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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2022-00069-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2022-00069-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 8 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte demandada en el medio de control presentado por Luis Gabriel Urueta Romerin contra la Fuerza Aérea Colombiana. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. 40En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 30 Radicado: 08001-23-33-000-2022-00069-01 (0152-2025) Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 31

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2022-00069-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2022-00069-01 (0152-2025)
Demandantes: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros1
Demandado: Fuerza Aérea Colombiana

Tema: Cosa juzgada

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 8 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante la cual se declaró probada la excepción
de cosa juzgada propuesta por la parte demandada y se abstuvo de condenar en
costas.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Luis Gabriel Urueta Romerin presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,2 y solicitó:

1.1. La aplicación de lo ordenado en la sentencia C-197 de 1999, según la cual
«declarar EXEQUIBLE el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código
Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta
la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá
proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el
requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando

1 Candido Urueta Martínez, María de los Ángeles Romerin Sarabia, Dalia Margarita Urueta Romerin,

Manuel Enrique Urueta Romerin, Emilia Rosa Urueta Romerin, Bertha Viviana Urueta Romerin y
Wilfrido José Urueta Romerin.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la
obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución» (sic).

1.2. La aplicación del control integral de legalidad «por parte de la Jurisdicción de lo
contencioso administrativo y a la cosa juzgada constitucional de la Sentencia C-769 de
1998» (sic).

1.3. La declaración de la existencia «del acto administrativo ficto o presunto fallo
disciplinario de segunda instancia expedido por el Comando de la Fuerza Aérea en sede
de Consulta o apelación mediante el cual, resolvió la apelación de la decisión sancionatorio
con destitución indebidamente notificada como auto del 10 de agosto de 1999 nulidad de
todo el Proceso Disciplinario Administrativo No. 013-CACOM-3/99 y se confirmó el retiro del
servicio del demandante ordenado mediante el fallo disciplinario del 10 de agosto de 1999
proferido por el Comando Aéreo de Combate No.3» (sic).

1.4. La declaración de la existencia «del acto administrativo ficto o presunto mediante el
cual el Ministerio de Defensa Nacional niega la Prescripción de la acción y de la sanción
Disciplinaria, el reintegro del actor al Cargo de Operario de Sistemas en el Comando Aéreo
de Combate No.3, el pago de sus salarios, prestaciones sociales y el Reconocimiento y
pago de la Pensión de Jubilación de que trata el artículo 98 del Decreto Ley 1214 de 1990
frente a la petición inicial del 19 de diciembre de 2020» (sic).

1.5. La nulidad del «acto administrativo complejo conformado por el Fallo Disciplinario de
Primera Instancia del 10 de agosto de 1999 proferido por el Comando Aéreo de Combate
No.3 y el Fallo Disciplinario Ficto o Presunto de Segunda Instancia mediante el cual el
Comando de la Fuerza Aérea Colombiana resolvió la nulidad de todo el proceso
administrativo Disciplinario No. 013-CACOM -3/99 planteada el día 3 de septiembre de 1999
antes de que se notificara el fallo de primera instancia en debida forma y se resolvió
confirmar la Sanción de Destitución del 10 de agosto de 1999» (sic).

1.6. La declaración de «inexistencia de acto administrativo de destitución del actor con
relación al Cargo de Operario de Sistemas en el Comando Aéreo de Combate No.3 en la
Categoría de Adjunto Tercero, cargo en el cual se encuentra posesionado desde el día 1
de septiembre de 1993, Acta de Posesión No.040/93 y artículo 350 de la Orden
Administrativa de Personal No. 1-017 del 1 de septiembre de 1993» (sic).

1.7. La inexistencia de solución de continuidad.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que se condenara al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea
Colombiana a:

2.1. Presentar «excusas públicas por omitir retirarle las declaraciones de los Señores
Alfredo González Maragua y Edward Sánchez Garzón y la motivación que hace referencia
a las mismas mediante las cuales se le imputan falsamente al demandante la conducta
delictiva mediante los actos administrativos sancionatorios, consistente en la realización del
homicidio de tres personas afectado con ello de manera permanente sus derechos a la
honra, buen nombre y de manera grave el derecho al trabajo» (sic).

2

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

2.2. El reintegro al cargo de operario de sistemas que desempeñaba, sin perjuicio de
los ascensos a que hubiese lugar en atención a la antigüedad o en otro cargo de
iguales o mejores condiciones.

2.3. El pago, debidamente indexado, de los salarios dejados de percibir, «los cuales
deben ser actualizados y de acuerdo a su grado y antigüedad, las primas con sus
respectivos aumentos o reajustes de ley, bonificaciones, auxilio de cesantías e intereses
sobre las mismas, auxilio de transporte, alimentación, vacaciones, etc., cualquier otro a que
haya tenido derecho por ascensos y demás dejados de percibir, desde el día 1 de diciembre
de 1999 hasta que la fecha en la cual se haga efectivo el reintegro al cargo o hasta la fecha
en la cual se incluya en nómina de la pensión de jubilación, durante el tiempo que se le ha
mantenido por fuera del cargo de manera ilegal por la suma de QUINIENTOS TREINTA Y
DOS MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($532.101.498.00) M/Cte» (sic).

2.4. La actualización de las sumas adeudadas, de conformidad con el inciso final del
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, desde la fecha del retiro del cargo hasta la
fecha en la cual se haga efectivo el pago.

2.5. «A título de indemnización por el daño moral causado» a él, y a sus padres y
hermanos 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada uno.

2.6. El reconocimiento de la pensión de jubilación «por tiempo continuo en el Cargo
de Operario de Sistemas, consagrada en el artículo 98 del Decreto Ley 1214 de
1999».

2.7. Oficiar a la Procuraduría General de la Nación para que se retiren de sus bases
de datos todos los registros relacionados con la sanción impuesta mediante el fallo
del 10 de agosto de 1999.

2.8. La
condena en costas procesales, agencias en derecho y demás gastos
procesales a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Luis Gabriel Urueta Romerin se vinculó al Ministerio de Defensa Nacional como
miembro activo del personal civil de las Fuerzas Militares - Fuerza Aérea
Colombiana desde el 1 de septiembre de 1993 en el cargo de operario de sistemas
en el Comando Aéreo de Combate No. 3, en la categoría de adjunto tercero.

3.2. El 5 de abril de 1999, el comandante del Comando Aéreo de Combate 3, Ricardo
Rubianogroot Román, presentó denuncia penal en su contra por «la conducta típica
delictiva del inexistente homicidio de tres personas». Posteriormente, el 19 de igual mes
y año, ordenó la apertura de la investigación administrativa disciplinaria 013-
CACOM-3/99 y formuló cargos en su contra.

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

3.3. Presentó versión libre y descargos y, el 29 de junio de 1999, recusó a «Ricardo
Rubianogroot Román comandante del Comando Aéreo de Combate No.3 advirtiéndole el
impedimento para fungir como su disciplinador»; sin embargo, este «ocultó el acto de
recusación y no lo anexó al expediente».

3.4. El 20 de agosto de 1999 le fue notificado «el auto del 10 de agosto de 1999 pero no
entregó copia de la providencia sancionatoria» (sic), ni se le informó acerca de los
recursos procedentes, las autoridades ante las que podía presentarlos y los plazos
para ello. Por lo tanto, presentó un memorial por la indebida notificación de la
decisión sancionatoria.

3.5. No obstante, el 23 de agosto de 1999 dentro de los términos legales, interpuso
recurso de apelación ante el segundo comandante del Comando Aéreo de Combate
3 en los siguientes términos «aunque me encuentro a la espera de la copia del auto del
10 de agosto de 1999, me permito presentar ante usted recurso de apelación contra la
sanción de destitución del cargo con el que sea remitido al funcionario competente. No
estoy de acuerdo con la sanción de destitución que supuestamente se ha impuesto por
abandono injustificado del cargo porque si bien es cierto que me ausenté transitoriamente
los días 29, 30 y 31 de marzo de 1999, también es cierto que el literal “b” del artículo 30 del
Decreto Ley 1214 de 1990, exige que la ausencia sea de cinco (5) días o más sin
justificación (…)» (sic).

3.6. El 24 de agosto de 1999 el segundo comandante «le informo que previo el trámite
del citado recurso este Comando debe verificar cuál sería el funcionario competente» (sic).
sin embargo, el 31 de ese mes y año la Fuerza Aérea Colombiana «hizo constar que
“… el Señor D2. LUIS GABRIEL URUETA ROMERIN no interpuso recurso alguno contra el
fallo de Primera Instancia de fecha 10 de agosto de 1999, quedando ejecutoriado en la
fecha, (…)”» (sic).

3.7. Asimismo, «el Señor Auditor de Guerra de esa época y el Señor Segundo Comandante
también había participado de la denuncia penal contra el disciplinado y declarado en su
contra como consta en la pieza documental probatoria visible a folio 147) tramitaron el
Proceso Disciplinario Administrativo No. 013-CACOM-3/99 como un proceso de única
instancia, para ello, manifestaron falsamente a sus superiores y a la Procuraduría General
de la Nación que se trataba de un Fallo de Única Instancia como consta en cada uno de los
siguientes oficios: Oficio No. 053 –AA95G-OI del 19 de octubre de 1999 (…); Oficio No.
6792-CACOM-3-OI dirigido al Señor Mayor General Inspector General de la Fuerza Aérea,
(…);Copia del Oficio No. 6793 CACOM-3-OI-743 Dirigido al señor General comandante de
la Fuerza Aérea Colombiana (…); Copia del Oficio No. 6795CACOM-3-OI-743 dirigido al
Señor coronel jefe de Recursos Humanos del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana
(…); Copia del Oficio No. 6794-CACOM-3-OI-743 dirigido a la jefe Oficina Registro y Control
de la Procuraduría General de la Nación, incurriendo en este y en todos los anteriores, en
falsedad ideológica, manifestando falsamente que se trata de un fallo de Única instancia»
(sic).

