Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2022-00231-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2022-00231-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2022-00231-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
20 de octubre de 2022
Demandante: Diana Patricia Bernal Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00231-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 08001-23-33-000-2022-00231-01
Demandante: DIANA PATRICIA BERNAL MIRANDA
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
Temas: Tutela contra acto administrativo – Revoca amparo para
declarar la improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación formulada por el Ministerio de Ciencias, Tecnología
e Innovación contra la sentencia de 10 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección “A”, que concedió el amparo constitucional a la
señora Diana Patricia Bernal Miranda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Con escrito radicado el 15 de julio de 2022 y repartido al Juzgado Once Penal del
Circuito Judicial de Barranquilla1, la señora Diana Patricia Bernal Miranda actuando
por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra la Nación –
Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, con el fin de que sean amparados
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de su exclusión de la lista de elegibles preliminar publicada el 21 de junio
de 2022, al interior de la Convocatoria N. º 924 de 2022 para la formación de capital
humano de alto nivel para las regiones – servidores públicos del departamento del
Atlántico.
1
Por medio de auto de 19 de julio de 2022, el Juzgado Once Penal del Circuito de
Barranquilla remitió “por carecer de competencia” la acción de tutela al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, la cual fue repartida el mismo día al Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección “A”.
1
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Demandante: Diana Patricia Bernal Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“(…) y que en consecuencia de ello, se ordene a la accionada, Ministerio de
Ciencias, Tecnologías e Innovación, tener por acreditado el requisito de la Carta de
Aval, y que se incluya a mi poderdante, en la lista de elegibles en el orden que le
corresponda”.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:
4. La señora Diana Patricia Bernal Miranda participó en la Convocatoria N. º 924 de
2022 realizada por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, para la
formación de capital humano de alto nivel dirigida a los servidores públicos del
departamento del Atlántico, el cual tenía como objetivo “formar profesionales, en focos
priorizados por el Departamento del Atlántico que promuevan iniciativas de articulación
academia - empresa - sector productivo, para afrontar los procesos de competitividad y
desarrollo regional de manera eficiente”.
5. Entre los requisitos exigidos para la postulación se encontraba la “carta aval de la
entidad pública de vinculación”, la cual cumplía con la función de que la entidad en que
se desempeñaba el candidato le otorgara el permiso correspondiente para realizar
sus estudios de maestría, “(…) de acuerdo con el calendario académico del programa”.
6. La señora Bernal Miranda observó a través de la página web destinada para la
Convocatoria que había sido inadmitida por no cumplir con el requisito de la carta
de aval.
7. A pesar de que la carta tenía un formato preestablecido diseñado por el ministerio
el cual debía diligenciarse, la actora lo adecuó en atención a la imposibilidad jurídica
(artículo 139 de la Ley 270 de 1996 y Acuerdo 162 de 1996) de que el Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico otorgara de manera anticipada unos
permisos de estudios a un programa sobre el cual no existía aún un calendario
académico, ni matrícula financiera.
8. Por lo tanto, dentro del término de subsanación, la accionante allegó además de
la carta de aval nuevamente, un documento con la exposición de motivos por los
cuales no se podía utilizar la terminología o literalidad indicada en el formato.
9. El 21 de junio de 2022, la entidad publicó el banco preliminar de elegibles en el
cual aparecía la actora dentro del campo de “no cumplen requisitos”, indicando que
no se encontraba acreditado el requisito # 6, es decir, la carta de aval de la entidad
pública de vinculación.
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10. Frente a ello, presentó solicitud de aclaración, sin embargo, a través del Oficio
N. º 20221730232901 del 29 de junio del presente año, la entidad resolvió
negativamente, argumentando que los documentos corregidos debían adjuntarse
en el período y horario establecido.
11. Por medio de la Resolución N. º 0742 del 21 de julio de 2022, el Ministerio de
Ciencias, Tecnología e Innovación publicó el banco definitivo de elegibles y de
financiables.
1.4. Fundamentos de la vulneración
12. La parte actora expresó su inconformidad respecto a las razones de su exclusión
de lista de elegibles por el presunto incumplimiento de la carta de aval. En primer
lugar, explicó que ella en su calidad de juez de la República, no tenía un jefe ni
superior jerárquico que estuviera habilitado para expedir un aval concediendo
permisos de estudios de manera anticipada, por el contrario, dicho trámite se
encontraba regulado por el artículo 139 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 162 de
1996, que le asigna la competencia al Consejo Seccional de la Judicatura para el
otorgamiento.
