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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2021-00498-01

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2021-00498-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 6 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, que denegó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte demandante en favor de las entidades demandantes, las cuales serán tasadas de manera concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE (con firma electrónica) FREDY IBARRA MARTÍNEZ Presidente de la Subsección (con firma electrónica) (con firma electrónica) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA Magistrado Magistrado 16

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2021-00498-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

17 de abril de 2026

Radicado: 08001-23-33-000-2021-00498-01 (71215)
Demandantes: Carlos Alberto Bolívar Polo, María Magdalena Bolívar Samia
y Carlos Alberto Bolívar Samia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00498-01(71215)
Demandantes: Carlos Alberto Bolívar Polo, María Magdalena Bolívar Samia
y Carlos Alberto Bolívar Samia
Demandados: Nación - Rama Judicial y Servicios Postales Nacionales S.A.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia dictada el 6 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A, que denegó las pretensiones de la
demanda, y se abstuvo de condenar en costas a la parte actora. La Sala es
competente para proferir esta providencia porque decide un recurso de apelación
interpuesto contra una sentencia dictada por un tribunal administrativo, el cual
conoció el proceso en primera instancia debido a su naturaleza y a la cuantía
estimada en la demanda.1

SÍNTESIS

La parte actora solicita que se declare la responsabilidad civil extracontractual de
la Rama Judicial a título de error jurisdiccional, por los perjuicios sufridos como
consecuencia de las providencias proferidas por el Juzgado Once Civil del
Circuito de Barranquilla y por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, en desarrollo de un proceso ordinario civil, y que se
declare la responsabilidad de la sociedad Servicios Postales Nacionales S.A., a
título de falla en el servicio, por la presunta omisión en la entrega del expediente
respectivo para que gestionara el recurso de casación interpuesto, en contra de
tales providencias. La Sala confirma la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda porque no se acreditó daño antijurídico imputable
a las entidades demandadas, pues la parte demandante no aportó las decisiones
objeto de reproche y la empresa encargada del transporte del expediente se limitó
a cumplir una orden judicial.

1 Según el numeral 6° del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 los tribunales administrativos conocen en

primera instancia las demandas de reparación directa cuya cuantía exceda los 500 SMLMV, lo que al
momento de presentación de la demanda ascendía a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS ($454.263.000). En este caso, la cuantía de la
demanda se estimó en DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000).

1

Radicado: 08001-23-33-000-2021-00498-01 (71215)
Demandantes: Carlos Alberto Bolívar Polo, María Magdalena Bolívar Samia
y Carlos Alberto Bolívar Samia

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. Los señores Carlos Alberto Bolívar Polo, María Magdalena Bolívar Samia y
Carlos Alberto Bolívar Samia promovieron demanda, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, el 20 de septiembre de 2021, en contra de la Rama
Judicial, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios que afirman haber
sufrido como consecuencia de las providencias proferidas por el Juzgado 11 Civil
del Circuito de Barranquilla y por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, dentro el proceso ordinario civil de responsabilidad
contractual identificado con el radicado No. 08001-31-53-011-2015-000326-01.

2. De igual forma, dirigieron la acción en contra de la sociedad Servicios Postales
Nacionales S.A. (en adelante, “4-72”), por la presunta omisión en la entrega
oportuna del expediente, para que se surtiera el recurso de casación interpuesto
por la parte actora ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
Familia y Agraria.

3. Las pretensiones de la presente demanda corresponden a:

Reparación integral para los demandantes por los perjuicios materiales y morales
por el fallo de la administración de justicia y por incurrir en error judicial y la omisión
en la entrega del expediente para el trámite del recurso de casación ante la Corte
Suprema de justicia, Sala de Casación Civil, Familia y Agraria.
Para Carlos Alberto Bolívar Polo, $1.800.000.000, Mil Ochocientos Millones de
Pesos, como Reparación de los Perjuicios materiales y morales.
Para Los Hijos del Demandante la suma de $200.000.000. Doscientos Millones de
Pesos por los Perjuicios Morales, $100.000.000. Cien Millones de Pesos para
Carlos Alberto Bolívar Samia.$100.000.000, Para María Magdalena Bolívar
Samia.
Sumas estas de dinero que representan las reparaciones integrales (sic) a los
demandantes por la falla de la administración de justicia al momento de proferir
las sentencias de primera y segunda instancia y la omisión de la empresa de
correo 4-72 al no enviar el expediente ala (sic) corte suprema para que se tramitara
el recurso de casación.2

4. La parte demandante expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo
siguiente:

4.1 El demandante Carlos Alberto Bolívar Polo fue vinculado laboralmente por
Tempo S.A. y, en tal condición, asignado a la sociedad Gelco S.A. para
desempeñarse como vigilante y portero en sus instalaciones, en la ciudad de
Barranquilla; posteriormente, en atención a sus capacidades, fue nombrado
como escolta del gerente de dicha sociedad.

