Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2022-00121-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2022-00121-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 08001-23-33-000-2022-00121-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
2 de julio de 2026
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00121-01 (28279)
Demandante: Cementos Argos S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2022-00121-01 (28279)
Demandante: Cementos Argos S.A.
Demandada: U.A.E. Dian
Temas: Precios de transferencia. Intereses en préstamos a sociedades
vinculadas. Tasa de interés. Moneda y mercado del deudor frente a
costo de oportunidad del acreedor. Calificación crediticia. Selección
de comparables y asociación pasiva o apoyo implícito del grupo.
Alcance del recurso de apelación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del
5 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos1:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la liquidación oficial de renta No. 00007 del 1
de diciembre de 2020, por medio de la cual se modificó la declaración de renta del año 2016
presentada por Cementos Argos S.A., así como la Resolución No. 011546 del 20 de
diciembre de 2021, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto
administrativo en mención, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la sentencia, en los
siguientes ítems:
1. Del mayor valor a declarar por la operación realizada que asciende a la suma de
$11.678.289.919.
2. De la sanción impuesta por concepto de inexactitud.
SEGUNDO: NEGAR las demás súplicas de la demanda
(…)”
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
El 26 de abril de 2017, la sociedad Cementos Argos S.A. presentó su declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2016, en la
cual reportó un saldo a favor2.
El 25 de julio de 2017, la demandante presentó la declaración informativa individual de
precios de transferencia mediante el formulario nro. 1211600074415, en la cual reportó
operaciones con vinculados del exterior así: (i) operaciones de ingreso por
$91.107.542.000; (ii) operaciones de egreso por $7.457.541.000; (iii) monto total del
principal recibido $224.196.800.000; y (iv) monto total del principal prestado por
$943.344.128.0003. En la misma fecha, Cementos Argos presentó la documentación
comprobatoria a través del formulario nro. 1000665143708984.
1
Samai Tribunal, anotación nro. 39, pp. 44 y 45.
2
Samai Tribunal, anotación nro. 6, documento 6, p. 20 (f. 11 c.a.a.).
3
Ibidem, p. 16 (f. 7 c.a.a.).
4
Ibidem, p. 8 (f. 3 c.a.a.).
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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00121-01 (28279)
Demandante: Cementos Argos S.A.
El 30 de agosto de 2019, la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla de la
U.A.E. Dian expidió el Emplazamiento para Corregir nro. 0223820190000445. El 3 de
octubre de 2019, la demandante presentó respuesta al emplazamiento para corregir
mencionado, con ocasión del cual decidió corregir su declaración privada del impuesto
sobre la renta y complementarios del año gravable 2016 a través del formulario nro.
1112608424887. En esta corrección, mantuvo el saldo a favor inicialmente declarado6.
El 26 de diciembre de 2019, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos de Barranquilla expidió el Requerimiento Especial nro. 900014.
A juicio de la administración, había lugar (i) a modificar el método de análisis de la
operación de venta de inventario (Precio de Reventa), por el de Márgenes
Transaccionales de Utilidad en la Operación (TU) con el Margen Operativo (MO) como
indicador de utilidad, y (ii) a modificar la tasa de interés utilizada para declarar las
operaciones de préstamos a su vinculada Argos USA Corp.
Como consecuencia de lo anterior, propuso modificar la declaración del impuesto sobre
la renta presentada por Cementos Argos por el año gravable 2016, en el sentido de (i)
adicionar la suma de $11.768.270.000 en el renglón de ingresos brutos operacionales,
y la suma de $60.169.457.000 en el renglón de intereses y rendimientos financieros, (iii)
modificar el valor de la renta gravable, (iii) adicionar el impuesto a cargo en
$8.610.093.000, e (iv) imponer una sanción por inexactitud en cuantía equivalente al
mayor valor del impuesto7.
El 6 de abril de 2020, Cementos Argos S.A. presentó una corrección a la documentación
comprobatoria correspondiente al año gravable 2016, a través del formulario
100066518459551, junto con una constancia de pago de la sanción por corrección de la
documentación comprobatoria de que trata el numeral 7 del literal a) del artículo 260-11
del ET8.
El 16 de abril de 2020, Cementos Argos S.A. presentó respuesta al Requerimiento
Especial nro. 900014, en la cual explicó (i) que en la corrección de la documentación
comprobatoria, había cambiado el método de análisis de la operación de ingresos por
venta de caliza, del Precio de Reventa (PR), al de Precio Comparable No Controlado
(PC), (ii) que para las operaciones de venta de inventario de materiales diferentes a
caliza, utilizó el método de análisis de Márgenes Transaccionales en la Utilidad de la
Operación (TU), con el margen sobre costos y gastos (MCG) como indicador de utilidad.
Así mismo, argumento la improcedencia (i) del ajuste propuesto por la administración
respecto de las operaciones de ingresos por intereses sobre préstamos a su vinculada
en el exterior y de (ii) la sanción por inexactitud9.
El 1 de diciembre de 2020, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos de Barranquilla expidió la Liquidación Oficial de Revisión nro.
00007, mediante la que modificó oficialmente la declaración del impuesto sobre la renta
y complementarios presentada por la demandante por el año gravable 2016, en los
términos indicados en el Requerimiento Especial 900014 del 16 de abril de 2020 10.
El 12 de febrero de 2021, Cementos Argos interpuso recurso de reconsideración contra
la Liquidación Oficial de Revisión nro. 00007 de 1 de diciembre de 2020, en el que reiteró
las razones por las que consideraba que resultaban improcedentes las modificaciones
propuestas por la administración de impuestos a la declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios presentada por la demandante por el año gravable 201611.
5
Samai Tribunal, anotación nro. 6, documento 15, p. 33 (f. 622 c.a.a.).
6
Samai Tribunal, anotación nro. 6, documento 16, p. 48 (f. 724 c.a.a.).
7
Samai Tribunal, anotación nro. 6, documento 21, p. 31 (f. 1018 c.a.a.).
8
Ibidem, p. 80 (f. 1045 c.a.a.).
9
Ibidem, p. 60 a 79 (f.1035 a 1044 c.a.a.).
10
Samai Tribunal, anotación nro. 9, p. 116 a 170, (f. 114 a 168 c.p.).
11
Samai Tribunal, anotación nro. 6, documento 25, p. 7 a 66 (f. 1285 a 1314 c.a.a.).
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Demandante: Cementos Argos S.A.
Posteriormente, la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica de la DIAN profirió la Resolución 011546 del 20 de diciembre de 2021, que
resolvió el recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial de Revisión nro.
00007 de 1 de diciembre de 2020, confirmándola en todas sus partes 12.
DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Pretensiones de la demanda y normas violadas
La sociedad Cementos Argos S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y actuando a través de apoderado,
formuló las siguientes pretensiones13:
A. Que se declare la nulidad total de los siguientes actos administrativos:
1. La Liquidación Oficial de Revisión nro. 00007 del 1 de diciembre de 2020, proferida por la
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de
Barranquilla, mediante la cual se modificó oficialmente la declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios presentada por la Compañía por el año gravable 2016.
2. La Resolución nro. 011546 del 20 de diciembre de 2021, expedida por la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de
Impuestos y Adunas [sic] Nacionales –DIAN – Nivel Central, mediante la cual se resolvió el
recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo en mención.
B. Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de Cementos Argos en los siguientes
términos:
1. Que se declare la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios
presentada por la Compañía por el año gravable 2016.
2. Que se declare que no son de cargo de Cementos Argos las costas en que hubiere incurrido
la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciones con relación a la actuación administrativa
demandada, ni las de este proceso.
3. Que se condene a la parte demandada y a favor de mi representada, al pago de las costas
y agencias en derecho en las cuales haya incurrido para su defensa en el trámite del
presente medio de control.
Para determinar el monto de la condena en costas, esto es, de las expensas en que incurrió
la Compañía para la atención del proceso (Vr. gr. notificaciones, honorarios del perito,
copias, entre otros) y las agencias en derecho (Vr. gr. honorarios de abogados), solicito se
tengan en cuenta las pruebas aportadas junto con el escrito de demanda inicialmente
presentado y esta reforma demanda [sic].
No obstante, teniendo en cuenta que existen expensas y agencias en derecho que se
causarán con posterioridad a la presentación de esta última (Vr. gr. honorarios de abogados
que se causan en otras etapas del proceso), solicito que los soportes de tales gastos se
puedan aportar en el momento en que se debe hacer la liquidación de la condena en costas,
siguiendo lo establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A. y el artículo 366 del Código
General del Proceso (en adelante “C.G.P.”), así como lo previsto en el Acuerdo Nro.
PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias
en derecho”, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura”.
