Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2021-00538-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2021-00538-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2021-00538-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
10 de febrero de 2022
Radicado: 08001-23-33-004-2021-00538-01
Demandante: Ercilia Urueta Flórez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00538-01
Demandante: ERCILIA URUETA FLÓREZ
Demandado: JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA
Temas: Mora judicial en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Ercilia Urueta Flórez contra
sentencia del 17 de noviembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala Oral de Decisión A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela1 y mediante apoderado judicial, la señora Ercilia
Urueta Flórez pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por el
Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla. En concreto, formuló las siguientes
pretensiones:
Teniendo en cuenta que en este asunto nos encontramos frente a eventos de violación a los
Derechos Fundamentales constitucionales por acaecimiento de perjuicio irremediable de persona
con especial protección por ser ADULTO MAYOR (tercera edad), contra actuaciones judiciales, por
violación a los Derechos Fundamentales Constitucionales al debido proceso y derecho de defensa,
igualdad, acceso a la administración de justicia que se funda en los artículos 29 y 228 de la Carta,
puesto que se relaciona directamente con los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia ya que en tratándose de una persona de la tercera edad, y por
tanto que requiere especial protección del Estado, por su condiciones de manifiesta debilidad, en
tratándose de que en dicho despacho se adelanta un MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PARA LA DEFINICION DE LA SUSTITUCION PENSIONAL
con Radicación No. 08001-33- 40-014-2020-0015-00, ya que no se adelanta el proceso acorde con
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, se procedió́ a contestar la
demanda el día 20 de Noviembre de 2020, presentada por quien alega ser compañera permanente
(MONICA QUIÑONES BARROS), y hasta la fecha de presentación de esta tutela NO SE HA
ADELANTADO ni el traslado de las excepciones a la parte demandante ni mucho menos se ha
convocado a AUDIENCIA INICIAL en los términos de la ley 1437 de 2011, mientras que la hoy
accionante, cónyuge supérstite, con una edad de 70 años, se encuentra a buena de Dios, a la
misericordia publica, con un estado de necesidad muy agravado, y en consecuencia en este asunto
nos encontramos frente a eventos que vulneran de manera evidente los derechos constitucionales,
y que por lo tanto requieren decisiones urgentes, impostergables, por la inminencia de los efectos
definitivos de la decisión, y por cuanto no hay un mecanismo ordinarios se solicita tutelar para evitar
el perjuicio irremediable, de una persona de especial protección (de la tercera edad), que se causaría
a la accionante, al igual que le solicitamos no permitir que se prolongue en el tiempo este
comportamiento contrario a los derechos fundamentales del accionante, por lo que requerimos
adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos conculcados y cualquier otro derecho
1 La tutela se presentó el 26 de octubre de 2021.
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fundamental que su señoría estime violado, y que se ordene adelantar con prelación el trámite
procesal ordenando fijar fecha para la práctica de audiencia inicial.
2. Hechos y argumentos de la acción de tutela
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. El 16 de julio de 2020, la señora Mónica Quiñones Barros presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante
UGPP), para obtener la nulidad de la Resolución RDP 022423 del 29 de julio de 2019,
que denegó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, en calidad de
compañera permanente del causante, señor Gualberto Ditta Romero.
2.2. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado 14 Administrativo de
Barranquilla, que, por auto del 15 de agosto de 2020, la admitió y dispuso la
vinculación de la señora Ercilia Urueta Flórez, como litisconsorte necesario, por tener
interés en las resultas del proceso, pues tiene la calidad de cónyuge del causante.
2.3. La señora Urueta Flórez manifiesta que el 20 de noviembre de 2020 contestó la
demanda y que, desde esa fecha, la autoridad judicial demandada no ha efectuado
ningún trámite, como lo es correr traslado de las excepciones y fijar fecha de audiencia
inicial.
2.4. Que, además, en varias oportunidades ha solicitado al juzgado que adelante el
proceso, especialmente porque se trata de una persona de especial protección
constitucional al contar con 70 años, no tener buen estado de salud y carecer de
recursos para su subsistencia.
2.5. Por lo demás, relacionó jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a: (i) los
criterios constitucionales para la procedencia de la acción de tutela contra sentencias
judiciales, y (ii) la procedencia de la acción de tutela para amparar derechos de sujetos
de especial protección constitucional.
