Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2022-00046-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2022-00046-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2022-00046-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2022-00046-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
7 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C. siete (07) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Accionante: ELKA PATRICIA ALVIS PINTO
Accionado: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL ATLÁNTICO Y OTRO
Tema: Acción de tutela / Derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, trabajo, igualdad,
mínimo vital, seguridad social y vivienda digna /
Protección constitucional reforzada / desvinculación
de empleada provisional por provisión de lista de
elegibles
Acción de tutela – sentencia de segunda instancia
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la
señora Elka Patricia Alvis Pinto, contra la providencia de 4 de marzo
de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico
declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
La señora Elka Patricia Alvis Pinto, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela en contra de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Atlántico, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y del Juzgado Único Penal
Especializado de Barranquilla, con el fin de obtener el amparo de los
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, trabajo,
igualdad, mínimo vital, seguridad social y vivienda digna, con
fundamento en los siguientes:
1. Hechos
1.1. El 22 de octubre de 2001, fue nombrada y posesionada, en
provisionalidad, en el cargo de citador III grado 00, en el Juzgado
Único Penal Especializado de la ciudad de Barranquilla.
1.2. El 11 de enero de 2022, fue retirada del cargo y se dio por
terminada su vinculación, por cuanto en él se posesionó en propiedad
la persona que ganó el concurso de méritos.
1.3. En el cargo de citador III grado 00 se desempeñó durante 20
años 2 meses y 20 días sin tener ningún tipo de percance ni queja
disciplinaria.
1.4. En la actualidad cuenta con 52 años de edad, es madre cabeza
de hogar y tiene a su cargo su hijo de 9 años ya que su padre se
ausentó desde la gestación y desconoce su paradero y su señora
madre con 73 años de edad quien actualmente tiene problemas
neurológicos.
1.5. Manifiesta la accionante que con la terminación del vínculo
laboral se encuentra ante un riesgo inminente de carácter
irremediable por cuanto se encuentra desprovista de los ingresos
necesarios para cubrir sus obligaciones como madre cabeza de
familia.
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«1. Tutelar mis derechos fundamentales correspondientes al:
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, DERECHO AL TRABAJO,
DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL MINIMO VITAL, DERECHO A
LA SEGURIDAD SOCIAL, VIVIENDA DIGNA y los derechos
fundamentales de mi menor hijo DANIEL ALBERTO ALVIS PINTO Y
DEMAS QUE RESULTAREN CONEXOS.
2. ORDENAR a (sic) DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO y a la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL
DE LA JUDICATURA DEL ATLANTICO que ME REINTEGREN al cargo de
CITADOR III GRADO 00, adoptando las medidas necesarias para mi
reubicación en un cargo similar o mejor al que venía ocupando hasta
el 11 de enero del año 2022, en la ciudad de Barranquilla que es el
lugar donde actualmente resido y hasta cuándo (i) exista una justa
causa de terminación de la relación laboral debidamente comprobada;
(ii) cesen las condiciones que originan la especial protección.
3. ORDENAR a la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO y a la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL
DE LA JUDICATURA DEL ATLANTICO que me reconozcan y paguen
todos los salarios y prestaciones sociales a las cuales tenía derecho
desde la fecha en la cual fui desvinculada y hasta el momento en que
sea efectivamente incorporada a la nómina de la entidad».
3. Intervenciones
Mediante auto de 8 de febrero de 2022 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al director de administración
judicial del atlántico, a la presidente de la sala administrativa del
consejo superior de la judicatura del atlántico y al juez único penal
especializado de barranquilla como accionados.
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
3.1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
manifestó que dentro del desarrollo de la Convocatoria n.° 03, se
publicaban las vacantes del cargo de citador III, en el Juzgado Único
Penal Especializado desde el año 2017.
Posteriormente, en julio de 2021, la vacante se publicó dentro de la
Convocatoria n.° 04, se conformó la lista de elegibles y se remitió al
despacho judicial en cumplimiento a los artículos 8 y 9 del Acuerdo
CSJATA17-647 del 06 de octubre de 2017 y los artículos 1°, 2°, 3° y
4° del Acuerdo No. PSAA08-4856 de 2008.
Asimismo, se expidieron los siguientes documentos:
Publicación de Opción de sede el 1° de julio de 2021.
