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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00033-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00033-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE 15 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 08001-23-33-000-2021-00033-01 (3875-2022) Demandante: Julia Margarita Serrano Monsalvo PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada el 20 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2021-00033-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho - Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00033-01 (3875-2022)
Demandante: Julia Margarita Serrano Monsalvo
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
Tema: Sanción disciplinaria, multa e inhabilidad de 4 años a la gerente
de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A., (Triple A)1
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia dictada el 20 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Julia Margarita Serrano Monsalvo presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de
que se declare la nulidad de los fallos disciplinarios de primera y de segunda
instancia proferidos dentro del proceso identificado con los radicados IUS-E-2017-
736812 e IUC-2017-1042440, del 13 de noviembre de 2018 y 16 de marzo de 2020,
respectivamente, mediante los cuales fue declarada responsable disciplinariamente
de la falta establecida en el numeral 4 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002,
consistente en «apropiarse directa o indirectamente, en provecho propio o de un
tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos
indebidamente», porque en su condición de gerente general de la Sociedad de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, permitió que INASSA se
apropiara de recursos públicos, en el marco de un contrato de asistencia técnica.
Por tal razón se le impuso la sanción de multa e inhabilidad general por el término
de 4 años para ejercer cargos públicos.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la eliminación de las
anotaciones derivadas de las sanciones disciplinarias registradas en su hoja de
vida; ii) dejar sin efectos la orden de pago de la multa impuesta; y iii) dar
cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia, de conformidad con el artículo 192 del
CPACA.

3. Como concepto de violación, sostuvo que las decisiones sancionatorias
desconocieron los artículos 29, 228 y 230 de la Constitución Política, el artículo 8
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los numerales 4 y 5 del
Código Disciplinario Único.

1
En adelante Triple A.

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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 08001-23-33-000-2021-00033-01 (3875-2022)
Demandante: Julia Margarita Serrano Monsalvo

4. Adicionalmente afirmó que se vulneró el debido proceso, en la medida en
que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación carecía de
competencia para proferir la decisión de segunda instancia, a partir de lo
establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del
8 de julio de 2020, en la cual —según indicó— se concluyó que los procedimientos
disciplinarios adelantados por dicho órgano resultan contrarios a la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos por la ausencia de separación de roles
procesales.

5. Alegó la configuración del silencio administrativo positivo del artículo 52 del
CPACA, por cuanto el recurso contra el acto sancionatorio no habría sido resuelto
dentro del término de un (1) año desde su interposición.

6. Sostuvo que el fallo disciplinario de segunda instancia, proferido el 16 de
marzo de 2020, fue notificado de manera irregular el 27 de mayo del mismo año,
debido a que durante ese período operaron suspensiones de términos y la entidad
no contaba con autorización expresa de la interesada para efectuar la notificación
por medios electrónicos.

7. Indicó que, mientras en el pliego de cargos se afirmó que la demandante
actuó en condición de servidora pública, en la decisión sancionatoria se concluyó
que se trataba de una particular que ejercía funciones estatales, lo que —a su
juicio— comporta una vulneración del debido proceso por falta de coherencia en la
calificación de su calidad jurídica.

8. Adicionalmente, indicó que la falta contemplada en el numeral 4 del artículo
55 de la Ley 734 de 2002 no admite la modalidad culposa por lo que se vulneró el
derecho al debido proceso.

Contestación de la demanda

9. El apoderado judicial de la Procuraduría General de la Nación contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones. Sostuvo que, conforme al inciso primero
del artículo 52 del CPACA, el vencimiento del término legal previsto para las etapas
del procedimiento genera consecuencias de carácter disciplinario para el
funcionario encargado de adelantar las actuaciones cuando, por negligencia,
excede dicho plazo.

10. Sin embargo, precisó que tal circunstancia no implica la nulidad de los actos
administrativos demandados, ni configura una vulneración del debido proceso, ni
comporta la pérdida de competencia del funcionario que conoce del trámite.

11. ⁠En relación con la competencia de la Procuraduría General de la Nación para
investigar y sancionar disciplinariamente a la demandante, la entidad sostuvo que
el marco jurídico vigente y el precedente jurisprudencial le dan respaldo a dicha
atribución. Señaló que las sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013, C-500 de
2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C-086 de 2019 y C-111 de 2019 han
reiterado que las facultades disciplinarias conferidas a la entidad se encuentran

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Demandante: Julia Margarita Serrano Monsalvo

ajustadas a la Constitución Política y a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

12. ⁠ ⁠Precisó que la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia tiene efectos inter partes, razón por
la cual no incide en situaciones jurídicas consolidadas ni en decisiones
ejecutoriadas, como la que se controvierte en este proceso.

