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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00309-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00309-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, conforme a lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a Seguros del Estado S.A., de acuerdo con lo señalado en la parte motiva. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2021-00309-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 08001-23-33-000-2021-00309-01 (3542 -2023)
Demandante : Seguros del Estado S.A.
Demandado : Nación – Ministerio del Trabajo
Tema : Pólizas de cumplimiento de empresas de servicios temporales.
Decisión : Confirma la sentencia de primera instancia. El Ministerio del
Trabajo era competente para incluir en las liquidaciones la
indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST y los
actos demandados valoraron las circunstancias que rodearon el
incumplimiento del empleador. Este concepto estaba
comprendido en la cobertura legal y contractual de las pólizas y
no constituye un riesgo inasegurable en los términos del artículo
1055 del Código de Comercio.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 2 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Seguros del Estado S.A. presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener como pretensiones
principales la nulidad de las Resoluciones 00000175 del 5 de febrero de 2020, 00796 del
20 de octubre de 2020 y 00871 del 10 de noviembre de 2020, mediante las cuales la
Nación - Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial Atlántico declaró que la empresa de
servicios temporales Opción Plus S.A.S. se encontraba en estado de iliquidez, ordenó
hacer efectivas las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales números 21-43-
101017381 y 21-43-101019495, y confirmó dicha decisión al resolver los recursos de
reposición y apelación, respectivamente.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara a la Nación - Ministerio
del Trabajo reembolsar a la aseguradora las sumas que hubiere pagado en cumplimiento
de tales actos administrativos; y que se declarara que los actos anulados carecen de
efectos jurídicos y, por ende, de validez todos los registros y actuaciones derivados de
ellos.

Radicación: 08001-23-33-000-2021-00309-01 (3542-2023)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

3. Subsidiariamente, solicitó modificar la Resolución 00000175 del 5 de febrero de 2020
en el sentido de excluir de la afectación de las pólizas los valores reconocidos por
concepto de sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo (en adelante CST) y de la sanción por la no consignación oportuna de cesantías
contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, con el consecuente reembolso de
las sumas pagadas por dichos conceptos.

4. Expuso que celebró con la empresa de servicios temporales Opción Plus S.A.S., en
calidad de tomadora, un contrato de seguro materializado en las pólizas números 21-43-
101017381 y 21-43-101019495, mediante las cuales garantizó el cumplimiento de las
obligaciones legales a cargo de dicha empresa frente a los trabajadores en misión. Indicó
que las partes acordaron que el contrato se regiría por las condiciones generales
contenidas en el condicionado E-CU-021A, autorizado por la Superintendencia
Financiera de Colombia, el cual delimitó los riesgos amparados y las exclusiones de
cobertura, aspectos que, a su juicio, debían ser observados por la Nación - Ministerio del
Trabajo al momento de declarar el siniestro y ordenar la efectividad de las pólizas.

5. Señaló que, durante el año 2019, varios extrabajadores de Opción Plus S.A.S.
reclamaron el pago de salarios y prestaciones sociales insolutas y posteriormente un
grupo de trabajadores solicitó a la Nación - Ministerio del Trabajo la declaratoria de
iliquidez de la empresa de servicios temporales y la efectividad de las pólizas de garantía
constituidas por esta. Como consecuencia de dicha solicitud, la Dirección Territorial
Atlántico adelantó el procedimiento administrativo previsto para esos eventos y, mediante
la Resolución 00000175 del 5 de febrero de 2020, declaró la iliquidez de Opción Plus
S.A.S. y ordenó hacer efectivas las pólizas expedidas por Seguros del Estado S.A., hasta
por las sumas de $ 540.205.076 y $ 118.433.629, destinadas al pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones en favor de 94 trabajadores en misión.

6. Indicó que contra la Resolución 00000175 del 5 de febrero de 2020 interpuso
oportunamente los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales fueron
resueltos mediante las Resoluciones 00796 del 20 de octubre y 00871 del 10 de
noviembre de 2020, que confirmaron íntegramente la decisión inicial. Cuestionó la
declaratoria de iliquidez y la afectación de las pólizas por considerar que la Nación -
Ministerio del Trabajo desconoció el procedimiento previsto en el Decreto 4369 de 2006
y las condiciones generales del contrato de seguro, al omitir acreditar debidamente los
presupuestos que permitían presumir la iliquidez de la empresa y prescindir del concepto
técnico-económico de la Subdirección de Inspección, sin verificar individualmente las
circunstancias de cada uno de los trabajadores reclamantes ni la documentación que
soportaba las liquidaciones efectuadas. Sostuvo que la administración ordenó hacer
efectivas las pólizas respecto de conceptos excluidos de la cobertura contractual,
particularmente la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del CST y la sanción por
la no consignación oportuna de cesantías contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, pese a que tales rubros no correspondían a salarios ni prestaciones sociales
garantizadas por el contrato de seguro.