2 Índice 2 samai, 3ED_01DEMANDARDIRECTAPDF(.pdf) NroActua 2.pdf.

2

Radicado: 08001-23-33-000-2021-00498-01 (71215)
Demandantes: Carlos Alberto Bolívar Polo, María Magdalena Bolívar Samia
y Carlos Alberto Bolívar Samia

4.2 El 29 de junio de 2001 el gerente de la empresa Gelco S.A. fue víctima de un
atentado, en cuyo desarrollo falleció el presunto sicario. Con ocasión de estos
hechos, el señor Carlos Alberto Bolívar Polo fue vinculado a un proceso penal en
el cual fue condenado a la pena de dieciocho (18) años de prisión y a la
interdicción de derechos y funciones públicas por diez (10) años.

4.3 Como consecuencia de la privación de la libertad, el señor Carlos Alberto
Bolívar Polo junto con sus hijos formularon demanda civil de responsabilidad
contractual por los perjuicios materiales y morales contra Tempo S.A. y Gelco
S.A. bajo el argumento de que había actuado en defensa de la vida del gerente
de Gelco S.A.

4.4 El proceso se asignó en primera instancia al Juzgado 11 Civil del Circuito de
Barranquilla, identificado con el radicado 08001‑31‑53‑011‑2015‑000326‑01, y el
despacho profirió sentencia el 6 de noviembre de 2018, mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda.

4.5 La sentencia de primera instancia fue apelada por la parte demandante; del
recurso conoció la Sala Octava Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, que confirmó la providencia recurrida.

4.6 Contra la decisión de segunda instancia se interpuso recurso de casación, el
cual fue concedido por el tribunal mediante auto de 26 de marzo de 2019; en él
indicó que la parte demandante debería cancelar el porte de ida y regreso en la
oficina postal referida dentro de los diez (10) días siguientes a la llegada del
expediente, so pena de declarar desierto el trámite; además dispuso que si
vencido este término no se había pagado la totalidad del importe, el jefe de esa
oficina devolvería el expediente al despacho con oficio explicativo.

4.7 El jefe de la Oficina Zona Uno de 4-72, mediante memorando de 31 de mayo
de 2019, informó al secretario del Tribunal Superior de Barranquilla que se
devolvía el expediente porque no se realizó el pago del valor del envío a la Corte
Suprema de Justicia.

4.8 Posteriormente, mediante auto del 20 de junio de 2019, el magistrado ponente
declaró desierto el recurso de casación y ordenó la remisión del expediente al
juzgado de origen para su archivo.

4.9. La parte actora atribuye la causación de un daño antijurídico a la Rama
Judicial y a la empresa oficial de mensajería 4-72. Respecto de la Rama Judicial,
sostiene que las siguientes providencias incurrieron en error jurisdiccional, al
resolver el proceso civil con desconocimiento de los hechos y de las pruebas
relevantes, lo que ocasionó la pérdida de la posibilidad de obtener una sentencia
favorable en el proceso civil: i) la sentencia del 6 noviembre de 2018 del Juzgado
11 Civil del Circuito de Barranquilla; ii) la sentencia del 8 marzo de 2019 de la

3

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Demandantes: Carlos Alberto Bolívar Polo, María Magdalena Bolívar Samia
y Carlos Alberto Bolívar Samia

Sala Octava Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, iii) el auto del 26 marzo de 2019 que concedió el recurso de
casación, y iv) el auto del 20 junio de 2019 con el cual se declaró desierto el
recurso de casación. En cuanto a 4‑72, afirmó que la entidad incurrió en falla en
el servicio porque devolvió el expediente por ausencia del pago del porte exigido
para su envío a la Corte Suprema de Justicia, situación que produjo la pérdida
definitiva del recurso de casación.

B. Posición de la parte demandada

5. La Rama Judicial no contestó la demanda.

6. La empresa 4-72 solicitó se negaran las pretensiones de la demanda, por las
siguientes razones: i) las pretensiones carecen de fundamento fáctico y jurídico,
pues el demandante pretende el reconocimiento y pago de elevadas sumas de
dinero por una presunta falla en el servicio sin sustento probatorio; ii) la acción
se encuentra caducada, porque el daño se concretó en la decisión que declaró
desierto el recurso, la cual fue notificada el 21 de junio de 2019, y la solicitud de
conciliación se presentó el 23 de julio de 2021; iii) el demandante no demostró
los perjuicios morales ni los materiales; iv) la parte actora no cumplió con el pago
ordenado por el tribunal en el auto de 26 de marzo de 2019. Propuso las
excepciones de “inexistencia de obligaciones”, “temeridad y mala fe” por falta de
causa legal para las pretensiones, “cobro de lo no debido” por pretender el
reconocimiento de perjuicios inexistentes, “enriquecimiento sin causa” que se
configuraría en caso de acceder a las pretensiones y “las genéricas”; y en escrito
separado presentó las excepciones previas de “caducidad “y “falta de
legitimación en la causa por pasiva.”3

C. Trámite relevante en primera instancia

7. El 3 de octubre de 2022 el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral A, declaró no probada la excepción de caducidad
propuesta por 4‑72.

