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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00351-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00351-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 8 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, el cual quedará así: «TERCERO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal – ‘UGPP’ a reconocer y pagar a favor del señor Dolcey Elías Escorcia Jinete, la pensión gracia a partir del 5 de julio de 1999, incluyendo todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional; con efectividad desde el 30 de junio de 2017, por prescripción trienal, sumas que serán canceladas por la entidad demandada y deberán ser actualizadas según la fórmula establecida por esta Corporación». Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 8 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante la cual se accedió parcialmente a lo pretendido en la demanda presentada por Dolcey Elías Escorcia Jinete. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. 24 Radicado: 08001-23-33-000-2021-00351-01 (4455-2024) Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Vmt 25

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2021-00351-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00351-01 (4455-2024)
Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 8 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Dolcey Elías Escorcia Jinete presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución RDP 023837 del 21 de octubre de 2020,
mediante la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2021-00351-01 (4455-2024)
Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 le negó el reconocimiento de
la pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 27 de julio de
2012, con el 75% de lo devengado durante el último año de servicio; ii) la indexación
de las sumas adeudadas de conformidad con los índices de precios al consumidor
y iii) la condena en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1.DolceyElías Escorcia Jinete nació el 28 de febrero de 1947, por lo que
actualmente cuenta con 74 años.

3.2.Se vinculó al servicio docente en los siguientes periodos:

Fecha inicial Fecha final Vinculación Novedad Plantel
30 de Orden de Colegio La
1º de febrero
noviembre de prestación de Campesina de
de 1979
1979 servicios Soledad
Docente Colegio
3 de marzo de 5 de mayo de Decreto 027 de catedrático 80 Bachillerato
1981 1981 1981 horas mensuales Masculino de
Soledad
Traslado Colegio Nuestra
Resolución 098
18 de marzo de Señora de la
del 18 de marzo
1982 Misericordia de
de 1982
Soledad
Convertido a
Acuerdo 049 del
docente de
15 de 15 de diciembre
tiempo completo
diciembre de de 1987 (Junta
con vigencia a
1987 Administradora
partir del 1º de
FER)
enero de 1988
Traslado Colegio
Decreto 127 del (ascendió al Nacionalizado
13 de junio de
13 de junio de grado 12 de Dolores María
1991
1991 escalafón Ucros de
Nacional) Soledad

2 En adelante Ugpp.

2

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Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

3.3.El 30 de junio de 2020 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, el
cual fue negado mediante la Resolución RDP 023837 del 21 de octubre de 2020,
porque la entidad de previsión consideró que no se había acreditado una vinculación
antes del 31 de diciembre de 1980 ni 20 años de servicio en calidad de docente del
orden departamental, distrital o nacionalizado. Contra la anterior decisión no fue
interpuesto recurso alguno.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron las leyes 114 de 1913, 37 de 1933 y 91 de 1989.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:

5.1.El acto demandado fue expedido con violación directa de la ley, puesto que la
entidad de previsión desconoció que suscribió un contrato de prestación de servicios
el 1º de febrero de 1979 con el municipio de Soledad [Atlántico], en razón del cual
ejerció como docente durante 10 meses [es decir hasta el 30 de noviembre de 1979],
en cuya cláusula 5 fue pactada la obligación por parte del municipio, en cuanto al
pago de las prestaciones del docente.

5.2.Ahora, si bien mediante el Decreto 027 del 27 de enero de 1981 fue nombrado
como catedrático en el Colegio Bachillerato Masculino de Soledad [Atlántico], lo
cierto es que el tiempo laborado en ese plantel fue certificado por la Secretaría de
Educación de Soledad [Atlántico], «[a]demás hay que tener en cuenta que en virtud del
acuerdo de presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal de 1992 aprobado por el
Honorable Consejo Municipal de Soledad en su artículo 3101 se facultó a la señora
Alcaldesa para contratar o nombrar por Decreto 150 Docentes municipales para el efecto
un rubro de $12.664.650. Que la Secretaría de Educación Municipal de Soledad, en oficios
de fechas Diciembre 5 de 1991, Enero 9 de 1992, Enero 13 de 1992 y Marzo 10 de 1992,
solicitó a la Señora Alcaldesa municipal de Soledad, vincular a los docentes municipales
por Decreto. De acuerdo con lo anterior, se establece que el acto ha prestado sus servicios
por más de 20 años con vinculación de carácter territorial para la fecha del cumplimiento de
la edad para tener el derecho a la pensión gracia» [sic].

