Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00541-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00541-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2020-00541-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00541-01 (3530-2025)
Demandante: Claudia Patricia Torres Sibaja
Demandado: Universidad del Atlántico
Tema: Insubsistencia en cargo de libre nombramiento y remoción.
Decisión: Confirmar la sentencia apelada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. La accionante solicitó anular la Resolución nro. 409 del 18 de
diciembre de 2019, a través de la cual la Universidad del Atlántico declaró
insubsistente el nombramiento que ostentaba en el empleo denominado jefe de la
Oficina Jurídica.
3. Como restablecimiento del derecho exigió su reintegro, sin solución de
continuidad, al mencionado cargo o a otro de igual o superior categoría, con el
respectivo pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante
el periodo cesante. Así mismo reclamó la indemnización de los perjuicios morales y
materiales -daño emergente- padecidos con ocasión al retiro del servicio.
4. Finalmente, pidió el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con los términos
establecidos en el CPACA.
5. Hechos. Se señalaron como tales, los siguientes:
6. La demandante prestó sus servicios al ente accionado entre el 4 de enero de
2016 y 18 de diciembre de 2019 y su última vinculación correspondió al empleo de
jefe de la Oficina Jurídica. Durante su vinculación laboral fueron comunes las
protestas estudiantiles en contra del personal administrativo y la infraestructura de
la universidad.
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7. El 24 de octubre de 2019 se recrudecieron esas manifestaciones, al punto de
que el rector autorizó el ingreso a esa institución de los miembros de la Fuerza
Pública. Desde entonces, los protestantes bloquearon los accesos a las oficinas y
aulas de clase y, de contera, provocaron una crisis, pues impidieron el desarrollo de
las actividades administrativas y académicas.
8. Ante la presión de los estudiantes, el rector renunció a su cargo y, en su
reemplazo, el día 16 de diciembre de 2019 fue designado en encargo el señor Jorge
Luís Restrepo Pimienta.
9. Con la aludida dimisión no cesaron las protestas, antes bien, se intensificaron
mucho más, dado que los manifestantes se tomaron las sedes ubicadas en Bellas
Artes y en el centro de la ciudad de Barranquilla.
10. A raíz de esas restricciones, el rector encargado solo pudo despachar desde su
oficina el 30 de enero de 2020, fecha en la que se levantó el paro estudiantil. Sin
embargo, el 18 de diciembre de 2019 la demandante recibió en su correo electrónico
institucional la comunicación de la declaratoria de insubsistencia de su
nombramiento.
11. Junto con la actora, fueron retirados del servicio 14 funcionarios más y frente a
ninguno de ellos el nominador examinó la información que reposaba en sus hojas
de vida, por cuanto estas se encontraban archivadas en la sede principal de la
universidad que, para entonces, estaba bloqueada.
12. Aunque el acto administrativo a través del cual se retira del servicio a un
empleado de libre nombramiento y remoción no requiere ser motivado, pues se
infiere que tal determinación está inspirada en el mejoramiento del servicio, lo cierto
es que en este particular caso no se puede pregonar esa situación, en tanto: i) las
instalaciones universitarias permanecieron cerradas desde el 24 de octubre de
2019, por motivos ajenos a la voluntad de la accionante, por lo que, desde entonces,
ya existía una irregularidad en la prestación del servicio y; ii) quien fue designado
en reemplazo de la reclamante, además de no igualarla en preparación y
experiencia, solo pudo despachar desde su oficina a partir del 30 de enero de 2020,
por lo que es imposible que desde aquella fecha haya podido mejorar el servicio en
medio de la toma de la que era objeto la universidad.
13. La demandante cumplió cabalmente las funciones asignadas, sin recibir un solo
llamado de atención ni ser destinataria de investigaciones disciplinarias. Por tal
motivo, su desvinculación intempestiva le provocó perjuicios del orden moral, el
verse privada del único medio de sustento que tenía.
14. Fundamentos de derecho. Para el abogado de la parte actora, la decisión
cuestionada infringió los artículos 1.°, 2.°, 6.°, 13, 25, 29, 53 y 209 de la Constitución
Política y 26 del Decreto 2400 de 1068. Al exponer el concepto de violación, se
afirmó que:
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15. El acto administrativo demandado fue emitido con falsa motivación y con
desviación de poder1. En lo que a la primera causal de nulidad se refiere, argumentó
que, aunque en él no se plasmaron las razones del despido -con lo que se incumplió
el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968-, en una entrevista dada en la prensa local,
el rector encargado afirmó que las declaratorias de insubsistencias de algunos
funcionarios se hicieron luego de la valoración de sus hojas de vidas. Sin embargo,
tal estudio no pudo ser realizado porque, para entonces, la universidad estaba
totalmente bloqueada por los manifestantes.