13. Añadió que dicha providencia no otorgó efectos retroactivos a las órdenes
impartidas y que, en la parte resolutiva del fallo, la Corte concedió al Estado
colombiano un plazo razonable para adecuar su ordenamiento interno. En ese
contexto, mientras se llevan a cabo los ajustes normativos correspondientes,
continúan vigentes las disposiciones que atribuyen competencia disciplinaria a la
Procuraduría General de la Nación, así como los precedentes que las desarrollan.

14. Finalmente, propuso la excepción genérica.

Sentencia apelada

15. Mediante sentencia del 20 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Subsección C, negó las pretensiones de la demanda.

16. Expuso que la Ley 734 de 2002 establece el régimen disciplinario aplicable
a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas, con
excepción de los miembros de la fuerza pública.

17. Añadió que el artículo 3 de dicha norma atribuye a la Procuraduría General
de la Nación el poder disciplinario preferente, en virtud del cual corresponde a esa
entidad investigar y sancionar las conductas constitutivas de faltas disciplinarias.

18. Frente al argumento relativo a la aplicabilidad de la sentencia proferida por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs.
Colombia, precisó que dicho precedente se refiere exclusivamente a decisiones
disciplinarias que imponen sanciones de destitución e inhabilidad a servidores
públicos de elección popular. Por tal razón, concluyó que ese pronunciamiento no
resulta pertinente para el presente asunto, en el cual no se debate la
responsabilidad disciplinaria de un funcionario elegido por voto popular.

19. En relación con la alegada pérdida de competencia para dictar el fallo de
segunda instancia, fundada en el inciso primero del artículo 52 del CPACA, indicó
que el artículo 171 de la Ley 734 de 2002 establece un término de cuarenta y cinco
(45) días para decidir la segunda instancia, pero no prevé las consecuencias
jurídicas derivadas del incumplimiento de dicho plazo.

20. Agregó que el silencio administrativo positivo constituye una figura de
aplicación excepcional cuya procedencia depende de la naturaleza del trámite
administrativo. En ese sentido, precisó que el procedimiento disciplinario tiene
carácter especial y que en él dicha figura no se encuentra prevista por el
ordenamiento jurídico.

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Demandante: Julia Margarita Serrano Monsalvo

21. En cuanto a la presunta indebida notificación del fallo sancionatorio de
segunda instancia, la demandante afirmó que la comunicación personal se remitió
a una dirección de correo electrónico distinta de la registrada para efectos del
proceso. Señaló que la decisión fue finalmente notificada el 27 de mayo de 2020 y
que, pese a no encontrarse ejecutoriada, la sanción fue anotada en el registro SIRI.

22. El Tribunal consideró que la parte actora no aportó constancia que acreditara
la remisión del mensaje de datos a una persona distinta de la demandante ni prueba
de la comunicación efectuada el 27 de mayo de 2020. Tampoco se allegó evidencia
de que la anotación de la sanción en el registro SIRI se hubiera realizado antes de
que la decisión de segunda instancia quedara ejecutoriada.

23. La parte demandante también sostuvo que en el pliego de cargos se le
calificó, en su condición de gerente de la empresa Triple A, como servidora pública
para efectos del proceso disciplinario, mientras que en la sentencia se concluyó que
se trataba de una particular que ejercía funciones públicas. Además, advirtió que al
expediente no fue incorporado el pliego de cargos, sino únicamente las decisiones
disciplinarias de primera y segunda instancia.

24. El Tribunal señaló que la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos domiciliarios de
carácter privado, conforme a lo previsto en la Ley 142 de 1994, la cual atribuye esa
naturaleza a las empresas cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares.
En ese contexto, precisó que la demandante se desempeñaba como gerente de
dicha entidad, es decir, como trabajadora de una empresa privada de servicios
públicos.

25. No obstante, indicó que la Procuraduría General de la Nación la juzgó
disciplinariamente como servidora pública de categoría especial, sometida al
régimen disciplinario aplicable a los particulares que ejercen funciones públicas,
previsto en el capítulo I, título I, libro III de la Ley 734 de 2002. En ese sentido, tanto
la falta imputada como la sanción impuesta corresponden a las previstas para los
sujetos disciplinables bajo dicho régimen especial.

26. Explicó que la referencia a la condición de “servidora pública” en los actos
acusados encuentra sustento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en
particular en la sentencia C-736 de 2007, en la cual se sostuvo que las empresas
de servicios públicos mixtas y privadas con participación pública mayoritaria hacen
parte de la Rama Ejecutiva del poder público como entidades descentralizadas.