1.2. Contestación de la demanda

6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se

3
Índice 2 del aplicativo SAMAI, tipo de archivo (.zip). documento:
5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8820241zi(.zip) NroActua 2.

3

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Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

expresan a continuación4:

6.1.El demandante no acreditó con idoneidad ni suficiencia la concurrencia de todos
los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, en especial la
vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, comoquiera que según el material
probatorio allegado al expediente fue en virtud de contratos de prestación de
servicios, de manera que resultaba necesario adelantar un proceso judicial, con el
fin de determinar si se trató de una relación laboral. Asimismo, el tiempo laborado
en ejercicio de una figura legal y reglamentaria tampoco eran idóneos para el
reconocimiento pensional, toda vez que los cargos desempeñados fueron
financiados con fondos pertenecientes a la nación.

6.2.Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) falta de agotamiento de la
vía gubernativa o actuación administrativa; ii) inexistencia de las obligaciones
reclamadas; iii) cobro de lo no debido; iv) buena fe y v) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, en sentencia
proferida el 8 de mayo de 2024 declaró no probadas las excepciones de inexistencia
de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido y buena fe, accedió
parcialmente a lo pretendido en la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de
la resolución RDP 023837 del 21 de octubre de 2020 y ordenó a la Ugpp el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 1º de febrero de 1999, con
inclusión de todos los factores devengados en el año anterior al estatus pensional,
efectiva a partir del 30 de junio de 2017 por prescripción trienal.

8. Asimismo, negó la condena en costas. Para tal efecto, luego de realizar un
recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó
lo siguiente:

8.1.Dolcey Elías Escorcia Jinete prestó sus servicios como docente durante 20 años,
según fue certificado en el documento del 24 de junio de 2020, en el cual se indicó
que estuvo vinculado desde el 1º de febrero de 1979 hasta el 30 de noviembre de
1979 [por 10 meses] y desde el 5 de febrero de 1981 hasta el 16 de octubre de 2012
[fecha en la cual alcanzó la edad del retiro forzoso], además resultaba posible
computar el tiempo laborado en virtud de contratos de prestación de servicio para
el reconocimiento de la pensión gracia.

4
Índice 2 del aplicativo SAMAI, tipode archivo (.zip). Certificado:
5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8820241zi(.zip) NroActua 2.

4

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Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

8.2.Asimismo, cumplió 50 años de edad el 28 de febrero de 1997, en ese sentido
alcanzó el estatus pensional el 1º de febrero de 1999, fecha en la que completó los
20 años de servicio.

8.3.En relación con la prescripción, «adquirió el derecho a percibir la pensión de jubilación
gracia, a partir del día 1º de febrero de 1999; no obstante, se solicitó el reconocimiento
pensional, el 30 de junio de 2020, transcurriendo así más de tres años desde el momento
en que la obligación se hizo exigible, por lo que, se tomará como fecha para contabilizar la
prescripción el día 30 de junio de 2020, es decir, que frente a las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 30 de junio de 2017, ha operado el fenómeno de
prescripción».

8.4.Finalmente, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365
del Código General del Proceso, no condenó en costas a la demandada, en tanto
no fueron probadas ni causadas y del comportamiento ejercido por el demandante
tampoco se deduce la procedencia de estas.

1.4. El recurso de apelación

9. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar
se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos5:

9.1.El tribunal incurrió en error al momento de valorar los supuestos fácticos, pues el
acto demandado fue proferido según fundamentos constitucionales y legales
vigentes, toda vez que el docente no acreditó que su vinculación como docente
fuese del orden territorial o nacionalizado.

9.2.El demandante prestó sus servicios en el municipio de Soledad [Atlántico] entre
el 1º de febrero y el 30 de noviembre de 1979 [10 meses], en virtud de un contrato
de prestación de servicios. Sin embargo, este tiempo no resultaba computable para
el reconocimiento pretendido, puesto que no se trató de una vinculación legal y
reglamentaria, según lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 115 de 1994, y para
ser tenido en cuenta era necesario que mediara una providencial judicial en la cual
se determinara la existencia de la relación laboral.

9.3.Asimismo, el tiempo laborado desde el 1º de enero de 1988 hasta el 29 de julio
de 1991, tampoco era computable, por cuanto el Acuerdo 049 del 15 de diciembre
de 1987 [por medio del cual fue convertido a tiempo completo] fue suscrito por la
Junta Administradora FER, lo cual implicaba el financiamiento de la nación.

5 Índice 34 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuación denominada
48Recepcion recur_apelacion _RecursoApelacionpdf(.pdf) NroActua 34.