La demandante invocó como vulnerados los artículos 83, 95 numeral 9, y 363 de la
Constitución Política; 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), y 260-2, 260-3, 260-4, 260-11, 647 y 648, 742 y 746 del Estatuto
Tributario.
12
Samai Tribunal, anotación nro.9, p. 172 a 214 (ff. 170 a 212 c.p.).
13
Ibidem, p. 4 (f. 2 c.p.).
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Demandante: Cementos Argos S.A.
El concepto de violación de las normas citadas como vulneradas en la demanda, así
como las oposiciones incorporadas en la contestación de la demanda, se resumen a
continuación:
Adición de ingresos por la venta de inventarios (caliza y otros diferentes a caliza):
1. La demandante, en cuanto a la caliza, defendió que el método del precio comparable
no controlado (PC), en su versión interna, era el técnicamente adecuado y de aplicación
preferente conforme a la ley, que ordena utilizar comparables internas cuando existan.
Sostuvo que comparó los precios pactados con Zona Franca Argos S.A.S. con los
pactados por esta con el tercero independiente AGM Desarrollos S.A.S. para el mismo
período, y que las objeciones de la DIAN no impedían la comparabilidad. Respecto del
transporte, alegó que el distinto medio empleado -bandas transportadora en la operación
vinculada, frente a camiones en la realizada con AGM- no afectaba la comparación,
pues en el estudio se efectuó el ajuste por flete para llevar el producto a precio de planta.
La facturación separada del transporte por el tercero obedecía a políticas propias de
cada compañía y no era razón para descartar la comparabilidad.
También señaló que la Administración incurría en contradicción, al exigir las facturas del
transporte facturado por AGM para luego reconocer que ese valor estaba demostrado y
no era objeto del litigio. Respecto del volumen, afirmó que la variación en las cantidades
adquiridas no incidió en el precio, según se constataba al no haberse modificado este
en función de aquellas, de modo que un ajuste por volumen resultaba innecesario, y que
tales variaciones eran propias del sector.
En cuanto a inventarios diferentes a caliza (chert triturado y otros), la demandante
coincidió con la DIAN en el método de márgenes transaccionales de utilidad de
operación (MTU), pero discrepó en dos aspectos: la parte analizada y el indicador de
rentabilidad. Sostuvo que la parte analizada debía ser Cementos Argos -y no Zona
Franca Argos S.A.S., como lo hizo la Administración-, por ser aquella cuya información
permite el menor número de ajustes y respecto de la cual existen comparables
identificables. Señaló, además, que el indicador correcto era el margen sobre costos y
gastos (MCG) y no el margen operativo (MO), porque el primero es apropiado para
operaciones de manufactura y el segundo para operaciones de distribución, siendo que
la estructura operativa de Zona Franca Argos -con un ratio de gastos/ingresos distinto-
difería de la de los comparables e impactaba la rentabilidad esperada a nivel operativo.
Reprochó, además, que la DIAN se hubiera limitado a modificar el método y el indicador
aplicándolos sobre los mismos comparables seleccionados por la demandante, tomando
lo que le convenía del estudio y desechando el resto, sin justificación técnica suficiente.
Estos argumentos fueron respaldados por el concepto técnico de Garrigues Colombia
S.A.S., aportado por el demandante, que calificó de técnicamente inadecuado el
enfoque de la DIAN -por desestimar un método directo como el PC, de aplicación
preferente-, sostuvo que no era idóneo emplear la información financiera de Zona
Franca Argos cuando se contaba con la de Cementos Argos y con precios de
operaciones comparables. De igual manera, precisó que el MO sirve para evaluar
distribución y el MCG para manufactura. En el mismo sentido se invocó el dictamen
pericial de Mazars Legal Services S.A.S., en cuanto a la razonabilidad técnica del
método y los márgenes empelados por la demandante.
2. La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda14 y defendió la legalidad de los
actos demandados, por estimarlos ajustados a la normativa tributaria y a las Directrices
de la OCDE, como criterio auxiliar de interpretación del régimen de precios de
transferencia. Precisó el marco aplicable: el régimen busca que las operaciones con
vinculados del exterior se realicen a valores de mercado, conforme las habrían pactado
14
Samai Tribunal, índice 23.
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Demandante: Cementos Argos S.A.
partes independientes en operaciones comparables (principio de plena competencia), lo
que se concreta en la presentación de la declaración informativa y de la documentación
comprobatoria, y en la correcta aplicación de los métodos previstos en los artículos 260-
3 y 260-4 del Estatuto Tributario y del Decreto 3030 de 2013, atendiendo a las
características de los bienes, el análisis funcional -funciones, activos y riesgos-, los
términos contractuales y las circunstancias económicas de la transacción.
La Administración sostuvo que la metodología correcta para analizar la venta de
inventario producido -caliza, chert triturado y otros- era el método de MTU, por tratarse
de una operación manufacturera en la que el vinculado que adquiría el producto lo
afectaba con mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y otros materiales,
de modo que no procedía una metodología que comparara el precio de reventa. Afirmó
que los márgenes operacionales de Zona Franca Argos S.A.S. resultaron superiores a
los que habrían utilizado partes independientes en condiciones similares, por lo que, en
debida forma, ajustó los montos ubicándolos en la mediana de las transacciones
comparables, conforme al artículo 260-4 del Estatuto Tributario.
Respecto de la caliza, rechazó el uso del método PC efectuado por la demandante en
la corrección de la documentación comprobatoria, por considerar que la operación
tomada como comparable -la de Zona Franca Argos con AGM Desarrollos S.A.S.-
presentaba diferencias que impactaban el precio y la hacían no comparable. En cuanto
al transporte, sostuvo que las condiciones eran disímiles: (i) en la operación vinculada
el transporte se realizaba mediante bandas transportadoras de aproximadamente 5,2
kilómetros, implícito en el precio y no facturado de manera independiente, mientras que
en la operación con AGM el flete se facturaba por separado y representaba más de dos
veces el valor del producto; (ii) que el ajuste por flete pretendido no era preciso ni
razonable, pues equiparaba realidades distintas; y, que (iii) invocando el párrafo 2.17 de
las Directrices de la OCDE, las diferencias en las condiciones de transporte exigen
ajustes precisos que en el caso no eran posibles, dado que el valor del transporte en
bandas no estaba individualizado.
Precisó que, aunque la documentación comprobatoria no exige anexar facturas, el
contribuyente tenía la carga de aportarlas antes el requerimiento especial. También
afirmó que la verificación de las facturas del flete pagado a AGM no modificaba su
posición, por tratarse de operaciones no comparables. En cuanto al volumen, señaló
que existían diferencias significativas entre las cantidades de las operaciones vinculada
y comparable -reconocidas por la propia demandante-, frente a las cuales, conforme a
los párrafos 2.17 y 3.28 de las Directrices de la OCDE, debía evaluarse la procedencia
de un ajuste, análisis que la sociedad no documentó, lo que restaba idoneidad al
comparable interno. Igualmente reiteró que la preferencia por el método PC no es
absoluta y debe descartarse cuando no se cuenta con un comparable interno idóneo.
Respecto de los inventarios diferentes a caliza, insistió que el estudio se encontraba
errado en el indicador de rentabilidad y que el precio de mercado es el que arroja la
aplicación de método MTU, por considerar el margen operacional menos sensible a las
diferencias que pudiera afectar la operación.
Adición de ingresos por rendimientos financieros (préstamos a Argos USA Corp.).