4. Intervenciones
4.1. El juez 14 administrativo de Barranquilla rindió informe en los siguientes
términos:
4.1.1. Que con el traslado de las excepciones en el proceso 2020-00115, se cumplía
con el trámite previsto en el parágrafo 2º del artículo 175 del CPACA (modificado por
el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021), de ahí que no se evidenciara vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la actora. Además, advirtió que la fijación de
fecha para la audiencia inicial, se encuentra supeditada a la no prosperidad de alguna
de las excepciones previas propuestas en las contestaciones de la demanda y al
estudio de los requisitos de procedibilidad, como lo establece el artículo 180 ibidem.
4.1.2. Que, de hecho, las actuaciones procesales impulsadas por ese despacho
judicial se han efectuado en tiempos no sólo razonables, sino por debajo del promedio,
lo que evidenciaba celeridad en el trámite del proceso. Que el proceso se ha tramitado,
a pesar de la alta carga laboral producto de acciones de tutela, incidentes de desacatos
y habeas corpus, a los cuales se debe dar prelación “sumado a las audiencias (que en
este año ya se han realizado 165) y trámites de los diferentes procesos bajo los medios
de control que conoce el Juzgado, sin dejar de lados las capacitaciones, reuniones y
visitas de los auditores (…)”.
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4.1.3. Por otro lado, puso de presente que ante los inconvenientes y obstáculos
producto de la pandemia y de la suspensión de términos judiciales, los procesos de
todas las jurisdicciones se vieron interrumpidos y se vieron en la necesidad de
digitalizar todos los expedientes, con las dificultades que eso conllevaba, porque no
contaban con las herramientas necesarias para tal fin.
4.2. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. solicitó la desvinculación del
trámite de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, porque
la actora no presentó ninguna prueba de la que se pudiera establecer que esa entidad,
en calidad de vocera y administradora del Fomag, estuviera vulnerando los derechos
fundamentales invocados.
4.3. El subdirector de Defensa Pensional de la UGPP pidió que se desvinculara a esa
entidad de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la demandante.
Que, además, la competencia para resolver la solicitud de la actora recaía
exclusivamente en el Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla, siendo esa la
autoridad llamada a pronunciarse.
4.4. A pesar de haber sido notificada, la señora Mónica Quiñones Barros no rindió
informe sobre los hechos que motivaron la interposición de la presente acción de
tutela.
5. Sentencia impugnada
5.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral de Decisión A, por sentencia del
17 de noviembre de 2021, declaró improcedente la acción de tutela, porque no
encontró evidente la violación de los derechos fundamentales de la actora, pues,
aunque en el escrito de tutela aseguró que no se había dado traslado a las excepciones
presentadas en la contestación, lo cierto es que la autoridad judicial demandada
demostró la diligencia en el trámite de la demanda.
5.2. Que no se acreditaba en el expediente de acción de tutela la dilación en los
tiempos de las actuaciones procesales. Que, por el contrario, “teniendo en cuenta las
distintas modificaciones que ha venido sufriendo el ejercicio de la administración de
justicia a causa de los decretos presidenciales por motivo al Covid-19, el despacho ha
solventado cada etapa con la celeridad pertinente”.
5.3. Por otro lado, frente al argumento de la falta de recursos para subsistir que planteó
la actora, el a quo dijo que “no se encuentra en el expediente prueba suficiente de su
incapacidad económica que permita la intervención del juez constitucional en el
asunto, toda vez que, tal y como consta en las declaraciones extrajuicio de la señora
Rosa Peñate de Conrado, la señora actora tuvo dos hijos con su finado esposo,
identificados como MIGUEL DITTA URUETA y SERGIO DITTA URUETA. Con cédulas
(…), que están obligados, bajo el principio de solidaridad, prestar la ayuda económica
para el sostenimiento de su madre”.
5.4. Que, adicionalmente, la discusión que propone la demandante era netamente
legal y que por medio de la acción de tutela no se podían dirimir conflictos derivados
de la simultaneidad de la convivencia alegada, y mucho menos intervenir en un
proceso judicial en trámite, cuando no se advierte la vulneración de derechos
fundamentales.
6. Impugnación
6.1. La señora Ercilia Urueta Flórez impugnó la sentencia de primera instancia. Solicitó
que se revocara y que, en su lugar, se ampararan los derechos fundamentales
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invocados. En concreto, manifestó que, contrario a lo manifestado por el a quo, no
estaba pidiendo que se resolviera de fondo un asunto legal, sino que se ordenara al
juzgado de conocimiento que tramitara con celeridad el proceso, por las condiciones
de especial protección de que es sujeto como se expresó en el escrito de tutela.
6.2. Que no se tuvo en cuenta que para el momento en que se radicó la acción de
tutela, la autoridad judicial demandada aún no había procedido al traslado de las
excepciones. Que, además, la pandemia no justifica la mora, “ya que el término
preclusivo de suspensión de términos judiciales había ocurrido hasta el 1 de julio de
2021 y la contestación de la demanda ocurrió en noviembre de 2021 (sic)”.
