transcurrió el término
de tres años entre la fecha en que surgió el derecho y la fecha de su reclamación.
En consecuencia, declaró la nulidad del Oficio del 13 de abril de 2020 expedido por
el municipio de Santa Lucía, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1996 y 1071 de 2006.

2.4. Recurso de apelación

18. La demandante6 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con el propósito de que se revoque el numeral 4 de su parte
resolutiva. Sostuvo que el Tribunal realizó una interpretación errada y restrictiva del
numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Asimismo, afirmó que la autoridad
judicial omitió valorar adecuadamente las pruebas documentales aportadas al
proceso, situación que —a su juicio— generó un defecto fáctico.

19. Argumentó que el régimen de cesantías aplicable a los empleados de los
órganos y entidades del Estado exige la liquidación anual de dicha prestación,

6 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 019. Recurso 2020-

00499.

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conforme con lo previsto en el numeral 13 de la Ley 344 de 19967. Indicó que, para
el reconocimiento y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel
territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996, deben aplicarse las
disposiciones compatibles con el régimen de liquidación anualizada previsto en los
artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990. Añadió que, al vincularse al cargo el
8 de enero de 2016 y haber tomado posesión en esa misma fecha, es beneficiaria
del régimen de cesantías anualizadas.

20. Aunado a lo anterior, insistió en que la administración no acreditó el pago de
las cesantías correspondientes a las vigencias 2016 a 2019. Alegó que esta falta de
acreditación deja sin sustento jurídico y fáctico lo decidido por el juez de primera
instancia al afirmar que la ausencia de afiliación a un fondo de cesantías imposibilitó
al empleador cumplir con su obligación de realizar la consignación anualizada.

21. Expuso que el Tribunal omitió valorar de manera adecuada las pruebas
documentales aportadas al expediente mediante las cuales —según señaló— se
demuestra el incumplimiento de las normas que regulan las cesantías de la
demandante. Destacó, en particular, la comunicación expedida el 21 de mayo de
2020 por la jefe de la Oficina de Recursos Humanos del municipio de Santa Lucía,
en la cual se reconoció que durante la vigencia de la relación laboral no se efectuó
la liquidación anualizada de las cesantías y que la ausencia de afiliación a un fondo
administrador solo se advirtió con posterioridad a la desvinculación, con ocasión de
la solicitud presentada por la actora.

22. Señaló que el Tribunal no valoró el escrito de contestación y oposición a las
excepciones, en el cual obra copia digital del Decreto núm. 040 de 2016, mediante
el cual se estableció que el jefe de Recursos Humanos tiene, entre sus funciones,
la de: «41. Expedir la liquidación de cesantías parciales y definitivas y ordenar su
trámite ante los fondos correspondientes en cumplimiento de las normas vigentes».
De ello concluyó que, tratándose de una relación legal y reglamentaria entre la
demandante y el municipio de Santa Lucía, la entidad tenía el deber de afiliarla al
Sistema Integral de Seguridad Social, en los subsistemas de salud, pensiones,
riesgos laborales, caja de compensación familiar y a un fondo administrador de
cesantías.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

23. Mediante auto del 26 de enero de 20238, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de primera
instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes, por no
existir pruebas por decretar en segunda instancia.

7 ARTÍCULO 13. […] a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la
terminación de la relación laboral;
[…]
8 Samai, índice 004.

9

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00499-01 (5145-2022)
Demandante: Astrid Elena de León Carreño
Demandado: Municipio de Santa Lucía

2.5.1 Concepto del Ministerio público

24. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado rindió9
concepto en el cual solicitó confirmar la sentencia de primera instancia dictada el 19
de noviembre de 2021, por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Afirmó que, la
decisión de primera instancia se ajusta al ordenamiento jurídico, dado que la ley
exige que las cesantías se consignen en el fondo al cual el funcionario debe afiliarse
obligatoriamente, compromiso que en el presente asunto no fue cumplido. Por ello
al ser la sanción moratoria una penalidad derivada del incumplimiento del
empleador, su reconocimiento resulta improcedente, pues la falta de afiliación —
requisito legal indispensable— es atribuible al propio funcionario.

