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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2022-00195-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2022-00195-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada, proferida el 07 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral (C). 2. Condenar en costas en segunda instancia a la demandante. En consecuencia, ordenar al Tribunal que de trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Reconocer personería al abogado Javier Orlando Rodríguez Aponte identificado con la cédula de ciudadanía 1.098.771.732 de Bucaramanga (Santander), y T.P. 322.325 del C.S. de la J., como apoderado de la DIAN, en los términos del poder obrante a índice 17 Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2022-00195-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 08001-23-33-000-2022-00195-01 (28726)
Demandante IMPALA TERMINALS COLOMBIA S.A.S.
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN
Temas Impuesto sobre la renta para la Equidad - CREE. Selección del
método más apropiado. Selección de comparables. Sanción
por inexactitud. Sanción al representante legal y al revisor
fiscal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), proferida por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral (C)2,
que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DENEGAR Las pretensiones de la demanda
SEGUNDO: No condenar en costas
(…)”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 25 de abril de 2017, la demandante presentó declaración del impuesto sobre la
renta para la Equidad - CREE por el año gravable 2016, liquidando un saldo a favor,
el cual fue incrementado mediante declaración de corrección presentada el 25 de
abril de 2018.

El 24 de julio de 2017, la demandante presentó declaración informativa individual
de precios de transferencia, en la cual reportó una operación de ingresos por la
prestación de servicios a su vinculada Trafigura PTE ubicada en Singapur. En esa
misma fecha, presentó la documentación comprobatoria correspondiente.

Previo requerimiento especial y su respuesta, la DIAN emitió la Liquidación Oficial de
Revisión No. 202100205-0000001 del 12 de febrero de 2021, para adicionar
ingresos respecto de la operación de servicios reportada por la demandante,
disminuir la pérdida líquida, eliminar el saldo a favor, determinar impuesto a pagar,
e imponer sanción de inexactitud por disminución de pérdidas y sanción al
representante legal y al revisor fiscal.

La demandante, el representante legal y la revisora fiscal interpusieron recursos de
reconsideración contra la liquidación oficial de revisión, los cual fueron resueltos por
1
Ingresó al despacho por primera vez el 26 de abril de 2026.
2
SAMAI Indice 2.2ED_ZIPEXPEDI_ONEDRIVE20240423ZIP(.zip) NroActua 2. Actua 208001-2333-000-2022-00195-00
NRD IMPALA TERMINALES VS DIAN- Con proyecto. 34. Sentencia1raInstancia.pdf

1
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Demandante: Impala Terminals Colombia S.A.S

la DIAN mediante la Resolución No. 001286 del 18 de febrero de 2022, confirmando
el acto liquidatorio.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda3

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el apoderado judicial de Impala
Terminals Colombia S.A.S. formuló las siguientes pretensiones principales y
subsidiarias:
“PRIMERO: Que se declare la nulidad total de la actuación administrativa integrada por los siguientes
actos:
1. La Liquidación Oficial de Revisión No. 2021002050000001 del 8 de febrero de 2021 proferida por
la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, y
2. La Resolución No. 001286 del 17 de febrero de 2022, proferida por la Subdirección de Recursos
Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, por medio de la cual se resolvió el recurso
de reconsideración interpuesto en contra de la Liquidación Oficial descrita en el numeral anterior.
Dichas resoluciones integran la actuación administrativa por medio de la cual la DIAN modificó la
declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE presentada por la Compañía por el año
gravable 2016.
SEGUNDO: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de dichos actos administrativos,
se declare a título de restablecimiento del derecho:
1. Que la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año gravable 2016,
presentada por Impala se encuentra en firme,
2. Que se declare que la pérdida fiscal determinada por la Compañía en la declaración del impuesto
sobre la renta para la equidad CREE del año gravable 2016 por valor de $60.232.315.000, es
procedente,
3. Que se declare que el saldo a favor determinado por la Compañía en la declaración del impuesto
sobre la renta para la equidad CREE del año gravable 2016 por valor de $e (sic) $638.432.000, es
correcto,
4. Que no procede ninguna modificación a la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad
CREE correspondiente al año gravable 2016, presentada por la Compañía,
5. Que no procede la imposición de sanción por inexactitud por valor de $5.420.908.000 en contra de
la Compañía, y
6. Que no procede la imposición de sanción alguna en contra de Nicolás Esteban Daguerre y Maryorie
Andrea Sepúlveda Osorio a título personal.
TERCERO: Que se declare que no son de cargo de Impala las costas en que incurra la DIAN con relación
a la actuación administrativa, ni las de este proceso.
CUARTO: Que se condene a La Nación a pagar las costas del presente proceso, conformadas por
las expensas y las agencias en derecho.
2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
(…)
PRIMERO: Que se anule parcialmente la Liquidación Oficial de Revisión No. 2021002050000001 del 8
de febrero de 2021 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos de Barranquilla, y la Resolución No. 001286 del 17 de febrero de 2022, proferida por la
Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, por medio de la cual
se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Liquidación Oficial descrita en el
numeral anterior, en el punto correspondiente a la sanción por inexactitud impuesta a la Compañía por
valor de $5.420.908.000 bajo la causal prevista en el parágrafo 2 del artículo 647 del ET, y
SEGUNDO: Que se anule parcialmente la Liquidación Oficial de Revisión No. 2021002050000001 del 8

3
La demanda fue corregida por el apoderado de la demandante. SAMAI Tribunal, índice 9.

2
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de febrero de 2021 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos de Barranquilla, y la Resolución No. 001286 del 17 de febrero de 2022, proferida por la
Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, por medio de la cual
se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Liquidación Oficial descrita en el
numeral anterior, en el punto correspondiente a las sanciones impuesta (sic) a Nicolás Esteban Daguerre
y Maryorie Andrea Sepúlveda Osorio por valor de $145.899.000 para cada uno.”

Invocó la vulneración de los artículos 13, 29 y 83 de la Constitución Política; artículo
176 del Código General del Proceso; artículos 260-3, 260-4, 260-11,647, 647-1,
658-1, 742 y 785 del Estatuto Tributario y el Decreto 2020 de 2013.

De manera preliminar, explicó lo siguiente:

En el año 2016 tuvo operaciones de ingreso por la prestación de servicios de
transporte fluvial de carga líquida a su vinculada del exterior Trafigura PTE ubicada
en Singapur. Puntualmente, transportó crudo y nafta en embarcaciones por el río
Magdalena, desde Barrancabermeja hasta Cartagena y viceversa, en un tramo
aproximado de 656 Km. Los servicios prestados cubren una única ruta compensada,
dado que en un trayecto moviliza crudo y nafta en el siguiente.

Aplicó el método de precio comparable no controlado (PC) comparando la operación
de transporte de crudo y nafta suministrado a Trafigura PTE con servicios de
transporte del mismo producto por oleoducto (operaciones externas comparables),
pues los servicios prestados por Impala a terceros independientes (comparables
internos) no eran similares para la aplicación de este método por tratarse del
transporte de carga seca (carbón y coque).

Para el análisis de los servicios de transporte era posible utilizar como comparable
la tarifa por servicio de transporte del mismo tipo de producto (carga líquida) por
oleoducto, por tratarse de un servicio sustituto, pues tanto los servicios que presta,
como el transporte por oleoducto suplen la necesidad de movilizar la carga líquida
para que llegue a su destino. Como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) menciona a los bienes y servicios sustitutos como una
circunstancia económica a tener en cuenta al realizar un análisis de comparabilidad,
es válido utilizar este criterio para los comparables en la operación objetada.

La particularidad que se presentó fue que se compararon trayectos geográficos para
transportar el mismo tipo de producto por vía fluvial o por oleoducto distintos dentro
de Colombia, por no existir unos exactos, circunstancia que no afecta su
comparabilidad, porque los comparables idénticos o perfectos no existen. Además,
la existencia de un impuesto aplicable al transporte del crudo por oleoductos no
implica una diferencia significativa, que impida su comparabilidad con otras
modalidades de transporte de la misma carga.

El dictamen pericial aportado en sede administrativa, ampliado con la demanda
presentada, indicó que el método PC tomando como comparable el transporte de
carga líquida por oleoductos, es la forma más fiable de verificar el cumplimiento del
principio de plena competencia: “tomando en consideración que el Ministerio de Minas y
Energía fijó las tarifas para el transporte a través de Oleoductos y que la fijación fue hecha con base
en las consideraciones previamente señaladas de los artículos 56 y 57 del Código de Petróleos y
que en ellos no se encuentra incluida ninguna referencia al impuesto de transporte no es posible
afirmar que los precios fijados por el Ministerio, los cuales fueron usados como comparable, para
efectos del estudio de precios de transferencia se encuentren en condiciones de comparabilidad que
estén alteradas con ocasión de un impuesto. Por todo esto argumentar que las tarifas no son
comparables con ocasión de un impuesto es desconocer la metodología establecida por el Gobierno
Nacional, para este efecto.”

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Si en gracia de discusión se aceptara el rechazo del método PC, el método de
márgenes transaccionales de utilidad (MTU), aplicado por la DIAN, debía considerar
comparables internos y si bien estas operaciones con terceros independientes no
son comparables para la aplicación del método PC, sí son comparables para analizar
los márgenes de utilidad. Por ende, la administración aplicó el método MTU
ignorando sus comparables internos, y contrastando el margen de rentabilidad
obtenido por Impala en sus operaciones con Trafigura PTE, con los márgenes
obtenidos por otras compañías en operaciones de transporte por ríos y canales de
todo tipo de productos (químicos, farmacéuticos, alimentos y bebidas, y materiales
de construcción).

A continuación, la demandante planteó los siguientes conceptos de violación:

1. Nulidad por violación de los artículos 260-3 y 260-4 del Estatuto Tributario
y del artículo 4 del Decreto 3030 de 2013.

Expuso que los servicios que le prestó a su vinculada son comparables con las
operaciones de transporte del mismo tipo de producto (carga líquida) bajo otras
modalidades de transporte (oleoducto), teniendo en cuenta que son servicios
sustitutos que satisfacen la misma necesidad cual es la de movilizar la carga líquida
para que llegue a su destino.

Pidió valorar el dictamen pericial que aportó en sede administrativa y que fue
ampliado en la demanda y explicó que este avala que el método PC para determinar
el precio de mercado de la operación con su vinculada es el más directo. Agregó
que dicho método no es aplicable con comparables internos, porque solo se
prestaron servicios de transporte de carga seca a terceros independientes por
volúmenes no comparables y se encontraron diferencias en el tipo de servicio,
tratamiento de la carga y tarifa facturada. Planteó que es posible aplicar el método
PC con comparables externos, porque existen tarifas públicas de transporte de carga
líquida por oleoducto del Ministerio de Minas y Energía.

Adujo que el rechazo del método PC configuró una nulidad por violación de los
artículos indicados y desconoce la interpretación del régimen de precios de
transferencia de las Directrices de la OCDE. Señaló que se incurrió en falsa
motivación e indebida valoración probatoria porque la demandada no analizó los
documentos que formaron parte del expediente administrativo de manera
adecuada, incluyendo el dictamen pericial aportado.

Defendió que la inexistencia de un oleoducto en la misma ruta geográfica que
Impala opera no constituye una diferencia que impida su comparabilidad. Alegó que
la administración estaría exigiendo comparables perfectos para utilizar el método
PC, en donde se contrasten solo servicios de transporte de carga líquida sobre los
mismos trayectos, lo cual viola el régimen de precios de transferencia que permite
que existan diferencias en los comparables.

Señaló que, según el dictamen pericial aportado, las diferencias que pueden existir
entre el transporte de la carga líquida por las rutas del oleoducto con el transporte
de la carga líquida por la modalidad fluvial no invalidan el método PC ni los
comparables seleccionados e invocó el parágrafo 3.38 de las Directrices de la OCDE.

Sostuvo que la DIAN rechazó la comparabilidad con los servicios sustitutos,
argumentando que las tarifas del transporte por oleoducto están afectadas por el

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impuesto al transporte por oleoducto. No obstante, el dictamen pericial explicó que
las tarifas de este transporte, fijadas por el Ministerio de Minas y Energía, no
incluyen ese impuesto.

2. Nulidad por violación del artículo 260-3 del Estatuto Tributario y del
Decreto 3030 de 2013, por falta de aplicación del parágrafo único del
artículo 260-4, falsa motivación e indebida valoración probatoria.

Señaló que la DIAN rechazó la aplicación del método PC y aplicó el MTU de forma
ilegal, al ignorar los comparables internos disponibles correspondientes a servicios
de transporte de carga seca (carbón y coque) prestados por Impala a terceros
independientes durante 2016, y preferir comparables externos.