27. Con fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política, la Corte
concluyó que los trabajadores de dichas entidades pueden ser considerados
servidores públicos en sentido amplio, categoría dentro de la cual el legislador
puede establecer distintas modalidades de vinculación jurídica.

28. A partir de esa jurisprudencia —reiterada posteriormente por la Corte
Constitucional y citada también por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado— el Tribunal concluyó que no existe contradicción en haber considerado

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a la demandante como servidora pública en sentido amplio y, al mismo tiempo,
haberle aplicado el régimen disciplinario previsto para los particulares. En
consecuencia, desestimó el cargo de violación del debido proceso fundado en la
supuesta incoherencia entre la condición jurídica atribuida a la actora y el régimen
disciplinario aplicado.

29. De otra parte, la actora sostuvo que el tipo disciplinario imputado solo admite
responsabilidad a título de dolo, pues —a su juicio— resulta imposible que alguien,
por impericia, negligencia o imprudencia, permita que un tercero se apropie de
recursos públicos. Agregó que la imputación a título de culpa únicamente
procedería en los eventos previstos en el numeral 1 del artículo 55 o en el numeral
1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

30. Al respecto, el Tribunal señaló que, como lo argumentó la autoridad
disciplinaria, el motivo determinante del comportamiento de la demandante radicó
en la desatención elemental de sus funciones. En ese sentido, indicó que aun
cuando contaba con elementos de juicio que razonablemente generaban graves
alertas sobre la no prestación de los servicios de asistencia técnica cuyo pago
ordenaba, y pese a tener la posibilidad real y material de verificar si dichos servicios
habían sido efectivamente prestados, suscribió las órdenes de pago que se le
reprochan sin observar el cuidado que, dadas las circunstancias del caso, los
deberes a su cargo y la diligencia exigible en el ejercicio de sus funciones, resultaba
necesario e imprescindible.

31. Asimismo, de las pruebas analizadas en los fallos disciplinarios concluyó
que, según la hoja de vida y la certificación laboral, para la época de los hechos la
señora Julia Serrano Monsalvo contaba con título profesional en Administración de
Empresas, una especialización en Finanzas, un diplomado en finanzas avanzadas
y diversos seminarios en el área financiera. Además, antes de asumir el cargo de
gerente general de la Triple A de Barranquilla se desempeñó como gerente
financiera entre el 15 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

32. En ese contexto, consideró que los criterios utilizados para determinar la
configuración de la falta gravísima prevista en el numeral 4 del artículo 55 de la Ley
734 de 2002 se encontraban debidamente sustentados en los fallos de primera y
segunda instancia y se ajustaban a las pruebas practicadas dentro del proceso
disciplinario.

33. En consecuencia, concluyó que la calificación de la conducta imputada a la
actora como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima se encuentra
suficientemente respaldada, razón por la cual el cargo analizado no está llamado a
prosperar.

34. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas.

Recursos de apelación

35. El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia en el que argumentó que no se realizó un

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adecuado control de convencionalidad y que, durante el trámite del proceso
disciplinario, no se garantizó la separación de funciones entre la etapa de
instrucción y la de juzgamiento lo cual vulneró el debido proceso y desconoció los
estándares fijados por la Corte Interamericana de Derecho Humanos en la
sentencia del 8 de julio de 2020.

36. Afirmó que la entidad demandada carecía de competencia legal para decidir
en segunda instancia, pues la Corte Constitucional, mediante sentencia C-244 de
1996, declaró la inconstitucionalidad de la norma que autorizaba la ampliación del
término de prescripción para resolver la decisión de primera instancia en materia
disciplinaria. Sostuvo que, en consecuencia, al haberse excedido el plazo de un año
previsto en el artículo 52 del CPACA para decidir los recursos, la Procuraduría perdió
competencia y la apelación debía entenderse resuelta a favor de la disciplinada.

37. Alegó que el fallo disciplinario de segunda instancia fue enviado al correo
electrónico del abogado David Roa Salguero, quien no hacía parte del proceso, lo
que configuraría una indebida notificación.

38. Manifestó además que el Tribunal incurrió en exceso ritual manifiesto al
abstenerse de ejercer sus facultades oficiosas para verificar este hecho procesal
relevante, al no decretar ni practicar las pruebas necesarias para esclarecer la
validez de la notificación del acto administrativo cuestionado.

39. Indicó que el pliego de cargos resulta impreciso, puesto que no determina si
la persona investigada es una particular que ejerce funciones públicas o un servidor
público, situación que vulnera el derecho de defensa y genera la nulidad de todo lo
actuado en el proceso disciplinario y en la sentencia que define la pretensión
acusatoria.