2.5.2. Alegatos de conclusión de la parte demandante

25. La parte actora presentó alegatos de conclusión10 en los que insistió en los
argumentos presentados en su recurso de alzada, pues el régimen anualizado de
cesantías, previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, obliga a la administración
a efectuar la liquidación anual de las cesantías a 31 de diciembre de cada vigencia.
Sin embargo, afirmó que el municipio no probó ni acreditó durante el proceso haber
realizado la liquidación correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Esta
omisión —según la reclamante— desvirtúa la conclusión del Tribunal según la cual
la falta de afiliación a un fondo de cesantías impidió realizar la consignación, puesto
que tal razonamiento desconoce los deberes establecidos en los artículos 99, 102
y 104 de la Ley 50 de 1990.

26. Adicionalmente, sostuvo que la Sala omitió valorar pruebas documentales
oportunamente allegadas, mediante las cuales se acreditó el incumplimiento de las
obligaciones legales relacionadas con la liquidación y manejo de las cesantías por
parte del ente territorial accionado.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

27. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:

9 Samai, índice 011.
10 Samai, índice 012.

10

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00499-01 (5145-2022)
Demandante: Astrid Elena de León Carreño
Demandado: Municipio de Santa Lucía

29. ¿Debe reconocerse a la demandante la sanción moratoria prevista en la Ley
50 de 1990 por la no consignación de las cesantías anualizadas correspondientes
a las vigencias 2016 a 2019, puesto que la administración atribuye dicha omisión a
la falta de afiliación a un fondo de cesantías por parte de la interesada?

30. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
aplicable a la ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998; (ii)
hechos probados; y (iii) caso concreto.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996

31. El régimen anualizado de cesantías fue establecido en la Ley 50 de 1990,
específicamente, en su artículo 99, que dispuso:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.

32. La Ley 344 de 199611, que permitió la extensión de este modelo al sector
público estableció en su artículo 13 que, a partir de su publicación, y sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, quienes se vincularan a los órganos y entidades
del Estado tendrían el siguiente régimen de cesantías anualizado y definitivo:

ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se

11 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones».

11

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00499-01 (5145-2022)
Demandante: Astrid Elena de León Carreño
Demandado: Municipio de Santa Lucía

vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo; […]

33. Por su parte el Decreto 1582 de 1998, reglamentó parcialmente el artículo 13
de la Ley 344 de 1996, por tanto, dispuso en su artículo 1, lo siguiente:

El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos
del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99,
102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los
servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro
será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432
de 1998. […]

34. El numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 establece una sanción a
cargo del empleador por la falta de consignación oportuna del auxilio de cesantías
en el fondo al cual se encuentre afiliado el trabajador. Para tal efecto, la norma
determina el momento a partir del cual la obligación adquiere exigibilidad, en los
términos que se indican a continuación.

El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

[…]

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

35. En consecuencia, las disposiciones previstas en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 amparan el auxilio de cesantías al que tienen derecho los servidores públicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 344 de 1996 y en el Decreto 1582 de 1998. En
relación con la mora en la consignación de dicha prestación, la normativa establece
la procedencia de una sanción equivalente a un día de salario por cada día de
retraso. Así, si para el 15 de febrero de la anualidad siguiente no se efectúa la
consignación del valor correspondiente en el fondo de cesantías elegido por el

12

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trabajador, surge la posibilidad de requerir el reconocimiento y pago de la sanción
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

3.3.2. Reglas jurisprudenciales sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020
del 6 de agosto de 2020, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado

36. La Sección Segunda de la Corporación, mediante providencia del 6 de agosto
de 2020, dictó la siguiente sentencia de unificación con las reglas de jurisprudencia
relacionadas con la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación
de cesantías anualizadas:

“PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de
Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley
50 de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es
desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad
siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los
tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.

ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción
prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por
cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15
de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por
la anualidad correspondiente, so pena de su extinción”.

3.3.3. Prescripción de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías

37. En la sentencia de unificación CE-SUJ004 proferida por la Sección Segunda
de esta corporación, el 25 de agosto de 201612, se definió que la sanción por mora
en el pago tardío o no pago de las cesantías es una penalidad que no puede ser
considerada como un derecho imprescriptible, razón por la cual está sometida a la
prescripción trienal.

