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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00251-01

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00251-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 14 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sección “C”, que declaró probada la excepción de cosa juzgada, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2021-00251-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., cuatro (04) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00251-01 (1102-2022)
Demandante: Carlos Adolfo Ahumada Ariza
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Pensión gracia. Cosa Juzgada. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 14 de octubre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sección “C”, que declaró probada la
excepción de cosa juzgada.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

El señor Carlos Adolfo Ahumada Ariza, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de la Resolución N° UGM 022993 del 28 de diciembre
de 2011, el auto ADP N° 002292 del 23 de marzo de 2017 y el auto ADP N°
001302 del 10 de marzo de 2020, alegando como nuevos hechos los argumentos
de la sentencia de unificación N° 04683 de 2018 del Consejo de Estado, respecto
a la propiedad y administración de los recursos con los cuales fue financiado su
salario durante los periodos docente, para determinar su derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que no fueron propuestos en las
demandas iniciales.

Como restablecimiento del derecho, deprecó condenar a la UGPP a conceder la
pensión gracia, liquidada con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, debidamente indexados.

1 El escrito de la demanda se encuentra visibles en el índice 2 del expediente digital disponible en la Sede Electrónica

de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2021-00251-01
Demandante:Carlos Adolfo Ahumada Ariza

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El demandante relató que nació el 17 de diciembre de 1953, razón por la cual el
17 de diciembre de 2003 cumplió 50 años de edad, y prestó sus servicios como
docente por más de 20 años, de la siguiente manera:

• Inicialmente, fue nombrado por el gobernador del departamento del
Atlántico, en el cargo de maestro de escuela nocturna de la Escuela Mixta
N° 5 del barrio el Bosque de la ciudad de Barranquilla, mediante Decreto
N°116 del 10 de marzo de 1976, posesionado el día 25 de marzo de 1976
hasta el 31 de agosto de 1978, para un tiempo total de dos (2) años, cinco
(5) meses y seis (6) días.

• Luego, fue nombrado por el gobernador del departamento del Atlántico, en
el Colegio Bachillerato Femenino de Sabanalarga Atlántico, mediante
Decreto N° 195 del 23 de abril de 1981, posesionado el día 19 de mayo
de 1981 hasta el 26 de junio de 1984, para un tiempo total de tres (3) años,
un (1) meses y siete (7) días.

• Posteriormente, fue nombrado por el gobernador del departamento del
Atlántico en el Colegio Bachillerato Comercial Mixto del municipio de
Ponedera -Atlántico, mediante Decreto N° 000565 del 9 de mayo de 1994.
posesionado el día 23 de mayo de 1994 hasta el 18 de septiembre de
2019, para un tiempo total de veinticinco (25) años cuatro (4) meses y
diecisiete (17) días.

El 30 de agosto de 2011 radicó ante la UGPP solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia, petición que fue resuelta de manera negativa mediante la
Resolución UGM 022993 del 28 de diciembre de 2011, en consecuencia,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2014-
00160 tramita ante el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla,
que mediante sentencia proferida el 19 de noviembre de 2015, negó las
pretensiones de la demanda.

Mediante auto N° ADP 002292 de fecha 23 de marzo de 2017, la UGPP
respondió la segunda solicitud presentada por el demandante, señalando que no
era procedente emitir nueva decisión respecto al reconocimiento de pensión
gracia.

El 13 de febrero de 2020 radicó una nueva solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia ante la UGPP, al considerar que existían nuevos hechos y
pruebas, entidad que mediante Auto ADP 001302 de 10 de marzo de 2020
resolvió archivar la petición al considerar que la Resolución 022993 de 28 de
diciembre de 2011 se encontraba en firme. Razón por la cual nuevamente
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, tramitada ante el
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2021-00251-01
Demandante:Carlos Adolfo Ahumada Ariza

Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla, bajo radicado 2018-
00200, y con providencia de 16 de agosto de 2019, se declaró probada la
excepción de cosa juzgada.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

El actor como concepto de violación argumentó que la entidad demandada
inaplicó las siguientes disposiciones normativas: artículo 137 de la Ley 114 de
1913; artículo 6 de la Ley 116 de 1928, artículo 3 de la Ley 37 de 1993; Ley 43
de 1975, artículo 1 inciso 2 de la ley 33 de 1985, Ley 91 de 1989; y artículos 1 y
3 del Decreto 2285 de 1955. Precisó que se cumplieron con todos los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad
demandada negó el derecho prestacional del docente, en clara omisión de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el
asunto.