40. Sostuvo que los cargos formulados en el pliego se circunscribieron a una
modalidad culposa de enriquecimiento ilícito a favor de un tercero, lo cual no puede
constituir un atentado contra la moralidad pública, pues este principio exige
necesariamente una conducta dolosa asociada a la rectitud de intención. Afirmó que
esta imposibilidad se agrava al haberse imputado una culpa inconsciente,
caracterizada por ausencia de previsión y representación.

41. Por ello, concluyó que la Procuraduría incurrió en una imputación subjetiva
incompatible con la estructura del tipo disciplinario previsto en el numeral 4 del
artículo 55 de la Ley 734 de 2002 y que resulta contraria a los principios de legalidad,
culpabilidad y moralidad administrativa, lo que invalidaría el juicio de reproche
formulado en su contra.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

42. En auto del 7 de diciembre de 20222, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.

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Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado

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43. La entidad demandada presentó sus alegatos de conclusión en segunda
instancia3, señalando que el recurso de apelación no logra desvirtuar la legalidad
de la sanción disciplinaria impuesta.

44. Indicó que durante el trámite del proceso disciplinario se respetaron en todo
momento las garantías del debido proceso y el derecho de defensa de la parte
demandante.

45. Asimismo, precisó que la valoración probatoria realizada por el operador
disciplinario se efectuó conforme a los criterios de la lógica, la experiencia, la sana
crítica y los principios fijados por la Corte Constitucional4.

46. Sostuvo que la sentencia proferida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia no resulta aplicable al
presente asunto, por cuanto sus efectos son de carácter inter partes y no pueden
ser entendidos como normas de carácter supraconstitucional. En tal sentido, señaló
que el bloque de constitucionalidad no puede ser interpretado como un conjunto
normativo de jerarquía superior a la Constitución.

47. Agregó que la demandante fue juzgada y sancionada con base en las
normas sustantivas y procedimentales vigentes tanto al momento de ocurrencia de
los hechos como durante el inicio y culminación de la investigación disciplinaria
adelantada por la Procuraduría General de la Nación. En dicho marco temporal, no
se exigía la separación entre las funciones de instrucción y juzgamiento en cabeza
de dependencias o funcionarios distintos, como sí lo estableció posteriormente la
Ley 2094 del 29 de junio de 2021.

48. En relación con la notificación del fallo de segunda instancia, la entidad
señaló que la solicitud de conciliación presentada por la demandante el 19 de
septiembre de 2020 constituye una manifestación de conducta concluyente que
valida dicha notificación. Además, indicó que la supuesta irregularidad no configura
una causal de nulidad de los actos administrativos.

49. Frente a la supuesta configuración del silencio administrativo positivo
derivado de la caducidad de la facultad sancionatoria prevista en el artículo 52 de
la Ley 1437 de 2011, afirmó que esta figura no resulta aplicable a los procesos
disciplinarios, debido a su naturaleza especial. Por tanto, es aplicable lo dispuesto
en el artículo 30 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002).

50. Finalmente, sostuvo que el cargo formulado en el pliego es claro al atribuir
a la demandante una presunta conducta consistente en permitir el indebido
apropiamiento de recursos públicos, al autorizar pagos sin que existiera constancia
de la prestación efectiva de los servicios.

51. El agente del Ministerio Público rindió concepto5, en el cual solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que no existe controversia

3
Índice 9 SAMAI del Consejo de Estado.
4
Sentencia C-202 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería.
5
Índice 10 SAMAI del Consejo de Estado.

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respecto de la configuración de la falta disciplinaria atribuida a la demandante. A su
juicio, el recurso interpuesto no plantea una violación sustancial al debido proceso,
sino que busca reabrir el debate disciplinario.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

52. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la
Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación.

Problema jurídico

53. Corresponde a la Sala determinar si la Procuraduría General de la Nación
vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa de la señora Julia Margarita
Serrano Monsalvo al imponerle una sanción disciplinaria en su calidad de gerente
de una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, y, en particular, si
se configuraron las irregularidades alegadas en relación con: (i) la competencia de
la autoridad para imponer el correctivo; y la falta de separación de funciones al
interior de la entidad, (ii) el vencimiento del término legal para decidir el recurso. (iii)
la notificación del fallo de segunda instancia, (iv) la inconsistencia en la formulación
del cargo y (v) la imputación subjetiva de la falta.