Afirmó que la administración prefirió el uso de comparables externos, que
presentaban más diferencias que los comparables internos y resaltó que, aunque el
uso de comparables internos no era válido al aplicar el método PC, debido a las
diferencias en el tipo de carga (carga líquida v. carga seca) y los volúmenes
transportados (menor volumen en el caso de carga seca), sí era válido para el MTU
pues en él se consideran los resultados y no los precios, conforme al artículo 260-4
que prioriza el uso de comparables internos.

Alegó que la DIAN fundamentó la aplicación del MTU con comparables externos
basados en que Impala descartó el uso de comparables internos bajo el método PC,
por lo que incurre en falsa motivación y en indebida valoración probatoria. Explicó
que las diferencias de los comparables que son relevantes para comparar el precio
directamente a través del método PC, no lo son para comparar el margen de forma
indirecta a través del método MTU. Resaltó que en lugar de priorizar los comparables
internos, la demandada utilizó como comparables externos empresas ubicadas en
otros continentes, con servicios de transporte por ríos y canales de todo tipo de
productos.

Se refirió al dictamen pericial aportado que sostiene que la información comparable
externa seleccionada por la DIAN presenta diferencias significativas respecto a la
transacción controlada que afectan materialmente las condiciones analizadas a
través del método MTU y agregó que debe rechazarse el uso de la información
externa, por tratarse de compañías con descripciones de negocio amplias, y usarse
la información de comparables internos.

Alegó que el uso de comparables externos hace imposible determinar la
comparabilidad total en materia de funciones, activos y riesgos, dada la escasa
información disponible en las bases de datos existentes.

Argumentó que la segmentación financiera aportada en sede administrativa
demuestra que, en el caso de los servicios logísticos fluviales, se obtuvo el mismo
margen (-68,802%) tanto por los servicios prestados a terceros independientes en
Colombia como por los prestados a Trafigura PTE y que, de igual manera, en la
segmentación financiera por servicios logísticos de puertos, la pérdida obtenida por
la compañía al prestar dichos servicios a vinculados del exterior, fue exactamente
igual que en el caso de terceros independientes nacionales (-32,967%).

Destacó que las pérdidas en ambos segmentos obedecieron a la situación de la
industria petrolera en 2016 derivada de la caída en los precios del crudo y, por ende,

5
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de la disminución en la prestación de los servicios, y que ellas no se derivan de un
problema relacionado con precios de transferencia.

3. Indebida valoración probatoria, falta de valoración probatoria e indebida
motivación

Sostuvo que la DIAN violó el derecho de defensa, el debido proceso y el régimen
probatorio al no valorar el dictamen pericial aportado con el recurso de
reconsideración. Manifestó que, si bien la administración se refirió al dictamen
dentro de los antecedentes fácticos, no realizó una contradicción de fondo y
debidamente sustentada, observando para ello las ritualidades exigidas por la ley.4

Adujo que los actos administrativos son nulos debido a la falta de motivación, ya
que la administración no explicó las razones por las cuales el dictamen pericial
aportado no debía valorarse.5
4. Nulidad por infracción al derecho de defensa del artículo 29 de la
Constitución, al exigir ajustes al análisis de precios de transferencia sin
permitir su defensa.
Argumentó que la DIAN ignoró las Directrices de la OCDE, reconocidas por la Corte
Constitucional como criterio auxiliar de interpretación en la Sentencia C-690 de
2003. Indicó que el parágrafo 1.48 de las Directrices establece que la Administración
debe permitir al contribuyente justificar por qué sus resultados, aunque fuera del
rango intercuartil, cumplen con el principio de plena competencia. Señaló que la
demandada desestimó esta regla, al exigir ajustes automáticos a la mediana sin dar
oportunidad para presentar explicaciones, lo cual implica una aplicación sesgada
del régimen y una vulneración del derecho de defensa y del debido proceso.
5. Nulidad por violación de los principios de legalidad, debido proceso,
igualdad y buena fe
Señaló que la administración exigió el uso de comparables perfectos para aplicar el
método PC, a pesar de que la legislación colombiana y las Directrices de la OCDE no
lo requieren. Alegó que la DIAN vulneró los principios de buena fe, debido proceso y
de igualdad, al rechazar el uso de servicios sustitutos a los que presta solo porque
no son idénticos.
Afirmó que la Administración desconoció el principio de confianza legítima, porque
tenía una confianza razonable que le permitía fiarse de su análisis de precios de
transferencia contenido en la declaración y documentación comprobatoria, los
cuales no fueron objeto de fiscalización por la DIAN. Explicó que, si se acepta la tesis
de la Administración, ella debió activar un procedimiento sancionatorio tanto para
objetar la documentación comprobatoria y su declaración de precios de
transferencia, lo cual no ocurrió.
Alegó la vulneración del principio del respeto al acto propio, porque existió una
conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz que amparaba la actuación de
Impala. Agregó que el rechazo del método PC por usar como comparable los
servicios de transporte de carga líquida bajo otra modalidad, argumentando que no
cumple las mismas rutas geográficas, viola el principio de igualdad.
4
Al efecto, cita las sentencias C-622 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), y
SU-477 de 1997 (M.P. Jorge Arango Mejía). También citó la sentencia del Consejo de Estado del 14 de agosto de 2019
(exp. 23003; M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto).
5
Cita las sentencias C-279 de 2007 y T-552 de 2005.

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6. Improcedencia de la sanción por inexactitud

Alegó que la sanción por inexactitud impuesta es improcedente, pues no se incurrió
en ninguna de las conductas sancionables previstas en el artículo 647 del Estatuto
Tributario y los valores reportados en su declaración fueron ciertos, completos y
ajustados a la normativa aplicable, sin incluir datos falsos o desfigurados.

Argumentó que no existió intención de evadir el sistema tributario ni ánimo
defraudatorio, indispensables para imponer la sanción según lo establecido por la
Corte Constitucional en la sentencia C-690 de 1996. Resaltó que, si existiera una
inexactitud, se presenta un error de apreciación o una diferencia de criterio, lo que
excluye la imposición de la sanción.

7. Improcedencia de la sanción contra el representante legal y el revisor
fiscal

Explicó que la sanción impuesta al representante legal y al revisor fiscal es
improcedente debido a la falta de motivación en la liquidación oficial, lo que
constituye una infracción del artículo 658-1 del Estatuto Tributario. Precisó que los
actos demandados no presentan ningún razonamiento que justifique la sanción, sino
que simplemente citan la norma y asumen que, por existir una investigación al
contribuyente, automáticamente debe sancionarse a estas personas.

No hay ninguna evidencia que demuestre que el representante legal y el revisor
fiscal participaron, definieron o conocieron las supuestas irregularidades que se le
reprochan a la demandante. Alegó que los actos demandados carecen de una
explicación de los elementos de hecho y de derecho que dan lugar a la sanción.

Resaltó que la DIAN no discute la veracidad de los hechos económicos declarados,
sino que basa la sanción en su propia interpretación de los ajustes de precios de
transferencia, sin probar la existencia real de los ingresos omitidos.

Oposición de la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos6:

1. Inaplicabilidad del método PC

Argumentó que el método PC no es aplicable debido a las diferencias sustanciales
que existen entre el transporte por oleoducto, utilizado como comparable externo, y
el transporte fluvial. Los sistemas operan bajo condiciones completamente distintas,
con riesgos específicos; mientras el transporte por oleoducto utiliza un sistema de
tuberías, nodos y estaciones de bombeo para transportar el crudo, el sistema de
transporte fluvial utiliza flotas que se desplazan por el rio Magdalena, lo que se
traduce en asumir diferentes riesgos; por oleoducto pueden existir, derrames,
roturas, evaporación y en el transporte fluvial los riesgos son el impacto de las olas,
inconvenientes técnicos de las barcazas, la sedimentación del río, congestión en los
puertos, entre otros. Agregó que el sistema de oleoductos tiene una regulación
estatal específica, dada por el Código de Petróleos.

Manifestó que las circunstancias en las que se prestan los servicios de transporte
fluvial y por oleoducto son ostensiblemente distintas, no satisfacen la misma

6
SAMAI Tribunal, Índice 26.

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necesidad y el usuario no está en capacidad de escoger y remplazar un servicio por
otro. Explicó que el trayecto de transporte fluvial cubre la ruta Barrancabermeja –
Cartagena y viceversa, mientras que la sumatoria de los tramos de oleoducto
seleccionados inician en Galán y finalizan en Coveñas, por lo que cubren trayectos
o rutas diferentes, aun cuando la distancia en kilómetros sea análoga.

Planteó que al no ser remplazable un medio de transporte por el otro, no son
servicios sustitutos y que ello imposibilita la aplicación fiable del método del PC con
comparables externos, por lo que la DIAN propuso la aplicación del MTU con
comparables externos.

Se refirió al dictamen pericial y planteó que, a diferencia de lo allí expuesto, al
analizar los factores de comparabilidad, teniendo en cuenta las características de
los servicios que se pretenden comparar, entre transporte fluvial y transporte por
oleoducto de líquidos (crudo y nafta) existen diferencias significativas que afectan
la comparabilidad y sería necesaria la aplicación de ajustes, sobre todo teniendo en
cuenta que en el método PC es más estricto el análisis de las características del
servicio que se compara. Advirtió que, al revisar el análisis funcional, en materia de
activos, personal y riesgos, existen diferencias significativas que resultan
insubsanables incluso con la aplicación de ajustes.

Agregó que por tratarse de servicios significativamente distintos también se
encuentran diferencias en las cláusulas contractuales para su prestación, en las
circunstancias económicas y en las estrategias empresariales utilizadas por sus
prestadores, al punto que las tarifas por oleoducto se encuentran reguladas por el
gobierno y sostienen la imposición de tributos y subsidios especiales, lo que no
sucede con el transporte fluvial, circunstancias que claramente influyen
directamente en la fijación de las tarifas de los servicios y afectan su posibilidad de
ser comparables.

Describió las actividades de la demandante, destacando que además del transporte
de carga líquida, presta servicios de logística portuaria, almacenamiento y
multimodales, aspectos que no están incluidos en las tarifas del transporte por
oleoducto. Explicó que, de conformidad con el artículo 56 del Código de Petróleos,
las tarifas de este último están determinadas por variables para cada trayecto, como
el capital invertido, los costos de operación y un margen de utilidad basado en
estándares internacionales.

Adujo que el nivel de demanda y oferta es distinto, y, en consecuencia, el nivel de
competencia en el mercado, para lo cual se refirió al estudio de Oleoductos MME
2017 presentado por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y
Energía, en el que se elabora un diagnóstico general del sistema de transporte de
crudo en Colombia.

Defendió la aplicación del método MTU con el margen sobre costos y gastos (MCG)
como indicador de rentabilidad con comparables externos. Manifestó que la misma
contribuyente reconoció en su documentación que los servicios prestados a terceros
independientes correspondían al transporte de carga seca, en volúmenes no
comparables con los de las operaciones controladas, lo que impedía su uso como
comparables internos. Por ello, y siguiendo las Directrices de la OCDE, la DIAN
identificó siete comparables externos mediante la base de datos TP Catalyst y
procedió a aplicar el MTU.

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Demandante: Impala Terminals Colombia S.A.S

Señaló que el margen de rentabilidad en las operaciones vinculadas se encontraba
por fuera del rango intercuartil de los comparables externos, por lo cual fue ajustado
a la mediana del rango, generando una adición de ingresos operacionales de la
demandante.

Por último, manifestó que no vulneró el derecho de defensa de la demandante, pues
los actos emitidos en sede administrativa contienen todos los puntos que proponen
modificar, así como las razones de hecho y de derecho sobre las cuales se
fundamentan estas modificaciones, y le otorgaron al contribuyente el derecho de
presentar sus objeciones, así como de aportar pruebas.

2. Sanción por inexactitud

Argumentó que la demandante no cumplió con el principio de plena competencia, al
realizar operaciones con su vinculado utilizando márgenes de utilidad que no se
ajustan a los obtenidos en operaciones comparables entre partes independientes.
Esto generó una menor renta líquida gravable y un menor impuesto a pagar y, por
ende, configuró el hecho sancionable tipificado en la norma. Descartó la
configuración de una diferencia de criterios relativos a la interpretación del derecho
aplicable, al considerar que la discusión no se centra en la interpretación de una
norma, sino en una diferencia en el análisis de hechos económicos.

