RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2020-00594-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2020-00594-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2020-00594-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia de 20 de junio de 2024, proferida por del Tribunal Administrativo del Atlántico, y, en su lugar, se dispone: “SEGUNDO: DECLARAR la vulneración de los derechos colectivos al goce del ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y al goce del espacio público, conforme con los razonamientos de la parte motiva. En consecuencia, se ORDENA: a) A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO ejercer sus competencias de vigilancia, seguimiento y control de forma rigurosa y periódica de las actuaciones urbanísticas de la empresa ENTORNA S.A.S. en el desarrollo del proyecto inmobiliario MAS HOUSE CAUJARAL que involucran el aprovechamiento de recursos naturales en la zona de influencia del arroyo León y la intervención de zonas con uso principal de protección integral por su injerencia en la sostenibilidad hídrica del arroyo León. b) A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO iniciar las acciones de orden sancionatorio necesarias para identificar a los causantes de la intervención indebida en la zona de ronda hídrica con la construcción de una vía y agotar el procedimiento necesario para la imposición de las sanciones a que haya lugar. c) A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO que, de manera conjunta con el MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, en el marco de las competencias legales que les asisten en materia ambiental, y de ordenación del territorio y desarrollo urbanístico, respectivamente, estructuren y ejecuten un Plan de Intervención con las acciones necesarias que corresponderá adelantar a cada entidad con el fin de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 64 Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01 Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS restaurar la ronda hídrica del arroyo León y las condiciones naturales que favorecen los procesos ecosistémicos propios de esa área, cuya estructuración e implementación no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. d) A la sociedad ENTORNA S.A.S. que se abstenga de realizar […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2020-00594-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORES: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA EN CUANTO NEGÓ LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y, EN SU LUGAR, SE ACCEDE AL
AMPARO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS EN LA DEMANDA
CONSISTENTES EN LA TRANSGRESIÓN AL GOCE DEL AMBIENTE SANO,
LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y AL GOCE DEL ESPACIO
PÚBLICO.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE DE UN
AMBIENTE SANO, A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, A LA
EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y
APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES PARA
GARANTIZAR SU DESARROLLO SOSTENIBLE, AL GOCE DEL ESPACIO
PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO
PÚBLICO Y A LA REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES
Y DESARROLLOS URBANOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el actor

OSCAR EDUARDO BORJA SANTOFIMIO y la URBANIZACIÓN

PRIVADA LOMAS DE CAUJARAL - UNIDAD INMOBILIARIA

CERRADA P.H., en forma adhesiva, contra la sentencia de 20 de

junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico 1.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

Los ciudadanos MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS, JAIME

ALBERTO OCHOA MUÑOZ, OSCAR EDUARDO BORJA

SANTOFIMIO y MARIO RAFAEL PANCRACIO SOJO SÁNCHEZ,

en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la

Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de

19982, presentaron demanda contra la PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA3, la NACIÓN - MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE4, la PROCURADURÍA GENERAL DE

LA NACIÓN5, el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO6, el

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA7, y la CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO8, tendiente a obtener la

protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano,

a la moralidad administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico

y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales

2
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3
En adelante la Presidencia.
4
En adelante el MADS.
5
En adelante la Procuraduría.
6
En adelante el Departamento.
7
En adelante el Municipio.
8
En adelante la CRA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

para garantizar su desarrollo sostenible, al goce del espacio público

y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la

realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanísticos

respetando las disposiciones jurídicas.

I.2. Hechos

Explicó que las rondas hídricas del arroyo León y demás arroyos y

afluentes del Lago del Cisne han sido catalogadas como áreas de

especial conservación por su relevancia ecológica porque constituyen

el hábitat de especies nativas y aves migratorias.

Precisó que mediante la Ley 1357 de 21 de enero de 19979, se aprobó

la Convención Ramsar sobre los humedales de importancia

internacional, en el marco de la cual el Estado se comprometió a

garantizar la protección y conservación de dichos ecosistemas y de

las fuentes hídricas que los integran.

9
«Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero
de mil novecientos setenta y uno (1971)».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Adujo que la ausencia de control urbano, el otorgamiento de licencias

de construcciones y la adopción de planes parciales en zonas de

ronda hídrica han generado riesgo de afectación ambiental sobre el

arroyo León y los demás afluentes del lago El Cisne.

Cuestionó la expedición del Decreto 2019-11-14-001 de 14 de

noviembre de 2019, mediante el cual el MUNICIPIO adoptó el Plan

Parcial de Desarrollo Caujaral, porque dicho instrumento prevé

proyectos urbanísticos en terrenos próximos a cuerpos de agua

sujetos a régimen especial de conservación, lo que podría generar un

daño ambiental de carácter irreparable, con incidencia sobre los

derechos colectivos invocados.

Resaltó que el Plan Parcial Caujaral ha sido objeto de observaciones

por parte de la comunidad y de la administración municipal de Puerto

Colombia, conforme a comunicados emitidos por la Alcaldía en los

que se expone la preocupación por los posibles impactos ambientales

derivados de su ejecución.

I.3. Pretensiones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como

vulnerados, lo siguiente:

«[…] TERCERO: Se ordene de manera inmediata proteger las rondas
hídricas del Arroyo León, los demás arroyos y afluentes hídricos del
Lago del Cisne ubicadas en el Municipio de Puerto Colombia, por la
importancia ecológica y ambiental que estos generan, teniendo en
cuenta que estas zonas han sido catalogadas y/o priorizadas para
especial conservación.

CUARTO: Se inicie investigación administrativa en contra de los
particulares y/o funcionarios que han desconocido las disposiciones
de la CAR o CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO,
violando la obligatoriedad de proteger el Arroyo León, los demás
arroyos y afluentes hídricos del Lago del Cisne ubicados en el
Municipio de Puerto Colombia.

QUINTO: Se ordene de manera inmediata la prohibición de desarrollar
cualquier proyecto inmobiliario y/o construcciones en la zona de
influencia y de protección del Arroyo León, los demás arroyos y
afluentes hídricos del Lago del Cisne ubicados en el Municipio de
Puerto Colombia.

SEXTO: Se ordene realizar el levantamiento topográfico y/o
demarcación, para determinar la zona de influencia y de protección
de las rondas hídricas del Arroyo León, los demás arroyos y afluentes
hídricos del Lago del Cisne ubicados en el Municipio de Puerto
Colombia.

SÉPTIMO: Se revisen los planes parciales que se llegasen a otorgar o
que se hayan otorgado, que tengan influencia sobre las rondas
hídricas del Arroyo León, los demás arroyos y afluentes hídricos del
Lago del Cisne ubicados en el Municipio de Puerto Colombia, para que
se garantice que cualquier plan parcial y/o licencia de construcción
para cualquier plan urbanístico a desarrollar o en desarrollo, protejan
los recursos naturales y en especial las rondas hídricas del Arroyo
León, los demás arroyos y afluentes hídricos del Lago del Cisne
ubicados en el Municipio de Puerto Colombia.

OCTAVO: Se realice revisión y control de legalidad al decreto Nro.
2019-11-14- 001 de fecha catorce (14) de noviembre de 2019,
mediante el cual se adopta el plan parcial de desarrollo Caujaral, para
determinar que en su trámite y elaboración se violaron principios

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

constitucionales y con el mencionado decreto se transgreden los
derechos a:

• El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias”.
• “La moralidad administrativa”.
• “La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La
conservación de las especies animales o vegetales, la protección de
área de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados
en zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.”
• “El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público”.
• “La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanísticos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes”.

NOVENO: Se condene en costas a los accionados y a los vinculados a
cancelar a favor del accionante, los gastos que ocasionó promover la
presente acción constitucional. […]”.

I.4. DEFENSA

I.4.1-. La PRESIDENCIA manifestó que fue indebidamente

vinculada al proceso, por cuanto no posee competencias en materia

ambiental y urbanística, propias de otras autoridades nacionales y

territoriales.

Indicó que en la demanda no le fue imputada acción u omisión alguna

y tampoco se aportaron pruebas que sustenten su presunta

responsabilidad, en virtud de lo cual alegó como excepciones la falta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

de legitimación en la causa por pasiva, la improcedencia de la acción

popular, la ausencia de vulneración o amenaza de derechos

colectivos y la insuficiencia probatoria respecto de los hechos

alegados.

Solicitó su desvinculación del proceso o, en su defecto, negar las

pretensiones formuladas en su contra al no existir fundamento

fáctico ni jurídico que soporte su responsabilidad por los hechos

materia de la acción.

I.4.2-. El MADS sostuvo que no tiene injerencia en los hechos que

motivaron la demanda, dado que conforme al Decreto Ley 3570 de

27 de septiembre de 201110 y a la Ley 99 de 22 de diciembre de

199311, sus competencias se circunscriben al diseño y formulación de

la política ambiental nacional, sin que sea de su resorte la ejecución,

control o vigilancia directa de los recursos naturales en el ámbito

territorial.

