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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2021-00375-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2021-00375-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 3 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en segunda instancia. Las agencias y otras costas (expensas y gastos) serán liquidadas por Secretaría del tribunal de origen en el caso de que se hubieren causado. TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. CUARTO: En firme esta providencia, por secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2021-00375-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de julio de 2025

Radicación: 08001-23-33-000-2021-00375-01 (71662)
Actor: Euclides Enrique Coronado Aragón y otro
Demandado: Nación - Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Acción de reparación directa / Error jurisdiccional / Incumplimiento de la carga
argumentativa.

Síntesis del caso: en el trámite de un proceso declarativo de pertenencia se revocó la
sentencia de primera instancia favorable al demandante. Se alega que esa sentencia
estaba en firme porque la apelación fue declarada desierta; sin embargo, la Corte
Suprema, en el trámite de una acción de tutela, ordenó decidir de fondo el recurso. Se
demanda la responsabilidad del Estado por un presunto error jurisdiccional, sin cumplir las
cargas argumentativas correspondientes.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 3 de octubre de 2023, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Atlántico negó las pretensiones de la
demanda.

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en el artículo 150, en concordancia con el artículo 152 del
CPACA.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Trámite relevante; 1.4. Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 16 de julio de 20211, Euclides Enrique Coronado Aragón, y Yanet
Cristina Zota Guillot, en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentaron demanda contra la Nación – Rama Judicial, en la que
solicitaron:

“PRIMERA: Declarar que la NACIÓN COLOMBIANA (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-RAMA JUDICIAL), es administrativa y patrimonialmente

1 Índice 2 Samai, “4ED_00208001233300020210(.pdf) NroActua 2”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2021-00375-01 (71662)
Actor: Euclides Enrique Coronado Aragón y otro
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

responsable de todos los perjuicios sufridos por los demandantes (…) a raíz de EL
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL Y/O ERROR
JUDICIAL de que fue víctima el señor EUCLIDES ENRIQUE CORONADO ARAGON,
por parte del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga-Atlántico,
en atención que el mencionado despacho conoció y tramitó el proceso ordinario
de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, demandante EUCLIDES
ENRIQUE CORONADO ARAGON contra FLOR MARIA MOREU DE CORONADO Y
DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS con Radicación No. 2013-00105-00, en el cual
se emitió sentencia de primera instancia favorable a la parte demandante con
fecha diciembre 17 de 2017, por medio de la cual se declaró que, había adquirido
por modo de la prescripción Extra ordinaria adquisitiva de dominio el bien
inmueble rural, ubicado en el municipio de Candelaria-Atlántico, denominado
Tocaima, con un área superficiaria de 124 hectáreas, cuya sentencia fue
registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Sabanalarga-Atlántico, por el
señor EUCLIDES ENRIQUE CORONADO ARAGON, como se ordenó en la sentencia
aludida; posteriormente cuando el fallo se encontraba ejecutoriado y en firme, se
presentaron varios incidentes procesales a partir del auto de fecha octubre 12 de
2018, expedido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla,
mediante la cual declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, luego con fecha octubre 18 de 2018, la parte demandada presentó
recurso de súplica, el que fue declarado improcedente por el Tribunal de
instancia, luego también se presentó acción de tutela ante la Corte Suprema de
Justicia en contra de la improcedencia del recurso antes mencionado, con fecha
04 de febrero de 2019 se denegó la acción de tutela al considerar acorde con lo
decidido por el tribunal, decisión que fue impugnada y luego también La Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de fecha 20 de
marzo de 2019, en su parte resolutiva ordenó revocar la sentencia de primera
instancia que se encontraba debidamente ejecutoriada e inscrita en la Oficina
de Instrumentos Públicos, decisión que ordenó en el término de 15 días, proceder
a emitir una decisión de reemplazo en donde se estudiara y resolviera el recurso
de apelación presentado por la parte demandada. La Sala Séptima de Decisión
de Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, con fecha 26 de abril de 2019, en
vez de confirmar la sentencia, resolvió revocar la misma y se pronunció así:
‘PRIMERO: REVOCAR la sentencia fechada diciembre 19 de 2017, proferida por el
Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga-Atlántico, dentro del
proceso de PERTENENCIA, promovido por el señor EUCLIDES ENRIQUE CORONADO
ARAGON contra la señora FLOR MARIA MORENO DE CORONADO Y DEMAS
PERSONAS INDETERMINADAS; y en consecuencia se desestima las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en parte motiva de esta providencia’
Decisión que perjudicó a la parte demandante, ya que se cambió el fallo a criterio
propio del tribunal (…)” -se subraya y resalta-.