16. Por otra parte, sostuvo que la desvinculación no se produjo para mejorar el
servicio, sino para cumplir las demandas estudiantiles violentas presentadas
durante el paro, que apuntaban a obtener el retiro de todos los servidores que
integraban la administración del anterior rector.
17. Contestación de la demanda2. Dentro del término legal, la Universidad del
Atlántico se opuso a la prosperidad de la demanda en los siguientes términos:
18. El acto sometido a juicio fue emitido en cumplimiento de las normas que
permiten el retiro discrecional y no motivado de los servidores de libre nombramiento
y remoción. Por ende, esa decisión se encuentra amparada por la presunción de
legalidad, según la cual, su finalidad estuvo encaminada a lograr el mejoramiento
del servicio.
19. Por consiguiente, la demandante no demostró la falsa motivación, la expedición
irregular, la desviación de poder, ni la infracción de las normas en que debía
fundarse el acto enjuiciado, pues las pruebas aportadas a la actuación judicial no
evidenciaron que el retiro del servicio fuera ajeno a aquel propósito -la mejora en el
servicio-, ni mucho menos que obedeciera a las manifestaciones estudiantiles.
20. Sostuvo que no se acreditó que desde el 24 de octubre de 2019 la oficina de la
demandante permaneció cerrada, así como tampoco se probó que la señora Torres
Sibaja haya desempeñado sus funciones en la sede norte de la Caja de
Compensación Familiar del Atlántico.
21. Finalmente, como instrumentos de defensa, formuló las excepciones de
«caducidad» e «inexistencia de la obligación».
22. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 17 de octubre de 2025, a
través de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró no probadas las
excepciones formuladas y, consecuentemente, negó las súplicas de la demanda.
Con tales propósitos, concluyó que:
1 También invocó las causales de nulidad denominadas infracción de las normas en que deberían fundarse y
expedición irregular. Sin embargo, no explicó el contenido y alcance de cada una de ellas frente al acto
administrativo demandado.
2 PDF denominado «000_CONTESTACIÓN_CONTESTACI_202000541CONTESTAC», contentivo del
expediente digital el cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
3 PDF denominado «44 Sentencia…» contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en la
opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
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23. En vista de la naturaleza del vínculo de la demandante (situación que no fue
objeto de discusión por las partes), era claro que el acto administrativo de
insubsistencia podía ser expedido sin motivación, dada la facultad discrecional del
nominador.
24. La parte actora no logró acreditar que dicha potestad haya sido ejercida sin
tener en cuenta los criterios de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad que
la jurisprudencia ha establecido para estos casos. Que la señora Torres Sibaja haya
desempeñado sus funciones de manera idónea, no le garantizaba un fuero de
inamovilidad ni le generaba una estabilidad laboral especial que impidiera su retiro
del servicio.
25. No se puede avalar la tesis según la cual el despido de la accionante fue fruto
de las presiones de los manifestantes. Aunque las grabaciones aportadas («6.
ANEXOS – AUDIO RESPUESTA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA; 8.
ANEXOS – AUDIO ESTUDIANTE PROTESTA Y 23. AUDIO DECLARACIÓN DE
RECTOR») daban cuenta del contexto en que se efectuó la desvinculación, no eran
suficientes para acreditar que la decisión de la administración fue producto de las
exigencias estudiantiles, tanto es así que el nombre de la actora nunca apareció en
ninguna de ellas.
26. Que la universidad se encontrara cerrada por la toma estudiantil no desvirtúa
que el retiro tuvo por finalidad el mejoramiento del servicio, pues esa situación no
limitaba las actuaciones administrativas del nominador, ni restringía la adopción de
las decisiones que estimara pertinentes para promover la eficacia y la mejora de la
calidad del servicio, más aún ante la situación de crisis que atravesaba la institución.
27. Las declaraciones vertidas en la antigua empresa de comunicaciones Twitter,
en la que estudiantes manifestaron que faltaba desvincular a algunos funcionarios,
no tenían la virtualidad suficiente para acreditar lo alegado por la demandante, en
tanto no se demostró que esas expresiones determinaron al rector de la universidad
a declarar la insubsistencia de su nombramiento.