1.4 Contestación de la demanda

Admitida la demanda el 01 de junio de 2021, y una vez surtida la notificación, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP presentó escrito de contestación
manifestando que no es posible computar para efectos de la pensión gracia el
periodo laborado entre el 23 de mayo de 1994 hasta la fecha de la presentación
de la demanda, ya que la vinculación en ese periodo es de carácter nacional de
acuerdo a las pruebas documentales remitidas por la Fiduprevisora S.A.,
sosteniendo además que el demandante percibió durante tal periodo recursos
provenientes del tesoro nacional.

Finalmente, propuso como excepciones: (i) prescripción; (ii) inexistencia de las
obligaciones demandadas y cobro de lo no debido.

1.5 Sentencia de primera instancia

En acatamiento al artículo 182A del CPACA, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C, procedió a dictar sentencia anticipada, en la cual declaró
probada la excepción de cosa juzgada, al considerar que existió i) identidad de
partes: en ambos procesos el demandante fue el señor Carlos Adolfo Ahumada
y la demandada es la UGPP; ii) identidad en la causa, por cuanto ya se había
analizado otro proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
estudió si al demandante le asistía o no el derecho al reconocimiento y pago de
la pensión gracia, y en ambos procesos se persigue que se tenga como tiempo
de servicios los desempeñados en el departamento del Atlántico; y por último, (iii)
identidad de objeto, afirmando que si bien el juicio de legalidad recae sobre
diferentes actos administrativos, materialmente contienen la misma decisión de
negar el reconocimiento de la prestación pretendida.

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Demandante:Carlos Adolfo Ahumada Ariza

1.6 Recurso de apelación

A través de apoderado el señor Carlos Adolfo Ahumada Ariza presentó recurso
de apelación, para lo cual expuso que, la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, desconoce la irrenunciabilidad de los derechos
pensionales, de los cuales la ley y la jurisprudencia han reiterado que por ser
derechos de tracto sucesivos, son irrenunciables, y pueden ser reclamados en
cualquier tiempo, motivo por el cual pretende que se le reconozca el derecho al
disfrute de la pensión gracia, amparado en la sentencia de unificación Nº 04683
de 2018 del Consejo de Estado, la cual indica que la vinculación laboral de los
docentes debe estudiarse con base en el origen de la autoridad que realiza el
nombramiento y la fuente de financiación de los recursos, para determinar si hay
o no lugar al reconocimiento de la pensión gracia. En consecuencia, al considerar
la sentencia de unificación como hecho nuevo no encuentra viable que deba
prosperar el fenómeno de la cosa juzgada.

1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante auto de fecha 04 de abril de 2022, se admitió el citado recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante; sin que hubiera intervenciones
en esta instancia.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso3.

En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado del demandante, en su condición de apelante único.

2
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
3
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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Demandante:Carlos Adolfo Ahumada Ariza

2.2. Problema jurídico

Considera esta Sala de Subsección que el problema jurídico en esta instancia,
de cara al recurso de apelación presentado por la parte actora, se centra en
determinar si se configuró la excepción de cosa juzgada, como lo dispuso el a
quo en la sentencia objeto de alzada. En caso negativo, deberá establecerse si
el señor Carlos Adolfo Ahumada Ariza, cumple con las exigencias de ley, para
que le sea reconocida la pensión gracia.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. El fenómeno jurídico de la cosa juzgada4

La institución jurídica procesal de la cosa juzgada permite tener certeza sobre lo
decidido judicialmente en un pleito, en el sentido de que no puede ser debatido
el mismo asunto, reabriendo un nuevo proceso, cuando lo pretendido ya fue
estudiado, se surtieron los actos procesales del caso y se dio solución al mismo.

En este sentido, su fin está dirigido a brindar seguridad jurídica, estabilidad en las
sentencias, para que una vez estén ejecutoriadas, adquieran el carácter de
inmutables, vinculantes, definitivas y coercitivas, siempre y cuando, guarden
protección y garantía de los derechos fundamentales.

