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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2022-00062-01

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2022-00062-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 13 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la demanda promovida por Judith Insignares de De La Rosa, de acuerdo con las razones expuestas en la presente providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. 64En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 28 Radicado: 08001-23-33-000-2022-00062-01 (1177-2025) Demandante: Judith Insignares de De La Rosa La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Ausente con excusa JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Aclara parcialmente voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 29

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2022-00062-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2022-00062-01 (1177-2025)
Demandante: Judith Insignares de De La Rosa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Vinculada: Yolanda Churón Argüello

Temas: Sustitución pensional. Convivencia simultanea con la cónyuge
supérstite y la compañera permanente

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 13 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Judith Insignares de De La Rosa presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución RDP023208 del 6 de
septiembre de 2021, mediante la cual la Ugpp le negó el reconocimiento y pago de

1 En lo que sigue Ugpp.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2022-00062-01 (1177-2025)
Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

la sustitución de la pensión por vejez de su cónyuge Rafael Honorio De La Rosa
Pérez.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión de jubilación que
en vida devengaba Rafael Honorio De La Rosa Pérez; ii) el pago de los intereses
moratorios por la falta de pago de la sustitución pensional con su respectiva
indexación; y iii) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. El 17 de diciembre de 1967, Judith Insignares de De La Rosa y Rafael Honorio
De La Rosa Pérez contrajeron matrimonio católico y fruto de su unión tuvieron 2
hijos, Johana Margarita y Juan Carlos De La Rosa Insignares.

3.2. Mediante la Resolución PAP040946 del 28 de febrero de 2011, la Caja Nacional
de Previsión Social4 reconoció una presión por vejez a favor de Rafael Honorio De
La Rosa Pérez.

3.3. El 14 de abril de 2021, falleció el pensionado, quien hasta esa fecha hizo vida
marital con su cónyuge, Judith Insignares de De La Rosa.

3.4. Con ocasión de su deceso el 25 de mayo y el 5 de agosto de 2021, Yolanda
Churón Argüello y Judith Insignares de De La Rosa, respectivamente, acudieron a
la Ugpp para reclamar la sustitución de la prestación.

3.5. Con la Resolución RDP023208 del 6 de septiembre de 2021, el subdirector de
determinación de derechos pensionales de la Ugpp les negó el reconocimiento y
pago de la sustitución de la pensión por vejez de Rafael Honorio De La Rosa Pérez,
por considerar que, al presentarse controversia entre la cónyuge supérstite y la
compañera permanente, de conformidad con la Ley 1204 de 2008, sería la
jurisdicción la encargada de definir a quién y en qué proporción se debía asignar el
beneficio pensional. Dicha decisión fue confirmada con la Resolución RDP030605
del 11 de noviembre de 2021.

3 Para efectos prácticos se sintetizaron los hechos según loe elementos probatorios allegados.
4 En lo sucesivo Cajanal.

2

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Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 48 y 83 de la Constitución Política; y el
Decreto 758 de 1990.

4.1. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 5:

4.2. La entidad demandada omitió brindarle la efectividad de los derechos a la
seguridad social, igualdad y a la protección de las personas de la tercera edad, toda
vez que «si alguna duda aquejaba a la administración ella tenía los medios Administrativos
para absolver los interrogantes y así tomar decisiones ajustadas a derecho y a la realidad»
[sic].

4.3. Los elementos allegados por la cónyuge supérstite y por la compañera
permanente fueron suficientes para que la Ugpp tomara una decisión en derecho
relativa al otorgamiento de la sustitución pensional.

1.2. Contestaciones de la demanda

5. 1.2.1. La Ugpp contestó la demanda y al efecto expuso las razones que se
expresan a continuación6:

5.1. Enel procedimiento administrativo de sustitución de la pensión de Rafael
Honorio De La Rosa Pérez existieron dos reclamantes, la primera en su calidad de
cónyuge supérstite y la segunda en la de compañera permanente, lo cual
imposibilitó a la administración para reconocer el derecho sin tener certeza de la
persona a la cual le correspondía sustituir la prestación.

5.2. Deconformidad con el artículo 34 del Decreto 758 de 1990, aplicable por
remisión expresa del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, frente a la controversia entre
los beneficiarios de la sustitución pensional, se suspenderá el trámite de la
pretensión hasta tanto la jurisdicción defina judicialmente a qué persona y en qué
porcentaje le corresponde el derecho.

5 Samai, índice 2, 4ED_RV_REMISIONEXPEDIENT(.eml) NroActua 2; https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des05taatl_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fdes05taatl%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F01%2
E%20DESPACHO%2005%2F01%2E%20EXPEDIENTES%20DIGITALES05%2F01%2E%20Ordin
arios%2F04%2E%20RemitidosConsejoEstado%2F2022%2F08001233300020220006200&ct=1780
494165184&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=fc79757a%2D9e13%2D76ad%2D10df%2D68da86656
caa&ga=1&LOF=1; 001DemandaLaboral.pdf.
6 Ibidem; 016ContestaciónDemanda.pdf, folios 3 al 23.

3

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Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

5.3. Propuso las excepciones de i) indebida integración del contradictorio7; ii)
inexistencia de las obligaciones reclamadas; iii) cobro de lo no debido; iv)
compensación; v) buena fe; vi) prescripción y vii) la innominada o genérica.

6. 1.2.2. Yolanda Churón González contestó la demanda. Para tal efecto, indicó
como ciertos los fundamentos fácticos del medio de control y señaló que, de
acuerdo con el acta 0816-2022 del 17 de diciembre de 2012, las solicitantes de la
sustitución pensional llegaron a un acuerdo de conciliación extrajudicial la cual «se
present[ó] al Juzgado 2 Laboral del Circuito de Barranquilla donde se encuentra en curso
demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Cajanal, con radicado
080013105002202200031 donde la señora Yolanda Churón Argüello es la demandante […]
donde se estableció entre las partes un acuerdo porcentual, la señora Judith Insignares de
la Rosa con un porcentaje del 60% y la señora Yolanda Churón Argüello con un porcentaje
del 40%»8 [sic].

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia proferida el 13 de marzo de
2025 i) declaró la nulidad de las resoluciones RDP023208 del 6 de septiembre de
2021, RDP26312 del 4 de octubre de 2021 y 30605 del 11 de noviembre de 2021,
a través de las cuales la Ugpp negó la sustitución de la pensión que en vida devengó
Rafael Honorio De La Rosa Pérez; y ii) ordenó a la entidad demandada reconocer
la sustitución pensional a favor de la cónyuge supérstite y la compañera permanente
en porcentaje de 66% para la primera y el 34% para la segunda.

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente9:

8.1. Las pruebas allegadas al plenario dan cuenta de que, tanto la cónyuge supérstite
como la compañera permanente de Rafael Honorio De La Rosa Pérez, convivieron
con él hasta su deceso, al punto tal de que acordaron compartir la sustitución
pensional.