28. No era necesaria una motivación diferente a la plasmada en el acto
administrativo de retiro, ya que el mismo se inspiró en razones de mejora el servicio.
29. La ausencia de anotación en la hoja de vida de la accionante de los motivos que
determinaron su retiro -art. 26 del Decreto 2400 de 1968-, no invalida el acto
demandado, pues tal inscripción no está prevista como requisito previo e
indispensable para la adopción de esa decisión.
30. Recurso de apelación4. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
la parte demandante la recurrió en los siguientes términos:
4 Archivo «24 RecursoApelación17Ago22».
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31. El tribunal dejó de valorar las pruebas que demostraban que el retiro del servicio
de la actora obedeció a las presiones de los estudiantes que participaron en la toma
de las instalaciones del ente universitario, más no al mejoramiento del servicio.
32. Entre ellas, se destacan dos audios. El primero, en el que uno de los
manifestantes afirma que el paro estudiantil no solo se promovió para lograr la salida
del rector de la institución, sino también la de cada uno de sus escuderos. El
segundo, en el que el rector encargado afirmó que las declaratorias de
insubsistencia se dieron luego de la evaluación de los perfiles, hojas de vida y
resultados de los servidores. Sin embargo, reiteró que, para aquél entonces, no fue
posible que el nominador accediera a esa información, pues todas las dependencias
de la administración estaban cerradas por la toma realizada por los estudiantes.
33. Expresó que el a quo también pasó por alto los mensajes publicados en la red
social Twitter, en los que se comentaba y celebraba la salida de algunos
funcionarios de la universidad y, además, se indicaba que aún faltaban más
servidores por ser desvinculados.
34. Adicionalmente, aseguró que la mayoría de las afirmaciones planteadas en el
escrito de demanda no fueron controvertidas por la entidad universitaria, razón por
la cual se configuraron hechos notorios y afirmaciones indefinidas que no requerían
pruebas. En ese orden de ideas, la carga de la prueba para demostrar que la
desvinculación de la señora Claudia Patricia Torres Sibaja fue para mejorar el
servicio, estaba en cabeza de la Universidad del Atlántico y no de la demandante.
35. Alegó que la desvinculación no pudo tener por finalidad el mejoramiento del
servicio, pues desde el 24 de octubre de 2019 la universidad permaneció cerrada,
lo que interrumpió el ciclo de clases e impidió a todos los servidores de la institución
acceder a sus oficinas. En consecuencia, reprochó que el tribunal presumiera la
concreción de ese objetivo en un periodo de anormalidad administrativa.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
36. La admisión del recurso5. Mediante auto de 22 de febrero de 2026 se admitió
el recurso de apelación. Dentro de esa oportunidad no se registraron intervenciones
de las partes ni del agente del Ministerio Público delegado ante esta corporación6.
5 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
6 El numeral 6.° del artículo 247 del CPACA establece que «[e]l Ministerio Público podrá emitir concepto desde
que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.» En el presente
asunto, el expediente ingresó al despacho para fallo el 18 de marzo de este año a las 10:06:26 a.m. (índice 10),
mientras que el concepto del Ministerio Público se registró a través de la sede electrónica SAMAI en esa misma
fecha, pero en una hora posterior, esto es, a las 10:57:06. Por tanto, como tal actuación se cumplió luego de
aquel ingreso, las consideraciones plasmadas en ese escrito no serán referenciadas.
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37. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
38. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación.
39. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si: ¿El tribunal de primera
instancia dejó de valorar las pruebas que demostraban que el retiro del servicio del
demandante se produjo con falsa motivación y desviación de poder?
40. El caso concreto. La resolución del interrogante planteado.
41. Interrogante único: ¿El tribunal de primera instancia dejó de valorar las
pruebas que demostraban que el retiro del servicio del demandante se produjo con
falsa motivación y desviación de poder?
42. Se rememora que, para la demandante, el tribunal de primer grado dejó de
valorar el conjunto probatorio que daba cuenta de que su retiro del servicio se
produjo con falsa motivación y desviación de poder. Para ello, destacó la existencia
de dos audios que, en su sentir, reflejaban esos vicios de nulidad y, además, los
mensajes emitidos en la red social Twitter por el Observatorio Caribe de Estudiantes
• OCE, relacionadas con los despidos masivos de funcionarios de la Universidad del
Atlántico.