1. Respecto de los intereses derivados del préstamo otorgado a Argos USA Corp., la
demandante sostuvo que también acreditó el cumplimiento del principio de plena
competencia y que los actos incurrieron en error en la aplicación del derecho y de las
normas técnicas del régimen de precios de transferencia. Sus argumentos se ordenaron
así:
a. Método y comparables. Empleó el método PC bajo el concepto económico del costo
de oportunidad, tomando como comparables las tasas de retorno que el prestamista
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tendría disponibles en el mercado para colocar sus excedentes de liquidez en títulos con
condiciones comparables. A partir de la búsqueda en Capital IQ de curvas de
rendimiento de bonos privados -atendiendo la calificación del riesgo, series de tiempo,
plazo, moneda, industria y tipo de operación- concluyó que las tasas pactadas con Argos
USA Corp. no eran inferiores al rango intercuartil de las comparables, por lo que el
ingreso declarado era consistente con el que se habría percibido con terceros
independientes.
b. Calificación crediticia. EL riesgo crediticio se calculó mediante la herramienta
CreditModel de Standard $ Poor's, con la información financiera de la deudora separada
al cierre del año previo al analizado (2015), por ser la disponible para otorgar el crédito
en 2016, arrojando una calificación de BB+. Reprochó a la DIAN incurrir en
contradicción, pues, tras sostener que la calificación debía atender únicamente al
deudor, tomó como referencia los TES ajustados con el spread por calificación BB+ -la
misma del estudio-, aplicable solo a operaciones en pesos en Colombia. Sobre la
industria, defendió que la clasificación de “materiales de construcción”, determinada con
base en el Estándar de Clasificación de la Industria Global (GICS), resultaba idónea
para una compañía cementera.
c. Asociación pasiva. Precisó que el análisis se realizó considerando la calificación de la
entidad independiente, sin la asociación pasiva, y que el apoyo implícito del grupo solo
se empleó para reconfirmar el resultado obtenido. Cuestionó que la DIAN exigiera, para
reconocer la asociación pasiva, que la garantía del grupo constara expresamente en el
contrato de mutuo, pues las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE en
Operaciones Financieras (par. 10.78) y el ejemplo del párrafo 1.164 reconocen el apoyo
implícito del grupo como factor relevante de la calificación. Indicó que la afirmación de
la Administración sobre el “conocimiento general” de que ningún tercero independiente
prestaría con base en un respaldo implícito carecía de soporte y contrariaba dichas
Directrices, reconocidas por la Corte Constitucional como herramienta interpretativa.
Agregó que el apoyo corporativo a Argos USA Corp. se evidenciaba en la renovación
constante de los préstamos, en ser una compañía controlada en su totalidad por el
grupo, parte del core del negocio, y en compartir el nombre de la matriz.
d. Selección de curvas. Aclaró que, por haber obtenido Argos USA Corp. una calificación
intermedia (BB+), se consideraron como comparables las curvas de las calificaciones
inmediatamente inferior y superior -BB y BBB-, y nos las BB+ y BBB+ que le atribuía la
Administración; ello, ante la imposibilidad de obtener bonos con la calificación exacta
del deudor, y depurado con el rango intercuartil conforme al artículo 260-3 de Estatuto
Tributario y al párrafo 3.57 de la Directrices de la ICDE. La selección de la curva BBB
no obedecía, entonces, a la asociación pasiva, sino al carácter intermedio de la
calificación.
e. Tasa analizada. Imputó a la DIAN un error técnico al tomar el 1,47% como “tasa
promedio”, cuando correspondía al spread o diferencia sobre la tasa de referencia,
mientras que la tasa pactada se compone de ese spread más la tasa de referencia.
Añadió que las tasas de los préstamos en Estados Unidos diferían sustancialmente de
las propuestas por la Administración -la tasa de interés promedio para préstamos a
entidades privadas en ese país fue de 3,512% en 2016-, lo que evidenciaba lo alejado
de los parámetros de mercado en que incurría la DIAN.
f. Moneda de referencia. Sostuvo que era improcedente analizar la operación con una
tasa en pesos como la de los TES, pues ello obligaría a descontar los componentes de
devaluación, riesgo país e inflación incorporados en esa tasa. Apoyada en el documento
técnico de Garrigues Colombia S.A.S., afirmó que la técnica de precios de transferencia
exige emplear tasas en la moneda en que se pacta el crédito -dólares-, que el lugar de
procedencia de los fondos no altera las condiciones de la deuda, y que comparar una
deuda en dólares con tasas en pesos equivale a afirmar que no existe diferencia entre
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Demandante: Cementos Argos S.A.
invertir en una u otra moneda. Con sustento en el dictamen pericial de Mazars Legal
Services S.A.S., agregó que dos alternativas de inversión denominada en monedas y
mercados distintos solo son comparables si se cuantifica el rendimiento adicional
asociado a la mayor percepción de riesgo y se efectúan los ajustes de exactitud
correspondientes, dada la diferencia de calificación soberana entre Estados Unidos
(AAA/AA+) y Colombia (BBB/BB-) y la devaluación implícita esperada del peso frente al
dólar.
Para soportar todo lo anterior, la demandante invocó la Declaración Informativa y la
Documentación Comprobatoria del año 2016, el concepto técnico de Garrigues
Colombia S.A.S aportado en sede administrativa y el dictamen pericial de Mazars Legal
Services S.A.S., todos en el sentido de que sus operaciones se pactaron a precios de
mercado y de que la metodología y los márgenes empleados eran técnicamente
razonables.
2. La DIAN defendió que la tasa pactada con Argos USA Corp. se ubicó por fuera del
rango de las operaciones comparables, lo que hizo necesario el recálculo de las cuotas
de amortización 11 y 12 correspondientes al año 2016, con la tasa determinada en la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración como mediana de las operaciones
comparables. Sus razones fueron las siguientes:
a. Calificación crediticia e industria. La calificación de la deudora se ratificó en BB+ sin
considerar la asociación pasiva, y la referencia a la actividad “materiales de
construcción” no resultaba suficientemente específica para determinar tasas
comparables. Las tasas tomadas como comparables -de empresas con calificación BB+
y BBB+, construidas a partir de la calificación del grupo- no eran similares a las pactadas
con la vinculada, por lo que el estudio no era fiable.
b. Asociación pasiva. Este criterio solo podía considerarse si la garantía o respaldo del
grupo económico se materializaba expresamente en el contrato de mutuo, lo que no
ocurrió en el caso. Agregó que la selección de comparables involucró títulos del mercado
secundario, adquiribles sin negociar directamente con el deudor, respecto de los cuales
un acreedor difícilmente tendría en cuenta el respaldo implícito del grupo, lo que
demostraba que el riesgo de la inversión del comparable era distinto del de la operación
cuestionada.
c. Moneda de referencia y costo de oportunidad. La operación tiene como acreedor a la
sociedad colombiana, de modo que, siendo Colombia el lugar donde se ubica quien
ostenta el costo de oportunidad de poner a disposición el excedente de liquidez, la
comparación debía hacerse con las tasas del mercado colombiano -los TES, como tasa
mínima libre de riesgo del lugar del origen del préstamo-, pues esas serían las
alternativas de inversión que un tercero independiente en posición de prestamista
tendría disponibles, con independencia de que las partes convirtieran posteriormente la
operación a dólares. La tasa comparable idónea debía ser correlativa al lugar donde el
inversionista espera recibir el retorno de su dinero, esto es, Colombia.
d. Tasa pactada. Fue la propia sociedad la que informó, en el punto 11.3.1 de la
documentación comprobatoria, que la tasa promedio acordada en el financiamiento con
Argos USA Corp. era de 1,475% (fl. 1.248), por lo que no existió la equivocación de
lectura que le atribuía la demandante. Sostuvo que la diferencia con las tasas de
Estados Unidos era consecuencia lógica de aplicar la metodología correcta.
Adicionalmente, la Administración argumentó que, conforme al artículo 746 del Estatuto
Tributario y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando se exige una
comprobación especial de un hecho la carga de la prueba se invierte hacia el
contribuyente, sin que la presunción de veracidad lo exima de demostrar los hechos
consignados en su declaración. Sostuvo que desestimó la documentación
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comprobatoria a partir de un análisis serio y documentado -y no subjetivo-, expuesto a
la sociedad desde el emplazamiento para corregir y el requerimiento especial, con
verificación de los contratos, del análisis de comparabilidad, de los comparables y de la
construcción de las tasas a partir de los TES y el spread por calificación; y que la
sociedad aceptó haber introducido en su estudio la calificación crediticia del grupo. En
consecuencia, los actos no adolecían de falsa motivación ni de expedición irregular, y
no se vulneró el debido proceso. Respecto del concepto de Garrigues Colombia S.A.S.,
señaló que, una vez valorado, no desacreditaba sus afirmaciones, pues reiteraba los
argumentos de la sociedad y de la documentación comprobatoria.
Sanción por inexactitud.
1. La demandante alegó que no se configuró ninguno de los hechos sancionables de
los artículos 260-11 y 647 del Estatuto Tributario, por cuanto los datos y cifras de su
declaración fueron completos y verdaderos y correspondieron a su realidad contable y
económica. Subsidiariamente, invocó el eximente del parágrafo 2° del artículo 647
ibidem, por mediar una diferencia de criterios fundada en una interpretación razonable
del derecho aplicable, respaldada por el análisis técnico de cuatro firmas expertas -
Basefirma Colombia S.A. (estudio de precios), Deloitte Asesores y Consultores Ltda.
(corrección del estudio), Garrigues Colombia S.A.S. y Mazars Legal Services S.A.S.-; y
sostuvo la ausencia de culpabilidad, al haber actuado sin intención de incumplir.
