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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2021-00368-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2021-00368-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A. 2. CONDENAR en costas en segunda instancia al demandante. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente, conforme con lo 26 Sentencia del 20 de agosto de 2009, exp. 17280, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 08001-23-33-000-2021-00368-01 (29836) Demandante: Luis Armando Mola Insignares expuesto en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2021-00368-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 08001-23-33-000-2021-00368-01 (29836)
Demandante LUIS ARMANDO MOLA INSIGNARES
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Cobro coactivo. Impuesto sobre la renta y complementarios.
Excepción de falta de título ejecutivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A, que resolvió lo siguiente1:
Primero: Denegar las súplicas de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas procesales en esta instancia. […]

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El señor Luis Armando Mola Insignares presentó la declaración inicial del impuesto
sobre la renta y complementarios del año gravable 2016, el 19 de septiembre de
2017, en la cual determinó un saldo a favor.
El 5 de febrero de 2018, mediante formulario 1112607832554, el contribuyente
presentó declaración de corrección con la que aumentó el valor del saldo a favor.
El 23 de agosto de 2019, con formulario 1112608283581, el contribuyente corrigió
por segunda vez la declaración reduciendo el saldo a favor a $0 y determinando un
saldo a pagar.
El 8 de junio de 2020, por tercera vez, el contribuyente presentó corrección de la
declaración en la que disminuyó la suma a pagar a $0.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) libró el mandamiento de
pago 20200302002239 del 3 de septiembre de 2020, por concepto del impuesto de
renta del año 2016, invocando como título ejecutivo la corrección presentada del 23
de agosto de 2019 (formulario 1112608283581).
El contribuyente propuso la excepción de falta de título ejecutivo, la cual fue
declarada como no probada por la DIAN, en la resolución 0018 del 18 de enero de
2021.
Previa interposición del recurso de reposición, la DIAN confirmó la decisión mediante
resolución 00391 del 9 de abril de 2021.
1
Samai de tribunal, índice 19. Pág. 10.

1
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Radicado: 08001-23-33-000-2021-00368-01 (29836)
Demandante: Luis Armando Mola Insignares

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
PRIMERO. DECLARE la nulidad de la Resolución No. 0018 de fecha 18/01/2021, expedida por
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) -Seccional Barranquilla, mediante la cual
fueron declaradas no probadas las excepciones de mérito propuestas por el accionante, LUIS
ARMANDO MOLA INSIGNARES, mediante su apoderado judicial, se ordenó continuar la ejecución
al Mandamiento de Pago No. 202000302002239 de fecha 03/09/2020.

SEGUNDO. DECLARE la nulidad de la Resolución No. 00391 de fecha 9 de abril de 2021,
expedida por la Dirección de Impuesto y Aduana Nacionales [sic] (Seccional Barranquilla) DIAN,
mediante la cual se resolvió el recurso de reposición presentado por el accionante a través de
apoderado judicial, contra la decisión del numeral anterior.

TERCERO. DECLARE probada la excepción de falta de título ejecutivo alegada oportunamente
en el procedimiento administrativo de cobro coactivo.

CUARTO. DECLARE a título de restablecimiento del derecho, dejar sin efectos legales en los
términos del artículo 580 del Estatuto Tributario Nacional (Decreto 684 de 1989) la declaración
de renta (segunda corrección) presentada electrónicamente por el contribuyente LUIS
ARMANDO MOLA INSIGNARES el día 23/08/2019 en formulario No. 1112608283581.

QUINTO. ORDENE a título de restablecimiento del derecho, a la entidad demandada, reconocer
como declaración de renta del período gravable año 2016 del señor LUIS ARMANDO MOLA
INSIGNARES, la declaración de renta presentada electrónicamente por dicho contribuyente
accionante el 02/05/2018 contenida en Formulario No. 1112607832554, efectuando los
ajustes correspondientes en el Estado de Cuenta de dicho usuario, debitando o acreditando
el saldo a favor según corresponda, en virtud de lo declarado en años posteriores.