ACUERDO No. CSJATA21-103 23 de julio de 2021 “Por el cual
se formula lista de elegibles ante el Juzgado Penal Del Circuito
Especializado de Barranquilla, con el fin de proveer el cargo de
CITADOR DE JUZGADO DE CIRCUITO GRADO 3. (Comunicado
a través del oficio CSJATOP21-332 adiado 2 de agosto de 2021
y notificado a través de correo electrónico el 3 de agosto al
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Barranquilla.)
Correo electrónico del 6 de septiembre de 2021, en el que la
señora KAREN SUSANA PEINADO ARANA reenvía la
comunicación de Aceptación del cargo de Citador Grado 3.
No obstante, asegura que pese a realizar las diferentes publicaciones,
la accionante no informó a la entidad su condición y que en los casos
de estabilidad laboral reforzada, es la autoridad nominadora la
encargada de definir sobre las solicitudes de los empleados en
provisionalidad, sin que en ello tenga injerencia la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura.
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
Así las cosas, la nominadora es quien se encuentra facultada para
adoptar la decisión que considere procedente en la protección y
ponderación de derechos, razón por la cual la pretensión de reintegro
de la accionante puede ser agotada por el nominador, estudiándose
las circunstancias y requisitos determinados por la ley.
3.2. La Dirección Seccional de Administración Judicial del Atlántico y
el Juzgado Penal Especializado de Barranquilla guardaron silencio.
3.3. Por lo anterior, mediante providencia de 26 de mayo de 2021, el
despacho sustanciador requirió a la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Atlántico y al Juzgado Penal Especializado
de Barranquilla, para que informaran (i) La señora Elka Patricia Alvis
Pinto comunicó su situación de estabilidad laboral reforzada o tenían
conocimiento de ello; (ii) En caso afirmativo, señalar si el Juzgado
Penal Especializado de Barranquilla informó al Consejo Superior de la
Judicatura la situación especial de la señora Elka Patricia Alvis Pinto y
(iii) Manifestar cuáles son las medidas que se toman respecto de las
personas que ostentan alguna condición de estabilidad laboral
reforzada, cuando se ofertan sus cargos en concurso.
Conforme al requerimiento realizado por el despacho sustanciador, se
recibieron los siguientes informes:
3.4. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Barranquilla, manifestó que la señora Elka Patricia Alvis Pinto no
comunicó de forma escrita su situación de madre cabeza de familia,
pero sí lo manifestaba de forma verbal. No obstante, era de amplio
conocimiento para el despacho y la Rama Judicial del Atlántico que
ostentaba dicha la calidad y tiene a su cargo a su señora madre quien
se encuentre enferma.
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
Así mismo, señaló que en diferentes oportunidades, entre los
compañeros del despacho se han realizado recolectas para ayudar a
sufragar los gastos de los medicamentos de la señora madre y del
hijo de la señora Alvis Pinto.
Por otro lado, informó que en la actualidad no existe un protocolo en
los casos de las personas que ostentan alguna condición de
estabilidad laboral reforzada, cuando se ofertan sus cargos en
concurso y en ese sentido, al no existir manifestación expresa de la
persona por medio escrito, el despacho no puede notificar la situación
a la Dirección Ejecutiva del Atlántico y/o el Consejo Superior de la
Judicatura.
Finalmente, expuso que con el fin de no incurrir en desacato, dio
cumplimiento al Acuerdo n.° CSJATA21- 103 de 23 de julio de 2021,
en donde se formuló la lista de elegibles ante el Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Barranquilla con el fin de proveer el cargo de
citador de juzgado de circuito grado 3.
3.5 La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Barranquilla – Atlántico informó que ante dicha dependencia no fue
reportada la situación narrada por la accionante y no tiene injerencia
con el trámite de los nombramientos por concurso, ya que es
competencia exclusiva de los nominadores y del Consejo Superior de
la Judicatura.
4. La sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de sentencia del 4 de
marzo de 2022, rechazó por improcedente el amparo solicitado por la
señora Elka Patricia Alvis Pinto al considerar que la accionante contó
con más de 4 años para tomar las medidas pertinentes frente a las
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
convocatorias en las que se ofertaba el cargo que ocupaba y
salvaguardar sus derechos fundamentales.
Sumado a lo anterior, la señora Alvis Pinto no demostró haber
comunicado su situación de estabilidad laboral reforzada, ni manifestó
si existió omisión por parte del nominador en informar la situación
Consejo Superior de la Judicatura.