D. Sentencia recurrida

8. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 6 de febrero de 2023,
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer costas con base
en las siguientes razones:

8.1. La parte actora no aportó las providencias del Juzgado 11 Civil del Circuito y
de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. La demanda sólo

3 Índice 2 samai, 11ED_09CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2.

4

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y Carlos Alberto Bolívar Samia

anexó actas de audiencia y esas actas no contienen fundamentos jurídicos y
fácticos de las decisiones cuestionadas.

8.2. Las decisiones del proceso primigenio mostraron respaldo argumentativo.
Una discrepancia interpretativa no configura error en la función jurisdiccional.
Esta responsabilidad exige una providencia sin justificación razonable o contraria
de forma abierta a la ley.

8.3. La empresa 4-72 cumplió la orden que reguló el trámite del recurso de
casación. La providencia impuso a la parte interesada la carga de pagar el porte
para el envío físico del expediente y no realizó el pago; dicha omisión produjo la
devolución del proceso y condujo a la declaratoria de desierto del recurso. La
actuación del operador postal se ajustó a las directrices judiciales. No se
evidenció ninguna infracción de deberes propios de la actividad postal ni
desconocimiento de obligaciones legales.

8.4 Concluyó que no se acreditó daño antijurídico ni error judicial porque al no
aportarse las decisiones objeto de reproche, no fue posible verificar la infracción
por parte de los operadores judiciales y tampoco se evidenció falla en el servicio
prestado por 4‑72, la cual actuó conforme la orden judicial impartida y carecía de
facultad para enviar el expediente sin porte. En consecuencia, el tribunal negó
las pretensiones y se abstuvo de imponer condena en costas.4

E. Recurso de apelación

9. La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia,
con fundamento en los siguientes reparos:

9.1. La sentencia impugnada es nula porque consigna como año en que se emitió
el 2024, aunque corresponde a una decisión proferida en 2023. Para el año 2024,
la funcionaria que figura como magistrada en la sentencia no ejercía ese cargo,
pues ocupaba la posición de Juez 10 Administrativo de Barranquilla. Esta
irregularidad desconoce el artículo 29 de la Constitución Política, que exige
autoridad competente y respeto estricto del debido proceso.

9.2. Se cuestiona integralmente el trámite judicial surtido con ocasión del proceso
ordinario civil y del recurso de casación, incluyendo las sentencias de 6 de
noviembre de 2018 y 8 de marzo de 2019, mediante las cuales se negó la
responsabilidad civil, así como las decisiones adoptadas en sede de casación,
en particular el auto del 29 de marzo de 2019 que dispuso el pago del porte de
envío y regreso del expediente y el auto del 20 de junio de 2019 que declaró
desierto el recurso por el no pago de dichos costos, además de la actuación de
la empresa Servicios Postales Nacionales S.A. (4-72) en la gestión del traslado

4 Índice 2 Samai, 36ED_34RDOTROSASUNTOS1PDF(.pdf) NroActua 2.

5

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y Carlos Alberto Bolívar Samia

del expediente. La parte demandante sostiene que estas actuaciones,
consideradas en conjunto, desconocen el artículo 6 de la Ley 270 de 1996, que
consagra la gratuidad de la administración de justicia, y el artículo 2 de la
Constitución Política, relativo al acceso efectivo a la justicia. Añade que la
Sentencia C-539 de 1999 no contempla dentro de las expensas a cargo de las
partes los costos de traslado de expedientes, por lo que la exigencia de dichos
pagos carece de fundamento normativo.

9.3. Dentro del proceso ordinario civil inicial, los jueces negaron la responsabilidad
con fundamento en la supuesta inexistencia de culpa aquiliana. Sin embargo, la
parte demandante sostiene que en el caso se configuran los elementos previstos
en el artículo 2341 del Código Civil —culpa, nexo causal y daño—, derivados de
la modificación en la modalidad de contratación del demandante Carlos Alberto
Bolívar Polo, quien pasó de desempeñarse como portero y vigilante a funciones
de escolta, así como de la imposición de cargas económicas sin sustento legal.

9.4. El caso presenta vulneraciones a obligaciones internacionales asumidas por
el Estado. El artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
reconoce el derecho de toda persona a ser reparada cuando sufre perjuicios por
error judicial. A su vez, el artículo 25 garantiza el derecho a la protección judicial
efectiva y exige procedimientos que aseguren la tutela de los derechos sin
obstáculos irrazonables. La exigencia de asumir costos injustificados y la
ausencia de reparación desconocen estas obligaciones y los priva de los
estándares mínimos de protección que rigen en el sistema interamericano.