3. Sanción por reducción de pérdidas
Adujó que la sanción por inexactitud en casos de disminución o rechazo de pérdidas
fiscales se fundamenta en el artículo 647-1 del Estatuto Tributario. Explicó que este
artículo regula cómo deben aplicarse las sanciones por corrección o inexactitud en
situaciones donde las pérdidas fiscales declaradas no son procedentes.7
4. Sanción al representante legal y al revisor fiscal
Señaló que, en este caso, la demandante omitió ingresos en su declaración del año
gravable 2016, lo que generó una mayor pérdida fiscal improcedente. Explicó que
bajo el artículo 658-1 del Estatuto Tributario, esta omisión constituye una inexactitud
sancionable, que también implicó responsabilidad para el representante legal y el
revisor fiscal, quienes firmaron y aprobaron la declaración sin expresar salvedades
sobre las irregularidades detectadas.
Aseguró que los actos expedidos estuvieron debidamente motivados, pues allí se
indicaron los fundamentos de hecho y de derecho que fundamentan la sanción
propuesta8 y que tampoco hubo violación al debido proceso, ni al derecho de
defensa, teniendo en cuenta que la actuación se ajustó al procedimiento legal
previsto para imponer la sanción. Explicó que dentro del mismo proceso adelantado
contra la sociedad se propuso la sanción al representante legal y al revisor fiscal,
dentro del cual se garantizó el derecho de defensa, toda vez que se les notificó
debidamente el acto, para ejercer el derecho de controvertirlo.
5. Costas
Resaltó que, en casos en los que se acredita la existencia de un interés general,
como en el presente asunto, procede la condena en costas. Aseguró que “al revisar
7
Citó la Sentencia C-910 de 2004 de la Corte Constitucional.
8
Citó la Sentencia C-910 de 2004 de la Corte Constitucional, que valida la inclusión de revisores fiscales como destinatarios
de esta sanción y señala que el proceso se desarrolla dentro del mismo procedimiento administrativo contra la sociedad
infractora, garantizando así el derecho de defensa.

9
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el escrito de contestación de demanda, se encuentra en las pruebas que se acredite los gastos en
que se incurre la parte demandada en el desarrollo del proceso, por tanto, hay causación que lo
justifique.”

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas.9

Planteó que la demandante eligió el método PC, utilizando como comparable externo
las tarifas públicas del transporte de crudo por oleoducto, cuyo precio es regulado
por el Estado colombiano, sin considerar que su naturaleza difiere sustancialmente
del transporte fluvial.

A partir de un cuadro comparativo de las características del transporte fluvial de
carga líquida y del transporte por oleoducto, advirtió que existían diferencias
significativas por lo que no eran comparables. Explicó que la aplicación del método
PC implica una comparabilidad más estricta de los bienes o servicios, dado que las
diferencias relevantes en las características de estos afectan el precio, situación que
conduce a una distorsión de la comparabilidad razonable del “precio contra precio”
en operaciones similares.

Agregó que los servicios comparables deben obedecer a una alternativa real de
operación y no a una opción hipotética construida o diseñada a efectos de la
comparabilidad, como ocurrió en el presente caso. Indicó que la demandante intentó
homologar la tarifa del servicio de transporte de crudo por oleoducto entre Galán y
Coveñas con el trayecto fluvial entre Barrancabermeja y Cartagena, para lo cual
equiparó la distancia en kilómetros, pero olvidó que no existe una opción real de
transporte por oleoducto para este último trayecto, lo que impide considerarlo como
un servicio comparable o sustituto. Consideró que la alternativa planteada por la
demandante no representa una opción real del mercado, por lo que se descalificó
su uso como comparable.

Se refirió a las diferencias entre los precios cobrados por la demandante a sus
vinculados y los altos costos en que esta incurrió para prestar el servicio, señalando
que dicha discrepancia no es consistente con las Directrices de la OCDE. Manifestó
que este comportamiento genera dudas sobre si los valores pactados reflejan
condiciones razonables entre partes independientes, o si responden a fuerzas
ajenas al mercado, porque ningún operador independiente estaría dispuesto a
cobrar un valor significativamente inferior a sus costos.

Respecto a las conclusiones expuestas en el dictamen pericial indicó que, aunque
el método PC es en principio el más directo para evaluar precios de transferencia,
su aplicación no es procedente en este caso ante la ausencia de un comparable
válido.

Avaló la aplicación del MTU con comparables externos, indicando que fue la propia
demandante la que descartó el uso de comparables internos para aplicar el método
PC bajo el argumento de que los servicios prestados a terceros independientes
correspondían únicamente al transporte de carga seca (coque y carbón) en
volúmenes no comparables. Consideró que las diferencias en volumen y en las

9
SAMAI Índice 2.2ED_ZIPEXPEDI_ONEDRIVE20240423ZIP(.zip) NroActua 208001-2333-000-2022-00195-00 NRD
IMPALA TERMINALES VS DIAN- Con proyecto. 34. Sentencia1raInstancia.pdf

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características de los bienes transportados, afectaban sustancialmente la
comparabilidad y hacían improcedente su uso como comparable interno.

Indicó que, si la demandante consideraba procedente la aplicación de método MTU
con comparables internos, debió realizar un análisis funcional detallado de las
operaciones vinculadas y no vinculadas, para determinar su comparabilidad, así
como los ajustes necesarios para obtener resultados fiables.

Señaló que, si bien la demandada no desestimó expresamente el dictamen pericial,
en la resolución que resolvió los recursos de reconsideración cuestionó sus
fundamentos y le restó valor probatorio al considerar que sus conclusiones no se
alineaban con los hallazgos del proceso de fiscalización y resaltó que la
administración garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de la
demandante, dado que esta contó, en cada una de las etapas del procedimiento
administrativo, con las oportunidades legales para intervenir en el proceso de
fiscalización adelantado en su contra.

Indicó que la sanción por inexactitud es procedente, dado que la demandante
registró en su declaración ingresos por transacciones con vinculados económicos
que no cumplieron con el principio de plena competencia, lo que derivó en una
omisión de ingresos que originaron una disminución de la pérdida fiscal declarada,
y un menor saldo a favor por el impuesto que teóricamente generaría la pérdida
rechazada oficialmente, conducta sancionable bajo el artículo 647-1 del Estatuto
Tributario. Consideró que la demandante no demostró estar incursa en una
circunstancia de error respecto al derecho aplicable para que procediera la
exoneración de la sanción.

Consideró procedente la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 658-1
del Estatuto Tributario al representante legal y al revisor fiscal, dado que ambos
suscribieron la declaración en la cual se evidenció una omisión de ingresos en
operaciones con vinculados del exterior. Añadió que para imponer la sanción no era
necesario que la DIAN acusara formalmente irregularidades en la contabilidad, ya
que los supuestos para su imposición están dados por irregularidades en la
contabilidad o en las declaraciones tributarias, siendo este último el supuesto que
se encontró demostrado para sancionar al representante legal y al revisor fiscal.

No condenó en costas, destacando que estas no proceden de manera automática,
pues como lo establece el numeral 8 del artículo 365 del Código General del
Proceso, deben haberse causado, lo que no se evidenció en el caso examinado.

Recurso de apelación

El recurso de apelación fue interpuesto por el apoderado de Impala Terminals
Colombia S.A.S., como única demandante de los actos en cuestión, con base en
los siguientes argumentos:10
El Tribunal interpretó erróneamente el artículo 260-4 del Estatuto Tributario, pues
este no exige que no existan diferencias significativas para que dos operaciones
sean comparables, sino que, de existir tales diferencias, afecten “materialmente” el
precio o margen analizado. Así lo que exige la normativa es que las diferencias se
puedan eliminar, realizando los ajustes correspondientes para preservar la
comparabilidad, reitero entonces que lo razonable es que las diferencias puedan
10
SAMAI Índice 2. 2ED_ZIPEXPEDI_ONEDRIVE20240423ZIP(.zip) NroActua 2. 36. RecursoDeApelaciónDemandante.pdf

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existir, pues de lo contrario, prácticamente ninguna operación sería comparable,
porque todas presentan disimilitudes en menor o mayor grado. Ello significa que la
norma parte de reconocer que no existen operaciones idénticas o comparables
perfectos.
A partir de una lectura restringida de la norma, el a quo concluyó que las diferencias
que existen entre el transporte de carga líquida fluvial y por oleoducto, per se, son
suficientes para descartar el comparable externo empleado frente a la operación
controlada, a pesar de que la norma establece que pueden existir diferencias
significativas, pero que lo importante es que no afecten “materialmente” el precio o
margen analizado.
Afirmó que ninguna de las diferencias referidas por la DIAN calificadas por ella como
significativas afectan “materialmente” el precio de los servicios comparados por la
demandante y que no existe en el expediente prueba que demuestre que las
diferencias advertidas afectaron sustancialmente el precio establecido en el
transporte de carga líquida por oleoducto versus el transporte de carga líquida
fluvial. Manifestó que si la demandada quería desvirtuar el método PC y el
comparable empleado no podía limitarse a enunciar las diferencias que existen
entre uno y otro servicio, sino que era indispensable determinar en forma expresa
cómo esas diferencias afectaban “materialmente” el precio analizado, y cuantificar
su incidencia en las tarifas cobradas por la demandante y las tarifas seleccionadas
como comparables.
Resaltó que, dadas las dificultades para obtener información confiable para aplicar
el principio de plena competencia, las Directrices de la OCDE reconocen que los
precios de transferencia no son una ciencia exacta, y permiten acudir a soluciones
pragmáticas y juicios de valor para aplicar este régimen.
Indicó que el numeral 4 del artículo 260-4 del Estatuto Tributario menciona dentro
de las características económicas, la disponibilidad de bienes y servicios sustitutos,
sin exigir que los servicios que se toman como sustitutos deban corresponder a una
opción idéntica o exacta frente a la operación que se está comparando. Manifestó
que, si bien no existe un oleoducto entre los mismos puntos que opera Impala
(Barrancabermeja – Cartagena), optó por construir a partir de información real y
pública, un comparable a partir del precio de transporte por oleoducto (publicado
por Ecopetrol) por un tramo similar al de la operación controlada.
Consideró que las tarifas de transporte por oleoducto son un comparable válido,
pues son tarifas publicadas por Ecopetrol aplicables a la operación nacional por
oleoductos, con costos en dólares por barril y por kilómetro movilizado. Afirmó que
estas tarifas, reales y públicas, ofrecían información confiable que reducía la
necesidad de ajustes significativos. Señaló la existencia de similitudes importantes
entre el transporte fluvial y por oleoducto, como el objetivo común de transportar
cantidades separadas del mismo producto, la disponibilidad de ambos medios de
transporte en Colombia los cuales parten de puntos geográficos cercanos y llegan
a un puerto marítimo las cuales son comparables y entre puntos geográficos
cercanos, la continuidad del servicio, las cantidades transportadas, el nivel
controlado de pérdidas y el seguimiento volumétrico y satelital.
Incluyó en su escrito una gráfica que compara el trayecto fluvial de Impala con un
trayecto sustituto por oleoducto utilizado como referencia, mostrando ambos
recorridos en mapas. Resaltó que se trata de un tramo por oleoducto que existe y
que cubre un recorrido muy similar al tramo fluvial utilizado por la Compañía.

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Afirmó que si el vinculado no hubiera contratado el transporte de la carga líquida
con Impala, obligatoriamente hubiera tenido que contratar el servicio por oleoducto,
para poderlo movilizar a nivel internacional, es decir, para quedar ubicado en un
puerto de exportación.

Alegó que, conforme a la metodología para establecer las tarifas de transporte de
crudo por oleoducto, los tramos y la distancia en kilómetros no son factores
determinantes para fijar el precio promedio por barril transportado, dado que este
depende de variables como los valores de inversión, los costos operativos fijos y
variables, y los volúmenes transportados. Añadió que el volumen analizado (un
barril de crudo), que sería el único factor que podría incidir en las variaciones
tarifarias en el transporte fluvial de crudo y por oleoducto fue idéntico en ambas
modalidades de transporte, lo que refuerza su comparabilidad.

Resaltó que el ejercicio de comparación con valores teóricos/hipotéticos, como fue
acreditado en el estudio de precios de transferencia, obedeció a que la actividad
que realiza Impala no es común en Colombia y de la que se dispongan fuentes de
información para realizar un análisis de comparabilidad. Agregó que registró una
pérdida operacional en el año 2016, que le impidió realizar un análisis utilizando su
información financiera, sin recurrir a la aplicación de ajustes extraordinarios.

Alegó que la autoridad tributaria debe desacreditar la fiabilidad de los comparables
utilizados por el contribuyente y no puede limitarse a indicar, sin argumentos y
pruebas, que procede rechazar las comparables por haber encontrado diferencias.11
Reiteró que, sustancial y materialmente, la administración debe acreditar que esas
diferencias afectan materialmente el precio del producto evaluado y adujo que las
diferencias entre los dos sistemas de transporte no alteraron sustancialmente el
precio, ya que el transporte fluvial y por oleoducto son actividades que comparten
características esenciales y costos similares.