Igualmente, garantiza la confianza legítima sobre determinada materia ya
juzgada, cuyos destinatarios son las partes en el proceso, terminando así, la
disputa de manera definitiva, para que no se extienda en el tiempo de forma
indefinida, razón por la cual, los efectos que imprime la cosa juzgada no habilitan
al juez ni a las partes a pronunciarse o debatir en un nuevo proceso sobre la
controversia litigiosa que ya ha sido objeto de decisión.

En esta medida se han distinguido dos modalidades que son:

• Cosa juzgada formal: Opera cuando el fallo quedó ejecutoriado, bien sea
porque no se hizo uso de los recursos dentro del término estipulado en la
ley o habiéndose ejercido estos fueron resueltos por la autoridad
correspondiente, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos
extraordinarios que proceden contra las providencias ya ejecutoriadas.

• Cosa juzgada material: Hay lugar a ella cuando contra la sentencia feneció
la facultad de usar algún recurso, en otras palabras, porque precluyó el
término para interponer los recursos extraordinarios o porque fueron
resueltos de forma desfavorable.

4
Análisis realizado en sentencia del 2 de abril de 2020, proferida por esta Subsección dentro del proceso radicado 15001-
23-33-000-2013-00372-01(2043-2015).

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Demandante:Carlos Adolfo Ahumada Ariza

Cabe resaltar que el artículo 303 del CGP, aplicable por remisión normativa del
artículo 306 del CPACA, señala sobre la cosa juzgada lo siguiente:

«Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el
primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a
registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá
efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».

La Sección Segunda5 frente al tema de los elementos que configuran la cosa
juzgada, indicó lo siguiente:

«[…] Ahora bien para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se
requiere:

a).- Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión
que constituye cosa juzgada.

b).- Identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos
como sustento. Cuando además de los mismos hechos la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

c).- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.
Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación
jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-

2018-00634-01(5385-19)
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consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente
[…]».

Por su parte, el artículo 189 del CPACA6 preceptúa los efectos de la cosa juzgada
en el ámbito contencioso administrativo. Se resalta que teniendo en cuenta lo
indicado en la norma ut supra referenciada, en controversias en las cuales se
discute la legalidad de un acto administrativo, la decisión que accede a la nulidad
solicitada genera cosa juzgada erga omnes solamente en lo atinente a la causa
petendi.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir entonces que, para la
estructuración de la cosa juzgada, debe verificar la identidad de partes, identidad
de causa e identidad de objeto. Además, debe acotarse que el artículo 189 del
CPACA establece que las decisiones judiciales que declaren la nulidad de los
actos administrativos en esta jurisdicción, tendrán fuerza erga omnes, por lo que
no es posible que nuevamente sean sujetas a debate judicial.

2.4 Caso Concreto

Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema jurídico
planteado, esto es, verificar si se configura la excepción de cosa juzgada como
lo adujo el a quo; y de resulta ello negativo, se establecerá si el actor cumple con
las exigencias para obtener el reconocimiento de la pensión gracia.

Pues bien, da cuenta el plenario que previamente la parte actora presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja Nacional
de Previsión Social – CAJANAL –, tramitado ante el Juzgado doce Administrativo
del Circuito de Barranquilla, bajo radicación 08001-3333-012-2014-000160-00, y
con la cual solicitó la nulidad de la Resolución 022993 de 28 de diciembre de
2011, que le negó el derecho al reconocimiento de la pensión gracia. De igual
forma, presentó demanda en uso del medio de control referenciado, la cual fue
tramitada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla, bajo
radicado 08001-3333-006-2018-00200-00, en la que deprecó la nulidad del

6 ARTÍCULO 189. EFECTOS DE LA SENTENCIA. La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida
producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren
la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos
erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o
municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral
2 del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional.
Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes.

(...)”

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mismo acto administrativo. Procesos judiciales que resultaron adversos al
interesado, pues, en el primero se dictó sentencia denegatoria de las
pretensiones el 19 de noviembre de 20157, y en el segundo se declaró probada
la excepción de cosa juzgada, con proveído dictado en audiencia inicial celebrada
el 16 de agosto de 20198.

