Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2021-00320-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2021-00320-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2021-00320-02
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
Actor: Johny Farah Villavicencio y otros.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Otros
Referencia: Reparación directa
Temas: CÓMPUTO DE LA CADUCIDAD - para el cómputo del término de la caducidad
resulta fundamental identificar con precisión cuál es el daño cuya reparación se pretende,
pues el conteo, conforme lo determinan las dos condiciones previstas en la ley adjetiva
dependen o bien del hecho que lo generó, la posibilidad de conocerlo o el deber de haberlo
conocido / CÓMPUTO DE CADUCIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR LA NATURALEZA
• no por la complejidad del asunto es admisible que el plazo para interponer la acción pueda
quedar indefinido o, lo que sería peor, a la voluntad del accionante, pues la caducidad,
además de ser un presupuesto del proceso, constituye una garantía para quien es
demandado / DAÑO INSTANTÁNEO O INMEDIATO – es aquel que resulta susceptible de
identificarse y consumarse en un momento preciso de tiempo y que, si bien produce
perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, únicamente existe como tal en el
momento en que se produce / DAÑO CONTINUADO O DE TRACTO SUCESIVO - es aquel
que no cesa o se prolonga en el tiempo, prolongación que no se predica de sus efectos o
si se quiere de los perjuicios causados, sino del daño como tal / la agravación progresiva
del daño en el tiempo no afecta el cómputo del término de caducidad, pues la norma
procesal no contempló tal eventualidad.
Procede la sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia que declaró probada la excepción de caducidad.
Se demanda la reparación de los perjuicios causados por la erosión de un predio
ante la intervención efectuada en el cauce de un arroyo.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 6 de noviembre de 20251 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “A”, que declaró probada la
excepción de caducidad y negó las pretensiones de la demanda presentada por los
señores Johny, Patricia y Gabriel Abdala Farah Villavicencio, el 21 de junio de
20212, en contra del DEIP de Barranquilla, el Fondo de Restauración, Obras e
Inversión Hídrica Distrital (Foro Hídrico), hoy denominado Agencia Distrital de
Infraestructura (ADI), la sociedad Consultores de Desarrollo S.A. y la sociedad
Triple A S.A. E.S.P. (sociedad de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Barranquilla
S.A E.S.P), con el propósito de que se les declare administrativamente
1 Índice 76 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
2 Índice 01 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
1
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
Actor: Johny Farah Villavicencio y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa
responsables de los daños antijurídicos causados “por la destrucción y la ocupación
material y jurídica del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 040-
293391”. Con esta declaración de responsabilidad se pidió la condena al pago de
perjuicios materiales3.
2. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el Tribunal
fueron, los siguientes:
Hechos4
3. El arroyo León es un afluente que ha sido aprovechado para el manejo de las
aguas servidas en Barranquilla, desde que se construyó la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR).
4. Con posterioridad a la construcción de la EDAR, el arroyo León fue intervenido
en virtud del contrato de obra No. FROIH-063/2011 suscrito en marzo de 2011 por
el DEIP de Barranquilla, el Fondo de Restauración, Obras e Inversión Hídrica
Distrital (Foro Hídrico) que hoy se denomina Agencia Distrital de Infraestructura
(ADI) y, la sociedad Triple A S.A. E.S.P. con la contratista Condesa S.A.
5. En los meses de septiembre y octubre de 2019 se presentaron lluvias en el
departamento del Atlántico que contribuyeron a un aumento del caudal y fuerza en
el arroyo León, causando inundación, grandes socavaciones y erosiones en el
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 040-293391.
6. Por el ensanchamiento del arroyo, el predio ha sido ocupado material y
jurídicamente de forma permanente por el Estado, pues franjas del terreno ahora se
encuentran inmersas en ronda hídrica y se reputan como suelo de protección. Por
lo anterior se ve limitado el derecho a la propiedad privada y se impone una carga
que desequilibra el reparto equitativo de cargas y beneficios.
Fundamentos de derecho
7. El daño resulta imputable a título de daño especial, en tanto la destrucción y
ocupación del inmueble derivado de las intervenciones realizadas en el arroyo León
desbalancearon las cargas públicas.
Las contestaciones de la demanda
La Sociedad Triple A S.A E.S.P.5
8.
La entidad se opuso a los hechos y pretensiones y formuló los siguientes medios
exceptivos: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii) inexistencia de nexo
3 En la demanda se solicitó el pago de perjuicios materiales, así: DAÑO EMERGENTE: El valor de dos mil
sesenta y tres millones setecientos diez mil ochocientos pesos M/cte ($2.063’710.800), que corresponde a la
devaluación del inmueble por cuenta de i) su destrucción parcial y ii) su afectación parcial como suelo de
protección por la imposición de ronda hídrica. Como pretensión subsidiaria, solicitó que se ordene a las
demandadas adquirir la totalidad del inmueble por cuantía de tres mil ciento ochenta y nueve millones
setecientos cincuenta y nueve mil noventa pesos M/cte ($3.189.759.090). Solicitó además que se ordene al
Distrito de Barranquilla al reintegro del valor del impuesto predial para la vigencia de 2019.