2. Síntesis de los perjuicios reclamados:

Perjuicios inmateriales Perjuicios materiales
1. Perjuicio moral: Daño emergente:
-100 SMLMV a favor de cada -30 millones de pesos por gastos de abogado dentro del
uno de los demandantes. proceso declarativo.
2. Perjuicio a la vida de -$742’326.000, valor del predio.
relación: 100 SMLMV a favor de Lucro cesante: más de 200 millones (ganancias dejadas
cada uno de los demandantes. de percibir por la explotación económica).

3. Como hechos relevantes que fundamentaron esas pretensiones, la
parte actora afirmó:

4. 1) Euclides Enrique Coronado Aragón obtuvo sentencia favorable
dentro de un proceso declarativo de pertenencia por prescripción
adquisitiva extraordinaria, trámite en el que el recurso de apelación fue
declarado desierto por el Tribunal Superior de Barranquilla y, por ende, esa
sentencia quedó ejecutoriada. Sin embargo, el fallo de primera instancia
fue revocado por ese mismo Tribunal, pues la Sala de Casación Laboral de

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Actor: Euclides Enrique Coronado Aragón y otro
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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la Corte Suprema de Justicia, dentro de una acción de tutela (promovida
por la parte demandada dentro del proceso declarativo), le ordenó resolver
el recurso de apelación que había sido previamente declarado desierto.

5. 2) El fallo de segunda instancia, “perjudicó a la parte demandante,
ya que se cambió el fallo a criterio del propio tribunal”, afectando así el
“modus vivendi” de los acá demandantes.

6. 3) Por último, aseveró que “[e]n la Jurisprudencia del Consejo de
Estado, se encuentran fallos sobre EL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION JUDICIAL Y/O ERROR JUDICIAL de que fue víctima el señor
EUCLIDES ENRIQUE CORONADO ARAGON, por parte de los despachos
judiciales que intervinieron en el proceso ordinario de pertenencia por
prescripción adquisitiva de dominio (…)”.

1.2. Posición de la parte demandada

7. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones2 y propuso las
excepciones de: “Inexistencia de daño imputable…” y “culpa exclusiva de
la víctima”.

1.3. Trámite relevante en primera instancia

8. Ambas partes alegaron de conclusión. La parte actora expuso que, al
cumplirse la orden de tutela que ordenó fallar la apelación de una
controversia que ya contaba con sentencia ejecutoriada, se produjo un
daño, pues terminó revocada la decisión que le era favorable3.

9. La Rama judicial planteó que el demandante en pertenencia no tenía
opciones reales de que esa controversia fuera decidida a su favor y que
utilizó la acción de reparación directa para “revivir una especie de tercera
instancia y acabando con el principio de cosa juzgada”4.

10. En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda. Argumentó que, si bien el artículo 322 del
C.G.P. prevé que la sustentación del recurso de apelación debe realizarse
ante el Superior, “no es ello impedimento para que esta sustentación se
satisfaga al momento de la interposición del recurso de apelación ante el
juez de primera instancia, como ocurrió en este caso al reconocerse así por
la sentencia de tutela emitida por la Corte Suprema de Justicia (…)”5.

2 Índice Samai 2, “55ED_contestacionzip(.zip) NroActua 2”.
3 Índice 2 Samai, “44ED_030Alegatodeconclusi(.pdf) NroActua 2”
4 Índice 2 samai, “41ED_029alegatos_Euclides(.pdf) NroActua 2”
5 Índice 2 samai “39ED_0284CONCEPTOEXP20210(.pdf) NroActua 2”.