Bajo ese contexto, se procederá a realizar la verificación de los elementos
configurativos de la cosa juzgada, al tenor del artículo 303 del CGP; para lo cual
se expondrán el siguiente cuadro comparativo:

Expediente Expediente
Expediente bajo estudio Juzgado Sexto Administrativo Juzgado Doce Administrativo
Tribunal Administrativo del Atlántico de Barranquilla de Barranquilla
08-001-23-33-000-2021-00251-00 08001-3333-006-2018-00200- 08001-3333-012-2014-000160-
00 00
SUJETOS PROCESALES
Demandante: Carlos Adolfo Demandante: Carlos Adolfo
Demandante: Carlos Adolfo Ahumada
Ahumada Ariza Ahumada Ariza
Ariza
Demandado: Unidad Demandado: Caja Nacional de
Administrativa Especial de Previsión Social – CAJANAL
Demandado: Unidad Administrativa
Gestión Pensional y hoy UGPP.
Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de
Contribuciones Parafiscales de la
la Protección Social – UGPP
Protección Social – UGPP

ACTOS ACUSADOS
I) Resolución 022993 de 28 de Resolución 022993 de 28 de
diciembre de 2011 proferido por la Caja diciembre de 2011 proferido por
Resolución 022993 de 28 de
Nacional de Previsión Social E.I.C.E – la Caja Nacional de Previsión
diciembre de 2011 proferido por
CAJANAL hoy UGPP; ii) auto ADP Social E.I.C.E – CAJANAL hoy
la Caja Nacional de Previsión
02292 del 23 de marzo de 2017; y auto UGPP, que negó el derecho a la
Social E.I.C.E – CAJANAL hoy
ADP 001302 del 10 de marzo de 2020; pensión gracia.10
UGPP, que negó el derecho a la
autos estos últimos que decidieron no
pensión gracia.9
estudiar de fondo las solicitudes y
archivar la actuación
PRETENSIONES
Solicitó declarar la nulidad de la Solicitó declarar la nulidad de la
Solicitó declarar la nulidad de la
Resolución 022993 de 28 de Resolución 022993 de 28 de
Resolución 022993 de 28 de diciembre
diciembre de 2011 por medio de diciembre de 2011 por medio de
de 2011 por medio de la cual se negó el
la cual se negó el la cual se negó el
reconocimiento y pago de la pensión
reconocimiento y pago de la reconocimiento y pago de la
gracia.
pensión gracia. pensión gracia.
Deprecó el reconocimiento y pago de la
Deprecó el reconocimiento y En consecuencia, el
pensión gracia a partir del 10 de
pago de la pensión gracia desde reconocimiento y pago de la
noviembre de 2008, teniendo en cuenta
el día que adquirió el estatus, es pensión gracia a partir del 10 de
el 75% de los salarios devengados en el
decir, a partir del 10 de noviembre de 2008, teniendo en

7 Se presentó recurso de apelación, el cual fue rechazado con auto de 27 de julio de 2016 –expediente

digital – indice 45
8 Expediente digital – índice 45

9 Expediente digital - índice 45 – archivo fallo primera instancia –rad 2014-160
10 Expediente digital - índice 45 – archivo fallo primera instancia –rad 2014-160

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último año de servicio, junto con los noviembre de 2008 con la cuenta el 75% de los salarios
reajustes de la Ley 100 de 1993. inclusión de todos los factores devengados en el último año de
salariales, devengados en el servicio.
El pago de las mesadas dejadas de último año de servicio, junto con
cancelar debidamente indexadas, los reajustes. El pago de las mesadas dejadas
además de los intereses de cancelar debidamente
correspondientes. Pagar las mesadas pensionales indexadas, además de los
causadas, desde la efectividad intereses correspondientes.
e incluida en nómina,
debidamente indexadas.
FUNDAMENTOS FÁCTICOS
Se deja expuesto la presentación En los hechos de la demanda,
anterior de demandas de nulidad y se invocan los distintos
restablecimiento del derecho, nombramientos efectuados al
tramitadas y decididas en los actor por la Gobernación del
Juzgados Sexto Administrativo y Atlántico entre 1976 y 1994, y
Doce Administrativo de hasta la fecha de presentación
Barranquilla, ya referidas en este de la demanda –23 de mayo de
cuadro de análisis. 2014.

