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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00311-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00311-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo Atlántico, Sala de Decisión Oral A, el 21 de marzo de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Nidia Rosa Ocampo Suárez en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. 23 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2021-00311-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de abril de 2025

Radicación: 08001-23-33-000-2021-00311-01 (2667-2024)
Demandante: Nidia Rosa Ocampo Suárez
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00311-01 (2667-2024)
Demandante: Nidia Rosa Ocampo Suárez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: tiempo de servicios. Acreditación.
Subtema 2: presupuestos para el reconocimiento de la pensión gracia. Tipo de vinculación y
naturaleza de la plaza.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, el 21 de
marzo de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Nidia Rosa Ocampo Suárez solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (en adelante UGPP), entidad que negó la prestación al considerar
que su vinculación docente, en mayor parte, fue de carácter nacional. Además, afirmó
que las vinculaciones con las que pretendió acreditar el requisito se hicieron con cargo
al situado fiscal. La demandante aduce que el acto administrativo es nulo porque
acredita la vinculación de carácter territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y, por
lo tanto, es beneficiaria de la pensión gracia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

2.1.1. Pretensiones

1. Nidia Rosa Ocampo Suárez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, el 15 de junio de 2021, en contra de la UGPP,

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Demandante: Nidia Rosa Ocampo Suárez
Demandado: UGPP

con las siguientes pretensiones1:

(i) Que se declare la nulidad del acto administrativo ADP nro. 001005 del 26 de
febrero de 2020, mediante el cual el subdirector de Determinación de Derechos
Pensionales de la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, así
como del ADP-002089 del 21 de abril de 2020, que confirmó la decisión anterior.

(ii) Que se condene a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia reclamada
por la actora, a partir de la consolidación del estatus pensional, con el ajuste que
autoriza el artículo 187 del CPACA.

(iii) Que se condene a la UGPP al pago de los intereses moratorios previstos en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

(iv) Que se condene en costas y agencias en derecho al ente demandado.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

(i) Nació el 26 de enero de 1955, de manera que cumplió 50 años el 26 de
enero de 2005;
(ii) se desempeñó como docente territorial en los siguientes periodos: del 14 de
octubre de 1975 al 15 de octubre de 1976 y del 7 de diciembre de 1994 al
19 de marzo de 2014;
(iii) la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia mediante los actos
administrativos ADP 001005 del 26 de febrero de 2020 y ADP-002089 del
21 de abril de 2020, con fundamento en que no acreditó el tiempo requerido
en la docencia departamental, distrital, municipal o nacionalizada.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La actora citó como normas violadas las siguientes: la Constitución Política,
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 83, 85, 113 y 209; la Ley 114 de 1913,
artículos 1, 3 y 4; la Ley 116 de 1928, artículo 6; la Ley 141 de 1961; la Ley 33 de 1985;
la Ley 62 de 1985; el Decreto 1042 de 1978; el Decreto Ley 2277 de 1979, artículo 3;
el Decreto 081 de 1976; la Ley 91 de 1989, artículo 15, literal a) del numeral 2; la Ley
812 de 2003, artículo 81.

4. En el concepto de la violación, la parte actora expuso que los actos demandados,
al negar el reconocimiento de la pensión gracia, incurrieron en aplicación indebida del
artículo 1 de la Ley 114 de 1913, porque no tuvieron en cuenta que acreditó 20 años
de servicio docente con vinculación de carácter territorial y que el pago de los salarios
se efectuó con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.

1 Samai, índice 2, archivo «ED_08001233300020210031(.zip)» expediente digital, documento PDF 001, págs. 17

a 20.
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5. Afirmó que tampoco aplicó el parágrafo 3 de la Ley 33 de 1985, toda vez que la
entidad desconoció que el régimen pensional de los empleados del servicio educativo
oficial se rige por los principios de favorabilidad, efectividad, eficacia y celeridad, por
tratarse de derechos laborales ciertos e irrenunciables.