2. La DIAN defendió su procedencia, por configurarse el hecho sancionable previsto en
los artículos 260-11 y 647 del Estatuto Tributario, con fundamento en los hechos
probados en los antecedentes administrativos y atendiendo al principio de legalidad
sancionatoria, garantizándose en todo momento el derecho de defensa.
SENTENCIA APELADA Y RECURSOS DE APELACIÓN
La sentencia apelada:
El Tribunal Administrativo del Atlántico anuló parcialmente los actos demandados,
en lo que respecta a la adición de ingresos por venta de inventarios producidos, y a la
sanción por inexactitud impuesta, y negó las demás pretensiones de la demanda15.
1. El Tribunal anuló la adición de ingresos por venta de inventarios con sustento en dos
consideraciones:
Sobre la venta de caliza, aunque declaró la nulidad de la adición de ingresos por venta
de inventarios debido a la ausencia de claridad sobre los factores para la determinación
del mayor impuesto, consideró que el método PC empleado por la demandante no era
el más ajustado, por cuanto Cementos Argos no aportó prueba financiera o económica
que demostrara cuáles eran los ajustes económicos realizados para la determinación de
los riesgos, el transporte y el margen de la operación en el precio adoptado para Zona
Franca Argos S.A.S. Precisó que, mientras en la operación con AGM Desarrollos S.A.S.
el precio por tonelada de caliza (entre $3.950 y $4.000) y el flete (aproximadamente
$8.700) estaban discriminados, en la operación vinculada el valor se demostró de
manera totalizada, diferencia que resultaba relevante porque incide en la base gravable
y en la casilla de deducibles del impuesto. Subrayó que la sociedad omitió la carga
probatoria de justificar los ajustes, máxime cuando primero fijó un método de precio de
reventa y luego lo modificó al PC, sin acreditar probatoriamente los ajustes obtenidos ni
que se tratara de un método empleado de manera periódica.
De otra parte -y como razón determinante de la nulidad-, el Tribunal censuró la
determinación del mayor valor efectuado por la DIAN al aplicar el método MTU. Sostuvo
que el precio de comparabilidad debía obedecer a la documentación comprobatoria,
15
Samai Tribunal, anotación nro. 39, pp. 44 y 45.
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pero que la Administración adoptó un margen de participación del 12,13% «de los cuales
se desconoce dicho guarismo ni su causación en los actos acusados sobre la mayor rentabilidad por
concepto de $96.267.000.000, sin lograrse establecer de dónde surgió el análisis comparativo de
valores». Con apoyo en el precedente de esta Sección16, agregó que la circunstancia de
que el método no se ajustara no implicaba per se la modificación de las ganancias
declaradas, pues el ajuste de precios de transferencia solo tiene efectos en el análisis
de comparabilidad y no altera la realidad de las operaciones registradas. Concluyó, así,
que el acto erró en la determinación del mayor valor del ingreso, al no haberse definido
con claridad el resultado del guarismo ni la interpretación económica de la DIAN, y
declaró la nulidad de los actos en lo relativo a la adición de ingresos por
$11.678.289.919.
2. El Tribunal halló ajustada a derecho la adición por intereses derivados del préstamo
a Argos USA Corp. Concluyó que los análisis de comparabilidad de la demandante no
resultaban aplicables en las mismas condiciones en que se hubieran celebrado con un
independiente externo, con fundamento en que (i) la operación de financiamiento se
realiza con una compañía acreedora ubicada en Colombia, cuyo margen e ingresos se
efectúan en pesos colombianos; (ii) la compañía deudora pertenece a un grupo
multinacional integrado a la vinculación de la propia contribuyente; (iii) las tasas bajo la
condición de TES no devaluarían el precio de lo captado, pues los intereses se reciben
en dólares, sin importar la situación del cambio de divisa; (iv) Argos USA Corp. fue
calificada por CreditModel con BB (riego alto), de modo que, analizado el ajuste de
comparabilidad bajo la captación de riesgo, el costo del interés de retorno no resultaría
proporcional frente a otro tercero de riesgo similar. Con base en ello, y remitiéndose a
las limitaciones propias de la deducibilidad de intereses pagados por préstamos a
vinculados del exterior (art. 260-10 del Estatuto Tributario), estimó que el valor de los
intereses debía ajustarse al precio de la divisa, por lo que no se desvirtuó la legalidad
de los actos en este punto.
3. El Tribunal anuló la sanción por inexactitud al considerar configurada una diferencia
de criterios. Razonó que el error sobre la comprensión del derecho aplicable impide el
reproche punitivo por razones de culpabilidad, de modo que la Administración debía
modificar el impuesto sin imponer la sanción, pues los efectos de la declaración no
obedecieron a soportes falsos, sino a aspectos normativos sobre el método aplicable,
que era «igual de aplicable» al adoptado por la DIAN. En consecuencia, encontró que
las interpretaciones de la demandante eran razonables y configuraban la causal de
exoneración por error en el derecho aplicable.
El Tribunal se abstuvo de condenar en costas por falta de prueba que acreditara los
gastos en que incurrieron las partes para su defensa.
Los recursos de apelación:
La demandante apeló la decisión de primera instancia, por considerar que el Tribunal
Administrativo del Atlántico interpretó y aplicó de manera errónea los artículos 260-3 y
260-4 del ET, así como las Directrices de Precios de Transferencia al analizar las
operaciones cuestionadas por la administración.
La demandante pidió la revocatoria del fallo para que se acceda íntegramente a las
pretensiones. Manifestó estar de acuerdo con la decisión del a quo en cuanto a la
improcedencia de la adición de ingresos por la venta de inventarios y, por tanto, con la
parte resolutiva que declaró la nulidad sobre ese punto. Su inconformidad se dirigió
únicamente contra algunas consideraciones de la sentencia. En efecto, sostuvo que, si
bien comparte la nulidad de la adición de ingresos por venta de inventarios, apeló para
que se declare la procedencia del método seleccionado para la operación de venta
de caliza, por estimar equivocado el reproche del Tribunal según el cual no aportó las
16
Sentencia del 9 de diciembre de 2020 (Exp. 21999), C.P. Milton Chaves García.
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pruebas de los ajustes de comparabilidad. Adujo que el método PC no se empleó
inicialmente por carecer de información suficiente, que la requirió a Zona Franca Argos
S.A.S. y aplicó el método en la corrección provocada con ocasión del requerimiento
especial; que se tomaron como comparables las compras recurrentes a AGM
Desarrollos S.A.S., único proveedor independiente de caliza, y que se aportó la totalidad
de las facturas de los fletes —entre $8.450 y $8.700 por tonelada— junto con su
consolidación en Excel, con lo que se acreditaron y soportaron los ajustes por transporte.
Invocó el valor probatorio preferente de la documentación comprobatoria como medio
idóneo para demostrar la observancia del principio de plena competencia (art. 260-4 del
Estatuto Tributario y precedente de esta Sección, exp. 20751), el carácter preferente del
método PC cuando existe comparable interno, y reiteró que el método MTU empleado
por la DIAN no era adecuado por la diferencia en la estructura operativa de los
comparables. Por ello, reprochó que la sentencia incurriera en un vicio derivado de la
ausencia de valoración probatoria.
En cuanto a la adición de ingresos por rendimientos financieros, la demandante apeló la
decisión, por estimar que el Tribunal interpretó y aplicó erróneamente los artículos 260-
3 y 260-4 del Estatuto Tributario y las Directrices de Precios de Transferencia en
Operaciones Financieras. Sostuvo que: (i) la calificación crediticia tomada por la DIAN
se basó en una metodología referida a un año fiscal que no es objeto de discusión y
desconoció que el deudor pertenece a un grupo económico, lo que afecta positivamente
su calificación; (ii) el riesgo crediticio se calculó mediante CreditModel con la información
financiera separada de la deudora al cierre de 2015, arrojando una calificación
intermedia BB+, por lo que se consideraron como comparables las curvas de las
calificaciones BBB y BB, y no las atribuidas por la Administración; (iii) por el beneficio
sinérgico de pertenecer al grupo, un miembro obtiene financiación a tasas inferiores,
conforme al párrafo 10.78 de las Directrices en Operaciones Financieras y al ejemplo
del párrafo 1.164 de las Directrices de la OCDE, precisando que la asociación pasiva
solo se empleó para reconfirmar el resultado; (iv) resulta subjetiva y sin respaldo jurídico
la conclusión del a quo de ajustar la operación a tasas en pesos (TES), pues el análisis
debe considerar los riesgos asumidos (párr. 1.46 de las Directrices), entre ellos el de
devaluación de la moneda cuando esta difiere de la funcional de las partes, como
confirmó el dictamen pericial de Mazars Legal Services S.A.S.; y, (v) es financieramente
errado emplear tasas en pesos para deudas en dólares, dada la diferencia sustancial
entre ambas monedas, según el concepto técnico de Garrigues Colombia S.A.S., sin
que el concepto de "costo de oportunidad" justifique tomar como referencia el mercado
colombiano.