Se alega el cumplimiento de Así mismo, alega el
requisitos para obtener la pensión cumplimiento de los 20 años de
gracia, esto es, los 50 años de En este expediente, también se hizo servicios docente territorial, y
edad, y el vínculo territorial referencia a los distintos los 50 años de edad, y que por
docente, para el caso desde el año nombramientos efectuados al actor tanto adquirió el estatus el 10 de
1976 y hasta la presentación de la por la Gobernación del Atlánticos, noviembre de 2008.
demanda en el año 2019. entre los años 1976 y 1994, Refiriéndose, además, a la
encontrándose vigente el vínculo negativa al reconocimiento del
Indicando a su vez, que le ha sido incluso al momento de presentación derecho por parte de la entidad
negado el derecho a la pensión de dicha demanda. accionada, mediante
gracia con Resolución 022993 de Resolución 022993 de 28 de
28 de diciembre de 2011; y luego De igual forma se alegó el diciembre de 2011.
con auto ADP 002292 de 23 de cumplimiento de los requisitos de ley
marzo de 2017, se declaró la para obtener la pensión gracia, esto
firmeza de la resolución antes es, los 50 años de edad y los 20 años
mencionada; y con auto ADP de servicio como docente territorial.
001302 de 10 de marzo de 2020, la Y se adujo que elevada petición a la
entidad consideró que no había entidad para obtener el
lugar a emitir un nuevo reconocimiento de la pensión gracia,
pronunciamiento sobre la ello fue negado con Resolución
prestación deprecada. 022993 de 28 de diciembre de 2011.

Adujo en esta ocasión, que se
tuvieran como nuevos hechos, los
argumentos de la sentencia de
unificación 04683 de 2018
expedida por el Consejo de Estado,
que analizó la propiedad de los
recursos con que se pagan los
salarios a docentes, y la
calificación de docente territorial en
virtud de la fuente de financiación;
argumentos que arguye, no fueron

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invocados en las demandas
anteriores.

DECISIONES JUDICIALES

En sentencia del 14 de octubre de Con sentencia de 19 de
2021, la Sección C del Tribunal noviembre de 2015, se negaron
Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda,
las pretensiones de la demanda. al considerar que el pago de
salarios realizado al actor, en
Como fundamento de la decisión, virtud del último nombramiento
centró su análisis en que se El Juzgado con providencia de 16 de efectuado en el año 1994, se
pretende la nulidad de la agosto de 2019, declaró probada la realizó con recursos
Resolución UGM 022993 del 28 de excepción de cosa juzgada, teniendo provenientes de la Nación, lo
diciembre de 2011 y, en en cuenta la identidad de partes, de que impedía que le fuera
consecuencia, el reconocimiento objeto y de causa petendi advertida reconocida la pensión gracia.
de la pensión gracia requerida, lo con el proceso de nulidad y
cual, guarda absoluta relación con restablecimiento del derecho
la pretensión incoada en el proceso tramitado y decidido de fondo por el
de nulidad y restablecimiento del Juzgado Doce Administrativo de
derecho adelantado ante el Barranquilla, en el expediente bajo
Juzgado Doce Administrativo del radicado 08001-3333-012-2014-
Circuito de Barranquilla que 000160-00.
culminó con sentencia que negó
las pretensiones del accionante,
por lo que, están dados los
requisitos para la configuración de
la cosa juzgada.

De conformidad con lo anterior, la Sala advierte lo siguiente:

En cuanto, a la identidad jurídica de las partes debe precisarse que si bien en
el radicado 08001-3333-012-2014-000160-00 fungió como accionada la Caja
Nacional de Previsión Social – CAJANAL y, en el proceso objeto de análisis, la
demandada es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, lo cierto es que esta
última actúa como sustituta procesal de CAJANAL. De manera que, puede
colegirse que existe identidad de las partes en los tres procesos.