10
«Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible».
11
«Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Expuso que, de conformidad con los artículos 23, 30, 31, 64 y 65 de

la Ley 99, las funciones de administración, control y seguimiento

ambiental corresponden a las corporaciones autónomas regionales,

a los departamentos y a los municipios, de manera que es la CRA

quien debe asumir la elaboración y ejecución de los Planes de

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y el

acotamiento de las rondas hídricas en los términos del Decreto 1640

de 2 de agosto 201212 y del artículo 206 de la Ley 1450 de 201113.

Sostuvo que no existe relación de causalidad entre su actuación y la

presunta vulneración de los derechos colectivos invocados, toda vez

que su papel es de formulación y orientación de políticas, no de

ejecución directa.

Alegó, en consecuencia, su falta de legitimación en la causa por

pasiva, al no tener relación jurídica ni fáctica con los hechos materia

de la acción, ni competencia directa para intervenir en ellos.

12
«Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de
las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones».
13
«Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Indicó que ha venido cumpliendo con sus deberes mediante la

formulación de políticas, planes y guías técnicas orientadas a la

gestión integral del recurso hídrico y la protección ambiental, sin

incurrir en omisión alguna.

I.4.3-. La PGN señaló que no ha vulnerado ni amenazado los

derechos colectivos invocados, dado que, en ejercicio de sus

funciones preventivas y de control de gestión, ha realizado

actuaciones dirigidas a la protección de los cuerpos de agua objeto

del litigio.

Solicitó su desvinculación del proceso, al no existir actuación u

omisión atribuible que configure vulneración de derechos colectivos.

I.4.4-. El DEPARTAMENTO sostuvo que los demandantes no

allegaron elementos probatorios idóneos que permitieran demostrar

la existencia del daño o amenaza ambiental, limitándose a aportar

recortes de prensa y fotografías carentes de valor probatorio, pues

no precisaron su origen, fecha o autoría.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Argumentó que no se configura relación de causalidad entre su

actuación y la supuesta afectación de los derechos colectivos.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por

pasiva, porque carece de interés sustancial en el proceso y no ostenta

relación material con los hechos objeto de controversia, así como la

excepción de “falta de acreditación de los cargos formulados” y, en

consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la demanda.

I.4.5-. El MUNICIPIO sostuvo que no se ha producido daño alguno

a los derechos colectivos, ni se acreditó amenaza actual o inminente,

toda vez que el plan parcial no ha iniciado su ejecución y las licencias

de construcción en las zonas aledañas a las fuentes hídricas no se

han puesto en marcha, por lo que no existe fundamento fáctico ni

jurídico para la procedencia de una acción popular de carácter

preventivo o restaurativo.

Precisó que el Decreto cuestionado fue expedido con observancia de

la normativa aplicable, en particular la Ley 388 de 18 de julio de

199714, y concertado con la CRA, según consta en el concepto técnico

14
«Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

de 27 de noviembre de 2018 y el acta de 4 de diciembre del mismo

año.

Indicó que se realizó una reunión informativa el 29 de octubre de

2019 con los propietarios y vecinos de los predios involucrados,

quienes expresaron su conformidad con el proyecto.

Argumentó, frente al derecho colectivo a la moralidad administrativa,

que no se configuró su vulneración pues los actores no demostraron

actuaciones u omisiones contrarias al ordenamiento jurídico ni la

existencia de fenómenos de corrupción, máxime si se tiene en cuenta

que no toda infracción al principio de legalidad implica la violación de

este derecho, ya que se requiere, además, la acreditación de una

desviación de poder o de un interés ajeno al fin público.

Propuso la excepción de mérito denominada firmeza de los actos

administrativos, bajo el entendido de que el Decreto 2019-11-14-

001 constituye un acto administrativo adoptado en cumplimiento de

los requisitos legales y que, conforme a los artículos 8° y 89 de la

Ley 1437 de 2011, goza de presunción de legalidad, ejecutoriedad y

firmeza.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

I.4.6-. La CRA invocó la excepción de carencia actual de objeto por

hecho superado, al sostener que la situación fáctica que dio origen a

la acción ya fue atendida y superada mediante actuaciones

administrativas y técnicas previas que dan cuenta del cumplimiento

de sus deberes en los términos previstos en la Ley 99 de 1993.

Indicó que las rondas hídricas objeto de protección, en especial las

del arroyo León y el arroyo Grande, ya se encuentran delimitadas y

reguladas conforme al Código Civil, el cual establece una franja

paralela de protección de 30 metros.

Expuso que ha desarrollado actuaciones concretas para la protección

de la ronda hídrica, como la expedición de la Resolución núm. 000072

de 2017, mediante la cual declaró zonas de restauración con vocación

de conservación, y la realización de visitas técnicas, entre ellas, la de

17 de septiembre de 2020, con el fin de verificar posibles

afectaciones y adoptar medidas preventivas.

Formuló la excepción de “ausencia de responsabilidad por falta de

competencia legal”, para lo cual argumentó que varias de las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

pretensiones de los accionantes exceden sus funciones, pues sus

competencias se circunscriben a la administración y

aprovechamiento racional de los recursos naturales, sin que ello

implique atribuciones sobre los bienes de uso público o sobre la

expedición de actos administrativos urbanísticos, lo cual es del

resorte de los municipios.

Adujo que por todo lo anterior, la acción popular carece de objeto y

debe ser declara improcedente.

I.4.7.- La sociedad ENTORNA S.A.S. afirmó que no existe ninguna

prueba dentro del expediente ni hecho alguno que permita establecer

la existencia de la vulneración o amenaza de los derechos colectivos

invocados en la demanda, por lo que la acción popular es

improcedente, pues, a su juicio, la sola enunciación de derechos no

conlleva su desconocimiento, máxime si la trasgresión no está

demostrada.

Indicó que las rondas hídricas del Arroyo León, los demás arroyos y

afluentes hídricos del Lago del Cisne ubicados en el Municipio de

Puerto Colombia se encuentran debidamente identificadas y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

protegidas para que en el marco del desarrollo del Plan Parcial de

Desarrollo – Caujaral se tengan en cuenta todas las determinantes

medio ambientales allí contenidas y se vele por la protección de los

recursos naturales.

Sostuvo que se demostró que las rondas hídricas del Arroyo León y

demás afluentes hídricos del Lago el Cisne están plenamente

protegidas a través del Plan Parcial de Desarrollo – Caujaral, las

Licencias cuestionadas y demás medidas de los entes municipales,

departamentales y nacionales.

Afirmó que el PBOT (Decreto 0283 de 2008), vigente al momento de

la radicación del Plan Parcial, incorporó técnica y jurídicamente todos

los lineamientos, programas y clasificación de usos del suelo

establecidos en el POMCA de la Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de

Mallorquín los arroyos Grande y León al Plan Parcial de Desarrollo

Caujaral y las Licencias objeto de Acción.

Expuso que el Decreto Municipal núm. 2019-11-14-001 del 14 de

noviembre de 2019, contentivo del Plan Parcial de Desarrollo

Caujaral y las Licencias Urbanísticas respectivas, expedidas por el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Municipio de Puerto Colombia, son actos administrativos de carácter

particular y concreto, por lo que no pueden ser objeto de “revisión

posterior” como se pretende, más aún cuando se han expedido en

cumplimiento de todos los requisitos contenidos en la Ley, de ahí que

no puedan cuestionarse a través de esta acción.

A su juicio, la CRA y el MUNICIPIO realizaron todas las actividades

técnicas y administrativas determinadas por la legislación

colombiana para el control urbanístico, las cuales quedaron

debidamente soportadas por los estudios aportados y por los actos

administrativos que obligaban a la revisión de las posibles

afectaciones generadas por el plan parcial Caujaral.

Propuso, con fundamento en lo anterior, las excepciones que

denominó “ineptitud sustantiva de la demanda”, falta de legitimación

en la causa por pasiva, “acumulación indebida de pretensiones”,

“improcedencia de la acción popular – inexistencia de vulneración,

daño o amenaza actual contra los derechos colectivos” e

“insuficiencia probatoria -carga probatoria en cabeza del accionante”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

I.5.- COADYUVANCIA

La URBANIZACIÓN LOMAS DE CAUJARAL15 adujo que el proyecto

Mas House Caujaral no respeta las condiciones homogéneas de la

zona y solo atiende propósitos comerciales, porque se pretende

construir en una zona que pertenece a un ecosistema de la cuenca

de la ciénaga de Mallorquín, con grandes limitaciones en las vías de

acceso y servicios públicos violando todos los procedimientos legales

y permisos ambientales necesarios para un desarrollo ordenado y

respetuoso de las normas urbanísticas, con un grave impacto

ambiental.

Sostuvo que la zona en la que se desarrolla el proyecto inmobiliario

es de protección del sistema hidrográfico, tal y como lo establecían

las normas del PBOT vigente para la fecha en que fue radicada la

solicitud del Plan Parcial; sin embargo, mediante Resolución núm.

460 de 2 de noviembre de 2019, el secretario de Desarrollo Territorial

del MUNICIPIO, sin estar facultado para ello, cambió el uso del

suelo a expansión urbana 4.