3.8. El 3 de septiembre de 1999, solicitó la nulidad por violación del derecho de
defensa, con fundamento en el desconocimiento del principio de legalidad, toda vez
que la conducta atribuida correspondía a una ausencia transitoria inferior a los 5

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

días que el literal b) del Decreto 1214 de 1990 exigía para que se configurara la
causal imputada. Asimismo, hubo violación al principio de imparcialidad, por cuanto
el fallador actuó pese a encontrarse impedido.

3.9. El 1° de diciembre de 1999 fue retirado del servicio, sin que previamente se le
hubiera notificado, por los medios autorizados por la Ley 200 de 1995, el acto
administrativo en firme mediante el cual se dispuso su destitución del cargo de
operario de sistemas. No obstante, «para llevar a cabo la ejecución anticipada del citado
fallo, el día 1 de diciembre de 1999, procedieron a notificarle a mi representado el retiro del
Servicio – Radiograma número 19493-JER-DIPER-SADMA-3-109 de fecha 18 de
noviembre de 1999, manifestándole a mi representado que contra esa decisión no procedía
recurso alguno, pero sin haber resuelto la apelación de la sanción indebidamente notificada
y la solicitud de nulidad de todo lo actuado» (sic).

3.10. Solo hasta el 22 de mayo de 2000 se autorizó la entrega de copias del fallo
disciplinario de primera instancia proferido el 10 de agosto de 1999, las cuales
fueron recibidas el 24 de ese mes y año «sin que se dieran con ello los presupuestos
para que se estructurara la notificación por conducta concluyente» (sic).

3.11. El 13 de enero de 2000 la Fiscalía 22 del Carmen de Bolívar lo exoneró de
responsabilidad penal por los delitos de abandono injustificado del cargo y del
homicidio de tres personas, fundamento de hecho del fallo sancionatorio proferido
dentro de la investigación administrativa disciplinaria 013-CACOM-3-99.

3.12. Con anterioridad al presente proceso, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho; sin embargo, «NO se juzgó el fondo del asunto planteado
como fue la violación del literal “b” del artículo 30 del Decreto 1214 de 1990, debido a que
se determinó que el fallo disciplinario del 10 de agosto de 1999 no era objeto de control
jurisdiccional, lo cual hizo tránsito a cosa juzgada entre las partes» (sic).

3.13. El 29 de octubre de 2007, solicitó el reintegro al cargo con fundamento en la
ineficacia del fallo disciplinario de primera instancia del 10 de agosto de 1999 y a la
inexistencia material de acto administrativo que lo haya sancionado y destituido.
«Petición Inicial que No ha sido contestada».

3.14. El 19 de diciembre de 2020, solicitó la prescripción de la sanción y de la acción
disciplinaria dentro del proceso disciplinario 013-CACOM-3/99, el reintegro al cargo
de operario de sistemas, el pago de salarios y de las prestaciones sociales y
reconocimiento de la pensión de jubilación de que trata el artículo 98 del Decreto
Ley 1214 de 1990. «Sin Respuesta de Fondo».

3.15. El 20 de noviembre de 2021, después de haber interpuesto varias acciones de
tutela, la Fuerza Aérea Colombiana le entregó las copias de los oficios mediante los
cuales tramitó como proceso de única instancia la investigación administrativa 013-
CACOM-3/99. «Posteriormente, en febrero de 2022, le hizo entrega a mi poderdante de
los actos de nombramiento, posesión y respuesta a la apelación presentada ante el
Segundo Comando del CACOM-3» (sic).

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 15, 21, 23, 25, 29, 31, 40, numeral 7,
53, 90, 91, 93, 209 y 217 de la Constitución Política; 4, 5, 15, 16, 18, 39, numeral
10, 67, 68, 69, 70, 76, numerales 1 y 4, 77, numerales 3 y 5, 78, numerales 2 y 3,
79, numerales 1 y 4, 83, 84, 85, 89, 92, numerales 4, 5 y 6, 93, numeral 5, 117, 118,
109, 131, numerales 1, 2, 3, 4, 132, 150, 155, 157, 158, 159 -170 y 175 de la Ley
200 de 1995; 125 del Decreto 1950 de 1973; 107 y 178 del Decreto 085 de 1989;
30 literal b) y 59 del Decreto 1214 de 1990; 41 del Decreto 1792 de 2000;1 de la
Ley 68 de 1963; 112, parágrafo 1, de la Ley 270 de 1996; 248 de la Ley 1952 de
2019; 23 del Código de Procedimiento Penal; y 10 de la convención Americana de
Derechos Humanos – Pacto de San José.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:

5.1. No existió una decisión disciplinaria ejecutoriada que lo hubiese destituido del
cargo de operario de sistemas, en el cual continúa legalmente nombrado y
posesionado. Lo anterior, toda vez que el procedimiento disciplinario no concluyó,
debido a que contra la decisión sancionatoria del 10 de agosto de 1999 interpuso el
recurso de apelación, el cual no fue resuelto.

5.2. La autoridad administrativa ejecutó la sanción pese a la falta de decisión sobre
el recurso y tramitó irregularmente el proceso como de única instancia. El fallo
disciplinario careció de motivación suficiente, porque no precisó cuáles cargos
fueron demostrados ni acreditó que hubiera incurrido, a título de dolo o culpa, en
algunas de las faltas previstas en el artículo 30 del Decreto 1214 de 1990. Además,
la conducta atribuida fue una ausencia transitoria que no estaba tipificada como falta
disciplinaria al momento de los hechos, por lo que la sanción desconoció el principio
de legalidad.

5.3. La sanción de destitución recayó sobre un cargo distinto del que ostentaba, pues
el fallo lo identificó como jefe de Subdirección de Sistemas y se encontraba
nombrado operario de sistemas, razón por la cual del cargo que en realidad ocupaba
nunca fue destituido.

5.4. Como consecuencia , los actos administrativos demandados fueron expedidos
con infracción de las normas en las cuales debían fundarse, toda vez que
desconocieron el debido proceso y el principio de legalidad pues, según el artículo
92 de la Ley 200 de 1995, el auto de cargos debe determinar la norma que describe
el hecho que regula la conducta funcional y específica del servidor público
investigado y la descripción de esta, señalando por separado las pruebas en las que
se fundamentan los cargos, lo que no ocurrió en su situación.

3Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,
documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, páginas 1 a 22.

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5.5. Asimismo, el artículo 93 ejusdem que prevé que el fallo debe contener la
especificación de los cargos probados, con la indicación de la norma infringida; sin
embargo, el fallo acusado no indicó que hubiese infringido el artículo 30 del Decreto
Ley 1214 de 1990, y tampoco se probó el cargo de abandono injustificado del
empleo de operario de sistemas. Máxime, porque la conducta de ausencia
transitoria no estaba tipificada como causal del cargo endilgado según el artículo 30
del Decreto Ley 1214 de 1990 y, por lo tanto, no se podía calificar como falta
disciplinaria gravísima mediante la aplicación del numeral 8 del artículo 25 de la Ley
200 de 1995.

5.6. Se vulneró su derecho al debido proceso, porque la sanción disciplinaria fue
ejecutada sin que se resolviera el recurso de apelación. En todo caso, en el evento
en que este no hubiese sido admitido, la sanción debía ser revisada en segunda
instancia mediante el grado jurisdiccional de consulta, tal y como lo prevé el artículo
178 del Decreto 085 de 1989 aplicable a los miembros de las Fuerzas Militares y al
personal civil, o el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, también vigente y aplicable
en virtud del principio de igualdad.

5.7. Los actos fueron expedidos de forma irregular, toda vez que el funcionario que
profirió la decisión actuó pese a estar recusado, sin que se hubiese surtido
debidamente ese trámite. Además, no se le garantizó la doble instancia y se omitió
decidir sobre la nulidad planteada dentro del procedimiento.

5.8. En el pliego de cargos y en el fallo disciplinario no se identificó la conducta
subsumida en las causales de abandono injustificado del cargo previstas en el
artículo 30 del Decreto 1214 de 1990, lo que le impidió ejercer adecuadamente su
defensa.

5.9. La sanción se basó en hechos que no configuraban abandono del cargo, pues
la conducta correspondía a la ausencia transitoria y no a una dejación del empleo.

5.10. El funcionario instructor y fallador ejerció atribuciones disciplinarias pese a
encontrarse recusado, por lo que utilizó sus facultades para continuar en el trámite
en contra de las reglas de imparcialidad, con desviación de poder y sin competencia
hasta tanto se resolviera sobre esta.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana se opuso
a la prosperidad de las pretensiones de la demanda en los siguientes términos4:

6.1. El demandante incurrió en la falta gravísima de abandono injustificado del cargo
prevista en el numeral 8 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, al ausentarse de
lugar de trabajo los días 29, 30 y 31 de marzo de 1999 sin justificación. Durante la

4 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,
carpeta 009 CONTESTACIÓN MIN-DEFEN, subcarpeta PRIMERA_PARTE_CONTESTACIÓN
DDA, archivo LUIS GABRIEL URUETA-CONTESTACIÓN -2022-0069-JR.

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investigación disciplinaria se recaudaron pruebas documentales y testimoniales que
permitieron establecer que él no había informado oportunamente las razones de su
inasistencia, que sus superiores y compañeros desconocían su paradero y que las
explicaciones suministradas por él sobre el lugar en el que se encontraba en esos
días resultaron contradictorias. Además, el hecho de rendir versión libre reconoció
haber faltado al servicio durante los días indicados y que asumiría las
consecuencias de su conducta.

6.2. La decisión sancionatoria del 10 de agosto de 1999 fue adoptada luego de una
valoración integral de las pruebas recaudadas y en la que se concluyó que el
comportamiento de Luis Gabriel Urueta Romerin desconoció los deberes inherentes
a su condición de servidor público. En consecuencia, se le declaró responsable
disciplinariamente y se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad para el
ejercicio de funciones públicas por el término de 1 año.