SEXTO. ORDENE el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el transcurso del
procedimiento de cobro y, en consecuencia, archive la actuación administrativa de cobro
coactivo, en contra de mi poderdante LUIS ARMANDO MOLA INSIGNARES.

Invocó como normas violadas los artículos 6, 23, 29 y 363 de la Constitución Política;
101 de la Ley 1437 de 2011; 580, 596, 742, 831, 832, 833 y 835 del Estatuto
Tributario; y 13 de la Ley 1755 de 2015, con el siguiente concepto de violación:
Expuso las generalidades del cobro coactivo, y precisó que en este tipo de
procedimiento era aplicable el Estatuto Tributario, siendo subsidiaria la remisión a
la norma general de la Ley 1437 de 2011.
Adujo que la DIAN debía tener en cuenta el principio de in dubio pro contribuyente,
dispuesto en el artículo 745 del Estatuto Tributario al momento de resolver las
excepciones propuestas contra el mandamiento de pago. Aclaró que la corrección
de una declaración privada era un mecanismo legal con el que contaban los
contribuyentes para modificar valores registrados inicialmente.
Sostuvo que, en el presente asunto, el título ejecutivo era inexistente, puesto que la
segunda declaración de corrección (del 23 de agosto de 2019) no surtió efectos
legales, ya que omitió la firma de contador público, requisito exigido por el artículo
596 del Estatuto Tributario, pues obtuvo ingresos brutos operacionales que

2
Samai de tribunal, índice 4, PDF demanda, pág. 3.

2
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Radicado: 08001-23-33-000-2021-00368-01 (29836)
Demandante: Luis Armando Mola Insignares

superaron el tope legal de 100.000 UVT para el año 2016, lo cual estaba acreditado
con capturas de pantalla del sistema, aportadas con el escrito de excepciones.
Agregó que la DIAN no agotó la práctica de pruebas en el procedimiento de cobro
coactivo, ni valoró en debida forma las documentales aportadas por el demandante,
sino que se limitó a señalar que, para tener por no presentada una declaración, se
debía expedir un acto que así lo declarara. Además, afirmó que se incurrió en falsa
motivación, pues, si bien se sustentó la decisión de negar las excepciones en
«abundante jurisprudencia»3, no citó los fallos ni disposición legal alguna.

Explicó que la DIAN debía declarar probada la excepción de falta de título ejecutivo4,
pues resultaba lesivo y contrario a derecho trasladar la carga al contribuyente de
realizar la petición para que tuviera por no presentada la declaración en proceso
independiente, pues solo tendría 15 días para obtener una respuesta afirmativa y
formular la excepción oportunamente.
Indicó que dicha carga resulta desproporcionada y vulnera el derecho a la defensa
al exigirle un imposible, especialmente frente a la ampliación de términos para
resolver peticiones por la pandemia, establecida en el Decreto Legislativo 491 de
2020.
Señaló que el artículo 46 del Decreto 4048 de 2008 no le prohíbe al funcionario de
cobranzas emitir el acto declarativo que deje sin efectos la corrección sin firma del
contador, ya que dicha actuación no suponía ejecutar actos previos para la
determinación del impuesto ni alteraba los elementos fiscales de la declaración.
Incluso, de no ser así, se debió remitir la situación a la subdirección encargada del
asunto, para que hubiese brindado la correspondiente respuesta, como lo establece
el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
Destacó que la primera corrección, presentada el 5 de febrero de 2018, era la que
debía tenerse en cuenta, al contener la firma del contador público y tener plenos
efectos legales. Aclaró que la corrección presentada el 8 de junio de 2020 era
«evidentemente extemporánea de acuerdo a la ley por lo que no ha de ser tenida en cuenta»5.