7 Mediante auto del 29 de mayo de 2023, el tribunal declaró probada la excepción y dispuso vincular

a Yolanda Churón Argüello como litisconsorte necesaria de la parte pasiva.
8 Samai, índice 2, 4ED_RV_REMISIONEXPEDIENT(.eml) NroActua 2; https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des05taatl_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fdes05taatl%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F01%2
E%20DESPACHO%2005%2F01%2E%20EXPEDIENTES%20DIGITALES05%2F01%2E%20Ordin
arios%2F04%2E%20RemitidosConsejoEstado%2F2022%2F08001233300020220006200&ct=1780
494165184&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=fc79757a%2D9e13%2D76ad%2D10df%2D68da86656
caa&ga=1&LOF=1; 25. ContestacionDemanda.pdf; folios 2 al 5.
9 Ibidem; 55. SentenciaSustitPensionalCompartida.pdf.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00062-01 (1177-2025)
Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

8.2. Precisamente, en declaración extraprocesal rendida el 6 de diciembre de 2019,
ante la Notaría Segunda del Circuito de Barranquilla, Rafael Honorio De La Rosa
Pérez indicó que mantenía una convivencia simultánea con Yolanda Churón
Argüello.

8.3. Por estar acreditado que: i) Judith Insignares de De La Rosa convivió con el
causante de la prestación por espacio de 53 años, 3 meses y 23 días le asiste el
derecho al 66% de la sustitución pensional, en atención al tiempo de convivencia; y
ii) Yolanda Churón Argüello convivió con el causante de la prestación por espacio
de 36 años, 3 meses y 8 días le asiste el derecho al 34% de la sustitución pensional,
en atención al tiempo de convivencia.

1.4. El recurso de apelación

9. La Ugpp interpuso recurso de apelación con base en las siguientes
consideraciones10:

9.1. No le asistió razón al tribunal para ordenar la sustitución pensional a favor de la
cónyuge supérstite y la compañera permanente, toda vez que ellas no acreditaron
una convivencia de 5 años continuos con anterioridad a la muerte del pensionado.

9.2. El a quo no realizó un análisis integral de las pruebas testimoniales de cara a las
documentales recaudadas en el proceso «ya que a nuestro juicio hubo inconsistencias
en los testimonios e interrogatorios de parte» [sic].

9.3. Si bien existe un registro civil de matrimonio sin notas de cesación de efectos
civiles, lo cierto es que, este documento por sí solo no demuestra una convivencia
entre los contrayentes ni mucho menos que hubiese perdurado a lo largo del tiempo.

9.4. Ladeclaración extrajuicio allegada por la compañera permanente resulta
incongruente con lo afirmado por ella en el interrogatorio resuelto en sede judicial,
pues «en la declaración presentada en sede administrativa manifiesta que convivió con el
causante de forma permanente e ininterrumpida bajo el mismo techo y lecho y en el
interrogatorio resuelto manifiesta que el causante iba donde su esposa y venia que la
esposa del causante sabia de su existencia y ella sabía que existía la señora Judith
Insignares, ahora también afirma que el señor RAFAEL HONORIO DE LA ROSA PÉREZ se fue de
su casa para donde su esposa y después fue que falleció y que a ella no le informaron, de
lo que se colige que entonces no convivió bajo el mismo techo, lecho de manera
ininterrumpida con el causante como lo afirma en su declaración» [sic].

10 Ibidem; 58. RecursoApelacion.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00062-01 (1177-2025)
Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

1.5. Intervenciones en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 11, el
problema jurídico consiste en determinar, ¿si Judith Insignares de De La Rosa y
Yolanda Churón Argüello acreditaron los requisitos previstos por el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 para ser beneficiarias de la sustitución de la pensión por vejez que
en vida devengó Rafael Honorio De La Rosa Pérez?

2.2. Marco normativo

2.2.1. De la sustitución pensional

13. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos12.

14. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de
un pensionado cuando ocurre su deceso; mientras que la pensión de sobreviviente
es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para ello, pero fallece; o del afiliado no pensionado
que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la prestación 13.

11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de

octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
13 Sentencia T-564 de 2015.

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Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

15. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del
beneficiario de la prestación que fallezca, en el siguiente orden:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo14. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del

14 Aparte declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia

C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:

«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión
de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de la Ley 797 de
2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que además de la esposa
o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión
se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido» [se resalta]

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fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este;

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.

Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo
o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil».

16. A su vez, de la norma en cita se advierte que existen tres grupos de beneficiarios
excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: i) cónyuge
o compañera permanente15, hijos con derecho y/o inválidos; ii) padres con derecho;
y iii) hermanos con derecho.

17. Frente al primer grupo, específicamente, cónyuge o compañera permanente fue
regulado en los literales a) y b) que prevé los siguientes eventos16:

Modalidad de
Beneficiario Causante Condiciones
la pensión
Edad cumplida al momento del
Cónyuge o Compañero
Afiliado o fallecimiento y demuestre vida marital y
permanente mayor de Vitalicia
pensionado convivencia durante los 5 años
30 años de edad.
anteriores a la muerte.
Cónyuge o Compañero Afiliado o Temporal-20 No haber procreado hijos con el
permanente menor de pensionado años- causante.

15 Valga precisar que en la sentencia C-1035 de 2008, la Corte Constitucional precisó que, además

del cónyuge, serán también beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, la compañera o compañero permanente.
16 Sobre el particular ver las sentencias de la Corte Constitucional C-336 del 2014 y del Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de septiembre del 2018, radicado 25000-23-42-000-
2013-00618-01(3232-17), C.P. William Hernández Gómez

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00062-01 (1177-2025)
Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

30 años de edad.
Cónyuge o Compañero Haber procreado hijos con el causante
Afiliado o
permanente menor de Vitalicia y demuestre vida marital durante los 5
pensionado
30 años de edad. años anteriores a la muerte.
Compañero
Pensionado Cuota parte Sociedad anterior conyugal no disuelta
permanente
Cónyuge y Compañero Afiliado o Convivencia simultánea durante los 5
Partes iguales
permanente17 pensionado años anteriores a la muerte.
Cónyuge con unión Inexistencia de convivencia simultánea,
conyugal vigente, pero acreditación por parte del cónyuge de
Afiliado o
con separación de Cuota parte la separación de hecho; compañero
pensionado
hecho y compañero permanente con convivencia durante
permanente los 5 años anteriores a la muerte

18. Hasta este punto, en lo que tiene que ver con el sub judice, lo aquí debatido es
el derecho a la sustitución pensional vitalicia, debido a que el causante, Rafael
Honorio De La Rosa Pérez, al momento de su fallecimiento, percibía una pensión
de acuerdo con la Resolución 040946 del 28 de febrero de 2011.

19. De los anteriores escenarios y, en atención a los fundamentos fácticos del
presente asunto, se tiene que, la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad
de la expresión «[l]a otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la
sociedad conyugal vigente» del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797
de 2003 y encontró justificada la diferencia establecida en el requisito de la
convivencia que se exige para el cónyuge supérstite separado de hecho con
sociedad conyugal vigente y la compañera permanente, quien sí debe convivir con
el causante los últimos 5 años de su vida.

20. En aquella oportunidad la Corte analizó la diferencia entre el matrimonio y la
unión marital de hecho y concluyó que son figuras normativas disímiles que se
diferencian también en sus efectos patrimoniales, por lo que no pueden equipararse.
En ese sentido, manifestó que no existe un trato discriminatorio, pues la cónyuge

17 Es pertinente tener en cuenta que si bien en el inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley
100 señala que en caso de convivencia simultánea los últimos 5 años, será beneficiario de la pensión
de sobrevivientes el esposo o la esposa, ese aparte fue declarado condicionalmente exequible por
la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:

«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido […]» (Subraya la Sala).