Frente al cuestionamiento del Tribunal sobre la discrepancia entre los costos y
gastos incurridos en 2016 y los ingresos facturados a su vinculada, explicó que
dicha diferencia obedeció a factores externos a la operación intercompañía, como
la capacidad instalada de Impala, que excedía significativamente el volumen
efectivamente transportado, generando capacidad ociosa y pérdidas operacionales.
Además, advirtió que la competencia en el mercado colombiano se concentraba en
el transporte por oleoducto, lo cual obligó a ajustar las tarifas a las condiciones del
mercado, como lo expuso el dictamen pericial.

También resaltó que, en los estados financieros del año 2016 certificados por el
revisor fiscal y entregados a la demandada, se indicó que el gasto por depreciación
para el año en cuestión fue superior debido a las inversiones sustanciales realizadas
desde 2015, las cuales generaron una alta depreciación.

Argumentó que un ajuste a la mediana como el propuesto por la DIAN, a partir de la
aplicación del método MTU que incrementa considerablemente el precio pactado, no
refleja un valor de mercado.

Discutió la aplicación del MTU al considerar que debió utilizar comparables internos,
pues además de contar información fiable de los mismos, para utilizar comparables
externos debió realizar un análisis funcional, seleccionar compañías que sí

11
Al efecto, citó la sentencia del 07 de diciembre de 2023, exp. 23530, M.P. Wilson Ramos Girón.

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resultaran comparables, y validar la necesidad de realizar ajustes a los comparables
y a la parte analizada para excluir el impacto de la capacidad ociosa en una mayor
estructura de costos y gastos fijos en comparación con los comparables y que
explica la situación de pérdida de Impala.

Argumentó que la sanción por disminución de pérdidas fiscales prevista en el
artículo 647-1, en el marco de impuesto CREE correspondiente al año gravable 2016,
no podía ser aplicada, en la medida en que el marco normativo vigente para ese
año (Ley 1607 de 2012), no contemplaba de manera expresa dicho hecho
sancionatorio en relación con ajustes por precios de transferencia, lo que
contraviene el principio de irretroactividad, tipicidad y la prohibición de imponer
sanciones por analogía. Señaló que este argumento puede resultar “extraño”, pero
solicita sea analizado con detenimiento, pues ello implicaría aceptar el principio de
irretroactividad previsto en la Constitución Política.

Reiteró lo expuesto sobre el error de apreciación razonable sobre la interpretación
del derecho aplicable, como causal de exoneración de la sanción por inexactitud.
Agregó que el régimen de precios de transferencia presenta una complejidad
técnica intrínseca, lo que genera diferencias razonables de interpretación. Resaltó
que no existe una regulación clara sobre la selección de servicios sustitutos como
comparables ni sobre el uso de información de carácter teórico o hipotético.
Manifestó que las Guías de la OCDE de 2017 indican que resulta injusto imponer
sanciones severas a los contribuyentes que han hecho un esfuerzo razonable de
buena fe para fijar las condiciones de sus operaciones con empresas asociadas de
conformidad con el principio de plena competencia.

Objetó la decisión del tribunal de imponer la sanción prevista en el artículo 658-1 al
representante legal y al revisor fiscal, argumentando que no se configuran los
supuestos de hecho necesarios para su aplicación. Subrayó que el tribunal sustentó
su criterio en las sentencias 24318 del 19 de noviembre de 2020 y 25789 del 28 de
abril de 2022, las cuales atribuyen responsabilidad a los firmantes de declaraciones
tributarias cuando estas contienen irregularidades sancionables. Precisó que los
casos analizados en dichas providencias difieren sustancialmente del presente,
pues en aquellos se acreditaron pasivos inexistentes, operaciones simuladas y
deficiencias contables, aspectos que no son objeto de discusión en este proceso.

Reiteró que el ajuste en la declaración derivó de la aplicación del régimen de precios
de transferencia, un área de alta complejidad técnica que no puede equipararse a
irregularidades como las señaladas en las sentencias citadas. Además, destacó que
el principio de tipicidad fue desconocido, ya que los verbos rectores de la sanción,
"ordenar" y "aprobar", no pueden aplicarse por el simple hecho de firmar la
declaración.

Reprochó que el dictamen pericial aportado no fue debidamente evaluado por el
tribunal. En su opinión, la negativa del tribunal de valorar este medio de prueba y la
ausencia de un contra-peritaje para cuestionar sus conclusiones, evidencian una
valoración arbitraria y contraria a las garantías procesales. Por ello, solicitó que el
Consejo de Estado analice integralmente el dictamen y, si lo considera necesario,
convoque a la experta para sustentar sus conclusiones en audiencia.

Por último, destacó que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016,
la DIAN perdió competencia para modificar las declaraciones del CREE con base en
ajustes derivados de precios de transferencia. Señaló que, si bien la Ley 1739 de

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2014 otorgó esa facultad mediante la remisión al artículo 260-2 del Estatuto
Tributario, esta disposición fue expresamente derogada por el artículo 376 de la Ley
1819 de 2016. Resaltó que la derogatoria implicó la terminación de la vigencia de
dicha facultad, lo que invalidaba cualquier actuación de la DIAN sobre el tema
después de esa fecha.

Oposición a la apelación12

La DIAN se opuso al recurso de apelación reiterando los argumentos planteados en
la oposición de la demanda sobre el rechazo del método PC ante la ausencia de un
servicio sustituto, la selección del comparable externo dadas las diferencias entre el
transporte fluvial y por oleoducto, las diferencias que inciden en el precio como la
diferencia entre los trayectos comparados y el impuesto de transporte aplicable a
los oleoductos, y la procedencia del método MTU para valorar la transacción
controlada.
Intervención del ministerio público

El ministerio público no se pronunció en esta instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Corresponde a la Sección resolver los cargos de apelación formulados por la
demandante respecto de la sentencia de primera instancia que denegó las
pretensiones de la demanda. En particular, corresponde determinar si los actos
demandados son nulos por ser procedente la aplicación del método PC propuesto
por la demandante con la selección del comparable externo de transporte por
oleoducto, como servicio sustituto del transporte fluvial de crudo y nafta o si, por el
contrario, resulta procedente la aplicación del método MTU con los comparables
externos seleccionados por la demandada. En caso de no prosperar los cargos de
nulidad propuestos por la demandante, se revisará la procedencia de la imposición
de la sanción por inexactitud.
De forma previa al estudio de fondo de los cargos de apelación, la Sección debe
reiterar el criterio expuesto en las sentencias del 9 de abril de 2025, exp. 26144; del
9 de mayo de 2024, exp. 28297; y del 11 de octubre de 2024, exp. 27637, MP:
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, frente al alcance del recurso de apelación. En
estas providencias, se indicó que, según el artículo 320 del Código General del
Proceso, el objeto del recurso de apelación consiste en que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente frente a los reparos concretos formulados por el
apelante. Lo anterior, en concordancia con el artículo 328 ibidem, conforme al cual
la competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos
por el recurrente.
Lo anterior, en la medida en que los argumentos con los que se pretende censurar
la sentencia apelada deben estar acordes con lo planteado en el concepto de
violación de la demanda (en el caso del demandante), lo expuesto en la oposición
a la misma (en el caso del demandando) y, en cualquier caso, con lo razonado por
el juez de primera instancia13. Un entendimiento contrario, vulneraría el derecho de
12
SAMAI Índice 00011
13
Ver sentencia del 16 de noviembre de 2023, exp. 27886, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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contradicción de las partes, el principio de congruencia y la lealtad procesal, ya que
implicaría la posibilidad de fundamentar el recurso de apelación en hechos o
argumentos que el juez de primera instancia no pudo tener en cuenta por no haber
sido puestos a su consideración en la etapa procesal oportuna.

En el caso bajo examen, se advierte que la recurrente, en su escrito de apelación,
argumentó que, si en gracia de discusión, fuera procedente la aplicación del método
MTU respecto de la operación de ingreso, se debía haber validado la necesidad de
realizar ajustes a los comparables y a la parte analizada, por ejemplo, para excluir
el impacto de la capacidad ociosa en una mayor estructura de costos y gastos fijos
registrado por Impala en comparación con los comparables.

Agregó que resultaba necesario realizar ajustes a su información financiera,
teniendo en cuenta el alto porcentaje que representó el rubro de amortización en
sus gastos y que, en este sentido, si el objetivo era aplicar un método que analizara
el resultado operacional obtenido por la compañía frente al resultado operacional
por entidades consideradas como comparables, se hacía necesario o desconocer
la proporción adicional de gastos por concepto de amortización registrados por
Impala en sus estados financieros o incluir en las comparables una proporción
similar, para verificar el efecto que causó dicha situación en sus resultados. De esta
manera, se igualarían las condiciones y se obtendrían resultados más precisos.
Concluyó que, si el análisis se hubiese efectuado con los ajustes mencionados, el
MCG se habría ubicado dentro del rango de plena competencia.

En la apelación, la demandante también alegó la falta de competencia de la
demandada para modificar la declaración de CREE del año 2016 con base en ajustes
de precios de transferencia, por la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016 y planteó
que la sanción por disminución de pérdidas fiscales prevista en el artículo 647-1 del
Estatuto Tributario, en el marco del CREE de ese año no podía ser aplicada, porque
el marco normativo vigente para ese año (Ley 1607 de 2012), no contemplaba de
manera expresa dicho hecho sancionatorio en relación con ajustes por precios de
transferencia.

La Sección advierte que ninguno de estos argumentos fue planteado en la
demanda, por lo que el juez de primera instancia no tuvo oportunidad de
pronunciarse frente a los mismos, y en consecuencia, para proteger el equilibrio
procesal, el derecho de defensa de las partes y los principios de igualdad y
congruencia de las sentencias, la Sección se abstendrá de estudiarlos pues, se
reitera, se trata de hechos novedosos que solo se plantearon en sede de apelación
y no fueron abordados en la oportunidad procesal pertinente.

Adicionalmente, la Sección precisa que, en sede judicial se cuestionó la procedencia
de las sanciones al representante legal y al revisor fiscal de la demandante
determinadas en el acto de determinación oficial del CREE de 2016, de conformidad
con el artículo 658-1 del Estatuto Tributario. No obstante, el apoderado del caso,
obra en representación de la sociedad demandante según el poder otorgado por el
representante legal14, pero no cuenta con el mandato conferido por las personas
naturales sancionadas en el acto de liquidación oficial. Por lo tanto, las sanciones
en cuestión no podrán ser analizadas en el presente proceso15.

14
Samai, Índice 2, 2ED_ZIPEXPEDI_ONEDRIVE20240423ZIP(.zip) NroActua 2, 00.Anexos, Poder IMPALA.pdf.
15
Sobre este asunto, ver sentencias del 2 de mayo de 2024, exp. 27199, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del 23
de junio de 2022, exp. 22301, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

16
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Análisis del caso concreto

1. Aplicación del método PC a partir de servicios sustitutos como
comparable externo

Durante el año 2016 la demandante prestó servicios de logística de transporte fluvial
de carga líquida (crudo y nafta) a su vinculada Trafigura PTE, ubicada en Singapur.
El servicio fue prestado mediante navegación por el Río Magdalena cubriendo la
ruta Barrancabermeja - Cartagena (Puerto Bahía) y para determinar el precio de
libre competencia del servicio prestado a su vinculada, la demandante aplicó el
método PC seleccionando como comparable externo, el servicio de transporte de
carga líquida por oleoducto, con base en las listas públicas de precios fijados por el
Ministerio de Minas y publicadas por Ecopetrol. Con base en lo anterior, determinó
el valor por barril de crudo transportado por oleoducto en la misma distancia en
kilómetros por una ruta similar, para lo cual identificó cuatro tramos de oleoductos y
sumó las tarifas de cada uno de ellos. Planteó que el transporte por oleoducto de
carga líquida es un servicio sustituto del transporte fluvial, pues a pesar de no ser
exactamente igual, satisface la misma necesidad de movilizar la carga líquida a su
destino, en un mercado determinado.

