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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00739-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00739-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del 29 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. - Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2020-00739-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 08001-23-33-000-2020-00739-01 (4109-2023)1
Demandante : Edgardo Enrique Gómez Martínez y otros
Demandados : Alcaldía Distrital de Barranquilla - Oficina de Participación
Ciudadana de la Secretaría de Gestión Humana
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho
control
Tema : Prestaciones sociales de ediles
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el veintinueve (29) de agosto de dos mil veintidós (2022), por el
Tribunal Administrativo del Atlántico2, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 11 de noviembre del 20203, los señores Edgardo Enrique Gómez Martínez, Mery de
Jesús García Devia, Ana María Torrecilla Navarro, José David del Toro Ramos, Daniel
Alexander Fernández Bedoya, María José López Durán, Édgar Silva Velásquez, Issa
Eduardo María Cuello, Pedro Aldrin Cepeda Anaya, Andrés Felipe Ortiz Hernández,
Andrés Felipe Ballesteros Sánchez, Wilson Zúñiga González, Raúl Enrique Vanegas
Iglesias, Mary Luz Pérez García, Nuvia Esther Duque Herazo, Liliana Rosa Correa,
Carmen Dávila de Marchena, Osvaldo Herrera Caseres, Yolanda Calvo Caldera, Ciro
Arturo Salazar Espinoza, Miguel Augusto Herrera Berrio, Maura Luz Imitola Silva,
Santiago Cristian Toro Charris, Rosiris Martínez Olivero, Vilma Beatriz Zurita Rodríguez,
Esmirna Eleida Molina Arrieta, Ramon José Barrios Caro, Eduardo Duque Cervantes,

1
Expediente digital.
2
Sala conformada por los magistrados Judith Romero Ibarra, Cristóbal Christiansen Martelo y Luis Carlos Martelo Maldonado.
3
Es de anotar que el acto administrativo demandado fue expedido el 19 de diciembre de 2019 y notificado el 28 del mismo mes y año. En
razón de la pandemia del COVID, los términos fueron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, renovados el 1º de julio
del mismo año. La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 3 de agosto de 2020 y vencidos los tres meses (4 de noviembre de
2020) para adelantar el trámite conciliatorio se acudió a la jurisdicción en oportunidad.

2

Número Interno: 4109-2023
Demandante: Edgardo Enrique Gómez Martínez y otros
Demandado: Alcaldía Distrital de Barranquilla – Oficina de Participación
Ciudadana – Secretaría de Gestión Humana

Frank Antonio Chapman Patiño, María Elena Ariza Bolaño, Norelis Movilla Eslaith, Pablo
Orozco de Moya, Luis Carlos Villareal Pertuz, Enrique Augusto Blanco Cera, Carlos
Tulena de Castro, Rosalba Wayner Berrio, Gustavo Gómez Gamarra, Sindy Milena
Escorcial Márquez y Gloria Emperatriz Guerrero Tapia, por intermedio de apoderado
judicial, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el
objeto que se declare la anulación del acto administrativo No. QUILLA-19-291721 del 19
diciembre de 2019, que negó la reliquidación y pago de las cuentas de diciembre de 2013,
junio y diciembre de 2014, junio y diciembre de 2015, junio y diciembre de 2016, junio y
diciembre de 2017, junio y diciembre de 2018 y junio de 2019, teniendo en cuenta las
primas de servicio y de navidad de los alcaldes locales, como parte de la remuneración
reclamada.

Las pretensiones son del siguiente contenido:

“1. Se declare la nulidad del acto administrativo No. QUILLA-19-291721 de fecha 19 diciembre de
2019. Que niega la reliquidación y pagos de excedentes faltantes de la remuneración de los
demandantes en los periodos diciembre de 2013, junio y diciembre de 2014, junio y diciembre de
2015, junio y diciembre de 2016, junio y diciembre de 2017, junio y diciembre de 2018 y junio de
2019.

2. Que se restablezca los derechos adquiridos con la Ley 1617 de 2013 articulo 61 parágrafo, re
liquidándose las cuentas en los periodos diciembre de 2013, junio y diciembre de 2014, junio y
diciembre de 2015, junio y diciembre de 2016, junio y diciembre de 2017, junio y diciembre de 2018
y junio de 2019 y se pague los excedentes faltantes de la remuneración, tal como lo cita la norma
antes mencionada, con su respectiva actualización al IPC del momento del fallo”.

1.2. Hechos

La parte actora adujo, en síntesis, los siguientes hechos:

i) Los demandantes Edgardo Enrique Gómez Martínez, Mery de Jesús García Devia, Ana
María Torrecilla Navarro, José David del Toro Ramos, Édgar Silva Velásquez, Issa
Eduardo María Cuello, Andrés Felipe Ortiz Hernández, Wilson Zúñiga González, Carmen
Dávila de Marchena, Maura Luz Imitola Silva, Santiago Cristian Toro Charris, Esmirna
Eleida Molina Arrieta, Ramon José Barrios Caro, Frank Antonio Chapman Patiño, María
Elena Ariza Bolaño, Gustavo Gómez Gamarra, Sindy Milena Escorcia Márquez y Gloria
Emperatriz Guerrero Tapia ejercieron como Ediles de las juntas administradoras locales
de Barranquilla a partir del 1º de enero del 2012 hasta el 31 diciembre de 2015 y volvieron
a reelegirse para el periodo entre el 1º de enero de 2016 y el 31 diciembre de 2019, salvo
la demandante Mary Luz Pérez García, que lo fue solo por un periodo.

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Número Interno: 4109-2023
Demandante: Edgardo Enrique Gómez Martínez y otros
Demandado: Alcaldía Distrital de Barranquilla – Oficina de Participación
Ciudadana – Secretaría de Gestión Humana

ii) Los accionantes Daniel Alexander Fernández Bedoya, María José López Durán, Pedro
Aldrin Cepeda Anaya, Andrés Felipe Ballesteros Sánchez, Raúl Enrique Vanegas
Iglesias, Nuvia Esther Duque Herazo, Liliana Rosa Correa, Osvaldo Herrera Caseres,
Yolanda Calvo Caldera, Ciro Arturo Salazar Espinoza, Miguel Augusto Herrera Berrio,
Rosiris Martínez Olivero, Vilma Beatriz Zurita Rodríguez, Eduardo Duque Cervantes,
Norelis Movilla Eslaith, Pablo Orozco de Moya, Luis Carlos Villareal Pertuz, Enrique
Augusto Blanco Cera, Carlos Tulena de Castro y Rosalba Wayner Berrio ejercieron como
Ediles solamente por un período, entre el 1º de enero de 2016 y el 31 diciembre de 2019.

iii) El 5 de febrero de 2013 entró a regir el nuevo Régimen para los Distritos Especiales,
esto es, la Ley 1617 de 2013, la cual, en el parágrafo del artículo 61 estableció la forma
como se remunerarían a los ediles por cada sesión que realizaran, así: “Por cada sesión
que concurran los ediles su remuneración será igual a la del alcalde local dividida entre
20, en ningún caso podrán exceder la remuneración del alcalde local”.