2.2. Contestación de la demanda

6. La apoderada de la UGPP propuso las excepciones de legalidad de los actos,
«imposibilidad de restablecer derechos», ineptitud sustantiva de la demanda,
prescripción y la genérica o innominada. Para oponerse a las pretensiones, afirmó que
la actora no cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, ya que
registra tiempos con vinculación de carácter nacional2.

7. Afirmó que los actos administrativos que negaron la pensión gracia se ajustan a la
legalidad, porque la demandante no acreditó 20 años de servicio en plazas docentes
territoriales o nacionalizadas. Además, señaló que la vinculación registrada desde el 7
de diciembre de 1994 es de carácter nacional, como consta en la información laboral
y en el hecho de que los recursos utilizados para el pago de los salarios provinieron
del Sistema General de Participaciones, lo que hace improcedente el reconocimiento
del derecho.

2.3. Sentencia de primera instancia

8.El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante sentencia
del 21 de marzo de 2023, declaró no probadas las excepciones propuestas por la
entidad demandada, decretó la nulidad de los actos administrativos demandados y
condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
demandante a partir del 19 de marzo de 2014, con la inclusión de los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional.

9. Al sustentar la decisión, el tribunal afirmó que el Decreto 0643 de 1975 y el Acta
nro. 429 del 14 de octubre de 1975 acreditan la vinculación de la actora como docente
distrital de primaria. Además, estuvo vinculada como docente primaria desde el 7 de
diciembre de 1994 hasta el 19 de marzo de 2014, fecha para la cual laboraba en la
Institución Educativa Técnica Comercial la Inmaculada en el municipio de Campo de
la Cruz. Respecto de la última vinculación precisó que, si bien en la certificación de
tiempo de servicio expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del
Atlántico se señaló que la vinculación fue de carácter nacional, lo cierto es que estaba
adscrita a una entidad territorial.

10. Concluyó que, conforme con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
21 de junio de 2018, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia lo relevante
es la naturaleza de la plaza, es decir, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
requisito que se acreditó en el caso bajo estudio.

11. Adicionalmente, sostuvo que no operó el fenómeno de la prescripción, ya que la
demandante disponía de un término de 3 años para exigir el reconocimiento de la
2 Samai, índice 2, archivo «ED_08001233300020210031(.zip)» expediente digital, carpeta «CONTESTACIÓN»

documento PDF «NIDIA OCAMPO SUAREZ ESCRITO DE CONTESTACION DE DEMANDA».
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obligación a cargo de la entidad demandada, contados a partir del 19 de marzo de
2014, fecha a partir de la cual adquirió el estatus pensional, y la petición de
reconocimiento de la pensión gracia la presentó el 20 de mayo de 2015.

12. No condenó en costas a la parte demandada, con fundamento en que no fueron
causadas ni probadas, en los términos del numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso (CGP).

2.4 . Recurso de apelación

13. La UGPP solicitó que se revoque el fallo de primera instancia. Así, cuestionó la
valoración probatoria realizada por el tribunal respecto a los tiempos de servicio
prestados por la actora entre el 14 de octubre de 1975 y el 15 de octubre de 1976, con
el argumento de que no existe prueba de que dicho servicio se prestó de manera
continua y sin interrupciones, ni acreditación de la buena conducta3.

14. Además, sostuvo que, al 29 de diciembre de 1989, cuando entró en vigencia la
Ley 91 de 1989, la demandante no contaba con los 20 años de servicio docente con
vinculación nacionalizada, ni con la edad de 50 años, requisitos que debía cumplir para
esa fecha conforme con las sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000.

15. Insistió en que el tiempo de servicio prestado por la demandante en el
departamento del Atlántico, desde el 7 de diciembre de 1994 hasta el 17 de marzo de
2014, fue de carácter nacional, según consta en el certificado expedido por el
departamento del Atlántico, motivo por el cual era improcedente el reconocimiento de
la pensión gracia.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

16. Esta corporación, por auto del 27 de agosto de 2024, admitió el recurso de
apelación interpuesto por el ente demandado y prescindió del periodo de traslado
dispuesto para la presentación de alegaciones finales conforme al artículo 247-5 del
CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, al considerar que no procedía la práctica
de pruebas en la segunda instancia4.