6.3. Durante la actuación se le respetaron las garantías del debido proceso y derecho
de defensa, pues fue vinculado formalmente al proceso, rindió versión libre,
presentó descargos, conoció las pruebas recaudadas y tuvo la posibilidad de ejercer
los mecanismos de defensa previstos en la ley. En tal medida, la investigación
Disciplinaria 013-99 adelantada en contra del demandante, cumplió con los
requisitos exigidos por el régimen disciplinario contenido en la Ley 200 de 1995, y
con todas las formalidades para ello, es decir, la actuación administrativa se ajustó
al ordenamiento legal. Por ello, no existieron irregularidades sustanciales, falta de
competencia, desconocimiento de la doble instancia o vulneración de las garantías
constitucionales.

6.4. Los actos administrativos demandados fueron expedidos con observancia de las
normas sustanciales y procedimentales aplicables y se encuentran debidamente
motivados.

6.5. Con fundamento en lo anterior propuso las excepciones previas de: i) cosa
juzgada; ii) caducidad del medio de control; y iii) ineptitud formal de la demanda, por
demandar actos fictos inexistentes; y de fondo de: i) presunción de legalidad del
acto acusado; ii) cobro de lo no debido; iii) buena fe; y iv) innominada.

1.3. La sentencia apelada

7. En la sentencia del 8 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A, se declaró probada la excepción de cosa juzgada
propuesta por la entidad demandada y se abstuvo de condenar en costas al
demandante, con sustento en los siguientes argumentos5:

7.1. Los hechos y pretensiones incoadas por el actor «se encuentran comprendidos en
la sentencia proferida por esta Corporación el 30 de junio de 2004, dentro del proceso

5Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,
documento 018 Sentencia.

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radicado bajo el número 2000-00733, toda vez que concurren en el asunto de marras los
tres requisitos establecidos en el artículo 303 del CGP para que se configure el fenómeno
de la cosa juzgada, dado que las pretensiones (el objeto), el concepto de violación y la
fundamentación fáctica (la causa) y las partes allí enunciadas, son iguales a las del presente
proceso, configurándose así el aludido fenómeno procesal» (sic).

7.2. Tanto en el proceso con radicado: 2000-00733-00 como en el asunto bajo
análisis, las pretensiones estuvieron encaminadas a cuestionar los efectos jurídicos
derivados del proceso disciplinario que terminó con la destitución de Luis Gabriel
Urueta Romerin y a obtener su reintegro, junto con los derechos económicos y
prestacionales derivado de ello; razón por la cual comparten identidad de objeto.

7.3. Loshechos y los cargos de nulidad planteados en ambos procesos son
coincidentes, pues se fundamentaron en las presuntas vulneraciones al debido
proceso, la indebida aplicación del numeral 8 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995
y el desconocimiento de las normas que regulaban la situación disciplinaria del
demandante. Lo anterior, porque para poder aplicar el artículo 25 numeral 8 de la
Ley 200 de 1995 a las conductas de los miembros de las Fuerzas Militares, esta
debe subsumirse o estar tipificada en alguna de las descritas en el artículo 30 del
Decreto Ley 1214 de 1990, lo cual a juicio del actor no ocurrió.

7.4. Sin embargo, tales cuestionamientos fueron resueltos mediante la sentencia del
30 de junio de 2004 dictada en el proceso antes referido, en el cual se concluyó que
la actuación disciplinaria se ajustó a derecho, garantizó el debido proceso, se tramitó
bajo la norma aplicable y que, además, la sanción se encontraba debidamente
motivada, porque «la conducta asumida por el demandante fue tipificada
administrativamente y en forma definitiva dentro del procedimiento establecido en el artículo
25, numeral 8 de la ley 200 de 1995, siendo catalogada como falta constitutiva de mala
conducta, la cual puede ser penada entre otras sanciones, con la separación absoluta del
cargo y la sanción accesoria de inhabilidad para el desempeño de funciones públicas» (sic);
por lo que, se configuró la identidad de causa.

7.5. Finalmente, se constató la identidad de partes, por cuanto en ambos procesos
intervinieron Luis Gabriel Urueta Romerin como demandante y la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional como demandada.

7.6. Por lo tanto, al existir identidad de objeto, causa y partes, las pretensiones de la
demanda fueron «cobijadas en su totalidad por la sentencia proferida por el Tribunal,
dentro del proceso radicado bajo el número radicación 2000-00733-00, toda vez que
concurren en el asunto de marras los tres requisitos establecidos en el artículo 303 del CGP
para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada» (sic).

1.4. El recurso de apelación

8. La parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así 6:

6Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,
documento 021. APELACIÓN FALLO RADICADO 0020200006900.

9

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

8.1. No se configuró la cosa juzgada, porque en el presente asunto se demandó un
acto administrativo complejo que no fue objeto de pronunciamiento en el proceso
con radicado: 2000-00733-00. Así pues, mientras en aquel trámite no fueron
considerados por la jurisdicción como un acto administrativo complejo, toda vez que
la sentencia del 30 de junio de 2004 señaló «1. [¿] Los fallos de primera y segunda
instancia dentro de un proceso disciplinario son objeto de control jurisdiccional? (…) La Sala
responde al primer cuestionamiento con un NO, puesto que la Orden Administrativa de
Personal No. 1-023 del 1 de diciembre de 1999, es consecuencia directa de las decisiones
de los fallos de primera instancia proferidos por el Comando Aéreo de Combate No. 3 y el
fallo que confirmado por el Comando Aéreo de Combate No. 3, es decir, por medio de ello
se materializó la decisión final de la Actuación Administrativa – informativo disciplinario. Por
lo tanto, no se trata de un acto complejo» (sic), en esta oportunidad se demandó el acto
complejo conformado por el fallo disciplinario de primera instancia y los fictos
derivados del silencio administrativo frente al recurso de apelación y otras
solicitudes formuladas en el trámite administrativo.

8.2. En consecuencia, «se requiere obligatoriamente que concurra la manifestación de la
voluntad del órgano superior mediante la expedición de un fallo de segunda instancia para
que la providencia de primera instancia pueda perfeccionarse y tener existencia jurídica»
(sic). Por lo que, en el presente asunto «la causa pretendi versa sobre los aspectos o
motivos sustanciales por la no aplicación al caso de la parte sustantiva de los estatutos
disciplinarios especiales del régimen del actor, por haber el actor presentado
oportunamente el recurso de apelación contra el acto sancionatorio de primera instancia del
10 de agosto de 1999 y no haberse surtido la segunda instancia, lo que originó la
prescripción de la acción y de la sanción disciplinaria a las voces del artículo 34 de la Ley
200 de 1995 y (ii) la inexistencia de actos administrativos sancionatorios que hayan
adquirido firmeza o el carácter de ejecutorios y producido los efectos jurídicos de la
destitución al actor del cargo de Operario de Sistema y la vulneración a las normas de los
artículos» (sic).

8.3. En esa medida, el objeto de la nueva demanda recae sobre actos administrativos
fictos y sobre la totalidad del acto administrativo complejo, los cuales no fueron
analizados en el proceso anterior. Además, el fallo disciplinario de primera instancia
no podía considerarse autónomo y definitivo, pues fue oportunamente apelado, lo
que hacía necesaria su resolución como manifestación de la voluntad de la
administración para perfeccionar la decisión disciplinaria. Con fundamento en la
jurisprudencia del Consejo de Estado7 sobre los actos administrativos complejos,
señaló que la manifestación de la voluntad del superior jerárquico constituye un
elemento indispensable para la existencia jurídica del acto definitivo.

8.4. Tampoco se acreditó la identidad de causa, pues los fundamentos fácticos y
jurídicos difieren sustancialmente de los estudiados en el proceso anterior. La
presente demanda se sustentó en hechos conocidos con posterioridad, entre ellos,

7 ®CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero

ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos
mil doce (2012), Radicación número: 11001-03-26-000-2010-0036-01(IJ), Actor: JAIME OMAR
JARAMILLO AYALA, Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISION» (sic).

10

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

la existencia de un recurso de apelación presentado oportunamente contra la
sanción disciplinaria, la ausencia de solución de este, el trámite irregular de la
actuación como de única instancia, la omisión del grado jurisdiccional de consulta,
la falta de resolución a las solicitudes de nulidad y revocatoria directa, así como la
entrega tardía de los documentos que permitieron conocer de tales circunstancias.

8.5. Por consiguiente, se demostró la inexistencia de la cosa juzgada debido a que
el objeto y causa petendi de los 2 procesos difieren y, además, se probó «1. La
ineficacia del Acto Administrativo fallo disciplinario del 10 de agosto de 1999 debido a que
nunca adquirió fuerza ejecutoria debido a que la entidad demandada no surtió la segunda
instancia y por ende tampoco resolvió el recurso de apelación. 2. El día 23 de agosto de
1999, el actor presentó dentro de los términos legales el recurso de apelación contra el fallo
disciplinario de primera instancia del 10 de agosto de 1999. 3. La entidad demandada no
expidió el fallo disciplinario de segunda instancia dentro del término que le impone la norma
del artículo 34 de la Ley 200 de 1995. 4. Por lo anterior, dentro del Proceso Disciplinario
No. 013-CACOM-3/99 operó el fenómeno jurídico de la Prescripción de la acción y la
sanción disciplinaria. 5. Nunca han existido actos administrativos en firme que hayan
producido efectos jurídicos adversos u oponibles a las pretensiones del actor» (sic).

8.6. Con el fallo de primera instancia se le vulneró el debido proceso y el principio de
imparcialidad porque la magistrada ponente habría estado incursa en causal de
impedimento y recusación, al haber conocido y emitido pronunciamiento sobre los
mismos hechos en el proceso con radicado: 2000-00733-00.

8.7. La providencia impugnada desconoció el derecho a la tutela judicial efectiva al
no haber brindado protección a sus derechos fundamentales, pese a advertir
irregularidades en el trámite disciplinario adelantado en su contra, principalmente,
que la entidad omitió resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo
disciplinario, lo que habría generado la prescripción de la acción disciplinaria y de la
sanción.