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tiene una sociedad conyugal vigente en virtud de la ley y sus efectos que impiden
que se cree la sociedad de hecho con la compañera permanente. Al respecto
precisó lo siguiente18:

«4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la cual,
no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en principio un
trato diferente frente a iguales.

4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho cumplen con
el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada
institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que
la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el
causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus conviviera
por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad de
hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio. Es así, como
en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo acreditado por
el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador le otorgó el
beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una sociedad
conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el último
compañero permanente y la el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se
disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es constitucional
y será declarada exequible» [sic].

21. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019, al estudiar otra
demanda de inconstitucionalidad del citado inciso, específicamente, de la expresión
«con la cual existe la sociedad conyugal vigente» por la presunta vulneración al derecho
a la igualdad, en tanto, los demandantes consideraron que no existían razones
suficientes para que se reconociera el derecho a la pensión de sobrevivientes a los
cónyuges separados de hecho con sociedad conyugal vigente, pero se excluyera
de sus efectos a los que, estando en igual circunstancia, disolvieron de manera
voluntaria dicho vínculo patrimonial, expresó que dichos grupos se encontraban en
situaciones de hecho y de derecho diferentes debido a la inexistencia de vínculos
afectivos o económicos entre cónyuges separados de hecho y con sociedad
conyugal disuelta. Por lo que, encontró que no se superaba el criterio de
comparación del juicio de igualdad, para llegar a tal conclusión señaló las siguientes
razones:

18 sentencia C-336 de 2014

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Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

«En primer lugar, señala la Corte que estos dos grupos de sujetos están en un diferente
plano jurídico y fáctico. Por un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe
una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido
por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su
sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de
este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos
patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no
existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de
beneficiario.

73. En segundo lugar, los grupos cuya comparación se propone no pueden ser
considerados equiparables en el supuesto previsto en la disposición acusada –
convivencia no simultánea-, en razón a que el requisito de la vigencia de la sociedad
conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto
es, proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso (ver
supra, numerales 54 y 55). La configuración normativa de esta prestación económica
tiene como base el requisito de convivencia efectiva con el causante. Sin embargo, en
los supuestos de convivencia no simultánea entre el cónyuge y la compañera o
compañero permanente, la ausencia de una convivencia efectiva dentro de los 5 años
anteriores a la muerte del causante, justifica que el legislador, en ejercicio del amplio
margen de configuración en materia pensional (ver supra, numerales 56 y 57),
establezca la vigencia de la sociedad conyugal como una condición necesaria para
reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite, que separado de hecho,
mantuvo el vínculo patrimonial con el causante, guiada por los principios que definen la
pensión de sobrevivientes. Por lo anterior, es dado concluir que le asisten razones al
legislador para distinguir en situaciones donde no es posible que el cónyuge acredite la
convivencia hasta la muerte del causante –convivencia no simultánea-, que el cónyuge
supérstite acredite la vigencia del vínculo patrimonial –sociedad conyugal-, que de
manera voluntaria decidieron mantener con el causante, pese a la separación de hecho.

74. En tercer lugar, la condición acusada de inconstitucional contenida en la norma bajo
estudio es determinante para verificar la calidad de beneficiario respecto del causante,
no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en consideración a los
efectos que produce la disolución de la sociedad conyugal. En este punto, el artículo
1781 del Código Civil establece que mientras que la comunidad de bienes subsista, y a
falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado por los bienes
establecidos en el mencionado artículo. La sociedad conyugal se integra por dos tipos
de haberes: el haber absoluto y el haber relativo. Los bienes del haber absoluto incluyen
las “pensiones” (numeral 2° del artículo 1781), así como todos los salarios, honorarios,
prestaciones sociales, utilidades, remuneraciones, indemnizaciones y, en general, todos
aquellos otros dineros derivados del trabajo o de las actividades productivas (numeral 1°
del mencionado artículo). Luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes
del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por la que
se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la
expectativa de recibir una eventual prestación pensional, según corresponda. Por ello,
no es posible que, en materia de acceso a la pensión de sobrevivientes, el cónyuge
separado de hecho con sociedad conyugal disuelta esté en el mismo plano jurídico y
fáctico que el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente.»

22. Lo anterior concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a) según la

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Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

cual tanto el o la cónyuge como la compañera o compañero permanente deben
probar la «convivencia» por lo menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado
para adquirir la sustitución pensional. Sin embargo, se ha exceptuado de probarla
en este tiempo específico al cónyuge supérstite que conserva el vínculo jurídico
conyugal vigente con el causante. En cuyo caso, la convivencia válida para reclamar
el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo porque la separación de hecho
o la interrupción temporal de la cohabitación, cuando es justificada, no son causales
legales de terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto,
no extingue el derecho a la sustitución pensional.

23. Sobre el particular, se ha explicado que la separación de hecho no disuelve la
sociedad conyugal, pues para que esto suceda el numeral 2 del artículo 1820 del
Código Civil indicó las causales, así:

«1.) Por la disolución del matrimonio.

2.) Por la separación judicial de cuerpos, salvo que fundándose en el mutuo
consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su voluntad de
mantenerla.

3.) Por la sentencia de separación de bienes.

4.) Por la declaración de nulidad del matrimonio, salvo en el caso de que la nulidad haya
sido declarada con fundamento en lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 140 de
este Código. En este evento, no se forma sociedad conyugal, y

5.) Por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, elevado a escritura pública, en cuyo
cuerpo se incorporará el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidación.

No obstante, los cónyuges responderán solidariamente ante los acreedores con título
anterior al registro de la escritura de disolución y liquidación de la sociedad conyugal.

Para ser oponible a terceros, la escritura en mención deberá registrarse conforme a la
ley.

Lo dispuesto en este numeral es aplicable a la liquidación de la sociedad conyugal
disuelta por divorcio o separación de cuerpos judicialmente decretados.»

24. En ese sentido, cuando la separación de cuerpos es de hecho los efectos
patrimoniales del vínculo matrimonial persisten19 y, en consecuencia, el cónyuge no

19 C-746 de 2011. En esta providencia se explicó que «[l[a separación de cuerpos entraña la
suspensión de la vida en común de los cónyuges, pudiendo ser declarada judicialmente o darse de
hecho. La separación judicial procede invocando alguna de las causales de divorcio, solo alegables
por el cónyuge inocente en cuanto causales subjetivas; y por el mutuo consentimiento de los
cónyuges manifestado ante el juez competente (Art. 165 C.C.). Por otro lado, la separación de hecho
se da cuando se rompe la convivencia conyugal, sea acordada por ambos cónyuges o decidida por
uno de ellos, sin que haya intervenido un juez (Corte Constitucional, C-1495/00)»

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Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

pierde el derecho a sustituir la prestación del pensionado fallecido, mucho más
cuando la separación de hecho ha sido justificada20.

25. Sobre la justificación aludida se ha precisado que «[c]onforme a la jurisprudencia
constitucional y laboral, constituye justa causa de la interrupción de la convivencia, entre
otras, la fuerza mayor, impedimentos de salud de alguno de los cónyuges o situaciones no
imputables al cónyuge supérstite, tales como escenarios ‹en los que el presunto beneficiario
ha sido sometido a maltrato físico o psicológico›»21. En tales situaciones, y con el fin de
proteger al cónyuge supérstite afectado por el actuar del pensionado fallecido, se
ha señalado que conserva su derecho a la sustitución pensional, pues no fue su
culpa la ruptura de la convivencia.