5

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Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

9.4.Lavinculación ostentada con ocasión de los actos administrativos como el
Decreto 027 del 27 de enero de 1981, la Resolución 098 del 18 de marzo de 1982,
el Acuerdo 049 del 15 de diciembre de 1987, el Decreto 127 del 13 de junio de 1991
y el Decreto 0238 del 24 de julio de 2012, no fue acreditada, comoquiera que
aquellos no fueron allegados al expediente, excepto una copia auténtica de un acta
de posesión del 3 de marzo de 1981.

9.5.Adicionalmente, el demandante no agotó la actuación administrativa, puesto que
omitió interponer el recurso de apelación en contra de la Resolución RDP 023837
del 21 de octubre de 2020, mediante la cual fue negado el reconocimiento.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión6, tal como lo dispuso el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

11. El Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

12. Se circunscribe a resolver ¿si Dolcey Elías Escorcia Jinete acreditó los requisitos
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con
las normas que la regulan?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. En torno a la pensión gracia

13. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto

6 Índice 4 de Samai, actuación denominada: 6Autoqueadmite_44552024Admiterecurs(.pdf)
NroActua 4, en el cual obra el auto admisorio proferido el 30 de septiembre de 2024.

6

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Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.

14. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19137 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

15. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.

8
16. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 19339, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

17. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

7
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
9
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».

7

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Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

18. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.

19. Enefecto, la Ley 60 de 199310 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal

10
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

8

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Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.

20. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja11, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196812, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos13 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199414 (artículo 179, literal d).

21. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.

22. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199515, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:

22.1.i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.

11
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
12
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
13
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
14
«Por la cual se expide la ley general de educación»
15
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»

9

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22.2.ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:

23. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.

24. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.

25. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

16
26. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
17
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».

18
27. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.

16
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
17
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.

10

Radicado: 08001-23-33-000-2021-00351-01 (4455-2024)
Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

28. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala19 ha señalado:

«[…] Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.

Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198920 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]

29. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201821, así:

19
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
20
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
21
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

11

Radicado: 08001-23-33-000-2021-00351-01 (4455-2024)
Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».

30. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202222 indicó:

«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».23

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
23
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).

12

Radicado: 08001-23-33-000-2021-00351-01 (4455-2024)
Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]

31. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.

2.3. Caso concreto

32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

32.1. Dolcey Elías Escorcia Jinete nació el 28 de febrero de 1947.

32.2. El 15 de septiembre de 1979, el alcalde, el contralor y el tesorero municipal de
Soledad [Atlántico] suscribieron la orden de pago definitiva 580 a favor de los
«Maestros de Educación» por «$150.000», entre los cuales estaba el demandante, con
presupuesto «Departamento programa Educación» de 1979, detalles «Sueldo […]
Nómina, correspondiente a los meses de Feb/ a Mar».

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Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

32.3. Mediante el Decreto 027 del 27 de enero de 1981, el gobernador del
departamento del Atlántico lo nombró docente catedrático por 80 horas mensuales
en el Colegio de Bachillerato Masculino de Soledad, cargo del cual tomó posesión
el 5 de marzo de 1981 ante el gobernador, según el acta [sin número] de posesión.

32.4. El 30 de enero de 1981, el jefe de personal del departamento del Atlántico le
comunicó al docente que mediante el Decreto 027 del 27 de enero de 1981 fue
nombrado «en el cargo de catedrático por 80 horas mensuales en el Colegio de Bto.
Masculino de Soledad».

32.5. El 5 de mayo de 2006, el jefe de división administrativa y financiera de la
Secretaría de Educación de Soledad [Atlántico] certificó:

«Que el docente ESCORCIA JINETE DOLCEY ELIAS […] presta sus servicios como
docente, adscrito a la Secretaría de Educación Municipal de Soledad.
Nombrado profesor por 80 horas de clases en el Colegio Bachillerato Masculino de
Soledad mediante Decreto 027 del 27 de enero de 1981, posesionado el 05/03/81.
Trasladado en el cargo de catedrático por 80 horas de clases mensuales del Colegio de
Bachillerato Masculino de Soledad al Colegio Nuestra Señora de la Misericordia del
Municipio de Soledad mediante Resolución 098 del 18/03/82.
Convertido en tiempo completo, mediante acuerdo 049 del 15/12/87 emanado por la
junta administradora FER, con vigencia a partir del 01/01/88.
Trasladado del Centro Cultural Nuestra Señora de la Misericordia del Municipio de
Soledad al cargo de profesor de tiempo completo al Colegio Nacionalizado Dolores María
Ucros de Soledad, mediante Decreto 127 del 13/06/91.
Ascendida al grado 12 del Escalafón Nacional Docente, mediante Resolución 2246 del
06 de diciembre de 2001».