8.8. En todo caso, al no haberse decidido la segunda instancia en el procedimiento
administrativo, el fallo disciplinario no adquirió firmeza, por lo que carecía de eficacia
jurídica y no podía producir efectos en su contra.

1.5. Trámite de la segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.

9.1. No obstante, la parte demandante manifestó que se había proferido sentencia
sin practicar el testimonio de Humberto Martínez Rocha, prueba solicitada en la
demanda y decretada en primera instancia, ni conocer la oportunidad de presentar
alegatos. Tal prueba era conducente, pertinente y útil para acreditar los perjuicios
morales y de relación derivados de las actuaciones disciplinarias adelantadas en su

8 De conformidad con el auto admisorio del 20 de febrero de 2024. Samai, índice 4.

11

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

contra. Asimismo, la decisión judicial declaró indebidamente la existencia de cosa
juzgada, privándole de demostrar los daños reclamados.

9.2. Además, en el proceso anterior los actos demandados no conformaron un acto
administrativo complejo susceptible de control jurisdiccional. Por ello, la sentencia
del 30 de junio de 2004 no realizó un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad
del acto disciplinario ni sobre las causales alegadas. Finalmente, reiteró lo expuesto
en el recurso de apelación9.

1.6. El Ministerio Público

10. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio en esta instancia judicial10.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. El problema jurídico

12. Se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

12.1. ¿sientre el asunto objeto de estudio y el que fue objeto de litigio en el
expediente con radicado 08001-23-33-000-2000-00733-00 existe identidad de
objeto, de causa y jurídica de partes? y, en consecuencia, ¿si hay lugar a confirmar
la decisión de primera instancia que declaró probada la cosa juzgada?

12.2. Asimismo, ¿si se vulneraron los derechos al debido proceso e imparcialidad
porque la magistrada ponente habría estado incursa en la causal de impedimento,
al haber conocido y emitido pronunciamiento sobre los mismos hechos en el
proceso con radicado 08001-23-33-000-2000-00733-00?

12.3. ¿Si con la providencia impugnada se desconoció el derecho a la tutela judicial
efectiva al abstenerse de pronunciarse sobre las presuntas irregularidades del
proceso disciplinario, particularmente sobre la falta de decisión del recurso de
apelación y los efectos de ello sobre la prescripción de la acción y la sanción
disciplinaria?

9 Índice 9, Samai.
10 Según constancia secretarial del 25 de julio de 2025. Índice 15, Samai.

12

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Cosa juzgada

13. La cosa juzgada es una institución jurídica «mediante la cual se otorga a las
decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias
importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento
constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre
determinación, y, en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un
valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es
decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio11.»

14. En el ordenamiento jurídico colombiano actual, esta figura jurídica se encuentra
prevista en el artículo 303 del Código General del Proceso, según el cual «[l]a
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa
que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.»

15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos,
estos son: (i) identidad de objeto, (ii) identidad de causa y (iii) identidad jurídica de
partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en
los siguientes términos12:

«[…] - Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos
elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el
juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa
juzgada. […]».

16. Asimismo, es pertinente resaltar que el referido artículo 303, de manera expresa,
solo establece como excepción a la cosa juzgada el recurso extraordinario de

11 Sentencia C-774 de 2001.
12 Sentencia C-774 de 2001.

13

Radicado: 08001-23-33-000-2022-00069-01 (0152-2025)
Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

revisión. En ese sentido señala que «[l]a cosa juzgada no se opone al recurso
extraordinario de revisión».

17. Ahora bien, el artículo 182A del CPACA le impone al juez contencioso el deber
de dictar sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso cuando encuentre
probada la cosa juzgada.

18. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la
cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo.

2.4. Caso concreto

19. Se destaca que en el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:

19.1. Luis Gabriel Urueta Romerin nació el 28 de febrero de 196813.

19.2. Mediante la orden administrativa de personal 1-017 del 1 de septiembre de
1993, fue nombrado para desempeñar el cargo de operario de sistemas en el
Comando Aéreo de Combate 3, en la categoría de adjunto tercero de la Fuerza
Aérea Colombiana14.

19.3. El 5 de abril de 1999, el comandante del Comando Aéreo de Combate 3,
Ricardo Rubianogroot Román, presentó denuncia ante el fiscal coordinador de la
Seccional de Barranquilla en los siguientes términos15:

«uno de nuestros trabajadores a quien responde con nombre de D2. LUIS GABRIEL
URUETA ROMERIN, se encontraba [apartado] a su lugar de trabajo desde el pasado 29
de marzo de 1999, quien hizo su presencia en el día de hoy, quien comenta que su
retardo se debió a que tuvo que viajar a San Juan de Nepomuseno Bolívar por asuntos
puramente personales donde realizo según su decir el homicidio de tres personas sin
que este comando conozca más detalles.
Es importante resaltar que se pone a su disposición el funcionario y el hecho, por cuanto
este funcionario lo dijo, sin que se pudiera rarificar, al considerar que es un hecho grave
y constitutivo de un delito» (sic).

19.4. El 13 de enero de 2000, la Fiscalía Seccional 22 del Carmen de Bolivar resolvió
inhibirse de abrir investigación penal en contra de Luis Gabriel Urueta Romerin, toda
vez que, de las pruebas allegadas y de conformidad con el artículo 327 de la Ley

13 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Página 41
14 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Página 61 a 63.
15 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Página 70.

14

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

600 de 2000, «cuando aparezca que la conducta no ha existido» la autoridad se
abstendrá de iniciar instrucción16.

19.5. El 9 de abril de 1999, el comandante del Comando Aéreo de Combate 3,
Ricardo Rubianogroot Román, comisionó al CT. Luis Fernando Carrasquilla
Valbuena, para que adelantara la investigación contra D2. Luis Gabriel Urueta
Romerin por los hechos relacionados con la inasistencia el 29, 30 y 31 de marzo de
1999, por las faltas gravísimas determinadas en el artículo 25, numeral 8, de la Ley
200/9517.

19.6. El 20 y 23 de abril de 1999 ante el funcionario de instrucción, Luis Fernando
Carrasquilla Valbuena, comparecieron Edwar Alberto Sánchez Garzón18, German
Ramírez Pérez19, Carlos Eduardo Martínez Rodríguez20, Juan Manuel García
Cruz21, Jorge Alfonso Navarro Illias22, Alfredo González Maragua23 a rendir
declaración y, en esencia, manifestaron que el investigado incurrió en inasistencia
a su lugar de trabajo por 3 días, durante los cuales se desconocía su paradero, lo
que generó averiguación por parte de sus superiores y compañeros. Al
reincorporarse, ofreció explicaciones poco claras o no conocidas por los
declarantes; no obstante, algunos referenciaron problemas familiares y económicos
y otros que habría sido por una versión relacionada con un enfrentamiento en el
cual presuntamente había dado de baja a unas personas y que, con fundamento en
ello, se adelantaron acciones investigativas y administrativas.

19.7. El 27 y 28 de abril de 1999, el investigado rindió versión libre y espontánea en
la que manifestó que la inasistencia se presentó el29, 30 y 31 de marzo y, además,
declaró24:

«CONTESTADO: Yo le comenté al Sr. Teniente Coronel Alfredo González Maragua que
mi retardo se debió a problemas personales y familiares que se me presentaron.

16Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,
documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Páginas 71 a 74.
17 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Página 75
18 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Página 76
19 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

carpeta 009 CONTESTACIÓN MIN-DEFEN, subcarpeta PRIMERA_PARTE_CONTESTACIÓN
DDA, archivo INVEST-1, Página 22
20 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

carpeta 009 CONTESTACIÓN MIN-DEFEN, subcarpeta PRIMERA_PARTE_CONTESTACIÓN
DDA, archivo INVEST-1, Página 25
21 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

carpeta 009 CONTESTACIÓN MIN-DEFEN, subcarpeta PRIMERA_PARTE_CONTESTACIÓN
DDA, archivo INVEST-1, Página 27.
22 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

carpeta 009 CONTESTACIÓN MIN-DEFEN, subcarpeta PRIMERA_PARTE_CONTESTACIÓN
DDA, archivo INVEST-1, Página 33
23 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

carpeta 009 CONTESTACIÓN MIN-DEFEN, subcarpeta PRIMERA_PARTE_CONTESTACIÓN
DDA, archivo INVEST-1, Página 36.
24 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Páginas 87 y 88. Y página 44 a 46