4 Índice 27 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
5 Índice 27 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
2
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
Actor: Johny Farah Villavicencio y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa
causal; (iii) aplicación del principio general del derecho, “nemo auditor propiam
turpitudinem allegans”, nadie puede alegar en su favor la culpa; (iv) caducidad; y,
(v) excepción genérica.
La Agencia Distrital de Infraestructura6
9. Además de oponerse a las pretensiones, formuló las excepciones: (i)
responsabilidad patrimonial del Estado; (ii) inexistencia de antijuridicidad; (iii)
inexistencia de nexo causal; (iv) carga de la prueba; (v) caducidad; (vi) inexistencia
de daño antijurídico; (vii) inexistencia de prueba de la responsabilidad de la agencia
distrital de infraestructura – ADI- la carga de la prueba le corresponde al
demandante; (viii) inexistencia de elementos para edificar responsabilidad a la
Agencia Distrital de Infraestructura ADI; e, (ix) innominada o genérica.
El Distrito de Barranquilla7
10. En el escrito de contestación se formularon las siguientes defensas: (i)
caducidad; (ii) daños por hechos de la naturaleza; y, (iii) inexistencia del nexo
causal.
11. Culminado el periodo probatorio8, se ordenó correr traslado para alegar de
conclusión9
La decisión del tribunal10
12. El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró probada la caducidad de la acción
y se abstuvo de condenar en costas, para lo cual partió de hacer una distinción entre
el daño instantáneo y el daño continuado en el tiempo. Precisó que ambas
categorías no pueden confundirse.
13. A partir del dictamen pericial y los demás medios de convicción obrantes en el
expediente, concluyó que no podía hablarse de un daño continuado, pues el
detrimento alegado se consolidó en un solo momento en el año 2011, cuando se
dio inicio a la ejecución de las obras públicas de canalización del arroyo León con
ocasión de la emergencia declarada mediante el Decreto Distrital No. 0072 del 1º
de febrero de 2011.
6 Índice 27 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
7 Índice 27 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
8 En audiencia inicial celebrada el 23 de febrero de 2023 -índice 35 SAMAI, actuaciones de primera instancia-,
se decretaron las siguientes pruebas: DOCUMENTALES: Tomas aéreas del aplicativo Google Maps; Pancarta
publicitaria ubicada en inmediaciones del inmueble; Certificado de tradición del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 040-293391; Copia del contrato de obra número FROIH-063/2011; Copia de los
estudios previos del contrato de obra número FROIH-063/2011; Concepto de uso de suelo expedido por el
DEIP de Barranquilla; Fotografías del estado del inmueble por cuenta de la destrucción permanente de arroyo;
Boletín climatológico para el mes de septiembre de 2019; Boletín climatológico para el mes de octubre de 2019;
Constancia de no conciliación expedida por la Procuraduría 117 Judicial II para asuntos Administrativos;
Contrato FROIH-063/2011; Acta de liquidación del contrato FROIH-063/2011; Escritura de compraventa no.
1.463; Decreto Acordal No. 0923 de 2016. TESTIMONIALES: Octaviano Anillo; Joaquín Muñoz González; Abad
Sarmiento Gonzales. INTERROGATORIO DE PARTE: Johny Farah Villavicencio; INSPECCIÓN JUDICIAL
CON PERITO: Carlos Giannmaría; DICTAMEN PERICIAL: Avalúo pericial desarrollado por la firma
Arquiavaluos S.A.S.
9 La Sociedad de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P. -índice 69 SAMAI, actuaciones
de primera instancia-; la Agencia Distrital de Infraestructura - índice 02 SAMAI, actuaciones de primera instancia-
y la parte demandante - índice 70 SAMAI, actuaciones de primera instancia- ratificaron los argumentos
expuestos anteriormente.
10 Índice 76 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
Actor: Johny Farah Villavicencio y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa
14. Destacó el estudio hidrológico e hidráulico allegado al expediente, según el cual,
a partir del análisis de las imágenes satelitales históricas de los años 2000 a 2023
en la zona de estudio, no hubo modificaciones al curso del arroyo y solo existía una
ampliación debido al mejoramiento luego de la canalización llevada a cabo en el
2011. Por lo anterior, el fenómeno erosivo se configuró como consecuencia natural
y progresiva de dicha obra pública y no de eventos posteriores atribuibles a lluvias
del año 2019.