32.6. El 8 de mayo de 2006, el jefe de división del centro de atención al público de la
Procuraduría General de la Nación certificó que no registró sanciones ni
inhabilidades vigentes.

32.7. El 11 de julio de 2006, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, el
cual fue negado por la Caja Nacional de Previsión Social EICE24 mediante la
Resolución 32335 del 3 de julio de 2007, con fundamento en que no acreditó una
vinculación previa al 31 de diciembre de 1980, de orden departamental, distrital o
municipal.

32.8. Mediante el Decreto 00238 del 24 de julio de 2012 «[p]or medio del cual se retira
del servicio a un docente incorporado a la planta global del municipio del Soledad por haber
cumplido la edad del retiro forzoso», el alcalde de Soledad [Atlántico] retiró del servicio
público al docente «vinculado en propiedad en la Planta Global de la Alcaldía de Soledad,
adscrita a la Secretaría de Educación Municipal, quien se desempeña en el cargo de

24 En adelante Cajanal EICE.

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Demandante: Dolcey Elías Escorcia Jinete

Docente en el área de IDIOMA EXTRANJERO – INGLES, en la Institución Educativa
Dolores María Ucros de Soledad».

32.9. El 29 de mayo de 2019, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
el cual fue negado por la Ugpp, mediante la Resolución RDP 025335 del 26 de
agosto de 2019, toda vez que no fue acreditada la vinculación como docente
territorial antes del 31 de diciembre de 1980.
32.10. El 29 de marzo de 2019 y el 24 de junio de 2020, el profesional especializado
de la Secretaría de Educación de Soledad [Atlántico], a través del formato único
para la expedición de la historia laboral, certificó que el demandante prestó su
servicio, como docente en propiedad de básica secundaria, con tipo de vinculación
nacionalizado, en los siguientes términos:

Novedad Acto Desde [fecha Hasta Tiempo
administrativo de posesión]
Nombrado docente por Contrato del 6 de 1° de febrero de «1° de febrero 10 meses
contrato a término fijo julio de 1979 1979 de 1979»
Colegio La Campesina de
Soledad
Nombrado profesor por 80 Decreto 027 del 5 de «mayo» de 18 de marzo 14 días, 1
horas mensuales 27 de enero de 1981 de 1982 año
Colegio de Bachillerato 1981
Masculino de Soledad
Nombrado catedrático por Resolución 098 18 de marzo de 1° de enero de 14 días, 9
80 horas mensuales de del 18 de 1982 1982 1988 meses, 5
clases años
Colegio de Bachillerato de
Nuestra Señora de la
Misericordia de Soledad
Convertido a tiempo Acuerdo 049 del 1° de enero de 13 de julio de 29 días, 6
completo 15 de diciembre 1988 1991 meses, 3
Colegio Bachillerato de 1987 años
Nuestra Señora de la
Misericordia de Soledad
Traslado del Colegio Decreto 127 del 13 de julio de 16 de octubre 3 días, 3
Nacionalizado Dolores 13 de junio 1991 1991 de 2012 meses, 21
María Ucros de Soledad años
Retiro forzoso Decreto 00238
Institución Educativa del 24 de julio de
Dolores María Ucros de 2012
Soledad

32.11. El 30 de junio de 2020 el docente solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, la cual fue negada por la Ugpp mediante la Resolución RDP 023837
del 21 de octubre de 2020, con fundamento en que «al 31 de diciembre de 1980, el

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peticionario no acreditó vinculación anterior a la fecha citada […] el señor ESCORCIA
JINETE DOLCEY ELIAS, aportó certificado laboral del 24 de junio de 2020 que indica que
laboró para el Colegio La Campesina Soledad desde el 01 de febrero de 1979 y por 10
meses y la forma de vinculación fue por medio de un contrato […] es preciso aclarar al
peticionario que los tiempos de servicio prestado desde el 01 de febrero de 1979 por término
de diez meses se desestima toda vez que su vinculación fue mediante prestación de
servicios […] De conformidad el peticionario no cuenta con los veinte años en la docente
oficial de carácter Departamental, Distrital, Municipal o Nacionalizado teniendo en cuenta
que para acceder a la prestación solicitada no es posible computar tiempos de servicio que
sean presentados bajo la modalidad de prestación de servicios, en consecuencia no hay
lugar al reconocimiento y pago de la pensión» [sic].