iv) Los demandantes radicaron ante la Alcaldía Distrital de Barranquilla sus respectivas
cuentas, para los pagos de la remuneración a la que tenían derecho por los periodos de
junio y diciembre de 2016; junio y diciembre de 2017; junio y diciembre de 2018 y junio
de 2019.

v) La Oficina de Participación Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla liquidó
mal los periodos mencionados, por aplicar inadecuadamente el parágrafo del artículo 61
de la Ley 1617 de 2013, razón por la cual los demandantes recibieron menos del valor
remuneratorio esperado.

vi) El 8 de noviembre de 2019, mediante oficio con radicado QUILLA-19-206822, los
demandantes presentaron reclamación administrativa ante la Oficina de Participación
Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en la cual solicitaron que “se reliquidara
nuevamente las cuentas mal pagadas” de los periodos antes mencionados y que “se
entregaran los valores faltantes o excedentes de la remuneración producto de la
reliquidación”, pues no se tuvo en cuenta las primas de junio y de diciembre como factor
remuneratorio del alcalde local, para efectos de liquidar las cuentas de los ediles.

Lo anterior por cuanto, en sentir de la parte actora, “si el alcalde local en los meses de
junio y diciembre a parte de su sueldo básico, recibió como remuneración también primas,

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Ciudadana – Secretaría de Gestión Humana

estas debían dividirse entre 20 para sacar la verdadera liquidación de los periodos de
junio y diciembre a remunerar de los ediles”.

vii) El 19 de diciembre de 2019, mediante el oficio No. QUILLA-19-291721, recibido el 28
del mismo mes y año, la oficina de participación ciudadana de la Alcaldía Distrital de
Barranquilla dio respuesta a la petición y, para el efecto, anexó un concepto de la
Secretaría de Gestión Humana del 16 de diciembre de 2019 (oficio QUILLA 19288776),
en el cual se negó lo pretendido por los actores, con fundamento en que las primas de
los alcaldes locales no podían tenerse en cuenta como factor remuneratorio al momento
de liquidar las cuentas de los ediles, pues el parágrafo del artículo 61 de la Ley 1617 de
2013 hizo referencia a la remuneración del alcalde local, entendiéndose únicamente
como sueldo básico y gastos de representación.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Cabe anotar, como cuestión previa, que la parte actora no formuló y tampoco identificó
cargos de ilegalidad de forma expresa contra el acto administrativo acusado; sin
embargo, sí señaló las normas violadas y el concepto de su violación.

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

Artículos 53 de la Constitución Política; parágrafo único del artículo 61 de la Ley 1617 de
2013; artículo 1º del Convenio 100 de la Trigésima Cuarta Reunión de la OIT aprobado
por la Ley 54 de 1962; artículos 42 y 45 del Decreto Ley 1042 de 1978 y artículo 21 del
Código Sustantivo del Trabajo.

Según la parte demandante, los ediles son servidores públicos de conformidad con la
Constitución Política. Además, la Ley 1617 de 2013 estableció un régimen laboral de
ediles, en donde tendrían derecho a seguridad social en salud, pensión, salud y ARL, a
pesar que no establece una remuneración fija, como en el caso de los diputados en las
asambleas; sin embargo, si prevé que la remuneración de los ediles será igual a la de los
alcaldes locales dividida entre 20.

En cuanto a la interpretación de la palabra remuneración, señala que no solamente hace
alusión al sueldo básico y gastos de representación de los alcaldes locales, sino todo lo
concerniente al factor salarial o remuneratorio del alcalde local dividido entre 20. De ahí

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que el término hace referencia a todo tipo de remuneración que percibe el alcalde local,
con fundamento en la cual se efectúa esta división para pagar las sesiones de los ediles.
Lo anterior, con fundamento en lo que dice el artículo 1º del Convenio 100 de la Trigésima
Cuarta Reunión de la OIT aprobado por la Ley 54 de 1962 sobre el concepto de
remuneración: “el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico
o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador,
directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último”.

Por último, alegó que el Decreto Ley 1042 de 1978, en sus artículos 42 y 45 trae la prima
de servicio y la prima de navidad como factor salarial de los funcionarios públicos, las
cuales se tendrán en cuenta al momento de liquidar las cesantías y las pensiones. De ahí
que resultaba procedente la aplicación de esta norma a favor de los ediles.

2. Contestación de la demanda

La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por
carecer de fundamento legal jurídico, en la medida en que el acto administrativo está
soportado en el concepto N° QUILLA-19-288776 del 16 de diciembre de 2019 expedido
por la Oficina de Participación Ciudadana de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en
consonancia con el artículo 123 de la Constitución Política y los Decretos 1015 de 2013,
185 de 2014, 1096 de 2015, 225 de 2016, 995 de 2017, 309 de 2018 y 1028 de 2019, en
los que se fijan los límites máximos salariales de gobernadores, alcaldes y empleados
públicos de las entidades territoriales.

Sostuvo que, de acuerdo con los preceptos constitucionales y legales, los ediles son
servidores públicos que ostentan su investidura por elección popular, razón por la cual
no tienen la categoría de empleados públicos, es decir, no se encuentran vinculados legal
ni reglamentariamente a la planta de personal del Distrito Especial Industrial y Portuario
de Barranquilla.

Adujo que no era cierto que se hubiera realizado una indebida liquidación de los
honorarios cancelados en los periodos señalados al no incluir las primas de servicio, las
primas de navidad y las bonificaciones, pues al no encontrarse vinculados laboralmente
por medio de una relación legal o reglamentaria con la entidad accionada, no tienen
derecho a percibir como retribución a sus funciones un salario, sino el pago de honorarios.

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Así mismo, señaló que no había normatividad o reglamentación que indicara que dichas
prestaciones tienen que ser incluidas en el pago de honorarios de los ediles.

Añadió que la liquidación de honorarios de los ediles se realizó previa verificación de la
asistencia a las sesiones en la Junta Administradora Local. Además, teniendo en cuenta
el salario del alcalde de cada localidad, entendido como la asignación básica y los gastos
de representación, tal y como lo dispone el Acuerdo 37 de 1993 para el Distrito Capital
de Bogotá, sin que hubiera lugar a que se incluyeran factores como las primas y las
bonificaciones, como lo pretende la parte actora.

Como excepciones propuso la inexistencia de la obligación, prescripción, incumplimiento
de la carga de la prueba, compensación y la genérica o innominada.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el 29 de agosto de
2022, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

Señaló que las primas de los alcaldes locales no entraban como factor remuneratorio al
momento de liquidar las cuentas de los ediles, pues el alcance que se le debía dar al
término “remuneración” previsto en el parágrafo del artículo 61 de la Ley 1617 de 2013,
para efectos de determinar el pago a los ediles por las sesiones que adelantan,
corresponde a lo que de forma ordinaria perciben los alcaldes locales, como criterio de
referencia para la determinación del pago a los miembros de las juntas administradores
locales por sesión.