15

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

PREGUNTADO (Una vez se le muestra el dibujo PRUEBA NO: 1 que él entregó junto
con su informe): Conoce este dibujo CONTESTADO: SI. PREGUNTADO. Sírvase
explicar que significa el dibujo y los dalos allí consignados. CONTESTADO: El dibujo
significa el lugar donde me encontraba más exactamente en el corregimiento de San
Cayetano (Bolivar) y los datos consignados, son datos de Inteligencia para las propias
tropas, los cuales no tenían por que estar en esta información. Así mismo quiero aclarar
que la Información que suministré verbalmente sobre los datos contenidos en el dibujo
es una información que compete única y exclusivamente a la sección de inteligencia y
que a mi modo de ver, como agente de Información ha sido mal manejadas por cuanto
no se le ha dado aun la clasificación que le corresponde, además este dibujo se lo
suministré al señor capitán Navarro con el fin único de corroborar las Informaciones con
otras agencias de inteligencia del área. PREGUNTADO: Se encontraba usted los días
que no laboró cumpliendo algún acto del servicio, o cumpliendo alguna orden específica
de algún superior suyo, o labores del departamento de inteligencia que le correspondían.
CONTESTADO: No. PREGUNTADO: Se encontraba usted resolviendo sus problemas
personales en qué lugar. CONTESTADO: En el corregimiento de San Cayetano
(Bolivar). PREGUNTADO: Tenía usted permiso para salir de la guarnición.
CONTESTADO: No estoy sujeto al reglamento de tener que pedir permiso para salir de
la guarnición, puedo hacerlo siempre que no tenga ninguna orden laboral o de los jefes
para no hacerlo. PREGUNTADO: Los días que usted no vino a laborar y las actividades
que se encontraba desarrollando eran de conocimiento o de consentimiento de algún
personal orgánico al Cacom 3. CONTESTADO: No. PREGUNTADO: Usted fue enviado
por el Cacom-3 a que declarara ante la Fiscalía. CONTESTADO: SI. Porque hubo un
malentendido con referente a lo que le había comunicado al Sr. Teniente Coronel Alfredo
González Maragua Segundo Comandante de la Unidad el día 5 de Abril del presente
año. PREGUNTADO: Cuál fue ese malentendido. CONTESTADO: En las horas de la
tarde el Sr. Coronel Ricardo Rublanogroot Román con base en las Informaciones que le
había suministrado el Segundo Comandante pues me trató como si yo fuera un
delincuente hasta tal punto que me remitió a la fiscalía (a la Unidad de reacción
inmediata) sin yo haber cometido ningún delito, y más aun sin tener pruebas de que
hubiese cometido el acto por el cual me remitieron allá. PREGUNTADO: Cuál fue el acto
por el cual lo remitieron allá. CONTESTADO: Según se me escuchó en versión libre y
espontánea en la Unidad de reacción inmediata de la fiscalía de la ciudad de
Barranquilla, se me denunció por haber asesinado tres personas en el municipio de San
Juan Nepomuseno (Bolivar), lo cual no es cierto ya que durante los días comprendidos
entre el 28 de Marzo de 1999, y el 4 de Abril del mismo año no estuve en dicho municipio»
(sic).

19.8. El 10 de junio de 1999 el comandante del Comando Aéreo de Combate 3,
Ricardo Rubianogroot Román, y el oficial ayudante, Jhon Henry Lois Mejia,
formularon cargos en contra del disciplinado por la «falta gravísima al no presentarse
a laborar durante los días 29, 30 y 31 de marzo del año en curso, desconociendo su servicio,
el horario de la unidad, la función esencial que realizaba y las ordenes impartidas por sus
comandantes por la función que desempeñaba como era funcionario del departamento de
inteligencia de esta unidad. Es por lo que el D2, LUIS GABRIEL URUETA ROMERIN se
encuentra incurso dentro del artículo 25 de la ley 200/95 de las Paltas gravísimas en sus
numeral 8 al haber abandonado injustificadamente su servicio y el cargo los días 29. 30 y
31 de marco de 1.999» (sic)25. Notificado el 15 de igual mes y año.

19.9. El 29 de junio de 1999 el disciplinado presentó descargos, en los que señaló
que el 28 de marzo de ese año se había trasladado a San Cayetano, jurisdicción
del municipio de San Juan de Nepomuceno, para atender una situación familiar. Sin

25 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Páginas 77 a 79 y 80

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

embargo, ante la falta de dinero para regresar y a que las líneas de teléfono de
Telecom estaban fuera de servicio, no le fue posible informar oportunamente su
situación. Asimismo, manifestó que el 5 de abril se había presentado ante su
superior para darle las explicaciones correspondientes, sin que fuese cierto la
afirmación según la cual «asesiné a tres (3) personas»26.

19.10. Enigual fecha, presentó recusación para conocer y fallar dentro de la
investigación disciplinaria contra el comandante del comando, toda vez que fue
quien lo «denunció penalmente ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía
Tercera Delegada de la Ciudad de Barranquilla el día 5 de Abril del presente año. Además,
recuerde también que me trató como si yo fuera un delincuente, me detuvo sin estar en
flagrancia de delito alguno, me remitió a la fiscalía con escolta de seguridad en un vehículo
de esta Unidad, al Mando del Señor Mayor Reyes Rincón Larry, Sargento Segundo Herrera
Lozano Sergio y el Cabo Segundo Moncada Luis; al día siguiente que regrese a la Base a
laborar me insultó y me expresó: "¿Cómo así que lo dejaron libre?... lamento haberlo
conocido" motivo por los cuales no liemos quedado en buenos términos existiendo una
enemistad grave» (sic)27.

19.11. El 9 de julio de 1999, la operadora del SAI Telecom ubicado en el corregimiento
de San Cayetano certificó que entre el 28 de marzo y 5 de abril de 1999, la unidad
se encontraba fuera de servicio28.

19.12. El 10 de agosto de 1999 se profirió falló disciplinario, en el que se encontró
acreditado el cargo formulado por abandono injustificado de los servicios durante el
29, 30 y 31 de marzo. Como consecuencia, se le impuso la sanción principal de
destitución, «en su condición de funcionario del departamento de inteligencia de esta
unidad militar y en el cargo de jefe subsección sistemas», así como la accesoria de
inhabilidad para el desempeño de funciones públicas por el término de 1 año 29.
Notificado el 20 de igual mes y año30

19.13. El 20 de agosto de 1999 presentó ante el comandante del Comando Aéreo de
Combate 3 una solicitud de expedición de copia del fallo disciplinario, con
fundamento en que, si bien ese día se le había notificado un auto, este no
correspondía a la sentencia de primera instancia. Además, manifestó que no se le
habían entregado copias de la decisión ni informado sobre los recursos procedentes
o la oportunidad para interponerlos. Igualmente, sque se encontraba pendiente de

26 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Páginas 82 y 83.
27 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Página 85.
28 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Página 149.
29 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Páginas 101 a 104.
30 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

carpeta 009 CONTESTACIÓN MIN-DEFEN, subcarpeta PRIMERA_PARTE_CONTESTACIÓN
DDA, archivo INVEST-1, Página 68.

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

resolver, por parte del comandante de la Fuerza Aérea, la recusación que había
formulado contra el comandante del comando Aéreo de Combate 331.

19.14. El 23 de agosto de 1999 interpuso recurso de apelación contra la decisión del
10 de agosto de 1999 con base en que, pese a que no se le había entregado copia
del fallo disciplinario, se le informó la sanción de destitución por abandono del cargo
por tal motivo señaló que «si bien es cierto que me ausenté transitoriamente los días 29,
30 y 31 de Marzo de 1999, también es cierto que el literal "b' del artículo 30 del Decreto Ley
1214 de 1990, exige que la ausencia sea de cinco (5) días o más y sin justificación. Prueba
de ello es que yo volví a mi cargo y justifiqué mi conducta en el escrito de los descargos,
porque me encontraba socorriendo a mi familia - a uno mis hermanos - quien atravesaba
dificultades emocionalmente graves y que terminó suicidándose. Si hubiese abandonado
mi cargo no estuviese aquí laborando» (sic)32.

19.15. El 24 de agosto de 1999, el comandante del Comando Aéreo de Combate 3 le
informó que en respuesta al recurso de apelación que había presentado en contra
del «fallo de única instancia dictado dentro de la investigación disciplinaria N. 013-
CACOM3-/99» previo a darle trámite al recurso, debía verificar cual sería el
funcionario competente para tramitarlo33.

19.16. El 30 de agosto de 1999 solicitó la revocatoria directa del fallo disciplinario, al
considerar que este desconoció el principio de legalidad, toda vez que la
configuración de la causal de abandono injustificado del cargo exigía una ausencia
de 5 días, mientras que su inasistencia fue de 3. Además, alegó la vulneración del
derecho al debido proceso, porque durante la actuación administrativa no contó con
una defensa técnica y la decisión fue proferida por un funcionario respecto del cual
existía una recusación.

19.17. El 31 de agosto de 1999, el oficial ayudante del comando aéreo de combate 3
expidió constancia en la que señaló que el disciplinado «no interpuso recurso alguno
contra el fallo de Primera Instancia de fecha 10 de Agosto de 1999, quedando ejecutoriado
en la fecha, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 98 de la Ley 200/95» (sic)34.

19.18. El 3 de septiembre de 1999, el comandante del comando Aéreo de Combate
3, resolvió no revocar el fallo disciplinario emitido el 10 de agosto de 1999 porque
no se desconocieron los principios de legalidad, pues se adelantó de conformidad
con la Ley 200 de 1995 que era la aplicable; y defensa e imparcialidad, toda vez
que se le notificó la apertura de la investigación, rindió descargos, se le brindó la
oportunidad para defenderse, nunca solicitó defensor de oficio ni manifestó
necesitar asistencia jurídica, la supuesta enemistad no fue demostrada y la
investigación se originó en la inasistencia al servicio y no por los hechos

31 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Página 90.
32 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Página 91.
33 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Página 92.
34 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Página 105.

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

relacionados con las declaraciones rendidas ante la fiscalía35. Notificada el 22 de
ese mes y año36.

19.19. El 18 de diciembre de 2020 solicitó la declaratoria de la prescripción de la
acción y la sanción disciplinaria administrativa 013-CACOM-3/99, el archivo del
expediente y el reconocimiento y pago de la pensión, los salarios y prestaciones
sociales37.

2.4. Análisis sustancial

20. El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró probada la excepción de cosa
juzgada y, como consecuencia, la terminación del proceso, toda vez que consideró
que el litigio ya había sido resuelto mediante sentencia del 30 de junio de 2004
dentro del proceso con radicado 2000-00733-00, pues existía identidad de partes,
objeto y causa. En ambos procesos se cuestionaban los efectos del proceso
disciplinario que culminó con la destitución de Luis Gabriel Urueta Romerín, así
como la procedencia de la aplicación de la Ley 200 de 1995 y el respeto al debido
proceso. Además, en el proceso anterior se había concluido que «el proceso
disciplinario se tramitó conforme a la Ley 200 de 1995, que regía para la fecha de la
ocurrencia de los hechos, y no el Decreto 085 de 1989» y que había incurrido en la falta
tipificada en el artículo 25 numeral 8 de tal ley, la cual no pudo desvirtuar. En
general, que la actuación disciplinaria fue legal, la sanción debidamente motivada y
se brindaron las garantías procesales y probatorias contenidas en el estatuto
disciplinario.