32.12. El 3 de noviembre de 2020, el municipio de Soledad [Atlántico] certificó que el
docente prestó sus servicios con vinculación laboral desde el 1° de febrero de 1977
hasta el 30 de noviembre de 1977 y desde el 5 de marzo de 1981 hasta el 24 de
julio de 2012. Asimismo, especificó lo siguiente:

Desde Hasta Tipo de vinculación Establecimiento educativo Acto
administrativo
Contrato del
Institución Educativa Dolores
01/02/1977 30/11/1977 Provisional 1° de febrero
María Ucros
de 1977
Decreto 027
del 27 de
Institución Educativa Dolores
05/03/1981 24/07/2012 Propiedad enero de
María Ucros
1981

2.4. Análisis sustancial

33. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, accedió
parcialmente a lo pretendido en la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de
la Resolución RDP 023837 del 21 de octubre de 2020 y ordenar a la Ugpp el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 1º de febrero de 1999, con
inclusión de todos los factores devengados en el año anterior al estatus pensional,
efectiva a partir del 30 de junio de 2017 por prescripción trienal.

34. Lo anterior al concluir que Dolcey Elías Escorcia Jinete acreditó la totalidad de
los requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia y en ese sentido
alcanzó el estatus pensional el 1º de febrero de 1999.

35. La Ugpp solicitó que se revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera
instancia, al considerar que contrario a lo concluido en dicho proveído, el acto

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demandado fue proferido según los fundamentos constitucionales y legales
vigentes, toda vez que el docente no acreditó que durante el tiempo en el que ejerció
como docente oficial hubiese ostentado vinculación del orden territorial o
nacionalizada.

36. Además, la vinculación ostentada mediante los actos administrativos como el
Decreto 027 del 27 de enero de 1981, la Resolución 098 del 18 de marzo de 1982,
el Acuerdo 049 del 15 de diciembre de 1987, el Decreto 127 del 13 de junio de 1991
y el Decreto 0238 del 24 de julio de 2012, no fue acreditada, comoquiera que
aquellos no fueron allegados al expediente, excepto una copia auténtica de un acta
de posesión del 3 de marzo de 1981.

37. Adicionalmente, el demandante no agotó la actuación administrativa, puesto que
omitió interponer el recurso de apelación en contra de la Resolución RDP 023837
del 21 de octubre de 2020, mediante la cual fue negado el reconocimiento.

38. De acuerdo con lo anterior, la sala verificará si, como se afirma en el recurso de
apelación, el docente acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia, para esos efectos, se verificará si: i) contaba con 50 años de edad;
ii) ejerció la docencia con buena conducta; iii) acreditó una experiencia anterior al
31 de diciembre de 1980 en una institución educativa territorial o nacionalizada y iv)
completó 20 años de servicio en una plaza territorial o nacionalizada.

39. Al respecto, se advierte que Dolcey Elías Escorcia Jinete contaba con más de 50
años de edad [nació el 28 de febrero de 1947], por lo que cumplió con ese requisito
en el año 1997. Asimismo, se encuentra acreditado el requisito de la buena
conducta, en tanto que el jefe de división del centro de atención al público de la
Procuraduría General de la Nación certificó [8 de mayo de 2006] que no registró
sanciones ni inhabilidades vigentes.

40. Ahora bien, en relación con el requisito de contar con experiencia docente con
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, en el
expediente se evidencia que se desempeñó como maestro en la Institución
Educativa Dolores María Ucros y en el Colegio La Campesina de Soledad
[Atlántico], entre 1977 y 1979, en cuanto al origen de los recursos que financiaron
el servicio pactado en 1979, se constató mediante la orden de pago definitiva 580
del 15 de septiembre de 1979, que el alcalde municipal, el contralor municipal y el
tesorero municipal de Soledad [Atlántico] ordenaron el pago por «$150.000» del
«Sueldo […] Nómina, correspondiente a los meses de Feb/ a Mar», a favor de los
«Maestros de Educación», entre los cuales estaba el demandante, con presupuesto
del «Departamento» de 1979. El servicio prestado durante los años 1977 y 1979 fue

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certificado por el municipio de Soledad [Atlántico] el 3 de noviembre de 2020, y por
el profesional especializado de la Secretaría de Educación de Soledad [Atlántico],
el 29 de marzo de 2019 y el 24 de junio de 2020.