III. CONSIDERACIONES

3.1 . Competencia

17. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3 Samai, gestión en otros despachos, índice 28, archivo «28AGREGAESCRITO021RECURSODEAPE».
4 Samai, índice 5, archivo «Autoqueadmite_26672024Admiterecurso».

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3.2 . Problemas jurídicos

18. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente
sobre los reparos concretos presentados por el apelante5, la Sala procede a resolver
los siguientes problemas:
19. ¿Se acreditó válidamente la prestación del servicio por parte de la actora, durante
el periodo durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre de 1975 y el 15 de
octubre de 1976, pese a que incluyó una interrupción por licencia no remunerada?

20. ¿Debía Nidia Rosa Ocampo Suárez demostrar la totalidad de requisitos para
acceder a la pensión gracia para el momento de la entrada en vigor de la Ley 91 de
1989, o bastaba con la acreditación de la vinculación con carácter territorial o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980?

21. ¿Es válido el tiempo de servicio prestado por la demandante como docente del
departamento del Atlántico desde el 7 de diciembre de 1994 para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia?

3.3 . Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–

22. La Ley 114 de 19136 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros
de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor
de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos
últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable, siempre
que cumplieran los siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y
consagración; (ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social
y costumbres7; (iii) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

23. La Ley 116 de 19288 extendió la prestación pensional a los empleados y
profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.
Posteriormente, la Ley 37 de 1933 cobijó a los maestros que completaron servicios
docentes en establecimientos de enseñanza secundaria.

24. La Ley 43 de 19759 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas en
materia educativa entre la nación, los departamentos y los municipios al establecer
que «La educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio público a
cargo de la Nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por
«los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los
Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley». Sin
embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por

5 Código General del Proceso, artículos 320 y 328.
6 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
7 Numeral derogado por la Ley 45 de 1931.
8 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y reconocimiento

de pensiones.
9 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los

Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

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medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho
por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».

25. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización
en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y
nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las
cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, estableció un
régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales
beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980. Ello, se puede observar en el literal a), numeral
2° del artículo 15 de la mencionada ley, así:

[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […].

26. La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de
Estado10, así:

[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la
Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de
1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15,
dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues
habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le
asignó la ley. […].

27. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia
mantienen el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger
la expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la
nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados
con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión
ordinaria de jubilación.

28. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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• Personal nacionalizado. Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197511, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

29. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de unificación
SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, estableció, además, que la vinculación de los
docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto de nombramiento
interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Lo
anterior porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía directamente de
las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema General de Participaciones.
En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos
(artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del

11 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.».
12 Al respecto, se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).

30. En sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2- 2022 del 11 de agosto de 2022, la
Sección Segunda fijó criterios para el reconocimiento de la pensión gracia en vigencia
de la Ley 91 de 1989. En dicha providencia se estableció la regla para acceder a esa
prestación con observancia de lo dispuesto en el artículo 15, numeral 2-a, a partir del
cual concluyó que los docentes pueden obtener la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento, así:

[…] Conforme al anterior lineamiento, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 no exige que al 31 de diciembre de 1980 el docente debe encontrarse en servicio
activo, pues lo que el texto preceptúa es que dicha fecha «es el límite máximo para que
el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada
calenda», es decir, que no es válido imponer un requerimiento adicional que no previó
el legislador para restringir el acceso a la prestación.

Igualmente, esta corporación ha explicado que para el reconocimiento de la pensión
gracia a los «docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», la aludida norma
no estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con
determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b. que
los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que para la
referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre
y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales.

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las
normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados
en la forma indicada […].
8

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Demandante: Nidia Rosa Ocampo Suárez
Demandado: UGPP

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas […].