En el otro extremo, la demandada cuestionó el método, al advertir que el servicio de
transporte por oleoducto, como comparable externo, no era un servicio sustituto del
transporte fluvial de carga líquida, debido a la existencia de diferencias significativas
con riesgos específicos para cada modalidad. Señaló que las operaciones
contrastadas cubren trayectos diferentes (parten de y llegan a puntos geográficos
distintos), por lo que el usuario no puede elegir y remplazar un servicio por otro.
Agregó que la infraestructura y activos utilizados son diferentes, cada sistema de
transporte implica riesgos distintos, y el sistema de oleoductos tiene una regulación
estatal específica dada por el Código de Petróleos; además de la imposición de un
impuesto de transporte aplicable a los oleoductos que no es aplicable al transporte
fluvial. Agregó que, bajo el Código de Petróleos, las tarifas del transporte por
oleoducto están determinadas por variables para cada trayecto, como el capital
invertido, los costos de operación y un margen de utilidad basado en estándares
internacionales y que se encuentran diferencias en las cláusulas contractuales para
su prestación, en las circunstancias económicas y en las estrategias empresariales
utilizadas por sus prestadores, todo lo cual afecta la comparabilidad pretendida por
la demandante. Resaltó que además del transporte de carga líquida, la demandante
presta servicios de logística portuaria, almacenamiento y multimodales, aspectos
que no están incluidos en las tarifas del transporte por oleoducto. Manifestó que en
el método PC el análisis de las características del servicio que se compara es más
estricto y que, al revisar el análisis funcional, en materia de activos, personal y
riesgos, existen diferencias significativas que resultan insubsanables incluso con la
aplicación de ajustes.

El tribunal consideró que el método PC a partir del transporte por oleoducto no era
el más apropiado para valorar la transacción controlada, dado que, para ser un
servicio sustituto debía corresponder a una alternativa real de operación, y en el
mercado no existía un oleoducto que cubriera la misma ruta que la analizada.
Planteó que las tarifas públicas del transporte de crudo por oleoducto son reguladas
por el estado colombiano y advirtió que existían diferencias significativas entre el
transporte fluvial y por oleoducto, por lo que no eran comparables y que el método
PC implica una comparabilidad más estricta de los bienes o servicios, dado que las
diferencias relevantes en las características de estos afectan el precio.

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Para decidir, la Sección empieza por advertir que bajo el régimen de precios de
transferencia las transacciones realizadas por el contribuyente con vinculados
económicos deben cumplir el principio de plena competencia, conforme lo expone
el artículo 260-2 del Estatuto Tributario que establece que una operación entre
vinculados debe cumplir con las condiciones que se hubieren utilizado en
operaciones comparables con o entre partes independientes.

El artículo 260-4 ibidem, prevé que para determinar si las operaciones son
comparables o si existen diferencias significativas debe tenerse en cuenta los
siguientes cinco factores de comparabilidad, dependiendo del método de precios de
transferencia seleccionado: (i) características de las operaciones, (ii) funciones o
actividades económicas, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las
operaciones, de cada una de las partes involucradas en la operación, (iii) términos
contractuales de las partes que se evidencien frente a la realidad económica de la
operación, (iv) circunstancias económicas o de mercado; y, (v) estrategias de
negocios.

Debido a la dificultad de determinar transacciones idénticas, se requiere adelantar
un análisis de comparabilidad para que se puedan contrastar los precios o
márgenes de utilidad de transacciones controladas con los de transacciones
comparables no controladas. Para ello, las Directrices de Precios de Transferencia
de la OCDE (2010), criterio auxiliar de interpretación en esta materia, desarrollan una
metodología que incluye el análisis de las circunstancias del contribuyente; el
entendimiento de la transacción controlada con base en un análisis funcional; la
revisión de comparables internos; la determinación de fuentes de información
disponibles sobre comparables externos; la selección del método más adecuado y,
dependiendo del método, del indicador de rentabilidad; la identificación de
potenciales comparables; la determinación y realización de ajustes de
comparabilidad; y la interpretación de la información recolectada para la
determinación del precio o margen de utilidad de plena competencia (párrafos 3.1 y
siguientes).

Así, la selección y aplicación del método más adecuado a las transacciones
contrastadas conduce a determinar si la transacción controlada produjo un precio o
margen de utilidad que atienda el principio de plena competencia. Al respecto, el
artículo 260-3 del Estatuto Tributario dispone que el precio o margen de utilidad en
las operaciones celebradas entre vinculados se puede determinar por la aplicación
de cualquiera de los métodos allí listados.

Para seleccionar el método más apropiado, el artículo referido señala que, en cada
caso, se deben utilizar los siguientes criterios: i) los hechos y circunstancias de las
transacciones controladas o analizadas, con base en un análisis funcional detallado,
ii) la disponibilidad de información confiable, particularmente de operaciones entre
terceros independientes, necesaria para la aplicación del método, iii) el grado de
comparabilidad de las operaciones controladas frente a las independientes, y iv) la
confiabilidad de los ajustes de comparabilidad que puedan ser necesarios para
eliminar las diferencias materiales entre las operaciones entre vinculados frente a
las independientes.

En relación con la información específica que hace parte de la documentación
comprobatoria, el artículo 4 del Decreto 3030 de 2013 dispone que el análisis
económico debe incluir, entre otros, el método utilizado por el contribuyente para la
determinación de los precios o márgenes de utilidad, con indicación del criterio y

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elementos objetivos considerados para concluir que el método utilizado es el más
apropiado, de acuerdo con las características de los tipos de operación analizados.
Adicionalmente, el análisis económico debe incluir el detalle de los comparables
seleccionados, para lo cual la documentación e información a preparar y remitir por
cada tipo de operación o empresa comparable, deberá tener el nivel de detalle
requerido para demostrar la aplicación de los criterios de comparabilidad de que
trata el artículo 260-4 ibidem, para lo cual se identificará cada uno de los
comparables seleccionados, la metodología utilizada para su determinación, las
fuentes de información de las que se obtuvieron esos comparables y la fecha de
consulta a las mismas, así como la indicación de los comparables seleccionados
que se desecharon, señalando los motivos que se tuvieron en consideración para
ello.

Sobre el método PC, el artículo 260-3 ya mencionado vigente a la época de los
hechos16 indica que él compara el precio de bienes o servicios transferidos en una
operación entre vinculados, frente al precio cobrado por bienes o servicios en una
operación comparable entre partes independientes, en situaciones comparables y
las Directrices de la OCDE (2010) indican que el método PC consiste en comparar el
precio facturado por activos o servicios transmitidos en una operación controlada,
con el precio facturado por activos o servicios transmitidos en una operación no
controlada en circunstancias comparables. Si hay diferencias entre los dos precios,
esto puede indicar que las condiciones de las relaciones comerciales y financieras
de las empresas asociadas no se ajustan a las de plena competencia (párrafo 2.13.).

Así, una operación no controlada es comparable a una operación controlada, a fin
de aplicar ese método, si: (i) ninguna de las diferencias (si las hay) entre las dos
operaciones que se comparan o entre las dos empresas involucradas en esas
operaciones, es susceptible de afectar materialmente el precio del libre mercado; o
(ii) pueden realizarse ajustes suficientemente precisos para eliminar los efectos de
esas diferencias (párrafo 2.14.). Al considerar si son comparables unas operaciones
vinculadas con otras no vinculadas, debe tenerse en cuenta el efecto que tienen
sobre los precios otras funciones más amplias de la empresa y no sólo el grado de
comparabilidad del producto.

Bajo el método PC, la exigencia de comparabilidad de los bienes o servicios es más
estricta, pues toda diferencia significativa en las características de los bienes o de
los servicios puede afectar al precio, por lo que exige la consideración de un ajuste
(párrafo 2.15). Precisamente, ese método es especialmente fiable cuando una
empresa independiente vende el mismo producto o presta el mismo servicio que el
vendido entre dos empresas asociadas (párrafo 2.18). A partir de allí, las mismas
Directrices plantean ejemplos para aplicar el método, los cuales parten de la
similitud de los bienes transados y evalúan la existencia de diferencias relacionadas
con el lugar de procedencia del producto, condiciones del transporte y del seguro, y
con el volumen de ventas, que pueden o no ser susceptibles de ajustes fiables,
dependiendo del caso concreto (párrafos 2.18 a 2.20). No obstante, este método
puede aplicarse en transacciones comparables internas o externas, dependiendo
de la información disponible.

Adicionalmente, cuando hay comparables fiables disponibles, el método PC es el
medio más directo para comprobar si el precio cobrado en una transacción

16
El artículo 107 de la Ley 1819 de 2016 estableció las condiciones para aplicar el método PC en operaciones de compra
de activos usados y operaciones de commodities.

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controlada atiende el principio de plena competencia. Sin embargo, en algunos
casos, el método puede resultar difícil de aplicar en la práctica pues requiere un alto
grado de comparabilidad. El método PC compara una operación vinculada con una
operación no vinculada similar, con el objeto de ofrecer una estimación directa del
precio que las partes hubieran acordado en caso de haber optado por una operación
ofrecida en el mercado como alternativa a la operación vinculada; sin embargo, si
no todas las características de las operaciones no vinculadas que influyen
significativamente en el precio cargado entre empresas independientes son
comparables, el método pierde fiabilidad como sustitutivo de una operación de plena
competencia (párrafo 1.35).

Si bien todos los factores de comparabilidad deben considerarse para la aplicación
del método, las características de los bienes y las circunstancias económicas de la
transacción son particularmente importantes al aplicar este método. De hecho,
diferencias menores en estos factores de comparabilidad pueden tener un efecto
sustancial en los precios que son comparados. Conforme a este método, toda
diferencia significativa en las características de los bienes o de los servicios puede
afectar al precio, por lo que exige la consideración de un ajuste (párrafo 1.40) y,
puntualmente, en el caso de los servicios, las Directrices se refieren a la naturaleza
y el alcance de estos; así, la comparación de estas características puede ser útil en
la determinación de la comparabilidad entre operaciones vinculadas y no vinculadas
(párrafo 1.39).

Sobre las circunstancias económicas, las guías indican que para lograr la
comparabilidad se requiere que los mercados en que operan las empresas
independientes y las asociadas no presenten diferencias que incidan
significativamente en los precios, o que se puedan realizar los ajustes apropiados.

Las circunstancias económicas que pueden ser relevantes para determinar la
comparabilidad de los mercados son: su localización geográfica; su dimensión; el
grado de competencia y la posición competitiva relativa de compradores y
vendedores; la disponibilidad (el riesgo) de bienes y servicios alternativos; los
niveles de oferta y demanda en el mercado en su totalidad, así como en
determinadas zonas, si son relevantes; el poder adquisitivo de los consumidores;
los costes de producción, incluyendo los costes del suelo, del trabajo y del capital;
los costes de transporte; el nivel de mercado (por ejemplo, venta al por menor o al
por mayor); la fecha y el momento de la operación, la naturaleza y alcance de la
reglamentación del mercado, etc. A este respecto, el numeral 4 del artículo 260-4
del Estatuto Tributario, se refiere a los reglamentos gubernamentales.

Es de resaltar que los hechos y circunstancias del caso concreto determinarán si
las diferencias en las circunstancias económicas inciden significativamente sobre el
precio, y si pueden realizarse ajustes razonablemente precisos para eliminar los
efectos de tales diferencias (párrafo 1.55).

En el caso concreto, tras presentar la declaración del impuesto sobre la renta para
la equidad- CREE del año gravable 201617, la demandante presentó la declaración
informativa de precios de transferencia correspondiente18, en la cual reportó
operaciones de ingreso - otros servicios, y la documentación comprobatoria19 con el
estudio de precios de transferencia en donde indicó:

17
CAA, Fl. 4. La declaración inicial fue corregida posteriormente, ver CAA Fl. 6.
18
CAA, Fl. 18.
19
CAA, Fl. 21 y siguientes.