Indicó que pretender incluir las prestaciones sociales que reciben los alcaldes locales en
los honorarios de los ediles desconocería los regímenes establecidos por la ley, pues los
ediles tienen vinculación diferente a los alcaldes locales, es decir, que los miembros de
las juntas locales no hacen parte de la administración central, por lo que, no pueden
pretender recibir una remuneración semejante a los integrantes de la planta de personal
de la alcaldía distrital.

Adujo que no se está frente a un conflicto de normas jurídicas en la que se deba aplicar
el principio de favorabilidad, pues en el presente asunto lo que se observa es la

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inconformidad sobre la interpretación o alcance que puedan dar los demandantes al
ordenamiento jurídico.

Por último, el a quo sostuvo que, si bien el Distrito de Bogotá tiene una normatividad
especial frente a las demás entidades territoriales de carácter especial (excepción
prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1617 de 2013), la regulación de los pagos
de los ediles por las sesiones que adelanten con base en la remuneración de los alcaldes
locales, tienen una redacción parecida, por lo que concluyó que no existía justificación
para darle un tratamiento diferente a contenidos normativos semejantes.

4. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación y reiteró los argumentos de la demanda.
Así mismo, planteó los siguientes interrogantes:

i) ¿se debe incluir las primas de servicio y navidad de los alcaldes locales de Barranquilla, dentro
del concepto de remuneración señalado para liquidación de los pagos de los ediles según el
parágrafo del artículo 61 de la Ley 1617de 2013?; ii) ¿Se puede aplicar la jurisprudencia del
Consejo de Estado aplicado en un caso similar con los ediles del Distrito de Bogotá?; iii) ¿se puede
aplicar el principio de favorabilidad laboral, cuando existen dos interpretaciones opuestas a la
norma?; iv) ¿se puede aplicar a los ediles de Barranquilla la redacción de los pagos de los ediles
de Bogotá establecidos en el Decreto Ley 1421 de 1993?.

Alegó que en el presente asunto no era aplicable la sentencia del Consejo de Estado4
que se “refiere el pago de honorarios con inclusión de la prima técnica que corresponde
al alcalde Local, causados y debidos como edil de la Localidad de Usaquén”, pues en el
sub lite se está solicitando la liquidación de prima de servicios y la de navidad como
contraprestación del servicio. Adujo que no se puede aplicar el régimen de los ediles de
Bogotá, por cuanto los ediles de Barranquilla tenían régimen propio, es decir, la Ley 1617
de 2013.

Dio cuenta que la voluntad del legislador al expedir la Ley 1617 de 2013, fue la de crear
y garantizar un régimen laboral a favor de los ediles de Barranquilla, Santa Marta,
Cartagena y Buenaventura. Por eso se incluyó la seguridad social en salud, pensión y
riesgos laborales para los ediles, al tiempo que eliminó el término honorarios y se amplió
al campo laboral con el término remuneración.

4
Consejo de Estado, Sección Segunda A, 10 de febrero de 2005. Exp. 25000-23-25-000-1999-06970-01(0771-04).

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Por último, la parte actora sostuvo que el a quo limitó la aplicación del principio de
favorabilidad laboral a confrontamientos entre normas jurídicas, pues ello solo es posible
para el caso en que existan diversas interpretaciones sobre una misma norma.

5. Trámite de segunda instancia

Con auto de 21 de noviembre de 20235, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021;
sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del
periodo probatorio para que las partes alegaran de conclusión. Dentro del término otorgado
no se presentó ningún escrito y el Ministerio Público tampoco rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 25 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2.2. Cuestión previa sobre la naturaleza del acto administrativo demandado

La parte actora solicita que se declare la nulidad del oficio No. QUILLA-19-291721 del 19
de diciembre de 2019, recibido por el apoderado de los demandantes el 28 del mismo
mes y año, mediante el cual la Oficina de Participación Ciudadana de la Alcaldía Distrital
de Barranquilla dio respuesta a la petición presentada por los ediles, en relación con el
reconocimiento de las primas de junio y de navidad de los periodos 2013 a 2019.

Para el efecto, la entidad pública anexó un concepto de la Secretaría de Gestión Humana
del 16 de diciembre de 2019 (oficio QUILLA 19288776), en el cual se negó lo pretendido,
con fundamento en que las primas de los alcaldes locales no podían tenerse en cuenta
como factor remuneratorio al momento de liquidar las cuentas de los ediles, pues el
parágrafo del artículo 61 de la Ley 1617 de 2013 hizo referencia a la remuneración del
alcalde local, entendiéndose únicamente como sueldo básico y gastos de representación.

5
Expediente digital – SAMAI.

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El siguiente es el contenido del acto administrativo demandado:

“QUILLA-19-291721

Barranquilla, diciembre 19 de 2019

Señor
HÉCTOR FABIÁN PUERTA OSORIO6
CL. 76 8 62
El Bosque Barranquilla

Asunto: Respuesta a comunicación con radicado EXT-QUILLA-19-206822

Cordial saludo

A través del presente me permito dar respuesta a la petición establecida en el asunto del
presente documento anexando copia de la conceptualización realizada por la Secretaría de
Gestión Humana, remitida a este despacho el día 16 de diciembre de 2019, anexo lo anunciado
en cinco (5) folios.

Atentamente,

KATIUSKA ANTEQUERA LLERENA
Jefe de Oficina de Participación Ciudadana” (Negrillas fuera de texto).

En el oficio QUILLA 19288776 del 16 de diciembre de 2019, la Secretaría Distrital de
Gestión Humana puso de presente que no era competente para resolver la petición de
los actores, razón por la cual la trasladaba a la oficina de Participación Ciudadana que sí
lo era; sin embargo, emitió un pronunciamiento de fondo sobre lo solicitado y remitió dicha
respuesta a la autoridad competente para que esta resolviera directamente al
peticionario. Precisado lo anterior, se pronunció en los siguientes términos:

“QUILLA-19-288776

Barranquilla, diciembre 16 de 2019

Doctor
Rodrigo Acosta
Profesional Universitario
Alcaldía de Barranquilla
Calle 34 – No. 43-31 Paseo Bolívar Barranquilla

Asunto: Traslado por competencia funcional petición radicado No. EXT-QUILLA-19-206822

Cordial saludo

Remito por competencia funcional petición radicado mediante QUILLA-19-206822 del
08/11/2019, presentado por el señor Héctor Fabián Puerta Osorio, quien solicita lo siguiente:

“1. Se reliquide las cuentas diciembre 2013, junio 2014, diciembre 2014, junio 2015 y diciembre
2015, junio y diciembre 2016, junio y diciembre 2017, junio y diciembre 2018 y junio de 2019 y
teniendo en cuenta las primas de servicios y las primas navideñas de los alcaldes locales que
hacen parte de la remuneración de los respectivos meses a reclamar.