Oposición de la demanda
La DIAN solicitó negar las pretensiones6, pues, si bien el artículo 580 del Estatuto
Tributario establece que una declaración se tendrá por no presentada cuando se
omita la firma de contador público cuando exista obligación legal, ello no opera por
ministerio de la ley, sino que debe ser declarada mediante acto administrativo, en
cumplimiento del principio del debido proceso y derecho de defensa.
Expuso que en el caso concreto no existió ese acto, por lo que la declaración de
corrección presentada el 23 de agosto de 2019 se tuvo como presentada,
constituyendo en un título ejecutivo claro, expreso y exigible7.
Aclaró que, ante la firmeza de la declaración, resultaba improcedente el
requerimiento elevado por el demandante a la división de fiscalización para dejarla
sin efectos e indicó que no era procedente reconocer validez a la corrección del 5
de febrero de 2018, que determinó un saldo a favor, ni a la corrección extemporánea
del 8 de junio de 2020.
3
Ibidem, pág. 8.
4
Citó la sentencia C-762 de 2009.
5
Samai de tribunal, índice 4, PDF demanda, pág. 10.
6
Samai de tribunal, índice 4. PDF contestación.
7
Citó la sentencia del 29 de septiembre de 2011, M.P. William Giraldo Giraldo, sin identificar expediente.

3
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Demandante: Luis Armando Mola Insignares

Manifestó que el demandante no podía alegar el propio error para beneficiarse y
poder considerar que la corrección objeto del cobro coactivo no surtió efectos.
Indicó que la norma vigente para el momento de los hechos facultaba a los
funcionarios de la subdirección de cobranzas para resolver las excepciones
interpuestas contra el mandamiento de pago, por lo que no había lugar a trasladar
el expediente a otra subdirección de la entidad y sostuvo que dentro del respectivo
escrito, el contribuyente no manifestó ninguna solicitud que fuera conocimiento de
otra dependencia.
Reiteró que no trasladó la carga al contribuyente, pues este tuvo la oportunidad legal
de corregir la omisión de la firma del contador dentro del término de firmeza de la
declaración.
Explicó que la afirmación de abundante jurisprudencia era real y que el hecho de
que no se hubiese transcrito no implica que ella sea inexistente y destacó que en el
acto que resolvió el recurso se aplicaron argumentos expuestos en sentencias del
13 de octubre de 2011, entre otras. Indicó que en la resolución que declaró no
probaba la excepción se citó el sustento normativo de la posición de la entidad8.
Solicitó que se condenara en costas al demandante, según lo dispuesto en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 361, 365 y 366 del Código
General del Proceso, señalando las pruebas que acreditaban la causación de los
gastos y expensas del proceso. Indicó que actuó en línea con la Constitución y la
ley, y sin temeridad.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, negó las
pretensiones de la demanda, y no condenó en costas, por lo siguiente9:
Refirió el contenido del literal d) del artículo 580 del Estatuto Tributario y de la
jurisprudencia aplicable al caso10, e indicó que para que una declaración tributaria
se tenga por no presentada se requiere de acto que así lo declare, toda vez que
dicha causal no opera de pleno derecho, sino que, al poseer un contenido
sancionatorio, se exige garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del
obligado. Señaló que el artículo 828 ibidem establece que las declaraciones
privadas y sus correcciones prestan mérito ejecutivo desde el vencimiento de la
fecha para su cancelación.
Adujo que la administración podía iniciar el procedimiento de cobro coactivo con
fundamento en las declaraciones presentadas por el contribuyente, siempre que en
el mandamiento de pago se identifique de forma suficiente la obligación y el período
correspondiente. Destacó que, cuando la DIAN no ejerce su facultad fiscalizadora, la
declaración adquiere firmeza, en los términos del artículo 714 del Estatuto Tributario.
Indicó que, conforme con la jurisprudencia11, la excepción de falta de título ejecutivo
solo procedía cuando se pretende controvertir la existencia sustancial del acto que
genera la obligación y, que, en el caso en concreto, al tratarse de una declaración
8
Si bien la DIAN no propuso formalmente excepciones, la demandante presentó escrito denominado traslado de
excepciones (Samai de tribunal, índice 4, PDF traslado excepciones), en el que se opuso a los argumentos de la
administración. El tribunal en auto del 7 de septiembre de 2023. indicó que la demandada formuló excepciones de mérito
que serían resueltas en la correspondiente sentencia, Samai de tribunal, índice 9.
9
Samai de tribunal, índice 19.
10
Entre otras, resaltó las sentencias del 22 de octubre de 2020, exp. 23672, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y la C-
844 del 27 de octubre de 1999.
11
Sentencia del 8 de octubre de 2015, exp. 19518, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