21. El demandante solicitó que se revocara la decisión adoptada por el tribunal de
primera instancia, al considerar que no se había configurado la excepción de cosa
juzgada, porque la nueva demanda tenía un objeto y una causa distinta del proceso
decidido en el año 2004, toda vez que en el presente asunto se controvirtió un acto
administrativo complejo, integrado por el fallo disciplinario de primera instancia y los
actos fictos derivados de la falta de decisión del recurso de apelación contra esa
decisión y de otras solicitudes administrativas. Manifestó que el recurso de
apelación fue presentado en oportunidad, pero no fue resuelto, lo que impidió que
el fallo adquiriera firmeza y produjo la prescripción de la acción y de la sanción
disciplinaria.

22. Asimismo, que se había desconocido el derecho al debido proceso, la
imparcialidad y la tutela judicial efectiva.

23. La Sala debe determinar si en el asunto objeto de estudio y en el que fuera

35 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

carpeta 009 CONTESTACIÓN MIN-DEFEN, subcarpeta PRIMERA_PARTE_CONTESTACIÓN
DDA, archivo INVEST-1, Páginas 80 a 83.
36 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

carpeta 009 CONTESTACIÓN MIN-DEFEN, subcarpeta PRIMERA_PARTE_CONTESTACIÓN
DDA, archivo INVEST-1, Página 84.
37 Índice 2, Samai. Expediente digital, archivo «1ED_08001233300020220006(.zip) NroActua 2»,

documento 001. DEMANDA_DE_NYRDFAC2022.PDF, Páginas 141 a 146.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00069-01 (0152-2025)
Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

debatido en el expediente con radicado 080001-23-31-000-2000-00733-00 existe
identidad jurídica de partes, objeto y de causa jurídica y, si como consecuencia, hay
lugar a declarar la cosa juzgada.

24. En cuanto a la identidad jurídica de partes se encuentra acreditado que en ambos
procesos actuaron Luis Gabriel Urueta Romerin y la Nación, Ministerio de Defensa,
Fuerza Aérea Colombiana.

25. Respecto de la identidad de objeto se observa que las pretensiones en los
asuntos contenciosos bajo análisis se circunscribieron a:
-
Expediente 080001-23-31-000-2000- Expediente 08001-23-33-000-2022-
00733-00 00069-00/01 [asunto en estudio]
Se solicitó: 1) la nulidad «[d]el acto Se solicitó: 1) la existencia de los actos
administrativo conformado por: fallo administrativos fictos o presuntos mediante
disciplinario de primera instancia de fecha el cual se emite «fallo disciplinario de
Agosto 10 de 1.999, dictado por el segunda instancia expedido por el
Comandante del Comando Aéreo de Comando de la Fuerza Aérea en sede de
Combate No 3; de fallo que resolvió no Consulta o apelación mediante el cual,
revocar el fallo antes mencionado, fechado resolvió la apelación de la decisión
en septiembre 3 de 1999; Orden sancionatorio con destitución
Administrativa de Personal No 0-123 para indebidamente notificada como auto del 10
el 1 de diciembre de 1999, emanada de la de agosto de 1999 nulidad de todo el
Jefatura de Reclusos Humanos de Santa Proceso Disciplinario Administrativo No.
Fe de Bogotá, por medio de los cuales se 013-CACOM-3/99 y se confirmó el retiro del
destituyó de su cargo al D2 URUETA servicio del demandante ordenado
ROMERIN, y se le impuso la sanción mediante el fallo disciplinario del 10 de
accesoria de inhabilidad para desempeño agosto de 1999 proferido por el Comando
de funciones públicas por el término de un Aéreo de Combate No.3» y «mediante el
año» (sic). cual el Ministerio de Defensa Nacional
niega la Prescripción de la acción y de la
sanción Disciplinaria, el reintegro del actor
al Cargo de Operario de Sistemas en el
Comando Aéreo de Combate No.3, el pago
de sus salarios, prestaciones sociales y el
Reconocimiento y pago de la Pensión de
Jubilación de que trata el artículo 98 del
Decreto Ley 1214 de 1990 frente a la
petición inicial del 19 de diciembre de
2020». Así como la inexistencia de acto
administrativo de destitución del cargo de
operario de sistemas en el Comando Aéreo
de Combate 3.

La nulidad «del acto administrativo
complejo conformado por el fallo
disciplinario conformado por el Fallo
Disciplinario de Primera Instancia del 10 de
agosto de 1999 proferido por el Comando

20

Radicado: 08001-23-33-000-2022-00069-01 (0152-2025)
Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

Aéreo de Combate No.3 y el Fallo
Disciplinario Ficto o Presunto de Segunda
Instancia mediante el cual el Comando de
la Fuerza Aérea Colombiana resolvió la
nulidad de todo el proceso administrativo
Disciplinario No. 013-CACOM -3/99
planteada el día 3 de septiembre de 1999
antes de que se notificara el fallo de primera
instancia en debida forma y se resolvió
confirmar la Sanción de Destitución del 10
de agosto de 1999» (sic).

La declaratoria de inexistencia de solución
de continuidad para todos los efectos
legales.

El retiro de las declaraciones de Alfredo
González Maragua y Edward Sánchez
Garzón, así como la motivación contenida
en los actos administrativos sancionatorios,
mediante los cuales se le imputó
falsamente la conducta delictiva
«consistente en la realización del homicidio
de tres personas afectado con ello de
manera permanente sus derechos a la
honra, buen nombre y de manera grave el
derecho al trabajo» y la emisión de excusas
públicas por ello.
2) Como consecuencia de lo anterior y a
título de restablecimiento del derecho,
solicitó el reintegro al cargo que 2) Como consecuencia de lo anterior y a
desempeñaba con efectividad a la fecha de título de restablecimiento del derecho,
su destitución, sin perjuicio de los ascensos solicitó el reintegro al cargo de operario de
a que hubiese lugar teniendo en cuenta su sistemas que desempeñaba, sin perjuicio
antigüedad. de los ascensos a que haya lugar teniendo
en cuenta la antigüedad o en otro cargo de
iguales o mejores condiciones.
3) El reconocimiento y pago de los sueldos,
aumentos, primas, bonificaciones, 3) El reconocimiento y pago de «los salarios
subsidios, vacaciones, y demás derechos dejados de percibir, los cuales deben ser
dejados de percibir, desde la fecha de su actualizados y de acuerdo a su grado y
destitución y hasta cuando fuese antigüedad, las primas con sus respectivos
efectivamente reintegrado, así como todas aumentos o reajustes de ley,
las sumas que demuestre haber pagado bonificaciones, auxilio de cesantías e
por concepto de servicios médicos, intereses sobre las mismas, auxilio de
hospitalarios, farmacéuticos, odontológicos transporte, alimentación, vacaciones, etc.,
y de laboratorio clínico. cualquier otro a que haya tenido derecho
por ascensos y demás dejados de percibir,
desde el día 1 de diciembre de 1999 hasta
que la fecha en la cual se haga efectivo el

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00069-01 (0152-2025)
Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

reintegro al cargo o hasta la fecha en la cual
se incluya en nómina de la pensión de
Jubilación, durante el tiempo que se le ha
mantenido por fuera del cargo de manera
ilegal por la suma de QUINIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO UN
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
4) La declaratoria de inexistencia de OCHO PESOS ($532.101.498.00) M/Cte»
solución de continuidad para todos los (sic).
efectos legales, especialmente, para el
reconocimiento de las prestaciones 4) la indexación de las sumas adeudadas,
sociales. de conformidad con lo previsto en el inciso
final del artículo 187 del CPACA.
5) El cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 176, 177 y 178 del
Decreto 01 de 1984 (CCA). 5)«A título de indemnización por el daño
moral causado» a él, y a sus padres y
hermanos 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes por cada uno.

6) El reconocimiento de la pensión de
jubilación «por tiempo continuo en el Cargo
de Operario de Sistemas, consagrada en el
artículo 98 del Decreto Ley 1214 de 1999»
(sic).

7) Oficiar a la Procuraduría General de la
Nación para que se retiren de sus bases de
datos todos los registros relacionados con
la sanción impuesta mediante el fallo del 10
de agosto de 1999.

26. En consonancia con lo expuesto, se advierte que en el presente asunto se
configura la identidad de objeto, pues, aunque en esta oportunidad el demandante
incorpora nuevas declaraciones y dirige sus pretensiones contra actos fictos
derivados uno de la omisión de solución al recurso de apelación presentado contra
el fallo disciplinario de primera instancia y otros sobre actuaciones posteriores, lo
cierto es que la finalidad perseguida es igual, esto es, cuestionar la legalidad del
proceso disciplinario 013-CACOM-3/99 y la sanción de destitución impuesta
mediante la decisión del 10 de agosto de 1999, para obtener su reintegro al cargo
de operario de sistemas del Comando Aéreo de Combate 3, el reconocimiento de
salarios y prestaciones dejados de percibir, y, adicionalmente, el reconocimiento de
una pensión que, en todo caso, sería producto de las declaraciones en caso de
accederse a las pretensiones. En consecuencia, las nuevas solicitudes formuladas
no modifican el objeto de la controversia, sino que se constituyen en una estrategia
procesal encaminadas a obtener idénticos efectos jurídicos respecto de situaciones
administrativas que ya fueron sometidas al control judicial.

27. No resulta admisible que el demandante, mediante la presentación de nuevas

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00069-01 (0152-2025)
Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

peticiones administrativas, provoque pronunciamientos expresos o fictos de la
administración con el propósito de reabrir una controversia ya definida de subsanar
omisiones en que incurrió al promover el primer proceso judicial. En efecto,
mediante la petición presentada ante el Ministerio de Defensa el 18 de diciembre de
2020, entre otras, solicitó que se reconociera la existencia de un acto ficto mediante
el cual se habría resuelto la apelación contra el fallo disciplinario, se declarara la
prescripción de la acción y de la sanción disciplinaria, se ordenara su reintegro al
cargo, el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir y el reconocimiento de
la pensión prevista en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990. Sin embargo, tales
solicitudes guardan una relación directa con la legalidad de la actuación disciplinaria
y de la destitución que constituyeron precisamente la base de la controversia
suscitada en el proceso promovido en el año 2000.