Impugnación
La señora Elka Patricia Alvis Pinto, recurrió el fallo de primera
instancia al considerar que no se tuvo en cuenta su calidad de madre
cabeza de familia y su derecho a la estabilidad laboral reforzada.
Asimismo, manifestó que tampoco se verificó el material probatorio el
cual demuestra su condición de madre cabeza de hogar y el
conocimiento que tenía su superior sobre su situación especial.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar:
¿Las autoridades accionadas violaron los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, trabajo,
igualdad, mínimo vital, seguridad social y vivienda digna de la
accionante, al retirarla del cargo que ocupaba en provisionalidad
como citador III grado 00, pues indica que se desconoció su
condición de estabilidad laboral reforzada al ser madre cabeza
de familia?
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
2. Fundamentos de decisión
El artículo 86 de la Constitución Política dispone toda persona tendrá
derecho a ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública. No obstante, solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Por su parte, el numeral 1.° del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991
establece, que la acción de tutela no procederá entre otros casos,
cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante.
Conforme a las normas anteriores, la Corte Constitucional ha señalado
que la acción de tutela obedece al principio de subsidiariedad, cuya
condición no implica que pueda reemplazar los medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho, ni que
pueda revivir oportunidades procesales vencidas como consecuencia
de la inactividad injustificada del interesado, ni tampoco constituye un
último medio judicial para alegar la vulneración o afectación de un
derecho.
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
2.1. De los concursos de méritos en la Rama Judicial
La carrera administrativa cuyo origen constitucional se encuentra en
el artículo 125 de la Constitución Política, es un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la
eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad
de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. En
este sentido, la carrera administrativa funge, entonces, como un
principio y una garantía constitucional.
Al efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado
que «La Constitución de 1991, con las salvedades que ella misma
indica, ha hecho del sistema de carrera el general y obligatorio para
la provisión de cargos al servicio del Estado, en todas sus ramas y
órganos, para el ascenso dentro de la jerarquía de cada uno de ellos,
para la permanencia de los empleados y para el retiro del servicio
público».
En este sentido, esa corporación ha expresado reiteradamente que
los funcionarios deberán ser nombrados por concurso público cuando
el sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, esto es, cuando se trate de cargos de elección
popular, de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley.
Así pues, el concurso de méritos está dirigido a garantizar la selección
objetiva del aspirante, según la evaluación y determinación de su
capacidad e idoneidad para asumir las funciones a desempeñar, de
manera que se impida la subjetividad o arbitrariedad del nominador o
criterios contrarios a los principios y valores constitucionales.
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
En lo que se refiere a la carrera judicial, la Ley 270 de 1996,
reformada por la Ley 1258 de 2009, establece que ésta se funda en
el carácter profesional de los servidores, la eficacia de su gestión, la
garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función
pública y en la consideración del mérito como fundamento principal
para el ingreso, la permanencia y promoción en el servicio.
En efecto, el artículo 160 ibídem señala los requisitos exigidos para
ocupar cargos en la carrera judicial, entre ellos el concurso:
«Para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama Judicial se
requiere, además de los requisitos exigidos en disposiciones
generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección
y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de
conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera
requerirá de la previa aprobación del curso de formación judicial en
los términos que señala la presente ley.
PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber
realizado el curso de formación judicial, no están obligados a repetirlo
para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán las
respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de
evaluación.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Con arreglo a la presente ley y dentro del
año siguiente a su entrada en vigencia, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura adoptará todas las medidas que
sean necesarias para que el curso de formación judicial sea exigible,
con los alcances que esta ley indica, a partir del 1o. de enero de
1997».
Así, el proceso de selección contenido en el artículo 162 comprende
las siguientes etapas: concurso de méritos, conformación del registro
nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos,
nombramiento y confirmación.
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
En este sentido, las personas que superen el concurso de méritos
entran a formar parte del registro de elegibles para los cargos por los
que optaron y concursaron, en orden descendente por los puntajes
obtenidos en los procesos de selección, la especialidad y las sedes
territoriales para las que aplicaron.
Las valoraciones de estos factores se deben realizar por medios
técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad,
con parámetros previamente determinados.