En torno a la identidad de objeto, también se encuentra configurada, pues, del
contraste de los expedientes en cita, se avizora que las pretensiones de las
demandas y la motivaciones vertidas en las providencias emitidas por los

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Radicado: 08001-23-33-000-2021-00251-01
Demandante:Carlos Adolfo Ahumada Ariza

juzgados administrativos de Barranquilla, y por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, permiten inferir que en los tres procesos relacionados, el señor
Ahumada Ariza deprecó la nulidad de los actos administrativos proferidos por
Cajanal hoy UGPP, mediante los cuales se negó el derecho al reconocimiento y
pago de la pensión gracia; solicitando como restablecimiento del derecho, el
reconocimiento de dicha prestación en una cuantía del 75% del IBL en donde se
incluyan todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente
anterior a la fecha del status pensional, en razón al vínculo docente que inició
desde el año 1976 y que se mantenía vigente hasta las fechas de presentación
de dichas demandas.

Importante señalar que, si bien en el proceso que convoca a esta Sala en esta
ocasión, se incluyó la nulidad de los autos ADP 02292 del 23 de marzo de 2017,
y ADP 001302 del 10 de marzo de 2020, la UGPP, lo cierto es que estos no
emitieron un pronunciamiento de fondo frente a la petición de reconocimiento de
pensión gracia, pues se consideró que la entidad decidió al respecto, a través de
la Resolución 022993 de 28 de diciembre de 2011, la cual se encontraba en firme.

A renglón seguido, también se estima configurada la identidad de causa, ello en
tanto, los fundamentos fácticos y jurídicos dan cuenta que la parte actora
propugnó por la misma causa, esto es, obtener la pensión gracia; para lo cual
sostuvo en los tres procesos, que acredita los requisitos de ley, especialmente,
el cumplimiento de la edad (50 años), el tiempo de servicios (20 años),
relacionando para efectos de esta última exigencia, los periodos laborados desde
el año 1976 y hasta la fecha de presentación de la demanda, en virtud de los
distintos nombramientos efectuados por la Gobernación del Atlántico, a saber:

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2021-00251-01
Demandante:Carlos Adolfo Ahumada Ariza
Expediente J12
Expediente J6
Expediente (TAA) 08001-3333-012-2014-000160-00
08001-3333-006-2018-00200-00
08-001-23-33-000-2021-00251-00
PERIODOS DE TIEMPO DOCENTE

1. Decreto N°116 del 10 de 1. Decreto N°116 del 10 de
marzo de 1976, servicio marzo de 1976, servicio docente
1. Decreto N°116 del 10 de
docente entre el 25 de entre el 25 de marzo de 1976 al 31
marzo de 1976, servicio docente
marzo de 1976 al 31 de de agosto de 1978.
entre el 25 de marzo de 1976 al 31
agosto de 1978.
de agosto de 1978.
2. Decreto N° 195 del 23 de
2. Decreto N° 195 del 23 de abril de 1981, servicio docente entre
2. Decreto N° 195 del 23 de
abril de 1981, servicio el 19 de mayo de 1981 al 26 de junio
abril de 1981, servicio docente entre
docente entre el 19 de mayo
el 19 de mayo de 1981 al 26 de junio de 1984.
de 1981 al 26 de junio de
de 1984.
1984. 3. Decreto N° 000565 del 9 de
3. Decreto N° 000565 del 9 de mayo de 1994, servicio docente
3. Decreto N° 000565 del 9 de
mayo de 1994, servicio docente entre el 23 de mayo de 1994 a la
mayo de 1994, servicio
entre el 23 de mayo de 1994 a la presentación de la demanda, esto
docente entre el 23 de mayo es, 23 de mayo de 2014.
presentación de la demanda.
de 1994 al 18 de septiembre
de 2019.

Cabe destacar que, los anteriores tiempos de servicios, fueron valorados en su
momento por el Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla, considerando
como se mencionó que no se acreditaban los 20 años de servicios, dado que en
razón a la fuente de los recursos con que se pagaron salarios al docente, el
juzgado consideró que provenían del orden nacional, y por ello no había lugar a
tener en cuenta el tiempo laborado con ocasión al nombramiento de 1994.

De manera que, en cumplimiento de la institución procesal de la cosa juzgada,
este asunto no puede ser objeto nuevamente de análisis en otro proceso, pues
lo establecido en el proceso primigenio goza de inmutabilidad en aras de
preservar la seguridad jurídica.