2.5. Regla de unificación

[…] Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

3.4 . Análisis de la Sala en el caso concreto

3.4.1. Verificación de los tiempos de servicio y de la naturaleza de la vinculación

31. En punto a la vinculación docente de Nidia Rosa Ocampo Suárez en el sector
territorial, el Decreto nro. 0643 del 5 de septiembre de 1975 acredita que fue nombrada
por el gobernador del Atlántico como profesora en el Instituto Nocturno Femenino de
Comercio13, empleo en el que se posesionó el 14 de octubre de 1975, según consta
en el Acta nro. 429 de esa misma fecha14.

32. El Decreto 188 del 30 de noviembre de 199415, dictado por el alcalde municipal de
Campo de la Cruz, da cuenta de la incorporación de la demandante en el cargo de
docente en dicho municipio, empleo del que tomó posesión el 7 de diciembre de 1994,
tal y como consta en el acta correspondiente16.

33. La subsecretaria de Talento Humano de la Secretaría General del departamento
del Atlántico, mediante constancia expedida el 6 de diciembre de 2012, informó que
Nidia Rosa Ocampo Suárez fue nombrada en el cargo de profesora en el Instituto
Nocturno Femenino de Comercio, mediante Decreto nro. 0643 del 5 de septiembre de
1975 y que, mediante Resolución nro. 162 del 12 de agosto de 1976, le fue concedida
una licencia por el término de 60 días, a partir del 15 de agosto de 1976 y hasta el 15
de octubre de ese mismo año17.

34.El certificado de información laboral expedido por la secretaria general (E) del
departamento del Atlántico, fechado el 9 de abril de 2014, da cuenta de que la
demandante estuvo vinculada a ese departamento, en calidad de profesora, desde el

13
Samai, índice 2, «ED_08001233300020210031(.zip)» «PODER Y ANTECEDENTES», carpeta «2247200
Expediente administrativo», documento PDF «22472000 UNIFICADO», pág. 158.
14 Samai, índice 2, «ED_08001233300020210031(.zip)» «PODER Y ANTECEDENTES», carpeta «2247200

Expediente administrativo», documento PDF «22472000 UNIFICADO», pág. 43.
15 Samai, índice 2, «ED_08001233300020210031(.zip)» «PODER Y ANTECEDENTES», «2247200 Expediente

administrativo», documento PDF «22472000 UNIFICADO», pág. 37.
16 Samai, índice 2, «ED_08001233300020210031(.zip)» «PODER Y ANTECEDENTES», «2247200 Expediente

administrativo», documento PDF «22472000 UNIFICADO», pág. 42.
17 Samai, índice 2, «ED_08001233300020210031(.zip)» «PODER Y ANTECEDENTES», «2247200 Expediente

administrativo», documento PDF «22472000 UNIFICADO», pág. 12.
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Demandado: UGPP

14 de octubre de 1975 hasta el 15 de octubre de 1976, con una licencia no remunerada
de dos meses contados del 15 de agosto de 1976 al 15 de octubre del mismo año18.

35. El formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido por
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, fechado el 17 de marzo de
2014, informa que Nidia Rosa Ocampo Suárez fue nombrada en propiedad en un cargo
docente, por medio del Decreto 188 del 30 de noviembre de 1994, en el municipio
Campo de la Cruz, y que prestó el servicio desde el 7 de diciembre de 1994 hasta el
17 de marzo de 2014, para un total de 19 años, 3 meses y 10 días19.

36. Las pruebas documentales referidas demuestran que la señora Nidia Rosa
Ocampo Suárez acreditó más de 20 años de servicio en ejercicio del cargo docente,
vinculada mediante actos administrativos expedidos por el gobernador del Atlántico y
el alcalde del municipio de Campo de la Cruz, según consta en las copias de los
decretos aportados y en las certificaciones laborales antes relacionadas, así:

Acto Período de vinculación
Institución administrativo Tiempo
Fecha de Fecha de
educativa
inicio finalización
Instituto Decreto 0643 14/10/1975 Interrupción de 60 días 15/10/1976
Nocturno del 5 de (desde el 15/08/1976 hasta 10 meses y 1
Femenino de septiembre de 15/10/1976) día
Comercio 1975
Escuela N°2 Decreto 188 de 07/12/1994 17/03/2014
para niñas Pío 30 de 19 años, 3
XII, municipio noviembre de meses y 10
Campo de la 1994 días
Cruz
Total de tiempo de servicio 20 años, 1
mes y 11 días

37. En este contexto, la Sala procede a verificar si la demandante tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.