Análisis del problema jurídico

54. La Sala confirmará la decisión apelada, por cuanto ninguno de los cargos
formulados por la parte actora posee la entidad suficiente para desvirtuar la
presunción de legalidad de los fallos disciplinarios demandados. No se acreditó
vulneración del debido proceso, desconocimiento de garantías convencionales,
pérdida de competencia por vencimiento de términos, ni irregularidad alguna en la
notificación de la decisión de segunda instancia.

55. Del mismo modo, la formulación de cargos, la determinación de la calidad
funcional de la investigada y la calificación jurídica y subjetiva de la conducta se
ajustaron al marco normativo del régimen disciplinario especial previsto en la Ley
734 de 2002 y a los estándares jurisprudenciales aplicables.

1. Control de convencionalidad y separación de roles procesales

56. En el recurso de apelación, la demandante solicitó la aplicación de la
sentencia del 8 de julio de 2020 proferida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia, al considerar que los lineamientos
allí fijados en materia de garantías judiciales y separación de funciones debían
incorporarse al control de legalidad del proceso disciplinario adelantado en su
contra.

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57. No obstante, la Sala observa que dicha providencia no resulta aplicable al
presente asunto, pues el precedente invocado se circunscribe a la imposición de
sanciones de destitución e inhabilidad a servidores públicos de elección popular,
supuesto que no corresponde a la situación funcional de la disciplinada, quien se
desempeñaba como gerente de una empresa privada prestadora de servicios
públicos domiciliarios.

58. En lo referente a la alegada ausencia de separación entre las funciones de
instrucción y juzgamiento, la Sala advierte que, para la época de los hechos y
durante el trámite del proceso disciplinario, el ordenamiento jurídico no exigía este
requisito, pues se introdujo con la modificación del artículo 12 de la Ley 1952 de
2019, que se llevó a cabo a través de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2094
de 2021, que modificó la estructura del procedimiento disciplinario al asignar a
funcionarios distintos las atribuciones de instrucción y juzgamiento dentro de la
Procuraduría General de la Nación.

59. En consecuencia, la validez de la actuación disciplinaria debe evaluarse
conforme a las reglas vigentes al momento en que se adelantó el proceso, sin que
resulte jurídicamente admisible exigir retroactivamente el cumplimiento de una
garantía orgánica que no existía en el marco normativo aplicable.

60. Por ello, no se configura vulneración del debido proceso por la ausencia de
separación funcional, toda vez que la autoridad disciplinaria actuó dentro de los
parámetros legales vigentes para la época.

2. Pérdida de la competencia de la Procuraduría General de la Nación

61. ⁠La Sala no comparte el planteamiento de la parte apelante relativo a la
supuesta pérdida de competencia de la Procuraduría General de la Nación por
vencimiento del término de un (1) año previsto en el artículo 52 del CPACA. En
primer lugar, la sentencia C-244 de 1996, invocada por la recurrente, no tiene el
alcance que se le atribuye.

62. Si bien en dicha providencia la Corte Constitucional declaró inexequible una
norma que autorizaba ampliar el término para resolver la primera instancia en el
régimen disciplinario entonces vigente, ese pronunciamiento no fijó una regla
general sobre pérdida de competencia en el trámite de los recursos ni extendió sus
efectos al sistema disciplinario posterior consagrado en la Ley 734 de 2002. En
consecuencia, no es posible derivar de esa decisión una limitación temporal
aplicable al procedimiento disciplinario vigente para la época de los hechos.

63. En segundo lugar, el inciso primero del artículo 52 del CPACA contempla el
silencio administrativo positivo como una figura excepcional dentro del ámbito
sancionatorio. Sin embargo, su aplicación exige que el respectivo procedimiento lo
prevea de manera expresa. En el caso del proceso disciplinario regulado por la Ley
734 de 2002, dicha normativa no consagra el silencio administrativo —ni en su
modalidad positiva ni negativa— como mecanismo de decisión o de protección
frente a la inactividad de la autoridad, razón por la cual su aplicación por analogía
resulta improcedente.

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64. En efecto, el inciso final del artículo 2 del CPACA establece que las
autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos previstos en ese
código, sin perjuicio de los regulados en leyes especiales, mientras que el propio
artículo 52 dispone que sus reglas operan “salvo lo dispuesto en leyes especiales”.
Esta previsión debe interpretarse en armonía con el artículo 47 ibidem, según el
cual los procedimientos administrativos sancionatorios no regulados por leyes
especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán al CPACA. En el
presente caso, la Ley 734 de 2002 regula de manera integral el régimen disciplinario
aplicable a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones
públicas, estableciendo, entre otros aspectos, el término de caducidad de la acción
disciplinaria (art. 30), los plazos para resolver los recursos (arts. 171 y 180) y la
prescripción de la sanción disciplinaria (art. 32). De ello se desprende la existencia
de un sistema sancionatorio autónomo que excluye la aplicación supletoria del
artículo 52 del CPACA en esta materia.