4
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privada, era necesario verificar si la DIAN declaró la inexistencia de esta; relacionó
las pruebas documentales aportadas y realizó el análisis de estas con el marco
normativo aplicable.

Concluyó que dentro del expediente no existía prueba que demostrara que la DIAN
hubiese declarado la configuración de alguno de los supuestos del artículo 580 del
Estatuto Tributario, ni de que hubiese advertido la ausencia de la firma del contador.
Precisó que no era suficiente el argumento del demandante sobre el formulario
allegado sin la firma del contador público. Señaló que la ausencia de esa firma pudo
ser un error, por lo que el contribuyente no podía pretender aprovecharse de su
propio descuido.

Resaltó que la declaración de corrección presentada el 23 de agosto de 2019
adquirió firmeza en el mes de septiembre de la misma anualidad, de acuerdo con el
calendario tributario, razón por la cual prestaba mérito ejecutivo al momento de la
expedición del mandamiento de pago, al contener una obligación clara, expresa y
exigible y que se presume legal, constituyéndose en debida forma el título ejecutivo.

Respecto al reparo procesal expuesto por el demandante, sobre la presunta
contestación defectuosa por parte de la demandada, afirmó que no hay lugar a
considerar que hubo una confesión de la DIAN, conforme a lo dispuesto en el artículo
97 del Código General del Proceso, ya que hubo pronunciamiento concreto de los
hechos que se relataron en la demanda. Indicó que, en todo caso, ello no era
relevante, pues la DIAN no declaró que la corrección del 23 de agosto de 2019 no
fue presentada, por lo que dicha liquidación privada adquirió firmeza.

No condenó en costas al no encontrar probada su causación, de conformidad con
los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y 365 del Código General del Proceso.

Recurso de apelación

El demandante solicitó revocar la decisión de primera instancia12 y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

Indicó que el título ejecutivo que sirvió como fundamento para el cobro coactivo que
se discute fue la segunda declaración de corrección del impuesto sobre la renta para
el año 2016.

En ese sentido «el conteo de firmeza de tres (03) años principia a partir de su presentación, la
cual ocurrió el 23/08/2019, por lo que dicho término iría hasta el 23/08/2022, debiendo adicionarse
el término de suspensión entre el 10 de marzo hasta el 01 de junio de 2020 (54 días hábiles) por las
Resoluciones 55 y 62 de 2020 del COVID19, y adicionalmente 8 días de suspensión por el Decreto
040 del 10 de mayo de 2021, en el marco de las violentas protestas de dicho año, podría concluirse
que habrían de agregarse 62 días hábiles adicionales, extendiéndose en conclusión la firmeza hasta
el 21 de noviembre de 2022»13; por lo que la DIAN libró mandamiento de pago antes que
el acto adquiriera la correspondiente firmeza.

Agregó que, para el momento en el que se presentaron las excepciones, la DIAN
contaba con tiempo para declarar la ineficacia de la corrección, lo que no ocurrió.
Manifestó que, al verificar la firmeza a partir de la fecha para presentar la declaración
inicial del impuesto, el a quo erró pues debió atender el día de presentación de la
corrección.
12
Samai de tribunal, índice 22.
13
Ibidem, pág. 4.