7. Alegó que los actos administrativos incurrieron en infracción de las normas en que
debían fundarse y en falsa motivación. Sostuvo, de una parte, que la Nación - Ministerio

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

del Trabajo desconoció el procedimiento previsto en el artículo 18 del Decreto 4369 de
2006 y en el Anexo Técnico 2 del procedimiento administrativo general, al omitir el
concepto técnico exigido para la declaratoria de iliquidez y no demostrar los presupuestos
que habilitaban prescindir del estudio económico, así como al efectuar las liquidaciones
laborales sin soporte documental suficiente respecto de cada trabajador. De otra parte,
afirmó que la entidad desatendió la naturaleza jurídica del contrato de seguro y las
condiciones generales de las pólizas al extender la cobertura a conceptos expresamente
excluidos, como la sanción moratoria del artículo 65 del CST y la sanción por la no
consignación oportuna de cesantías, las cuales, según indicó, no constituyen salarios ni
prestaciones sociales y recaen exclusivamente sobre el empleador.

8. Finalmente, sostuvo que la Nación - Ministerio del Trabajo asimiló indebidamente el
seguro de cumplimiento de disposiciones legales a un seguro previsional, desconociendo
que el primero se rige por las reglas propias del contrato de seguro patrimonial y por las
condiciones pactadas entre las partes.

Contestación de la demanda

9. La Nación – Ministerio del Trabajo se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
Precisó que la póliza 21-43-101019495 no tuvo vigencia entre el 1.º de julio y el 31 de
diciembre de 2019, como lo afirmó la demandante, sino entre el 1.º de enero y el 31 de
diciembre de ese año. Agregó que la entidad únicamente recibe en depósito la póliza
exigida por la ley para el funcionamiento de las empresas de servicios temporales y no
los anexos o acuerdos particulares celebrados entre la aseguradora y el tomador, razón
por la cual tales estipulaciones no pueden oponerse a la administración. Sostuvo que la
garantía tiene como objeto asegurar el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de los trabajadores en misión en caso de iliquidez de la empresa de
servicios temporales, conforme a la Ley 50 de 1990 y al Decreto 4369 de 2006, compilado
en el Decreto 1072 de 2015, por lo que las partes no podían modificar mediante acuerdos
privados el contenido mínimo de esa cobertura.

10. Señaló que la declaratoria de iliquidez y la consecuente efectividad de las pólizas se
ajustaron plenamente al artículo 18 del Decreto 4369 de 2006, pues quedó acreditado
que Opción Plus S.A.S. incurrió en dos de las causales legales que permiten presumir la
iliquidez sin necesidad de adelantar un estudio económico: (i) el incumplimiento en el
pago de dos períodos consecutivos de salarios respecto de varios trabajadores y (ii) la
mora reiterada en el pago de aportes al sistema de seguridad social durante múltiples
períodos. Resaltó que dichas circunstancias fueron demostradas con la documentación
aportada por los trabajadores y sus apoderados, la cual sirvió de fundamento para la
expedición de la Resolución 00000175 del 5 de febrero de 2020. Explicó que previamente
había sido cancelada la autorización de funcionamiento de Opción Plus S.A.S. por
incumplir la obligación de presentar informes y renovar oportunamente la póliza de
garantía.

11. Frente al cargo relacionado con la ausencia del concepto técnico-económico, sostuvo
que este no era exigible en el caso concreto. El artículo 18 del Decreto 4369 de 2006
autoriza presumir la iliquidez sin necesidad de dicho estudio cuando se configuran las

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

causales previstas en sus numerales 1 y 3, como ocurrió en este asunto. Agregó que el
anexo técnico invocado por la demandante constituye un lineamiento interno de la entidad
y que el concepto económico únicamente procede cuando la solicitud de declaratoria de
iliquidez es presentada por la propia empresa de servicios temporales, supuesto en el
cual esta debe aportar la información financiera necesaria para elaborar el estudio. En
contraste, cuando la actuación se inicia por solicitud de los trabajadores, estos carecen
de acceso a dicha documentación, razón por la cual la normativa prevé expresamente la
excepción para garantizar la protección efectiva de sus derechos laborales.