Las etapas siguientes son la conformación del registro de elegibles, el
nombramiento, la comunicación, la aceptación, la confirmación y la
posesión, las cuales se encuentran reguladas específicamente en los
artículos 133, 165 y s.s. de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, para el
caso de los empleados se omite la etapa de confirmación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 162 ibidem. Veamos el procedimiento
que para estas etapas señala la norma:
«ARTÍCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. La Sala Administrativa de
los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con
quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente
Registro de Elegibles para cargos de funcionarios y empleados de
carrera de la Rama Judicial, teniendo en cuenta las diferentes
categorías de empleos y los siguientes principios.
La inscripción en el registro se hará en orden descendente, de
conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de
selección determine el reglamento.
La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro
años. Durante los meses de enero y febrero de cada año, cualquier
interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime
necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere
lugar.
Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las
corporaciones judiciales nacionales el concurso y la incorporación al
registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura; en los demás casos dicha función corresponde a las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
PARÁGRAFO. En cada caso de conformidad con el reglamento, los
aspirantes, en cualquier momento podrán manifestar las sedes
territoriales de su interés.
[…]
ARTÍCULO 167. NOMBRAMIENTO. Cada vez que se presente una
vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará
la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la
correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional
de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos,
procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes.
Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar
dentro de los tres días siguientes, solicitará a la Sala Administrativa
del Consejo Superior o Seccional que corresponda, el envío de la lista
de elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco
lugares en el correspondiente registro de elegibles, previa verificación
de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3)
días siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los
diez (10) días siguientes».
En cuanto al término perentorio para efectuar la posesión en los
cargos, el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 señala que el elegido
dispondrá de 15 días para tomar posesión del cargo:
«ARTÍCULO 133. TÉRMINO PARA LA ACEPTACIÓN, CONFIRMACIÓN Y
POSESIÓN EN EL CARGO. El nombramiento deberá ser comunicado al
interesado dentro de los ocho días siguientes y éste deberá aceptarlo
o rehusarlo dentro de un término igual.
Quien sea designado como titular en un empleo para cuyo ejercicio se
exijan requisitos y calidades, deberá obtener su confirmación de la
autoridad nominadora, mediante la presentación de las pruebas que
acrediten la vigencia de su cumplimiento. Al efecto, el interesado
dispondrá de veinte (20) días contados desde la comunicación si
reside en el país o de dos meses si se halla en el exterior.
La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá
negarla cuando no se alleguen oportunamente las pruebas
mencionadas o se establezca que el nombrado se encuentra
inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del
cargo.
www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
Confirmado en el cargo, el elegido dispondrá de quince (15) días para
tomar posesión del mismo.
PARÁGRAFO. El término para la posesión en el cargo podrá ser
prorrogado por el nominador por una sola vez, siempre que considere
justa la causa invocada y que la solicitud se formule antes del
vencimiento».
2.3. Estabilidad laboral de los funcionarios públicos nombrados
en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera
administrativa1
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido el “derecho
constitucional a una estabilidad laboral reforzada”, que se deriva del
principio de derecho a la igualdad de trabajo y que se materializa con
medidas diferenciales en favor de aquellas personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad2.
Así las cosas, la Corte Constitucional ha manifestado que la
estabilidad laboral se trata de:
“una garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y
a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales,
incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa
relevante que justifique el despido. La doctrina ha entendido entonces
que el principio de estabilidad laboral configura, en cabeza de los
trabajadores, un verdadero derecho jurídico de resistencia al despido,
el cual es expresión del hecho de que los fenómenos laborales no se
rigen exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad,
ya que están en juego otros valores constitucionales, en especial la
propia dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor igualdad
entre patrono y empleado. Por ello, en función del principio de la
estabilidad laboral, y de la especial protección al trabajo (CP arts 25 y
53), no basta el deseo empresarial para que pueda cesar una relación
de trabajo sino que es necesario que se configure una justa causa, en
los términos señalados por la ley, y en armonía con los valores
constitucionales”.
1
Se hace referencia, in extenso, a la providencia del T-464 de 2019.
2
Sentencia T-014 de 2019.
www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
Las personas que gozan de estabilidad laboral reforzada son aquellas
personas que se encuentran amparadas por el fuero sindical, en
condición de invalidez o discapacidad y las mujeres en estado de
embarazo. De igual manera, la Corte ha manifestado que aquellos
trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas se
encuentran en situación de debilidad manifiesta y, por lo tanto, son
beneficiarios de una estabilidad laboral reforzada. Esta limitación a la
que hace alusión la Corte hace referencia a una aplicación extensiva
de la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas en situación de discapacidad y se
dictan otras disposiciones” a aquellas personas que se encuentran en
un estado de debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, sin
necesidad de que exista una calificación previa que acredite su
condición de discapacidad o invalidez3.