20
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1. Para prestar sus servicios de transporte marítimo y fluvial de mercancías cuenta con una
flota que circula por el río Magdalena. Adicionalmente, presta actividades conexas, en
especial realizar actividades de cargue, descargue y manipulación de mercancías en
puerto.
2. Tiene una gran dependencia de la navegabilidad del río Magdalena para prestar un
servicio más eficiente, por cuanto dependiendo de la profundidad del río (varía
dependiendo de la época del año y del nivel de lluvias) puede movilizar barcazas con
diferentes cantidades de carga.
3. Las rutas del transporte fluvial corresponden a:
Barrancabermeja – Cartagena
Cartagena – Barrancabermeja
La compañía intermedia servicios de transporte terrestre, en donde subcontrata con
terceros dichos servicios, cuando los requiere para completar el servicio por el cual ha
sido contratada.
4. Dentro del análisis funcional, indicó que, en el caso de servicios fluviales prestados a
terceros independientes, correspondieron a la movilización de carga seca únicamente.
Esto supone una diferencia en el servicio, en el control de la carga y por ende en la tarifa
facturada.
Los inventarios se representan en materiales, combustibles y partes destinadas a cubrir
el mantenimiento de los equipos y activos.
La compañía ofrece a sus clientes altos estándares de seguridad a través de sistemas de
información integrados que le permiten prevenir incidentes y cualquier tipo de riesgos.
El riesgo de mercado que asume la compañía tiene relación directa con la capacidad que
posee de transporte vía terrestre y fluvial. La compañía asume el riesgo de las variaciones
de la industria en la que se desenvuelve, específicamente en la cantidad de producto a
transportar, demandado por la industria. También asume el riesgo derivado de la
existencia de métodos sustitutos de transporte para carga líquida y seca. Sobre carga
líquida, la red de oleoductos de Colombia genera la principal competencia.
Enfrenta un riesgo ambiental derivado de que su operación se desarrolla en el río
Magdalena y depende directamente del calado del río que según el nivel de lluvias puede
presentar una mayor profundidad y posibilidad de que la movilización de inventarios se
realice en más o menos barcazas. Este riesgo es asumido en su totalidad por la
compañía.
Asume el riesgo en el defecto del servicio por demoras en el transporte de inventarios,
que son compensados a los clientes dependiendo de los acuerdos previamente
establecidos.
Asume el riesgo de cartera por operaciones en que otorga un plazo por el pago de los
servicios prestados.
Asume el riesgo inherente a la tenencia de la propiedad, planta y equipo necesarios para
su negocio.
Frente a las decisiones gubernamentales, aunque no tiene regulaciones que la afecten
directamente, el precio de sus servicios se ve afectado por las regulaciones de precio
tienen sus competidores directos, tal como los oleoductos.
5. En el año 2016, el principal cliente de exportación fue su vinculado económico Trafigura
PTE (Singapur), para quien transportó carga líquida exclusivamente. Los servicios
corresponden a una única ruta compensada, pues en un trayecto moviliza crudo y en el
siguiente, nafta. El trayecto utilizado para la prestación de servicios es Barrancabermeja
– Cartagena (Puerto Bahía) y Cartagena (Puerto Bahía) – Barrancabermeja, a las
siguientes tarifas:

Producto Tarifa en USD
Crudo 5,090
Nafta 3,240

21
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6. El método seleccionado como apropiado fue el PC en su versión externa, dada la
existencia de tarifas públicas dadas por el Ministerio de Minas y Energía para el servicio
de transporte de los mismos productos, esto es, transporte de crudo a través de
oleoductos. Para la selección de comparables se buscaron tramos que representaran la
misma distancia que la ruta analizada, así se determinó la suma de los siguientes tramos:

Tramo Tarifa en USD por barril
Galán - Isla VI 18” 0,18
Isla VI - Ayacucho 18” 0,85
Ayacucho - Cicuco 16” 1,56
Cicuco - Coveñas 1,1
Total trayecto 3,69
Debido a que la anterior sumatoria representa un solo trayecto, multiplicó por dos el
trayecto determinado por las tarifas del oleoducto, tomando como comparable una tarifa
compensada de USD 7,380 por barril.
7. El análisis económico para determinar si la compañía pactó precios en condiciones de
mercado en la prestación de servicios a su vinculado consistió en comparar el precio en
la tura compensada facturado por Impala a su compañía vinculada y el precio en la ruta
compensada de transporte de carga líquida por oleoducto. Así, la aplicación del método
PC generó los siguientes resultados:

Precio USD por barril pactado por Impala
Precio USD por barril en el oleoducto
Colombia
8,330 7,380

8. A partir de lo anterior, se concluyó que el precio pactado en las transacciones realizadas
por Impala y su vinculada durante 2016, no era inferior al pactado por terceros
independientes.

Adicionalmente, con la respuesta al requerimiento especial, la demandante allegó
un dictamen pericial20 y, posteriormente, con la corrección a la demanda aportó una
ampliación al mismo21. En ellos, la experta avaló el análisis realizado en el estudio
de precios de transferencia remitido como parte de la documentación
comprobatoria, en relación con la selección del método PC y del comparable externo
(transporte de crudo por oleoducto) como servicio sustituto del transporte fluvial.

Verificado lo anterior, lo primero que se advierte es que cuando se trata de la
aplicación del método PC, se compara el precio cobrado por servicios prestados en
una transacción controlada (transporte fluvial de crudo y nafta), con el precio
cobrado por servicios similares prestados en una transacción no controlada en
circunstancias comparables. Para el caso concreto, la demandante seleccionó
como comparable el servicio de transporte de crudo por oleoducto, por considerarlo
como un servicio sustituto del transporte fluvial, sin realizar ajuste alguno para dar
cuenta de las diferencias significativas que pudieran afectar materialmente el precio.

Como se indicó previamente, si bien todos los factores de comparabilidad deben
considerarse para la aplicación del método PC, las características de los bienes y
servicios y las circunstancias económicas de la transacción cobran especial
relevancia bajo este método y, en el caso de los servicios, se considera su
naturaleza y alcance, pues la comparación de estas características resulta útil en la
determinación de la comparabilidad entre operaciones controladas y no controladas.

Para el caso puntual, este primer aspecto podría en principio cumplirse en la medida
en que los servicios contrastados coinciden en su naturaleza por tratarse de

20
CAA, Fls. 461, 471 y siguientes.
21
SAMAI Tribunal, índice 9.

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servicios de transporte y en su alcance por tratarse de transporte de carga líquida
en una misma distancia en kilómetros. A este respecto, buena parte de la discusión
de las partes dada en sede administrativa y judicial se dirigió a cuestionar si el
servicio seleccionado como comparable (transporte por oleoducto) era o no un
servicio sustituto del transporte fluvial, dadas las diferencias advertidas entre
ambos, aspecto frente al cual se resalta que, si bien las rutas de los servicios en
cuestión atienden puntos geográficos diferentes, lo cierto es que cubren trayectos
similares y que, como lo afirma la demandante, si el vinculado económico no
hubiese contratado el transporte de la carga líquida (crudo y nafta) con la
demandante, hubiese tenido que hacerlo a través del oleoducto, aspecto que no fue
rebatido por la demandada en el sentido de soportar que, ante tal situación, la
vinculada del exterior no habría podido contratar el servicio de transporte por
oleoducto para transportar la carga líquida o hubiese tenido que contratar otro medio
de transporte (como el terrestre).

En este sentido, dadas las particularidades del caso y de la discusión, el servicio de
transporte por oleoducto para movilizar carga líquida puede ser similar al servicio
fluvial, incluso sustituto desde la perspectiva de ser un servicio que, a pesar de no
ser exactamente igual, satisface las mismas necesidades en un mercado
determinado, esto es, transportar carga líquida a puerto de exportación. No
obstante, tal circunstancia no lo releva de la obligación de cumplir los factores de
comparabilidad en mayor o menor intensidad, pues el servicio sustituto debe ser en
todos los casos comparable; servicio sustituto no significa automáticamente servicio
comparable, como lo pretende hacer ver la demandante, especialmente teniendo
en cuenta que, bajo el método PC, incluso la menor diferencia en los servicios
contrastados puede afectar el precio y deben efectuarse ajustes. Tal y como se ha
indicado, diferencias menores en los factores de comparabilidad pueden tener un
efecto sustancial en los precios que son comparados.

Así, un segundo aspecto que debe revisarse es el de las circunstancias económicas
de la transacción como factor de comparabilidad que cobra especial relevancia bajo
el método PC. Dentro de dichas circunstancias, uno de los aspectos a los que refiere
el artículo 260-4 del Estatuto Tributario y las Directrices de la OCDE (2010) es el
reglamento gubernamental. De hecho, para el caso concreto se advierte que, desde
la sede administrativa, además de resaltar diferencias a nivel del análisis funcional
en materia de activos utilizados, personal y riesgos asumidos, la demandada ha
señalado que el transporte por oleoducto tiene una regulación estatal dada por el
Código de Petróleos, en donde, se fijan las reglas para que el Estado determine la
tarifa del servicio de transporte por oleoducto, entre otros. Así, el artículo 56 del
Código referido establece que el Gobierno fija las tarifas de transporte, teniendo en
cuenta:
1. La amortización del capital invertido en la construcción.
2. Los gastos de sostenimiento, administración y explotación.
3. Una ganancia equitativa para el empresario, que se fijará de acuerdo entre éste y el
Gobierno, sobre la base de las utilidades que, en otros países, y especialmente en los
Estados Unidos, tengan las empresas semejantes de oleoductos, y teniendo en cuenta
también el desarrollo económico de los campos petrolíferos servidos por el oleoducto de
que se trata.

A partir de lo anterior, la Resolución 72146 de 2014 del Ministerio de Minas y
Energía, vigente para el año en cuestión, establece la metodología para la fijación
de tarifas por el transporte de crudo por oleoductos.

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Frente a esa resolución, lo primero, es resaltar que los considerandos de esa norma
señalan que el Ministerio de Minas y Energía llevó a cabo un estudio para el análisis
de las condiciones de integración vertical entre las actividades de producción y
transporte de crudos, y de refinación y transporte de derivados, en el que se
recomendaron medidas para, entre otros, incentivar la inversión en transporte por
oleoductos y que, de hecho, la fórmula fijada en la anterior norma (Resolución
124663 de 2010) cambió para reconocer factores adicionales.

En segundo lugar, el artículo 7 prevé la siguiente fórmula tarifaria:

Nótese que dicha fórmula incluye varios factores dentro de los cuales se observa el
factor de ajuste tarifario que se definió en ese artículo como el déficit o al superávit
del ingreso real del transportador con respecto al ingreso percibido que obtuvo por
concepto del servicio de transporte en el periodo tarifario vigente, el cual será
ajustado en el siguiente periodo tarifario en una cuota constante anual.

Pues bien, como se ha expuesto, el método PC busca comparar el precio facturado
por los servicios prestados en la operación controlada, con el precio facturado por
los servicios prestados en una operación no controlada en circunstancias
comparables. De allí que, para el caso particular, no es posible constatar si los
factores para fijar el precio de la operación controlada coinciden o son similares a
los establecidos en los reglamentos gubernamentales para fijar la tarifa del
transporte por oleoducto, con el fin de verificar su grado de comparabilidad. Esta
circunstancia cobra especial relevancia considerando que la demandante construyó
el precio de la comparable externa seleccionando tramos y sumando las tarifas de
estos, pero, se reitera, no es posible verificar si los factores para establecer el precio
de las operaciones contrastadas coincidieron o no, o si, de haber ocurrido esto
último, ello no afectó materialmente el precio y no se requería por tanto ningún
ajuste.

Así las cosas, si bien el método PC puede ser el medio más directo para determinar
si el precio fijado en una operación controlada corresponde al precio de mercado
entre partes independientes en transacciones comparables, las condiciones
previstas en la normativa aplicable no se cumplen en el caso concreto, pues a pesar
de que el comparable externo seleccionado para aplicar el método PC pueda
considerarse similar en su naturaleza y alcance, no es posible verificar los
elementos del precio requeridos para contrastar el precio de la operación controlada
con la seleccionada como comparable, sometida a regulación estatal. Con lo
anterior, se afecta la constatación de uno de los factores de comparabilidad -
circunstancias económicas-, particularmente relevante para la aplicación del
método señalado.

Lo expuesto resulta suficiente para rechazar el método seleccionado por la
demandante, en las condiciones del caso particular.

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Por otro lado, la demandada también cuestionó en sede administrativa y judicial que
el precio de la operación controlada incluyera, además del transporte de carga
líquida, servicios de logística portuaria, almacenamiento y multimodales, pues a
pesar de que fueron explicados por la demandante en sede administrativa, no
habrían estado incluidos en las tarifas del transporte por oleoducto y no podían
estarlo, porque la regulación aplicable a los oleoductos señala que las tarifas deben
corresponder única y exclusivamente al transporte de la carga. A este respecto, se
observa que, en sede administrativa, la demandante aportó una relación de las
operaciones con sus respectivos valores e indicó que, del monto total de la
operación, un 79.97% ($24.576.738.948) habría correspondido a servicios de
transporte fluvial, 19.94% ($6.128.904.989) a servicios portuarios, 0.01%
($4.142.932) a cargas de contenedores, y 0.08% (23.413.131) a uso de
instalaciones.22 No obstante, la demandante no planteó reparos específicos sobre
este punto ni hizo referencia al tratamiento de las operaciones como separadas o
combinadas, para poder evaluar más a fondo este aspecto.

No prospera el cargo de apelación de la demandante.

2. Selección del método MTU y aplicación con comparables externas

Ante el rechazo del método PC, la demandada propuso la aplicación del método MTU,
para lo cual seleccionó el indicador de rentabilidad MCG (Margen Operacional:
Utilidad Operativa/Costos+Gastos), y siete compañías comparables dedicadas a la
prestación de servicios de transporte. A partir de ello, determinó el rango de plena
competencia, ubicándose el margen de utilidad de la demandante por debajo del
cuartil inferior. Lo anterior, llevó a la demandada a realizar el ajuste a la mediana
del rango respectivo y, con ello, la adición de ingresos en la declaración de renta
del año 2016, y la disminución de la pérdida líquida declarada por la demandante.