F. Trámite relevante en segunda instancia

10. El recurso de apelación fue admitido por medio de auto del 1 de octubre de
20245. El Ministerio Público rindió concepto y sostuvo que la parte demandante
no demostró la existencia de error judicial ni de falla del servicio, por lo que debe
confirmarse parcialmente la decisión de primera instancia, y solicita decretar una
prueba de oficio para verificar si existía sustento normativo que permitiera exigir
el pago del porte del expediente y declarar desierto el recurso de casación por
ese motivo6.

II. CONSIDERACIONES

G. Aspectos procesales

11. La Sala precisa que, de conformidad con las pretensiones de la demanda, la
parte actora reclama la indemnización de dos daños, a saber, I) el ocasionado
por la Rama Judicial, derivado de los errores jurisdiccionales en los que

5 Índice 4 Samai.
6 Índice 10 Samai. 46_MemorialWeb_Concepto-CONCEPTO1812024p(.pdf) NroActua 10.

6

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supuestamente incurrieron las providencias dictadas por los jueces del proceso
civil, y ii) el causado por 4-72 por deficiencias en el trámite de remisión del
expediente, es decir falla del servicio.

12. La Sala no se pronunciará sobre la solicitud de decreto de la prueba oficiosa
elevada por el Ministerio Público, por resultar inconducente. Las pruebas de oficio
son facultades en cabeza del juez, en virtud del artículo 213 del CPACA 7. Por
ende, el juez no tiene la carga de pronunciarse en relación con una manifestación
que es abiertamente improcedente.

13.Finalmente, de manera preliminar, la Sala no advierte que la sentencia
adolezca nulidad por haber sido proferida en el año 2023, pues para esa
anualidad la funcionaria que la suscribió no ejercía el cargo de magistrada.

14. Del examen del expediente se desprende que la sentencia fue efectivamente
proferida en el año 2024, y que la indicación del año 2023 obedece a un error
material de digitación en el encabezado. En efecto, la firma electrónica señala
que la providencia fue suscrita “[Documento generado en 19/03/2024 04:00:06
PM.”8 Esto es concordante con la fecha de notificación de la sentencia que
ocurrió un día después, el “[miércoles, 20 de marzo de 2024]”9.

15. La anterior imprecisión en el encabezado no compromete la competencia de
la autoridad judicial ni incide en la validez de la decisión. En tales condiciones,
el yerro advertido no configura ninguna de las nulidades procesales previstas en
el artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, en adelante
CGP.

a) Caducidad de la acción respecto a los errores jurisdiccionales

16. El artículo 164, literal i, del CPACA fija un término de dos (2) años para
presentar la demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
por error jurisdiccional, contado desde el día siguiente a la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño; la Sección Tercera ha precisado que,
respecto de errores jurisdiccionales, dicho término inicia con la ejecutoria de la
providencia que contiene el yerro, pues en ese momento se configura el daño y
la víctima adquiere conocimiento cierto de su ocurrencia; así lo reiteró la Sección
Tercera, Subsección A al señalar que:

En los casos en que se discute la responsabilidad del Estado por error judicial,
el término de caducidad por regla general inicia a correr a partir del día siguiente

7 “Artículo 213. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá

decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán
decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes”.
8 Índice 2 Samai, 36ED_34RDOTROSASUNTOS1PDF(.pdf) NroActua 2.
9 Índice 26 Samai del Tribunal.

7

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y Carlos Alberto Bolívar Samia

de aquel en el que quedó ejecutoriada o en firme la providencia que
supuestamente lo contiene, cuando con esta se concreta el daño y si la persona
afectada hizo parte del proceso; no obstante, si el daño se produce o se
materializa con posterioridad a la actuación judicial que le dio origen, la
caducidad comienza a correr desde que el afectado pudo evidenciar su
existencia o desde que este se manifiesta.10

17. Precisado lo anterior, la parte actora determinó que las siguientes providencias
incurrieron en error judicial:

17.1. La sentencia proferida por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla,
el 6 de noviembre de 2018, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda
y que fue objeto de impugnación.

17.2. La providencia proferida el 8 de marzo de 2019 por la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior de Barranquilla, que confirmó la decisión de primera instancia,
frente a la cual la parte demandante interpuso recurso de casación.11

17.3. Elauto del Tribunal Superior de Barranquilla de 20 de junio de 2019,
mediante el cual, se declaró desierto el recurso de casación y ordenó la remisión
del expediente al juzgado de origen para su archivo, el cual fue notificado por
estado No. 107 del 21 de junio de 2019,12 y el cual no fue objeto de impugnación,
situación que produjo su ejecución el 28 de junio de 2019.

17.4. Sin embargo, en virtud del Decreto Legislativo 564 de 2020 los términos de
prescripción y caducidad fueron suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 y el
Acuerdo PCSJA20‑11567 del Consejo Superior de la Judicatura ordenó su
reanudación el 1 de julio de 2020.