26. Esta Corporación ha indicado que a efectos de determinar si el o la cónyuge es
beneficiaria del derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional
se requiere que la sociedad conyugal esté vigente, pues su liquidación implicaría,
en principio, la pérdida del derecho, incluso aun cuando el vínculo matrimonial
permaneciera activo, porque una vez realizada la separación de bienes, los
haberes del pensionado o afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial que
alguna vez conformaron22. No obstante, se ha admitido la posibilidad de reconocer
el derecho, pese a la liquidación y disolución de la sociedad conyugal, siempre que
se pruebe la convivencia con el causante durante los 5 años anteriores al
fallecimiento, considerando que tal escenario, no impide que la vida en común
continúe23.

27. En otras palabras, la disolución de la sociedad conyugal es una circunstancia
determinante para que se pierda el derecho que otorga la Ley 100 de 1993, a
menos de que se demuestre el apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la

20 En la C-336 de 2014 en la que se estudió la constitucionalidad del inciso final del literal b) del

artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que regulaba el beneficio compartido entre la compañera
permanente y la cónyuge supérstite separado de hecho de la pensión de sobrevivientes avaló esta
prerrogativa dada en favor del segundo pese a la no convivencia bajo el argumento de que «los
haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta
efectos a la sociedad patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir,
que pese a que el de cujus conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero
permanente, la sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio»
21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL 2010-2019, radicación no. 45045
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 28 de octubre de 2016, radicado: 2014-019-

0501 (2650-2015); del 27 de septiembre de 2018, radicado: 2013-00618-01 (3232-2017; del 19 de
marzo de 2020, radicado: 2014-03649-01 (0544-2018).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2018.

Expediente: 2010-00295-01(2564-2014). Demandante: Clara Esther Narváez Ordoñez; sentencia del
2 de julio de 2020. Expediente: 2015-01982-01 (3633-2019). Demandante: Ángel María Salazar;
sentencia del 9 de septiembre de 2021. Expediente: 2014-02561-01 (1598-2019). Demandante: Libia
Guzmán de Ñungo; sentencia del 10 de febrero de 2022. Expediente: 2015-00814-01 (5017-2019).
Demandante: Betsy Mabel Buitrago Ordóñez y otra; sentencia del 21 de septiembre de 2023.
Expediente: 2019-01567-01 (4358-2022). Demandante: Beatriz Bonilla de Arciniegas.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00062-01 (1177-2025)
Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del
pensionado o afiliado, o, en su defecto, que pruebe que la sociedad conyugal que
se conformó, producto del matrimonio, no ha perdido los efectos patrimoniales24.

2.3. Caso concreto

28. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

28.1. El
16 de diciembre de 1967, Rafael Honorio De La Rosa Pérez y Judith
Insignares Romo contrajeron matrimonio católico en la parroquia Nuestra Señora
del Rosario de la ciudad de Barranquilla25.

28.2. A través de la declaración jurada para fines extraprocesales rendida el 10 de
febrero de 2009, por Rafael Honorio De La Rosa Pérez y Judith Insignares Romo
se indicó que «en su calidad de esposos declaramos bajo la gravedad del juramento que
contrajeron matrimonio el día 16 de diciembre de 1967 y convivimos juntos bajo el mismo
techo en la calle 41 No. 22-49 del barrio San José de la ciudad de Barranquilla. El objeto
de esta declaración juramentada es certificar nuestra convivencia ya que por razones de
negocios, manifiesta Judith Insignares de la Rosa que embargó por alimentos a su esposo
el señor Rafael Honorio de la Rosa Pérez, embargo convenido entre las partes, ya que los
embargos ejecutivos contra éste fueron debido a la quiebra de un negocio y ponían en
peligro la parte de dinero del sueldo que le corresponde en la Sociedad Conyugal como
cónyuge para efectos de gastos domésticos y alimentarios del hogar que compartimos»26
[sic].

28.3. Mediante la Resolución PAP040946 del 28 de febrero de 2011, la Caja Nacional
de Previsión Social reconoció una pensión por vejez a favor de Rafael Honorio De
La Rosa Pérez27.

28.4. En la declaración extraprocesal rendida por el pensionado el 6 de diciembre de
2019, ante el notario segundo del Circuito de Barranquilla, afirmó que su estado civil
era «casado con unión marital de hecho vigente» y «manten[ía] una convivencia simultanea

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020,
Radicado: 13001-23- 33-000-2014-00028-01(0791-18), consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra
Vélez
25 De acuerdo con el Registro Civil y la Partida de Matrimonio, obrantes en samai, índice 2,

4ED_RV_REMISIONEXPEDIENT(.eml) NroActua 2; https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des05taatl_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fdes05taatl%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F01%2
E%20DESPACHO%2005%2F01%2E%20EXPEDIENTES%20DIGITALES05%2F01%2E%20Ordin
arios%2F04%2E%20RemitidosConsejoEstado%2F2022%2F08001233300020220006200&ct=1780
494165184&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=fc79757a%2D9e13%2D76ad%2D10df%2D68da86656
caa&ga=1&LOF=1; 002Anexos demanda Judith Insignares.pdf; folios 1 y 2.
26 Ibidem; ExpedienteAdministrativo; 02. 7431064 UNIFICADO.pdf; folio 1747.
27Ibidem; ExpedienteAdministrativo; 02. 7431064 UNIFICADO.pdf; folios 49 al 54.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00062-01 (1177-2025)
Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

con la señora Yolanda Churon Argüello […] con quien convivió bajo el mismo techo unión
marital de hecho desde hace 35 años, quien se encuentra bajo [su] responsabilidad y
depende económicamente de [él] en forma total para todos sus gastos personales, debido
a que ella no labora, no esta pensionada, no recibe rentas, ni asignación básica periódica
de entidad pública ni privada»28 [sic].

28.5. Rafael Honorio De La Rosa Pérez falleció el 14 de abril de 2021 según consta
en el Registro Civil de Defunción29.

28.6. El25 de mayo de 202130, Yolanda Churón Argüello, en su condición de
compañera permanente, reclamó a la Ugpp «el 50%» de la sustitución de la pensión
de jubilación de Rafael Honorio De La Rosa Pérez «a la cual ten[ía] derecho por haber
convivido con este hasta su fallecimiento» [sic]. Como fundamento de su petición
manifestó que el pensionado estaba casado con Judith Insignares De La Rosa y
«que en vida realizó declaración jurada de fecha 06 de diciembre de 2019 en la Notaria
Segunda del Circulo de Barranquilla, donde manifestó la convivencia y dependencia
económica con Yolanda Churón» [sic]. Para acreditar su derecho, allegó la siguiente
documentación:

28.6.1. Cédulas de ciudadanía del pensionado y de la peticionaria31.

28.6.2. Carta dirigida a la Aeronáutica Civil por el pensionado donde solicita pasajes
para ella y su hija32.

28.6.3. Registro civil de defunción del pensionado33.

28.6.4. Declaración
juramentada de convivencia realizada por ella en las que
manifestó que desde el mes de enero de 1984 se conoció con el pensionado «el me
comentó que era casado, pero que tenía problemas en su matrimonio, comenzamos un
noviazgo y en el mes de abril del día 15 de 1984 iniciamos una convivencia, compartimos
como pareja bajo el mismo techo hasta el día 15/04/2021, yo dependía económicamente
de él en todas mis necesidades»34 [sic].