43. Pues bien, en orden a resolver este interrogante, la Subsección referenciará y
analizará las pruebas que, incorporadas a esta actuación, guardan relación directa
con los hechos denunciados por el recurrente. Ellas son:
• La Resolución nro. 002247 del 11 de junio de 20199, contentiva del
nombramiento de la señora Claudia Patricia Torres Sibaja en el cargo de jefe
de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad del Atlántico, con su respectiva
posesión del día siguiente10.
• La Resolución nro. 000010 de 1.° de noviembre de 201911, en la que se aceptó
la renuncia presentada por el señor Carlos Javier Prasca Muñoz al cargo de
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 Folio 37 del PDF «10.ANEXOS – HOJA DE VIDA CLAUDIA TORRES», contentivo del expediente digital, el
cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI
10 PDF denominado «16. NOMBRAMIENTO JEFE JURÍDICA», contentivo del expediente digital, el cual puede
ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
11 PDF denominado «7. ANEXOS – CARLOS PRASCA RENUNCIA RESOLUCIÓN», contentivo del expediente
digital, el cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
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rector en propiedad y, además, se encargó de tal empleo al señor Jorge Luís
Restrepo Pimienta12.
• El acto demandado contenido en la Resolución nro. 000409 de 18 de diciembre
de 201913, a través de la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la
accionante.
• La hoja de vida de la actora14.
• Oficio nro. 20201100001551 del 21 de julio de 2020, emitido por el secretario
general de la Universidad del Atlántico15 y dirigido a la demandante, en el que
se afirma dar respuesta a la petición relacionada con las actas de entrega de
las instalaciones de la sede norte del ente universitario, el acceso del señor
rector a la oficina de rectoría, entre otras solicitudes.
Con esta misiva se le remitió al actor la documentación laboral por él requerida
-acto de nombramiento y acta de posesión, resolución de insubsistencia, hoja
de vida, entre otros-.
• Oficio sin número del 28 de julio de 2020, en el que se le resolvieron algunas
inquietudes a la demandante, así:
«1. A la pregunta “Sírvase informar si durante el período que fungí como JEFE DE
DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO bajo sus órdenes inmediatas tuve algún llamado
de atención de su parte”.
Respuesta: No
2. A la pregunta “Sírvase informar si usted solicitó al señor JORGE LUIS
RESTREPO PIMIENTA, el cambio de mi persona para que no ejerciera más el cargo
de JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SUMINISTROS DE
LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO.
Respuesta: De acuerdo con el Artículo 26 literal g) del Estatuto General de la
Universidad del Atlántico, es el rector la única persona que tiene la facultad de
nombrar y remover el personal docente y administrativo de la Universidad.
3. A la pregunta “Sírvase informar si a partir del 19 de diciembre de 2019 y hasta la
fecha, se dio o no se dio alguna mejora en el servicio prestado a través del
DEPARTAMENTO DE GESTION DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO y justifique su respuesta.
Respuesta: La Universidad no cuenta con un instrumento de medición que permita
de manera objetiva, conocer si se presentan o no mejoras en la prestación del
servicio.
12
Tal encargo se hizo con ocasión de los dos periodos vacacionales conferidos al entonces rector en propiedad,
los cuales finalizaban el 16 de diciembre siguiente.
13 PDF denominado «18. INSUBSISTENCIA CLAUDIA», contentivo del expediente digital, el cual puede ser
descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
14 PDF denominado «10. ANEXOS – HOJA DE VIDA CLAUDIA TORRES», contentivo del expediente digital, el
cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
15 PDF denominado «24. RESPUESTA CLAUDIA TORRES 24», contentivo del expediente digital, el cual puede
ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
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[…]
5. A la pregunta “Sírvase informar la opinión que tiene usted de la suscrita respecto
a las funciones que desarrollaba como JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION
DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO.
Respuesta: A lo largo de desempeño como jefe del Departamento de Gestión de
Bienes y Suministros mostró un buen comportamiento, responsabilidad, entrega,
dedicación y cumplimiento sus funciones inherentes al cargo.»
• Audios contentivos de «estudiante protesta16 y declaración rector17».
• Acta de ingreso a oficinas administrativas del 30 de enero de 202018.
• Captura de pantalla de lo que, al parecer, es un “retweet” del usuario «OCE
Atlantico» (sic) frente a una presunta publicación19 de la Universidad del
Atlántico y un “tweet” de ese mismo autor en el que menciona a la cuenta
PGN_COL.