17.5 La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 23 de julio de 2021.13

17.6 Entre la ejecutoria del auto y el inicio de la suspensión de términos por el
decreto legislativo transcurrieron ocho (8) meses y (17) diecisiete días y desde
el levantamiento de la suspensión y la fecha de presentación de la solicitud de
conciliación, transcurrieron un año (1) y veintidós (22) días, para un total de un
(1) año, nueve (9) meses y nueve (9) días. Posteriormente, la procuraduría
declaró fallida la conciliación el 8 de septiembre de 2021 y la demanda se
presentó de manera oportuna el 20 de septiembre de 2021.14

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2025, expediente

25000-23-36-000-2020-00134-01 (71.471), MP María Adriana Marín.
11Índice 2 Samai, 3ED_01DEMANDARDIRECTAPDF(.pdf) NroActua 2. El recurso extraordinario de

casación fue interpuesto el 14 de marzo de 2019, esto es, dentro del término de cinco (5) días contado a
partir de la expedición de la sentencia de segunda instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo
337 del CGP, en consecuencia, dicha providencia no adquirió firmeza sino hasta cuando el recurso fue
declarado desierto.
12 Índice 2 samai, 11ED_09CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2. pág. 17.
13 Índice 2 samai, 11ED_09CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2. pág. 18.
14 Índice 2 samai, 3ED_01DEMANDARDIRECTAPDF(.pdf) NroActua 2.

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y Carlos Alberto Bolívar Samia

b) Caducidad de la acción respecto a la falla del servicio de 4-72

18. Luego de haber analizado la caducidad en relación con los errores
jurisdiccionales, procede la Sala examinar el término para la presentación de la
acción dirigida en contra de la empresa 4-72.

19. La parte actora sostiene que la demandada incurrió en falla en el servicio por
hacer la devolución del expediente por ausencia de pago del envío, circunstancia
que impidió la remisión del proceso a la Corte Suprema y produjo la declaratoria
de desierto del recurso de casación, ocasionando como daño antijurídico la
pérdida definitiva del medio de impugnación; es decir, que el supuesto daño
también se consolidó el 28 de junio de 2019, fecha en que quedó ejecutoriado
el auto que declaró desierto el recurso y la demanda se presentó en término el
20 de septiembre de 2021.

H. Sentido de la decisión

20. La sentencia de primera instancia será confirmada en atención a que la parte
actora no aportó las decisiones que cuestiona y no agotó los recursos
procedentes en relación con las providencias que sí allegó; respecto a 4‑72, se
advierte que la empresa se limitó a cumplir la directriz judicial de recibir el
expediente y devolverlo en caso de no verificarse el pago dentro del término
establecido. Por ello, no se configura incumplimiento de deberes por parte del
operador postal, ni falla del servicio imputable a la entidad.

I. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual

21.La responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado encuentra su
fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, disposición que
consagra la cláusula general de responsabilidad estatal. Esta norma establece
que el Estado deberá indemnizar los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.

22. En materia de administración de justicia, esta cláusula se desarrolla y precisa
a través del régimen previsto en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, la cual en su artículo 6515 reguló de manera
específica los supuestos en los cuales procede la responsabilidad patrimonial
del Estado por actuaciones judiciales y definió tres títulos i) el error jurisdiccional,
ii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y iii) la privación
injusta de la libertad.

15 Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

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Demandantes: Carlos Alberto Bolívar Polo, María Magdalena Bolívar Samia
y Carlos Alberto Bolívar Samia

23. En cuanto al error jurisdiccional, el artículo 66 lo define como “aquel cometido
por una autoridad investida de función jurisdiccional, en su carácter de tal, dentro
de un proceso y materializado en una providencia contraria a la ley”. Esta
definición exige que la conducta judicial reprochada se manifieste de manera
concreta en una providencia judicial adoptada en el curso del proceso. Su
configuración requiere la existencia de una contradicción objetiva entre lo
decidido y el ordenamiento jurídico aplicable, pues no toda divergencia
interpretativa ni toda decisión desfavorable constituye error jurisdiccional en los
términos de la ley.

24. Por su parte, el artículo 6716 establece los presupuestos mínimos para la
procedencia de la declaratoria de error jurisdiccional esto es, que el afectado
haya interpuesto los recursos de ley, cuando estos se encuentren previstos, y
que la providencia cuestionada se encuentre en firme. En consecuencia, dado
que el objeto mismo del reproche es la providencia que se estima errada, su
incorporación al proceso judicial resulta indispensable.