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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00375-01 (71662)
Actor: Euclides Enrique Coronado Aragón y otro
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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1.4. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Atlántico entendió que la inconformidad
de la parte actora recaía sobre la sentencia proferida el 26 de abril de 2019
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la que se
revocó el fallo de primera instancia que había accedido a las pretensiones
de declaratoria de pertenencia. Con esa precisión, negó las pretensiones
con fundamento en que: 1. No se cumplió la carga argumentativa en
materia de error jurisdiccional. Al respecto, expuso que, en la demanda de
reparación directa, la parte actora no manifestó las razones por las cuales
esa providencia era contraria a derecho; precisó que al juez de lo
contencioso administrativo no le correspondía “analizar de forma general y
aleatoria cuáles fueron los yerros o errores que le endilgan al agente
judicial”; 2. La providencia estuvo ajustada a la ley. Consideró que, una vez
estudiada la fundamentación de esa sentencia, no se observaba una
interpretación equivocada de las normas aplicables o de los elementos de
juicio que se allegaron a esa actuación.

1.5. Recurso de apelación

12. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia.

13. 1. Insistió en el planteamiento de la demanda según el cual, el fallo
de primera instancia dentro del proceso de pertenencia estaba
ejecutoriado porque la apelación fue declarada desierta por el Tribunal
Superior de Barranquilla. Sin embargo, en el trámite de una acción de tutela,
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ordenó decidir la apelación,
la cual fue resuelta por ese Tribunal, autoridad que “en vez de confirmar la
sentencia, resolvió revocar la misma (…) decisión que perjudicó a la parte
demandante, ya que se cambió el fallo a criterio del propio tribunal”.

14. 2. Agregó que el fallo del Tribunal Administrativo, que es materia de
apelación, no tuvo en cuenta las normas que regulaban el trámite del
recurso de apelación dentro del proceso pertenencia, en particular “el
inciso 2 y siguientes del numeral 3 del artículo 322 del C.G.P”. Al respecto,
alegó que, atendiendo el contenido de esa norma, el Tribunal Superior de
Barranquilla declaró desierto el recurso porque el entonces recurrente no
había asistido a la audiencia de sustentación, de manera que haber
tramitado finalmente la apelación configuraba un error jurisdiccional
porque se “transgredió la normatividad[,] no obstante haberse presentado
una acción de tutela para amparar derechos constitucionales”.

1.6 Trámite relevante en segunda instancia

15. En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se confirmara la

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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00375-01 (71662)
Actor: Euclides Enrique Coronado Aragón y otro
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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Sentencia apelada6. Expuso que en la demanda no se cumplió con la carga
de identificar el error jurisdiccional y sus alcances, a pesar de lo cual el
Tribunal estableció que la sentencia que resolvió la segunda instancia
dentro del proceso declarativo de pertenencia estuvo ajustada a derecho.
Agregó que “el título de imputación de error jurisdiccional, conforme a los
lineamientos jurisprudenciales del H. Consejo de Estado, le exige a la parte
demandante la carga de señalar dicho yerro y demostrar tanto su existencia
como su atribución a la entidad demandada, por lo cual, ante la ausencia
de ello, lo procedente era negar las súplicas de la demanda”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisiones a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisiones a adoptar

16. La Sala observa que la demanda fue promovida en tiempo: el fallo
de segunda instancia adverso a los intereses del demandante, fue proferido
el 26 de abril de 2019 y quedó en firme el 10 de junio de 20207). En ese orden,
la demanda de reparación directa presentada el 16 de julio de 2021 fue
oportuna, sin perjuicio de que el plazo de caducidad estuvo suspendido
entre el 23 de abril de 2021 y el 14 de julio de 20218. Además, la de
reparación directa era la acción procedente para buscar la declaratoria de
responsabilidad por error jurisdiccional.

17. La Sala confirmará la sentencia apelada. 1. Como lo estableció
acertadamente el Tribunal, la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa en materia de error jurisdiccional. A pesar de que esa
comprobación sería motivo suficiente para denegar las pretensiones, 2. en
respuesta al argumento del recurso, se pondrá de presente que, en este
caso, no se incurrió en error un jurisdiccional por desconocimiento de las
normas que regulan el trámite del recurso de apelación, contenidas en el
Código General del Proceso. 3. Se condenará en costas de esta instancia a
la parte actora.