38. En consecuencia, la sanción por mora derivada de la falta de consignación
de las cesantías anualizadas se genera a partir del día siguiente al vencimiento del
plazo que tiene la administración para efectuar dicha consignación; es decir, desde
el 15 de febrero del siguiente a la anualidad en la que se causaron las cesantías,
conforme lo establece la normativa. Se precisó que este momento constituye el
punto cierto y definido que da lugar al nacimiento de la penalidad, la cual, aunque
no configura un derecho en sí misma, representa un beneficio para el empleado13.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, exp. Núm. 08001 23 31 000

2011 00628-01 (0528-14).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 8 de julio de

2021, exp. núm.08001-23-31-000-2011-00392-02 (2685-2017)

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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00499-01 (5145-2022)
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3.4. Hechos probados

39. La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
encuentra probados los siguientes hechos:

40. La señora Astrid Elena de León Carreño prestó sus servicios al municipio
demandado como coordinadora de Familias en Acción desde el 8 de enero de 2016
hasta el 1 de noviembre de 201914. Posteriormente, fue declarada insubsistente del
cargo mediante Decreto núm. 071 del 1 de noviembre de 201915.

41. Por medio de la Resolución núm. 110 del 12 de diciembre de 2019, expedida
por el alcalde del municipio de Santa Lucía, se le reconoció y ordenó a la
demandante el pago de unas cesantías definitivas por el periodo comprendido entre
el 8 de enero de 2016 al 1 de noviembre de 201916.

42. La actora presentó reclamación administrativa el 30 de diciembre de 2019 17,
con el fin de solicitar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en
la Ley 344 de 1996, por la omisión en la consignación de las cesantías anualizadas
en el fondo administrador del auxilio. Por su parte la administración no accedió a lo
pretendido mediante respuesta emitida el 15 de enero de 202018, para lo cual
sostuvo que no pueden utilizar los recursos destinados para ordenar un pago que
no se encuentra dentro de su presupuesto.

43. Posteriormente, la demandante solicitó, el 6 de abril de 2020, por medios
electrónicos el reconocimiento y pago de la indemnización establecida en la Ley 244
de 1995, modificada por la Ley 1071 de 200619. El municipio en respuesta del 13 de
abril de la misma anualidad reiteró los argumentos consignados en la contestación
del 15 de enero de 202020.

44. Asimismo, consta requerimiento realizado por la interesada ante el municipio
accionado, para la expedición de certificación del pago de cesantías21. No obstante,
la administración informó22: «Que revisados los archivos del expediente
administrativo de la señora ASTRID ELENA DE LEÓN CARREÑO se pudo

14 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 001. DEMANDA, folio

21.
15 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 001. DEMANDA, folios

19 al 20.
16 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 001. DEMANDA, folio

22.
17 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 001. DEMANDA, folios

25 al 29.
18 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 001. DEMANDA, folios

40 al 43.
19 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 001. DEMANDA, folios

30 al 32.
20
Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 001. DEMANDA, folio
44 al 47.
21 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 001. DEMANDA, folios

34 al 36.
22 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, 4ED_4_080012333000202000, PDF 001. DEMANDA, folio

37.

14

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constatar que no se encontraba afiliada a un Fondo de cesantías, por lo cual en el
momento en que se liquidó sus prestaciones sociales mediante Resolución núm.
110 del 12 de diciembre de 2019, se le reconocieron de manera definitiva para su
pago de manera directa».

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

45. Delimitado el problema jurídico a partir del recurso de apelación presentado
por la parte actora, corresponde determinar si a la demandante le asiste el derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996,
en concordancia con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de
las cesantías anualizadas correspondientes a las vigencias 2016 a 2019. Lo
anterior, bajo la premisa que el municipio de Santa Lucía tenía la obligación de
depositarlas a más tardar el 15 de febrero del año siguiente a su causación.

46. Al respecto, se observa que el fallador de primera instancia no accedió a
dicha solicitud con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del artículo 33 de
la Ley 50 de 1990, el cual señala que «el valor liquidado por concepto de cesantías,
al empleado se consignaría a más tardar el 14 de febrero de la siguiente anualidad,
‘en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantías que él mismo
elija’, lo cual quiere decir que deja a la voluntad del trabajador la elección del fondo.
Pero además conlleva a que la entidad no pueda de manera dispositiva y por
iniciativa propia suscribir convenio con algún fondo administrador de las cesantías,
sino que la iniciativa está a cargo del empleado». Bajo este entendido, el juez
concluyó que la falta de elección del fondo por parte del trabajador impidió al
empleador realizar la consignación correspondiente y, al no obrar en el expediente
prueba de que la demandante se hubiera afiliado a un fondo administrador del
auxilio, decidió negar lo solicitado.