38. El análisis en conjunto de los medios de prueba documentales incorporados al
expediente demuestra que la demandante fue vinculada a la docencia oficial mediante
Decreto 0643 del 5 de septiembre de 1975, y que prestó los servicios entre el 14 de
octubre de 1975 y el 15 de octubre de 1976, con una interrupción de 60 días desde el
15 de agosto de 1976 hasta el 15 de octubre de 1976. Por lo tanto, se encuentra
demostrada la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, lo que le confería el
beneficio de mantener la expectativa de adquirir el derecho al cumplir los requisitos de
edad y tiempo de servicio.

39. Ahora, la UGPP en el recurso de apelación alegó que no existía prueba de que la
prestación del servicio docente entre el 14 de octubre de 1975 y el 15 de octubre de
1976 fue continua e ininterrumpida.

18 Samai, índice 2, archivo «ED_08001233300020210031(.zip)», «PODER Y ANTECEDENTES», «2247200
Expediente administrativo», documento PDF «22472000 UNIFICADO», pág. 15.
19 Samai, índice 2, «ED_08001233300020210031(.zip)» «PODER Y ANTECEDENTES», «2247200 Expediente

administrativo», documento PDF «22472000 UNIFICADO», págs. 13 y 14.
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Demandado: UGPP

40. Al respecto, es pertinente precisar que, conforme con las reglas de unificación
determinadas en la sentencia de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, la
vinculación de los docentes territoriales se determina con los actos administrativos en
los que conste el vínculo o con la certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta del tipo de vinculación del docente.

41. En el caso objeto de estudio, el certificado de información laboral expedido por la
secretaria general (E) del departamento del Atlántico constituye prueba idónea a partir
de la cual se pueden determinar con suficiente claridad los extremos temporales del
servicio docente prestado por la demandante en una plaza territorial. Adicionalmente,
el certificado registra la interrupción de 60 días, desde el 15 de agosto de 1976 hasta
el 15 de octubre de 1976, debido a una licencia no remunerada.

42. Es importante aclarar que el periodo comprendido entre el 14 de octubre de 1975
y el 15 de octubre de 1976, con una licencia no remunerada de 60 días, resulta válido
para el cómputo del tiempo de servicio, pues la línea jurisprudencial de esta Sección
es pacífica en señalar que, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia el
tiempo de servicio «debe ser territorial o nacionalizado sin importar si es continuo o
discontinuo»20.

43. En relación con el argumento del recurrente sobre la inexistencia de prueba de la
desvinculación para determinar si se produjo por la mala conducta, es pertinente
señalar que ese aspecto no fue objeto de litigio, ya que no se mencionó en la
contestación de la demanda. De hecho, no forma parte de las razones por las cuales
la entidad demandada denegó el derecho pensional a la demandante.

44. Cabe resaltar que si la UGPP pretendía demostrar que la actora incurrió en mala
conducta, además de alegarlo en la correspondiente etapa procesal, debió, en virtud
de la carga probatoria que le correspondía, presentar la documentación pertinente para
demostrarlo, ejercicio que no realizó.

45. Por los anteriores motivos, la respuesta al primer problema jurídico es positiva,
pues el Tribunal Administrativo del Atlántico concluyó de manera acertada que el
tiempo comprendido entre el 14 de octubre de 1975 y el 15 de octubre de 1976 resulta
válido para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, a pesar de la interrupción
de 60 días por licencia no remunerada. Dicha conclusión se soporta en el certificado
de información laboral expedido por la secretaria general (E) del departamento del
Atlántico, que acredita el vínculo territorial de la demandante y la duración del servicio.
Esta prueba fue analizada conforme a la jurisprudencia de esta Sección que, tal como
se señaló en precedencia, ha establecido que las interrupciones temporales no afectan
el cómputo del tiempo para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, siempre
que el servicio sea de naturaleza territorial o nacionalizada.