15
Reconocida como coadyuvante mediante auto de 25 de noviembre de 2021, índice SAMAI 00006 del
expediente del Tribunal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Indicó que el proceso de concertación se llevó a cabo solo respecto

de 4 inmuebles que serían objeto de desarrollo y no frente a los 5

que terminaron comprendidos en el Plan Parcial, al tiempo que este

proceso se llevó a cabo antes de que fuera radicada la información

completa por parte de la sociedad interesada.

Afirmó que las obras se vienen adelantando sin los permisos de

aprovechamiento forestal requeridos, con la complacencia del

MUNICIPIO, pues otorgó las respectivas licencias sin la existencia

de dichas autorizaciones.

Expuso que ENTORNA S.A.S como titular de la licencia viola las

disposiciones ambientales al iniciar sus obras sin la existencia de

permisos que, en todo caso, fueron negados por la autoridad

ambiental, siendo claro el daño y totalmente probado al levantar toda

la capa vegetal y destruir árboles de todas las especies.

Aseguró que en el Plan Parcial no se respetaron las zonas de ronda

hídrica, las cuales, según la Resolución 0257 de 2010, son para el

arroyo León de 30 metros y de preservación ambiental o área

aferente es de 50 metros.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Refirió que el desconocimiento normativo urbanístico y ambiental

vulnera gravemente el ecosistema del arroyo León, en el que se

encuentra el proyecto inmobiliario cuestionado, el cual altera el

equilibrio ecológico y la conservación de especies animales y

vegetales en la cuenca de la ciénaga Mallorquín y, además,

constituye una transgresión al derecho colectivo a la realización de

construcciones respetando las disposiciones jurídicas, pues se

desconocieron los procedimientos legales.

En su criterio, también resulta vulnerado el derecho de goce al

espacio público por la afectación de la ronda hídrica y la zona de

conservación aferente, que han sido ocupadas ilegalmente, así como

la moralidad administrativa en razón de la cantidad de decisiones

irregulares adoptadas en el trámite del Plan Parcial.

I.6.- Pacto de cumplimiento

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 14 de

octubre de 202116, y se declaró fallida por ausencia de fórmula de

acuerdo entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 20 de junio de 2024, declaró

no probadas las excepciones de ineptitud de la demanda por falta de

requisitos formales y falta de legitimación por activa, al constatar que

la acción cumplía los requisitos de los artículos 12 y 18 de la Ley 472.

Señaló, en cuanto a la legitimación por pasiva, que la competencia

principal para la conservación y control ambiental recaía en la CRA y

en el MUNICIPIO y, por tanto, la intervención de las demás

entidades es subsidiaria.

Planteó como problema jurídico “…determinar si las accionadas

vulneraron o no los derechos colectivos a que se refieren los literales

a), b), c), d) y m) de la Ley 472 de 1998, al otorgar licencias y planes

parciales para la construcción de complejos inmobiliarios en las

16
Visible en el índice núm. 2 del expediente digital.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

rondas hídricas del Arroyo León, los demás arroyos y afluentes

hídricos del Lago del Cisne ubicados en el Municipio de Puerto

Colombia, especialmente, el proyecto Mas House Caujaral…”.

Aclaró que respecto del Lago del Cisne y sus afluentes hídricos

existía cosa juzgada material, por cuanto se pronunció sobre el

particular en otra acción popular17, en la que se ampararon los

mismos derechos colectivos.

Consideró frente al amparo del arroyo León y del proyecto Mas

House Caujaral que era del caso denegar las pretensiones de la

demanda, pues “… i) del acervo probatorio obrante en el expediente

no se advierte la existencia real del peligro y/o amenaza que

representa para el ecosistema la ejecución del proyecto inmobiliario

Más House Caujaral, ii) le corresponde al juez ordinario decidir sobre

la legalidad del Plan Parcial de Desarrollo Caujaral esto es, si se

encuentra ajustado o no a las normas ambientales, y, iii) no se

encuentra acreditado que, en la conducta, activa u omisiva, de las

entidades demandadas, hayan estado presentes intereses

subalternos o subjetivos, orientados a fines particulares, personales

o de grupo de sus servidores públicos o, que, en forma evidente o

17
Expediente con radicado número 08001233300020150079501.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

incontrastable, su gestión se haya alejado de la finalidad de servicio

público que gobierna las actuaciones de los funcionarios públicos en

desarrollo de la función administrativa…”

Destacó, respecto del proyecto urbanístico en comento, que el plan

parcial contaba con un acta de concertación ambiental suscrita entre

la CRA y el MUNICIPIO, así como el concepto técnico núm. 00018

de 27 de noviembre de 2018 que determinó las condiciones

ambientales y estableció medidas de manejo para prevenir riesgos

por inundación y residuos de construcción.

Precisó que el juez de la acción popular no puede sustituir los medios

ordinarios de control destinados al examen de legalidad de los actos

administrativos, ni pronunciarse sobre la validez de decretos o

licencias urbanísticas, por cuanto ello corresponde a la jurisdicción

contenciosa en sede de nulidad o nulidad y restablecimiento del

derecho.

Anotó que no fue acreditada la existencia de actuaciones dolosas,

irregulares o contrarias al interés general que configuraran

vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Concluyó que no se probó la vulneración ni la amenaza actual de los

derechos colectivos invocados, y que las entidades accionadas habían

desplegado actuaciones dentro del marco de sus competencias.

Por lo anterior, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR probada la cosa juzgada en relación
con las pretensiones dirigidas a obtener la protección ambiental
del Lago el Cisne y sus afluentes hídricos, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, acorde
con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia”.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- El actor OSCAR EDUARDO BORJA SANTOFIMIO estimó

que la decisión de primera instancia incurrió en valoración defectuosa

del material probatorio, pues no tuvo en cuenta los documentos

emitidos por la CRA, particularmente, las resoluciones 0000782 de

2022 y 0000413 de 24 de mayo 2023, mediante las cuales se

sancionó a ENTORNA S.A.S. por afectaciones comprobadas a los

recursos naturales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Adujo que tales resoluciones, junto con los informes técnicos e

imágenes obrantes en el expediente, acreditan la existencia de daños

ambientales causados por la intervención no autorizada en zonas

protegidas, tala de árboles y obstrucción de cuerpos de agua.

Indicó que el juez constitucional debió orientar la decisión hacia la

protección de los derechos colectivos, incluso si los actores solo

enuncian la transgresión de derechos, por lo que se debió dictar

órdenes o exhortaciones dirigidas a prevenir y reparar los daños

ambientales acreditados.

Solicitó que se revoque la decisión apelada y, en su lugar, se

amparen los derechos colectivos invocados en la demanda, se

declare la responsabilidad de ENTORNA S.A.S. y se ordenen las

medidas de restauración ambiental correspondientes.

III.2.- La URBANIZACIÓN PRIVADA LOMAS DE CAUJARAL -

UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA P.H. cuestionó que no se haya

accedido a la pretensión de efectuar un control de legalidad al

Decreto 2019-11-14- 001 de 14 de noviembre de 2019, mediante el

cual se adoptó el Plan Parcial de Caujaral, dado que, a su juicio, en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

el trámite de dicho acto se desconocieron principios constitucionales

y los derechos colectivos invocados.

Sostuvo que el a quo omitió valorar las pruebas y argumentos

expuestos en sus alegatos de conclusión, así como el interrogatorio

de parte del representante legal de la sociedad Entorna S.A.S.,

empresa promotora del proyecto “Mas House Caujaral”, en el que se

habrían efectuado presuntas confesiones sobre hechos relevantes

para el proceso.

Indicó que el plan parcial se tramitó y aprobó sobre un suelo de

protección y de amenaza alta por inundación, clasificado en el Plan

Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Puerto Colombia bajo

la categoría de “zona de inundación asociada a llanura de manglar”,

en contravía de las normas urbanísticas y ambientales vigentes.

Argumentó que el concepto de viabilidad y la concertación ambiental

utilizados como soporte del plan parcial no corresponden al proyecto

efectivamente aprobado, sino que se refieren a uno anterior que

comprendía solo 5 inmuebles y un área de 75.000 m2, mientras que

el adoptado en 2019 comprende 5 inmuebles y 112.340,94 m 2,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

evidenciándose así falsa motivación e irregularidades sustanciales en

la expedición de dicho acto administrativo.

Adujo que el MUNICIPIO omitió responder la solicitud de

determinantes ambientales, con lo cual desatendió el Decreto 1077

de 2015 y, con posterioridad, modificó el uso del suelo mediante la

Resolución 460 de 2 de noviembre de 2019 para justificar la

aprobación del proyecto.

Solicitó la revocatoria parcial de la sentencia en el sentido de declarar

la vulneración de los derechos colectivos, la ilegalidad del trámite del

Plan Parcial Caujaral y las actuaciones administrativas que de este se

derivan.

IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El procurador delegado ante esta Corporación no emitió concepto

dentro de la oportunidad procesal prevista.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA18

V.1.- Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos, en eventos como el sometido a

consideración, relacionados con la presunta afectación de un cuerpo

de agua de especial protección ambiental y el área próxima a este.