15. Se indicó que la adquisición del predio por los demandantes en 2019 no alteraba
el cómputo de la caducidad, en la medida en que el comprador de un inmueble
afectado por una intervención estatal o por una obra pública, lo recibió con sus
condiciones físicas y jurídicas, incluyendo las cargas y limitaciones preexistentes,
de modo que la transmisión de dominio no reiniciaba el término para ejercer la
acción de reparación directa.
16. Señaló el tribunal que para el momento en que se radicó la solicitud de
conciliación el término de caducidad ya había fenecido, pues la oportunidad máxima
para demandar era en 2013. Incluso, si la caducidad se contara desde ese año,
época para la cual terminó la intervención ejecutada en el arroyo, la demanda sería
igualmente extemporánea.
17. Adicionalmente, el Tribunal concluyó que tampoco se había probado un daño
antijurídico indemnizable, en tanto el área de protección ya existía con anterioridad
a la adquisición del predio por parte de los actores al tratarse de una condición
natural y preexistente del cauce y sus márgenes, que obedece a las características
geomorfológicas propias del terreno y no a intervenciones recientes de la
administración.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN11-12
18. La parte actora censuró la anterior decisión y, en síntesis, formuló como reparos
la inexistencia de la caducidad y que el daño padecido por los demandantes resulta
antijurídico, pues aun cuando la destrucción del predio ocurra en la ronda hídrica,
ello no se traduce en que los propietarios deban soportar esa carga.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La caducidad del medio de control de reparación directa
19. Con ocasión de las excepciones propuestas por las entidades demandadas, el a
quo se pronunció preliminarmente respecto de la ocurrencia de la caducidad13 para
negar su prosperidad, aunque advirtiendo que lo hacía sin perjuicio del recaudo
probatorio que pudiera llevar a su valoración posterior.
11 Índice 78 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
12 En el trámite de segunda instancia el Distrito de Barranquilla (Índice 10 SAMAI, actuaciones de segunda
instancia), la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Índice 11 SAMAI, actuaciones de
segunda instancia) y la Agencia Distrital de Infraestructura (Índice 12 SAMAI, actuaciones de segunda instancia)
radicaron sus escritos de oposición al recurso de apelación. El Ministerio Público guardó silencio.
13 Índice 02 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
Actor: Johny Farah Villavicencio y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa
20. Al momento de dictar sentencia consideró necesario retomar el estudio de este
presupuesto procesal, para concluir -a partir de la prueba técnica practicada- que
había certeza de que la caducidad debía ser computada desde el año 201114,
momento para el que se iniciaron las obras de intervención del arroyo León y, por
ende, al proceso de erosión, precisando que, si aún se computara el término desde
la terminación de las intervenciones del arroyo en 2013, también habría operado la
caducidad15.
21. En el recurso de apelación se cuestionó la valoración del dictamen pericial, para
lo cual se afirmó que sus conclusiones mostraban que la erosión era un fenómeno
que se desarrollaba a lo largo del tiempo y ante la falta de una prueba contundente
de que el daño se conoció en 2011 o 2013, debían apreciarse las declaraciones que
señalaron el 2019 como el momento en que se conoció el fenómeno erosivo16.
22. Conforme se desprende de las pretensiones de la demanda, la parte actora alude
como daño “los perjuicios ocasionados … como consecuencia de la destrucción y
la ocupación material y jurídica del inmueble (…)”17, la cual se acusa materializada
en el proceso erosivo que se derivó de la intervención efectuada en el arroyo León.
23. El artículo 232 del Código General del Proceso 18 dispone que el dictamen pericial
deberá ser apreciado conforme la sana crítica, teniendo en cuenta, entre otros
aspectos, la idoneidad del perito y la solidez de sus conclusiones
24. En el proceso obra el dictamen pericial19 elaborado por el Ingeniero Carlos
Giammaria Cervantes, quien para efectos del estudio se apoyó en un equipo
interdisciplinario conformado por un topógrafo y un ingeniero experto en recursos
hídricos, todo lo cual fue acreditado al momento de aportar el dictamen pericial,
aspecto que no es materia de discusión en esta instancia.
25. El artículo 226 del estatuto procesal general20 dispone sobre aquellos mínimos
que debe reunir el informe rendido por el perito. Revisado el contenido del dictamen,
14 En la sentencia de primer grado se indicó: “En ese contexto, del dictamen pericial aportado, sus soportes
técnicos y las pruebas que lo acompañan, analizadas en conjunto con los demás medios obrantes en el
expediente, surge evidencia concluyente en torno a que el hecho causante del daño cuya reparación se
demanda no se produjo en el año 2019 en virtud de las lluvias que se presentaron en el departamento del
Atlántico durante los meses de septiembre y octubre como lo plantea la parte actora, sino que tiene origen en
el año 2011 momento en que se dio inicio a la ejecución de las obras públicas de canalización del arroyo León
con ocasión de la emergencia declarada mediante el Decreto Distrital No. 0072 del 1º de febrero de 2011”.