7. Intervención de la UGPP en sede de segunda instancia
7.1. El subdirector de defensa judicial pensional de la UGPP solicitó que se confirmara
el fallo de primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos del informe que rindió
en el presente asunto.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela. Generalidades
1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.
2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. La Sala inicia por precisar que teniendo en cuenta que lo cuestionado por la actora
es que la autoridad judicial no ha impartido un trámite célere a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que actúa como litisconsorte necesaria, el análisis
se hará a partir de la presunta configuración de la mora judicial.
2.2. En consecuencia, el problema jurídico se contrae a determinar si el a quo acertó
al concluir que la tutela era improcedente cuando se está ante un caso de presunta
mora judicial.
2.3. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a la mora judicial, analizará
las actuaciones adelantadas en el proceso enunciado y adoptará la decisión que
corresponda en el caso concreto.
3. De la mora judicial
3.1. La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos
legales por parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan
los siguientes presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley
para adelantar la actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que
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justifique la demora, y (iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u
omisión sistemática de los deberes por parte del juez2.
3.2. El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial
genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas
imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces
cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se
presentan condiciones estructurales, como la excesiva carga laboral, la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios
judiciales adopten decisiones oportunas.
3.3. Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de
conexidad necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación
injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para
establecer si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso
a la administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar
el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de dichos
derechos y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una
diligencia razonable del juez que los atiende,
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras
circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se
comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.
3.4. De acuerdo con lo anterior, el juez de tutela está facultado para analizar si los
funcionarios judiciales incurren en mora judicial por incumplimiento de los términos
procesales. Luego, contra lo afirmado por el a quo, no es cierto que la acción de tutela
se torne improcedente en los casos en los que precisamente se cuestiona este tipo de
actuaciones.
3.5. En consecuencia, la Sala procederá a estudiar el fondo del asunto, con el objeto
de determinar si en el presente asunto se configuró o no la mora judicial en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001333301420200011500.
4. De la mora judicial en el caso concreto
4.1. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el reproche de la
señora Ercilia Urueta Flórez se origina en que desde la fecha en que dice haber
contestado la demanda (20 de noviembre de 2020), la autoridad judicial no había
corrido traslado de las excepciones ni fijado fecha para la audiencia inicial.
4.2. Sin embargo, de la revisión del expediente, la Sala encuentra que no hay prueba
en la que se pueda constatar la fecha en que la actora radicó la contestación de la
demanda, toda vez que no fue aportada junto con el escrito de tutela. El juzgado
demandado tampoco lo precisó en el informe. Además, no fue posible verificarlo en el
sistema de gestión judicial de la Rama Judicial, pues si bien en los motores de
búsqueda (TYBA y consulta de procesos nacional unificada) se encuentra registrado
el proceso, lo cierto es que no permite ver ninguna actuación.
2 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de
2018 y T-441 de 2020.
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4.3. De modo que la Sala no cuenta con parámetros para determinar si existió o no
una tardanza injustificada entre la fecha en que se presentó la contestación y el
momento en que se fijó en lista el traslado de las excepciones. En todo caso, lo que
sí está probado en el expediente es que, el 3 de noviembre de 2021, el Juzgado 14
Administrativo Oral de Barranquilla corrió traslado de las excepciones propuestas en
las contestaciones de la demanda dentro del proceso 2020-00115 y fijó en lista la
actuación. Así consta:
4.4. Lo anterior demuestra que el juez 14 administrativo de Barranquilla corrió traslado
de las excepciones y, por lo tanto, a la fecha, está impartiendo el trámite
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que la aquí
actora actúa como litisconsorte necesaria.
4.5. A partir de lo anterior, la Sala concluye que, en estricto sentido, no se puede
comprobar la mora judicial alegada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 08001333301420200011500. En consecuencia, se revocará la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela y, en su
lugar, denegará las pretensiones de la demanda.
4.6. De todas maneras, conviene señalar que si lo pretendido por la demandante es
que se otorgue prelación de fallo, así deberá solicitarlo directamente ante el juez de
conocimiento, para lo cual deberá demostrar que su situación se enmarca en alguna
de las previstas por el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 para el efecto o por las
reconocidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional3.
4.7. Por todo lo expuesto, la Sala En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas. En su lugar:
2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Ercilia
Urueta Flórez, conforme a lo expuesto en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3 Sentencia T- 429 de 2005.
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4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada
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