V.2.- Problemas jurídicos

Con fundamento en los argumentos de los recursos de apelación a la

Sala corresponde determinar:

18
Mediante auto de 5 de diciembre de 2024, la Sección le declaró fundado el impedimento manifestado
por el magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

-. ¿La acción popular es el instrumento de control judicial procedente

para cuestionar la legalidad del Decreto que adoptó el Plan Parcial de

Caujaral?

-. ¿Está probada la vulneración de los derechos colectivos invocados

en lo que respecta al arroyo León y al proyecto urbanístico?

V.2.1.- De la procedencia de la acción popular para cuestionar

actos administrativos

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 del CPACA, la acción

popular resulta procedente aun cuando la fuente de la vulneración

sea un acto administrativo o contractual, sin que ello habilite al juez

constitucional para el escrutinio acerca de su legalidad.

Al respecto, la Sala en un asunto de similares características

consideró lo siguiente19:

«[…] 164. En este punto, la Sala considera que la regla introducida
en el inciso 2° del artículo 144 del CPACA no solo restringe la facultad
de declarar la nulidad de los contratos y de los actos administrativos;
sino que, además, ello repercute, necesariamente, en la imposibilidad
de que mediante esta acción constitucional se discutan asuntos

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 21 de julio de 2023, proceso
identificado con el núm. 44001-23-40-000-2020-00019-01. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

relacionados con la legalidad del acto administrativo y/o la validez del
contrato estatal, en tanto que tales vicisitudes conducen a la
declaratoria de nulidad.

165. Ello es así porque, inevitablemente, un juicio sobre legalidad del
acto administrativo conduce a su anulación en caso de hallarse
acreditado una de las causales previstas en el inciso 2° del artículo
137 del CPACA, atinentes a haberse expedido «con infracción de las
normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones
propias de quien los profirió».

[…]

167. En esa medida, no es posible convertir el proceso de acción
popular en un escenario para debatir la validez de los contratos
estatales en tanto que, como lo señaló la Corte Constitucional en la
sentencia C – 644 de 2011, se desnaturalizaría la finalidad de estas
y, además, se violarían derechos de orden fundamental como la
defensa y el debido proceso en razón de que se desconocería el
procedimiento previsto por el legislador para que se lleve a cabo un
juicio de legalidad y de validez de los actos administrativos y de los
contratos estatales […]» (Negrillas fuera del texto).

Con fundamento en lo anterior, no le es dable al juez popular

adentrarse en el juicio de legalidad de los actos de la administración,

como lo es en el presente caso, el Decreto 2019-11-14- 001 de 14

de noviembre de 2019, en tanto que los reparos tendientes a

desvirtuar su presunción de legalidad corresponden al juez

contencioso administrativo.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que en el curso del trámite del

proceso en primera instancia se puso de presente que el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

MUNICIPIO presentó demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad en contra del citado acto administrativo, cuyo conocimiento

correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla, bajo

el radicado 08001333300320200017300.

Bajo tales consideraciones se concluye que esta acción constitucional

es improcedente para revisar la legalidad del plan parcial en

referencia y de las actuaciones administrativas derivadas del mismo,

de suerte que los cargos de apelación sobre el particular no

prosperan.

V.2.2.- De la indebida valoración probatoria y la transgresión

de los derechos colectivos

Frente a la vulneración de los derechos colectivos por la presunta

afectación del arroyo León, con ocasión del proyecto urbanístico “Mas

House Caujaral”, la Sala se referirá a los medios de convicción

relevantes para determinar si la misma se encuentra probada.

En el caso sub lite está acreditado que en Concepto Técnico 000018

de 27 de noviembre de 2018, la CRA llevó a cabo la Evaluación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Ambiental del Plan Parcial de Caujaral destacando que en el área del

proyecto se presenta una amenaza alta por inundación.

En consecuencia, en acta de 4 de diciembre de 2018 se consignó:

«[...] ARTICULO PRIMERO: Declarar concertado en los asuntos
exclusivamente ambientales, el proyecto de plan parcial denominado
CAUJARAL, de conformidad con lo establecido en los considerandos
de la presente acta de concertación.

ARTÍCULO SEGUNDO: EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, deberá
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones estipuladas en el
concepto técnico antes mencionado:

• Se deberá entregar la cartografía de los componentes de diagnóstico
y formulación en formato DWG y georeferenciados cada uno de los
mismos.
• Se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el numeral
11.2 del Concepto Técnico No. 00018 de fecha 27 de noviembre de
2018.
1. Generar un modelo de elevación del terreno para la zona de estudio
y su área de influencia, incluyendo las estructuras de control
hidráulicas presentes.
2. Modelar hidráulicamente la zona de estudio, de manera que se
identifique de manera técnica la cota mínima de nivelación del área
del proyecto.
3. Presentar a esta Corporación el resultado de modelamiento realizado
para su revisión y aprobación.
• El manejo de los residuos sólidos (escombros y materiales de
construcción deberá ser realizado en lugares autorizados para tal fin).
• Las factibilidades de servicios públicos domiciliarios deberán estar
vigentes al momento de la solicitud de la licencia de urbanismo.
ARTÍCULO TERCERO: La presente Concertación Ambiental no exime
al constructor y/o urbanizador y/o promotor de gestionar todas las
licencias, permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecución del
proyecto, debiendo el mismo solicitarlos ante esta Corporación [...]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

-. Mediante Decreto núm. 2019-11-14-001 de 14 de noviembre de

2019, suscrito por el alcalde de Puerto Colombia, se adoptó el Plan

Parcial de Desarrollo Caujaral, instrumento que clasificó algunos

predios como suelo de expansión urbana para el desarrollo del

proyecto.

-. En el marco del citado plan parcial, el MUNICIPIO por medio de

la Resolución núm. 188 de 7 de diciembre de 2020 concedió a

ENTORNA S.A.S. licencia urbanística en la modalidad de obra nueva

para el proyecto Mas House Caujaral 20.

A su turno, a través de Resolución 202 de 16 de diciembre de 202021

el MUNICIPIO otorgó licencia urbanística de construcción en

modalidad de obra nueva para el proyecto Bosque de Nueva Granada

Etapa 1 a la citada sociedad, en el marco del proyecto inmobiliario

en comento, en cuyo artículo 12º se previó:

«[...]

20
Obrante en expediente digital descargado de SAMAI,
«069_ENVIODENOTIFICACION_84NOTIFICACIONAUT.pdf», carpeta «Pruebas», «PUERTO COLOMBIA»,
archivo «3.4. RESOLUCION 188 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2020.pdf».
21
Obrante en expediente digital descargado de SAMAI, carpeta «Pruebas», «PUERTO COLOMBIA»,
archivo «2.2. CamScanner 03-23-2023 15.24.pdf».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

[...]».

-. Luego, mediante Resolución núm. 057 de 25 de febrero de 2022,

se concedió a la sociedad ENTORNA S.A.S. licencia urbanística de

construcción para obra nueva del proyecto «CONJUNTO

MULTIFAMILIAR BOSQUE DE NUEVA GRANADA (TORRE 2 Y 3)

CONCERNIENTE A LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO MAS HOUSE

CAUJARAL»22, en la que se estableció:

«[...]

«[...]

22
Obrante en el expediente digital descargado de SAMAI, carpeta «Pruebas», «PUERTO COLOMBIA»,
archivo «2.2. CamScanner 03-23-2023 15.32.pdf».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

[...]».

-. Asimismo, a través de la Resolución núm. 213 de 4 de agosto de

2022, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Puerto Colombia

aclaró y modificó las licencias urbanísticas otorgadas para la

construcción de las torres 1, 2 y 3 del conjunto multifamiliar en

mención, en cuanto al cuadro de áreas inicialmente autorizadas en

las resoluciones 202 y 057 de 2022, y actualización arquitectónica de

las torres de apartamentos y área de bodegas.

-. A su turno, en Oficio de 23 de marzo de 2023, dirigido por la

Procuraduría Provincial de Barranquilla al alcalde de Puerto Colombia, se

indicó:

«[...] En relación con el proyecto MAS HOUSE CAUJARAL ubicado en
el Municipio de Puerto Colombia, el cual se encuentra inundado con
ocasión de la ola invernal que atraviesa el Departamento del Atlántico,
es preciso señalar que según el Plano CG-02 Clasificación del
Territorio, establecido en el Acuerdo Municipal 013 de 2017, por
medio del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
de dicho municipio, el tipo de suelo del área donde se desarrolla
dicha construcción está clasificada como suelo de protección de
arroyos.

Sin embargo, mediante el Plan Parcial Caujaral, el cual fue promovido por
un tercero, el Municipio de Puerto Colombia, habilitó las fajas de terreno

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

ubicadas sobre la Vía Universitaria y la Vía al Mar, entre el brazo del arroyo
León y la vía correspondiente a la primera interconexión de la Vía
Universitaria con la Vía al Mar, para su desarrollo urbanístico.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 18 del PBOT del
Municipio de Puerto Colombia [...].

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico C.R.A. mediante Concepto Técnico No. 000018 de fecha 27 de
noviembre de 2018 y Acta de Concertación de fecha 4 de diciembre de
2018 declaró concertado en los asuntos exclusivamente ambientales el
proyecto del Plan Parcial Caujaral.

