Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00113-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00113-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2021-00113-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08-001-23-33-000-2021-00113-01 (4460-2024)
Demandante: Julio Alberto Voz Ramírez
Demandado: Universidad del Atlántico
Tema: Reajuste mesada pensional. REVOCA SENTENCIA Y NIEGA
PRETENSIONES
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Julio Alberto Voz Ramírez instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las comunicaciones sin fecha, recibidas el 15 de
octubre y 7 de diciembre de 2020 a través de las cuales la Universidad del
Atlántico negó el reconocimiento y pago del reajuste de la mesada con base en
el salario mínimo legal vigente de conformidad con el artículo 1 de la Ley 71 de
1988.
3. A título de restablecimiento del derecho solicita se ordene a la demandada
expedir un acto administrativo mediante el cual reconozca el incremento de su
mesada pensional con el salario mínimo en vez del IPC desde el año 2000 en
adelante. Que se pague el retroactivo causado a su favor por las diferencias de
las mesadas incrementadas. Que las sumas adeudadas sean indexadas y se
paguen los intereses a los que hubiere lugar. Que se dé cumplimiento a la
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sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA. Que se
condene en costas y agencias en derecho.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que prestó sus servicios a la Universidad del Atlántico desde 11 de enero de
1980 a 31 de diciembre de 1998 y que una vez cumplió los requisitos
establecidos en el literal b) del artículo 9.° de la Convención Colectiva de
Trabajo de 1976, la Universidad le reconoció una pensión de jubilación por
Resolución No. 000043 de 08 de febrero de 1999, con efectos a partir del 1.º
de enero de 1999. Que el monto inicial de la primera mesada pensional fue de
$1.649.269 y correspondió al 100% del último salario devengado.
6. Que conforme con el acto administrativo de reconocimiento, la entidad debía
realizar el reajuste anual de la mesada pensional de manera automática, con el
mismo porcentaje en que fuera incrementado el salario mínimo por el Gobierno,
de acuerdo con la Ley 71 de 1988.
7. Que la Universidad mantuvo la actualización en esos términos entre los años
1998 y 1999 y a partir de enero de 2000, decidió de manera unilateral y sin el
consentimiento previo del pensionado, modificar el mecanismo de reajuste
anual de la mesada pensional, sustituyendo el incremento basado en el salario
mínimo por el aumento del IPC. Debido a ese cambio, entre el 1º de enero de
2000 y el 31 de diciembre de 2020 dejó de recibir aproximadamente
$170.170.954.46.
8. Que el 3 de septiembre de 2020, solicitó el reconocimiento y pago de sus
derechos convencionales y legales, en particular el reajuste de su mesada
pensional desde el 1.º de enero de 2000, conforme al incremento del salario
mínimo, así como el retroactivo correspondiente, los intereses moratorios,
actualizaciones e indexaciones a los que haya lugar. Siendo negada su petición
a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Citó como vulnerados los artículos 4º, 13, 29 y 53 Constitucionales, artículos 9º,
14, 20, 21, 467 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 1º y parágrafo de la
ley 71 de 1988, artículos 87, 88, 93, 95 y 97 de la ley 1437 de 2011, además de
múltiples fallos judiciales.
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10. Que la Universidad del Atlántico, a partir de enero de 2000, decidió de manera
unilateral y arbitraria modificar el mecanismo de incremento de la mesada
pensional del demandante, sin tener su consentimiento previo y tampoco contar
con un fallo judicial, revocando el numeral cuarto de la Resolución No. 000043
de 08 de febrero de 1999, cuya base del ajuste era el salario mínimo. Que, en
su lugar, la entidad adoptó el porcentaje del IPC, lo que resultó en una
disminución en los ingresos pensionales.
11. Que la administración vulneró los artículos 93 y 97 del CPACA ya que no se
configuraron las causales para tal revocatoria. Que, en virtud de los principios
de favorabilidad, in dubio pro-operario y el de la condición más beneficiosa, no
es posible aplicar el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, al ser una norma
posterior desfavorable.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
12. La demanda fue admitida el 26 de febrero de 2021, la Universidad del Atlántico
no contestó la demanda.
13. La audiencia inicial fue celebrada el 21 de abril de 2022, en ella se efectuó el
saneamiento, se fijó el litigio y se decretaron unas pruebas. Posteriormente se
corrió traslado para presentar alegatos de conclusión, ambas partes
intervinieron, la actora reiterando los argumentos de su demanda y la
demandada, manifestó que las pretensiones deben ser negadas con
fundamento en que el reajuste pensional conforme a lo previsto en la Ley 71 de
1988 no es un derecho adquirido y al existir la regla legal y jurisprudencial clara
en el que el legislador tiene la facultad de regular el método para reajustar la
mesada pensional es que se debe aplicar el método vigente previsto en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1999.
14. SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
15. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del cinco (5) de junio dos
mil veinticuatro (2024) accedió parcialmente a las pretensiones. Declaró la
nulidad de los actos demandados y ordenó a la Universidad del Atlántico a
reajustar la pensión del demandante de conformidad al salario mínimo legal
vigente desde el 3 de septiembre de 2017 por haber operado la prescripción de
las diferencias causadas con anterioridad. Negó las demás pretensiones de la
demanda.
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16. Como sustento manifestó que el acto administrativo que reconoció la pensión
creó un derecho particular y concreto, indicando la forma como se reajustaría
la mesada pensional. Por tanto, si la administración pretendía modificar tales
supuestos para ello debió agotar el procedimiento para la revocatoria del acto
administrativo particular sin que así se haya acreditado y no agotar el
argumento del decaimiento del acto administrativo por la derogatoria del artículo
1° de la ley 71 de 1988 y efectuar el incremento desde el 2000 conforme el IPC.
17. No desconoce el Tribunal que, con la expedición del sistema general de
pensiones, se instauraron nuevas reglas para el reajuste de las pensiones, sin
embargo, en el caso del demandante la forma de actualización de la prestación
se dispuso de manera expresa en el acto administrativo que ordenó su
reconocimiento y pago, el cual fue proferido con antelación a la entrada en
vigencia de Ley 100 de 1993, y que además de eso, su principal fuente jurídica
es la convención colectiva de trabajo.
RECURSO DE APELACIÓN
18. La demandada interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que el Tribunal
desconoció el precedente constitucional según el cual no existen derechos
adquiridos sobre el factor o porcentaje de reajuste de las pensiones, sino
simples expectativas. Trae como referencia la sentencia C 387 de 1994 de la
Corte Constitucional, en la que se afirma que el legislador puede modificar
legítimamente la fórmula de reajuste sin vulnerar el artículo 58 de la
Constitución.
19. Que la pensión del demandante, reconocida en 1999, quedó plenamente
sometida al Sistema General de Pensiones, en especial para efectos del
reajuste anual, conforme al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y a los artículos
40 y 41 del Decreto 692 de 1994.
20. En consecuencia, al superar ampliamente la pensión reconocida ($2.251.384)
el monto del salario mínimo ($236.460), el reajuste debía hacerse por IPC, no
por el incremento del salario mínimo como lo pretende el actor. Incluso
menciona que para el año de 2022 fecha de la contestación la demanda, la
pensión de la actora era de $ 5.873,805 muy superior al salario mínimo legal
vigente.
21. Que el Tribunal confundió la figura de la revocatoria directa con la pérdida de
ejecutoriedad (decaimiento) del acto administrativo. Para ello explicó que con
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 desapareció el fundamento jurídico
del reajuste por salario mínimo, la pérdida de ejecutoriedad operó de pleno
derecho, por lo que no era necesario ni el consentimiento del pensionado ni un
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acto expreso de revocatoria.
22. Que los principios de favorabilidad, in dubio pro-operario y condición más
beneficiosa no son aplicables, porque no existe duda interpretativa del artículo
14 de la Ley 100 de 1993, el método de reajuste no es una situación jurídica
consolidada y la jurisprudencia reiterada descarta que el factor de reajuste sea
un derecho adquirido.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. El 2 de septiembre de 2024 se admitió el recurso. Las partes y el señor agente
del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
24. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
25. Corresponde a la Subsección determinar si la actuación de oficio adelantada
por la Universidad del Atlántico a través de la cual actualizó la mesada
pensional reconocida a la demandante con base en el IPC y no en el porcentaje
fijado anualmente para el salario mínimo legal, se encuentra ajustada a
derecho.
Marco normativo aplicable.
26. Con relación al reajuste o incremento de las pensiones el artículo 1 de la Ley
71 de 1988, establece: «Las pensiones a que se refiere el artículo 1o. de la ley
4a. de 1976, las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán
reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea
incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual.»
27. Con la expedición de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema de Seguridad Social
Integral al que están sometidos todos los habitantes del territorio nacional en
los términos del artículo 11, modificado por el artículo 1 de la Ley 797 de 2003,
de la siguiente manera:
“El Sistema General de Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará
a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando,
adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y
beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas
anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes
a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a
una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
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sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos
los órdenes del régimen de prima media y del sector privado en general. Para
efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los
derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o
convención colectiva de trabajo. Lo anterior será sin perjuicio del derecho de
denuncia que le asiste a las partes y de que el tribunal de arbitramento dirima
las diferencias entre las partes».(Negrillas de la Sala)
28. A su vez, en el artículo 14 se estableció:
«Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de
sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se
reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según
la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor1, certificado
por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones
cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán
reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente
dicho salario por el Gobierno.» (Negrillas de la Sala).
29. La Corte constitucional en Sentencia C - 385 de 19942, al efectuar un estudio
de constitucionalidad del artículo 14 (parcial) de la Ley 100 de 1993, manifestó
que con dicha disposición se busca mermar los efectos que la devaluación de
la moneda causa en las mesadas pensionales, porque la Constitución, no
precisa aspectos tales como la proporción en la que debe decretarse el reajuste,
la oportunidad ni la frecuencia y por ello, le corresponde al legislador hacerlo.