13. Sobre lo anterior, aseguró que la solicitud de permiso debía hacerse sobre los
días específicos requeridos, acompañado del programa del curso publicado por el
centro de educación superior, documento con el cual no contaba, pues solamente
se encontraba admitida al programa de maestría, sin materialización de la matrícula
financiera, por ser precisamente la finalidad de la beca entregada a través del
concurso de méritos.
14. Frente a la resolución de la solicitud de aclaración interpuesto, adujo que este
adolecía de falsa motivación, dado que no constituía un fundamento jurídico ni
fáctico verídico para explicar la exclusión del listado de elegibles.
15. Solamente de forma posterior, la entidad indicó que la razón para no haber
aceptado la carta de aval presentada por la accionante, se debía a que “(…) no se
indica que se otorgará el permiso de conformidad con el programa académico”, sin
entregar una mayor sustentación.
16. Explicó que la justificación otorgada por el Ministerio de Ciencias, Tecnologías
e Innovación estaba siendo exegética, dado que “(…) implicaría dejar por lado la
participación de los jueces de la República, puesto que no pueden expedirse permisos
anticipados, conforme el Art. 139 ley 270 de 1996 y el Art. 3 del Acuerdo 162 de 1996, (…)
lo que afectaría el derecho a la igualdad en la participación, respecto de otros servidores
públicos del Departamento del Atlántico”.
17. Así las cosas, indicó que el motivo para no ser aceptada dentro de la
Convocatoria correspondió a un formalismo excesivo que vulneraba los derechos
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fundamentales al debido proceso y a la igualdad, pues la literalidad del formato
preestablecido excluía la participación de jueces.
1.5. Trámite de la acción de tutela
18. El magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “A” al que le fue
repartido el proceso, con auto de 21 de julio de 2022, admitió la demanda de tutela
y notificó a la parte actora como al accionado.
19. Además, vinculó como tercero con interés jurídico al Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.6.1. Nación – Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación
20. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de julio de 2022, la jefe de la
oficina jurídica, indicó que los argumentos traídos en el escrito tutelar estaban
encaminados a cuestionar el contenido de actuaciones administrativas proferidas
en el trámite de la Convocatoria N. º 924 de 2022.
21. Expuso que de la revisión a la subsanación realizada por la señora Bernal
Miranda se encontró que “(…) el documento no fue subsanado de acuerdo con lo indicado
en los términos de referencia, donde se indica específicamente que la carta de aval de la
entidad debe indicar que se compromete a otorgar el tiempo para la realización de los
estudios de maestría, de acuerdo con el modelo del anexo 1 de los Términos de Referencia.
Por lo anterior no es cierta la afirmación 11 de los hechos presentados por el actor (sic). En
tanto el documento presentado si fue valorado a la luz de lo dispuesto en los términos de
referencia”.
22. Señaló que se buscaba suplir con la acción constitucional los medios de control
dispuestos por el ordenamiento jurídico para atacar la legalidad de los actos
administrativos. Además, adujo que no se encontraba en una situación de perjuicio
irremediable que pudiera activar de manera transitoria el amparo constitucional,
concluyendo entonces que no se presentaba la forzosa necesidad de precipitar la
aplicación del mecanismo de protección inmediata.
23. Finalmente, recordó la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela cuando no
se prevén otros mecanismos para la protección de los derechos fundamentales
invocados, no obstante, en ningún supuesto, la tutela estaba llamada a reemplazar
los procedimientos ordinarios creados para tal fin.
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1.6.2. Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
24. Por medio de documento remitido la autoridad puso de presente que a través
del Oficio CSJATO22-1113 del 19 de mayo de 2022, fue informado a la actora que
“(…) el trámite para permisos de estudios de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial estaba regulado en el Acuerdo No. 162 de 1996 “Por el cual se reglamenta el
permiso especial que contempla el inciso segundo del artículo 139 de la Ley 270 – 1996”,
sin embargo, se evidenciaba que no se encontraba matriculada en un programa de
postgrado, sino que estaba participando en un concurso de becas convocado por el
Ministerio de Ciencias y la Gobernación del Atlántico, por lo tanto, esta Corporación debía
ceñirse a lo dispuesto en las normas, que rigen el permiso especial de estudios y que no se
establece la posibilidad lógico – jurídica de dar permiso ante una mera expectativa, puesto
que todo permiso es un acto administrativo que resuelve una situación jurídica concreta; no
obstante, se le remitía la “Carta Aval de la Entidad”, diligenciada poniendo de manifiesto lo
dispuesto en el Acuerdo en mención”.