Ahora bien, en el caso de los servidores públicos que ocupan en
provisionalidad un cargo de carrera, la Corte ha manifestado que
gozan de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que
únicamente pueden ser removidos por causales legales que deben
expresarse de manera clara en el acto de desvinculación. De esta
manera, la Corte ha reiterado que la terminación de una vinculación
en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con
una persona que ganó el concurso “no desconoce los derechos de esta
clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se
le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad,
3
La jurisprudencia constitucional ha sostenido dos líneas sobre la aplicación de la Ley 361 de
1997, una que ha asumido que la protección brindada por la Ley 361 de 1997 es predicable
exclusivamente de los sujetos con una pérdida de la capacidad para trabajar comprobada; y
otra, más abierta, que admite su aplicación a personas que sufren limitaciones (Sentencias T-
198 de 2006, T-819 de 2008, T-603 de 2009 y T-643 de 2009) y la segunda, la cual ha sido
acogida mayoritariamente por la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, que ha
ampliado la concepción del término “limitación”, en el sentido de hacer extensiva la protección
señalada en la Ley 361 de 1997 a aquellas personas que se encuentran en un estado de
debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista una calificación
previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez (Sentencias T-198 de 2006, T-
513 de 2006, T-504 de 2008, T-992 de 2008, T-263 de 2009, T-866 de 2009, T-065 de 2010, T-
092 de 2010,T-663 de 2011).
www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un
concurso público de méritos”4.
Al respecto, en la sentencia SU-446 de 2011, la Corte precisó que:
“la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera
administrativa, encuentra protección constitucional, en la medida en
que, en igualdad de condiciones pueden participar en los concursos y
gozan de estabilidad laboral, condicionada al lapso de duración del
proceso de selección y hasta tanto sean reemplazados por quien se
haya hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus méritos
evaluados previamente”.
No obstante, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que dentro
de las personas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad,
pueden encontrarse sujetos de especial protección constitucional,
como las madres y padres cabeza de familia, quienes estén próximos
a pensionarse, las personas que se encuentran en situación de
discapacidad o en debilidad manifiesta por causa de una enfermedad.
En estos casos, la Corte ha afirmado que antes de proceder al
nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos, los
funcionarios que se encuentren en provisionalidad deberán ser los
últimos en removerse y en todo caso, en la medida de las
posibilidades, deben vincularse nuevamente de manera provisional en
cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que se
venían ocupando5.
Es así como en la sentencia T-373 de 2017, la Corte concluyó que:
“Una entidad vulnera los derechos fundamentales a la salud y vida
digna de un sujeto de especial protección que ocupa un cargo de
carrera en provisionalidad, cuando con fundamento en el principio del
mérito nombra de la lista de elegibles a quien superó las etapas del
concurso, sin antes adoptar medidas afirmativas dispuestas en la
Constitución y que materialicen el principio de solidaridad social,
4
Sentencia SU-446 de 2011.
5
Sentencia T-373 de 2017.
www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
relativas a su reubicación en un cargo similar o equivalente al que
venía ocupando, siempre y cuando se encuentre vacante”.
Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la
estabilidad laboral de la que gozan todos los funcionarios públicos que
se encuentran en provisionalidad es una estabilidad laboral relativa o
reforzada, en la medida en que no tienen derecho a permanecer de
manera indefinida en el cargo, pues este debe proveerse a través del
concurso de méritos. Por su parte, aquellos funcionarios públicos que
se encuentran en provisionalidad y que son sujetos de especial
protección constitucional gozan de una estabilidad laboral reforzada,
pero pueden llegar a ser desvinculados con el propósito de proveer el
cargo que ocupan con una persona que ha ganado el concurso de
méritos, pues se entiende que el derecho de las personas que se
encuentran en provisionalidad cede frente al mejor derecho que
tienen aquellos que participan en un concurso público6.
No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional ha reiterado que en
el caso de sujetos de especial protección constitucional que ejerzan
cargos en provisionalidad, las entidades deben otorgar un trato
preferencial antes de efectuar el nombramiento de quienes ocupan los
primeros puestos en las listas de elegibles del respectivo concurso de
méritos, con el propósito de garantizar el goce efectivo de sus
derechos fundamentales7.