No obstante, en el Artículo Segundo del acta de concertación citada
anteriormente, se establecieron unas obligaciones de las cuales, el
Municipio de Puerto Colombia debía garantizar su cumplimiento,
pues estas se derivaban de las condiciones establecidas en el
mismo Artículo 18 del Acuerdo Municipal 013 de 2017, por medio
del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

Estas obligaciones son las que se transcriben a continuación:

ARTÍCULO SEGUNDO: EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, deberá dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones estipuladas en el concepto
técnico antes mencionado:

Se deberá entregar la cartografía de los componentes de diagnóstico y
formulación en formato DWG y georreferenciados cada uno de los mismos.
Se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el numeral 11.2 del
Concepto Técnico No. 00018 de fecha 27 de noviembre de 2018:
1. Generar un modelo de elevación del terreno para la zona de estudio y su
área de influencia, incluyendo las estructuras de control hidráulicas
presentes.
2. Modelar hidráulicamente la zona de estudio, de manera que se
identifique de manera técnica la cota mínima de nivelación del área del
proyecto.
3. Presentar a esta corporación el resultado del modelamiento realizado
para su revisión y aprobación.
El manejo de los residuos sólidos (escombros y materiales de construcción)
durante la fase de construcción, deberá ser realizado en lugares autorizados
para tal fin.
Las factibilidades de servicios públicos domiciliarios deberán estar vigentes
al momento de la solicitud de la licencia de urbanismo. Con ocasión a las
actividades de seguimiento y control que adelanta la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico C.R.A. sobre la incorporación de las determinantes
ambientales en los diferentes instrumentos de planificación de los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

municipios, desde el año 2020 hemos requerido en reiteradas ocasiones al
Municipio de Puerto Colombia, con el fin de que nos informe sobre el
cumplimiento de las obligaciones y compromisos contemplados en las
respectivas actas de concertación de planes parciales suscritas entre la
entidad territorial y esta Autoridad Ambiental, especialmente aquellos
relacionados con el Plan Parcial Caujaral concertado el 4 de diciembre de
2018 [...].

Sin embargo, a la fecha no hemos obtenido respuesta de los
mencionados requerimientos. [...]

Debido a que a la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte
del Municipio de Puerto Colombia en relación con el cumplimiento
de los compromisos del Plan Parcial Caujaral, como tampoco de las
medidas para la mitigación del riesgo por inundación
implementadas por el promotor de dicho proyecto de urbanización,
y tratándose de un asunto en el que la competencia para intervenir y tomar
medidas preventivas y correctivas le corresponde exclusivamente a la
mencionada entidad territorial, por medio de la presente solicitamos al ente
de control intervenir en el presente caso en su condición de organismo del
Ministerio Público y en virtud de sus funciones preventivas y de intervención
en las actuaciones administrativas.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la materialización de estas medidas de
mitigación se convertían en requisito para que las fajas de terreno ubicadas
sobre la Vía Universitaria y la Vía al Mar, entre el brazo del arroyo León y la
vía correspondiente a la primera interconexión de la Vía Universitaria con la
Vía al Mar, pudieran ser incorporadas al suelo de expansión urbana del
municipio de Puerto Colombia, por lo que el incumplimiento de las mismas,
conlleva a una infracción del régimen urbanístico y de la planificación del
desarrollo local del Municipio de Puerto Colombia pues se estarían
realizando intervenciones en suelo de protección de arroyos según el Plano
CG-02 Clasificación del Territorio, adoptado en el Acuerdo Municipal 013 de
2017, al no cumplirse tales condiciones [...]»23. (Negrillas fuera del texto
original).

-. Ahora bien, en cumplimiento del auto que dio apertura al período

probatorio, mediante Memorando 000149 de 22 de marzo de 2023 la

Subdirección de Gestión Ambiental de la CRA remitió información

23
Obrante en el expediente digital descargado de SAMAI, carpeta «Pruebas»; «PROCURADURÍA»,
archivo: «4.4. E-2022-655257 oficio a Alcalde Puerto Col_.pdf».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

relacionada con el proceso sancionatorio promovido contra el Hotel

Campestre El Cisne con ocasión del desarrollo de un proyecto denominado

“Hotel Boutique El Cisne”, por la ausencia de permisos ambientales para

su ejecución y, concretamente, la intervención del cauce del lago con la

apertura de un canal para transportar agua hacia el hotel, la construcción

de un desembarcadero de motos y lanchas para actividades deportivas,

así como el aprovechamiento forestal en un relicto de mangle.

Igualmente, junto con la comunicación remitida el 27 de junio de 2023,

la CRA allegó los actos administrativos expedidos en el marco del proceso

sancionatorio ambiental adelantado contra la sociedad ENTORNA S.A.S

por hechos relacionados con el desarrollo del proyecto inmobiliario Más

House Caujaral.

Así, obra Resolución 0000782 de 202224 por medio de la cual se resolvió

una investigación sancionatoria contra la sociedad ENTORNA S.A.S por el

aprovechamiento de especies forestales, desprovisto de autorización

ambiental, por lo cual fue declarada responsable y sancionada con una

multa equivalente a SEISCIENTOS NUEVE MILLONES CUATRO MIL

QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($609.004.531), de la cual se

destacan las siguientes consideraciones:

24
Índice SAMAI 00049, expediente del Tribunal, archivo:
«67_AGREGARMEMORIAL_RESOLUCION782DE20(.pdf) NroActua 49».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Luego, en relación con el estudio sobre la procedencia del cargo 2,

atinente a la intervención del cauce del arroyo León, la CRA

determinó:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

-. Contra tal decisión la sociedad interpuso recurso de reposición al

que la autoridad ambiental accedió parcialmente mediante

Resolución núm. 00413 de 24 de mayo de 202325 en el sentido de

modificar el monto de la multa, fijándola en DOSCIENTOS SETENTA

Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

($275.750.000).

Dentro de las consideraciones de dicha resolución se precisó:

25
Índice SAMAI 00049, expediente del Tribunal, archivo:
«66_AGREGARMEMORIAL_RESOLUCION00004132(.pdf) NroActua 49».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

-. En Resolución núm. 0000223 de 21 de marzo de 2023 se impuso

a dicha sociedad una medida de suspensión de actividades y se dio

inicio al trámite sancionatorio correspondiente, con fundamento en

el informe técnico núm. 48 de 15 de marzo de 2023, en el que se

indicó:

«[...] · De acuerdo a las evidencias registradas durante la visita
técnica de inspección ambiental realizada el día 15 de marzo de 2023

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

en el municipio de Puerto Colombia, así como en la revisión de los
expedientes que reposan en esta Corporación, se concluye que la
sociedad ENTORNA S.A.S., presuntamente está incumpliendo con lo
establecido en los Artículos 2.2.3.2.24.2, 2.2.3.2.24.1, 2.2.3.3.5.1
del Decreto 1076 de 2015 y con los artículos 4 y 5 de la Resolución
1257 de 2021 del MADS.
· La sociedad ENTORNA S.A.S., presuntamente está afectando parte
del cauce del arroyo León por la disposición de RCD, que estaría
aumentando los procesos de sedimentación y por ende reduce la
capacidad hidráulica de la sección del cuerpo de agua, lo cual
aumentaría aún más el riesgo de inundación en la zona, ya que, según
la conceptualización de determinantes ambientales, el predio donde
se construye el proyecto MAS HOUSE CAUJARAL presenta
susceptibilidad ALTA de inundación.
· La sociedad ENTORNA S.A.S., presuntamente está afectando parte
del cauce del arroyo León por la disposición sin previo tratamiento de
residuos líquidos (ARnD) que influyen en la sedimentación del cuerpo
de agua. Cabe destacar que la mencionada empresa no cuenta con
Permiso de Vertimientos para este tipo de descargas.
· La sociedad ENTORNA S.A.S., presuntamente está afectando el
suelo del lote ubicado en las coordenadas Latitud 11.015237 y
Longitud -74.879801, ya que está siendo empleado para disposición
de RCD (material sobrante de excavación). Es preciso indicar que este
sitio no cuenta con autorización para la disposición de RCD [...]».