2.2. Análisis sustantivo

18. Incumplimiento de la carga argumentativa en materia de error
jurisdiccional. En la demanda, la parte actora aseveró que, a pesar de
contar con una sentencia favorable en firme dentro de un proceso de

6 Índice 10 Samai.
7 Con el auto que resolvió el recurso de súplica propuesto por el entonces demandante, contra el auto que no

concedió el recurso de queja interpuesto, a su vez, contra la decisión que no concedió el recurso de casación por
él propuesto (Folio 224 y siguientes del documento, “01ExpedienteDigitalizadoParteUno249Folios.pdf”, disponible
en el documento “57ED_022PruebaSolicitadaE(.zip) NroActua 2”, contenido en el índice 2 Samai).
8 Por efecto del trámite de la conciliación prejudicial (Folio 60 y siguientes del documento
“3ED_001DEMANDADEREPARACI(.pdf) NroActua 2”, disponible en índice 2 Samai).

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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00375-01 (71662)
Actor: Euclides Enrique Coronado Aragón y otro
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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declaración de pertenencia, en el trámite de una acción de tutela se
ordenó al Tribunal Superior de Barranquilla que resolviera la apelación
interpuesta por el entonces demandado. La inconformidad de la parte
actora, según se desprende de los hechos y pretensiones de la demanda,
radicó en que 1. el Tribunal, al cumplir la orden de tutela, “en vez de
confirmar la sentencia, resolvió revocar la misma”, 2. decisión que afectó al
entonces demandante “ya que se cambió el fallo a criterio propio del
tribunal”. En el recurso de apelación, además de insistir en esos
planteamientos, la parte actora agregó que 3. el trámite y concesión de ese
recurso de apelación desconoció disposiciones del Código General del
Proceso.

19. A juicio de la Sala, la argumentación contenida en la demanda de
reparación directa no permitía, por insuficiente, hacer el análisis de la
validez de la providencia cuestionada desde la perspectiva del error
judicial. En esta oportunidad, la Subsección reitera que la competencia del
juez de lo contencioso administrativo en controversias de esta especie no se
activa a partir de argumentos genéricos contra determinada providencia
judicial, como cuando se afirma que la misma no se comparte, que es
adversa a los intereses de alguna de las partes, que es contraria a derecho
o que desconoce una o varias normas legales o una decisión previa9.

20. La carga argumentativa en estas materias exige un razonamiento que
comience por identificar la providencia que se cuestiona, que exponga los
motivos que la hacen contraria a derecho, esto es: las razones -de hecho o
de derecho- que condujeron al desconocimiento de una norma jurídica, y
que termine con resaltar las implicaciones o alcances concretos de ese
desconocimiento dentro de la actuación.

21. En el cumplimiento de esa carga la parte actora es insustituible, de un
lado, porque es sobre ese razonamiento que la parte demandada
estructura y ejerce su derecho de defensa; del otro, porque la competencia
del juez de la reparación respecto de la responsabilidad del Estado por
errores jurisdiccionales no es irrestricta, lo que se traduce en que no le es
dado hacer juicios de valor sobre la legalidad de una providencia judicial a
partir de cuestionamientos abstractos y genéricos (tal y como lo entendió el
Tribunal en la sentencia recurrida), como si estuviera facultado para
desentrañar el sentido y el alcance de la afectación alegada por la parte
actora. El fundamento de la carga argumentativa del error jurisdiccional se
encuentra en el principio de seguridad jurídica y, en especial, en la
autonomía de juicio de los jueces para decidir los casos, lo que implica que,
de oficio, no le es dable al juez de la responsabilidad del Estado, hacer una
revisión integral de la providencia judicial, porque esto desnaturalizaría el

9 Al respecto, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia

de 17 de marzo de 2021, Exp. 05001-23-31-000-2009-00093-01 (46870); Sentencia de 9 de julio de 2021, 76001-23-31-
000-2012-00056-01 (50829) (con aclaración de voto del Magistrado Martín Bermúdez Muñoz); Sentencia de 4 de
mayo de 2022, Exp. 08001-23-33-000-2014-01163-01 (56009); Sentencia de 13 de julio de 2022, Exp.13001-23-31-000-
2009-00496-01 (51738); Sentencia de 16 de agosto de 2022, Exp. 25000-23-26-000-2012-01103-01 (53174).

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objeto de la demanda que busca la reparación de perjuicios y se
convertiría, indebidamente, en una especie de grado jurisdiccional de
consulta respecto de las providencias judiciales señaladas de error.