15 La sentencia indicó lo siguiente: “Es más, aun si se tomara como punto de referencia la fecha de finalización
de la obra pública, conforme al acta de liquidación suscrita en el año 2013, igualmente se tornaría inoportuna la
interposición del medio de control, toda vez que el término legal de dos (2) años para acudir a la jurisdicción
venció con creces antes de la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial y, por ende, antes del
ejercicio del medio de control de reparación directa el 21 de junio de 2021”.
16 Señaló el apelante: “En este caso en concreto, como quiera que no existe prueba que brinde certeza de que
los fenómenos erosivos iniciaron desde el año 2011 o 2013, corresponde darle valor probatorio a lo dicho por
los testigos y al demandante, bajo juramento, quienes sí vieron de primera mano cuándo se hizo manifiesto el
perjuicio que se alegó en la demanda y fue pasado por alto en todo el contenido de la sentencia de primera
instancia”.
17 Pretensión primera de la demanda (visible en índice 27 SAMAI, actuaciones de primera instancia)
18 Artículo 232. Apreciación del dictamen: El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la
idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso.
19 Índice 61 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
20 Art 226: El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e
informaciones: 1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. 2. La dirección,
el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito. 3. La
profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
Actor: Johny Farah Villavicencio y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa
se tiene que el perito satisfizo todos los requerimientos incluso formales para rendir
la experticia.
26. Si bien en el trámite de la audiencia de pruebas21 se suscitó un debate respecto
de la oportunidad en la que el informe pericial fue aportado al proceso, al margen
de la discusión allí ofrecida, lo cierto es que los recursos interpuestos frente a la
decisión de considerar correctamente aportado el dictamen pericial fueron negados
y, por ende, la decisión de mantenerlo quedó en firme, tanto así que el perito asistió
a la audiencia para la debida contradicción, razón por la cual ningún reproche
merece en esta instancia tal situación.
27. En estas condiciones, el dictamen pericial es susceptible de valoración, siendo
una prueba conducente, pertinente y útil que no solo permite explicar la causa de
los fenómenos erosivos sino, además, el momento en que se presentaron y
pudieron ser conocidos por los demandantes.
28. El dictamen pericial en sus conclusiones señala, en síntesis: (i) que el proceso
erosivo del terreno inició en el año 2011 como consecuencia de las intervenciones
en el arroyo; (ii) que se efectuó un desplazamiento significativo de las orillas del
arroyo; (iii) que el proceso de desplazamiento de orillas continuará con el tiempo si
no se toman medidas correctivas necesarias; (iv) como medida para detener el
fenómeno erosivo se propone implementar un revestimiento rígido en el cauce.
29. Como se ha indicado, el daño lo identifica el demandante a partir del proceso
erosivo que se derivó de la intervención efectuada en el arroyo León. El perito
determinó con suficiente credibilidad que dicho proceso no corresponde a un
fenómeno natural que ocurra en un solo momento, sino que es progresivo a lo largo
del tiempo, de manera que debe descartarse la conclusión del Tribunal consistente
en que la caducidad inició su cómputo en el año 2011 cuando se suscribió el
contrato y las intervenciones al arroyo apenas empezaron, pues no resulta posible
analizar la caducidad de un daño continuado a partir de la ocurrencia de las
acciones materiales que lo propiciaron causalmente.
30. Lo anterior implica que la caducidad no está llamada a ser computada desde el
día siguiente a la ocurrencia del hecho que generó el daño -en este caso la
intervención del arroyo-, sino desde el momento en que el demandante conoció o
elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos
y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística. 4. La lista de
publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10)
años, si las tuviere. 5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado
en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o
despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la
cual versó el dictamen. 6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el
mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen. 7. Si se encuentra incurso en las causales
contenidas en el artículo 50, en lo pertinente. 8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e
investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores
procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación
de la variación. 9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes
respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente,
deberá explicar la justificación de la variación. 10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados
para la elaboración del dictamen.
21 Índice 66 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
Actor: Johny Farah Villavicencio y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa
debió conocerlo, teniendo en consideración la regla prevista en el literal i) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA22.
31. Elelemento normativo contenido en la disposición antes referida, atinente a
“cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo”, no habilita a
demandar en cualquier momento. Esta expresión debe entenderse conforme al
principio de seguridad jurídica, lo que implica que la acción debe ejercerse dentro
del término legal contado desde que la parte interesada razonablemente conoció o
pudo conocer el daño.