47. Aunado a lo expuesto, del análisis probatorio que obra en el expediente se
advierte que el municipio, mediante Resolución núm. 110 del 12 de diciembre de
2019, reconoció y ordenó el pago de la liquidación definitiva de las prestaciones
sociales de la demandante por el periodo comprendido entre el 8 de enero de 2016
y el 1 de noviembre de 2019, dentro de las cuales se incluyeron las cesantías y sus
intereses. Por su parte, la actora solicitó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998
—régimen anualizado de cesantías—, al considerar que la entidad territorial no
consignó el auxilio correspondiente a los años 2016 a 2019. Al no obrar en el
expediente prueba que demuestre que el municipio realizó dichas consignaciones,
resulta claro para esta instancia que procede el reconocimiento de la indemnización
reclamada.

48. A partir del estudio de las pruebas obrantes en el plenario, entre ellas la
solicitud del 27 de abril de 2020 presentada por la parte actora ante la administración
para requerir certificación del pago de las cesantías correspondientes a las
vigencias reclamadas, así como la respuesta emitida por el jefe de la Oficina de
Recursos Humanos del municipio de Santa Lucía, el 21 de mayo del mismo año, en
15

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00499-01 (5145-2022)
Demandante: Astrid Elena de León Carreño
Demandado: Municipio de Santa Lucía

la cual indicó: «revisados los archivos del expediente administrativo de la señora
Astrid Elena De León Carreño se pudo constatar que no se encontraba afiliada a un
Fondo de cesantías, por lo cual en el momento en que se liquidaron sus
prestaciones sociales mediante la Resolución núm. 110 del 12 de diciembre de
2019, se le reconocieron de manera definitiva para su pago de manera directa». En
este sentido, se advierte que la obligación correspondiente a la consignación de las
cesantías anualizadas no fue cumplida. Por consiguiente, resulta procedente la
sanción moratoria solicitada.

49. Ahora bien, para definir el extremo temporal para determinar la sanción
moratoria se entenderá que el mismo es a partir del 15 de febrero de 201723 hasta
el momento del retiro, esto es, 1 de noviembre de 201924 pues a partir de este
instante la obligación que se origina no es la de consignar la cesantía en un fondo,
sino la de entregarla al trabajador junto con las demás prestaciones y salarios a que
tenga derecho25..

50. En relación con lo expuesto, la Sala observa con claridad que las
pretensiones de la actora se orientan al reconocimiento tanto de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 como de la sanción contenida en la Ley 244
de 1995 por el no pago oportuno de las cesantías definitivas. Esta última, como ya
se advirtió, fue reconocida por el Tribunal.

51. En este orden, como ya se delimitó, el problema jurídico en esta instancia se
circunscribe al reconocimiento y pago de la sanción descrita en la Ley 50 de 1990
la que en ningún caso invalida la que ya fue decretada por el fallador de primera
instancia.

52. Lo anterior dado que cada una de estas sanciones tiene un origen y una
finalidad diversa pues cubren dos contingencias distintas. La indemnización
moratoria castiga la no consignación del auxilio el 14 de febrero de la anualidad
siguiente a su causación y la otra, el retardo en la cancelación de la cesantía
definitiva.

53. Advierte la Sala que, frente al argumento de la apelante relacionado con la
supuesta falta de valoración probatoria por parte del juez de primera instancia para
resolver la pretensión sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista por las cesantías anualizadas, lo cierto es que el defecto fáctico se
configura «cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o
cuando, sin razón valedera, da por no probado el hecho o la circunstancia que de
ella emerge clara y objetivamente[…]»26. Esta circunstancia no se observa en el
presente asunto, pues el Tribunal fundamentó la negativa al reconocimiento
solicitado en que la omisión en la afiliación por parte de la demandante imposibilitó

23 15 de febrero de la anualidad siguiente a su causación.