22. En este caso, la demanda de reparación directa no indicó por qué
razones la sentencia que decidió la segunda instancia dentro del proceso
declarativo de pertenencia era constitutiva de error jurisdiccional; a esa
conclusión no se llega simplemente por el hecho de que el Tribunal Superior
de Barranquilla, 1. “en vez de confirmar[la]”, la haya revocado, como lo
planteó la parte actora. A juicio de la Sala, es evidente que la revocatoria
de una decisión judicial puede afectar los intereses de alguna de las partes,
pero es contrario a la lógica del supuesto de responsabilidad previsto en la
Ley 270 de 1996, plantear que el error jurisdiccional se configura
exclusivamente por el acto de la revocación.

23. Un entendimiento de ese tipo es inadmisible. La existencia de recursos
judiciales al interior de los procesos responde a una comprobación empírica
de la que no está exenta la actividad judicial: la falibilidad de los juicios de
valor humanos. En ese escenario, la posibilidad de cuestionar las decisiones
judiciales por medio de recursos ordinarios o de acciones constitucionales
(como acá sucedió), es consecuente con un proyecto constitucional en el
que la justicia es una función pública al servicio de la verdad, herramientas
que tienen por fin reducir los porcentajes de equivocaciones o, lo que por
sus efectos es lo mismo, aumentar el margen de acierto en los
razonamientos que hacen los jueces.

24. En esas condiciones, la posibilidad de que el sistema judicial
enmiende las equivocaciones de las que, naturalmente, no están exentos
sus funcionarios y de que, con ese propósito, esté previsto que puedan
reexaminarse determinadas providencias para que sean modificadas o
revocadas, es incompatible con que, dentro del régimen de
responsabilidad del Estado, cada vez que ello ocurra se active
automáticamente, sin ninguna consideración adicional -de manera
objetiva-, la Responsabilidad de la Rama Judicial.

25. A la parte actora le correspondía, entonces, no solo acreditar que se
profirió una decisión judicial que revocó una sentencia previa que le era
favorable, sino argumentar de qué manera el control judicial en segunda
instancia del fallo que declaraba la pertenencia conllevó un
desconocimiento del ordenamiento jurídico que no estaba en la obligación
de soportar. Esa carga no se satisfizo con la demanda, pues el Tribunal no
estaba en la obligación de confirmar la decisión recurrida (que es lo que
pareció sugerir la frase empleada por la parte actora cuando sostuvo que,
en vez de confirmar esa decisión, la revocó), por las razones que vienen de
indicarse.

26. Ahora, el hecho de que, en criterio de la parte actora, 2. con la
decisión cuestionada “se cambió el fallo a criterio propio del tribunal”, es

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una aseveración insuficiente para relevar los contornos de un error
jurisdiccional. La variación del sentido de una decisión judicial puede
obedecer a una multiplicidad de causas; lo relevante en estas materias es
que se expongan con claridad y suficiencia las razones por las cuales la
motivación concreta de la decisión es contraria a derecho, carga
evidentemente insatisfecha en la demanda.

27. Por último, dentro de esta controversia, apenas en el recurso de
apelación que es materia de análisis, la parte actora planteó que 3. el
trámite de la apelación que finalmente condujo a la revocatoria de la
sentencia de primera instancia, dentro del juicio de pertenencia,
desconoció el contenido de las disposiciones que, al respecto, prevé el
Código General del Proceso.

28. Sobre el punto, es pertinente precisar que el Tribunal Superior de
Barranquilla estudió de fondo esa apelación en cumplimiento de una orden
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, autoridad
que, en Sentencia de tutela de 20 de marzo de 2019, consideró que debía
ser estudiada de fondo porque el recurso ya había sido debidamente
sustentado ante el juez de primera instancia, razón por la cual era
improcedente declararlo desierto por el hecho de que la parte que lo
interpuso no hubiera asistido a la audiencia de sustentación ante el Tribunal
Superior.

29. En esas condiciones, si la parte demandante dentro de este proceso
estaba inconforme, no solo con la decisión que resolvió en segunda
instancia el proceso de pertenencia, sino con la sentencia de tutela que
ordenó que esa apelación debía ser fallada, desde la demanda de
reparación directa tenía que exponer las razones por las cuales el fallo de
tutela era constitutivo de error jurisdiccional, carga que no satisfizo de
ningún modo. Sobre las implicaciones del incumplimiento de esa carga
argumentativa, la Sala se remite a las consideraciones realizadas con
anterioridad.