Ahora, la parte recurrente aduce que no hay lugar a declarar la cosa juzgada,
pues, se desconoce que se está invocando un hecho nuevo, relacionado con la
expedición de sentencia de unificación por importancia jurídica CE- SUJ-SII-11-
201811, por el Consejo de Estado, con la cual se unificó la jurisprudencia en torno
a las controversias relacionadas con el reconocimiento de pensión gracia, en
particular, en cuanto al origen de los dineros de la entidad nominadora. De igual
forma, argumenta que no comparte la decisión de primera instancia, en tanto
desconoce la flexibilización de la figura de la cosa juzgada, a que hizo referencia
la Corte Constitucional en sentencia T-249 de 2016.

En torno a esta última providencia, se destaca que en la misma la Corte

11 Que la parte actora refiere en su escrito de apelación como sentencia de unificación 04683 de 2018

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Constitucional señaló:

“7.15. Corolario de lo expuesto, es claro que el precedente de la Corporación, ha
establecido las siguientes reglas en materia de cosa juzgada: (i) la institución de la
cosa juzgada le otorga el carácter de inmutable e intangible a las decisiones
judiciales; (ii) cuando confluyan la identidad de partes, causa y objeto se configura
la existencia de la cosa juzgada; (iii) no puede hablarse de cosa juzgada cuando
no existe identidad de hechos. Ejemplo de ello, es cuando aparece una prueba
que no se tuvo en cuenta para la resolución inicial del caso y que cambia por
completo la decisión; (iv) en materia de seguridad social la Corte, en aplicación
de los principios de equidad, favorabilidad e irrenunciabilidad, ha señalado
que en el análisis de la causa petendi que debe efectuar el juez de
conocimiento, le corresponde tener en cuenta que surge un hecho nuevo
cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido el carácter
de universal e irrenunciable de un derecho. Aclaró la Corporación que no se
trata de cualquier precedente o cambio de criterio por parte de una alta corporación
la que puede alegarse como hecho nuevo, sino aquellos que desarrollan y protegen
derechos de rango fundamental, y que la misma Corte Constitucional en sentencias
proferidas por la Sala Plena así lo han señalado, o constituyen una jurisprudencia
en vigor.”

Pues bien, para esta Sala, dicho argumento no tiene vocación de prosperidad,
ello, en tanto, por un lado, los efectos de la decisión impartida en la acción de
tutela antes referida, son interpartes; y segundo, con posterioridad a dicha
sentencia de tutela, el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha dejado sentado
que se pueden considerar como hechos nuevos en los asuntos en que se
pretenda el reconocimiento de pensión, una vez ya se encuentre firme una
decisión judicial; aquellos que versen sobre el cambio del estatus jurídico del
solicitante, tales como el cumplimiento de la edad o la demostración de otros
requisitos exigidos para acceder a la prestación que sean configurados posterior
a la sentencia inicial12. Situación que no ocurre en el presente asunto, pues, en
el proceso que se analiza, lo que se invoca es la expedición de un nuevo
pronunciamiento judicial por parte de esta Corporación, más no se arguye un
hecho relacionado con la demostración de alguno de los requisitos con
posterioridad a la expedición de la sentencia inicial.

En tercer lugar, se tiene que esta Subsección con posterioridad al
pronunciamiento de la Corte Constitucional, ha señalado que el cambio
jurisprudencial frente a determinado asunto no afecta las decisiones judiciales
adoptadas con anterioridad; se destaca13:

« A pesar de que el a quo en los fundamentos de su decisión hace alusión
a que el criterio de interpretación de los factores salariales a los que tienen

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto de 11 de noviembre de 2021, expediente

25000-23-42-000-2018-00634-01(5385-19). C.P: William Hernández Gómez
13 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda-Subsección A- consejero
ponente: Gabriel Valbuena Hernández- sentencia del dos (2) de abril de dos mil veinte (2020)- radicación
número: 15001-23-33-000-2013-00372-01(2043-15).
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derecho los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
adoptado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia
de unificación de jurisprudencia de 4 de agosto de 2010 habilitó al
demandante para acudir de nuevo a solicitar el reajuste de su mesada
pensional, sin embargo, esta Sala contrario a lo determinado por el Tribunal
de primera instancia, precisa que el cambio de jurisprudencia no purga la
cosa juzgada, es decir, no afecta las decisiones judiciales adoptadas con
anterioridad.