32. La jurisprudencia constitucional23 ha reiterado que el cómputo de la caducidad
puede diferirse cuando, por las particularidades del caso, la certeza del daño o su
imputación al Estado solo se adquieren con posterioridad. Esta pauta se resume en
que el punto de partida del término no es inmutable y cede frente a la fecha en que
surge una “certeza razonable” para la víctima sobre la configuración e imputación
del daño.
33. Ante la exclusión del daño instantáneo, es procedente entonces calificar el
proceso erosivo como un daño continuado, en la medida en que tal y como lo explicó
el perito, la erosión es un fenómeno que ocurre a lo largo del tiempo.
34. Por regla general, el cómputo de la caducidad frente a daños continuados solo
iniciará en el momento en que cese el daño; sin embargo, este criterio no es
aplicable cuando el daño se va a seguir causando en el tiempo hasta tanto no se
tomen acciones para detenerlo24, pues en tal hipótesis, imponer una regla como la
indicada, atentaría contra toda seguridad jurídica pues el término de caducidad no
sería exigible. En este tipo de situaciones, se hace relevante el momento en que la
víctima pudo conocer del daño, como hito a partir del cual le es exigible acudir a la
jurisdicción en el evento de que estime reclamar una responsabilidad del causante,
lo que de paso hace compatible el deber constitucional de adelantar acciones para
la mitigación del daño que se le ha venido irrogando.
35. A efectos de determinar el momento en que la parte demandante conoció o debió
conocer el daño es importante hacer las siguientes precisiones cronológicas: (i)
conforme lo determinó el perito, las obras de intervención del arroyo se ejecutaron
entre el 2011 y 2013, teniendo como fecha de liquidación del contrato de obra el 15
de mayo de 2013; y, (ii) conforme se desprende del certificado de tradición y libertad
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-29339125, aportado
como prueba al proceso, los demandantes adquirieron el predio afectado el 16 de
enero de 2019.
22 “i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-347 de 2020. En igual sentido, Sentencias SU-659 de 2015, T-301 de 2019
y T-229 de 2021.
24 Como, por ejemplo, implementar un revestimiento rígido en el cauce del arroyo.
25 Índice 27 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
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Referencia: Reparación directa
36. En la página 22 del informe pericial presentado26, el perito incluyó una foto
comparación con base en imágenes satelitales tomadas de Google Maps, que
comprendió el paso del año 2000 a 2023, tal como se observa a continuación -se
encierra en círculos la variación de las orillas derivadas del fenómeno erosivo-:
26 Índice 61 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
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Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa
37. Tomando como punto de partida la fotografía del año 2011 -época en la que
empezaron las intervenciones-, resulta posible para la Sala apreciar que el proceso
erosivo y las desviaciones del cauce se hacen perceptibles al menos desde el año
2015, momento para el que ya habían pasado aproximadamente dos años desde la
finalización de la intervención y la liquidación del respectivo contrato. Esto se
acompasa con lo afirmado por el perito en su dictamen27, pues si el proceso erosivo
27 En el anexo 3 del dictamen pericial se concluyó lo siguiente: “Mediante comparación de los levantamientos
topográficos en el tramo de estudio del año 2011 (posterior a la canalización del arroyo) y de 2023, se hace
evidente que existen varios procesos erosivos de las márgenes del arroyo dentro de los límites del predio con
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Referencia: Reparación directa
inició en 2011 y se extendió progresivamente en el tiempo como lo demuestran las
imágenes antes reseñadas, pasados 4 años de la intervención ya se hace evidente
el desplazamiento de las orillas del arroyo y, por ende, la manifestación y notoriedad
del daño que se invoca en la demanda.
38.
Conforme lo prevé el artículo 176 del Código General del Proceso28, el anterior
análisis se hace a la luz de la sana crítica y la libre apreciación de la prueba29, dado
que el objeto del dictamen pericial fue establecer la existencia y naturaleza del daño,
de lo cual también se extrae la época en la cual el fenómeno erosivo fue perceptible
y razonablemente se puede considerar que debió ser conocido por los
demandantes. La valoración del dictamen se realiza en el marco del principio de la
comunidad de la prueba, tanto en lo favorable como lo desfavorable para la parte
que solicitó su práctica.
39. Así las cosas, es dable estimar que para el año 2015 ya eran perceptibles los
efectos que tuvieron las intervenciones efectuadas en el arroyo, de manera que el
cómputo de la caducidad debió iniciar desde esa época para fenecer en el año 2017,
de manera que para el momento en que se presentó la solicitud de conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad -12 de marzo de 2021-, la caducidad
ya había ocurrido.