12. Rechazó el argumento según el cual las liquidaciones laborales carecían de soporte
probatorio. Afirmó que el inspector de trabajo elaboró las liquidaciones con fundamento
en la información suministrada por cada trabajador y en los documentos obrantes en el
expediente, entre ellos certificados laborales, constancias sobre salarios, fechas de
ingreso y retiro, reclamaciones de acreencias laborales, proyecciones de liquidación y
soportes del incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al
sistema de seguridad social. En consecuencia, sostuvo que la Resolución 00000175 de
2020 se sustentó en pruebas suficientes y que la aseguradora ejerció plenamente su
derecho de defensa mediante la interposición de los recursos administrativos
correspondientes.

13. En cuanto al alcance de la cobertura de las pólizas, manifestó que estas amparaban
expresamente el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los
trabajadores en misión, sin distinguir entre las diferentes clases de indemnización
previstas en la legislación laboral. Por ello, sostuvo que esa entidad actuó conforme a
derecho al incluir dentro de la efectividad de la garantía la indemnización moratoria
prevista en el artículo 65 del CST y la sanción por la no consignación oportuna de
cesantías establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por cuanto ambas
constituyen indemnizaciones derivadas del incumplimiento de obligaciones laborales.
Precisó, finalmente, que el acto administrativo no reconoció suma alguna por concepto
de vacaciones, al considerar que dicho rubro no estaba comprendido dentro de la
cobertura de la póliza.

Sentencia apelada

14. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 2 de septiembre de
2022, negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no era exigible el concepto
técnico-económico cuya ausencia cuestionó la aseguradora. Explicó que el artículo 18
del Decreto 4369 de 2006 autoriza presumir el estado de iliquidez de una empresa de
servicios temporales sin necesidad de dicho estudio cuando se configure cualquiera de
las causales previstas en esa disposición. Encontró acreditado que Opción Plus S.A.S.
incurrió en el incumplimiento del pago de salarios y en la mora reiterada en el pago de
aportes al sistema de seguridad social, circunstancias demostradas mediante las
certificaciones y demás documentos allegados al expediente administrativo. En
consecuencia, concluyó que la administración estaba facultada para declarar el siniestro
y hacer efectivas las pólizas de garantía, sin que fuera necesario solicitar el concepto
económico de la Subdirección de Inspección.

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

15. Precisó que la obligación de pagar salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
recaía sobre Opción Plus S.A.S., en su condición de empleadora, y que precisamente
para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones se constituyeron las pólizas
expedidas por Seguros del Estado S.A.

16. Descartó que la Nación - Ministerio del Trabajo hubiera desconocido el alcance de
las pólizas al incluir dentro de su cobertura la sanción moratoria prevista en el artículo 65
del CST y la sanción por la no consignación oportuna de cesantías consagrada en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Señaló que ambos conceptos tienen naturaleza
indemnizatoria, pues buscan resarcir al trabajador por el incumplimiento del empleador
en el pago oportuno de sus acreencias laborales. Agregó que en el expediente no existía
prueba alguna que demostrara que Opción Plus S.A.S. hubiera actuado de buena fe o
que el incumplimiento obedeciera a circunstancias ajenas a su voluntad; por el contrario,
se acreditó que la empresa incumplió sus obligaciones laborales, no atendió los
requerimientos formulados durante la actuación administrativa y, además, le fue
cancelada la autorización de funcionamiento. Concluyó que las indemnizaciones
previstas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990 se encontraban
comprendidas dentro del amparo de las pólizas, las cuales garantizaban el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores en misión.

17. Resaltó que el cargo relacionado con el pago de vacaciones tampoco estaba llamado
a prosperar, por cuanto ese concepto no fue incluido dentro de la efectividad de las
pólizas ordenada en la Resolución 00000175 de 2020. Concluyó que los actos
administrativos demandados conservaban su presunción de legalidad, negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas por no
encontrarlas causadas.

Recurso de apelación

18. La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda. Como primer reparo, sostuvo que el Tribunal
erró al concluir que la Nación - Ministerio del Trabajo podía ordenar la afectación de las
pólizas con fundamento en la presunta mala fe de Opción Plus S.A.S. Afirmó que la
autoridad administrativa no adelantó un análisis que permitiera establecer las razones
por las cuales la empresa dejó de pagar salarios y prestaciones sociales, ni demostró los
elementos de juicio que sustentaran dicha calificación.