Así lo ha explicado la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación:

«Finalmente, es importante reiterar que si bien los cambios de
precedente orientan las decisiones futuras de los operadores jurídicos,
no afectan los casos fallados con anterioridad por las autoridades
judiciales, pues éstos se sujetan a lo resuelto en el respectivo proceso
judicial, dado el carácter vinculante de la sentencia y sus efectos de cosa
juzgada. De lo contrario, la jurisprudencia, que por naturaleza debe
evolucionar de acuerdo con los cambios jurídicos y sociales, correría el
riesgo de petrificarse por el temor de los efectos del cambio de
precedente.

De esta manera, la seguridad jurídica y el valor de cosa juzgada de las
sentencias, la cual es vinculante para las partes que han intervenido en
el proceso, constituye un valor constitucional protegible que no resulta
afectado con cambios posteriores en la jurisprudencia».14

Los despachos que integran la Sección Segunda también acogen la
postura según la cual los cambios de jurisprudencia no afectan la
cosa juzgada, así se puede ver en asuntos decididos en sede
ordinaria y constitucional15.» (Resalto fuera del texto original)
14 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de febrero de 2012. Radicado:

11001-03-06-000-2011-00049-00 (2069). C.P. William Zambrano Cetina.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicado:

25000-23-25-000-2012-01176-01 (1281-2004); Demandante: José Elvis Sierra; Demandado: U.G.P.P.
Sentencia de 11 de abril de 2019. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicado:
76001-23-33-000-2013-00063-01(2710-15); Demandante: Ramiro Ospina; Demandado: Universidad del
Valle. Sentencia de 16 de marzo de 2017. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicado:
11001-03-15-000-2016-00356-00(AC); Demandante: Hilda Marina Brochero Rodríguez; Demandado:
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro. Sentencia de tutela de
17 de marzo de 2016. C.P. William Hernández Gómez.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicado:
76001-23-33-000-2013-00113-02(0466-16); Demandante: Oscar Román Tudela Rangel; Demandado:
Universidad del Valle. Apelación de auto de 26 de octubre de 2017. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicado:
76001-23-31-000-2012-00091-01 (1482-17); Demandante: Álvaro Nieto Hamann; Demandado: Universidad
del Valle. Apelación de auto de 17 de mayo de 2018. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicado:
25000 23 42 000 2013 00363 01 (2226–2014); Demandante: Miguel Ángel López Castaño; Demandado:
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Sentencia de 23 de enero de 2020. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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De manera que, siguiendo el precedente de esta Corporación, no hay lugar a
revisar de fondo nuevamente un asunto concluido con decisión judicial
ejecutoriada, cuando se invoca un nuevo precedente jurisprudencial. A lo anterior
se suma que, la sentencia de unificación invocada por la parte actora, dispone en
su parte resolutiva que los efectos de dicha providencia son retrospectivos, de
manera que las consideraciones allí expuestas, en relación con los temas objeto
de unificación, constituyen precedente obligatorio para todos los casos en
discusión tanto en vía administrativa como judicial, no obstante, los casos en los
cuales ha operado la cosa juzgada, resultan inmodificables en atención al
principio de seguridad jurídica.

En ese hilo de consideraciones, la Sala estima ajustada a derecho a decisión de
primera instancia, ya que como se ha dejado expuesto, se configuró la excepción
de cosa juzgada. En consecuencia y en aras de preservar la seguridad jurídica y
la inmutabilidad de las decisiones judiciales, en vista que la decisión contenida
en la sentencia de 19 de noviembre de 2015, emanada del Juzgado Doce
Administrativo de Barranquilla, resulta inmodificable, no es procedente promover
un nuevo proceso y menos realizar un análisis de fondo.

En tal sentido, se confirmará la sentencia de fecha 14 de octubre de 2021
proferida por la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual declaró
probada la excepción de cosa juzgada; con fundamento en las razones antes
expuestas.

2.5. Condena en costas

No se advierte que haya lugar a condenar en costas a la parte actora, comoquiera
que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a ello, lo cierto es que
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la
carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de las actuaciones
desplegadas por la demandante en las diferentes etapas del proceso, no puede
observarse dicha situación, contrario a ello, sustentó las razones en defensa
jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 14 de octubre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico - Sección “C”, que declaró probada la
excepción de cosa juzgada, de conformidad con lo señalado en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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