24 Fecha en la que fue declarada insubsistente.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 4 de febrero de 2016, exp. núm.
08001-23-31-000-2011-01415-01 (4255-2013).
26 Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.

16

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que la administración cumpliera con la obligación de consignar el auxilio
correspondiente a los años 2016 a 2019, y para ello verificó el documento emitido
por el jefe de Recursos Humanos del municipio en la que indicó que la demandante
no se encontraba afiliada a un fondo de cesantías.

54. Sumado a lo anterior, del material probatorio analizado se observa que la
relación existente entre la demandante y el municipio era de naturaleza legal y
reglamentaria, en la medida que la actora ostentaba la calidad de empleada pública.
En consecuencia, la entidad tenía la obligación de efectuar la consignación
correspondiente a las vigencias 2016 a 201827, sin que resultara admisible lo
argumentado por la entidad accionada de la falta de afiliación o del desconocimiento
del fondo administrador de las cesantías como justificación para su incumplimiento.

55. En este contexto, la sanción moratoria constituye una penalidad de
naturaleza económica que se impone al empleador ante el incumplimiento en el
reconocimiento y pago oportuno de las cesantías dentro del régimen anualizado.
Tal circunstancia se configura en el presente caso, pues no basta con la simple
expedición del acto administrativo de reconocimiento; la obligación debe
materializarse mediante la consignación a favor del trabajador a más tardar el 14 de
febrero del año siguiente a su causación.

56. Por tal razón, procede revocar el numeral cuarto de la sentencia de primera
instancia para ordenar a la entidad que cancele lo que resulte como sanción
moratoria por el pago tardío del citado auxilio, de conformidad con la Ley 50 de 1990
concordante con la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998. Sanción que
corresponde a las cesantías causadas por los años 2016, 2017 hasta 2018, dado
que la relación laboral finalizó en noviembre de 2019, por tanto, no surgió para el
empleador la obligación de efectuar la liquidación correspondiente a ese año ni de
realizar la consignación al fondo respectivo. En consecuencia, no es procedente
imponer la sanción moratoria respecto de dicha anualidad. Así las cosas, la
respuesta al problema jurídico planteado es afirmativa, y la Sala procederá a
declarar la nulidad del acto administrativo que negó la referida indemnización.

3.6. Conclusión de la decisión

57. En atención a lo consignado se revocará el numeral cuarto de la sentencia
del 19 de noviembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico
que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda presentada por la señora
Astrid Elena de León Carreño, al demostrarse que a la demandante le asiste el
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990 concordante con la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998.

27 Dado que la actora fue retirada del servicio en el año 2019.

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3.7. Renuncia de poder y reconocimiento de personería

58. Se informa que el abogado Abelardo Villa Orozco identificado con cédula de
ciudadanía núm. 1.002.096.911 y portador de la tarjeta profesional núm. 337.541
del Consejo Superior de la Judicatura presentó renuncia al poder conferido por la
demandante28.

59. Consta poder conferido al abogado Jan Carlos León Jiménez, identificado
con la cédula de ciudadanía núm. 1.079.991.354 y portador de la tarjeta profesional
núm. 341.840 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado
de la parte actora29. En consecuencia, se le reconocerá personería para actuar en
los términos del poder conferido.

3.8. Costas

60. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 30 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
del Atlántico el 19 de noviembre de 2021, que reconoció la sanción moratoria

28 Samai, índice 006.
29 Samai índice 012.
30 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

18

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00499-01 (5145-2022)
Demandante: Astrid Elena de León Carreño
Demandado: Municipio de Santa Lucía

derivada del no pago oportuno de sus cesantías definitivas por el periodo
comprendido entre el 7 de marzo hasta el 19 de agosto de 2020.

Segundo: Revocar el ordinal cuarto de la sentencia del 19 de noviembre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y en su lugar declarar la nulidad del
acto administrativo de fecha 15 de enero de 2020. En consecuencia, disponer que
la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 concordante con la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582
de 1998, respecto a los años 2016 a 2018.

Tercero: Reconocer personería al abogado Jan Carlos León Jiménez, identificado
con la cédula de ciudadanía núm. 1.079.991.354 y portador de la tarjeta profesional
núm. 341.840 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado
de la parte actora.

Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
Aclara el voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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