Respecto de la sanción por inexactitud, aunque comparte su improcedencia, la
demandante apeló para precisar que la razón de su inaplicación no es la diferencia de
criterios, sino la ausencia de presupuestos fácticos que detonen el tipo sancionatorio,
por ser veraz y exacta su declaración: no consignó datos falsos, equivocados,
incompletos o desfigurados, ni medió ánimo defraudatorio, y su estudio de precios se
ajustó a la normativa y a las especificaciones técnicas, con el respaldo de cuatro firmas
expertas —Basefirma Colombia S.A., Deloitte Asesores y Consultores Ltda., Garrigues
Colombia S.A.S. y Mazars Legal Services S.A.S.—. Finalmente, apeló la negativa de la
condena en costas, por estimar que, conforme a la sentencia C-043 de 2004 y a los
artículos 188 del CPACA y 361 del CGP, ya no se exige probar temeridad o mala fe, y
que la actuación improcedente de la DIAN le causó gastos de defensa.
Por su parte, la DIAN apeló la decisión del Tribunal, por considerar que los actos
administrativos acusados están ajustados a la normatividad tributaria vigente.
La DIAN pidió revocar la sentencia y negar las pretensiones de la demanda, confirmando
los actos administrativos. En cuanto a la adición por venta de inventarios, defendió
que la sociedad escogió un comparable interno que no reunía los criterios de
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comparabilidad y que, al ser los márgenes operacionales de Zona Franca Argos S.A.S.
superiores a los de partes independientes, ajustó los montos a la mediana de las
transacciones comparables (art. 260-4 del Estatuto Tributario). Sostuvo que el estudio
se encontraba errado en el método (caliza) y en el indicador de rentabilidad (chert
triturado y otros), y que el precio de mercado es el que arroja el método MTU. Sobre la
caliza, reiteró que el método PC no era aplicable, por las diferencias significativas en el
transporte —bandas transportadoras implícitas en el precio, de 5,2 kilómetros, frente al
flete facturado por separado que representa más de dos veces el valor del producto— y
en el volumen de ventas, frente al cual la sociedad no documentó la procedencia de un
ajuste; precisó que la verificación de las facturas no modificaba su posición, por tratarse
de operaciones no comparables, y que la preferencia del método PC no es absoluta.
Sobre los inventarios diferentes a caliza (chert triturado y otros), defendió el indicador
MO sobre el MCG empleado por la demandante, por reunir condiciones de
independencia razonable al no involucrar costos entre partes relacionadas. Frente al
concepto de Garrigues Colombia S.A.S., señaló que reitera los argumentos ya
analizados y no desvirtúa la glosa.
La DIAN compartió plenamente la decisión del a quo sobre la adición por
rendimientos financieros, por hallarse ajustada a la ley y a lo expuesto en la
contestación y los alegatos de conclusión. Reiteró que el criterio de asociación pasiva
no ofrece un modelo comparable, pues ninguna entidad suscribiría un préstamo
basando la calificación del deudor en el respaldo implícito del grupo, y que la
comparación debía hacerse con tasas del mercado colombiano (TES), por ser Colombia
el lugar del acreedor que ostenta el costo de oportunidad.
En cuanto a la sanción por inexactitud, la DIAN se opuso a su anulación. Argumentó
que el Tribunal incurrió en contradicción, pues declaró la nulidad de la sanción
desconociendo su propia decisión de hallar ajustada a la ley la glosa por rendimientos
financieros, lo que demostraría que sí existió inexactitud por el concepto de intereses
pagados por préstamos a vinculados del exterior. Sostuvo que se configuró el hecho
sancionable del parágrafo 5° del artículo 260-11 y del artículo 647 del Estatuto Tributario,
por la omisión de ingresos derivada de pactar precios inferiores a los de mercado, sin
que medie diferencia de criterios, pues lo que existió fue desconocimiento del derecho
y una aplicación acomodada a los intereses del investigado. Como petición principal,
solicitó revocar la sentencia y negar las pretensiones; subsidiariamente, reconocer la
sanción en la parte proporcional a la glosa por rendimientos financieros —
$60.169.457.000, sanción de $7.201.571.000—; y, como segunda subsidiaria, confirmar
el fallo.
Pronunciamientos finales
En esta oportunidad procesal, la DIAN reiteró los argumentos planteados en su recurso
de apelación17.
Por su parte, la demandante aludió a una decisión anterior de esta Corporación, que
contiene un análisis en relación con las operaciones de crédito efectuadas con
sociedades vinculadas en el exterior, que resulta relevante para desatar la presente
controversia18.
El Ministerio Público solicita confirmar la sentencia de primera instancia19.
En cuanto al recurso de la demandante, consideró que no se configuró la indebida
valoración probatoria invocada, pues el a quo analizó las pruebas obrantes conforme a
las reglas de la sana crítica y a los artículos 742, 743 y 744 del Estatuto Tributario, sin
17
Samai CE, anotación nro. 11.
18
Samai CE, anotación nro. 15.
19
Samai CE, anotación nro. 12.
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incurrir en ninguno de los supuestos de la sentencia T-781 de la Corte Constitucional.
Por igual razón descartó la ausencia de presupuestos fácticos del tipo sancionatorio.
Respecto de la venta de inventarios de caliza, compartió lo decidido por el Tribunal y
estimó que Cementos Argos S.A. incurrió en omisión de la carga probatoria, en tanto fijó
inicialmente el método de precio de reventa y luego lo modificó al de precio comparable
no controlado (PC) sin justificar los ajustes ni acreditar su uso periódico, de modo que
el método aplicado no garantizó la igualdad de condiciones predicable de un tercero
independiente.
Sobre los rendimientos financieros derivados del préstamo a Argos USA Corp., coincidió
con la primera instancia en que los análisis de comparabilidad no resultaban aplicables
en idénticas condiciones, dado que los índices de rentabilidad difieren entre Colombia y
Estados Unidos y el valor de los intereses debía ajustarse al precio de la divisa
efectivamente cancelada por el vinculado.
En lo atinente al recurso de la DIAN, estimó que no prosperaba la censura sobre el
comparable interno, pues el acto administrativo adoptó un margen de participación del
12.13% cuyo guarismo y causación no se acreditaron en los actos acusados, sin
establecerse el origen del análisis comparativo respecto del mayor valor a declarar de
$11.678.289.919. Tampoco halló vulnerado el principio de operador independiente.
Finalmente, frente a la sanción por inexactitud, advirtió la existencia de una diferencia
de criterios en torno al método de comparación, por mediar una interpretación razonable
de la norma, lo que conduce a su improcedencia. Respecto de las costas solicitadas por
la demandante, concluyó que no procedían por no estar acreditadas en el expediente,
conforme al artículo 365.1 del CGP.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Cuestión preliminar. Alcance del recurso de apelación
Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, la magistrada
Myriam Stella Gutiérrez Argüello manifestó estar impedida para conocer del presente
proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el numeral 12 del
artículo 141 del Código General del Proceso, por haber pertenecido en el pasado a una
firma que asesoró en asuntos tributarios a la demandante, específicamente en la
preparación y revisión de la declaración de renta objeto de fiscalización. Mediante auto
del 16 de abril de 2026 se declaró fundado el impedimento y se le separó del
conocimiento del presente proceso.
De manera preliminar, la Sala advierte que el pronunciamiento de segunda instancia se
encuentra delimitado por los reparos concretos formulados por cada uno de los
apelantes contra la sentencia de primera instancia. Conforme a los artículos 320 y 328
del Código General del Proceso, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente, en relación con los argumentos expuestos
por quien recurre.
En el presente caso, el Tribunal declaró la nulidad parcial de los actos demandados en
lo relacionado con la adición de ingresos por venta de inventarios producidos -caliza y
otros productos diferentes de caliza-. Para el a quo, aunque la administración defendió
la aplicación del método TU, no resultaba claro el origen de los valores que sirvieron de
base para determinar el mayor ingreso gravable. En particular, el Tribunal señaló que la
DIAN adoptó un margen de participación del 12,13%, pero que en los actos acusados
no se explicaba suficientemente el origen de ese porcentaje ni su aplicación sobre la
mayor rentabilidad de $96.267.000.000. Tampoco se establecía con claridad si el
análisis comparativo partía de los costos y gastos utilizados para comparar el precio de
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otras compañías, del margen operacional del cemento o de la materia prima.