44. En lo que este «pantallazo» se refiere, se indica que, de acuerdo con la
jurisprudencia nacional, tiene un valor atenuado y/o indiciario, en tanto es posible
que, a través de programas de edición de texto pueda ser variada la información
contenida en ellos20; por lo que su análisis debe ser realizado de cara con el resto
de medios de prueba.
45. En este caso, la sola captura de pantalla no es suficiente para hacer emerger la
desviación, pues ninguna otra de las pruebas recaudadas evidencia, ratifica y/o
demuestra de que el retiro del servicio del actor devino de las presiones realizadas
por los manifestantes estudiantiles.
46. Sin desmedro de lo concluido, es notable que el «retweet» allí impreso nada
dice de la accionante, por lo que no se puede validar, a través suyo, la teoría inserta
en la alzada, relacionada con la desviación de poder.
47. En lo que respecta a las declaraciones contenidas en los audios que, según la
señora Torres Sibaja fueron omitidos por el tribunal de primera instancia, la Sala
precisa que:
• A la afirmación según la cual el 19 de diciembre de 2019, el rector encargado
de la Universidad del Atlántico, en entrevista con el medio periodístico «noticiero
Atlántico» expresó que «en cuanto a los cambios que se han hecho, ha sido por
16 PDF denominado «8. AUDIO ESTUDIANTE PROTESTA», contentivo del expediente digital, el cual puede
ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
17 PDF denominado «23. AUDIO DECLARACIÓN RECTOR», contentivo del expediente digital, el cual puede
ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
18 PDF denominado «24. RESPUESTA CLAUDIA TORRES 24», contentivo del expediente digital, el cual puede
ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
19 PDF denominado «26. TWTER DE OPOSITORES U ATLÁNTICO», contentivo del expediente digital, el cual
puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
20 Sentencia T-238 de 2022.
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evaluaciones de hoja de vida, de perfiles y resultados, es decir que se puedan
encontrar las competencias necesarias dentro de la universidad», no demuestra
el cargo de nulidad planteado por la actora.
Lo anterior, en razón a que esa declaración fue realizada en el marco de una
entrevista de la prensa local, desprovista de la exigencia de gravedad de
juramento propia de los procesos judiciales, por lo que a partir de ella no se
puede derivar una confesión, en los términos planteados en la alzada. Es decir,
Tal narrativa podría emerger como evidencia indiciaria que, para su concreción
amerita otros medios de prueba que la corroboren.
En este sentido, no es posible que, a partir de la afirmación efectuada por el
otrora rector se pregone la ilegalidad del acto de retiro, en tanto ello no desvirtúa
que durante el periodo en el que las instalaciones universitarias permanecieron
tomadas por los estudiantes, no haya podido valorar la hoja de vida de la
demandante.
En efecto, nótese que aquel nunca afirmó que tal análisis lo hizo con sustento
en la documentación física que reposaba en las instalaciones de la universidad,
por lo que bien pudo realizar ese estudio sobre la evidencia digital guardada en
los sistemas de información de la institución, tal como lo advirtió esta
Subsección en un caso similar21.
En todo caso, se destaca que, tratándose de cargos de libre nombramiento y
remoción, la confianza del nominador frente a sus subalternos constituye el
elemento primordial y determinante del ingreso, permanencia y retiro del
servicio de estos últimos y, para tal finalidad -específicamente la desvinculación-
no se requiere el examen previo de la hoja de vida.
• Por su parte, del audio en el que presuntamente el joven Fabián Alarcón afirmó
que «nosotros paramos para sacar a Carlos Prasca de la universidad y también
a sus fantasmas representados en sus escuderos principales y hoy no estamos
dispuestos a seguir permitiendo que estas personas estén ahí porque esa es la
representación de Prasca en un cuerpo ajeno y si están ahí se van a seguir
presentando vulneraciones hacia la comunidad universitaria», no puede ser
considerado como prueba, pues se desconoce su autenticidad, su autor, su
integridad y su obtención por medios lícitos.
Con todo, y si en gracia de discusión se le atribuyera la connotación de medio
de prueba, lo cierto es que tampoco se llegaría a la conclusión que exige la
demandante, pues en tal narrativa no se hace mención de la señora Torres
Sibaja, ni se le señala como escudera del otrora rector Carlos Javier Prasca
Muñoz.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves, sentencia del 26 de
marzo de 2026, expedida dentro del proceso identificado con el radicado nro. 08001-23-33-004-2020-00595-
01.