28. Adicionalmente, está acreditado que el fallo disciplinario de primera instancia del
10 de agosto de 1999 fue notificado el 20 de igual mes y año, contra el cual interpuso
el recurso de apelación el 23 de igual mes y año. Si bien, el artículo 157 de la Ley
200 de 1995 estableció un término de 40 días para decidir la segunda instancia y la
administración no profirió decisión dentro de ese plazo, también lo es que, para el
21 de junio, fecha de presentación de la primera demanda, tal término ya había
fenecido. Por lo tanto, para ese momento el demandante conocía o estaba en la
posibilidad de alegar y demandar las consecuencias jurídicas derivadas de la
ausencia de decisión sobre el recurso, incluido el silencio administrativo que ahora
pretende hacer valer.

29. Lo anterior adquiere relevancia si se considera que el artículo 138 del CCA,
vigente al momento en el que se promovió el primer proceso, disponía que, cuando
el acto definitivo hubiera sido objeto de recursos en «vía gubernativa», debía
demandarse también las decisiones que lo modificaran o confirmaran y que, si se
alegaba la configuración del silencio administrativo, era necesario acompañar la
demanda con la prueba que lo demostrara. En consecuencia, el demandante
contaba con la carga procesal de cuestionar en esa oportunidad tanto la actuación
disciplinaria como las decisiones derivadas del trámite del recurso interpuesto,
incluso las consecuencias jurídicas de la falta de respuesta de la administración.

30. De esta manera, la pretensión actual de obtener la declaratoria de existencia y
posterior nulidad de los actos fictos constituye un intento de suplir una omisión
procesal que debió plantearse en el curso del primer proceso judicial, sin que ello
tenga la virtualidad de generar un nuevo objeto de litigio o de impedir que se
configure la cosa juzgada.

31. Ahora, en lo que a la identidad de causa se refiere, corresponde a la Sala verificar
si los hechos que sustentaron las demandas son similares en los dos asuntos,
respecto de lo cual se observa que:

Expediente 080001-23-31-000-2000- Expediente 08001-23-33-000-2022-
00733-00 00069-00/01 [asunto en estudio]

23

Radicado: 08001-23-33-000-2022-00069-01 (0152-2025)
Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

«El señor LUIS GABRIEL URUETA «El Señor LUIS GABRIEL URUETA
ROMERIN, ingresó a la Fuerza Aérea ROMERIN, identificado con la cédula de
Colombiana, el día 1 de septiembre de ciudadanía No.19.890.434 expedida en
1.993, como Adjunto Tercero, y fue San Juan Nepomuceno – Bolívar, se
ascendido como Adjunto Segundo el día I vinculó legalmente al Ministerio de Defensa
de septiembre de 1996, con especialidad Nacional – Fuerzas Militares como miembro
en informática y sistemas, y laboró hasta el activo del Personal Civil de las Fuerzas
30 de noviembre de 1999, de conformidad Militares - Fuerza Aérea Colombiana, a
con la O.A.P. No 0-123.» partir del 1° de septiembre de 1993.»

«Fue nombrado y se posesionó para
desempeñar el cargo de Operario de
Sistemas en el Comando Aéreo de
Combate No.3 en la categoría de Adjunto
Tercero».

«El día domingo 28 de Marzo/99, (…), se
trasladó a la población de San Cayetano
(Bol], donde residen sus familiares, porque
necesitaba conseguir un dinero que un tío
político le Iba a prestar una vez allí no tuvo
acceso al dinero pues el tío había sido
extorsionado, presuntamente por un frente
guerrillero, por lo que él indagó sobre los
detalles de este hecho, y en consecuencia
según sus palabras "procedí contra ellos",
es decir, contra los extorsionistas,
enviándoles un mensaje." "También
encontró que uno de sus hermanos, luego
de terminar la prestación del servicio
militar, por razones no conocidas, entró en
un severo estado depresivo, que
lamentablemente puso fin a su existencia.
Todas estas situaciones, la imposibilidad
de conseguir dinero, el estado de salud de
su hermano y la imposibilidad de
comunicarse telefónicamente con la Base
Aérea. por encontrarse la Unidad
operadora de TELECOM, fuera de servicio
durante los días 28 de Marzo a 5 de
Abril/99, como consta en el folio 54 del
paginario disciplinario (Certificación de la
operadora del SAl de San Cayetano),
Impidieron efectivamente, que el actor se
presentase a su sitio de trabajo, quien para
estar el 5 de Abril/99 en este debió "
desplazarse a Barranquilla, pidiendo
chances»

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00069-01 (0152-2025)
Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

«El día 5 de Abril, cuando se presentó a su «El día cinco (5) de abril de 1999 el Señor
sitio de trabajo, se le pidió al D2 URUETA, Ricardo Rubianogroot Román comandante
un sírvase informar sobre los motivos de su del Comando Aéreo de Combate No.3
ausencia, los días 29, 30 y 31 de marzo de presentó denuncia penal escrita contra el
1.999, y así lo hizo, pero no expresó las Señor LUIS GABRIEL URUETA ROMERIN
razones que la ocasionaron, en su plenitud, a quien le imputó falsamente la conducta
por considerar que éstas hubieran podido típica delictiva del inexistente homicidio de
afectar su estabilidad laboral (es decir, la tres personas.»
de tener un hermano con problemas
sicológicos y con intentos de suicidio). Sin
embargo, el Comando Aéreo de Combate
No 3, y su Auditoría de Guerra,
consideraron que la conducta constituía
falta gravísima, de las contempladas en el
artículo 25 del Código Disciplinario Único y,
en consecuencia, por auto de abril 19/99,
declararon abierta la investigación.»

«Como mi representado el expresó «El día 19 de abril de 1999, el Señor
verbalmente al TC ALFREDO GONZÁLEZ Ricardo Rubianogroot Román, comandante
MARAGUA, las verdades razones de su del Comando Aéreo de Combate No.3
ausencia, y utilizó la expresión "procedí ordenó la apertura de la Investigación
contra ellos", inmediatamente el superior Administrativa Disciplinaria No. 013-
de mi representado en una interpretación CACOM-3/99 y formuló cargos.»
paranoica, personal y equivocada informó
al Comandante RUBIANOGROOT, los
hechos que originaron la ausencia, y en su «El Disciplinado Justificó su conducta a
dicho, como se lee a folio 29, manifestó: "El través de su versión libre y sus descargos
señor URUETA, manifiesta: "... el salió de debido a que presentó problemas familiares
la ciudad de Barranquilla el día domingo 28 y las líneas telefónicas estaban fuera de
de marzo, hacia la casa de un tío que vive servicio.»
en un corregimiento cerca de San Juan de
Nepomuceno Bolívar (sic) que al llegar allí «El día 20 de agosto de 1999, le fue
el tío le manifestó que no le podía prestar notificado al Señor LUIS GABRIEL
el dinero que le había pedido porque está URUETA ROMERIN el auto del 10 de
siendo extorsionado aparentemente con la agosto de 1999 pero no entregó copia de la
vacuna guerrillera, entonces a él le dio providencia sancionatoria, como tampoco
mucha rabia y le manifiesta que es una indicó los recursos procedentes, las
banda de 6 a 9 personas de la cual le dio autoridades ante quienes presentarlos ni
muerte a 3 de ellas en dos (2) sitios los plazos para hacerlo.»
diferentes pero dentro de la misma
jurisdicción municipal...". y le manifestó al «(…) el día 23 de agosto de 1999, el Señor
señor URUETA, que era su deber como LUIS GABRIELURUETA ROMERIN,
autoridad al conocer de un delito ponerlo a estando dentro de los términos legales,
disposición de la autoridad competente. presentó ante el Señor Segundo
Inmediatamente, en las instalaciones de la comandante del Comando Aéreo de
base Aérea, se realizó una reunión Combate No. 3 recurso de apelación»
presidida por el Coronel Comandante de la
Unidad, el Segundo Comandante, el Mayor «Luego, el 1 de diciembre de 1999,
Auditor de Guerra, el Capitán Jefe del procedieron a retirar al actor del servicio,

25

Radicado: 08001-23-33-000-2022-00069-01 (0152-2025)
Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

Departamento COMA-2 y el señor sin haberlo notificado previamente en
URUETA, que tuvo como conclusión la debida forma, por alguno de los medios que
presentación de la denuncia ante la fiscalía autoriza la Ley 200 de 1995, de acto
Seccional, y efectivamente sucedió. El administrativo en firme que le haya
comandante RUBIANOGROOT, lo retuvo destituido del cargo de Operario de
en su Despacho, diciéndole que lamentaba Sistemas.»
haberlo conocido, y lo condujo escoltado
con dos soldados hasta Barranquilla, y lo
puso a disposición de aquella, presentando «Para llevar a cabo la ejecución anticipada
la denuncia respectiva.» del citado fallo, el día 1 de diciembre de
1999, procedieron a notificarle a mi
representado el retiro del Servicio –
Radiograma número 19493-JER-DIPER-
SADMA-3-109 de fecha 18 de noviembre
de 1999, manifestándole a mi representado
que contra esa decisión no procedía
recurso alguno, pero sin haber resuelto la
apelación de la sanción indebidamente
notificada y la solicitud de nulidad de todo lo
actuado.»

«Por lo anterior, el día 1 de diciembre de
1999 – Folio 150, cuando se retiró al
demandante del servicio la decisión
sancionatoria con destitución del 10 de
agosto de 1999 proferida por el Comando
Aéreo de Combate No. 3 no se encontraba
en firme debido a que se había presentado
recurso de apelación ante el Segundo
Comando y éste debió remitir al funcionario
competente que no estuviese impedido o al
Comando de la Fuerza Aérea para lo de su
competencia en materia de impedimento.»