28.6.5. Declaraciones extrajuicio de María Nadilma Peña Lobo y Nubia Guerrero
Poveda quienes conocieron del vínculo entre la compañera permanente y el
pensionado.

28 Ibidem, folios 1719 y 1720.
29 Ibidem, folios 619, 1713 y 1735.
30 Ibidem, folios 1703 al 1712.
31 Ibidem, folios 1716 y 1717.
32 Ibidem, folio 1721.
33 Ibidem, folio 1713.
34 Ibidem, folio 1718.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00062-01 (1177-2025)
Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

28.6.6. Registros fotográficos 35.

28.7. El 5 de agosto de 202136, Judith Insignares de De La Rosa, en su calidad de
cónyuge supérstite, solicitó a la Ugpp la sustitución de la pensión de jubilación de
Rafael Honorio De La Rosa Pérez. Para tal efecto, allegó la siguiente
documentación:

28.7.1. Cédula de ciudadanía de la peticionaria37.

28.7.2. Registro civil de defunción del pensionado38.

28.7.3. Registro civil de matrimonio39.

28.7.4. Declaraciones extrajudiciales de Elgar Rojas Malaver40 y Fabian Enrique
Valdés de León41 quienes afirmaron que desde el mes de febrero de 1980 Rafael
Honorio De La Rosa Pérez y Judith Insignares de De La Rosa convivieron de
manera permanente e ininterrumpida, bajo el mismo techo, lecho y mesa hasta el
día del fallecimiento del pensionado.

28.7.5. Registros fotográficos42.

28.8. Con la Resolución RDP023208 del 6 de septiembre de 202143, el subdirector
de determinación de derechos pensionales de la Ugpp les negó el reconocimiento
y pago de la sustitución de la pensión por vejez de Rafael Honorio De La Rosa
Pérez, por considerar que, al presentarse controversia entre la cónyuge supérstite
y la compañera permanente, de conformidad con la Ley 1204 de 2008, sería la
jurisdicción la encargada de definir a quién y en qué proporción se debía asignar el
beneficio pensional. Dicha decisión fue confirmada con la Resolución RDP030605
del 11 de noviembre de 2021, al resolver el recurso de apelación44.

28.9. En la audiencia de conciliación celebrada el 17 de diciembre de 2022 ante el
conciliador «nombrado por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de

35 Ibidem, folios 1722 al 1727.
36 Ibidem, folios 615
37 Ibidem, folio 620.
38 Ibidem, folio 619.
39 Ibidem, folios 621 al 624.
40 Ibidem, folio 629.
41 Ibidem, folios 625 y 627.
42 Ibidem, folios 645 al 650.
43 Ibidem, 002Anexos demanda Judith Insignares.pdf; folios 17 al 20.
44 Ibidem, folios 10 al 16.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00062-01 (1177-2025)
Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

Barranquilla, mediante la Resolución No. 437 del 22/06/2004» [sic], Judith Insignares de la
Rosa y Yolanda Churón Argüello acordaron «los siguientes porcentajes: Sesenta porciento
(60%) de la sustitución pensional en la Ugpp y Sesenta por ciento (60%) en la
indemnización sustitutiva y/o eventual pensión por los aportes realizados a Colpensiones
para la señora Judith Insignares de la Rosa y el cuarenta por ciento (40%) de la sustitución
pensional en la Ugpp y cuarenta por ciento (40%) en la indemnización sustitutiva y/o
eventual pensión por los aportes realizados a Colpensiones para Yolanda Churón Argüello
[…] de mutuo acuerdo desisten de los procesos judiciales de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado en el Tribunal Administrativo del Atlántico Ventanilla No. 5, Radicado
0800-131-05-002-2022-00031-00 y el Proceso Judicial en el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Barranquilla Radicado No. 08-00-131-05-00-2-2022-000-31-00. Tercera. Las
partes renuncian a realizar cualquier reclamación judicial o extrajudicial relacionada con la
Reclamación de Sustitución Pensional en l UGPP y la Indemnización por Aportes a
Colpensiones y cualquier otro proceso iniciado en los juzgados pertinentes siempre y
cuando cumplan los acuerdo aquí pactados»45 [sic].

28.10. Al
expediente, tanto la demandante como la vinculada, también fueron
allegadas unas impresiones de fotografías; sin embargo, de estas no es posible
establecer los hechos que representan ni el lugar y tiempo en el cual fueron
capturadas.

28.11. Enla audiencia de pruebas celebrada el 15 de noviembre de 202446 se
recepcionaron las declaraciones de Johanna Margarita De La Rosa Insignares,
Nubia Esther Guerrero Poveda y María Nadima Peña Lobo; la ratificación de la
declaración de Argenol Cogollo Mejía; y el interrogatorio de Yolanda Churón
Argüello y Judith Insignares de De La Rosa, quienes, en particular, señalaron lo
siguiente:

28.11.1. Johanna Margarita De La Rosa Insignares47 es docente licenciada de
educación especial de profesión, vive en el municipio de Barranquilla y es hija del
matrimonio De La Rosa Insignares.

28.11.2. Sus padres estuvieron casados por más de 51 años, esto es desde el día de
su matrimonio hasta el deceso de Rafael Honorio De La Rosa Pérez.

28.11.3. No distingue a Yolanda Churón Argüello; vino a conocer de su existencia con
ocasión del proceso de sustitución pensional que inició su madre, pero le consta
que su padre era un hombre «alcohólico y muy mujeriego, él era infiel desde que nació
hasta la muerte».

45 Ibidem, 25. ContestacionDemanda.pdf, folios 39 y 40.
46 Ibidem, 49. AUDIENCIA DE PRUEBAS RAD. 2022-00062-00-20241115_103657-Grabación de la

reunión.mp4.
47 Minutos: 0:10:45 a 0:27:20.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00062-01 (1177-2025)
Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

28.11.4. Rafael Honorio De La Rosa Pérez convivió toda la vida con Judith Insignares
de De La Rosa, él no tuvo convivencia con otra mujer; sin embargo, «era un hombre
promiscuo, o sea él tenía muchas mujeres de manera simultánea».

28.11.5. Por fuera del matrimonio, el pensionado tuvo 2 hijas «mayores de edad».

28.11.6. Su padre no era un hombre muy amoroso, pues si bien tenía detalles con su
mamá, lo cierto era que solo «era un hombre proveedor que nunca quiso disolver su
hogar».

28.11.7. Le consta que Yolanda Churón Argüello vivió diagonal a la tienda «COJE-
COJE» establecimiento de comercio muy frecuentado por su papá. Lo anterior,
comoquiera que en alguna ocasión fue a buscar a su papá a dicho establecimiento
y allí le manifestaron que estaba en la casa de «la señora Churón».

28.11.8. Nubia Esther Guerrero Poveda48 es modista de profesión y conoció a
Rafael Honorio De La Rosa desde el año de 1972 porque era compañero
sentimental de su vecina Yolanda Churón Argüello. Siempre los vio juntos en fiestas
y eventos sociales.