Contra la anterior decisión, la DIAN interpuso recurso de apelación y solicitó que se
revocara la sentencia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. Sostuvo
que la demandante escogió un comparable interno que no reunía los criterios de
comparabilidad y que los márgenes operacionales de Zona Franca Argos S.A. fueron
superiores a los que habrían utilizado terceros independientes en condiciones similares.
También afirmó que el ajuste se realizó con fundamento en el artículo 260-4 del Estatuto
Tributario y que la sanción por inexactitud se encontraba ajustada a los principios de
legalidad, antijuridicidad y culpabilidad.
No obstante, esos planteamientos no constituyen un reparo concreto frente a la razón
determinante de la decisión apelada (falta de explicación del margen de participación
del 12,13%). Aunque la DIAN señaló que no comparte la posición del a quo y que
expondría los argumentos de tal inconformidad, el recurso se orientó simplemente a
defender la legalidad general del método de precios de transferencia aplicado, pero no
controvirtió la conclusión del Tribunal relativa a la falta de claridad en la determinación
del mayor ingreso adicionado. En particular, la apelante no explicó el origen de tal cifra,
ni señaló que el Tribunal hubiera omitido valorar un aparte concreto de los actos
administrativos o elementos dentro del expediente, en los cuales se encontrara
explicado el cálculo cuestionado.
Conforme con la jurisprudencia de esta Sección, el recurso de apelación debe contener
una oposición concreta frente a los fundamentos de la sentencia recurrida 20. Por ello,
cuando el apelante se limita a reiterar los argumentos expuestos en la demanda o a
defender su posición, sin controvertir la razón por la cual el tribunal adoptó su decisión,
no le corresponde al juez de segunda instancia reabrir integralmente el debate decidido
por el a quo. En estos eventos, la ausencia de reparo específico impide considerar
debidamente apelado el punto decidido en primera instancia.
Eso es lo que ocurre en este caso. La nulidad parcial decretada por el Tribunal no
obedeció a que se hubiera descartado, en abstracto, la procedencia del método aplicado
por la DIAN, sino a que los actos demandados no permitían establecer con claridad el
origen del cálculo que llevó a adicionar ingresos por la venta de inventarios producidos.
La apelación, sin embargo, no se dirigió a desvirtuar esa conclusión.
En consecuencia, la Sala considera que no fue debidamente sustentada la apelación
que la DIAN formuló contra la decisión del Tribunal, en cuanto declaró la nulidad parcial
de los actos demandados respecto de la adición de ingresos por venta de inventarios
producidos (caliza y otros diferentes a caliza). Por tanto, la Sala se abstendrá de estudiar
la procedencia del ajuste por este concepto y confirmará la nulidad parcial declarada por
el Tribunal sobre este aspecto.
En lo que toca con la apelación interpuesta por la parte demandante, mediante la cual
solicita que en esta instancia se resuelva sobre la procedencia del método utilizado
para la operación de venta de caliza, la Sala precisa que dicho planteamiento pretende
controvertir un aspecto que no guarda correspondencia con las razones de la decisión
adoptada por el Tribunal. En efecto, la sentencia de primera instancia no desacreditó el
estudio de precios de transferencia que sustenta el método aplicado; por el contrario, la
conclusión sobre la anulación parcial de los actos se fundó en la falsa motivación en que
incurrió la DIAN, al no aportar soporte técnico suficiente para justificar las
consideraciones que afectaron los márgenes de rentabilidad de la operación (12.13%),
lo cual resultó suficiente para declarar la nulidad parcial.
20
Sentencias del 7 de mayo de 2026, exp. 29679, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 30 de abril de 2026, exp. 30069, C.P.
Wilson Ramos Girón; del 10 de diciembre de 2025, exp. 29358, C.P. Wilson Ramos Girón y del 20 de noviembre de 2025, exp.
29260 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Se advierte, además, que la sociedad no comparte un aparte de la sentencia –un dicho
de paso, obiter dictum- en el que el Tribunal, de manera general, señaló que el método
utilizado por la demandante no era correcto. Sin embargo, dicha afirmación no fue
producto de un estudio de fondo ni tuvo incidencia en el resultado de la decisión, que
fue favorable a la demandante. Por ello, esta Sala se abstiene de abordar el estudio del
método en los términos planteados en el recurso, dado que no guarda relación con lo
efectivamente decidido en la sentencia.
Finalmente, se advierte que, ante la ausencia de un análisis técnico del método
empleado por la actora en la sentencia de primera instancia, dicho aspecto no genera
precedente entre las partes que pueda afectar o definir controversias futuras sobre la
misma materia.
2. Problemas jurídicos
En los términos del recurso de apelación formulado por la parte demandante, y
delimitado el examen de la Sala conforme a lo expuesto en el acápite anterior,
corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿El análisis de la operación de crédito efectuada por Cementos Argos con
su vinculada en el exterior se ajustó a las normas aplicables sobre precios
de transferencia?
(ii) ¿Procede la imposición de una sanción por inexactitud?
Adición de ingresos por rendimientos financieros del préstamo otorgado a Argos
USA Corp. Cuantía: $60.169.457.000. No prospera.
El cargo de apelación formulado por la demandante controvierte la decisión del Tribunal
que halló ajustada a derecho la adición de ingresos por intereses y rendimientos
financieros derivados del préstamo otorgado por Cementos Argos S.A. a su vinculada
del exterior Argos USA Corp. La apelante sostiene que el a quo interpretó y aplicó
erróneamente los artículos 260-3 y 260-4 del Estatuto Tributario y las Directrices de la
OCDE aplicables a las operaciones financieras, al confirmar el ajuste con fundamento
en tasas de los TES en pesos colombianos. Para resolver, la Sala (i) precisará el marco
normativo y la metodología de comparabilidad de las operaciones de financiamiento
intragrupo; (ii) examinará la tasa de referencia idónea —moneda del deudor frente a
moneda del acreedor—; y (iii) analizará la calificación crediticia y la selección de
comparables, incluida la incidencia de la asociación pasiva.
Marco normativo de la comparabilidad en operaciones de financiamiento
intragrupo
El régimen de precios de transferencia tiene por finalidad que los contribuyentes del
impuesto sobre la renta que celebran operaciones con vinculados del exterior
determinen sus ingresos, costos y deducciones considerando los precios y márgenes
que habrían pactado partes independientes en operaciones comparables —el principio
de plena competencia (arm's length principle) del artículo 260-1 del Estatuto Tributario—
, de modo que prevalezcan los precios de mercado y no los fijados artificialmente por
razón de la vinculación21. En una operación de ingreso, como lo es el cobro de intereses
por un préstamo otorgado a una vinculada, el régimen busca que esos ingresos no se
subvaloren para reducir la base gravable en Colombia.
21
Criterio reiterado por la Sección, entre otras, en la sentencia del 10 de junio de 2021 (Exp. 22856), C.P. Milton Chaves García,
proferida entre las mismas partes de este proceso a propósito de operaciones de crédito de Cementos Argos S.A. con sus vinculadas
del exterior, incluida Argos USA Corp.
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Demandante: Cementos Argos S.A.
Tratándose de operaciones de financiamiento, el artículo 260-4 del Estatuto Tributario
(literal a, numeral 1, vigente para el año gravable 2016) dispone que, para establecer si
dos o más operaciones son comparables, deben considerarse seis elementos: (i) el
monto del principal, (ii) el plazo, (iii) la calificación de riesgo, (iv) la garantía, (v) la
solvencia del deudor y (vi) la tasa de interés. Estos factores no son una enumeración
formal. Cada uno de ellos incide en el precio del dinero. Como lo reconoce la propia
documentación comprobatoria y lo desarrolla el dictamen pericial aportado por la
demandante, la tasa de interés representa económicamente el precio del dinero en el
tiempo; pero, a la vez, incorpora los riesgos asumidos por el acreedor, de manera que
a mayor riesgo —en monto, plazo, moneda y calificación crediticia, entre otros— mayor
el retorno exigido y, por ende, mayor la tasa pactada.
De lo anterior se sigue una regla para este caso: en el método PC, la comparación entre
la tasa pactada en la operación vinculada y las tasas de las operaciones potencialmente
comparables solo es fiable si unas y otras comparten, o se ajustan para compartir, esos
seis factores. Cuando entre la operación analizada y la comparable existe una diferencia
significativa en alguno de ellos que no pueda eliminarse mediante un ajuste razonable,
las operaciones no son comparables22. Dos de esos factores concentran la controversia:
la moneda en que se pacta el crédito (que la Sala examina como parte de las
"características de la operación" y de los riesgos asumidos) y la calificación de riesgo
del deudor.