19. Agregó que, en todo caso, la determinación sobre la existencia de buena o mala fe
del empleador para efectos de imponer la indemnización moratoria prevista en el artículo
65 del CST corresponde exclusivamente al juez laboral y no a la administración, de
manera que el Tribunal debió declarar la nulidad de los actos acusados por vulneración
del debido proceso y falsa motivación. Subsidiariamente, sostuvo que, aun si se admitiera
la competencia de la Nación - Ministerio del Trabajo para efectuar ese análisis, los actos
administrativos carecen de motivación suficiente, pues no explicaron las razones fácticas
y probatorias que condujeron a concluir que el empleador actuó de mala fe.

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

20. Como segundo reparo, manifestó que el Tribunal interpretó erradamente el alcance
de las pólizas de cumplimiento al considerar que amparaban el pago de la indemnización
moratoria del artículo 65 del CST. Argumentó que dicha indemnización tiene naturaleza
sancionatoria y no salarial, prestacional ni indemnizatoria en los términos previstos en las
pólizas, por lo que no integra el riesgo asegurado. Añadió que, si se parte de la premisa
acogida por la Nación - Ministerio del Trabajo y por el Tribunal según la cual el empleador
actuó de mala fe, la conducta imputada constituye un actuar doloso, supuesto que resulta
inasegurable conforme al artículo 1055 del Código de Comercio. En consecuencia,
sostuvo que la autoridad administrativa incurrió en falsa motivación al extender la
cobertura del seguro a un riesgo excluido por la ley y por el contrato de seguro.

21. Por último, insistió en que las pólizas de cumplimiento no podían afectarse para cubrir
el pago de la sanción moratoria, por cuanto esta constituye una sanción personal
impuesta al empleador como consecuencia de su conducta y no una obligación laboral
garantizada por el seguro. Reiteró que las sanciones legales son inasegurables y, por
tanto, solicitó revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenar el reintegro de las sumas pagadas por la
afectación de las pólizas.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. Mediante auto proferido el 20 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.

23. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

24. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Atlántico erró al
negar las pretensiones de la demanda al considerar ajustados a derecho los actos
administrativos mediante los cuales la Nación – Ministerio del Trabajo hizo efectivas las
pólizas expedidas por Seguros del Estado S.A. Para tal efecto, deberá establecerse: (i)
la competencia de la demandada para incluir en las liquidaciones la indemnización
moratoria prevista en el artículo 65 del CST y si, antes de hacerlo, valoró las
circunstancias que rodearon el incumplimiento de Opción Plus S.A.S.; además (ii) si dicho
concepto se encontraba comprendido en la cobertura legal y contractual de las pólizas o

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si, por su naturaleza, constituía un riesgo inasegurable conforme al artículo 1055 del
Código de Comercio.

Análisis

26. La Sala confirmará la sentencia apelada. Ninguno de los reparos formulados por
Seguros del Estado S.A. desvirtúa la legalidad de los actos administrativos demandados.
El artículo 18 del Decreto 4369 de 20061 atribuye al Ministerio del Trabajo la facultad de
declarar el siniestro y ordenar directamente a la aseguradora el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones, con fundamento en las liquidaciones
elaboradas por el inspector de trabajo; por tanto, dicha competencia comprende la
determinación de los conceptos laborales cubiertos por la garantía, incluida la
indemnización moratoria.

27. Además, la administración no reconoció la indemnización de forma automática e
inmotivada a causa de la sola existencia de la mora; por el contrario, valoró el carácter
reiterado y generalizado de los incumplimientos y la ausencia de razones objetivas que
los justificaran. Finalmente, ese concepto integra la cobertura legal y contractual de las
pólizas y no corresponde a una sanción penal o policiva ni su reconocimiento supone
asegurar una conducta dolosa. Por consiguiente, el artículo 1055 del Código de Comercio
no impedía hacer efectiva la garantía.

28. A efectos de desarrollar las premisas conclusivas expuestas, la Sala recuerda que
Seguros del Estado S.A. y la empresa de servicios temporales Opción Plus S.A.S.
celebraron un contrato de seguro de cumplimiento de disposiciones legales,
materializado en las pólizas números 21-43-101017381 y 21-43-101019495, mediante
las cuales la aseguradora garantizó la observancia de las obligaciones legales a cargo
de la empresa frente a los trabajadores en misión. Según lo pactado, la cobertura
comprendía el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que
legalmente estuviera obligada a reconocer la empresa de servicios temporales.