32. También se configura la identidad de causa, pues los 2 procesos encuentran
sustento en iguales supuestos fácticos. En ambos procesos, el demandante
fundamentó sus pretensiones en los hechos relacionados con la investigación
disciplinaria 013-CACOM-3/99, iniciada con ocasión de una ausencia laboral
durante el 29, 30 y 31 de marzo de 1999, la expedición de un fallo disciplinario de
primera instancia del 10 de agosto de 1999 y el retiro del servicio como
consecuencia de la sanción impuesta. Así pues, los hechos constitutivos de la
controversia están relacionados y corresponden a la misma secuencia fáctica
originada en el proceso disciplinario que terminó en la destitución del demandante.

33. Lacircunstancia de que en el presente proceso se invoquen actos fictos
derivados de silencios administrativos o de una petición presentada en el año 2020
no altera tal identidad, pues esas actuaciones no alegan hechos nuevos e
independientes, sino que se fundamentan en los que sirvieron de base a la demanda
promovida en el año 2000.

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Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

34. Además, al confrontar los conceptos de violación expuestos en ambos procesos
se observa que pretenden demostrar las mismas irregularidades de la actuación
disciplinaria. En esa medida, tanto en la demanda promovida en el año 2000 como
en la presente, el actor señaló que la administración desconoció el principio de
legalidad al sancionarlo por una conducta que no configuraba el abandono
injustificado del cargo en los términos previstos en el artículo 30 del Decreto 1214
de 1990, porque su ausencia había sido temporal, pues fue de 3 días y no de 5
como lo exigía esa norma; además, se encontraba justificada. De igual forma, alegó
la vulneración del derecho al debido proceso y para tal efecto adujo irregularidades
en el ejercicio de su defensa, en la formulación de cargos, falta de motivación de la
decisión sancionatoria y la configuración de una causal de impedimento o
recusación respecto del funcionario que emitió la decisión.

35. Así, aunque en la presente demanda tales reproches se desarrollaron con mayor
amplitud argumentativa, las inconformidades giran en torno a cuestionar la validez
del proceso disciplinario por los presuntos desconocimientos al debido proceso y al
principio de legalidad, respecto de los cuales argumentó que la conducta atribuida
no constituía una falta disciplinaria y que la actuación administrativa estuvo
permeada por irregularidades. En consecuencia, pese a que en el presente proceso
hubo una ampliación de los argumentos inicialmente planteados en el proceso inicial
ello no desvirtúa la identidad de causa, pues esta se determina por los hechos y
fundamentos esenciales del debate, y no por la mayor elaboración de alegaciones
con la que posteriormente se pretende sustentar un nuevo proceso.

36. Adicionalmente, como fue expuesto por el a quo, la sentencia del 30 de junio de
2004 proferida dentro del proceso con radicado: 080001-23-31-000-2000-00733-00
por el Tribunal Administrativo del Atlántico señaló que «no se desconoció el debido
proceso, puesto que las providencias del 10 de agosto de 1999, del 3 de septiembre de
1999 y la Orden Administrativa de Personal No 1-023 del 1 de diciembre de 1999, por la
cual se destituyó al actor, debido a que el proceso disciplinario se tramitó conforme a la Ley
200 de 1995, que regía para la fecha de la ocurrencia de los hechos, y no el Decreto 085
de 1989, por lo tanto no existe, razón alguna para invalidarlo, puesto que el actor incurrió
en la falta tipificada en el artículo 25 numeral 8 de dicha ley, la cual no pudo desvirtuar»
(sic).

37. Asimismo, precisó que «la conducta asumida por el demandante fue tipificada
administrativamente y en forma definitiva dentro del procedimiento establecido en el artículo
25, numeral 8 de la ley 200 de 1995, siendo catalogada como falta constitutiva de mala
conducta, la cual puede ser penada entre otras sanciones, con la separación absoluta del
cargo y la sanción accesoria de inhabilidad para el desempeño de funciones públicas» (sic).

38. Finalmente,indicó que la actuación administrativa había estado ajustada a
derecho, conforme con el procedimiento establecido y con todas las garantías
procesales y probatorias establecidas en el Estatuto Disciplinario.

39. Al respecto, se precisa que la institución jurídica procesal de la cosa juzgada

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otorga a las sentencias un carácter definitivo y vinculante, lo cual impide a los jueces
decidir sobre una discusión que ya ha sido resuelta en sede judicial, y garantiza la
seguridad jurídica de las sentencias inter- partes.

40. En ese orden, como de manera detallada se analizó, en los dos procesos era
necesario abordar el análisis de similar objeto y causa, esto es, la legalidad del
proceso disciplinario 013-CACOM-3/99 y la sanción de destitución impuesta
mediante la decisión del 10 de agosto de 1999, para obtener su reintegro al cargo
de operario de sistemas del Comando Aéreo de Combate 3, el reconocimiento de
salarios y prestaciones dejados de percibir, entre otras, razón por la cual se
encuentra que sus planteamientos fueron resueltos por el juez competente en aquel
asunto.

41. Así las cosas, esta Sala concluye que se encuentra acreditada la identidad de
partes, objeto y causa jurídica, por lo que se configura la cosa juzgada, razón por la
cual se confirmará la sentencia proferida el 8 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante la cual se declaró
probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte demandada.

42. Ahora bien, entre los argumentos del recurso de apelación el demandante señaló
que una de las magistradas que integró la Sala que resolvió la primera instancia
estaba incursa en una causal de impedimento por haber conocido y emitido
pronunciamiento previo sobre los mismos hechos dentro del proceso con radicado:
080001-23-31-000-2000-00733-00. En ese contexto, se advierte que, aunque no
precisó el fundamento normativo puede inferirse que corresponde a la prevista en
el numera 2 del artículo 141 del Código General del Proceso que señala «[h]aber
conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su
cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral
precedente» (sic).

43. No obstante, en relación con este punto se aclara que la intervención de la
magistrada fue en este mismo proceso en tanto fue la magistrada a la que, por
reparto, le correspondió conocer del asunto y quien en consecuencia realizó varias
actuaciones anteriores. Cabe aclarar que en el trámite del asunto el demandante no
formuló recusación alguna en su contra; por el contrario, fue hasta el recurso de
apelación que alegó que estaba incursa en una causal de impedimento, razón por
la cual no se advierte la vulneración de los derechos al debido proceso e
imparcialidad.

44. Por otra parte, el demandante también alegó que el a quo desconoció su derecho
a la tutela judicial efectiva al abstenerse de pronunciarse sobre las reclamadas
irregularidades que, a su juicio, afectaron el proceso disciplinario. Sobre el
particular, se advierte que este derecho «es parte estructural del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia y, a su vez, tiene relación directa con los principios
de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica. El ejercicio del derecho de acción y de
contradicción, la emisión de un fallo que dirima el conflicto planteado y el efectivo
cumplimiento de las decisiones judiciales amparadas por el principio procesal de la cosa

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juzgada, son estandartes del acceso a la administración de justicia como pilar del Estado
social de derecho, de la justicia como valor superior y de la realización de los fines
esenciales del Estado»38 (sic).

45. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional39 ha precisado que este
derecho comprende «i) la posibilidad formal para activar el ejercicio jurisdiccional, esto
es, el derecho de acción; (ii) la emisión de un fallo que, de manera cierta, dirima el conflicto
planteado; y (iii) el efectivo cumplimiento de las sentencias judiciales en firme» (sic).
Igualmente, ha señalado que los particulares y las entidades públicas acuden a la
administración de justicia con una expectativa legítima de que la pretensión que
invocan va a ser resuelta, favorable o desfavorablemente, por los jueces
competentes, independientes y autónomos, con fundamento en los supuestos
fácticos acreditados, los procedimientos legalmente establecidos y las pruebas
valoradas bajo los postulados de la sana crítica. En tal sentido, el derecho a la tutela
judicial efectiva no solo garantiza el acceso a la administración de justicia y la
obtención de una decisión de fondo, sino también impone el cumplimiento de las
decisiones judiciales y el respeto por el principio de la seguridad jurídica, esta última
representada en el principio de cosa juzgada.

46. Bajo ese contexto, la Sala considera que no se desconoció el derecho a la tutela
judicial efectiva, toda vez que, aunque el demandante plantea su inconformidad bajo
la óptica de la falta de pronunciamiento sobre el recurso de apelación del fallo
disciplinario y distintas irregularidades en ese procedimiento, lo cierto es que su
pretensión se dirige, en esencia, a cuestionar la validez del proceso disciplinario. En
ese sentido, plantea que se reevalúen los presupuestos de desconocimiento al
debido proceso y al principio de legalidad que, a su juicio, afectaron la actuación
administrativa. Sin embargo, tal y como se expuso previamente, tales
cuestionamientos ya fueron objeto de análisis y decisión en un proceso judicial
anterior en el que se emitió un pronunciamiento de fondo sobre los cargos ahora
planteados, por lo cual se configuró la cosa juzgada, lo que impide un nuevo estudio
de iguales controversias.

2.5. Costas

47. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

48. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y

38
Sentencia SU 335-2023.
39
Ibidem.

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solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

49. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma40.

50. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
esas costas.

51. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandante.

3. Conclusión

52. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la identidad de
partes, objeto y causa jurídica con la sentencia proferida dentro del expediente con
radicado 080001-23-31-000-2000-00733-00, por lo que se configuró la cosa
juzgada.

53. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 8 de mayo de 2024
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, en la cual se
declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 8 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante la cual se declaró
probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte demandada en el
medio de control presentado por Luis Gabriel Urueta Romerin contra la Fuerza
Aérea Colombiana.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

40En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00069-01 (0152-2025)
Demandante: Luis Gabriel Urueta Romerin y otros

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

31

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