6
Apoderado de los demandantes.

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2. Se paguen (sic) la remuneración faltante o excedente de la respectiva reliquidación aplicar
de conformidad con lo señalado en los argumentos fácticos y jurídicos.

3. Reconózcase estos pagos a los reclamantes, por ser derechos adquiridos por la Ley 1617
de 2013”.

El traslado se efectúa teniendo en cuenta que esta Secretaría tiene a cargo las relaciones
entre el Distrito de Barranquilla y los empleados de su planta de personal, de la cual no
hacen parte los ediles y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de
2015 (…).

No obstante lo anterior, esta Secretaría pone de presente lo siguiente:

(….)

Es preciso señalar que los ediles no tienen vínculo con la Administración Distrital como
empleados públicos ni como trabajadores oficiales, sino que ostentan la sola condición de
servidores públicos en su carácter de miembros de una corporación administrativa de elección
popular y por tanto, a diferencia de lo que sucede con los alcaldes locales, que tienen el carácter
de empleados públicos vinculados a la administración mediante acto administrativo, no perciben
como retribución un salario. La base para la liquidación de los honorarios de los ediles, equivale
a las sumas que por concepto de salario percibe el alcalde local como retribución por sus
servicios personales, incluidas las correspondientes a todos los factores que constituyan un
salario o remuneración, dividida por 20.

Así, pues, a los ediles se les retribuye su asistencia comprobada a sesiones a través de la figura
de honorarios, los cuales no tienen el carácter de remuneración laboral, pues la función de edil
no conlleva legalmente al reconocimiento de prestaciones sociales; todo esto en razón a que no
existe un vínculo laboral ni tampoco una relación legal y reglamentaria con el Estado, de
naturaleza semejante a la de una empleado público o trabajador estatal.

En otras palabras, la liquidación de los honorarios recibidos por los Ediles se debe realizar con
el salario del alcalde Local, entendido como la asignación básica y los gastos de representación,
tal y como lo dispone la normativa que rige la materia, sin que pueda entenderse la obligación
de incluir las primas y bonificaciones como los solicita el peticionario, máxime que el régimen
establecido para aquellos- los ediles- es distinto del previsto para los funcionarios que integran
las plantas de personal de los municipios. En virtud de ello, se itera, los ediles no son empleados
de la administración distrital, pues laboralmente no forman parte de la nómina de funcionarios
del ente territorial” (Negrillas fuera de texto).

Como se observa, en el acto acusado la Oficina de Participación Ciudadana de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla puso de presente que daba respuesta a la petición presentada
por el apoderado de los demandantes, pero su fundamento y motivación estuvo
soportado en un documento emitido por otra dependencia de la misma Alcaldía Distrital
de Barranquilla (Secretaría Distrital de Gestión Humana), constituyéndose de esta forma
en una sola decisión.

De ahí que la Sala encuentre que, si bien el oficio No. QUILLA-19-291721 del 19 de
diciembre de 2019 no tiene un contenido propio, sí se sustenta en otro acto -oficio QUILLA
19288776 del 16 de diciembre de 2019- para negar la petición. Además, es el primer acto
en mención el que se dirige al peticionario y no el segundo, debiéndose tener en cuenta
que la solicitud fue elevada ante la oficina de Participación Ciudadana, quien era la
competente para responder.

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De ello da cuenta lo sostenido por la Secretaría Distrital de Gestión Humana en el oficio
QUILLA 19288776 del 16 de diciembre de 2019, en el que se evidenció la falta de
competencia de esta dependencia para resolver la petición de los actores, por su
condición de ediles, razón por la cual la trasladaba a la oficina de Participación Ciudadana
que sí estaba facultada para hacerlo. No obstante, Gestión Humana se pronunció de
fondo sobre la petición formulada por los actores y con fundamento en dichos argumentos
Participación Ciudadana respondió la solicitud.

Sobre la definición y naturaleza del acto administrativo, la Sección Segunda de esta
Corporación, mediante sentencia del 12 de septiembre de 2024, proferida por todos los
integrantes de la Sala, se pronunció en los siguientes términos, en un juicio de legalidad
contra una circular de servicio:

“(…) los actos administrativos «constituyen la expresión unilateral de la voluntad de la Administración
dirigida a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales de carácter abstracto e
impersonal o de carácter particular y concreto respecto de una o varias personas determinadas o
determinables»7 y respecto de las circulares en sentencia de 10 de agosto de 2023, esta Corporación
recordó el pronunciamiento de 20 de abril de 1983, en la que se conceptuó sobre ella lo siguiente:
«[…] Una Circular de un funcionario Administrativo, así como puede contener un simple concepto o
una recomendación, por ejemplo, o sea que no es una manifestación de la voluntad dirigida a
producir efectos de derecho, es posible que contenga una decisión que se pretende sea acatada por
las personas a quienes va dirigida. En el primer caso, que la coloca al margen de la categoría de los
actos jurídicos, no es objeto de conocimiento por esta jurisdicción, ni por ninguna otra; en el segundo
sí, puesto que constituye un acto decisorio de la Administración […]».

(….)

Conforme lo anterior, sola la expresión de la voluntad de los órganos de la administración destinada
a producir efectos jurídicos constituye acto administrativo susceptible de control judicial8
independientemente de la denominación que se le otorgue; de tal manera que, sí esa manifestación
no es decisoria, además de no ser enjuiciable por los medios de control de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho no forma un acto administrativo propiamente dicho”.

En este orden de ideas, la Sala encuentra que el oficio demandado y su anexo es un solo
acto administrativo, el cual se tradujo en la expresión unilateral de la voluntad de la
Administración, generador de efectos jurídicos y expedido por la autoridad competente.
Por tanto, es el que tenía que ser enjuiciado por la parte demandante, como en efecto
ocurrió.

[7] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Auto
de 31 de marzo de 2014. Radicado 3496-2013.
[8] Carlos F. Forero Hernández en su libro El acto administrativo, tercera edición, define el acto administrativo como «aquel acto jurídico
unilateral de quienes ejercen funciones administrativas encaminado a producir efectos de derecho». Pág. 178, editorial Ibañez, 2023.

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2.3. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación presentado por la parte actora, corresponde a
la Sala determinar si a los demandantes se le debe realizar la reliquidación de los
honorarios con la inclusión de la prima de servicios y de navidad percibidas por el alcalde
local durante los períodos 2012 – 2015 y 2016 al 2019, anualidades en las cuales se
desempeñaron como ediles en Barranquilla.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial sobre el régimen jurídico aplicable a los
ediles

Los miembros de las Juntas Administradoras Locales, de conformidad con lo señalado
por el artículo 119 de la Ley 136 de 1994, serán elegidos por votación popular para
períodos de cuatro (4) años, los cuales deberán coincidir con el período del alcalde y del
concejo del respectivo distrito o municipio.