-. Por lo anterior, en Auto núm. 410 de 26 de junio de 202326 se

formuló pliego de cargos contra la citada sociedad27, con fundamento

26
Índice SAMAI 0049, expediente del Tribunal, archivo
«63_AGREGARMEMORIAL_AUTO410DEL2023PD(.pdf) NroActua 49».
27
«[...] PRIMERO: FORMULAR a la sociedad ENTORNA S.A.S [...] el siguiente pliego de cargos, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en este acto administrativos, así:
CARGO PRIMERO: Por incurrir presuntamente en la prohibición establecida en los literal a y c, numeral
3 del artículo 2.2.3.2.24.1 del Decreto 1076 de 2015 al realizar la alteración del cauce natural de la
fuente hídrica denominada del arroyo León, con las actividades de disposición de RCD realizadas en el
cauce del arroyo León y su ronda hídrica, y en el lote ubicado en las coordenadas de Latitud 11.015237
y Longitud -74.879801, de acuerdo a lo conceptuado en el Informe Técnico No. 18 del 15 marzo de
2023, es decir por incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, en
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra
la flora y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico. CARGO SEGUNDO: Por afectar
el cauce del arroyo León por la disposición de RCD, aumentando los procesos de sedimentación y por
ende reduce la capacidad hidráulica de la sección del cuerpo de agua, lo cual incrementa aún más el
riesgo de inundación en la zona, ya que, según la conceptualización de determinantes ambientales, el
predio donde se construye el proyecto MAS HOUSE CAUJARAL presenta susceptibilidad ALTA de
inundación. CARGO TERCERO: Presunta infracción ambiental a lo establecido en el artículo 132 del
Decreto Ley 2811 de 1974 y del artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, al realizar intervención

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

en las conclusiones del informe técnico 48 de 15 de marzo de 2023

resultante, a saber:

«[...]

del cauce del arroyo León, sin permiso otorgado por la autoridad ambiental competente de acuerdo a
lo conceptuado en el Informe Técnico No. 48 del 15 de marzo de 2023. CARGO CUARTO: Por realizar
vertimientos de ARnD (originadas por la combinación de aguas a nivel freático con material sobrante
de excavación) a la fuente hídrica denominada del arroyo León, producto de las actividades de RCD
realizadas en el cauce del arroyo León, producto de las actividades de disposición de RCD realizadas en
el cauce del arroyo León y su ronda hídrica, y en el lote ubicado en las coordenadas Latitud 11.015237
y Longitud -74.879801, sin permiso otorgado por la autoridad ambiental competente, infringiendo
presuntamente lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, compilado en el artículo
2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015 de acuerdo a lo conceptuado en Informe Técnico No. 48 del 15
de marzo de 2023.CARGO QUINTO: Por incurrir en la prohibición de descargar si autorización residuos,
consistentes en material sobrante de excavación, producto de las actividades de disposición de RCD
realizadas en el cauce del arroyo León y su ronda hídrica, y en el en el lote ubicado en las coordenadas
Latitud 11.015237 y Longitud -74.879801, causando presuntamente afectaciones al recurso suelo del
lote ubicado en las coordenadas Latitud 11.015237 y Longitud -74.879801, infringiendo presuntamente
lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley 2811 de 1974 de acuerdo a lo conceptuado en el Informe
Técnico No. 48 del 15 de marzo de 2023 [...]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

En este contexto probatorio, para la Sala es claro que en el presente

asunto están debidamente acreditados hechos constitutivos de

afectación ambiental que no solo comportan el desconocimiento de

los derechos colectivos al goce del ambiente sano y a la existencia

del equilibrio ecológico, sino del espacio público, con ocasión de la

indebida intervención en el área de ronda del arroyo León28 y la

información suministrada por la CRA acerca de la inclusión de esa

zona de protección hídrica en el área de terreno a urbanizar.

En efecto, se encuentra probado que con ocasión de la ejecución del

proyecto urbanístico “Mas House Caujaral” la sociedad ENTORNA

S.A.S ha afectado el cauce del arroyo León con la disposición de

residuos de construcción, el vertimiento de aquellos resultantes de la

mezcla de agua y material derivado de la excavación, sin obtener

previamente el permiso ambiental requerido; además de la

existencia de una vía en la ronda hídrica del arroyo y la superposición

de este espacio protector con el área a desarrollar

urbanísticamente29.

28
En consideración a que se trata de una zona protectora de especial relevancia ecológica para la
preservación del recurso hídrico que ha sido catalogado como componente del espacio público por el
Decreto No. 1504 de 4 de agosto de 1998, artículo 528 , por ende, inalienable, imprescriptible e
inembargable.
29
Según lo expuesto en las consideraciones de la Resolución 413 citada en líneas precedentes, «el
polígono de las áreas aprovechadas afecta la ronda hídrica [...] del arroyo León que es considerada un
área de especial importancia ecológica de dominio público que juegan un papel fundamental desde el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

48

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

La afectación en comento se configura asimismo en relación con la

remoción de especies vegetales en el marco de las actividades

previas de alistamiento para la construcción del proyecto, pues tal

aprovechamiento no fue autorizado por la CRA.

Entonces, existe un evidente menoscabo del entorno natural del

arroyo León, con la consecuente alteración de las condiciones

ecosistémicas que favorecen los procesos ecológicos requeridos para

la estabilización del ciclo hidrológico del arroyo como principal

afluente del lago El Cisne.

Ahora, a juicio de la Sala la realidad acreditada en el expediente no

tiene la potencialidad para afirmar de forma certera la vulneración o

amenaza del derecho colectivo a la realización de construcciones y

edificaciones respetando las disposiciones jurídicas, habida cuenta

que el proyecto urbanístico está amparado por licencias urbanísticas

otorgadas en el marco del Plan Parcial Caujaral, actuaciones

administrativas que gozan de presunción de legalidad y, por tanto,

su estudio es ajeno al escenario de la acción popular.

punto de vista ambiental, [...] y estas zonas no están concertadas dentro del procedimiento de
concertación del plan parcial del proyecto MassHouse Caujaral [...]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

49

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Por otra parte, en lo tocante al derecho colectivo a la moralidad

administrativa, es pertinente traer a colación el pronunciamiento

judicial en el cual la Sala Plena de esta Corporación30 unificó el

concepto del derecho colectivo a la moralidad administrativa en los

siguientes términos:

“[…] 2.1. La moralidad administrativa está ligada al ejercicio de
la función administrativa, la cual debe cumplirse conforme al
ordenamiento jurídico y de acuerdo con las finalidades propias
de la función pública, ésta, determinada por la satisfacción del
interés general. Ese interés general puede tener por derrotero lo que
la Constitución Política enseña como fines esenciales del Estado, es
decir, cuando quien cumple una función administrativa no tiene por
finalidad servir a la comunidad o promover la prosperidad general o
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo, sino
que su actuar está dirigido por intereses privados y
particulares y guiado por conductas inapropiadas,
antijurídicas, corruptas o deshonestas, se puede señalar tal
comportamiento como transgresor del derecho colectivo a la
moralidad pública. Y es colectivo, porque en un Estado Social de
Derecho administración y administrados, es decir, la comunidad en
general tiene derecho a que los servidores que cumplen la función
administrativa realmente lo hagan guiados por el principio de
moralidad, que se repite, es conforme al ordenamiento jurídico y a las
finalidades propias del cumplimiento de las funciones públicas, con
total honestidad y transparencia. Así las cosas, el bien jurídico
tutelado por la acción popular es la moralidad administrativa o, lo que
es lo mismo, la lealtad del funcionario con los fines de la función
administrativa mediante el actuar recto y honesto en el desarrollo de
sus actuaciones.

30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 1° de diciembre de
2015, proceso identificado con el núm. 11001-33-31-035-2007-00033-01. M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

50

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

2.2. Constituyen elementos esenciales para la configuración de
la moralidad administrativa, desde el punto de vista de derecho
colectivo amparable a través de la acción popular:

2.2.1. Elemento objetivo: Quebrantamiento del ordenamiento
jurídico. Este elemento puede darse en dos manifestaciones:
(i) Conexidad con el principio de legalidad y (ii) violación de
los principios generales del derecho.

(i)El primero corresponde a la violación del contenido de una norma
jurídica por la acción (acto o contrato) u omisión de una entidad
estatal o de un particular en ejercicio de una función pública. El
acatamiento del servidor público o del particular que ejerce una
función pública a la ley caracteriza el recto ejercicio de la función
pública.

[…]

2.2.2. Elemento subjetivo

No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la
moralidad pública sin hacer el juicio de moralidad de la
actuación del funcionario para establecer si incurrió en
conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y alejadas de los
fines de la correcta función pública.

Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en
que esa acción u omisión del funcionario en el desempeño de
las funciones administrativas debe acusarse de ser inmoral;
debe evidenciarse que el propósito particular del servidor se
apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su propio
favorecimiento o del de un tercero.

Este presupuesto está representado en factores de carácter
subjetivo opuestos a los fines y principios de la administración,
traducidos en comportamientos deshonestos, corruptos, o
cualquier denominación que se les dé; en todo caso, conductas
alejadas del interés general y de los principios de una recta
administración de la cosa pública, en provecho particular […]».
(Negrillas fuera del texto original).

De lo precedente, se tiene que la moralidad administrativa, como

derecho e interés colectivo, impone que tanto los servidores públicos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

51

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

como los particulares que desempeñan funciones públicas orienten

su conducta al cumplimiento del interés general y actúen conforme

a los deberes previstos en la ley y en los principios que rigen la

función pública.

Este derecho se configura, por un lado, como principio esencial que

orienta e interpreta el actuar de las autoridades, y por otro, como

derecho colectivo que faculta a la ciudadanía para ejercer control

judicial a través de la acción popular con el fin de preservar la rectitud

y transparencia en la administración pública.