30. Sin perjuicio de ello, esta Subsección observa que la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia expuso en su sentencia la interpretación que
acogía frente a la carga de sustentación del recurso de apelación
contenida en el Código General del Proceso, según la cual, si esa
sustentación había sido realizada (de manera verbal o escrita) ante el juez
que profirió la decisión apelada, el hecho de que la parte interesada no
concurriera a la audiencia de sustentación no podía conducir a declarar
desierto el recurso10.

10 En su decisión la Corte citó un precedente en el que expuso: “…la deserción del recurso de apelación
únicamente se presenta en las tres hipótesis señaladas, la última de las cuales se circunscribe a que no se haya
sustentado la impugnación, evento que difiere de la inasistencia a la audiencia que menciona el articulo 327 del
Código General del Proceso, omisión a la que, ni éste ni el precepto 322 le asignó esa consecuencia.
De manera que si el recurrente sustenta el recurso de apelación, previo a la audiencia a que alude el citado
articulo 327, al momento de interponerlo o dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia,
expresando con suficiencia ‘las razones de su inconformidad con la providencia apelada’ que es lo que, según el

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31. En ese orden de ideas, el hecho de que esa autoridad judicial hubiera
decidido optar por una postura que privilegiaba el derecho de
contradicción y a la doble instancia, antes que decantarse por la posición
contraria, que abogaba por declarar desierta la apelación (aunque ya
estuviera materialmente sustentada), de ninguna forma constituye un yerro
en el ejercicio de la función jurisdiccional que las partes no se encontraran
obligadas a soportar.

2.3. Sobre la condena en costas

32. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del
artículo 365 del CGP, se condenará en costas de esta instancia a la parte
demandante. De acuerdo con el artículo 361 del CGP las costas se
conforman por la totalidad de expensas y gastos sufragados en el proceso
y por las agencias en derecho. La fijación del valor de las agencias en
derecho11, así como el de las demás costas procesales, se hará de manera
concentrada por el Tribunal de origen12.

33. Lo resuelto en materia de costas de la primera se mantendrá, al no
haber sido materia de apelación.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

artículo 322 ejusdem, señala, no habría lugar a exigirle a la parte una doble sustentación, es decir, que adicional
a la presentada ante el a quo, realice otra ante el superior.
En ese contexto, la inasistencia de la parte actora no puede constituir un obstáculo para proferir el fallo de
segunda instancia, pues habiéndose sustentado la apelación antes de la audiencia convocada por el ad quem,
aquel no puede tenerla por inexistente o no presentada y menos declarar desierta la impugnación, con mayor
razón, si en cuenta se tiene que los magistrados integrantes de la Sala tienen la posibilidad cierta de observar y
escuchar al recurrente, a través de la reproducción del disco compacto que recoge la grabación con audio y
video del acto procesal respectivo, lo cual, sustancialmente hablando, respeta el sistema oral implementado por
el nuevo ordenamiento procedimental (...)” -se resalta-. Y, para el caso concreto, consideró: “Así las cosas, emerge
con claridad que no puede inferirse que la sustentación del recurso de apelación de una providencia dictada
dentro de una audiencia, deba necesariamente hacerse en forma oral, y, en tal virtud, habiéndose considerado
por el juez de primer grado que el mismo se sustentó en debida forma, no existía ningún obstáculo para que el
Colegiado convocado procediera a desatar el fondo del asunto sometido a su escrutinio, máxime teniendo en
cuenta que lo propio se hizo ante el a quo, tal como obra a folios 34 a 43”.
11 Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2 del

Acuerdo No. PSAA16-10554 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el
momento de prestación de la demanda. Respecto de su valor, el artículo 5 estableció que, para la segunda
instancia, pueden ser fijadas “Entre 1 y 6 S.M.L.M.V.”.
12 De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por

Secretaría de ese Tribunal en el caso de que se hubieren causado.

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Radicación: 08001-23-33-000-2021-00375-01 (71662)
Actor: Euclides Enrique Coronado Aragón y otro
Demandado: Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 3 de octubre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Atlántico.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en
segunda instancia. Las agencias y otras costas (expensas y gastos) serán
liquidadas por Secretaría del tribunal de origen en el caso de que se
hubieren causado.

TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.

CUARTO: En firme esta providencia, por secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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