La tasa de referencia idónea: la moneda y el mercado del deudor
El Tribunal confirmó el ajuste de la DIAN sobre la premisa de que, por ser Cementos
Argos S.A. una sociedad residente en Colombia, cuyos márgenes e ingresos se
expresan en pesos, la operación debía evaluarse contra tasas de los TES en pesos
colombianos, pues allí radica su costo de oportunidad. La apelante objeta que esa
conclusión es subjetiva y carece de respaldo normativo, porque el deudor no se ubica
en Colombia y la deuda no se expresa en pesos sino en dólares.
La Sala precisa que la moneda es uno de los factores de comparabilidad del artículo
260-4 del Estatuto Tributario y, a la vez, una fuente autónoma de riesgo financiero. Las
Directrices de la OCDE señalan que los riesgos a considerar comprenden los
financieros, "[c]omo los motivados por la inestabilidad de los tipos de cambio de moneda y de los tipos
de interés; los riesgos crediticios"23. Una operación pactada en dólares y una referencia
construida sobre tasas en pesos difieren, por definición, en un riesgo que el mercado
remunera —el riesgo cambiario o de devaluación—, de modo que no son directamente
comparables sin un ajuste que neutralice ese diferencial.
El dictamen pericial de Mazars Legal Services S.A.S. —que la Sala valora conforme a
la sana crítica, por reunir las formalidades de los artículos 226 del Código General del
Proceso y 219 del CPACA— explica por qué la tasa debe construirse en la moneda del
crédito. Según el perito, en las operaciones de financiamiento " uno de los principales riesgos
asumidos corresponde al riesgo de devaluación de la moneda en el transcurso del tiempo asociado al
plazo establecido", riesgo presente cuando la moneda del préstamo difiere de la moneda
funcional de una o ambas partes. Apoyado en la teoría de la paridad de tasas de interés,
el dictamen muestra que, en mercados abiertos, la diferencia entre la tasa nominal
doméstica y la externa corresponde precisamente a la compensación esperada por la
devaluación implícita y la inflación; y, verifica empíricamente ese diferencial al comparar
el endeudamiento del Estado colombiano en pesos frente al emitido en dólares, donde
se identifica un spread de dos a cuatro puntos porcentuales atribuible únicamente a la
22
Directrices de la OCDE, párr. 1.45: "Las operaciones y entidades vinculadas e independientes no son comparables entre sí cuando
hay diferencias significativas en los riesgos asumidos, que no pueden ser objeto de un ajuste apropiado".
23
Directrices de la OCDE, párr. 1.46.
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moneda de emisión24. De ahí su conclusión técnica: comparar una inversión en dólares
en Estados Unidos con una en pesos en Colombia solo es admisible si se cuantifican y
ajustan los rendimientos adicionales asociados al mayor riesgo de la alternativa en
pesos; de lo contrario, "realizar este tipo de comparaciones resultaría en conclusiones sin ningún tipo
de fiabilidad", por incumplir los factores del artículo 260-4 del Estatuto Tributario25.
En el mismo sentido, el dictamen de Garrigues Colombia S.A.S. observa que, si bien las
Directrices reconocen que los títulos de deuda pública —en Colombia, los TES— sirven
como referencia de tasas libres de riesgo, ello " tendría sentido si el caso en cuestión se tratara
de una inversión en pesos colombianos, es decir, un préstamo a una vinculada colombiana en pesos
colombianos", lo que no ocurre aquí, donde el préstamo se pactó en dólares con una
vinculada ubicada en Estados Unidos. La Sala acoge este criterio: el hecho de que el
prestamista sea colombiano no autoriza a imponer las condiciones de su mercado local
a una operación denominada en dólares y radicada en cabeza de un deudor del exterior,
pues no existe correlación entre los retornos de uno y otro mercado, dada la diferencia
en la solidez de la moneda y en las variables económicas y políticas de cada país.
La conclusión precedente es la misma que esta Sección adoptó, entre las mismas
partes, en la sentencia del 10 de junio de 2021 (Exp. 22856). Allí, frente a un préstamo
en dólares de Cementos Argos S.A. a sus vinculadas del exterior —incluida Argos USA
Corp.—, la Sala sostuvo que la presunción de intereses del artículo 35 del Estatuto
Tributario, anclada en una tasa de captación local (DTF), " [r]esulta ajena al análisis de
operaciones de crédito con sociedades extranjeras (…), en tanto las condiciones del mercado de crédito
extranjero con las que estas deben confrontarse son diferentes de las que permiten estimar la tasa local
de captación a la que se refiere la norma mencionada". Aunque la tasa local discutida en aquella
ocasión fuera la DTF y aquí sea la de los TES, la ratio es similar y plenamente
trasladable: no es admisible tomar una tasa del mercado local en pesos como parámetro
de comparación de una operación de crédito en moneda extranjera realizada con una
entidad del exterior. La argumentación del a quo sobre el "costo de oportunidad" del
acreedor colombiano no desvirtúa esta regla, sino que reedita, bajo otro rótulo, el mismo
error de sustituir el mercado y la moneda del crédito por los del prestamista.
Este criterio coincide, además, con el estándar internacional. A título de refuerzo —y sin
que constituya el fundamento de esta decisión, que reposa en el derecho colombiano y
en el precedente de esta Sección— resulta ilustrativa la sentencia de la High Court of
Delhi en Commissioner of Income Tax v. Cotton Naturals (I) Pvt. Ltd. (ITA 233/2014),
que, al aplicar el método CUP a un préstamo intragrupo, concluyó que la tasa de interés
de plena competencia debe ser la determinada por el mercado de la moneda en que el
préstamo ha de reembolsarse, y no la tasa de la moneda del país de residencia del
prestamista o del prestatario. Con apoyo en Klaus Vogel, razonó que la tasa de un
préstamo en dólares es la misma en cualquier plaza dentro de mercados de capital
libres, de modo que la moneda del reembolso —no la nacionalidad de las partes—
determina la tasa de retorno. Es la misma lógica que informa el artículo 260-4 del
Estatuto Tributario y las Directrices de la OCDE.
Por las razones anteriormente explicadas, la tasa de referencia idónea es la del mercado
y la moneda del crédito (dólares), y no la de los TES en pesos. Tomar estos últimos sin
ajustar el diferencial cambiario contraviene los artículos 260-3 y 260-4 del Estatuto
Tributario, el artículo 4° del Decreto 3030 de 2023, y el precedente de esta Sección (Exp.
22856), así como las Directrices de la OCDE (párrs. 1.45 y 1.46) como criterio auxiliar
24
Dictamen pericial de Mazars, respuestas a las preguntas sobre el riesgo cambiario y la teoría de la paridad de tasas, con soporte
en datos del Ministerio de Hacienda y en una búsqueda de bonos comparables —de igual calificación, plazo, sector y fecha, variando
solo la moneda— en la herramienta Capital IQ de S&P. El dictamen anota, además, que el riesgo cambiario suele gestionarse con
instrumentos como los forwards, lo que confirma que el mercado lo reconoce y lo precia.
25
El dictamen precisa que, si se quisiera anclar la comparación a un instrumento de deuda pública colombiana, la aproximación
correcta no serían los TES en pesos sino "el uso de los TES denominados en USD", lo que ilustra que el punto determinante no es
el emisor, sino la moneda y el riesgo cambiario incorporado.
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de interpretación26. En vista de lo anterior, para la Sala las operaciones en pesos y en
dólares incorporan riesgos sustancialmente distintos y no son asimilables sin un ajuste
de comparabilidad que la Administración no efectuó.
Calificación crediticia, selección de comparables y asociación pasiva
Resuelto que la referencia debía construirse en la moneda del crédito, la Sala examina
si la calificación crediticia y la selección de comparables de la documentación
comprobatoria acreditan que las tasas pactadas se ubicaron en el rango de plena
competencia.
Calificación crediticia del deudor. La documentación comprobatoria determinó el riesgo
crediticio de Argos USA Corp. mediante la herramienta CreditModel de Standard &
Poor's, a partir de su información financiera separada, cortada al cierre de 2015 —el
ejercicio inmediatamente anterior al analizado y, por tanto, la información disponible al
momento de pactar el crédito en 2016—, considerando sus activos, pasivos, ingresos,
utilidad, país de operación y moneda funcional. El resultado fue una calificación
intermedia BB+. La Sala encuentra metodológicamente correcto este proceder: la
calificación se construyó sobre la información financiera del deudor existente al
momento relevante.
Por otro lado, la demandante señaló que la calificación crediticia tomada por la DIAN
(BB) se basó en una metodología de análisis realizada para un año fiscal distinto al
discutido. No obstante, encuentra la Sala que ese supuesto no se desprende de los
actos demandados en la medida en que los mismos señalan que “toma como referencia
spreads industriales para las fechas anteriores a mayo de 2016”27, pero no
necesariamente de otro año distinto al discutido.