5
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Reiteró que no existe norma que determine la carga del contribuyente de solicitar la
declaratoria de ineficacia de una declaración, toda vez que este ejercicio trae
consigo un conjunto de funciones de fiscalización y sancionatorias por la falta de
eficacia de esta14, cuestión que es de competencia de la DIAN. Indicó que la
conclusión del a quo desconoce el principio de no autoincriminación, previsto en el
artículo 33 de la Constitución.

Alegó que el tribunal omitió las facultades oficiosas con los que contaba la DIAN,
conforme a los artículos 684 del Estatuto Tributario y 4 de la Ley 1437 de 2011.
Destacó que el a quo aceptó, sin discusión, que la entidad no advirtió la ausencia
de la firma del contador y que, con eso, el tribunal falló anteponiendo
consideraciones subjetivas sobre la falta de diligencia del contribuyente. Reprochó
que la DIAN se sustrajera de su deber oficioso por conveniencia, toda vez que la
declaración defectuosa reconocía un saldo a pagar a favor del Estado.

De igual manera, sostuvo que es inválido exculpar a la DIAN bajo el argumento de la
culpa del contribuyente. Precisó que la ineficacia por ausencia de firma es una
consecuencia objetiva consagrada en la norma, con independencia de los motivos
que causaron la falta de firma, por lo que las consideraciones del tribunal al respecto
son irrelevantes y exceden su competencia al sustituir al legislador.

Finalmente, adujo que, «Para la declaratoria de tal ineficacia en el marco del cobro coactivo, el
funcionario a cargo tuvo la oportunidad de practicar pruebas y/o remitir el asunto al área competente
y no lo hizo, siendo sus negligencias totalmente ignoradas por el TRIBUNAL»15.

Oposición a la apelación

La DIAN se opuso al recurso de apelación16, reiterando los argumentos de la
contestación de la demanda. Señaló que los actos gozaban de legalidad, la cual no
fue desvirtuada por la demandante, y resaltó que la declaración de corrección que
sirvió como título ejecutivo para el mandamiento de pago está en firme, por lo que
el contribuyente no puede pretender que quede sin efectos mediante sentencia
judicial, aprovechándose de su propio error.

Expuso los hechos probados y destacó que debía expedirse el acto que reconociera
la no presentación de la declaración, para que esta no tuviera efectos, conforme al
artículo 580 del Estatuto Tributario. Alegó que, al no expedirse dicho acto dentro de
la oportunidad legal, operó la firmeza de la declaración conforme al artículo 714 del
Estatuto Tributario, consolidándose una obligación clara, expresa y exigible.

Señaló que los funcionarios de cobranzas estaban plenamente facultados para
resolver las excepciones contra el mandamiento de pago17 y que el demandante no
formuló ninguna solicitud que debiera debatirse en otra dependencia. Señaló que
las facultades de fiscalización ya se encontraban limitadas por el fenómeno de la
firmeza de la declaración del año gravable 2016.

Intervención del ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.
14
Citó la sentencia del 13 de octubre de 2011, exp. 18304, M.P. William Giraldo Giraldo.
15
Samai de tribunal, índice 22, página 7.
16
Samai, índice 22. PDF pronunciamiento.
17
Sustentó esta competencia en los artículos 824, 825 y 826 del Estatuto Tributario, el artículo 47 del Decreto 4048 de 2008,
los artículos 10 y 15 de la resolución 009 de 2008, la resolución 006723 del 20 de agosto de 2013, la resolución 002 del
2 de agosto de 2013 y la resolución de delegación de funciones 2 del 2 de septiembre de 2013.