41. Asimismo, estuvo vinculado desde el 5 de marzo de 1981, en virtud del Decreto
027 del 27 de enero de 1981, a través del cual el gobernador del departamento del
Atlántico lo nombró en calidad de docente catedrático por 80 horas mensuales en
el Colegio de Bachillerato Masculino de Soledad, cargo del cual tomó posesión el 5
de marzo de 1981 ante el gobernador, según el acta [sin número] de posesión, tal
como fue corroborado en las certificaciones prescritas por el jefe de división
administrativa y financiera de la Secretaría de Educación de Soledad [Atlántico], el
5 de mayo de 2006, y el profesional especializado de igual dependencia el 29 de
marzo de 2019 y el 24 de junio de 2020.

42. Así las cosas, se trataron de vinculaciones territoriales, toda vez que fueron
expedidos por una autoridad de ese orden y para ocupar una plaza con esa
característica, además, en cuanto a la vinculación a partir de 1977, según lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, era personal considerado de ese
orden «los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de
enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43
de 1975».

43. En cuanto al tiempo prestado después de 1981, en el expediente obran los
formatos únicos para la expedición de certificado de la historia laboral [proferidos 29
de marzo de 2019 y el 24 de junio de 2020], mediante los cuales la Secretaría de
Educación de Soledad certificó que el docente prestó sus servicios con vinculación
nacionalizado en el nivel de básica secundaria, inicialmente vinculado a través de
órdenes de prestación de servicios durante los años 1977, 1979 y, desde el 5 de
marzo de 1981, a través de una relación legal y reglamentaria, como docente
catedrático por 80 horas mensuales en el Colegio de Bachillerato Masculino de
Soledad, y a partir del 1° de enero de 1988 fue «Convertido en tiempo completo,
mediante acuerdo 049 del 15/12/87 emanado por la junta administradora FER» (se resalta),
hasta la edad de retiro forzoso, esto el 24 de julio de 2012.

44. Lo anterior coincidió con lo indicado en el Decreto 00238 del 24 de julio de 2012
«[p]or medio del cual se retira del servicio a un docente incorporado a la planta global del
municipio del Soledad por haber cumplido la edad del retiro forzoso», en tanto que el
alcalde de Soledad [Atlántico] retiró del servicio público al docente «vinculado en
propiedad en la Planta Global de la Alcaldía de Soledad, adscrita a la Secretaría de
Educación Municipal, quien se desempeña en el cargo de Docente en el área de IDIOMA
EXTRANJERO – INGLES, en la Institución Educativa Dolores María Ucros de Soledad» (se
resalta).

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45. En virtud de lo anterior, para la Sala es suficiente la información obrante en el
expediente para determinar de manera clara y expresa que el demandante ejerció
la docencia con vinculación territorial durante más de 20 años.

46. De otra parte, dentro de los reproches planteados en el recurso de apelación, la
Ugpp sostuvo que en relación con la vinculación que ostentó el demandante, en el
sub judice no se logró acreditar que los recursos que financiaron los cargos
ejercidos pertenecieran al ente territorial; sin embargo, el material probatorio obrante
en el expediente permite concluir que los salarios de la docente fueron pagados con
recursos del sistema general de participaciones.

47. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, para efectos de determinar si el docente ocupó una de las plazas que
lo hicieran beneficiario de la pensión gracia, la Sección Segunda de esta
Corporación fijó unas reglas, dentro de las cuales se destacan:

«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de
1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban
a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes
territoriales;

[…]

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
o del -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y […]» [Se resalta]

48. Así las cosas, de acuerdo con el aparte jurisprudencial transcrito y contrario al
reproche planteado por la apelante, la determinación de la fuente de los recursos
con los que fueron pagados los salarios de la docente no es determinante para
efectos del reconocimiento de la prestación en discusión, toda vez que, los recursos
del antiguo situado fiscal [hoy sistema general de participaciones] una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes
territoriales. Por lo que, la falta de prueba en ese sentido no impide el
reconocimiento pretendido.

49. Ahora, en cuanto a lo manifestado por la entidad previsional, en relación con la
validez de los tiempos laborados por el demandante en virtud de contratos de

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prestación de servicio, pues según dijo no resultaban computables para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.