Precisado lo anterior, en el presente asunto, se exponen como

circunstancias determinantes del presunto desconocimiento del

derecho a la moralidad administrativa, el procedimiento y adopción

del Plan Parcial de Caujaral y las actuaciones administrativas

derivadas de su ejecución, valga decir, las licencias urbanísticas, en

supuesta contravía del Decreto 1077 de 2015, la Ley 388 de 1997 y

las normas de ordenamiento territorial vigentes al momento de

iniciar su trámite.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

52

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

No obstante, del análisis y valoración probatoria que compete en este

escenario constitucional de cara a la protección de los derechos

colectivos, no a juzgar la legalidad de las actuaciones de la

Administración, no es posible afirmar con suficiente nivel de claridad

que tales actos administrativos se hubieren expedido al margen de

la normativa vinculante de ordenación del territorio y regulación

urbanística, y mucho menos la existencia de hechos o conductas

contrarias a los principios que rigen el buen y correcto ejercicio de

la función pública, en menoscabo del interés general para favorecer

intereses de particulares, circunstancias que desvirtúan la

concurrencia de los elementos objetivo y subjetivo para entender

configurado el agravio a la moralidad administrativa.

Bajo tales consideraciones, para la Sala es claro que en el presente

caso no existe mérito para acceder a las pretensiones en lo tocante

al derecho colectivo en mención, más aún cuando de la lectura de los

argumentos que sustentan su presunta transgresión es dable inferir

que lo pretendido es cuestionar la legalidad del Decreto y las licencias

urbanísticas otorgadas por el MUNICIPIO, asunto que, como se

explicó en el acápite anterior, excede las facultades otorgadas al juez

popular para salvaguardar los derechos colectivos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

53

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

V.2.3.- De la responsabilidad de los accionados

En línea con los argumentos expuestos, es incuestionable la

responsabilidad que le asiste a la sociedad ENTORNA S.A.S como

titular de la licencia urbanística para la construcción del proyecto

“Mas House Caujaral” por la vulneración de los derechos colectivos

amparados derivada del aprovechamiento de recursos naturales en

el arroyo León sin haber obtenido la autorización de la CRA y, por

ende, carente de medidas tendientes a controlar, mitigar, restaurar

o compensar los impactos derivados de ese tipo de intervenciones;

comportamiento que resulta, asimismo, contrario a la función

ecológica que subyace a la propiedad.

Adicionalmente, aunque el polígono a desarrollar se traslapa con la

zona de protección hídrica, como lo precisó la CRA en las

consideraciones de la Resolución núm. 413, tal asunto no fue

advertido en la solicitud del Plan parcial que la sociedad radicó ante

el ente territorial, con el agravante de que este último y la autoridad

ambiental tampoco lo evidenciaron en el trámite de concertación,

cuya omisión también los hace responsables por la vulneración del

derecho al goce del espacio público con ocasión de la afectación del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

54

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

área de protección hídrica; ello sin perjuicio del control de legalidad

que efectúe el juez de lo contencioso administrativo en el marco de

los medios de control ordinarios.

Ahora, si bien es cierto que la CRA acreditó gestiones tendientes al

cumplimiento de los asuntos fijados a cargo del MUNICIPIO en el

acta de concertación ambiental del Plan Parcial31, así como las

actuaciones sancionatorias iniciadas en contra de la sociedad

ENTORNA S.A.S. por la comisión de infracciones ambientales,

también lo es que aun cuando desde el año 2021, durante el trámite

de la solicitud de aprovechamiento forestal radicado por dicha

sociedad, advirtió la existencia de irregularidades y ordenó la

suspensión de las labores de remoción de capa vegetal32, según lo

consignado en la Resolución núm. 0000782; en el tiempo

transcurrido desde esa época hasta el traslado de la denuncia por

afectación ambiental realizada por el Establecimiento Público

Ambiental de Barranquilla en el año 202333, no se probó la vigilancia

31
Como se advierte de la información consignada en el oficio de 23 de marzo de 2023, dirigido por la
Procuraduría Provincial de Barranquilla al alcalde municipal de Puerto Colombia, obrante en el
expediente digital del Tribunal, en el enlace suministrado en documento
«069_ENVIONOTIFICACION_84NOTIFICACIONAUT.pdf», carpeta «PRUEBAS», «PROCURADURIA»,
«4.4. E-2022-655257 oficio a Alcalde Puerto Col_.pdf».
32
Mediante la Resolución 0193 de 9 de abril de 2021.
33
Conforme con lo precisado en las consideraciones del Auto 410 de 2023, obrante en Índice SAMAI
0049, expediente del Tribunal, archivo «63_AGREGARMEMORIAL_AUTO410DEL2023PD(.pdf) NroActua
49».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

55

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

y control riguroso que le resultaba exigible como autoridad ambiental

en esa zona, que la misma CRA destacó como de especial

importancia ecológica, a efectos de mitigar los factores de deterioro

ambiental que evidenció desde el año 2021 y, de esa manera, evitar

la consolidación de daños irreparables para ese ecosistema.

Solo en virtud de la denuncia en referencia acerca de la presunta

existencia de intervenciones en el área de influencia del arroyo,

reactivó el seguimiento y control ambiental al proyecto, en el que

encontró nuevas afectaciones que conllevaron a la apertura de un

nuevo proceso sancionatorio en contra de la sociedad ENTORNA

S.A.S.

Ahora, a juicio de la Sala y contrario a lo argumentado por la CRA

en la contestación de la demanda, la expedición de la Resolución

núm. 000072 de 27 de enero de 201734, que adoptó la revisión y

ajuste del POMCA de la Ciénaga Mallorquín y arroyos Grande y León,

en la que se delimitó la ronda hídrica del arroyo León, no constituye

un argumento suficiente para desvirtuar su responsabilidad y concluir

la plena observancia de los deberes que expresamente le fueron

34
Índice SAMAI 00002, expediente digital, archivo zip «9ED_202000594POPULARzip(.zip) NroActua 2»,
«25. SOLICITUD DE COADYUVANCIA.pdf», fls. 727 a 734.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

56

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

impuestos en la Ley 99 de 1993, en particular, aquellos previstos en

el artículo 31, numerales 2 y 12.

En cuanto al MUNICIPIO, es clara su injerencia en los hechos que

materializan la transgresión descrita, no solo en virtud de la

inobservancia de los compromisos fijados a su cargo en el proceso

de concertación35 previo al desarrollo del Plan Parcial que ampara el

proyecto inmobiliario36, sino por la ausencia de acciones encaminadas

a: i) salvaguardar el espacio público de la ronda hídrica bajo su

administración frente a intervenciones incompatibles con su

naturaleza protectora37, y ii) a ejercer el seguimiento y control

respecto del cumplimiento de los términos en que otorgó la licencia

urbanística de construcción, en tanto que el inicio de las obras se

condicionó de forma expresa a la obtención de los permisos

35
Conforme a lo determinado en el acta de concertación de 4 de diciembre de 2018, artículo 2º; obrante
en el expediente digital, índice SAMAI 00002, archivo «9ED_202000594POPULARzip(.zip) NroActua 2»,
«25. SOLICITUD DE COADYUVANCIA.pdf».
36
Pese a ser requerido por el Tribunal para que allegara los planes parciales aprobados en el área de
influencia del arroyo León y licencias urbanísticas otorgadas; e informara «[...] si el proyecto
inmobiliario “Mas House Caujaral hizo entrega de cartografía y georreferenciación de los componentes
de diagnóstico, la generación de un modelo de elevación del terreno, la modelación hidráulica de la
zona de estudio, y la presentación del resultado del modelamiento. En caso afirmativo, remitir tal
documentación. Así mismo, certificar si el resultado del modelamiento fue revisado y aprobado. En caso
afirmativo, allegar los documentos que acrediten lo pertinente [...]»; tal requerimiento fue atendido
parcialmente en el sentido de remitir la documentación referente a planes parciales y licencias, sin
realizar manifestación alguna en relación con la información adicional solicitada.
37
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 00257 de 12 de abril de 2010, «POR LA CUAL SE
DEFINEN DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA CUENCA
HIDROGRAFICA DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN Y LOS ARROYOS GRANDE Y LEON EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO», obrante a fls. 847 a 946, del escrito de coadyuvancia que reposa
en el expediente digital, índice SAMAI 00002, archivo zip «9ED_202000594POPULARzip(.zip) NroActua
2», «25. SOLICITUD DE COADYUVANCIA.pdf».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

57

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

ambientales correspondientes, estableciendo que la verificación de

tales condiciones estaría a cargo de la Oficina de Medio Ambiente de

la administración municipal38.