Dicha labor en sus inicios era ad honorem, es decir, que se hace sin retribución alguna;
sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 1617 de 2013, “Por la cual se expide el
Régimen para los Distritos Especiales” se determinó que la labor sería remunerada, tal
como lo dispone el parágrafo del artículo 61:

“Artículo 61. Naturaleza. En cada una de las localidades habrá un Fondo de Desarrollo Local, que
tendrá un patrimonio autónomo, personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el alcalde local.
Con cargo a los Fondos de Desarrollo Local se financiarán la prestación de los servicios, la
construcción de las obras de competencia de las Juntas Administradoras Locales, las erogaciones
que se generen por asistencia de los ediles a sesiones Plenarias y comisiones permanentes en el
periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias.

Parágrafo. “Por cada sesión que concurran los ediles su remuneración será igual a la del alcalde
local dividida entre 20, en ningún caso podrán exceder la remuneración del alcalde local”. (Subrayado
del tribunal)”9.

En relación con el concepto de remuneración, es importante hacer las siguientes
precisiones:

9
Cabe anotar que el artículo 61 de la Ley 1617 de 2013 fue modificado por el artículo 15 de la Ley 2082 de 2021, el cual fue declarado
INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-353A-21 de 15 de octubre de 2021, Magistrado Ponente Dr. Alberto
Rojas Ríos, por desconocer el principio de unidad de materia. Se destacan los siguientes apartes de esta decisión: “Las normas acusadas
no guardan conexidad con el objetivo de la ley pues; (i) la ley tiene como objetivo principal la regulación de un tipo de municipio denominado
“ciudades capitales”, y en esa medida, la modificación de la regulación de los distritos, escapa a su finalidad principal; (ii) la ley busca
profundizar la descentralización administrativa, pero las disposiciones acusadas tienen una finalidad de reconcentración de competencias,
al pasar de los alcaldes locales, a los alcaldes distritales, el manejo de los Fondos de Desarrollo Local; (iii) los artículos censurados son
sobre inclusivos, pues el legislador no tenía como objetivo regular un aspecto tan concreto como los fondos de desarrollo local de los
distritos, sino la creación de la categoría de municipios “ciudad capital”; y (iv) examinadas las gacetas del trámite parlamentario, se verifica
que, las modificaciones introducidas en los artículos acusados no fueron argumentadas por los congresistas, especialm56ente, no se
indicaron los motivos por los cuales los artículo 15 y 16 guardan relación con el título y temática general de la Ley 2082 de 2021. Debido a
que el cargo por violación a la unidad de materia está llamado a prosperar se declarará la inexequibilidad de las disposiciones demandada”.

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Según el Diccionario de la Real Academia Española10, la palabra remuneración significa
retribución, jornal, paga, sueldo, salario, haber, honorarios, gratificación, prima.

Mediante sentencia de 10 de febrero de 2005, la Sección Segunda de esta Corporación
señaló, sobre el alcance de este concepto, lo siguiente:

“(…) Debe entonces precisar la Sala el concepto de “remuneración del Alcalde local” para
establecer, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Bogotá, si la prima técnica que corresponde a
dicho funcionario se puede incluir o no, en la base para liquidar los honorarios de Ediles. La Sala
Plena de ésta Corporación en providencia del 11 de septiembre de 2001, Radicación número: AI-
055, con ponencia del Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, en la que se resolvió una demanda de
nulidad por inconstitucionalidad del artículo 72 del decreto 1421 de 1993 expresó lo siguiente:
“Estima la Sala que la expresión “remuneración” que utiliza el artículo 72 del Decreto 1421 de 1993,
al establecer que a los ediles se les reconocerán honorarios por su asistencia a sesiones plenarias
y a las de las comisiones permanentes que tengan lugar en día distinto a los de aquellas, y que por
cada sesión a la que concurran, sus honorarios serán iguales a la remuneración del alcalde local
dividida por veinte (20), debe ser entendida como aquella que se fija en la respectiva escala salarial
para el cargo, atendiendo factores propios del empleo, tales como el nivel al cual pertenece,
responsabilidades y naturaleza del mismo, independientemente de factores inherentes a la persona
que lo desempeña. Así, por vía de ejemplo, según el Acuerdo 37 de 1993, por el cual se fija la
remuneración y el sistema de clasificación para las distintas categorías de empleos en la
Administración central de Santafé de Bogotá, D.C., el cargo de alcalde local, se ubica en el nivel
directivo de la administración central del Distrito Capital, en la escala salarial allí establecida, le
corresponde asignación básica y gastos de representación. Esa es la remuneración
correspondiente al cargo”.

Ahora bien, precisado el concepto de remuneración, procede la Sala a analizar el
concepto de honorarios, el cual, según la RAE, alude a retribución, estipendio,
emolumentos.

Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado11 ha señalado:

“El concepto de honorario en su acepción etimológica “suele aplicarse ‘al que tienen los honores
y no la propiedad de una dignidad o empleo’ y en este sentido hablamos de presidente honorario,
alcalde honorario, etc. Utilizada en plural, adquiere el significado de beneficio o retribución que se
da con honor: es el ‘estipendio o sueldo que se da a uno por su trabajo en algún arte liberal’
(Diccionario de la Lengua Española), o con mayor precisión conceptual, porque no es admisible
confundir este vocablo con el salario, del que es sustancialmente diferente (Enciclopedia Jurídica)
… los honorarios son asimilados a los estipendios que se conceden por ciertos trabajos,
generalmente de los profesionales liberales, en que no hay relación de dependencia, ni jurídica, ni
técnica, como tampoco económica, entre las partes, y donde la retribución es fijada conforme a su
honor por el que desempeña la actividad o presta los servicios … Por extensión, los honorarios
están también destinados a remunerar –siempre sin efectos prestacionales - la asistencia a
sesiones de ciertas corporaciones públicas o de juntas directivas, técnicas, asesoras, etc. 12”, de
ahí que para los concejales, sean éstos distritales o municipales, los honorarios constituyen la
contraprestación que por su asistencia a cada una de las sesiones de la respectiva Corporación
establece la Constitución en su favor; y la Ley, en este caso la 617 de 2000, determina y reconoce”.

10
www.rae.es.
11
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 10 de agosto de 2006. Expediente 11001-03-06-000-2006-00070-00
(1760). Consejero ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
12
Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 444 del 14 de mayo de 1992.

14

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2.5. Material probatorio

La Sala destaca como documentos relevantes en este proceso, los siguientes:

● Liquidación relacionada por localidad, ediles y periodos de manera diferenciada.