25. En relación con la falla del servicio, la jurisprudencia reiterada del Consejo de
Estado ha establecido que esta se configura cuando la administración actúa de
manera irregular, tardía, ineficiente u omisiva, en contravención de los deberes
normativos que regulan la prestación del servicio, y genera un daño antijurídico
imputable a la entidad demandada. Por ello, el análisis correspondiente exige
verificar la existencia de una conducta reprochable, la ocurrencia de un daño
antijurídico y la relación de causalidad entre ambos, tal como lo ha precisado
esta Corporación:
La Sala reitera que la falla del servicio es, ha sido, y seguirá siendo, la fuente
principal y común de la responsabilidad civil del Estado, que se presenta por
un incumplimiento en el funcionamiento normal del servicio, el desconocimiento
de una obligación a cargo del Estado o, en términos generales, la violación de
la ley. Siempre que esté demostrado el incumplimiento de obligaciones por
parte del Estado, se deberá estudiar su responsabilidad bajo el régimen
subjetivo, esto es, la falla del servicio.17

26. Dicho lo anterior, de conformidad con las pruebas válidamente aportadas al
proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes para la
adopción de la solución de la controversia:

26.1 El señor Carlos Alberto Bolívar Polo se encontraba vinculado laboralmente a
la empresa Tempo S.A., la cual lo vinculó a la sociedad Gelco S.A. para
desempeñarse inicialmente como vigilante y portero en sus instalaciones en la
ciudad de Barranquilla y, posteriormente, como escolta de su gerente.

16 Artículo 67. Presupuestos del Error Jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes

presupuestos:1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el
artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud
de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2021, Exp.

05001‑23‑31‑000‑1998‑01260‑01 (46234), MP. Guillermo Sánchez Luque.

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Demandantes: Carlos Alberto Bolívar Polo, María Magdalena Bolívar Samia
y Carlos Alberto Bolívar Samia

26.2 El 29 de junio de 2001 ocurrió un atentado contra el gerente de Gelco S.A.,
en cuyo desarrollo falleció el presunto atacante. Con ocasión de esos hechos, el
señor Carlos Alberto Bolívar Polo fue vinculado a un proceso penal y
posteriormente condenado.

26.3 A raíz de la privación de la libertad, el señor Carlos Alberto Bolívar Polo y sus
hijos promovieron demanda civil de responsabilidad contractual contra Tempo
S.A. y Gelco S.A., en la que solicitaron la indemnización de perjuicios materiales
y morales.18

26.4. El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado 11 Civil del
Circuito de Barranquilla, que mediante sentencia del 6 de noviembre de 2018
negó las pretensiones de la demanda. Esta decisión fue confirmada en segunda
instancia por la Sala Octava Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla.

26.5. Contra la sentencia de segunda instancia la parte actora interpuso recurso
de casación, el cual fue concedido mediante auto del 26 de marzo de 2019. En
esa providencia se dispuso que la parte recurrente debía cancelar el porte
correspondiente para el envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia
dentro de los diez (10) días siguientes a su llegada a la oficina postal designada,
so pena de declarar desierto el recurso.19

26.6. El 31 de mayo de 2019, el jefe de la Oficina Zona Uno de 4-72 informó al
Tribunal Superior de Barranquilla que el expediente era devuelto por falta de pago
del porte correspondiente para su remisión.20

26.7. Mediante auto del 20 de junio de 2019, notificado por estado del 21 de junio
de 2019, el magistrado ponente declaró desierto el recurso de casación y ordenó
la devolución del expediente al juzgado de origen.21

J. Análisis del caso concreto

27. En lo que respecta a los errores jurisdiccionales que la parte actora atribuye
a las decisiones proferidas por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla y
por la Sala Octava Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, resulta necesario advertir que, pese a afirmar que aportó dichas
providencias, ninguna de ellas obra en el expediente. Los documentos allegados
corresponden a otras actuaciones del proceso y las actas incompletas de
audiencia las cuales, por su propia naturaleza, no contienen la motivación fáctica

18 Índice 2 Samai del Tribunal.
19 Índice 2 Samai. 11ED_09CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2., pág. 14 -15.
20 Índice 2 Samai. 11ED_09CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2. pág. 16.
21 Índice 2 Samai, 11ED_09CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2. pág. 17.

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Demandantes: Carlos Alberto Bolívar Polo, María Magdalena Bolívar Samia
y Carlos Alberto Bolívar Samia

ni jurídica de las decisiones cuya ilegalidad se invoca, en consecuencia, no es
posible analizar los errores judiciales alegados.

27.1 Conforme lo disponen los artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996 –
Estatutaria de Administración de Justicia, el estudio del error jurisdiccional exige
necesariamente la incorporación efectiva de la providencia que se reputa errada,
pues es el objeto directo del reproche y el elemento mínimo indispensable para
verificar si existe contradicción entre lo decidido y el ordenamiento jurídico
aplicable.

27.2 La ausencia de las decisiones cuestionadas configura un déficit probatorio
insalvable, que impide establecer el yerro, evaluar la existencia de daño
antijurídico e imputarlo a la Rama Judicial. En tales condiciones, al no haberse
acreditado el presupuesto probatorio esencial, esto es, la existencia misma de
las providencias cuyo error se invoca, no es jurídicamente posible llevar a cabo
el examen del título de imputación, razón por la cual la responsabilidad estatal
por error jurisdiccional debe descartarse.

28. Ahora bien, la parte actora sí aportó: por una parte, el auto del 26 de marzo
de 2019 mediante el cual se concedió el recurso de casación y se ordenó el pago
del porte de ida y regreso del expediente; y por la otra parte, el auto del 20 de
junio de 2019,22 en el cual se declaró desierto dicho recurso. En relación con
este asunto, la Sala procede a verificar el cumplimiento de los presupuestos
procesales previstos en el Artículo 67 de la Ley 270 de 1996.