CASO CONCRETO
En el presente asunto, se resuelve la impugnación presentada por la
señora Elka Patricia Alvis Pinto, contra la providencia de 4 de marzo
de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico
rechazó por improcedente el amparo solicitado.
6
Sentencia SU-691 de 2017.
7
Sentencia SU-691 de 2017 y T-373 de 2017.
www.consejodeestado.gov.co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
La accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales,
como consecuencia de su retiro del cargo que ocupaba en
provisionalidad como citador III grado 00, por cuanto en él se
posesionó en propiedad la persona que ganó el concurso de méritos e
indica que se desconoció su condición de estabilidad laboral reforzada
al ser madre cabeza de familia.
El Tribunal Administrativo del Atlántico en fallo del 4 de marzo de
2022, resolvió rechazar por improcedente el amparo solicitado al
considerar que la accionante (i) contó con más de 4 años para tomar
las medidas pertinentes frente a las convocatorias en las que se
ofertaba el cargo que ocupaba, (ii) no demostró haber comunicado su
situación de estabilidad laboral y (iii) no manifestó si existió omisión
por parte del nominador en informar la situación frente al Consejo
Superior de la Judicatura.
Por otro lado, previo requerimiento del despacho sustanciador, el
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla
señaló que si bien la accionante no comunicó de forma escrita su
situación especial, sí era de amplio conocimiento para el despacho y la
Rama Judicial del Atlántico que la accionante ostentaba la calidad de
madre cabeza de familia y tiene a su cargo a su madre quien se
encuentre enferma, tanto así, que en algunas oportunidades entre los
mismos compañeros realizaron recolectas para poder ayudarla con los
gastos de los medicamentos de su señora madre y de su hijo.
Ahora bien, una vez revisadas las piezas procesales se encuentra lo
siguiente:
A través del Acuerdo CSJATA21-103 del Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico, fue expedida la lista de elegibles para
proveer el cargo de citador de juzgado de circuito grado 3
www.consejodeestado.gov.co 17
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
El 6 de septiembre de 2021, la señora Karen Susana Peinado
aceptó el cargo de citador de Juzgado grado 3.
Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante.
Registro civil de nacimiento de su hijo, en el que se evidencia
que nació el 17 de noviembre de 2012, solo aparecen datos de
la accionante como su madre y no se registran datos del padre.
Historia clínica de su madre la señora María Aydee Pinto Chica,
en la se encuentra consignado que tiene una enfermedad
denominada demencia vascular.
Declaración extraprocesal suscrita por la accionante ante la
Notaría 11 de Barranquilla, a través de la cual manifestó que es
madre cabeza de familia, tiene bajo su cargo a su hijo y a su
madre de 78 años, quienes dependen económicamente de ella.
En ese orden de ideas, a fin de determinar si la señora Elki Patricia
Alvis Pinto tiene la condición de madre cabeza de familia, es
pertinente recordar las pautas desarrolladas por la jurisprudencia
constitucional para ese efecto:
“1.- La mujer debe tener a su cargo la responsabilidad de hijos
menores o de otras personas incapacitadas para trabajar.
2.- La responsabilidad exclusiva de la mujer en la jefatura del hogar
debe ser de carácter permanente.
3.- Es necesario que exista una auténtica sustracción de los deberes
legales de manutención por parte del progenitor de los menores de
edad que conforman el grupo familiar8.
4.- Por último, se requiere que haya una deficiencia sustancial de
ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual implica la
responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar”9.
Conforme a lo anterior, y como quedó consignado en el registro civil
de nacimiento de su hijo, como datos de los padres únicamente se
8
Desde la Sentencia SU-388 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte determinó
que la sustracción puede darse por dos circunstancias: (1) por abandono o ausencia
permanente del progenitor(a) de los menores; o (2) por motivos externos a su voluntad, como
incapacidad física, sensorial, síquica o mental, o, como es obvio, por la muerte.
9
T-329 de 2020.
www.consejodeestado.gov.co 18
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
encuentra registrada la señora Alvis Pinto, es decir es madre cabeza
de familia de su hijo de nueve años y tiene a su cargo a su madre de
78 años, quien además se encuentra diagnosticada con demencia
vascular, según historia clínica aportada.
Finalmente, la accionante manifiesta que no cuenta con ayuda de
ningún otro miembro de su familia y que, por el contrario, es ella
quien les provee soporte económico para asegurar su subsistencia, la
de su hijo y la de su señora madre.