46. Ahora, frente al argumento del apelante según el cual los requisitos para acceder
a la pensión gracia debieron consolidarse antes del 29 de diciembre de 1989, es del
caso aclarar que el supuesto establecido en el literal a) del inciso 2 del artículo 15 de

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22

de febrero de 2018. Radicado 76001-23-33-000-2013-00375-01 (1684-2015). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandado: UGPP

la Ley 91 de 1989, lejos de imponer un límite temporal para acceder a la pensión, lo
que busca, como se advirtió en la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-202121, es
proteger «tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los
requisitos para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando
sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada».

47. Así, la regla de unificación mencionada es clara al considerar que la Ley 91 de
1989 solo exige la acreditación de una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980
para mantener la expectativa de acceder a la pensión gracia, siempre que el docente
acredite los requisitos de edad y tiempo de servicio que exige la ley, bien sea antes o
después de la entrada en vigor de esta norma22.

48. En el caso objeto de estudio, se encuentra demostrado que Nidia Rosa Ocampo
Suárez contaba con una vinculación de carácter nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980, como lo constata con el Decreto nro. 0643 del 5 de septiembre de
1975 y el Acta de posesión nro. 429 del 14 de octubre de 1975. Por lo tanto, al acreditar
la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, mantuvo la expectativa para acceder
a la pensión gracia.

49. Además, el análisis probatorio también desvirtúa el reparo expuesto por la UGPP
frente a la naturaleza del vínculo derivado del Decreto 188 del 30 de noviembre de
1994. Aunque el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio indicó que
en el certificado de tiempo de servicio que dicho nombramiento tenía el carácter
nacional, del acto administrativo incorporado al expediente se advierte que fue la
autoridad territorial la que ejerció la facultad nominadora. En consecuencia, conforme
a lo dispuesto en la sentencia de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, se
concluye que la vinculación es territorial o nacionalizada.

50. En este orden, la respuesta al tercer problema jurídico es positiva, porque la plaza
ocupada por la docente desde el 7 de diciembre de 1994 fue provista por el alcalde del
municipio de Campo de la Cruz. Por tanto, es válido afirmar que el periodo laborado
por Nidia Rosa Ocampo Suárez desde la mencionada fecha también resulta útil para
el cómputo del tiempo de servicio requerido para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia.

51. Vale precisar que, en el caso bajo estudio, se encuentra acreditado con el registro
civil de nacimiento que la demandante nació el 26 de enero de 1955, por lo que cumplió
50 años el 26 de enero de 2005. Asimismo, está demostrado con la declaración
juramentada suscrita por la actora que desempeñó el cargo docente con honradez y
buena conducta.

3.6. Conclusión

52. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que Nidia Rosa Ocampo Suárez tiene
derecho al reconocimiento de la pensión gracia, porque acreditó una vinculación

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11
de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
22
“Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y
cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan
con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento” .
12

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Demandante: Nidia Rosa Ocampo Suárez
Demandado: UGPP

nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 que le permitió mantener la
expectativa de adquirir el derecho a la pensión gracia al cumplir 50 años y 20 de
servicio en plazas territoriales o nacionalizadas, requisitos que se encuentran
debidamente demostrados con el registro civil de nacimiento, las certificaciones y los
actos de nombramiento dictados por la autoridad territorial en los que consta el
ejercicio de la actividad docente en instituciones educativas del municipio de Campo
de la Cruz (Atlántico).

4. Costas

53. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 23 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo Atlántico,
Sala de Decisión Oral A, el 21 de marzo de 2023, que accedió a las pretensiones de
la demanda presentada por Nidia Rosa Ocampo Suárez en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).

SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

23 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Demandante: Nidia Rosa Ocampo Suárez
Demandado: UGPP

CUARTO. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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