3. Indebida notificación del fallo disciplinario de segunda instancia

65. Revisado el expediente, se constató que, al momento de notificarse del auto
del 22 de marzo de 2018, por medio del cual se citó a audiencia, la señora Julia
Serrano estableció como dirección electrónica de notificación la siguiente:
juliaserrano@hotmail.com6.

66. Por su parte, las notificaciones del fallo disciplinario de segunda instancia
se realizaron a las siguientes direcciones electrónicas: mmgb24@hotmail.com;
juliaserrano@hotmail.com; m.marin@marinmartinezabogados.com;
navarropatron@gmail.com; roasalguero@yahoo.es8, es decir que se encuentran
tanto la de la demandante como la de la apoderada sustituta, María Marta Gómez
Barranco.9

67. Si bien la defensa sostiene que la notificación fue dirigida únicamente al
doctor David Roa Salguero, lo cierto es que en el expediente consta el envío de la
notificación a la disciplinada y a quien fungió como una de sus apoderadas.

68. Con todo, no puede perderse de vista que, si en gracia de discusión se
aceptara el argumento relativo a que la notificación no se hubiera practicado en
debida forma, ello no comportaría la nulidad de la sanción, en tanto ello reportaría
consecuencias respecto de la eficacia o efectos de la decisión disciplinaria, que no
frente a su validez.

69. En cualquier caso, tampoco es ajeno para la Sala que la parte demandante,
además de haber sido notificada, tuvo conocimiento de la decisión disciplinaria de
segunda instancia al momento de presentar la solicitud de conciliación, lo que
refuerza la ausencia del vicio alegado por la parte actora.

6
Índice 30 del aplicativo SAMAI. Cuaderno 5, folio 7 de la actuación disciplinaria.
7
Índice 30 de SAMAI del Consejo de Estado.
8
Índice 30 de SAMAI del Consejo de Estado.
9
Índice 30 del aplicativo SAMAI, folio 471 del cuaderno 7.

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4. Inconsistencia en la formulación del cargo

70. Antes de examinar la adecuación típica de la conducta imputada, es
necesario precisar la naturaleza jurídica de la sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. (Triple A). Conforme al artículo 14
de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos domiciliarios se clasifican
en oficiales, mixtas o privadas, según la participación del capital público en su
composición accionaria.

71. En el presente caso, la sociedad Triple A corresponde a una empresa de
servicios públicos mixta, dado que en su capital confluyen entidades públicas y
particulares. El Distrito de Barranquilla posee participación accionaria directa y,
además, ejerce control indirecto mediante K-Yena S.A.S., que concentra la mayor
parte del capital social y de la cual el ente territorial es propietario mayoritario.

72. Esta circunstancia permite afirmar que, aunque la empresa se rige
predominantemente por las reglas del derecho privado en materia societaria y
contractual, su actividad se encuentra directamente vinculada a la prestación de
servicios públicos domiciliarios y al cumplimiento de fines de interés general, lo que
explica que su gestión esté sometida a un régimen especial de regulación y control
por parte del Estado.

73. No obstante lo anterior, la participación estatal en el capital de una empresa
de servicios públicos no implica que quienes laboran en ella adquieran
automáticamente la condición de servidores del Estado. En efecto, el artículo 41 de
la Ley 142 de 1994 establece que quienes trabajan en esta clase de empresas se
encuentran sometidos, por regla general, al derecho laboral común.

74. En consecuencia, quienes desempeñan cargos directivos en ellas —como
ocurre con la demandante en su calidad de gerente general de la sociedad Triple
A— no adquieren la condición de empleados públicos ni se encuentran vinculados
a la administración mediante una relación legal y reglamentaria en los términos del
artículo 123 de la Constitución Política.

75. Sin embargo, la ausencia de la condición de servidora pública en sentido
orgánico no excluye la posibilidad de someter su actuación al control disciplinario.

76. En efecto, el artículo 53 de la Ley 734 de 2002 establece que el régimen
disciplinario también se aplica a los particulares que ejercen funciones públicas o
administran recursos estatales, quienes quedan sometidos a responsabilidad
disciplinaria por las conductas que afecten el adecuado ejercicio de aquellas o la
correcta gestión de dichos recursos.

77. Esta disposición refleja la finalidad del derecho disciplinario de proteger el
correcto desarrollo de la función pública, incluso cuando esta es ejercida por
particulares. Por esa razón, el legislador extendió el ámbito subjetivo del régimen
disciplinario a quienes, sin integrar formalmente la administración, intervienen en la
gestión de recursos o en el ejercicio de funciones vinculadas al cumplimiento de
fines estatales.