6
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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Corresponde a la Sección estudiar la legalidad de las resoluciones 0018 del 18 de
enero de 2021 y 00391 del 9 de abril de la misma anualidad, proferidas por la DIAN,
que declararon no probada la excepción de falta de título ejecutivo, en el trámite de
cobro coactivo adelantado contra el demandante. Así, conforme con el recurso de
apelación, la Sala deberá determinar si está probada la excepción de falta de título
ejecutivo.
Análisis del caso concreto
El apelante sostuvo que la excepción de falta de título ejecutivo está probada, pues
la declaración de corrección del 23 de agosto de 2019 es ineficaz al carecer de la
firma del contador público. Explicó que la DIAN mantenía su competencia oficiosa
para tener por no presentado el denuncio, dado que el término de firmeza no había
expirado, en la medida en que este debió contabilizarse desde la presentación de
la corrección, y no desde la declaración inicial.
También argumentó que ninguna norma impone al contribuyente la carga de
solicitar dicha declaratoria y que es inadmisible aplicar el principio de que nadie
puede beneficiarse de su propia culpa, ya que la omisión de la firma constituye un
hecho objetivo cuyas consecuencias legales deben operar de forma estricta en el
caso concreto. Insistió en que la DIAN no valoró las pruebas ni remitió el expediente
al funcionario competente para declarar que la declaración de corrección se tenía
por no presentada.
Para resolver, se pone de presente que el presupuesto para iniciar el procedimiento
de cobro coactivo es la existencia de un título ejecutivo, pues el objetivo de este
procedimiento no es constituir obligaciones, sino hacerlas efectivas18.
Además, dicho título ejecutivo debe contener una obligación expresa, clara y
exigible. A estos efectos, la Sección19 ha entendido que «la obligación es expresa porque
se encuentra especificada en el título ejecutivo, en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer
o no hacer. Es clara cuando sus elementos están determinados o pueden inferirse de una simple
revisión del título ejecutivo y es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por
no estar pendiente de un plazo o condición».

Respecto de la exigibilidad, el artículo 828 del Estatuto Tributario establece que
prestarán mérito ejecutivo, entre otros, «las liquidaciones privadas y sus correcciones,
contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su
cancelación». De esta norma, se destacan dos elementos que deben cumplirse
simultáneamente para que una declaración privada sea considerada un título
ejecutivo exigible: i) que la declaración, sea inicial o de corrección, haya sido
presentada; y ii) que haya finalizado el plazo para el pago.
En cuanto al primero de estos elementos (presentación de la declaración), el demandante
alega que no se puede considerar que la declaración de corrección del 23 de agosto
de 2019 sea eficaz, pues no tiene la firma de contador público, por lo que debió
tenerse por no presentada, conforme al artículo 580 del Estatuto Tributario.
18
En este sentido, ver la sentencia del 26 de febrero de 2026, exp. 29071, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
19
Sentencia del 15 de octubre de 2020, exp. 24765, M.P. Milton Chaves García, que reiteró el fallo del 11 de mayo de 2017,
exp. 20337, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En este mismo sentido, las sentencias del 21 de mayo de 2020, exp.
24228, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; y del 28 de septiembre de 2023, exp. 26562, M.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.

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Radicado: 08001-23-33-000-2021-00368-01 (29836)
Demandante: Luis Armando Mola Insignares

Al respecto, se observa que la norma referida establece lo siguiente:
ARTÍCULO 580. DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS. No se entenderá cumplido
el deber de presentar la declaración tributaria, en los siguientes casos:
[…]
d. Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o
cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal.
[…]

La Sección ha precisado que, para que una declaración se tenga como no
presentada por la ocurrencia de una causal legal, es necesario expedir un acto
administrativo que así lo declare, ya que la ineficacia no opera de pleno derecho,
(salvo que la propia ley así lo determine), y por tanto se debe garantizar el debido
proceso y el derecho de defensa del obligado20.

Además, se ha establecido que la diferencia entre no presentar una declaración y
una que se tiene por no presentada, es que esta última conserva efectos jurídicos
hasta tanto no se expida y notifique el auto declarativo21.

En el presente asunto, como lo aceptan ambas partes, y lo determinó el a quo, en
el expediente no obra acto que reconozca la ineficacia de la corrección presentada
el 23 de agosto de 2019, cuestión requerida para que la citada declaración no tuviera
efectos legales y, por tanto, no se pudiera invocar cómo título ejecutivo exigible.