● Se aportaron las credenciales o actas de posesión de todos los ediles demandantes13:

Localidad Norte Histórico

Edgardo Enrique Gómez Martínez
Mery de Jesús García Devia
Ana María Torrecilla Navarro
José David del Toro Ramos
Daniel Alexander Fernández Bedoya
María José López Durán
Édgar Silva Velásquez
Issa Eduardo María Cuello
Pedro Aldrin Cepeda Anaya
Andrés Felipe Ortiz Hernández
Andrés Felipe Ballesteros Sánchez
Wilson Zuñiga González
Raúl Enrique Vanegas Iglesias
Mary Luz Pérez García

Localidad Suroccidente

Carmen Dávila de Marchena
Nuvia Esther Duque Herazo
Liliana Rosa Correa
Osvaldo Herrera Caseres
Yolanda Calvo Caldera
Ciro Arturo Salazar Espinoza
Miguel Augusto Herrera Berrio

13
Expediente digital – carpeta demanda y anexos. Obra la información en el OneDrive - archivos acta de posesión general localidad
suroccidente, acta de localidad norte histórico, acta o credencial ediles, credencial de Carlos Tulena de Castro, Carmen Dávila,
Osvaldo Herrera y Vilma Zurita.

15

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Maura Luz Imitola Silva

Localidad Suroriente

Santiago Cristian Toro Charris
Rosiris Martínez Olivero
Vilma Beatriz Zurita Rodríguez
Esmirna Eleida Molina Arrieta
Ramon José Barrios Caro

Localidad Metropolitana

Eduardo Duque Cervantes
Frank Antonio Chapman Patiño
María Elena Ariza Bolaño
Pablo Orozco de Moya
Enrique Augusto Blanco Cera
Carlos Tulena de Castro
Rosalba Wayner Berrio
Gustavo Gómez Gamarra
Sindy Milena Escorcial Márquez
Gloria Emperatriz Guerrero Tapia
Norelis Movilla Eslaith
Luis Carlos Villareal Pertuz

● Excel de liquidación y reliquidación por demandante14.

● Procedimiento para la verificación de asistencia de los ediles a las sesiones de la Junta
Administradora Local, de la Alcaldía de Barranquilla, para los periodos en que se
desempeñaron como miembros de las JAL15.

2.6. Actuación administrativa

Los demandantes en calidad de ediles en los periodos 2012 - 2015 y 2016 – 2019,
mediante petición presentada el 8 noviembre de 2019, con radicado QUILLA-19-206822,

14
Anexo 1.
15
Expediente digital – carpeta DTE RESPUESTA A EXCP.

16

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solicitaron la reliquidación de las cuentas de diciembre de 2013; junio y diciembre de
2014; junio y diciembre de 2015; junio y diciembre de 2016; junio y diciembre de 2017;
junio y diciembre de 2018 y junio de 2019, teniendo en cuenta las primas de servicio y
primas de navidad de los alcaldes locales que hacen parte de la remuneración de los
respectivos meses a reclamar.

La jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, a través del Oficio N° QUILLA-19-
291721 de fecha 19 de diciembre de 2019 emitió respuesta a la petición y, para tal efecto,
anexó el oficio QUILLA-19-288776 del 16 de diciembre de 2019 de la Secretaría de
Gestión Humana, por medio del cual se negó la solicitud impetrada por los actores.

En síntesis, la entidad pública adujo que a los ediles se les retribuía su asistencia
comprobada a sesiones, a través de la figura de honorarios, los cuales no tenían el
carácter de remuneración laboral, pues la función de edil no conllevaba legalmente al
reconocimiento de prestaciones sociales. Ello, en la medida en que no tienen un vínculo
laboral o una relación legal y reglamentaria con el Estado, de naturaleza semejante a la
de un empleado público o trabajador estatal.

En el mismo escrito, la Administración insistió en que los ediles no son empleados de la
administración distrital, pues laboralmente no forman parte de la nómina de funcionarios
del ente territorial.

2.7. Caso concreto

Los señores Edgardo Enrique Gómez Martínez, Mery de Jesús García Devia, Ana María
Torrecilla Navarro, José David del Toro Ramos, Daniel Alexander Fernández Bedoya,
María José López Durán, Edgar Silva Velásquez, Issa Eduardo María Cuello, Pedro
Aldrin Cepeda Anaya, Andrés Felipe Ortiz Hernández, Andrés Felipe Ballesteros
Sánchez, Wilson Zúñiga González, Raúl Enrique Vanegas Iglesias, Mary Luz Pérez
García, Nuvia Esther Duque Herazo, Liliana Rosa Correa, Carmen Dávila de Marchena,
Osvaldo Herrera Caseres, Yolanda Calvo Caldera, Ciro Arturo Salazar Espinoza, Miguel
Augusto Herrera Berrio, Maura Luz Imitola Silva, Santiago Cristian Toro Charris, Rosiris
Martínez Olivero, Vilma Beatriz Zurita Rodríguez, Esmirna Eleida Molina Arrieta, Ramon
José Barrios Caro, Eduardo Duque Cervantes, Frank Antonio Chapman Patiño, María
Elena Ariza Bolaño, Norelis Movilla Eslaith, Pablo Orozco de Moya, Luis Carlos Villareal
Pertuz, Enrique Augusto Blanco Cera, Carlos Tulena de Castro, Rosalba Wayner Berrio,
Gustavo Gómez Gamarra, Sindy Milena Escorcial Márquez y Gloria Emperatriz Guerrero

17

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Tapia, solicitaron la anulación del acto administrativo No. QUILLA-19-291721 del 19
diciembre de 2019, que negó la reliquidación y pago de las cuentas de diciembre de 2013,
junio y diciembre de 2014, junio y diciembre de 2015, junio y diciembre de 2016, junio y
diciembre de 2017, junio y diciembre de 2018 y junio de 2019, teniendo en cuenta las
primas de servicio y de navidad de los alcalde locales, como parte de la remuneración
reclamada.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 61 de la Ley
1617 de 2013.

Al respecto, la Sala considera que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de
prosperidad, tal y como se analizó y resolvió en la sentencia de primera instancia, pues
la remuneración a la que hace mención la mentada norma no tiene el carácter de
remuneración laboral ni constituye derecho alguno para efectos del reconocimiento de
prestaciones sociales.

En los términos de la norma, el pago de la remuneración de los ediles será igual a la del
alcalde local dividida entre 20 y en ningún caso podrá exceder la remuneración del alcalde
local.

A lo anterior se agrega que los ediles no se encuentran vinculados laboralmente con la
administración Distrital, como empleados públicos, como sí acontece con los alcaldes
locales. De ahí que no tengan derecho al salario ni a las prestaciones sociales que la ley
otorga a los funcionarios públicos.

En este sentido, se trae a colación un pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado16, frente a los honorarios de los ediles de Bogotá, el cual se
trae como referencia analógica17:

“En sentido gramatical el término remuneración equivale a la contraprestación que se recibe por
servicios prestados, de tal forma que se entiende como la retribución por realizar una labor o
desempeñar un cargo.
(…)

Esto quiere decir que el término remuneración está referido al sueldo y a los gastos de
representación prescindiendo de primas, bonificaciones o asignaciones adicionales, por lo tanto,
para precisar los honorarios de los ediles, sólo se debe tomar como fundamento el sueldo que les
fija el Concejo a los alcaldes locales y dividirlo por veinte”.