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78. En el presente caso, la demandante, en su calidad de gerente general de la
sociedad Triple A, tenía a su cargo la dirección administrativa de la empresa y
contaba con facultades para autorizar pagos derivados de contratos celebrados con
cargo a los recursos administrados por la entidad. En tal condición, intervenía
directamente en su gestión, circunstancia que la ubica dentro del ámbito subjetivo
del régimen disciplinario como particular sujeto disciplinable.

79. En este contexto, los recursos administrados por una empresa de servicios
públicos domiciliarios mixta no pueden considerarse exclusivamente de naturaleza
privada. En efecto, provienen principalmente de las tarifas pagadas por los usuarios
y se encuentran jurídicamente destinados a garantizar la continuidad, calidad y
eficiencia en la prestación del servicio.

80. ⁠Por esta razón, aun cuando ingresen al patrimonio de la empresa prestadora,
su utilización permanece funcionalmente vinculada a la prestación del servicio
público y su administración debe observar los principios que orientan su gestión,
entre ellos la eficiencia, la responsabilidad y la transparencia en su manejo.

81. Precisado lo anterior, corresponde examinar la adecuación típica de la
conducta imputada. El numeral 4 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002 —ubicado
en el título I del Libro III de ese estatuto, relativo a la responsabilidad disciplinaria
de los particulares— describe como falta gravísima, entre otras modalidades,
apropiarse de recursos públicos, permitir que otro se apropie de ellos o utilizarlos
indebidamente. Este tipo disciplinario busca proteger la correcta administración de
los recursos destinados al cumplimiento de funciones públicas.

82. En el presente asunto, la modalidad típica relevante es la consistente en
permitir que un tercero se apropie de recursos vinculados a la prestación de un
servicio público. Para ello, no es necesario que el disciplinado intervenga
activamente en la conducta, pues puede configurarse cuando, teniendo el deber
funcional de impedir el resultado lesivo y contando con los medios para hacerlo,
omite ejercer los controles necesarios sobre su utilización.

83. En ese sentido, la tipicidad disciplinaria puede estructurarse mediante
comisión por omisión cuando el sujeto disciplinable se encuentra en una posición
que le impone el deber de impedir la utilización indebida de los recursos bajo su
administración.

84. En su condición de gerente general de la sociedad Triple A, la demandante
tenía a su cargo la dirección administrativa de la empresa y contaba con facultades
para autorizar pagos derivados de los contratos celebrados por la entidad. Tal
circunstancia le imponía el deber de verificar la correcta ejecución de las
obligaciones contractuales antes de ordenar los correspondientes desembolsos,
responsabilidad asociada a la gestión de los recursos vinculados a la prestación del
servicio público domiciliario.

85. No obstante lo anterior, según las pruebas valoradas en el proceso
disciplinario, autorizó pagos derivados del contrato de asistencia técnica celebrado
con la empresa INASSA sin constatar previamente la efectiva prestación de los

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servicios contratados, pese a contar con los medios administrativos y funcionales
necesarios para realizar dicha verificación.

86. Esta omisión permitió que la empresa contratista recibiera recursos
vinculados a la prestación del servicio público sin acreditar la ejecución de las
actividades contractuales que justificaban su reconocimiento, circunstancia que
configura la modalidad típica consistente en permitir la apropiación indebida de
tales recursos por parte de un tercero.

87. La Sala advierte, además, que el tipo disciplinario analizado constituye una
infracción del deber, en la medida en que su configuración no depende
exclusivamente de la producción de un resultado lesivo sobre el patrimonio estatal,
sino del incumplimiento de las obligaciones funcionales que el ordenamiento
jurídico impone a quienes intervienen en la administración o control de recursos
asociados al ejercicio de funciones públicas.

88. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 163
de la Ley 734 de 2002, el pliego de cargos debe contener, entre otros elementos:
la descripción de la conducta investigada con sus circunstancias de tiempo, modo
y lugar; las normas presuntamente vulneradas y el concepto de violación; la
identificación del investigado y del cargo desempeñado al momento de los hechos;
el análisis de las pruebas que sustentan la imputación; y los criterios para
determinar la gravedad de la falta y la forma de culpabilidad atribuida.

89. Al examinar el pliego de cargos del 22 de marzo de 2018, la Sala observa
que dicho acto cumplió con los elementos esenciales previstos en la norma, pues
describió la conducta investigada, identificó la falta imputada, precisó la calidad
funcional de la investigada y relacionó los elementos probatorios que sustentaban
la imputación.