1 Artículo 18. Efectividad de la póliza de garantía. La póliza de garantía se hará efectiva a solicitud de los trabajadores
en misión, cuando la Empresa de Servicios Temporales se encuentre en iliquidez la cual se presumirá, sin necesidad
de estudios económicos, cuando ocurra uno o más de los siguientes eventos:
1. Que el funcionario competente del Ministerio de la Protección Social compruebe que por razones de iliquidez, la
Empresa ha incumplido en el pago de dos o más períodos consecutivos de salario, de acuerdo con lo establecido en
el contrato de trabajo.
2. Que exista mora en el pago de los aportes a la seguridad social por más de cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio
de la cancelación de la autorización de funcionamiento de que trata el artículo 3° de la Ley 828 del 2003.
3. Que durante más de tres (3) ocasiones en una anualidad, exista mora en el pago de aportes a la seguridad social.
4. Que la Empresa de Servicios Temporales entre en el proceso de acuerdo de reestructuración de obligaciones.
5. Que la Empresa de Servicios Temporales se declare en estado de iliquidez.
Cuando un grupo de trabajadores presente queja formal por presunta iliquidez de la Empresa de Servicios Temporales,
el funcionario competente solicitará a la Coordinación del Grupo de Relaciones Individuales y Colectivas de la Unidad
Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, que realice el
correspondiente estudio económico y determine dentro de los treinta (30) días siguientes, si se encuentra o no en
estado de iliquidez.
Determinado el estado de iliquidez, sea por la ocurrencia de uno de los hechos descritos en el presente artículo o a
través del estudio económico, el funcionario competente procederá por solicitud de los trabajadores en misión, a hacer
efectiva la póliza de garantía, mediante acto administrativo que declara el siniestro y ordenará directamente a la
compañía de seguros realizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, con base en las
liquidaciones que para el efecto elabor e el Inspector de Trabajo del lugar donde se prestó el servicio.

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29. Posteriormente, varios extrabajadores de Opción Plus S.A.S. solicitaron a la Nación
• Ministerio del Trabajo la declaratoria de iliquidez de esa empresa y la efectividad de las
pólizas constituidas en garantía de sus acreencias laborales, al considerar que aquella
incumplió el pago de salarios y prestaciones sociales. En virtud de dicha solicitud, la
Dirección Territorial Atlántico adelantó el procedimiento administrativo previsto para esos
eventos.

30. Como resultado de esa actuación, mediante la Resolución 00000175 del 5 de febrero
de 2020, la Nación - Ministerio del Trabajo declaró que Opción Plus S.A.S. se encontraba
en estado de iliquidez y ordenó hacer efectivas las pólizas expedidas por Seguros del
Estado S.A. para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
reconocidas a favor de los trabajadores en misión. Posteriormente, las Resoluciones
00796 del 20 de octubre y 00871 del 10 de noviembre de 2020 confirmaron íntegramente
esa decisión al resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos por la
aseguradora.

31. La aseguradora promovió el presente medio de control cuestionando diversos
aspectos de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el estado de
iliquidez de Opción Plus S.A.S. y se ordenó la efectividad de las pólizas expedidas a su
favor. Sin embargo, en sede de apelación delimitó el debate a determinadas
inconformidades: de una parte, sostuvo que la Nación - Ministerio del Trabajo reconoció
la indemnización prevista en el artículo 65 del CST sin verificar previamente las
circunstancias que rodearon el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte del
empleador; y, de otra, insistió en que dicho concepto no se encontraba amparado por las
pólizas de cumplimiento. En consecuencia, la Sala circunscribirá su análisis a esos
reparos, en observancia del principio de congruencia que gobierna la competencia del
juez de segunda instancia.

De la competencia del Ministerio del Trabajo y de la valoración de las
circunstancias del incumplimiento para incluir la indemnización prevista en el
artículo 65 del CST

32. Seguros del Estado S.A. sostuvo que el Tribunal Administrativo del Atlántico erró al
concluir que la Nación - Ministerio del Trabajo podía ordenar la efectividad de las pólizas
respecto de la indemnización prevista en el artículo 65 del CST sin establecer
previamente las razones por las cuales Opción Plus S.A.S. dejó de pagar los salarios y
prestaciones sociales de sus trabajadores. En criterio de la apelante, la indemnización
prevista en esa disposición no opera automáticamente por la sola existencia del
incumplimiento, sino que exige verificar si la conducta del empleador estuvo o no
amparada por la buena fe, valoración que, además, afirmó, corresponde realizar al juez
laboral.