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48. Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Atlántico si
valoró todas las pruebas aportadas a la actuación judicial y, con base en ellas,
denegó la pretensión de nulidad del acto demandado, al no evidenciar que el retiro
del servicio se produjo con base en una motivación falsa y, además, para la
consecución de un objetivo distinto al previsto en la ley.
49. Tampoco es acertada la tesis de la parte actora según la cual, como la
demandada no controvirtió los argumentos relacionados con que el retiro del
servicio no tuvo por finalidad su mejoramiento, tales afirmaciones se convirtieron en
indefinidas y, en consecuencia, se invirtió la carga de la prueba y se trasladó hacía
esta la obligación de demostrar que la decisión demandada si tuvo ese propósito.
50. Lo anterior, dado que el carácter indefinido de una afirmación y una negación
no surge porque la parte contraria se abstenga de controvertirla, sino porque, por
su propia naturaleza y alcance, es imposible que quien la expresa pueda probarla,
dada su indeterminación en el tiempo y espacio22. Por ende, ante esa especial
condición, la carga de la prueba se traspasa a la contraparte quien, si quiere hacer
frente a la consecuencia que emana de las afirmaciones y negaciones indefinidas,
debe adosar las pruebas que las desvirtúen.
51. Así entonces, la afirmación según la cual el retiro del servicio se produjo por
petición de los estudiantes que participaron en la toma universitaria y la negación
consistente en que con tal desvinculación no se produjo el mejoramiento del
servicio, son hechos concretos y susceptibles de demostración cuya carga de
probarlos estaba radicada en cabeza de la demandante.
52. En línea con ello, el hecho de que las pruebas aportadas no alcancen la eficacia
pretendida por la accionante, no muta sus argumentos en afirmaciones y
negaciones indefinidas, ni mucho menos invierte la carga probatoria sobre el
particular.
53. Por otro lado, aun cuando la situación de alteración del orden público al interior
de la Universidad del Atlántico, así como las circunstancias que pudieron afectar el
normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas, puedan
enmarcarse dentro de la noción de hecho notorio, ello no conlleva automáticamente
a tener por acreditados los supuestos fácticos y los vicios alegados conforme a ellos.
54. Una cosa es reconocer la existencia de situaciones de perturbación institucional
(hecho notorio que no requiere prueba) y otra distinta es demostrar que la
declaratoria de insubsistencia tuvo como causa determinante las presiones
estudiantiles, aspecto que debía ser acreditado por la parte activa.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 7 de octubre de 1992, expediente nro. 4442 de 1992,
C.P. Álvaro Lecompte Luna; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 28 de
noviembre de 2022, expediente nro. 45562, C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A”, Auto de 21 de marzo de 2025, expediente nro. 4812-2017, C.P. Luís Eduardo Mesa
Nieves; sentencia T-219 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
sentencia SC172-2020, M.P. Luís Armando Tolosa Villabona.
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Demandante: Claudia Patricia Torres Sibaja
55. En efecto, el artículo 167 del Código General del Proceso dispone que
corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que persiguen, de manera que incumbía a la actora aportar los
elementos de convicción dirigidos a acreditar que la administración desbordó los
fines que justifican la facultad discrecional en los cargos de libre nombramiento y
remoción.
56. Lo anterior significa que la entidad demandada no tenía la obligación de aportar
los elementos para soportar la legalidad del acto administrativo, pues, como se dijo
en líneas anteriores, esa obligación le correspondía a la accionante.
57. En consecuencia, la falta de evidencias que soporten los argumentos de la
demanda, permite ratificar la presunción de legalidad de los móviles que inspiraron
el retiro del servicio, bastión que no puede ser derruido con base en simples
suposiciones carentes de evidencia.
58. Con fundamento en todo lo expresado, y en atención a que los cargos
formulados en la alzada no prosperaron, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia.
59. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
60. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.23
61. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
62. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte actora,
por cuanto en la presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en
el recurso de apelación por ella presentado. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
23 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad
corresponde al Código General del Proceso.
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Demandante: Claudia Patricia Torres Sibaja
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 17 de octubre de 2025, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la
demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó la señora Claudia Patricia Torres Sibaja en contra de la
Universidad del Atlántico.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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