En ese sentido, no puede considerarse como derecho adquirido el porcentaje
en el que se deben incrementar las pensiones sino meras expectativas:
«los pensionados, de acuerdo con la Constitución (art. 53), tienen derecho a
que se les reajuste su pensión en la cuantía que determine la ley, sin que por
ello se desconozca el artículo 58 ibidem, pues no hay derechos adquiridos
sobre el factor o porcentaje en que se deben incrementar las pensiones,
sino meras expectativas. Por tanto, la ley bien puede modificar las normas
que consagran la proporción en que se realizarán los aumentos de las
mesadas pensionales» (Negrillas de la Sala).
Caso concreto
30. En el presente asunto, está Subsección es de la tesis de que, no era necesario
que la demandada solicite el consentimiento previo para efectuar el ajuste de
1
Aparte subrayado 'según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor' declarado EXEQUIBLE, por
el cargo analizado, relativo a la vulneración del derecho a la vida digna que se desprende de los artículos 1 y 2 de
la Constitución, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-227-23 de 21 de junio de 2023, Magistrada
Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo.
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Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Diaz
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la mesada de conformidad al IPC por las siguientes razones:
31. En primer lugar, porque si bien es cierto, en el acto que reconoció a la parte
demandante el derecho a la pensión de jubilación se dispuso que los ajustes
sobre la misma se debían efectuar de conformidad con el artículo 1 de la Ley
71 de 1988, esto es, atendiendo al incremento del salario mínimo, también lo
es que para la fecha en que fue reconocida la prestación económica ya se
encontraba vigente el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, el cual consagra el
reajuste de la mesada pensional con base en el IPC.
32. Se advierte que tanto la jurisprudencia de esta corporación3 como de la Corte
Suprema de justicia4 han interpretado que el artículo 14 de la citada ley derogó
tácitamente el reajuste establecido anteriormente en el artículo 1 de la Ley 71 y
resulta aplicable a las pensiones reconocidas antes y después de la Ley 100 de
1993. Que al no constituir un derecho adquirido el legislador puede modificar
las normas que consagran la proporción en que se realizan los aumentos de las
mesadas pensionales.
33. En ese sentido, se concluye la demandada sí podía realizar el cambio de dicho
ajuste pensional, por cuanto la misma ley estableció su modificación y el método
para ajustar o actualizar las mesadas pensionales de acuerdo con las políticas
económicas que aseguren que la prestación mantenga su poder adquisitivo,
pero además con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del sistema
pensional.
34. También se concluye que no estamos ante el supuesto de la revocatoria directa
del derecho reconocido a la parte demandante, pues goza de su prestación
económica convencional en los términos concedidos y lo cierto es que el
mecanismo de incremento anual al ser previsto por el legislador resultaba
aplicable y obligatorio.
35. Tampoco es posible acceder a la pretensión invocando los principios de
favorabilidad, in dubio pro operario y el de la condición más beneficiosa, porque
no existe conflicto entre normas vigentes ni condiciones que justifiquen
mantener el sistema anterior de actualización5.
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, Sentencia 17 de agosto
de 2017.Exp. 11001-03-24-000-2010-00007-00(3294-14).
4
CSJ SL4337-2019, CSJ SL844-2021 y CSJ SL1468-2021.
5
Al respecto ver también, la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
SL3865-2021 del 18 de agosto de 2021, magistrado ponente Jorge Luis Quiroz Alemán, proceso núm. 88354.
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36. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la mesada pensional del demandante
según el acto que le reconoció el derecho fue de $1.649.269.81, es decir, muy
superior al salario mínimo legal vigente para el año 1999, $236.460, le asiste
razón a la Universidad al manifestar que el incremento o reajuste de su mesada
necesariamente debía calcularse conforme el IPC pues así lo establece la
norma aplicable.
37. Por último, se reitera está Subsección considera que el estudio de legalidad
realizado sobre el acto demandado permitió concluir que la Universidad del
Atlántico al efectuar el incremento de la mesada pensional, dio estricto
cumplimiento a los parámetros establecidos por el legislador, por ello no se
observa ilegalidad en su actuación
38. Por las razones expuestas, se revocará la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones y en su lugar se niegan, de
conformidad a las razones aquí expuestas.
De la condena en costas en segunda instancia
39. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
41. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
42. En consecuencia, se impondrán costas en segunda instancia en contra de la
parte actora, por cuanto se accedió totalmente las peticiones del recurso de
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apelación interpuesto por la demandada. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el cinco (5) de junio de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a las
pretensiones y en su lugar se niegan, de conformidad a las razones aquí expuestas.
Segundo. CONDENAR en costas a la demandante en ambas instancias conforme la
parte motiva. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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