33. El Tribunal consideró que la actuación administrativa se ajustó al ordenamiento por
cuanto en el expediente no existía prueba que demostrara que Opción Plus S.A.S.
hubiera actuado de buena fe. Por el contrario, estimó acreditado que la empresa
incumplió reiteradamente sus obligaciones laborales desatendió los requerimientos
formulados durante la actuación administrativa y le fue cancelada la autorización de

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funcionamiento, circunstancias que, a su juicio, justificaban el reconocimiento de la
indemnización moratoria y su inclusión dentro de la cobertura de las pólizas.

34. Aunado a ello y en punto de la habilitación legal para el efecto, se encuentra que el
artículo 18 del Decreto 4369 de 2006 establece que, una vez determinado el estado de
iliquidez de la empresa de servicios temporales, el funcionario competente hará efectiva
la póliza mediante acto administrativo que declare el siniestro y ordenará directamente a
la compañía de seguros realizar el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones, con base en las liquidaciones que elabore el inspector de trabajo del
lugar donde se prestó el servicio. La atribución conferida por esa disposición no se limita
a constatar la ocurrencia del siniestro, sino que comprende la identificación y liquidación
de las acreencias laborales que deben pagarse con cargo a la garantía.

35. En un asunto análogo, la Sección Segunda, Subsección B2 de esta corporación
concluyó que el Ministerio del Trabajo era competente para reconocer y liquidar la
indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, por tratarse de uno de los
conceptos comprendidos en la expresión «indemnizaciones» empleada por el artículo 18
del Decreto 4369 de 2006. Asimismo, precisó que la autoridad no actúa como titular de
una potestad sancionadora, sino que ejecuta el mandato legal de determinar las
obligaciones laborales garantizadas por la póliza. La Sala comparte ese criterio.

36. Por ello, no prospera el argumento según el cual la determinación de ese concepto
corresponde exclusivamente al juez laboral. En este procedimiento especial, el Ministerio
del Trabajo no resuelve con efectos de cosa juzgada una controversia individual entre
empleador y trabajador ni impone una sanción administrativa; establece, para efectos de
hacer efectiva la garantía obligatoria, cuáles acreencias laborales se causaron y deben
ser pagadas por la aseguradora dentro del límite y las condiciones de la póliza. Esa
actuación se encuentra expresamente autorizada por el artículo 18 del Decreto 4369 de
2006 y no comporta una usurpación de la función jurisdiccional.

37. La competencia atribuida al Ministerio del Trabajo para hacer efectiva la póliza
responde a una lógica semejante a la reconocida respecto de las garantías que amparan
el cumplimiento de los contratos estatales. En esos eventos, la facultad de declarar
administrativamente la ocurrencia del siniestro comprende la determinación de los
hechos que configuran el riesgo asegurado y la cuantificación de sus consecuencias
económicas, sin que ello comporte el ejercicio de funciones jurisdiccionales ni la
imposición de una sanción a la aseguradora. De igual manera, el artículo 18 del Decreto
4369 de 2006 atribuyó al Ministerio del Trabajo la competencia para verificar la iliquidez
de la empresa de servicios temporales, declarar el siniestro y ordenar el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones liquidados por el inspector de trabajo.
Por consiguiente, la facultad para hacer efectiva la garantía comprende necesariamente
la de establecer cuáles acreencias laborales integran el riesgo asegurado y cuál es su
valor, sin perjuicio del control judicial posterior sobre la legalidad del acto administrativo.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de

febrero de 2026, radicación 08001-23-33-000-2018-00417-01 (4666-2024)

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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00309-01 (3542-2023)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

38. Ahora bien, el artículo 65 del CST dispone que, si a la terminación del contrato el
empleador no paga los salarios y prestaciones debidas, debe reconocer al trabajador una
indemnización por cada día de retardo. La jurisprudencia ordinaria laboral3 ha precisado
que esta consecuencia no opera automáticamente por la sola existencia de la mora, sino
que exige examinar la conducta del empleador y establecer si estuvo respaldada por
razones serias, atendibles y objetivamente justificadas. La carga de exponer y respaldar
tales circunstancias corresponde al empleador, por tratarse de hechos ubicados en su
esfera de conocimiento, pero ello no autoriza a presumir su mala fe ni releva a la autoridad
de valorar integralmente el material probatorio.