En relación con la calificación crediticia del deudor, se aprecia un desacierto del análisis
confirmado por el a quo. La calificación de partida del contribuyente —BB+— se obtuvo
a partir de la información financiera separada de Argos USA Corp. al cierre de 2015,
esto es, la disponible al momento de pactar los créditos en 2016, y conforme a una
herramienta especializada (CreditModel de S&P) que pondera activos, pasivos,
ingresos, utilidad, país de operación y moneda funcional del deudor. La Administración,
en cambio, sustentó su ajuste en una calificación BB, inferior en un escalón, sin acreditar
que la metodología de CreditModel o las variables financieras del deudor condujeran a
esa categoría y no a la intermedia BB+ determinada en la documentación
comprobatoria. Esa rebaja de calificación, no soportada en el análisis financiero del
propio deudor, desconoce el factor "calificación de riesgo" del artículo 260-4 del Estatuto
Tributario e introduce un sesgo hacia tasas más altas que resta fiabilidad al resultado de
la DIAN.
En consecuencia, la calificación BB+ determinada en la documentación comprobatoria
es la técnicamente correcta, sin que la Administración hubiera justificado la rebaja a BB
sobre la cual edificó su ajuste.
Selección de comparables ante una calificación intermedia. Obtenida la calificación BB+,
la documentación comprobatoria seleccionó como comparables las curvas de
rendimiento de bonos corporativos con calificaciones BBB y BB, las dos más cercanas
a la intermedia. El dictamen pericial explica la razón técnica: la herramienta Capital IQ
no admite calificaciones intermedias en la búsqueda, y una calificación BB+ denota un
riesgo menor al de BB y algo mayor al de BBB. Por ello, tomar solo BB sobrestimaría el
riesgo —y, con él, la tasa— mientras que tomar solo BBB lo subestimaría. La selección
26
Las directrices de la OCDE constituyen criterios orientadores que, no obstante carecer de estatus normativo y fuerza vinculante
en Colombia, son una “herramienta valiosa en un tema complejo y cambiante como el de los precios de transferencia”. (Corte
Constitucional. Sentencia C-690 del 12 de agosto de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil).
27
Samai Tribunal, anotación nro. 6, documento 24, p. 42 (f. 1234 c.a.a.).
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de ambas curvas para aproximar el rango aplicable a un BB+ es, por tanto, un proceder
razonable y conforme con el párrafo 10.91 de las Directrices de la OCDE aplicables a
las operaciones financieras, conforme al cual, dadas las características del préstamo y
la calificación del prestatario, en la práctica existe un rango de tasas de mercado y no
una tasa única28. La DIAN, en cambio, partió de una calificación BB para construir su
comparación, introduciendo así un sesgo hacia tasas más altas no justificado por el
riesgo real del deudor. Así las cosas, la Sala considera que la calificación intermedia
BB+, obtenida con la información separada de la deudora al cierre de 2015, justifica
técnicamente la selección de las dos curvas adyacentes (BBB y BB) para aproximar el
rango aplicable.
Asociación pasiva o apoyo implícito del grupo. La apelante sostiene —con apoyo en el
párrafo 10.78 de las Directrices sobre operaciones financieras y en el ejemplo del párrafo
1.164 de las Directrices de la OCDE (2017)— que la pertenencia del deudor a un grupo
multinacional mejora su calificación crediticia y le permite obtener financiación a tasas
inferiores a las que obtendría como entidad aislada, beneficio sinérgico que se deriva de
la sola pertenencia al grupo.
La asociación pasiva o apoyo implícito alude al efecto que la mera pertenencia a un
grupo multinacional puede producir sobre la calificación crediticia de uno de sus
miembros, sin que entidad alguna del grupo despliegue una acción deliberada para
conferir ese beneficio29. Conforme a los párrafos 7.13 de las Directrices de la OCDE
(2010) y 10.78 de las Directrices sobre operaciones financieras —herramientas
interpretativas no vinculantes—, el apoyo implícito puede elevar la calificación del
prestatario según su importancia estratégica y sus vínculos con el grupo. Por ejemplo,
una filial que, aislada, obtendría calificación "Baa", puede acceder a financiación a la
tasa de un prestatario "A" por el solo hecho de pertenecer a un grupo cuya matriz
mantiene calificación "AAA". Ahora bien, el beneficio de la asociación pasiva es un
resultado incidental de la afiliación al grupo, en los términos del párrafo 7.13 de las
Directrices, que no exige contraprestación ni remuneración separada. Se distingue así
de la garantía expresa, en la que un miembro del grupo asume deliberadamente el
riesgo de incumplimiento y que sí debe remunerarse conforme al principio de plena
competencia (párrs. 7.13 y 7.19 de la Directrices de la OCDE, 2010). Como la asociación
pasiva no supone garantía formal alguna, no procede exigir —como hizo la
Administración— la existencia de un aval del grupo para reconocer su efecto.
En todo caso, la incidencia de este concepto en el resultado es marginal y opera a favor
de la demandante. Según la documentación comprobatoria y el dictamen, la calificación
BB+ se calculó sin incorporar el efecto de la asociación pasiva —esto es, sobre la
información separada del deudor—, y el apoyo implícito se empleó únicamente para
reconfirmar el resultado. La propia apelante precisa que, considerada o no la asociación
pasiva, se habrían tomado las mismas curvas de rendimiento (BBB y BB). De modo que
el análisis se sostiene sobre la calificación individual del deudor, y la asociación pasiva
solo confirma que, de haberse incorporado, el riesgo —y la tasa exigible— no serían
mayores. En este sentido, la Sala concluye que la asociación pasiva es un beneficio
incidental que no requiere garantía expresa para su reconocimiento, y en este caso
operó como mera reconfirmación, sin alterar las curvas comparables empleadas.
En suma, la documentación comprobatoria aplicó el método PC partiendo de la
calificación crediticia individual del deudor, seleccionó comparables denominados en la
moneda del crédito y ajustados al rango propio de una calificación intermedia, todo lo
cual permite tener por acreditado que las tasas pactadas se ubicaron dentro del rango
de plena competencia. La Administración, por el contrario, sustituyó la moneda y el
28
Directrices de la OCDE aplicables a las operaciones financieras, párr. 10.91, citado en el dictamen pericial de Mazars. Debe
tenerse presente que, aunque estas directrices fueron emitidas en el año 2020, proporcionan una guía técnica e interpretativa no
vinculante sobre el análisis de comparabilidad en este tipo de transacciones aunque las mismas hayan ocurrido con anterioridad a
dicho año.
29
Párrafo 7.13 de las Directrices de la OCDE (2010).
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mercado del crédito por una referencia local en pesos y partió de una calificación
construida sobre información de un período ajeno, sin realizar los ajustes de
comparabilidad exigidos por el artículo 260-4 del Estatuto Tributario, lo que priva de
fiabilidad a su resultado; por ende, la demandante ha logrado desvirtuar la presunción
de legalidad de la actuación atacada. En consecuencia, la adición de ingresos por
$60.169.457.000 es improcedente y el cargo prospera.
Sanción por inexactitud
Como consecuencia de la prosperidad del cargo anterior y de la consecuente
improcedencia de la adición de ingresos por rendimientos financieros, se confirma el
levantamiento de la sanción por inexactitud asociada a esa glosa, pues desaparece su
presupuesto, en la medida en que no se configuró ninguna de las conductas tipificadas
en el artículo 647 del Estatuto Tributario, al no existir omisión de ingresos ni dato
inexacto en la declaración.
Por las razones precedentes, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se declarará la nulidad de los actos administrativos acusados.
Costas
Con fundamento en los artículos 188 del CPACA y 361 ss. del CGP, se condenará en
costas -agencias en derecho- en ambas instancias a la parte demandada, en la medida en
que se revoca la sentencia apelada y hubo una parte vencida en el proceso. Así, se
fijarán como agencias en derecho en cada instancia el equivalente a un smlmv al
momento de la ejecutoria de la providencia, de conformidad con el Acuerdo PCSJA25-
12355 del 28 de noviembre de 2025. Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el
respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme con las reglas
consagradas en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar, se dispone:
PRIMERO: Declarar la nulidad de la liquidación oficial de renta No. 00007 del 1 de
diciembre de 2020, por medio de la cual se modificó la declaración de renta del año 2016
presentada por Cementos Argos S.A., así como la Resolución No. 011546 del 20 de
diciembre de 2021, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto
administrativo en mención, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de la declaración
del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2016 presentada por la
demandante.
2. Condenar en costas a la parte demandada en ambas instancias. En
consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
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Demandante: Cementos Argos S.A.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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