50. Esta Corporación ha manifestado que «resulta irrelevante que algunos periodos […]
se hayan laborado a través de órdenes de prestación de servicios y no en propiedad, ya
que el ordenamiento que regula la prestación reclamada no establece esa condición
negativa para el cómputo de los años de servicios, pues resulta suficiente que el interesado
demuestre haber servido al Magisterio como docente departamental, municipal o distrital
en diversas épocas, para que los tiempos laborados puedan ser tenidos en cuenta en el
monto del mínimo requerido (20 años). Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es
ajena a quienes se incorporen a la planta docente de las entidades territoriales en
propiedad, ya que las funciones que cumplen unos y otros son ‘similares en el campo
educativo y, en consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de servicios
también] está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por
supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que
gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que
desconozcan el derecho de los docentes ocasionales, a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales
deben otorgarse en proporción al tiempo laborado’»25, motivo por el cual no
encuentra asidero tal argumento, toda vez que el servicio prestado en los años 1977
y 1979 se acreditó mediante certificaciones emanadas por el municipio de Soledad
[Atlántico] el 3 de noviembre de 2020 y la Secretaría de Educación de Soledad
[Atlántico], el 29 de marzo de 2019 y el 24 de junio de 2020, y la orden de pago
definitiva 580 del 15 de septiembre de 1979, sin que en contra los anteriores
elementos probatorios se hubieran presentado objeciones ni tacha de falsedad.

51. Por otra parte, la Ugpp cuestionó la ausencia de material probatorio idóneo, por
cuanto no fueron allegados la totalidad de los actos administrativos mediante los
cuales fue nombrado y posesionado. Para la Sala este argumento no es procedente
pues, como se expuso en líneas anteriores, de acuerdo con la jurisprudencia de
esta Corporación «para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo […] o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de
manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial» (se resalta), como en efecto ocurrió en el presente
asunto, en el cual fueron allegadas varias certificaciones [citadas y mencionadas en
párrafos anteriores de este acápite] emanadas por el municipio de Soledad
(Atlántico).

25Sentencia del 19 de enero de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

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52. Finalmente, la Ugpp manifestó que el demandante no agotó la actuación
administrativa, puesto que omitió interponer el recurso de apelación en contra de la
Resolución RDP 023837 del 21 de octubre de 2020, mediante la cual fue negado el
reconocimiento.

53. Al respecto, la Sala advierte que en ejercicio del derecho de contradicción, la
entidad previsional contestó la demanda, a través de la cual propuso la excepción
de «falta de agotamiento de la vía gubernativa o actuación administrativa», que fue
resuelta por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, por
medio del auto del 16 de agosto de 2022, declaró no probada la excepción, con
fundamento en que:

«teniendo en cuenta que el accionante Dolcey Elías Escorcia Jinete, es un señor de 74
años de edad, la excepción no está llamada a prosperar, considerando que las personas
de la tercera edad, dada las condiciones fisiológicas propias del paso del tiempo, se
consideran sujetos de especial protección constitucional, que requieren la intervención
del Estado, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia
C-117 DE 2016. Por otro lado, en la sentencia T-463 de 2003, la Corte, en el marco de
la solicitud de una pensión de vejez, manifestó que entre los sujetos de especial
protección constitucional se encuentran los ‘adultos mayores’. Respecto a la protección
reforzada de este grupo poblacional, se advierte que esta Corporación usa los términos
‘ancianos’, ‘adulto mayor’ y ‘persona de la tercera edad’ para referirse a un grupo
poblacional que, dado su estado de debilidad, merece mayor amparo de la sociedad y
del Estado […] La especial protección para las personas de la tercera edad, también
tiene su fundamento en el principio de solidaridad consagrado en el artículo primero de
la Constitución de 1991 […]

Teniendo en cuenta lo anterior, y si bien las normas imponen el deber al peticionario de
agotar debidamente la vía gubernativa, lo cierto es que en este caso, se da una situación
especial de la persona por ser considerado un sujeto de especial protección
constitucional, por lo tanto, no será exigible el agotamiento del recurso de apelación, que
se inaplicará en este particular caso, teniendo en cuenta de que más daño se le causa
en el evento de que se le imponga la obligación de volver a peticionar e iniciar
nuevamente la actuación, dada la edad, es válido que se pueda abarcar».

54.Asimismo, esta providencia fue notificada mediante mensaje de datos, el 16 de
septiembre de 2022, sin que fuera interpuesto recurso alguno por parte de los
sujetos procesales, de manera que al quedar en firme la anterior decisión fue
amparada por el principio de confianza legítima. Entonces, para la Sala no tiene
asidero que a través del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia
proferida en la primera instancia se objete una decisión que no hizo parte de esa
providencia, comoquiera que fue definida y cobró firmeza con anterioridad. De lo
contrario, se vulnerarían los principios constitucionales de confianza legítima y
seguridad jurídica, en virtud de los cuales no es posible defraudar los intereses de
las personas, en el caso del demandante, que han confiado en las decisiones

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judiciales, como resultado de un cambio inesperado que sustituye la expectativa
creada.