16
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P. Dr. Roberto Suárez Franco. Agosto 14 de 1995. Radicación 716 de 1995.
17
Justifica trasladar la solución legalmente prevista para un caso, a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero
que es semejante al primero - Atienza, 1986, p. 29

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En otro caso similar, la misma Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación18 señaló
que “para liquidar los honorarios de los ediles, los cuales se determinan en virtud de
asistencia a las sesiones plenarias y a las de las comisiones permanentes, se debe
entender como remuneración de los alcaldes locales (a la cual se asimilan tales
honorarios) el valor del sueldo que les asigne el Concejo Distrital y los gastos de
representación si los hubiere para su respectiva localidad, únicamente”.

Así también lo ha señalado la Sección Segunda del Consejo de Estado19.

Por lo anterior, la palabra remuneración se asimila a los honorarios, de esta manera se
entiende que a los ediles se le liquida de acuerdo a la asistencia comprobada, que será
igual a la del alcalde local dividida entre 20, tal y como lo señala el parágrafo del artículo
61 de la Ley 1617 de 2013.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación también ha
sostenido que “los ediles miembros de las juntas administradoras locales no se
encuentran vinculados laboralmente con la administración Distrital ni mediante contrato
de trabajo ni como empleados públicos; son servidores públicos miembros de una
corporación de elección popular y no tienen derecho al salario ni a las prestaciones
sociales que la ley otorga a los funcionarios públicos. Por esta razón las normas asignan
a los ediles una forma de retribución diferente al salario llamada honorarios por sus
servicios”20.

En este orden de ideas, los ediles no pueden pretender la inclusión de los factores
reclamados, toda vez que ellos tienen una forma de vinculación diferente a los alcaldes
locales21. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil22 ha precisado:

“Estas juntas son corporaciones públicas, cuerpos de representación elegidos por el pueblo, que
participan en la elaboración de planes y programas, de propuestas de inversión, que tienen funciones
de vigilancia y control de la gestión pública, etc. -, y hacen parte de la administración municipal o
distrital; obligadas por tanto a cumplir, en todas sus atribuciones, incluidas las electorales, las normas
constitucionales de manera prevalente, entre ellas, el artículo 263 constitucional, que prevé el empleo
del sistema del cuociente electoral siempre que estas corporaciones voten por dos o más individuos.

18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda -Subsección "B". C.P. Dr. Tarsicio Cáceres Toro. Mayo 20
de 2004. Radicación No. 25000-23-25-000-1999-7355-01
19
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 20 de mayo de 2004. Exp. No. 25000-23-25-000-1999-7355-01.
M.P.: Tarsicio Cáceres Toro.
20
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 20 de marzo de 2003. Exp. 25000-23-25-000-1999-6223-01 (1952-
02). M.P. Ana Margarita Olaya Forero.
21
Ley 1617 de 2013 Artículo 39: cada localidad tendrá un alcalde local, que será nombrado por el alcalde distrital de terna elaborada por la
correspondiente Junta Administradora Local, en asamblea pública, citada por el alcalde distrital y que deberá tener quórum con no menos
del ochenta por ciento (80%) de sus miembros.
Para la integración de la terna se usará el sistema de cociente electoral.
22
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Magistrado Ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce, mediante concepto del 5 de
julio de 2001, Rad. 1359.

19

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A esta conclusión se llega del análisis de los artículos 40, 148, 260, 261, 291 de la Constitución
Política, 119 a 135 de la Ley 136 de 1994, 64 a 83 del decreto 1421 de 1993 y 48 de la Ley 617 de
200, así como de la naturaleza, atribuciones, funcionamiento - reuniones, sesiones, quórum, etc. -
de las juntas administradoras locales, forma de elección de los ediles, régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, prohibiciones y honorarios de los mismos (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo a lo anterior, los ediles son servidores públicos, como miembros de una
corporación pública de elección popular, razón por la cual no tienen la calidad de empleados
públicos” (Negrillas fuera de texto).

Por lo anterior, los demandantes no tienen derecho a que se les reajusten los honorarios
percibidos en su condición de ediles, durante los años 2012-2015 y 2016-2019, con
inclusión de los factores salariales devengados por el alcalde local, toda vez que la
asignación salarial la fija el Concejo Municipal (artículo 313.6 C.P.23) y no existe norma
que permita lo contrario.

Cabe anotar que, los ediles como integrantes de corporaciones públicas son servidores
públicos, en los términos del artículo 12324 de la Carta Política y no tienen la categoría de
empleados públicos a los que se refiere el artículo 122 ibidem25. De ahí que no les resulte
aplicable el régimen general prestacional de los empleados públicos, sino que están
sometidos a una modalidad especial de remuneración, con regulación y reglamentación
específica contenida en la Ley 1617 de 2013, sin perjuicio del derecho que les asiste a la
seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo a la Ley 1617 de 2013
artículo 60.

De conformidad con lo anterior, no es posible asimilar la situación de los ediles con la de
los empleados públicos, pues desde la Carta Política han sido diferenciados, a partir de
su naturaleza, vinculación y prestaciones económicas a las que tienen derecho. Por tanto,
la pretensión encaminada al reconocimiento de las primas de servicios y de navidad no
son procedentes justamente porque, además de lo anterior, su remuneración está
representada en honorarios y no en salarios.

23
“Artículo 313. Corresponde a los concejos:
(…)
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta”.
24
«Artículo 123: Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la
ley y el reglamento».
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.
25
«Artículo 122: No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado
se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

20

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Lo anterior impide aplicar el Decreto Ley 1042 de 1978, en su artículo 42, que relaciona
la prima de servicio como factor salarial de los funcionarios públicos, y tampoco el artículo
45 que hace referencia a la bonificación por servicios prestados.

Bajo la misma línea de razonamiento, no es posible aplicar la interpretación que tiene la
parte actora sobre el artículo 1º del Convenio 100 de la Trigésima Cuarta Reunión de la
OIT aprobado por la Ley 54 de 1962, en relación con el concepto de remuneración, a
cuyo tenor “el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o
mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador,
directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último”, pues
contraviene la naturaleza de la vinculación de los ediles y la consecuente remuneración
a la que tienen derecho a título de honorarios.

Por otro lado, la Sala observa que, contrario a lo sostenido por el recurrente, si bien el a
quo trajo a colación la sentencia del Consejo de Estado del 10 de febrero de 201526 que
hizo referencia al pago de honorarios de los ediles de Bogotá, con la inclusión de la prima
técnica que corresponde al alcalde Local, dicha referencia no significó su aplicación en
el caso concreto, pues solo se mencionó en la medida en que regulaba un aspecto similar
al sub lite, como es el caso de la remuneración a la que tienen derecho los ediles.