Circunstancias que, para esta Sala de Subsección, demuestran que la
señora Elka Patricia Alvis es el sustento, tiene el cuidado y
manutención de su familia, ya que su madre y su hijo dependen
económicamente de ella y su retiro del servicio evidencian la dificultad
que puede surgir para conseguir un nuevo empleo y asegurar los
recursos económicos suficientes para garantizar sus necesidades
básicas y la de su familia a cargo.
Con todo, si bien al plenario no se aportó evidencia que demuestre
que dicha circunstancia hubiera sido puesta en conocimiento de
manera escrita, lo cierto es, que para la nominadora era un hecho
notorio pues en su informe señaló que conocía de la situación especial
de la accionante, no obstante, aseguró que al no tener la solicitud
escrita por parte de la señora Alvis Pinto antes de que se ofertara el
cargo, no realizó ningún reporte ni tomó ninguna medida encaminada
a proteger dicha condición.
Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
estabilidad laboral reforzada de una madre cabeza de familia no es
absoluta, en la medida en que no tienen derecho a permanecer de
manera indefinida en el cargo, pues este debe proveerse a través del
concurso de méritos y en ese sentido, lo que debe procurar es
proveer dicho cargo como última medida con quien ocupó el primer
www.consejodeestado.gov.co 19
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
lugar en la lista de elegibles, con el propósito de garantizar también a
ellos sus derechos fundamentales.
En esa medida, aunque la accionante cuenta con un fuero de
estabilidad laboral reforzada derivado de su condición de madre
cabeza de familia, también es cierto que existe una tensión entre la
protección de sus derechos y el respeto de la carrera administrativa y
de los resultados del concurso de méritos adelantado para proveer
cargos en la Rama Judicial, por lo que no es dable acceder a la
pretensión de reintegro al cargo que ocupaba y que ya fue provisto,
pues esta decisión conllevaría la vulneración de los derechos
fundamentales de la persona que ganó el concurso de méritos, quien
accedió al cargo por meritocracia e implicaría el desconocimiento de la
jurisprudencia constitucional que ha reconocido la carrera
administrativa como el mecanismo preferente para el acceso y la
gestión a cargos públicos.
Por esta razón, la Sala considera que el amparo únicamente es
procedente, en el evento de existir o presentarse vacantes disponibles
al momento de la notificación de esta providencia, o en caso de que
existan vacantes futuras en provisionalidad, el Juzgado Primero Penal
Del Circuito Especializado de Barranquilla debe nombrar a la señora
Elka Patricia Alvis Pinto a un cargo igual o equivalente al que ocupaba,
siempre y cuando persistan las condiciones para considerar que tiene
la condición de madre cabeza de familia.
Por todo lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia
que rechazó por improcedente el amparo deprecado. En consecuencia
se ampararán los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad
laboral reforzada, a la seguridad social, al mínimo vital y al interés
superior Elka Patricia Alvis Pinto y el de su familia de conformidad con
lo señalado en precedencia.
www.consejodeestado.gov.co 20
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
Lo anterior con el fin de proteger tanto los derechos de la accionante,
su familia a cargo y el de las personas que superaron el concurso y
conforman la lista de elegibles.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
PRIMERO.- REVOCAR el fallo del 4 de marzo de 2022, proferido
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que
rechazó por improcedente el amparo solicitado, de
conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia. En su lugar,
SEGUNDO.- AMPARAR los derechos fundamentales al trabajo, a
la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad
social, al mínimo vital y el interés superior Elka
Patricia Alvis Pinto y el de su familia de conformidad
con lo señalado en precedencia.
ORDENAR al juez primero penal del circuito
especializado de Barranquilla que, en el evento de
existir o presentarse vacantes disponibles al
momento de la notificación de esta providencia, o en
caso de que existan vacantes futuras en
provisionalidad, nombre a la señora Elka Patricia
Alvis Pinto, dada su condición de madre cabeza de
familia. Lo anterior supeditado a que persistan las
www.consejodeestado.gov.co 21
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00046-01
Ac c i o n a n t e : E l k a P a t r i c i a A l v i s P i n t o
condiciones para considerar que mantiene esa
calidad.
TERCERO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí
contemplados.
CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, REMITIR el
expediente a la Honorable Corte Constitucional para
su eventual revisión.
QUINTO. - REGISTRAR la presente providencia en la
plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
www.consejodeestado.gov.co 22
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.