39. En consecuencia, la competencia para elaborar las liquidaciones y ordenar el pago
de las indemnizaciones también comprende el deber de verificar si concurren los
presupuestos materiales de la indemnización moratoria pero no bajo los mismos
márgenes que se predican del empleador. Si bien es cierto el Ministerio del Trabajo no
podía incluirla con fundamento exclusivo en la falta de pago, lo exigible era verificar,
además, si existían o no razones objetivas y atendibles que justificaran su conducta.

40. Del examen de las resoluciones demandadas se advierte que la administración no
fundamentó su decisión únicamente en la comprobación de la mora. La Resolución
00000175 del 5 de febrero de 2020 dio cuenta del incumplimiento reiterado del pago de
salarios y prestaciones sociales respecto de un número significativo de trabajadores en
misión, así como de la mora prolongada y recurrente en los aportes al sistema de
seguridad social. También señaló que Opción Plus S.A.S. fue requerida durante la
actuación y no aportó elementos dirigidos a explicar el incumplimiento; además, como
circunstancia contextual, indicó que su autorización de funcionamiento había sido
cancelada por incumplir obligaciones relacionadas con la presentación de informes y la
renovación de la póliza. Estos fundamentos fueron mantenidos al resolverse los recursos
administrativos.

41. La falta de respuesta del empleador, considerada aisladamente, no sería suficiente
para derivar la procedencia de la indemnización moratoria. Sin embargo, en este caso
fue valorada conjuntamente con la pluralidad de trabajadores afectados, el carácter
reiterado y prolongado de la falta de pago de salarios, prestaciones y aportes al sistema
de seguridad social, y la ausencia de cualquier elemento que permitiera identificar una
dificultad transitoria, una controversia razonable sobre las acreencias o una circunstancia
ajena a la voluntad de la empresa. En ese contexto, la administración contó con
elementos suficientes para concluir que no existían razones serias y atendibles que
justificaran la mora.

42. En esas condiciones, la indemnización prevista en el artículo 65 del CST no fue
reconocida automáticamente ni con fundamento en una simple presunción de mala fe.
Los actos acusados examinaron el contexto del incumplimiento y explicaron por qué los
elementos recaudados no permitían advertir una justificación objetiva para la conducta
de Opción Plus S.A.S. Por consiguiente, el Ministerio del Trabajo era competente para

3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencias SL11436-2016 del 29 de junio de 2016, rad. 45536,

SL16884-2016 del 16 de noviembre de 2016, rad. 40272, y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
sentencia SL13187-2015 del 15 de septiembre de 2015, rad. 39586.

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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00309-01 (3542-2023)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

incluir ese concepto en las liquidaciones y la decisión contó con motivación suficiente,
razón por la cual el primer reparo de la apelación no prospera.

De la cobertura y asegurabilidad de la indemnización prevista en el artículo 65 del
CST

43. Seguros del Estado S.A. sostiene que el Tribunal incurrió en error al concluir que la
indemnización prevista en el artículo 65 del CST se encontraba amparada por las pólizas
de cumplimiento objeto del litigio. A su juicio, dicho concepto tiene naturaleza
sancionatoria, no integra el riesgo asegurado y, al derivarse de la presunta mala fe del
empleador equivaldría a cubrir una conducta dolosa prohibida por el artículo 1055 del
Código de Comercio.

44. Los artículos 11 y 18 del Decreto 4369 de 2006 definen el contenido mínimo de la
garantía que deben constituir las empresas de servicios temporales: el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores en misión en caso
de iliquidez. Por tratarse de una cobertura impuesta por normas de orden público para
proteger los derechos laborales, las estipulaciones particulares no pueden reducir ese
contenido mínimo. En el mismo sentido, el objeto de las pólizas expedidas por Seguros
del Estado S.A. comprendió expresamente “el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones exclusivamente de los trabajadores en misión en caso de iliquidez de la
empresa de servicios temporales”.