Tampoco obra solicitud por parte del contribuyente para obtener dicho
reconocimiento por la autoridad tributaria, lo cual es relevante, no porque exista
norma alguna que imponga a los contribuyentes el deber de obtener este tipo de
declaratorias, sino porque el demandante tenía la carga de probar el supuesto de
hecho de la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por él, tal como lo
prevé el artículo 167 del Código General del Proceso, máxime si se tiene en cuenta
que el acto acusado, que decidió las excepciones propuestas contra el
mandamiento de pago, goza de la presunción de legalidad del artículo 88 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Siendo así, se encuentra que el fallo de primera instancia se fundamentó en los
elementos probatorios que reposan dentro del expediente, contrario a lo
manifestado por el apelante, en cuanto a considerar que se tomó una decisión
basada en argumentos de carácter subjetivo.

Sumado a lo anterior, le asiste la razón al a quo al señalar que, de no aceptarse que
la declaración de corrección presentada el 23 de agosto de 2019 constituye un título
ejecutivo exigible por la falta de firma del contador público, se permitiría que el
demandante se beneficiara de su propia culpa y desconociera un acto propio.

Esto, por cuanto la declaración tributaria constituye un documento proveniente del
deudor, que reconoce la existencia y el monto de la obligación, y que surte efectos
hasta que sea expresamente declarado lo contrario mediante un acto administrativo,
conforme se explicó previamente. Esa declaración expresa constituye una garantía
en favor del contribuyente, a la cual no puede renunciar por conveniencia cuando
se le opone su propia declaración como título ejecutivo, alegando errores en los que

20
Ver entre otras, las sentencias del 23 de marzo de 2023, exp. 26857, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 20 de
julio de 2024, exp. 27931, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Sentencia del 9 de abril de 2026, exp, 28669, M.P. Claudia Rodríguez Velásquez.

8
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Demandante: Luis Armando Mola Insignares

él mismo incurrió y que ha debido evitar. Así, si el demandante consideró que la
declaración era ineficaz, debió adelantar el trámite para obtener un pronunciamiento
al respecto, y no simplemente desconocer su propia liquidación del tributo.

Lo expuesto no menoscaba el principio constitucional de no autoincriminación22,
pues lo que se espere del contribuyente es que ponga en conocimiento de la entidad
las circunstancias del caso para así obtener un pronunciamientO de la entidad, o
que corrija la declaración que se tiene por no presentada, y estas conductas se
encuentran en consonancia con el cumplimiento de los deberes tributarios frente a
la declaración que él mismo presentó y con el deber de los administrados de actuar
de buena fe.

El hecho de informar a la autoridad para provocar el efecto previsto en la norma no
implica que se esté revelando información que lo incrimine, pues, como ha indicado
esta Sección, «la naturaleza de ese acto [que tiene por no presentada la declaración de corrección]
es declarativa pues advierte la ocurrencia de una circunstancia prevista en la ley»23, pero no
reprocha ninguna conducta ni castiga ninguna infracción.

En cuanto a las facultades oficiosas de la DIAN para adelantar la fiscalización de la
declaración de corrección, se debe tener en cuenta que las declaraciones tributarias
son actos jurídicos que se presumen veraces, conforme al artículo 746 del Estatuto
Tributario24. De este modo, si la administración decide no realizar la fiscalización
sobre ella, acepta de manera tácita su contenido, y, por ello, no se configura ninguna
causal de nulidad en los casos en que la autoridad tributaria decide no adelantar el
trámite de fiscalización de alguna declaración en concreto.

Finalmente, se observa que en el escrito de excepciones que fue presentado por el
demandante no se formuló expresamente una petición de que se tuviera por no
presentada la declaración de corrección del 23 de agosto de 2019, sino que se limitó
a indicar que, ante la falta de firma del contador «se configuraría la excepción de “Falta de
Título Ejecutivo” a favor del contribuyente contemplado en el numeral 7 del artículo 837 del E.T.N.,
por lo que solicito se sirva, muy respetuosamente, declarar probada dicha excepción, ordenar el
levantamiento de medidas cautelares y archivar el expediente de cobro» 25.