Por su parte, la demandante se opuso a la aplicación del método MTU, por considerar
que la demandada no adelantó un análisis funcional apropiado, seleccionó
comparables externas que actuaban en mercados diferentes al colombiano, y omitió
verificar que prestaran servicios similares a los prestados en la operación
controlada. Lo anterior, a pesar de que Impala contaba con comparables internas,
correspondientes a servicios de transporte de carga seca (carbón y coque),
prestados a terceros independientes.

El tribunal consideró que el método MTU era apropiado para valorar la transacción
controlada, dado que fue la propia demandante quien descartó el uso de
comparables internas para efectos del método PC argumentando que los servicios
prestados a terceros independientes correspondían únicamente al transporte de
carga seca (coque y carbón) en volúmenes no comparables. Advirtió que, a pesar
de ello, la demandante afirmó que dichos comparables internos si podían utilizarse
bajo el método MTU y consideró que las diferencias en volumen y en las
características de los bienes transportados, afectaban sustancialmente la
comparabilidad y hacían improcedente su uso como comparable interno. Indicó que,
si la demandante consideraba procedente la aplicación de método MTU con
comparables internas, debió realizar un análisis funcional detallado de las
operaciones vinculadas y no vinculadas, para determinar su comparabilidad, así
como los ajustes necesarios para obtener resultados fiables.

22
CAA, Fl. 97 a 99.

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En relación con el método MTU, el artículo 260-3 en la versión aplicable a la época
de los hechos, disponía que dicho método consiste en determinar, en operaciones
entre vinculados, la utilidad de operación que hubieran obtenido con o entre partes
independientes en operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad
que toman en cuenta variables tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos
de efectivo. Para estos efectos, el artículo 4 del Decreto 3030 de 2013 señala que
cuando se haya seleccionado este método, se debe describir el indicador de
rentabilidad seleccionado, el cual debe estar acorde con el tipo de actividad y demás
hechos y circunstancias del caso, la naturaleza del tipo de operación analizada y la
disponibilidad y calidad de la información obtenida. Para tal efecto, se deben utilizar
indicadores de rentabilidad como: margen bruto, margen operacional, margen sobre
costos y gastos, rendimientos sobre activos, retorno sobre patrimonio y Razón
Berry, entre otros.

Al igual que con cualquier otro método, la aplicación de ese método debe seguir el
proceso de identificación de comparables y utilizar los datos así obtenidos como se
describe en la metodología descrita en el párrafo 3.4. de las Directrices de la OCDE
(2010), para llevar a cabo el análisis de comparabilidad. Frente a la selección de
comparables, puede tratarse de comparables internas (entre una parte de la
operación controlada y una parte independiente) o externas (entre dos empresas
independientes). Bajo el artículo 260-4 del Estatuto Tributario, cuando existen
comparables internas, el contribuyente debe tomarlos de manera prioritaria. En
relación con las comparables externas, las Directrices señalan que existen diversas
fuentes de información para proceder con su identificación especialmente a partir
de bases de datos comerciales y comparables de fuente extranjera (párrafo 3.29).

En relación con las comparables seleccionadas, el artículo 4 del Decreto 3030 de
2013 también se refiere a la exigencia de que la documentación e información a
preparar y remitir por cada comparable, contenga el nivel de detalle requerido para
demostrar la aplicación de los criterios de comparabilidad de que trata el artículo
260-4 del Estatuto Tributario, para lo cual deben identificarse las comparables
seleccionadas, la metodología utilizada para su determinación, las fuentes de
información de las que se obtuvieron esas comparables y la fecha de consulta a las
mismas, así como la indicación de las comparables seleccionadas que se
desecharon, señalando los motivos que se tuvieron en consideración para ello.

Ante limitaciones en la disponibilidad de los comparables, las Directrices indican que
la identificación de comparables potenciales debe tener como objetivo la
consecución de los datos más fiables, sin dejar de admitir que no siempre serán
perfectos. Así, se debe buscar una solución pragmática procediendo caso por caso,
por ejemplo, ampliando la búsqueda y utilizando información sobre operaciones no
vinculadas que se den en el mismo sector y en un mercado geográfico comparable,
pero que efectúan terceras partes con estrategias o modelos empresariales
distintos, o información sobre operaciones no vinculadas que se efectúan dentro del
mismo sector pero en otras áreas geográficas, o información sobre operaciones en
el mismo mercado geográfico pero en sectores distintos. La elección entre las
anteriores posibilidades dependerá de los hechos y circunstancias del caso concreto
(párrafo 3.38).

No obstante, las mismas Directrices señalan que, en la práctica, el nivel de
información disponible sobre los factores que afectan las operaciones que
constituyen comparables externos es limitado, así que para determinar una

26
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estimación fiable de un resultado de plena competencia es necesario recurrir a la
flexibilidad y al buen juicio (párrafo 2.68).

Ahora bien, el artículo 260-3 del Estatuto Tributario prevé que, ante la existencia de
dos o más operaciones independientes, se obtiene un rango de indicadores
financieros relevantes de precios o márgenes de utilidad, habiéndoles aplicado el
método más apropiado. Este resultado corresponde al rango de plena competencia,
el cual puede ser ajustado con métodos estadísticos, en particular, el rango
intercuartil, cuando se considere apropiado. En este contexto, si los precios o
márgenes del contribuyente se encuentran dentro del rango, se consideran acordes
con los precios o márgenes entre partes independientes. De lo contrario, si los
precios o márgenes están por fuera del rango, la mediana de dicho rango se
considerará como precio o margen de plena competencia.

Al efecto, el artículo 8 del Decreto 3030 de 2013 se refiere al rango de plena
competencia y prevé que si una vez realizado el proceso para seleccionar
comparables y pudiendo haber limitaciones de información sobre ellos, a pesar de
haber tenido en cuenta las consideraciones necesarias para excluir aquellas
observaciones menos confiables, las cuales no pueden identificarse o cuantificarse
y por tanto no son susceptibles de ajuste, se puede llegar a un rango de precios o
márgenes de utilidad que se considera sigue generando diferencias en la
comparabilidad. En tal caso, pueden utilizarse herramientas estadísticas que
consideran la tendencia central, como por ejemplo el método estadístico del rango
intercuartil u otros percentiles con el fin de mejorar la confiabilidad del análisis.

En el caso concreto, ante el rechazo del método PC seleccionado por la
demandante, la demandada realizó un nuevo análisis económico en donde indicó23:
1. Parte analizada: Impala Terminals Colombia.
2. El método más adecuado para el análisis de la operación ingreso con vinculados del
exterior es Margen Neto Transaccional (MTU).
3. Indicador de rentabilidad seleccionado: MCG (utilidad operativa/costos+gastos).
4. Año analizado: 2016
5. Fecha de búsqueda: Junio 2017
6. Se realiza un análisis económico con la información pública contenida en la base de datos
TP Catalyst, con la información del año 2016.
7. La búsqueda se efectuó con los códigos US SIC: 4441 – Transportes por ríos y canales
y 4789 – Otros servicios anexos para el transporte SC. Filtros adicionales: empresas
activas, cotizan en bolsa, compañías que presentaban pérdidas operacionales en el
promedio de los últimos tres años de información disponible (Exclusión), compañías que
registrasen en sus estados financieros una razón de propiedad, planta y equipo sobre
ingresos operacionales superior al 50%.
8. Se realizó rango ajustado con estados financieros segmentados.
9. De la búsqueda contenida en la base de datos TP Catalyst, se obtuvieron 25 compañías
potencialmente comparables. Luego de un análisis cualitativo se descartaron 18
comparables cuya descripción del objeto social es sustancialmente diferente al de la
sociedad investigada, quedando 7 comparables.
10. Se realizaron ajustes por inventarios, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
11. El análisis realizado con las siete comparables aceptadas arrojó un rango intercuartil
ajustado entre 0.71% y 5.48% con mediana de 4.04%.

23
CAA, Fls. 350 y siguientes.

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12. El margen de la actora se determinó en -64.85%. Al encontrarse el margen de la
demandante, por fuera del rango, la DIAN realizó el ajuste a la mediana.

La Sección advierte que si bien la demandante cuestionó aspectos precisos del
análisis realizado por la demandada para la aplicación del método MTU,
puntualmente frente al análisis funcional y las comparables seleccionadas, aquella
no planteó una valoración de la transacción controlada a partir de otro método o del
mismo método MTU con un análisis de comparabilidad completo, incluyendo un
análisis funcional que atendiera las falencias que la misma propone, una selección
de comparables completa y detallada, o ajustes debidamente sustentados que
permitieran llegar a la comparabilidad deseada. Tampoco se encuentra que en
respuesta al proceder de la DIAN la demandante aportara la segmentación de la
información contable firmada por contador público que avalara la aplicación del
método MTU con los comparables que ella defendía ni los estados financieros que
la soportaran.

Precisamente, el artículo del Decreto 3030 de 2013 dispone que la documentación
por cada tipo de operación debe tener el nivel de detalle requerido para demostrar
la correcta aplicación de los criterios de comparabilidad de que trata el artículo 260-
4 del Estatuto Tributario.

Además, bajo el artículo 4.4 g) del mismo Decreto, el análisis económico que hace
parte de la documentación comprobatoria se refiere, entre otros, al uso de
comparables internos en la medida en que no existan diferencias significativas entre
las operaciones comparables o que, en el caso de existir, las mismas no afecten las
condiciones analizadas, o que dado el caso se puedan realizar ajustes técnicos,
económicos o contables que permitan su eliminación y optimicen la comparación.

Para tal efecto, deben tenerse en cuenta, las características de los bienes o de los
servicios, las funciones o actividades económicas, teniendo en cuenta los activos y
riesgos asumidos, los términos contractuales, las circunstancias económicas y las
estrategias de negocio. Y, de requerirse ajustes técnicos, económicos o contables,
estos deben estar debidamente soportados y documentados.

Por otro lado, el mismo artículo 4 del Decreto precitado, en su parágrafo 4, establece
que cuando sea necesaria la segmentación de los estados financieros por tipo de
operación para los efectos de comparabilidad entre las operaciones vinculadas y no
vinculadas y la correcta aplicación del método para evaluar tales operaciones, la
información financiera y contable que se utilice debe ser preparada de conformidad
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, y deberá
ser allegada a la correspondiente documentación comprobatoria dictaminada y/o
certificada por revisor fiscal, lo cual, se reitera, también se extraña para el caso
puntual de la actora cuando plantea un análisis de la operación bajo el método TU
con comparables internas.

En realidad, el reparo de la demandante se dirige a explicar que debido a las
diferencias en el tipo de carga (carga líquida v. carga seca), y en los volúmenes
transportados (menor volumen en el caso de carga seca), era válido utilizar
comparables internas para aplicar el método MTU, en el que se consideran los
resultados y no los precios, conforme al artículo 260-4 del ET, que prioriza el uso de
estos comparables.

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También argumentó la demandante que la segmentación financiera aportada en
sede administrativa demostró que, en el caso de los servicios logísticos fluviales, se
obtuvo el mismo margen (-68,802%) tanto por los servicios prestados a terceros
independientes en Colombia como por los prestados a su vinculada. Indicó que, de
igual manera, en la segmentación financiera por servicios logísticos de puertos, la
pérdida obtenida por la compañía al prestar dichos servicios a vinculados del
exterior fue exactamente igual que en el caso de terceros independientes nacionales
(-32,967%). El dictamen pericial allegado por la demandante se dirige a validar los
mismos argumentos expuestos por esta última, sin aportar los elementos propios
de un análisis de comparabilidad completo y exhaustivo para soportar el dicho de la
demandante.

La Sección observa que más allá de cuestionar las comparables seleccionadas por
la demandada, la demandante no suministró un análisis de comparabilidad que
permita superar los cuestionamientos que advierte, para acreditar en últimas que
bajo el método MTU, su margen se encuentra dentro del rango de plena
competencia.

Precisamente, las Directrices de la OCDE (2010), señalan que si las condiciones
relevantes de la operación vinculada (precio o el margen) se encuentran fuera del
rango de plena competencia determinado por la administración tributaria, debe
darse al contribuyente la oportunidad de argumentar cómo satisfacen el principio de
plena competencia las condiciones de la operación vinculada, y si el resultado está
comprendido en el rango de plena competencia (es decir, que el rango de plena
competencia es distinto al determinado por la administración tributaria). Si el
contribuyente no es capaz de demostrar estos hechos, la administración tributaria
debe determinar el punto comprendido en el rango de plena competencia al que
ajustar la condición de la operación vinculada (párrafo 3.61).