28.11.9. Desconoce si vivían bajo el mismo techo, pero «siempre que hacían fiestas él
se quedaba hasta el otro día».

28.11.10. Yolanda Churón Argüello siempre se dedicó al hogar, nunca tuvo hijos con
el pensionado, sin embargo, «él le crio una hija que ella tiene; es una adulta ya».

28.11.11. Le consta que, de manera simultánea, Rafael Honorio De La Rosa tenía su
esposa y «también a Yolanda Churón Argüello. A la esposa nunca la vi, pero sabía que
vivía por ahí cerca».

28.11.12. En el año 2000 se mudó al municipio de Soledad; sin embargo, siempre que
regresó al barrio a visitar algunos familiares y vecinos lo veía en la casa de Yolanda
Churón.

28.11.13. El 14 de abril de 2021 falleció Rafael Honorio De La Rosa, el día anterior a
su deceso «estuvo en la casa de Yolanda y se fue para su casa, es para la casa de su
esposa, tengo entendido que se fue para allá y se lo llevaron para una clínica».

28.11.14. Según tiene entendido el pensionado tuvo 2 hijos con la esposa.

48 Minutos: 0:30:05 a 0:48:20.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00062-01 (1177-2025)
Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

28.11.15. Rafael Honorio De La Rosa vivía en su casa con su esposa, pero también
vivía con Yolanda Churón Argüello «usted sabe que a veces tenemos algo con el
compañero con la compañera que no nos entendemos y buscamos otra compañía que nos
da como un aliento a los problemas que tenemos».

28.11.16. María Nadima Peña Lobo49 conoció a Rafael Honorio De La Rosa porque
era pareja de su cuñada Yolanda Churón Argüello.

28.11.17. El pensionado no siempre permanecía en la vivienda de Yolanda Churón
porque tenía otra familia «con su esposa. Eso me comentó mi cuñada».

28.11.18. No recuerda la causa del fallecimiento de Rafael Honorio De La Rosa.

28.11.19. Comoquiera que Yolanda Churón Argüello no trabajaba, Rafael Honorio De
La Rosa era quien sufragaba los gastos del hogar «arriendo, mercado y servicios»,
pues trabajó en la Aeronáutica Civil y luego se pensionó.

28.11.20. Argenol Cogollo Mejía50 es abogado de profesión y desde el año 1991,
conoció al matrimonio de sus vecinos, Judith Insignares de De La Rosa y Rafael
Honorio De La Rosa. Ellos convivían y hacían vida marital, tuvieron 2 hijos Juan
Carlos y Johanna.

28.11.21. Yolanda Churón Argüello51, actualmente se encuentra desempleada y en
búsqueda de un trabajo, toda vez que desde que falleció Rafael Honorio De La Rosa
no cuenta con los medios económicos para su sostenimiento «mientras él vivía no
podía trabajar porque era una persona muy celosa».

28.11.22. Se conoció con Rafael Honorio De La Rosa desde 1984, al año siguiente
comenzaron una relación hasta la fecha en que él falleció.

28.11.23. Rafael Honorio De La Rosa nunca la afilió como su beneficiaria en el sistema
de salud porque él tenía su esposa «ella me conocía, ella me llamaba por teléfono para
informarme que él estaba con unas mujeres».

28.11.24. Judith Insignares de De La Rosa era la esposa de Rafael Honorio De La
Rosa, con quién tuvo 2 hijos, Juan Carlos y Johanna.

28.11.25. Luego de 2 años de noviazgo se fueron a vivir juntos, sin embargo, iba a

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Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

visitar a sus nietas. La última vez, duro 5 días sin volver «hasta que un día antes de
su muerte la llamó y me dijo amor tuve que venir hacerme unos exámenes que no me los
pueden hacer en la casa, pero yo ahorita voy para la casa hasta el sol de hoy que lo estoy
esperando».

28.11.26. Judith Insignares de De La Rosa52 es ama de casa y desde que se casó
con Rafael Honorio De La Rosa nunca se separaron.

28.11.27. Durante el matrimonio Rafael Honorio De La Rosa tuvo 2 hijos matrimoniales
y 2 extramatrimoniales; sin embargo, él era un «hombre proveedor».

28.11.28. A pesar de tener conocimiento de que su esposo era un hombre infiel, nunca
quiso separarse porque «siempre pensé que si lo hacía el recaería en el alcohol».

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

29. En el presente asunto el a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y en consecuencia ordenó a la Ugpp reconocer y pagar a Judith Insignares
de De La Rosa y a Yolanda Churón Argüello «la sustitución pensional, con ocasión del
fallecimiento del señor Rafael Honorio de la Rosa Pérez, en un porcentaje de 66% para la
primera en calidad de cónyuge y un 34% para la segunda, en su condición de compañera
permanente» [sic], por cuanto acreditaron la convivencia simultanea efectiva con el
pensionado.

30. En el recurso de apelación la Ugpp manifestó que ni Judith Insignares de De La
Rosa ni Yolanda Churón Argüello acreditaron una convivencia de 5 años continuos
con anterioridad a la muerte del pensionado.

Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado en esta instancia
31.

procesal, se advierte que el pensionado falleció el 14 de abril de 2021, fecha en la
cual se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003,
según la cual, entre otros, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes « el
cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite», siempre que a la fecha
del fallecimiento del causante contara con 30 o más años y acreditara que dentro
de los 5 años anteriores al fallecimiento hizo vida marital con el causante. Sin
embargo, se ha exceptuado de probarla en este tiempo específico al cónyuge
supérstite que conserva el vínculo jurídico conyugal vigente con el causante; en
cuyo caso, la convivencia válida para reclamar el derecho pudo haber ocurrido en
cualquier tiempo porque la separación de hecho o la interrupción temporal de la
cohabitación, no son causales legales de terminación, disolución o cesación del

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vínculo matrimonial y, por tanto, no extingue el derecho a la sustitución pensional.

32. Respecto de la exigencia de los 5 años de convivencia, la Corte Constitucional
en sentencia C- 1094 del 19 de noviembre de 200353 precisó:

«La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos
por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes
mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación
de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían
del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus
necesidades.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia. Para esa
Corporación, ‹no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la
institución de la pensión de sobrevivientes que busca precisamente impedir que quien
haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a
su pareja al momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas,
tanto materiales como espirituales, que supone su desaparición›

(…)

En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma
persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar,
el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y,
como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las
convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión
de sobrevivientes

Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la
pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes
beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de
exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito
de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social».

33. En la misma línea, esta Corporación en sentencia del 24 de octubre de 2012 54
sostuvo:

53 Corte Constitucional, sentencia del 19 de noviembre de 2003, expediente D-4659, C.P. Jaime

Córdoba Triviño.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de octubre de 2012, expediente 25000-

23-25-000-2010-00860-01 (2475-11), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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«Es necesario precisar que la voluntad de conformar hogar y mantener una comunidad
de vida, son elementos distintivos y esenciales del grupo familiar, los cuales, en criterio
reciente y reiterado de la Corte Suprema de Justicia55, no se pueden desvirtuar por la
‹separación›, cuando esta eventualidad se impone por la fuerza de las circunstancias.

‹El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen lazos
afectivos estables que deben trascender el plano de un mero acompañamiento
emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto común de vida; es esencial a la
familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier clase de apoyo sino la que
se encamina a realizar el propósito familiar común.

De esta manera el acompañamiento espiritual y material ha de estar referido a lo
que la jurisprudencia ha reiterado: una verdadera vocación de constituir una
familia.