90. En efecto, los cargos se formularon por la actuación de la señora Julia
Margarita Serrano Monsalvo en su condición de gerente general de la empresa
Triple A, entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, en relación con la
ejecución irregular del contrato de asistencia técnica. En ese contexto, su actuación
fue analizada como la de un particular que ejerce funciones públicas por razón de
la administración de recursos públicos, supuesto que encuentra fundamento en los
artículos 25 y 53 de la Ley 734 de 2002, tan es así que justamente se le endilgó la
falta prevista en el numeral 4 del artículo 55 de dicha normativa.

5. Estudio de los reproches relativos a la imputación subjetiva de la falta

91. Durante el proceso disciplinario también se examinó la culpabilidad de la
investigada. La autoridad disciplinaria consideró acreditado que contaba con la
formación y experiencia necesarias para prever los riesgos derivados de su
actuación. Consta en el expediente que poseía formación profesional en el área de
finanzas y que entre 2012 y 2016 ejerció el cargo de gerente financiera de la
entidad, circunstancia que permitía exigirle un mayor grado de diligencia en el
desempeño de sus funciones como gerente general. En ese contexto, aunque el
pliego de cargos imputó inicialmente la conducta a título de dolo, el fallo de primera

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instancia determinó que el comportamiento correspondía a una culpa gravísima,
entendida como desatención elemental, pues aprobó pagos sin verificar
previamente la efectiva prestación de los servicios contratados.

92. Esta corporación10 ha señalado que el pliego de cargos tiene un carácter
provisional o transitorio, no definitivo. Por esa razón, la calificación allí contenida,
incluido el grado o título de culpabilidad, puede ser modificada durante el curso de
la actuación disciplinaria, incluso al momento de adoptarse la decisión final, siempre
que la variación surja de la valoración de las pruebas y de los argumentos de
defensa recaudados con posterioridad.

93. En esa lógica, el cambio de dolo a culpa, o cualquier otra modificación del
elemento subjetivo, no desconoce por sí mismo el principio de congruencia, porque
el pliego no fija de manera inmutable la imputación definitiva, sino que delimita
provisionalmente el debate y abre la oportunidad para el ejercicio del derecho de
defensa.

94. En ese sentido, no se encuentra que la modificación del grado de
culpabilidad haya desconocido el derecho fundamental al debido proceso.

95. Ahora bien, al analizar la falta imputada, se advierte que, contrario a lo
señalado por la parte demandante, sí es posible que esta se endilgue a título de
culpa, porque si bien es cierto que el primer verbo rector11 consiste en «apropiarse»
de forma directa o indirecta, también se consagró que se configura por «permitir»
que otro lo haga. Esta segunda conducta se puede presentar de manera voluntaria
o consciente, o por negligencia o inactividad.

96. En efecto, la autorización de pagos sin realizar las verificaciones mínimas
necesarias para constatar la ejecución de los servicios contratados constituye una
grave inobservancia de los deberes de control y supervisión que le correspondían
en razón de su cargo, lo cual evidencia una desatención elemental de sus deberes
funcionales.

97. Cabe agregar que el parágrafo 1 del artículo 55 estableció que las faltas son
sancionables a título de dolo o culpa», por lo que se reitera que el elemento
subjetivo admite esa modalidad.

98. En consecuencia, la Sala concluye que la conducta atribuida a la
demandante reúne los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad exigidos
por el régimen disciplinario, en la medida en que la omisión de los controles
funcionales que le correspondían en su calidad de gerente general permitió que se
efectuaran desembolsos sin la verificación previa de la prestación de los servicios
que los justificaban, lo que configura la modalidad típica consistente en permitir la
utilización indebida de recursos vinculados a la prestación de un servicio público
domiciliario.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11
de abril de 2019, expediente: 1171-2018.
11
4. Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos,
o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente.

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99. Así las cosas, se considera que la autoridad disciplinaria ajustó la forma de
culpabilidad conforme a los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-901 de 2005, decisión que fue reiterada en segunda instancia. Así,
del análisis integral del expediente, la Sala concluye que la imputación subjetiva fue
debidamente formulada, la calidad funcional de la disciplinada estuvo claramente
determinada y la culpabilidad fue valorada conforme a las reglas del régimen
disciplinario, sin que se adviertan vulneraciones al derecho de defensa ni al debido
proceso.

100. Por lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

101. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

102. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley
2080 de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

103. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida
considerando lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, aplicable por la integración
normativa autorizada en el artículo 306 del CPACA; la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

104. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por
cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

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PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada el 20 de abril de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia de acuerdo con lo
establecido en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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