En otros términos, a partir del cuestionamiento de la administración sobre la
selección del método PC y la consecuente aplicación del método MTU, la
demandante no allegó un análisis de comparabilidad que diera cuenta del
cumplimiento del principio de plena competencia, en línea con los argumentos que
solo alcanzó a esbozar frente a la selección de las comparables, teniendo en cuenta
un análisis funcional apropiado a las circunstancias del caso y los ajustes que fueren
procedentes.

Por último, es preciso mencionar que la apelante reclama que el dictamen pericial
allegado con la demanda, no fue debidamente evaluado por el tribunal, porque a
pesar de que abordó la validez del transporte por oleoducto como comparable,
fundamentó técnicamente la improcedencia del método MTU, cumplió con los
principios técnicos y de sana crítica descartando incongruencias metodológicas,
conclusiones impropias o falta de fundamento lógico, sin embargo, el a quo se
abstuvo injustificadamente de valorar este medio de prueba.

Frente a este asunto, la Sección ha indicado que:
“en cada caso particular se debe evaluar si la opinión rendida por el perito es lo suficientemente
sólida, clara, exhaustiva y precisa para coadyuvar a resolver de fondo la litis, pero sin aportar
conclusiones jurídicas relativas al sometimiento al principio de plena competencia en el marco
del régimen de precios de transferencia. Así, los dictámenes periciales no brindan una
oportunidad para que los obligados subsanen o modifiquen, en el trámite judicial, los
resultados obtenidos al elaborar y aportar sus estudios de precios de transferencia. Lo anterior,
porque el artículo 260-4 del Estatuto Tributario le confirió a la documentación comprobatoria

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una eficacia probatoria, por cuenta de la cual es preciso que la Administración cuente con la
versión acabada del estudio de precios de transferencia en la oportunidad regulada para que
pueda adelantar la comprobación y revisión de la declaración tributaria bajo los estrictos plazos
de caducidad que delimitan la legalidad de sus actuaciones en el tiempo.”24

En el caso concreto, en primer lugar, la Sección observa que. contrario a lo que
plantea la apelante, el tribunal sí hizo referencia en diferentes apartes de la decisión
al dictamen pericial allegado al expediente tanto en sede administrativa como
judicial, para concluir que se apartaba de las consideraciones y conclusiones allí
expuestas. Incluso frente al mismo reclamo de la demandante presentado en la
demanda, en el sentido de que la administración no habría valorado debidamente
el dictamen pericial aportado en sede administrativa, el tribunal abordó el asunto
para señalar que bien la DIAN no había desestimado en forma expresa dicho medio
probatorio, cada uno de los argumentos en que se edificó la resolución que resolvió
los recursos de reconsideración interpuestos, se constituyeron en razones para
cuestionar los planteamientos formulados en el dictamen, restándole valor
probatorio.

Lo anterior, teniendo en cuenta que lo acreditado al interior del proceso de
fiscalización no se acompasaba con la teoría sostenida por la demandante en la
prueba pericial. En este sentido, el hecho de que el tribunal revisara el dictamen y
se apartara de las consideraciones y conclusiones allí expuestas, no conlleva una
indebida valoración probatoria, como lo reclama la apelante, sino una posición
contraria a los argumentos que la misma plantea.

En segundo lugar, al verificar el contenido del dictamen pericial allegado con la
demanda, se puede constatar que, además de presentar consideraciones generales
sobre algunas características del modelo de negocio de servicios logísticos, retoma
aspectos previamente expuestos en el estudio de precios de transferencia
presentado como parte de la documentación comprobatoria por la demandante,
para respaldar las conclusiones allí expuestas, especialmente en lo relativo a la
selección del método PC y la aplicación a la comparable externa como servicio
sustito.

Adicionalmente, el dictamen se dirige a cuestionar el método MTU seleccionado por
la demandada, con base en los mismos argumentos expuestos por la demandante
en sede administrativa. Por lo tanto, dicho dictamen no resulta determinante para
coadyuvar a resolver de fondo la litis.

No prospera el cargo de apelación de la demandante.

3. Sanción por inexactitud

Los actos demandados sancionaron con inexactitud a la demandante al considerar
que realizó operaciones con su vinculada del exterior sin cumplir con el principio de
plena competencia, pues su margen de utilidad no era acorde con los obtenidos por
partes independientes en operaciones comparables de la que se derivó un menor
saldo a pagar.

Para efectos de aplicar la sanción, se consideró el artículo 647-1 del Estatuto
Tributario dado que la demandante había reportado en su declaración una pérdida
líquida, la cual fue reducida por efecto de la liquidación oficial. Precisó que para

24
Sentencia del 18 de abril de 2024, Exp. 26104, MP. Wilson Ramos Girón.

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aplicar la sanción no se requiere demostrar la intención del contribuyente y que la
Corte Constitucional (sentencia C-910 de 2004) indicó que el artículo 647-1 del
Estatuto Tributario no contiene una sanción autónoma, sino que regula las
condiciones en las que la sanción por inexactitud ha de aplicarse en los casos de
disminución o rechazo de pérdidas fiscales.

Por último, manifestó que en el caso no se configuró una diferencia de criterios
relativos a la interpretación del derecho aplicable, porque la discusión no se centra
en la interpretación de una norma, sino a una diferencia en el análisis de hechos
económicos.

El tribunal también avaló la procedencia de la sanción por inexactitud, dado que la
demandante registró en su declaración ingresos por transacciones con vinculados
económicos que no cumplieron con el principio de plena competencia, lo que derivó
en una omisión de ingresos que originaron una disminución de la pérdida fiscal
declarada, y se tradujo en un menor saldo a favor por el impuesto que teóricamente
generaría la pérdida rechazada oficialmente, conducta que resulta sancionable bajo
el artículo 647-1 del Estatuto Tributario. Consideró que la demandada no demostró
estar incursa en una circunstancia de error respecto al derecho aplicable para que
procediera la exoneración de la sanción.

Frente a lo anterior, la demandante apeló la decisión del a quo al considerar que se
había configurado un error de apreciación razonable sobre la interpretación del
derecho aplicable, como causal de exoneración de la sanción por inexactitud.
Agregó que el régimen de precios de transferencia presenta una complejidad
técnica intrínseca, que genera diferencias razonables de interpretación. Planteó que
no existe una regulación clara sobre la selección de servicios sustitutos como
comparables ni sobre el uso de información de carácter teórico o hipotético.

Para resolver si considera que el artículo 647 del Estatuto Tributario tipifica como
infracción susceptible de sanción, entre otros, la omisión de ingresos o impuestos
generados por operaciones gravadas, la inclusión de costos, deducciones,
descuentos, inexistentes o inexactos, y en general, la utilización en las
declaraciones de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados,
de los cuales se derive un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor. De
acuerdo con lo anterior, para que la sanción resulte procedente, se debe presentar
al menos alguna de las conductas mencionadas y el objetivo de su realización debe
ser la de obtener un menor pago de impuestos o la determinación de un mayor saldo
a favor.

Por su parte, el artículo 647-1 ibidem prevé que la disminución de las pérdidas
fiscales declaradas por el contribuyente, mediante liquidaciones oficiales o por
corrección de las declaraciones privadas, se considera para efectos de todas las
sanciones tributarias como un menor saldo a favor, en una cuantía equivalente al
impuesto que teóricamente generaría la pérdida rechazada oficialmente o
disminuida en la corrección.

Dicha cuantía constituirá la base para determinar la sanción, la cual se adicionará
al valor de las demás sanciones que legalmente deban aplicarse. Además, las
razones y procedimientos para eximir de las sanciones de inexactitud o por
corrección, serán aplicables cuando las mismas procedan por disminución de
pérdidas.

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Ahora bien, bajo el artículo 647 precitado no se configura inexactitud sancionable,
en los eventos en los que el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor declarado
es el resultado de una apreciación o interpretación razonable del derecho aplicable,
siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos. Todo lo
cual hace referencia a que la información suministrada por los contribuyentes
coincida con su realidad económica o, en otras palabras, que no resulte falsa,
equivocada o incompleta.

Por lo anterior, según lo ha señalado la Sala25, para que se configure el error sobre
el derecho aplicable como eximente de responsabilidad es necesario que se
cumplan dos condiciones de forma concurrente, así:

La primera, consiste en que los hechos y cifras denunciadas deban ser completos
y verdaderos, exigencia que bien entendida significa que “el obligado no le haya
ocultado hechos de relevancia tributaria a la Administración, ni haya inventado factores
negativos”26. En ese sentido, “la prueba del incumplimiento del mencionado requisito
nunca podrá ser el hecho de que la autoliquidación y el acto oficial arrojen resultados
numéricos diversos, pues de lo que se trata es de establecer si ese resultado tiene como
causa un error sobre la comprensión del derecho aplicable”27.

La segunda condición se fundamenta en que no basta con que exista una mera
“diferencia de criterios” entre los sujetos de la obligación tributaria, pues ello es
connatural a toda controversia jurídica, sino que “Lo determinante con miras a exonerar
de la reacción punitiva es establecer si el «criterio» desplegado por el administrado tuvo
causa en un equivocado juicio de comprensión sobre la interpretación, vigencia o existencia
del tipo infractor y sus respectivos ingredientes normativos, el cual propició en él la errónea
creencia de no incurrir en un comportamiento antijurídico”28.

En esa medida, es necesario que el administrado sustente los motivos por los cuales
su equivocación al momento de autoliquidar el tributo estuvo fundada en un error
sobre el derecho aplicable (i. e. oscuridad de la normativa aplicable,
pronunciamientos doctrinales de la autoridad tributaria29, vicisitudes normativas30,
precedentes jurisprudenciales con identidad fáctica y jurídica con el caso juzgado31,
entre otros).

En el caso concreto, está acreditada la omisión en el renglón de ingresos brutos
como consecuencia del ajuste a la mediana del rango ante el cambio de método de
precios de transferencia, lo cual constituye una conducta inexacta, que se tradujo
en la disminución de la pérdida líquida inicialmente declarada y, con ello, la
determinación de un valor a pagar.

La Sección evidencia que, en el caso, no se cumplen las condiciones expuestas
para que proceda la causal exculpatoria de la sanción por inexactitud, en la medida
en que la actuación de la demandante no tuvo causa en un error sobre la
comprensión del derecho aplicable, sino en la inobservancia de las reglas aplicables
a la selección del método más apropiado para la transacción controlada.

25
Sentencia del 9 de junio de 2022, Exp. 25944. MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
26
Sentencia del 11 de junio de 2020, Exp. 21640. MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
27
Ibidem.
28
Sentencia del 11 de junio de 2020, Exp. 21640. MP. Julio Roberto Piza Rodríguez, reiterada, entre otras, en las sentencias
del 24 de junio de 2021, Exp. 25215, MP. Milton Chaves García; del 9 de julio de 2021, Exp. 23685, MP. Stella Jeannette
Carvajal Basto y del 17 de marzo de 2022, Exp. 25627, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
29
Sobre este asunto, ver Sentencia del 10 de marzo de 2022, Exp. 24970. MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
30
Sobre este asunto, ver Sentencia del 04 de abril de 2019, Exp. 20204, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
31
Sentencia del 11 de junio de 2020, Exp. 21640. MP. Julio Roberto Piza Rodríguez

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Por lo expuesto, resulta procedente la sanción por inexactitud impuesta en los actos
acusados.

4. Decisión

En atención a las consideraciones expuestas, la sección procederá a confirmar la
sentencia de primera instancia, con lo cual se confirma la legalidad de los actos
demandados.

5. Costas

No habrá pronunciamiento frente a la decisión de no condenar en costas primera
instancia, dado que no se apeló la decisión del tribunal de no imponerlas.

En cuanto a la condena en costas en esta instancia, de conformidad con lo previsto
en el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, y teniendo en cuenta el Acuerdo PCSJA25-12355 de
2025, en cuyo artículo 1, numeral 11 se estableció las tarifas de agencias en
derecho en segunda instancia en los procesos contencioso-administrativos en los
que se discutan en asuntos tributarios, estas se tasan en un (1) SMLMV.

Por lo anterior, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación,
conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del
Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida el 07 de diciembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral (C).

2. Condenar en costas en segunda instancia a la demandante. En
consecuencia, ordenar al Tribunal que de trámite al respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Reconocer personería al abogado Javier Orlando Rodríguez Aponte
identificado con la cédula de ciudadanía 1.098.771.732 de Bucaramanga
(Santander), y T.P. 322.325 del C.S. de la J., como apoderado de la DIAN, en
los términos del poder obrante a índice 17 Samai.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

Cúmplase.

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La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con salvamento de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

34
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