Lo anterior no significa, en ningún momento, que el Tribunal hubiera aplicado el mismo
régimen jurídico de los ediles de Bogotá (Decreto 1421 de 1993) a los de Barranquilla
(Ley 1617 de 2013), pues ambos son distintos y así lo reconoce la sentencia de primera
instancia.

Ahora bien, la Sala considera necesario resaltar que, si bien, a primera vista pudiera
alegarse una posible discriminación que diera lugar a aplicar un test de igualdad entre los
ediles, teniendo en cuenta únicamente su calidad o condición, tratándose de situaciones
disímiles, procede un tratamiento también diferente, como pasa a explicarse:

DECRETO 1421 DE 1993 LEY 1617 DE 2013

Por el cual se dicta el régimen especial para Por la cual se expide el Régimen para los
el Distrito Capital de Santafé de Bogotá Distritos Especiales

ARTÍCULO 1o. SANTAFÉ DE BOGOTÁ, ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley
DISTRITO CAPITAL. De conformidad con lo contiene las disposiciones que conforman el Estatuto
dispuesto en el artículo 322 de la Constitución Político, Administrativo y Fiscal de los distritos. El
Política, la ciudad de Santafé de Bogotá, Capital objeto de este estatuto es el de dotar a los distritos de

26
Consejo de Estado, Sección Segunda A, 10 de febrero de 2005 exp. 25000-23-25-000-1999-06970-01(0771-04).

21

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de la República y del departamento de las facultades, instrumentos y recursos que les
Cundinamarca, se organiza como Distrito permitan cumplir las funciones y prestar los servicios
Capital y goza de autonomía para la gestión de a su cargo, así como promover el desarrollo integral
sus intereses, dentro de los límites de la de su territorio para contribuir al mejoramiento de la
Constitución y la ley. calidad de vida de sus habitantes, a partir del
aprovechamiento de sus recursos y ventajas
ARTÍCULO 2o. RÉGIMEN APLICABLE. El derivadas de las características, condiciones y
Distrito Capital como entidad territorial está circunstancias especiales que estos presentan.
sujeto al régimen político, administrativo y fiscal
que para él establecen expresamente la ARTÍCULO 2o. RÉGIMEN APLICABLE. Los distritos
Constitución, el presente estatuto y las leyes son entidades territoriales organizadas de
especiales que para su organización y conformidad con lo previsto en la Constitución
funcionamiento se dicten. En ausencia de las Política, que se encuentran sujetos a un régimen
normas anteriores, se somete a las especial, en virtud del cual sus órganos y autoridades
disposiciones constitucionales y legales gozan de facultades especiales diferentes a las
vigentes para los municipios. contempladas dentro del régimen ordinario aplicable
a los demás municipios del país, así como del que rige
para las otras entidades territoriales establecidas
dentro de la estructura político administrativa del
Estado colombiano.

En todo caso las disposiciones de carácter especial
prevalecerán sobre las de carácter general que
integran el régimen ordinario de los municipios y/o de
los otros entes territoriales; pero en aquellos eventos
no regulados por las normas especiales, o que no se
hubieren remitido expresamente a las disposiciones
aplicables a alguno de los otros tipos de entidades
territoriales, previstas en la Constitución Política, la
ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de
Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones
previstas para los municipios.

PARÁGRAFO. Las disposiciones contenidas en la
presente ley, son aplicables a todos los distritos
creados y que se creen, a excepción del Distrito
Capital de Bogotá.

Como se observa el régimen aplicable a los ediles del Distrito Capital es diferente para
los ediles de los Distritos Especiales. Los primeros se rigen por el Decreto Ley 1421 de
1993 y los segundos por la Ley 1617 de 2013. Ambos tienen objetos y finalidades
distintas.

En cuanto a la forma de remuneración dichas normas prevén:

Artículo 72 Decreto Ley 1421 de 1993:

“Honorarios y seguros. A los ediles se les reconocerán honorarios por su asistencia a sesiones
plenarias y a las de las comisiones permanentes que tengan lugar en días distintos a los de
aquéllas. Por cada sesión a la que concurran, sus honorarios serán iguales a la remuneración del
alcalde local, dividida por veinte (20).

Los ediles tendrán derecho a los mismos seguros reconocidos por este Decreto a los concejales.

En ningún caso los honorarios mensuales de los ediles podrán exceder la remuneración mensual
del alcalde local.

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El pago de los honorarios y de las primas de seguros ordenados estará a cargo del respectivo
fondo de desarrollo local”.

Artículo 61 Ley 1617 de 2013:

“Naturaleza. En cada una de las localidades habrá un Fondo de Desarrollo Local, que tendrá un
patrimonio autónomo, personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el alcalde local. Con cargo
a los Fondos de Desarrollo Local se financiarán la prestación de los servicios, la construcción de
las obras de competencia de las Juntas Administradoras Locales, las erogaciones que se generen
por asistencia de los ediles a sesiones Plenarias y comisiones permanentes en el periodo de
sesiones ordinarias y extraordinarias.

Parágrafo: Por cada sesión que concurran los ediles su remuneración será igual a la del alcalde
local dividida entre 20, en ningún caso podrán exceder la remuneración del alcalde local”
(Modificado por el Art. 15 de la Ley 2082 de 2021 – declarado inexequible C-353 A-21).

Como se evidencia, a pesar de ser regímenes distintos, la redacción de ambas normas
es muy similar en cuanto a la remuneración a la que tienen derecho los ediles por su
asistencia a las sesiones, la cual será igual a la remuneración del alcalde local, dividida
por veinte (20) y en ningún caso podrá excederla.

En consecuencia, la Sala no encuentra que pueda resultar vulnerado el derecho a la
igualdad previsto en el artículo 13 de la Carta Política, pues, en palabras de la Corte
Constitucional27, para su aplicación adecuada, “no sólo supone la igualdad de trato
respecto de los privilegios, oportunidades y cargas entre los iguales, sino también el
tratamiento desigual entre supuestos disímiles”.

Lo anterior también permite concluir que tampoco aplica el principio de favorabilidad
laboral alegado por la parte actora, pues este procede cuando en los casos que existe
duda sobre la disposición jurídica aplicable, se debe elegir la disposición jurídica que
mayor provecho otorgue al trabajador o beneficiario y, en el presente asunto estamos
frente a supuestos de hecho y de derecho distintos.

Por las razones antes señaladas resulta improcedente la aplicación de este principio en
los términos solicitados.

2.8. Condena en costas

No habrá lugar a dicha condena, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos por el
artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dicha norma otorga al juez la

27
Corte Constitucional. Sentencia C-862-2018.

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facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la actuación
procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que la
conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado
adverso del proceso28.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe.

III. DECISIÓN

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del
Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, conforme a lo indicado en
precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del 29 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. - Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

28
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-000-2014-
00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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