55. En adición a lo anterior, la garantía de la confianza legítima se encuentra ligada
al principio de la seguridad jurídica que protege la Constitución Política y que supone
una garantía de certeza sobre una situación particular de cara a la regulación
jurídica que la rodea26. Así, esa confianza consiste en «la expectativa genuina que
alberga el particular, de que las reglas establecidas por el Estado para el ejercicio de una
actividad o el reconocimiento de un derecho no sean variadas súbitamente. De acuerdo
con ello, este principio se ve defraudado cuando la autoridad produce un cambio abrupto
en sus comportamientos y decisiones, cambio que resquebraja la esperanza legítima que
el administrado se ha fijado»27 (se resalta).

56. En consonancia con lo expuesto, la demandante acreditó que prestó sus
servicios como docente con vinculación territorial así: i) entre el 1° de febrero de
1977 y el 30 de noviembre de 1977, 10 meses; ii) entre el 1° de febrero de 1979 y
el «1° de febrero de 197928», 10 meses; iii) entre el 5 de marzo de 1981 y el 24 de
julio de 2012, 31 años, 4 meses.

57. Respecto de la consolidación del estatus pensional, la Sala encuentra que para
el 28 de febrero de 1997, cuando el docente cumplió los 50 años de edad, contaba
con 17 años, 7 meses y 6 días de servicio, de manera que fue hasta el 5 de julio de
199929 fecha en la cual adquirió el derecho al completar 20 años de servicio,
contrario a lo dispuesto por el tribunal, en ese sentido se modificará la decisión en
este aspecto.

58. Ahora, en cuanto al cómputo de la prescripción, se observa que el docente
alcanzó el estatus pensional el 5 de julio de 1999, cuando cumplió 20 años de
servicio, la reclamación fue presentada el 30 de junio de 2020, presentó la demanda
el 28 de mayo de 202130, de manera que el mencionado fenómeno operó respecto
de las mesadas causadas antes del 30 de junio de 2017, tal como lo dispuso el a

26 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sala de Descongestión, sentencia del 12 de julio de 2018,

radicado 25000-23-24-000-2009-00348-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
27 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de mayo de 2015, radicado 11001-03-24-

000-2014-00108-00, M.P. Guillermo Vargas Ayala.
28 Según se indicó en los formatos únicos para la expedición de la historia laboral, suscrito por el

profesional especializado de la Secretaría de Educación de Soledad [Atlántico], el 29 de marzo de
2019 y 24 de junio de 2020.
29 Toda vez que, para el 30 de noviembre de 1979 el docente contaba con 1 año y 8 meses (laborados

entre los años 1977 y 1979), ingresó nuevamente el 5 de marzo de 1981, de manera que alcanzó el
estatus pensional el 5 de julio de 1999.
30 Índice 2 del aplicativo SAMAI, tipo de archivo (.zip). documento:
5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8820241zi(.zip) NroActua 2. Archivo 002 ActaRepartoJuzgado.

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quo, por lo tanto únicamente se modificará la fecha del estatus pensional prevista
en el ordinal tercero de la providencia objetada.

59. Así las cosas, se impone confirmar en lo demás la sentencia proferida el 8 de
mayo de 2024, puesto que, como lo concluyó el a quo Dolcey Elías Escorcia Jinete
acreditó los requisitos para el reconocimiento de la prestación, por cuanto: i) acreditó
una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980; ii) contaba con más de 50 años
de edad [nació el 28 de febrero de 1947]; iii) prestó sus servicios como docente
oficial del orden territorial por más de 20 años y iv) ejerció la docencia con buena
conducta.

2.5. Costas

60. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

61. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

62. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.31

63. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

31En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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64. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

65. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Dolcey Elías Escorcia
Jinete acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia. En esas
condiciones, se modificará el ordinal tercero de la sentencia proferida el 8 de mayo
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral
A que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se confirmará en
todo lo demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 8 de mayo de 2024
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, el cual quedará
así:

«TERCERO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal – ‘UGPP’ a reconocer y pagar
a favor del señor Dolcey Elías Escorcia Jinete, la pensión gracia a partir del 5 de julio de
1999, incluyendo todos los factores salariales devengados en el año anterior a la
adquisición del estatus pensional; con efectividad desde el 30 de junio de 2017, por
prescripción trienal, sumas que serán canceladas por la entidad demandada y deberán
ser actualizadas según la fórmula establecida por esta Corporación».

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 8 de mayo de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante la cual se
accedió parcialmente a lo pretendido en la demanda presentada por Dolcey Elías
Escorcia Jinete.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

Vmt

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