45. El artículo 65 del CST califica expresamente la consecuencia derivada de la mora
como una indemnización. Aunque la jurisprudencia4 también le reconoce un propósito
sancionador frente al empleador incumplido, esa finalidad no la convierte en una sanción
administrativa, penal o policiva. Se trata de una consecuencia económica de origen
laboral, establecida en favor del trabajador para compensar el retardo injustificado en el
pago de salarios y prestaciones sociales.

46. En línea con ello, el artículo 1055 del Código de Comercio dispone que el dolo, la
culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario
son inasegurables, y que tampoco produce efectos la estipulación destinada a amparar
sanciones de carácter penal o policivo. Esta prohibición no comprende toda obligación
patrimonial que tenga una función disuasoria o sea denominada “sanción” por la
jurisprudencia. Como la indemnización del artículo 65 del CST no tiene naturaleza penal
ni policiva, su inclusión dentro de la garantía obligatoria no desconoce la segunda
prohibición prevista en esa disposición.

47. Tampoco puede equipararse la ausencia de razones serias y atendibles que
justifiquen la mora con la demostración de dolo en los términos del contrato de seguro.
El juicio de buena fe exigido para aplicar el artículo 65 del CST busca establecer si el
empleador contaba con una explicación objetiva y razonable para no pagar, pero no exige
acreditar la intención deliberada de causar el siniestro o perjudicar a los trabajadores. Por

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de
febrero de 2026, radicación 08001-23-33-000-2018-00417-01 (4666-2024)

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Demandante: Seguros del Estado S.A.

ello, el reconocimiento de la indemnización moratoria no significa que la póliza esté
cubriendo el dolo del tomador.

48. Las condiciones contractuales aplicables a las pólizas confirman esa conclusión. En
las carátulas de las garantías números 21-43-101017381 y 21-43-1010194955 se estipuló
que el objeto del seguro comprendía el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de los trabajadores en misión en caso de iliquidez de la empresa de
servicios temporales. A su vez, la condición primera del aparte E-CU-021A amparó el
riesgo de incumplimiento de las obligaciones emanadas de las disposiciones legales
señaladas en la carátula, imputable a la persona obligada, mientras que la condición
tercera estableció que el siniestro se causaba con la ejecutoria de la resolución
administrativa que declarara dicho incumplimiento. De esas estipulaciones se desprende
que Seguros del Estado S.A. no responde por una sanción que le haya sido impuesta a
título propio, sino por la configuración del siniestro amparado y por las consecuencias
económicas derivadas del incumplimiento de las obligaciones laborales comprendidas en
la cobertura.

49. Contrario a lo afirmado por la apelante, ni las carátulas de las pólizas ni el
condicionado general E-CU-021A excluyeron expresamente la indemnización prevista en
el artículo 65 del CST. El objeto del seguro utilizó, sin restricción adicional, la expresión
“indemnizaciones”, y las condiciones generales aportadas al proceso no incorporaron una
cláusula que limitara la cobertura a la indemnización por terminación unilateral del
contrato sin justa causa prevista en el artículo 64 del CST. En consecuencia, esa
restricción no puede deducirse de los documentos contractuales que obran en el
expediente.

50. Por tanto, la denominación “sanción moratoria” no basta para excluir este concepto
del amparo, ni la falta de una justificación objetiva para la mora permite afirmar que se
aseguró una conducta dolosa. La cobertura legal y contractual emplea la expresión
amplia “indemnizaciones” y no existe incompatibilidad entre esa garantía y las
prohibiciones previstas en el artículo 1055 del Código de Comercio.

51. La Sala concluye que el Tribunal acertó al considerar que la indemnización prevista
en el artículo 65 del CST estaba comprendida en las pólizas expedidas por Seguros del
Estado S.A. y podía ser pagada con cargo a ellas. El Ministerio del Trabajo no trasladó a
la aseguradora una sanción personal impuesta al empleador, sino que hizo efectiva la
garantía respecto de una obligación laboral legalmente cubierta. Por consiguiente, el
segundo reparo de la apelación tampoco está llamado a prosperar.

Condena en costas

52. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica

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Índice Samai 00

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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00309-01 (3542-2023)
Demandante: Seguros del Estado S.A.

y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así una excepción
a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

54. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366
del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

55. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte demandante por
cuanto no prosperaron los argumentos expuestos en el recurso de apelación
encaminados a desvirtuar la decisión de fondo adoptada por el Tribunal. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
despacho ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, conforme a lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a Seguros del Estado S.A., de
acuerdo con lo señalado en la parte motiva.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00309-01 (3542-2023)
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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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