En consecuencia, no fue desconocida la obligación del artículo 21 de la Ley
Estatutaria del Derecho de Petición (Ley 1755 de 2015) de remitir el asunto al
competente para que decidiera alguna solicitud.

Con base en lo expuesto, y para establecer si la declaración constituye título
ejecutivo exigible el Despacho observa que se cumple el primer elemento del
numeral primero del artículo 828 del Estatuto Tributario, pues la declaración de
corrección invocada como título ejecutivo fue presentada y surte plenos efectos.

En cuanto al segundo elemento para la exigibilidad de la obligación derivada de una
liquidación privada la norma establece que haya vencido el plazo para cancelar la
obligación, la Sección ha precisado que «la exigibilidad [del título ejecutivo] no deviene de la
preclusión del término contenido en el artículo 714 del Estatuto Tributario para la firmeza de las
declaraciones tributarias, sino como lo dice claramente la norma “desde el vencimiento de la fecha

22
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de febrero de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-102 de 2005: “El ciudadano puede
abstenerse de suministrar a las autoridades competentes, información que lo incrimine”.
23
Sentencia del 14 de mayo de 2026, exp. 29951, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
24
Al respecto, ver la sentencia del 8 de octubre de 2015, exp. 19518, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en
fallo del 28 de marzo de 2019, exp. 23709, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
25
Samai del tribunal, índice 4, PDF de la demanda y anexos, página 22.

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para su cancelación”»26. Esto por cuanto el artículo 828 del Estatuto Tributario no
impone esa condición, sino que únicamente prevé que la declaración sea
presentada y que haya finalizado el plazo para cancelar la obligación.

En ese sentido, contrario a lo dicho por el apelante y por el a quo, la firmeza de la
declaración no repercute en la exigibilidad de la obligación, pues lo requerido es que
se surta el vencimiento del plazo para su cancelación, el cual, para el caso de las
declaraciones iniciales, se da según la fijación de lugares y fechas establecidos por
el Gobierno Nacional para el período gravable (artículo 579 del Estatuto Tributario),
mientras que en las declaraciones de corrección se entiende desde su presentación.

Si bien el Estatuto Tributario no prevé que las declaraciones de corrección deban
ser pagadas al momento de su presentación, la exigibilidad inmediata de la
obligación allí contenida se advierte en otras normas. Así, por ejemplo, el numeral
3 del artículo 817 del Estatuto Tributario prevé que la acción de cobro de
obligaciones tributarias (mayores valores) contenidas en este tipo de declaraciones
de corrección prescribe en el término de 5 años, contados desde la fecha de su
«presentación», norma que solo se explica en el hecho de que, en esos casos, la
corrección es exigible de inmediato.

De este modo, el argumento expuesto por el apelante sobre el indebido conteo de
la firmeza de la declaración de corrección presentada el 23 de agosto de 2019, no
es relevante para el caso en concreto, porque el proceso de determinación del
tributo y el de cobro, son distintos y en el último no se analiza la firmeza del título.

En consecuencia, no prospera el recurso de apelación del demandante, por lo que
la Sección confirmará la decisión de primera instancia.

Costas

No se realizará pronunciamiento sobre lo decidido por el tribunal de no condenar en
costas, dado que no fue apelada la decisión.

En aplicación del numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso, se
condena en costas en esta instancia al demandante, pues no prosperó la apelación.
Las agencias en derecho, según lo dispuesto en el acuerdo PCSJA -12355 del 28 de
noviembre de 2025, se tasan en un (1) SMLMV y se ordenará al tribunal tramitar el
respectivo incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo
366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de octubre de 2024, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A.

2. CONDENAR en costas en segunda instancia al demandante. En consecuencia,
ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente, conforme con lo

26
Sentencia del 20 de agosto de 2009, exp. 17280, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

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expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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