En efecto, el Decreto núm. 1504 de 4 de agosto de 199839, artículos

1º40 y 5º41, este último compilado en el Decreto núm. 1077 de 26

de mayo de 201542, artículo 2.2.3.1.5, de forma expresa catalogan

la ronda hídrica como elemento constitutivo del espacio público bajo

la administración, gestión y protección de los gobiernos locales,

conforme con parámetros de sostenibilidad orientados a

salvaguardar las estructuras ecológicas allí establecidas, dada su

incidencia directa en la preservación, disponibilidad y calidad del

recurso hídrico. Asimismo, el artículo 76 de la Ley 715 de 21 de

38
De acuerdo con lo determinado en la Resolución 202 de 2020.
39
“Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”.
40
“[…] Artículo 1º.- Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y
por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la
función pública del urbanismo. Los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación,
construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo”.
41
“Artículo 5º.- El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos
constitutivos y complementarios: I. Elementos constitutivos
1) Elementos constitutivos naturales: […] b. Áreas para la conservación y preservación del sistema
hídrico: conformado por: i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como:
cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas
de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales como
mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas
hídricas, zonas de manejo y protección ambiental […]”.
42
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio".

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

58

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

diciembre de 200143, le impone al MUNICIPIO en materia

ambiental:

«[...] 76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la
preservación y la defensa del medio ambiente en el municipio,
en coordinación con las corporaciones autónomas regionales.

76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones
Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y
vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio
[...]».

Adicionalmente, compete al alcalde, en el ejercicio de sus facultades

como representante legal de la entidad territorial y máxima autoridad

de policía en ese territorio44 ejercer la vigilancia y control encaminada

al acatamiento de las normas urbanísticas fijadas en el instrumento

de ordenamiento local para el uso, la ocupación y el aprovechamiento

del suelo bajo criterios de sostenibilidad, conclusión a la que se arriba

a partir de la lectura integral y armónica de sus facultades policivas,

concretamente de la normativa prevista en los artículos 140, numeral

4; 204 y 205 de la Ley 1801 de 2016, que ordenan:

43
“[…] ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos,
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes
competencias: […] 76.5. En materia ambiental. 76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el
control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación
con las corporaciones autónomas regionales [...]”.
44
De conformidad con lo previsto en el artículo 315, numeral 2, de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 204 de la Ley 1801 de 2016, que son del siguiente tenor:
«[…] Artículo 204. Alcalde distrital o municipal. El alcalde es la primera autoridad de Policía del
Distrito o Municipio. En tal condición, le corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su
jurisdicción [...]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

59

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

«[…] Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e
integridad del espacio público. Los siguientes comportamientos
son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo
tanto no deben efectuarse:

[…]

4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.
[…]

Artículo 198. Autoridades de Policía. Corresponde a las
autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos
de convivencia ciudadana.

Son autoridades de Policía:

1. El Presidente de la República.
2. Los gobernadores.
3. Los Alcaldes Distritales o Municipales.
4. Los inspectores de Policía y los corregidores.
5. Las autoridades especiales de Policía en salud, seguridad,
ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio
cultural, planeación, vivienda y espacio público y las demás que
determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
6. Los comandantes de estación, subestación y de centro de atención
inmediata de Policía y demás personal uniformado de la Policía
Nacional.

[…] Artículo 204. Alcalde distrital o municipal. El alcalde es la
primera autoridad de Policía del Distrito o Municipio. En tal condición,
le corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su
jurisdicción.

[…] ARTÍCULO 205. Atribuciones del alcalde. Corresponde al
alcalde:

[…] 3. Velar por la aplicación de las normas de Policía en el municipio
y por la pronta ejecución de las órdenes y las medidas correctivas que
se impongan […]”.

En igual sentido, el escenario descrito impone endilgarle

responsabilidad al MUNICIPIO por marginarse de las funciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

60

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

legales que le son propias en materia de conservación del medio

ambiente y los recursos naturales, al tenor de lo previsto en los

artículos 65, numeral 6, de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199345;

6º, numeral 10, de la Ley 1551 del 6 de julio de 2012 46 y 76 de la

Ley 715 de 21 de diciembre de 200147.

V.2.4- De las órdenes de amparo

Con miras a hacer efectiva la salvaguarda de los derechos

transgredidos, las órdenes a impartir se enfocarán en el deber que le

asiste al ente territorial y la autoridad ambiental de realizar la

vigilancia, seguimiento y control riguroso y periódico de las

45
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”, cuyo artículo prevé: “[…] Artículo 65.
Funciones de los municipios, de los distritos y del distrito capital de Santafe de Bogotá. Corresponde en
materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las
funciones que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el
Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes
atribuciones especiales: […] 6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el
apoyo de la Policía Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental
(SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes
del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un
ambiente sano; 7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las
actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio
o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso,
aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo […]”.
46
“[..] ARTÍCULO 6o. El artículo 3o de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: […] 10. Velar por el adecuado
manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley
[…]”.
47
“[…] ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos,
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes
competencias: […] 76.5. En materia ambiental. 76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el
control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación
con las corporaciones autónomas regionales [...]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

61

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

actuaciones urbanísticas que involucran el aprovechamiento de

recursos naturales en la zona de influencia del arroyo León.

Asimismo, se ordenará a la CRA que, de manera conjunta con el

MUNICIPIO, en el marco de sus competencias legales en materia

ambiental, de ordenación del territorio y urbanística,

respectivamente, estructuren y ejecuten un Plan de Intervención con

las acciones necesarias que corresponderá adelantar a cada entidad

con el fin de restaurar la ronda hídrica del arroyo León y las

condiciones naturales que favorecen los procesos ecosistémicos

propios de esa área de naturaleza protectora y de conservación

ambiental.

Asimismo, se ordenará a la CRA promover las acciones de orden

sancionatorio necesarias para identificar a los causantes de la

intervención indebida en la zona de ronda hídrica con la construcción

de una vía y agotar el procedimiento necesario para la imposición de

las sanciones a que haya lugar.

Por su parte, se ordenará a la sociedad ENTORNA S.A.S. que se

abstenga de realizar alguna actividad o trabajo hasta que la CRA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

62

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

efectúe las verificaciones necesarias y le otorgue el permiso

ambiental correspondiente, en cuyo caso, la empresa deberá cumplir

rigurosamente con todas las exigencias y condiciones que la

autoridad ambiental establezca.

V.2.4.- De la condena en costas

En consideración a las reglas fijadas en la sentencia de unificación

proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta

Corporación el 6 de agosto de 201948, en la que se precisó el alcance

del artículo 38 de la Ley 472, en el presente asunto no se condenará

en costas, pues, aunque se accedió a lo pretendido en la alzada,

dentro del plenario no obra prueba de la causación de estas en el

trámite de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

48
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío Araújo
Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

63

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva

de la sentencia de 20 de junio de 2024, proferida por del Tribunal

Administrativo del Atlántico, y, en su lugar, se dispone:

“SEGUNDO: DECLARAR la vulneración de los derechos
colectivos al goce del ambiente sano, a la existencia del
equilibrio ecológico y al goce del espacio público, conforme con
los razonamientos de la parte motiva.

En consecuencia, se ORDENA:

a) A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
ATLÁNTICO ejercer sus competencias de vigilancia,
seguimiento y control de forma rigurosa y periódica de las
actuaciones urbanísticas de la empresa ENTORNA S.A.S. en el
desarrollo del proyecto inmobiliario MAS HOUSE CAUJARAL
que involucran el aprovechamiento de recursos naturales en la
zona de influencia del arroyo León y la intervención de zonas
con uso principal de protección integral por su injerencia en la
sostenibilidad hídrica del arroyo León.

b) A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
ATLÁNTICO iniciar las acciones de orden sancionatorio
necesarias para identificar a los causantes de la intervención
indebida en la zona de ronda hídrica con la construcción de una
vía y agotar el procedimiento necesario para la imposición de
las sanciones a que haya lugar.

c) A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
ATLÁNTICO que, de manera conjunta con el MUNICIPIO DE
PUERTO COLOMBIA, en el marco de las competencias legales
que les asisten en materia ambiental, y de ordenación del
territorio y desarrollo urbanístico, respectivamente, estructuren
y ejecuten un Plan de Intervención con las acciones necesarias
que corresponderá adelantar a cada entidad con el fin de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

64

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

restaurar la ronda hídrica del arroyo León y las condiciones
naturales que favorecen los procesos ecosistémicos propios de
esa área, cuya estructuración e implementación no podrá
exceder de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de
esta providencia.

d) A la sociedad ENTORNA S.A.S. que se abstenga de realizar
alguna actividad o trabajo hasta que la CRA efectúe las
verificaciones necesarias y le otorgue el permiso ambiental
correspondiente, en cuyo caso, la empresa deberá cumplir
rigurosamente con todas las exigencias y condiciones que la
autoridad ambiental establezca.

TERCERO: CONFORMAR un Comité de Verificación para la
constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la
presente sentencia, en los términos del artículo 34 de la Ley 472
de 1998, el cual estará integrado por la parte actora, el
representante legal de la sociedad ENTORNA S.A.S o su
delegado, el representante legal del MUNICIPIO o su
delegado, el representante legal de la CRA o su delegado, un
representante de la URBANIZACIÓN LOMAS DE CAUJARAL,
el delegado del Ministerio Público ante el Tribunal, el defensor
del Pueblo Regional del Atlántico o su delegado y el magistrado
ponente de la decisión de primera instancia, quien lo presidirá”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado

TERCERO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas

en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

65

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2020-00594-01
Actores: MANUEL JOSÉ DE LA ROSA MANOTAS Y OTROS

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.