40. Precisa la Sala que si bien es cierto que los demandantes solo adquirieron el
predio hasta el 16 de enero de 2019, fecha en la que se registró la compraventa
vertida en la escritura pública No. 1463 del 17 de noviembre de 2018, ello no los
relevaba de conocer la situación que presentaba el inmueble, no solo por la
diligencia que debían tener atendiendo al criterio del buen padre de familia -artículo
63 CC30- que les imponía actuar de buena fe y con la mayor diligencia posible en
su condición de compradores, sino porque quien adquiere un bien lo recibe como
dirección Capri Lote 2. La erosión se hace evidente al medir el desplazamiento de las orillas entre su posición
original (año 2011) y su posición actual (2023)”. Visible en Índice 61 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
28 Artículo 176. Apreciación de las pruebas: Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada
prueba.
29 Respecto del criterio de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, la doctrina ha afirmado: “el sistema
de la libre apreciación, sana crítica o persuasión racional faculta al juez para que razonadamente haga una
evaluación sistemática del material probatorio de manera amplia y llegue mediante adecuados razonamientos
a la conclusión respectiva, sin estar sujeto a tarifa prestablecida alguna. El artículo 176 del CGP toma decidido
partido por el sistema de la libre apreciación al disponer que “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto,
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial
para la existencia y validez de ciertos actos”, adicionando en el inciso segundo que “el juez expondrá siempre
razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba””. López Blanco, Hernán Fabio. “Código General del
Proceso pruebas” Dupree Editores Ltda. 2019. Pág. 126-127.
30 Art 63: “La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la
que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve,
descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve.
Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un
negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo
es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención
positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
Actor: Johny Farah Villavicencio y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa
modo para perfeccionar la transferencia -artículos 67331, 74032 y 74533 del CC- lo
que racionalmente permite inferir que los actores debían conocer que el bien estaba
siendo afectado por un fenómeno erosivo que ya se había manifestado desde varios
años antes de que lo recibieran con todas las condiciones físicas y jurídicas que
presentaba para ese momento34.
41. La jurisprudencia de esta Sección ha diferenciado los conceptos de
“daño instantáneo o inmediato”35 del “daño continuado o de tracto sucesivo”36 y
frente al primero lo ha caracterizado como aquel que resulta susceptible de
identificarse y consumarse en un momento preciso de tiempo y que, si bien produce
perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, únicamente existe como tal en
el momento en que se produce. El segundo, es aquel que no cesa o se prolonga en
el tiempo, prolongación que no se predica de sus efectos o si se quiere de los
perjuicios causados, sino del daño como tal; igualmente, esta Corporación ha
distinguido entre el concepto de daño continuado y la prolongación del daño en el
tiempo, sin que su agravación progresiva afecte el cómputo del término de
caducidad, pues la norma procesal no contempló tal eventualidad37.
42. La Sala descarta el argumento del apelante, consistente en que la caducidad solo
podría iniciar su cómputo en 2019, pues como quedó acreditado con el dictamen
pericial, el fenómeno erosivo del terreno no tuvo causa en la ola invernal acaecida
31 Art 673: “Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa
de muerte y la prescripción. De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará en el libro de
la sucesión por causa de muerte, y al fin de este Código”.
32 Art 740: “La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño
hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la
capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales”.
33 Art 745: Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio, como el de venta, permuta,
donación, etc. Se requiere, además, que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere. Así el
título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges.
34 La jurisprudencia de esta corporación ha indicado lo siguiente: “El hecho que los demandantes adquirieran la
propiedad sobre el predio en un momento posterior a la construcción de las torres eléctricas, no tiene incidencia
alguna sobre el momento en que deba empezarse a contar el término de caducidad, pues se trata de un daño
cierto que se configura sobre el inmueble, sin que la ocurrencia del mismo se hubiera visto condicionada por la
persona que hubiere fungido como dueño al momento de la construcción de las torres eléctricas por parte de
las demandadas. En este punto, la Sala estima que, por haber adquirido el predio a través de un modo derivativo
de transmisión del dominio – sucesión por causa de muerte-, los demandantes deben recibir el bien con las
cargas y gravámenes que tuvieran desde antes de la adquisición”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 9 de febrero de 2011. C.P. Danilo Rojas Betancourth.
Rad: 38271.
35 Sobre la contabilización del término de caducidad respecto a los hechos que generan efectos perjudiciales
inmediatos e inmodificables, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 25 de
agosto de 2011, exp. 20.316. C.P. Hernán Andrade Rincón.