En sentencia de 8 de septiembre de 2009, rad. N° 36448, precisó la Corporación:

‹En el diseño legislativo de la pensión de sobrevivientes tal como fue concebida en la
Ley 100 de 1993, la convivencia ha estado presente como condición esencial para que
el cónyuge o la compañera o compañero permanente accedan a esa prestación.

Este ha sido también el criterio reiterado de la jurisprudencia de la Corte, que ha
visto en la convivencia entendida como acompañamiento espiritual permanente,
apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los
recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se
impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por
oportunidades laborales, el cimiento del concepto de familia en la seguridad social y
requisito indispensable para que la cónyuge o la compañera o compañero permanente
puedan tener la condición de miembros del grupo familiar, y vocación para ser
beneficiarios de la prestación por muerte del afiliado o pensionado.

Lo anterior significa que en principio para que haya convivencia se exige vida en
común de la pareja, y que no se desvirtúa el concepto de familia en la separación
siempre que ésta obedezca a una causa razonable que la justifique, porque de lo
contrario lo que no existiría es esa voluntad de conformar un hogar y tener una
comunidad de vida›56.

Con base en lo anterior, es preciso afirmar que la convivencia no se refiere, en forma
exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, sino que los elementos que
en mayor medida definen esa convivencia se relacionan con el acompañamiento
espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio mutuo. Además de ello, es
preciso tener en cuenta el factor volitivo de la pareja de mantener un hogar y tener la
vocación y convicción de establecer, constituir y mantener una familia» (subrayado y
resaltado del texto original).

55 Sentencia de Casación Laboral de 27 de abril de 2010, proceso No. 38113, actor: Beatriz Elena

Aristizábal Vallejo, M.P. Dr. Eduardo López Villegas.
56 Sentencia de abril 7 de 2001, Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02741-01(0669-08).

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34. Asílas cosas, respecto del requisito de convivencia, esto es los 5 años
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, se busca evitar que con
vínculos de último momento y con convivencia sin vocación de permanencia se
adquiera el derecho pensional de forma fraudulenta solo por buscar un provecho
económico.

35. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia SU-453 de 2019 señaló lo
siguiente:

«Es teniendo en cuenta lo anterior que la Corte Constitucional ha concluido que las
disputas entre cónyuge y compañero (a) permanente supérstite respecto de la
sustitución pensional o la pensión de sobrevivientes pueden plantearse cuando hay
convivencia simultánea o cuando, al momento del fallecimiento, tenía un compañero (a)
permanente y una unión conyugal vigente con separación de hecho, teniendo en
cuenta que en este último evento, no es necesario demostrar, por parte del cónyuge
supérstite, una convivencia con el causante de cinco años inmediatamente anteriores a
la muerte, sino que dicho término de convivencia pudo haberse dado en cualquier
tiempo». [Se resalta].

36. En tal sentido, con el fin de resolver el problema jurídico planteado en el recurso
de apelación, la Sala reitera que para que el cónyuge sea beneficiario de la
sustitución pensional es necesario que acredite que el vínculo jurídico seguía
vigente y una convivencia de 5 años en cualquier tiempo.

37. En contraste, para que el compañero permanente sea beneficiario de la
sustitución pensional, es necesaria la demostración de la convivencia de no menos
de 5 años continuos con anterioridad a la muerte del titular de la prestación, para lo
cual es necesario valorar el vínculo acorde con el auxilio o apoyo mutuo, la
convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento del
fallecimiento, que son los factores que legitiman el derecho reclamado. En tal caso,
se procederá a verificar si la cónyuge supérstite y la compañera permanente del
pensionado acreditaron los requisitos necesarios para hacerse acreedora de un
porcentaje de la prestación.

38. Ciertamente, de acuerdo con el material probatorio, respecto del causante de la
pensión de vejez, Rafael Honorio De La Rosa Pérez esta Sala encuentra que: i) el
16 de diciembre de 1967 contrajo matrimonio católico con Judith Insignares de De
La Rosa, vínculo en el cual se procrearon 2 hijos57; ii) Mediante la Resolución
PAP040946 del 28 de febrero de 2011, la Caja Nacional de Previsión Social
reconoció una pensión por vejez a favor de Rafael Honorio De La Rosa Pérez; iii)
durante los últimos años de vida vivió en la ciudad de Barranquilla y tenía una

57 Nunca cesaron sus efectos civiles ni liquidaron la sociedad conyugal.

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convivencia simultánea con Yolanda Churón Argüello desde 198558; iv) falleció el
14 de abril de 2021; y v) con ocasión de su fallecimiento su cónyuge supérstite y
compañera permanente reclamaron la sustitución de la prestación que él había
devengado en vida.

39. Asílas cosas, comoquiera que Judith Insignares de De La Rosa contrajo
matrimonio con el causante el 16 de diciembre de 1967; que no se disolvió la
sociedad59; y que producto de esa relación tuvo 2 hijos es posible concluir que
acreditó los requisitos para la sustitución de la pensión. Precisamente, así lo
corroboran los testigos y los documentos allegados al proceso.

40. En efecto, Yolanda Churón Argüello [compañera permanente del pensionado] en
su interrogatorio indicó conocer de la relación simultánea que tenía el pensionado
con Judith Insignares de De La Rosa, pero lo que es más importante, reviste de
gran valor probatorio lo afirmado por Jhoanna De La Rosa Insignares la cual dio
cuenta de esa convivencia, al precisar que sus padres estuvieron casados por más
de 51 años, sin embargo, «era un hombre promiscuo, o sea él tenía muchas mujeres de
manera simultánea».

41. Ahora, respecto de la compañera permanente, Yolanda Churón Argüello, se
encuentra que los testigos coincidieron frente a las particularidades del desarrollo
de la relación simultánea entre el pensionado, su esposa y ella; todos ellos son
claros en señalar circunstancias de tiempo, modo y lugar para asegurar que, si bien
Judith Insignares de De La Rosa era la esposa, no era menos cierto que él también
convivía simultáneamente con su compañera permanente.

42. Además, reviste un gran valor probatorio la conciliación celebrada el 17 de
diciembre de 2022 ante el conciliador «nombrado por el Honorable Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, mediante la Resolución No. 437 del 22/06/2004» [sic], en
la cual Judith Insignares de De La Rosa y Yolanda Churón Argüello llegaron a un
acuerdo relativo a los porcentajes de la prestación que en vida devengó Rafael
Honorio De La Rosa Pérez, quien como ellas mismas lo manifiestan fungía como
proveedor en cada uno de sus hogares.

43. Con todo, no puede perderse de vista las declaraciones rendidas por el propio
pensionado el 10 de febrero de 2009 y el 6 de diciembre de 2019 -estos es 12 y 2

58 Afirmación realizada por el pensionado en la declaración extrajuicio del año 2019.
59 Al respecto es necesario recordar que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 establece que «[s]i

respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior
conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del
presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido». [Se resalta].

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Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

años antes de su deceso-, en las cuales señaló que mantenía una «convivencia
simultanea» con Yolanda Churón Argüello con quien desde hace 35 años convivía.
En efecto, Nubia Esther Guerrero Poveda y María Nadima Peña Lobo afirmaron
tener conocimiento de que el pensionado tenía otra familia junto con su esposa
Judith Insignares de De La Rosa.