28.1 En relación con el auto del 26 de marzo de 2019 que concedió el recurso
extraordinario de casación, se advierte que dicha providencia contiene dos
decisiones claramente diferenciables: i) la que concede el recurso de casación,
frente a la cual no procede recurso alguno; y ii) la orden de sufragar el porte de
ida y regreso del expediente, respecto de la cual sí resultaba procedente el
recurso de reposición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del
CGP. No obstante, la parte actora se abstuvo de interponer el recurso de
reposición contra esta última determinación.

28.2 De igual forma, frente al auto del 20 de junio de 2019, mediante el cual el
tribunal declaró desierto el recurso de casación, procedía el recurso de
reposición en los términos del artículo 318 del CGP; sin embargo, la parte actora
tampoco hizo uso de dicho mecanismo de impugnación.

22 Índice 2 Samai, 3ED_01DEMANDARDIRECTAPDF(.pdf) NroActua 2. La Sala precisa que, si bien la parte

actora sostiene en el recurso de apelación, que el auto que declaró desierto el recurso extraordinario de
casación fue proferido el 20 de abril de 2019, del examen del documento obrante en el expediente se
constata que dicha providencia fue expedida el 20 de junio de 2019.

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28.3 En ese orden, la Sala concluye que no se satisface el presupuesto relativo
al agotamiento de los recursos ordinarios, exigido por el artículo 67 de la Ley 270
de 1996.

28.4 Ahora bien, en gracia de discusión dicha providencia, por sí sola, no
configura error jurisdiccional. Ello es así porque la declaratoria de desierto no
obedece a un ejercicio arbitrario o caprichoso de la función judicial, sino al
estricto cumplimiento de la carga procesal impuesta al recurrente, consistente en
cancelar el porte necesario para el envío del expediente a la Corte Suprema de
Justicia.

28.4.1. En efecto, mediante auto del 26 de marzo de 2019, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla concedió el recurso extraordinario de casación y
dispuso expresamente las condiciones para su trámite, en los siguientes
términos:

PRIMERO: Conceder el recurso extraordinario de casación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 8 de marzo de 2019 dictada dentro
del presente proceso y debidamente referenciado.
SEGUNDO: Remitir el expediente a la Sala de Casación Civil-Agraria de la
Corte Suprema de Justicia una vez ejecutoriada la presente providencia, a
través de la empresa 4-72, para lo cual la parte demandante deberá cancelar
el porte de ida y regreso en la oficina postal referida, dentro de los diez (10)
días siguientes a la llegada del expediente, so pena de declararlo desierto. Si
pasado este término no se ha pagado la totalidad del importe, el jefe de dicha
oficina lo devolverá a este despacho con oficio explicativo.23

28.4.2. En tal sentido, el artículo 125 del Código General del Proceso dispone:
‘(…) El juez podrá imponer a las partes o al interesado, cargas relacionadas con
la remisión de expedientes, oficios y despachos.(…)”. De este modo, la exigencia
de cancelar el porte para la remisión del expediente no constituye una carga
arbitraria ni contraria al principio de gratuidad de la administración de justicia,
sino una expensa procesal necesaria para el impulso del trámite, cuyo
incumplimiento genera las consecuencias procesales previstas en el
ordenamiento jurídico.

28.4.3 Al no acreditarse el pago en el término establecido, el tribunal aplicó la
consecuencia prevista de manera expresa y fundada en derecho. En conclusión,
no se advierte contradicción entre lo decidido y el ordenamiento jurídico, ni
ausencia de motivación, ni desconocimiento de reglas legales o jurisprudenciales
que permita estructurar un yerro de carácter jurisdiccional.

23 Índice 2 Samai. 11ED_09CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2., pág. 14 -15.

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29. En cuanto a la falla del servicio imputada a 4-72, no se configura
incumplimiento alguno por parte del operador postal, por cuanto la devolución
del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla obedeció
exclusivamente al incumplimiento de la carga procesal impuesta a la parte
recurrente, consistente en sufragar el porte correspondiente al envío físico de las
piezas procesales necesarias para el trámite del recurso de casación. Sobre este
punto, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha indicado que: “La no
consignación del valor fijado como gastos procesales impide que el aparato
judicial pueda impulsar la actuación.”24 Así, la imposibilidad de remitir el
expediente no es atribuible a una omisión del operador postal, sino al
incumplimiento de la carga procesal de la parte actora.

29.1 El auto que concedió el recurso estableció de manera expresa que, una vez
el expediente ingresara a la oficina postal, la parte interesada debía asumir el
costo del envío dentro del término fijado, advirtiendo que, de no verificarse dicho
pago, 4‑72 debía devolver el expediente al despacho judicial. Esta instrucción no
solo fue clara y específica, sino que además se ajusta al régimen jurídico
aplicable a los operadores postales oficiales, quienes no están facultados para
sufragar portes por cuenta de los usuarios, ni para remitir objetos postales cuyo
costo no ha sido cancelado previamente.