36 Sobre el cómputo de caducidad, en los eventos en los que el daño se genera con efecto sucesivo, consultar
las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 5 de julio de 2005, exp. 25000-23-26-000-
2000-00008-02, C.P. Alier Hernández Enríquez y el 10 de marzo de 2011, exp. 20.109, C.P. Hernán Andrade
Rincón. Sobre el daño prolongado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de octubre de
2021, rad. 50922, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 1 de marzo de 2023, rad. 57963, C. P.
Fredy Ibarra Martínez; sentencia de 11 de septiembre de 2024, rad. 61379, C. P. Fredy Ibarra Martínez;
sentencia de 18 de octubre de 2007, rad. 25000-23-27-000-2001-00029-01 (AG), C. P. Enrique Gil Botero.
37 Sobre el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la
ocurrencia del hecho, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 7 de julio del
2005, exp. 14.691, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez .Sobre la imposibilidad de computar el término de
caducidad desde la cesación de los perjuicios causados, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Tercera, proferida el 28 de enero de 1994, exp. 8.610. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Sobre el cómputo del
término de caducidad desde que el daño se hace visible y es conocido por el interesado, consultar la sentencia
del Consejo de Estado, Sección Quinta, proferida el 12 de septiembre de 2019, exp. 11001-03-15-000-2019-
02176-01(AC), C.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 10
de diciembre de 2024, radicado: 76001233300520150094301 (71688). M. P. Fredy Ibarra Martínez.
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
Actor: Johny Farah Villavicencio y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa
en dicho año. Al analizar la foto comparación ya presentada se concluye que el
proceso erosivo se causó desde 2011, época muy anterior a la ola invernal de 2019,
de manera que aquella no constituyó la causa del daño, aunque pudiera contribuir
a su agravación, circunstancia que como ya se dijo, no altera el cómputo del término
de caducidad ni tiene incidencia frente al momento en que los demandantes
debieron conocer el daño en vista de su evidente notoriedad.
43. La anterior conclusión se apoya en lo decantado en el dictamen pericial
practicado, pues en el estudio hidráulico efectuado -anexo 3- se concluyó que “el
motivo de dicha erosión son las altas velocidades (mayores a 2.0 m/s) generadas
por el flujo del arroyo, las cuales arrastran el material del fondo al ser mayores que
las máximas admisibles”38.
44. Tampoco es plausible considerar que los efectos de las intervenciones solo
fueran perceptibles hasta septiembre de esa anualidad pues, tal y como se indicó,
el proceso erosivo fue notorio al menos desde el 2015, según la prueba pericial
aportada al plenario.
45. Si se parte de la base de que el fenómeno de la erosión ocurre en forma paulatina,
no resulta razonable considerar que para el momento en que el inmueble fue
adquirido por los hoy demandantes la erosión y el desplazamiento de las orillas
llevara aproximadamente 8 años de evolución y aquellos no la hubieran conocido
de manera previa a la suscripción del negocio jurídico de compraventa, pues la
mínima diligencia de quien adquiere un predio implica que lo visite para determinar
las condiciones físicas sobre las que se realiza la negociación.
46. Conforme se lee en el dictamen pericial, el tramo con mayor desplazamiento para
el año 2023 -tramo K0+880-K1+000- alcanzó un máximo de 45.4 mts sobre la
margen izquierda39. Los resultados del dictamen pericial demuestran un “evidente”
proceso de erosión, lo que permite a la Sala inferir que el movimiento de las orillas
era perceptible por los sentidos y, de esa manera, los demandantes, además de
adquirir el inmueble en las condiciones en las que se encontraba para la fecha del
negocio jurídico, pudieron advertirlo mucho antes de la ola invernal de 2019.
47. A efectos de ilustrar lo anterior se trae la siguiente imagen que hace parte del
dictamen pericial y que muestra el desplazamiento de la orilla en el tramo de mayor
extensión:
38 Índice 61 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
39 Se lee en el dictamen: Tan solo comparando visualmente las figuras 6-1 y 6-2, se logra observar que ha
habido un claro movimiento de las márgenes del arroyo dentro del predio con dirección Capri Lote 2. En los
primero 400 m del cauce desde aguas arriba hacia aguas abajo, no se nota mucho desplazamiento de las orillas.
Sin embargo, desde la abscisa K0+400 del levantamiento hasta el límite aguas abajo, se nota un cambio
sustancial en la posición de las orillas. ING. MSC. RICARDO DAZA GONZÁLEZ 9
Las siguientes figuras muestran el desplazamiento de orillas entre 2011 y 2023 sobre el predio con dirección
Capri Lote 2 en los sectores más críticos. Se logra medir los siguientes desplazamientos máximos de orillas:
• Tramo K0+520-K0+680: 37.4 m sobre la margen derecha.
• Tramo K0+780-K0+860: 34.2 m sobre la margen derecha.