44. Precisamente, con relación a la validez de las declaraciones extrajuicio ante
notario, la Sala precisa que pueden ser valorada por el operador jurídico, toda vez
que aun cuando se practicaron sin la comparecencia de la contraparte, lo cierto es
que tanto en el trámite administrativo como judicial han estado a su disposición para
efectos de garantizar su derecho a la igualdad probatoria y que, además, la Ugpp
no solicitó su ratificación.

45. Al respecto esta Subsección en sentencia del 6 de noviembre de 2025 precisó 60:

«En ésta misma línea la Sección Segunda del Consejo de Estado también se ha
pronunciado considerando que hay lugar a otorgar valor probatorio a las declaraciones
extrajuicio sin ratificar, siempre que la contraparte haya tenido pleno conocimiento de las
mismas, bien fuera durante el trámite administrativo o judicial correspondiente:

‹Aun cuando se ha predicado que la validez de las declaraciones extrajuicio allegadas
dentro de un proceso judicial se encuentra sujeta a la citación de la parte contraria, a la
posterior ratificación de las mismas o a aquellos casos en los que exclusivamente la ley
les habilita como prueba sumaria -como garantía procesal que milita a favor de la parte
contraria en virtud del derecho de contradicción y de defensa-, éstas pueden ser tenidas
en cuenta, en los eventos en que hayan sido de pleno conocimiento de la parte
demandada, ya sea desde el agotamiento de la vía gubernativa, o en el debate judicial
mismo›61.

La Jurisprudencia constitucional también se ha orientado a otorgar validez a las
declaraciones extrajuicio que no hayan sido ratificadas en un proceso judicial, acogiendo
por una parte la posición de la Corte Suprema de Justicia quien, ha considerado tales
declaraciones como documentos de contenido declarativo, cuyacontradicción no está
sometida a la ratificación:

‹En este mismo fallo, la Corte suprema precisó que "(...) si bien, para la ratificación del
testimonio, el artículo 229 del CPC exige que se repita el interrogatorio inicialmente
practicado, ello no implica que se haga en los mismos términos, sino que basta que verse
sobre el mismo asunto (...). En tal medida, el juez (...) cuenta con facultades amplias

60 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de noviembre de 2025,

expediente 76001-23-31-000-2011-00827-01 (0960-2025). M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
61 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2012,

expediente 11001-03-15-000-2012-00035-00(AC). Esta posición fue reiterada por la Sección
Tercera, Subsección C, a través de sentencia de 7 de abril de 2015, expediente 27001-23-31-000-
2001-01329-01 (26535)».

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para hacer las preguntas pertinentes que sean necesarias para aclarar el tema sobre el
que versa la prueba, sin que por ello pueda aducirse una invalidez."

De manera que la jurisprudencia autorizada en cuanto a la ratificación de testimonios y
su valoración dentro del proceso, determina que frente a la ausencia de esta el juez bien
puede: (i) darles el tratamiento de documentos declarativos provenientes de terceros -
artículo 277 del C.P.C.-; o bien, (ii) ordenar oficiosamente la ratificación que establece el
artículo 229 del C.P.C. al considerar que resulta necesario el esclarecimiento de
elementos de juicio en el proceso y para garantizar los derechos de defensa y
contradicción de la parte contraria, con lo cual se constituyen en testimonios válidos
dentro del proceso. Ambas medidas se acompasan del respeto de los derechos y
garantías de las partes. Su real distanciamiento surge de las particularidades de cada
caso concreto, en virtud de las cuales el juez deberá determinar cuál es la medida idónea
para valorar la prueba, en el marco de la sana crítica›62.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que cuando las declaraciones
extraproceso no se someten a ratificación al interior del trámite judicial, pero han estado
a disposición de la parte contra las que se aducen, a efectos de que se ejerza la debida
defensa y contradicción, puede concedérseles el valor probatorio que corresponda».

46. Ahora bien, la Ugpp consideró incongruente la decisión adoptada por el a quo
porque desconoció la contradicción en la que incurrió la compañera permanente, en
tanto «en la declaración presentada en sede administrativa manifiesta que convivió con el
causante de forma permanente e ininterrumpida bajo el mismo techo y lecho y en el
interrogatorio resuelto manifiesta que el causante iba donde su esposa y venia que la
esposa del causante sabia de su existencia y ella sabía que existía la señora Judith
Insignares, ahora también afirma que el señor RAFAEL HONORIO DE LA ROSA PÉREZ se fue
de su casa para donde su esposa y después fue que falleció y que a ella no le informaron,
de lo que se colige que entonces no convivió bajo el mismo techo, lecho de manera
ininterrumpida con el causante como lo afirma en su declaración» [sic].

47. Para esta Sala el anterior reproche no tiene asidero, puesto que, la situación
fáctica en la que se sustentaron las pretensiones del sub judice se enmarcó en la
convivencia simultánea del causante con su cónyuge y compañera permanente,
supuesto permitido por el legislador para efectos de la sustitución pensional, y que
obliga a que, la convivencia durante los 5 años anteriores al fallecimiento del
pensionado, no solo se límite a la convivencia permanente bajo el mismo techo,
puesto que se tornaría en una exigencia de imposible cumplimiento [el causante no
podía estar en dos partes al mismo tiempo], sino que se debe verificar que entre
ellos existió un acompañamiento espiritual y material y un apoyo con el objetivo de
«realizar el propósito familiar común», esto es, la «convivencia entendida como
acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se
satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la

62 «Corte Constitucional, sentencias T-363 de 2013, T-964 de 2014 y T-247 de 2016».

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separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias»63.

48. En ese sentido, se encuentra que la convivencia en los términos antes descritos
fue acreditada con los testimonios de quienes compartieron con las parejas y con la
declaración rendida por el causante a través de la cual señaló que mantenía una
convivencia simultánea con Judith Insignares de De La Rosa y Yolanda Churón
Argüello, quienes dependían económicamente de él. Así las cosas, contrario a lo
manifestado por la entidad apelante, en el sub judice se encuentra acreditado que
la cónyuge y compañera permanente acreditaron que, de manera simultánea,
mantuvieron una convivencia con el causante durante los últimos 5 años de vida de
este.

49. Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de las
resoluciones RDP023208 del 6 de septiembre de 2021, RDP26312 del 4 de octubre
de 2021 y 30605 del 11 de noviembre de 2021, y ordenó a la Ugpp reconocer de
forma proporcional a la convivencia la sustitución pensional a favor de Judith
Insignares de De La Rosa y Yolanda Churón Argüello.

2.4. Costas

50. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

51. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

52. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una

63 Sentencia de abril 7 de 2001, Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02741-01(0669-08).

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Demandante: Judith Insignares de De La Rosa

aplicación razonable de la norma64.

53. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

54. En el caso concreto, como no se evidenció actuación temeraria o mala fe, ni se
advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, la
Sala no condenará en costas en esta instancia.

3. Conclusión

55. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que tanto Judith Insignares
de De La Rosa como Yolanda Churón Argüello acreditaron los requisitos previstos
por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para ser beneficiarias de la sustitución de
la pensión por vejez que en vida devengó Rafael Honorio De La Rosa Pérez, razón
por la cual se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 13 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la demanda
promovida por Judith Insignares de De La Rosa, de acuerdo con las razones
expuestas en la presente providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

64En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara parcialmente voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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