29.2 En ese contexto, la empresa 4‑72 cumplió exactamente la función que le
correspondía, la cual era recibir el expediente, verificar si se había cancelado el
porte, dentro del término otorgado e informar al despacho judicial la imposibilidad
de realizar el envío ante la ausencia de pago. Tal actuación no constituye una
omisión, irregularidad o inobservancia de deberes legales. Por el contrario, se
enmarca en la regla según la cual:

Las expensas son los gastos necesarios para adelantar el proceso… su pago
corre por cuenta de la parte que solicitó la prueba, diligencia o interpuso el
recurso, y su no oportuno cumplimiento puede determinar la ineficacia del
derecho ejercitado.25

29.3 Tampoco le asiste razón a la parte actora cuando sostiene que la exigencia
de pagar el porte vulnera el principio de gratuidad de la administración de justicia
previsto en el artículo 6 de la Ley 270 de 1996. Este principio no es absoluto,
como lo ha precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado al indicar que “la
gratuidad de la justicia es la regla general que debe primar, pero admite
excepciones que garantizan la eficacia de la misma al permitir que se realicen
ciertos trámites que exigen costos por parte del Estado”.26 Así como también: “

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014, exp. 25415, MP

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014, exp. 25415, MP

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014, exp. 25415, MP

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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y Carlos Alberto Bolívar Samia

(…) La legislación colombiana acepta la gratuidad de la justicia, pero no de
manera absoluta, si bien toda persona puede acceder a la administración de
justicia deberá cumplir con los gastos necesarios para obtener la declaración de
su derecho”.27

29.4 Lo anterior, concuerda con lo dicho por la Corte Constitucional en la
sentencia C‑539 de 1999, en cuanto a que la gratuidad opera “sin perjuicio de
las expensas, agencias en derecho y costos judiciales”.

29.5 Asimismo, las expensas dentro del proceso comprenden todos aquellos
gastos operativos que se requieren para la continuación del trámite, incluidos los
derivados del desplazamiento del expediente físico. Tal y como lo indicó esta
corporación, las expensas comprenden “todas aquellas erogaciones necesarias
para adelantar el proceso (…) como el valor de las notificaciones, los honorarios
de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros, pólizas, etc.”28. Así las
cosas, la exigencia del pago no resulta inconstitucional teniendo en cuenta la
sentencia C-539 de 1999.

29.6En el mismo sentido, la exigencia de asumir los costos de envío del
expediente en el trámite del recurso extraordinario de casación no configura una
vulneración de los artículos 10 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos. En efecto, dichas disposiciones garantizan el acceso a la
administración de justicia y la existencia de recursos judiciales efectivos, pero no
excluyen la posibilidad de que los ordenamientos internos establezcan cargas
procesales razonables y previamente definidas para el ejercicio de los medios
de impugnación. En el presente caso, la carga cuestionada no constituyó una
barrera desproporcionada ni irrazonable que impidiera el acceso al recurso, sino
una exigencia de carácter instrumental prevista dentro del trámite judicial, cuyo
incumplimiento fue imputable exclusivamente al recurrente.

29.7 De esta manera, el porte exigido para el envío del expediente constituye un
gasto del recurrente para materializar su remisión a la Corte Suprema de Justicia
y resulta compatible con el principio de gratuidad.

29.8 En consecuencia, no se encuentra acreditado un daño antijurídico imputable
a la Rama Judicial ni a la empresa 4‑72. Frente a la primera, la ausencia de las
providencias objeto de reproche impide demostrar el yerro alegado y, por tanto,
no se configura el error jurisdiccional. En cuanto a la segunda, quedó demostrado
que su actuación se limitó al cumplimiento estricto de la orden impartida por el
tribunal en el trámite del recurso de casación, sin que mediara irregularidad,
omisión o infracción de sus deberes legales.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014, exp. 25415, MP

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014, exp. 25415, MP

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Demandantes: Carlos Alberto Bolívar Polo, María Magdalena Bolívar Samia
y Carlos Alberto Bolívar Samia

29.9 Por ello, no se verifica la existencia de una conducta estatal generadora de
responsabilidad, lo que conduce a confirmar la decisión que negó las
pretensiones de la demanda.

K. Costas

30. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, y el numeral 1 del artículo
365 del CGP, se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante,
las cuales deberán incluir las agencias en derecho que se hubieren causado; las
costas procesales deberán ser liquidadas de manera concentrada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, según dispone el artículo 366 del CGP.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 6 de febrero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, que denegó las pretensiones de
la demanda.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte
demandante en favor de las entidades demandantes, las cuales serán tasadas
de manera concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con
lo establecido en el artículo 366 del CGP.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

(con firma electrónica) (con firma electrónica)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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