• Tramo K0+880-K1+000: 45.4 m sobre la margen izquierda.
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
Actor: Johny Farah Villavicencio y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa
48. En el recurso de apelación se alegó que las declaraciones de testigos y el
interrogatorio de parte de uno de los actores acreditaban que la socavación del
predio solo se hizo evidente con las lluvias presentadas en los meses de septiembre
y octubre de 2019, así como que dichas pruebas no fueron controvertidas ni
desvirtuadas en el proceso.
49. Frente a la versión del demandante Johny Farah Villavicencio 40, debe decirse que
carece de fuerza probatoria, en tanto tiene interés directo en las resultas del
proceso, lo que implica que sus dichos no pueden constituir prueba de las
alegaciones presentadas en la demanda; de otra parte, el hecho de que las
declaraciones de los testigos Octaviano Anillo41 y Joaquín Muñoz González42 no
hayan sido cuestionadas no implica que deban acogerse en forma obligatoria, pues
el juez tiene la autonomía para valorarlas y contrastarlas con el resto del material
probatorio.
50. En ese sentido se considera que sus dichos no tienen el mérito para desvirtuar
el contenido de los soportes de la prueba pericial en el contexto antes analizado.
Los testimonios en cita corresponden a narraciones fácticas sin ningún tipo de
sustento más allá de sus dichos, los que no se advierten imparciales43 ni
consistentes, pues directa o indirectamente tuvieron relación con los propietarios
del predio afectado y, además, sus versiones no son contrastables con ningún otro
medio de prueba44. Ocurre lo contrario frente a las conclusiones del dictamen
pericial que tienen como fundamento la técnica ingenieril y las verificaciones
técnicas y soportes que las respaldan.
51. Finalmente, se tiene que los actores no invocaron ni acreditaron alguna situación
objetiva que permita considerar que se encontraban impedidos para presentar la
40 Índice 36 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
41 Índice 36 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
42 Índice 36 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
43 El señor Joaquín Muñoz manifestó en su testimonio: “yo saco madera de la tierra del señor Farah, lógico con
su permiso, incluso entraba el camión que lavaba las torres por la orilla de la tierra del señor Farah y del 19 para
acá no hemos podido entrar más pa´ca” (…) “PREGUNTADO: Señor Joaquín usted dice que usted es uno de
los demandantes, cuando dice usted que es uno de los demandantes a que se refiere. RESPONDIDO: porque
en las reuniones que hemos tenido ahí con los comités que ha habido en el sector ahí aparezco yo también
metido porque se recogieron 1.200 firmas y se llevaron al Distrito”.
44 El señor Octaviano Anillo al ser indagado respondió: “PREGUNTADO: Usted tiene pruebas de que las
máquinas desviaron el cauce del arroyo, si es así muéstrelas al Despacho. RESPONDIDO: No, yo vi, yo vi. Yo
la prueba fue que yo vi en ese entonces, esas son las pruebas que yo vi”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
Actor: Johny Farah Villavicencio y otros
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa
respectiva demanda de reparación directa oportunamente en los términos del
artículo 164 del CPACA.
52. Por los argumentos antes expuestos, se impone confirmar la sentencia apelada.
Condena en costas
53. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA45, la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil, norma que fue derogada por el hoy vigente Código General del
Proceso. Según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 365 del CGP46, la Sala
condenará en costas a la parte demandante, pues su recurso se resuelve
desfavorablemente y se encuentra demostrada la gestión de los apoderados de las
entidades demandadas con las oposiciones al recurso de apelación realizadas en
esta instancia47.
54. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las
cuales se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA 16-10554 de agosto 5 de 2016, norma
vigente para la fecha en que se presentó la demanda – 21 de junio de 202148 - por
expresa autorización de la ley adjetiva se fijan las agencias en derecho en el monto
equivalente a un (1) S.M.M.L.V. a la fecha de ejecutoria de esta providencia, dividida
en partes iguales a cargo de los actores y a favor de la parte demandada en la
misma proporción.
55. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los
términos del artículo 366 del CGP.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de noviembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “A”, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
45 Art 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
46 “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
47 En el trámite de segunda instancia el Distrito de Barranquilla (Índice 10 SAMAI, actuaciones de segunda
instancia), la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Índice 11 SAMAI, actuaciones de
segunda instancia) y la Agencia Distrital de Infraestructura (Índice 12 SAMAI, actuaciones de segunda
instancia).
48 Índice 01 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00320-02 (74.101)
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Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otros
Referencia: Reparación directa
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Para este efecto, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de un (1)
SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, dividida en partes iguales a
cargo de los actores y a favor de la parte demandada en la misma proporción. Las
costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría CARGAR la
sentencia al respectivo índice de SAMAI y DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
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