25. En consecuencia, recalcó que la carta de aval fue entregada a la accionante de
acuerdo con la normativa aplicable y por ello, adujo que no vulneró los derechos
fundamentales de la actora y que debía declararse su falta de legitimación en la
causa por pasiva.
1.7. Fallo impugnado
26. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “A”, mediante fallo de 10 de
agosto de 2022 amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Diana Patricia Bernal Miranda y le ordenó a la Nación – Ministerio de Ciencias,
Tecnología e Innovación que tuviera por satisfecho el requisito correspondiente a la
carta de aval establecida en los términos de referencia de la Convocatoria N. º 924
de 2022, permitiéndole continuar participando del concurso y procediera a estudiar
el cumplimiento de los demás requisitos.
27. Como fundamento de ello, indicó que los términos en los que el Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico suscribió la carta de aval constituyó una
forma de satisfacer el requisito, pues lo hizo de acuerdo a lo consagrado en la
normativa aplicable, en atención a que la actora aún no contaba con el programa
que le permitiera verificar la intensidad horaria del mismo.
28. Así las cosas, señaló que más allá del formalismo del diligenciamiento de un
formato preestablecido en la convocatoria, debía darse aplicación al principio de
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, pues el rigorismo no podía constituir un
detrimento a la oportunidad de participación de la actora.
29. No obstante, advirtió que hasta el momento en que se profirió la sentencia, la
accionante contaba con la mera expectativa de resultar como beneficiaria de la
convocatoria, por ende, el amparo no implicaba necesariamente la obtención de la
beca en la modalidad de crédito educativo condonable, pues debían analizarse y
cumplirse los demás requisitos y surtirse las etapas del concurso.
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1.8. Impugnación
30. El 29 de agosto de 2022, el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación
impugnó la decisión de primera instancia2, argumentando en primer lugar que la
carta de aval presentada por la tutelante difería en intención y naturaleza de lo
exigido por la entidad en los términos de la referencia.
31. Adicional a ello, adujo que la señora Bernal Miranda tenía a su disposición otros
mecanismos judiciales para atacar el contenido de los actos administrativos con los
cuales se encontraba inconforme, pues la acción de tutela “(…) ostenta carácter de
subsidiaria en cuanto no procede cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la
protección del derecho invocado, no sucederá el amparo constitucional cuando el
accionante cuente con otro mecanismo de defensa ya que bajo ningún supuesto la tutela
está llamada a reemplazar los procedimientos ordinarios creados para tal fin; no se puede
considerar entonces, accionar la jurisdicción constitucional en calidad de instancia adicional
cuando lo que procede es acudir a atacar la decisión administrativa utilizando las
herramientas proporcionadas por la ley para desatar este tipo de debates judiciales ante los
escenarios legítimamente dispuestos, como claramente lo es la jurisdicción contenciosa
administrativa”.
32. Por lo tanto, solicitó que se revocara el fallo del 10 de agosto de 2022, para en
su lugar, declarar la improcedencia de la acción tutelar.
1.9. Trámite en segunda instancia
33. Encontrándose el expediente para proferir el fallo de segunda instancia, el
despacho ponente de esta decisión advirtió que el a quo, al momento de admitir la
solicitud presentada, omitió vincular a los integrantes de la lista definitiva de
elegibles de la Convocatoria N. º 924 de 2022.
34. Así, al evidenciar que el proceso estaba viciado de una nulidad de carácter
saneable y, en aras de garantizar el derecho de contradicción y defensa, en
aplicación de los artículos 136 y 137 del Código General del Proceso, el despacho
ordenó que se pusiera en conocimiento la presente acción a los referidos3.
35. Sin embargo, pese a que estos integrantes fueron debidamente notificados,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
36. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación ejercida por el
Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de conformidad con lo establecido
2
El fallo de primera instancia constitucional fue notificado el 24 de agosto de 2022 a las 7:47 p.m.
3
Mediante auto de 11 de octubre de 2022.
6
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en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Solicitud de desvinculación
37. Se tiene que el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, solicitó la
desvinculación del presente trámite constitucional, pues, a su juicio, carece de
legitimación en la causa por pasiva.
38. En atención a que el juez a quo no se pronunció sobre dicha petición, esta Sala
de Decisión se referirá a ella, en el sentido de negarla, pues la vinculación al proceso
se realizó en calidad de tercero, mas no como la autoridad contra la cual se
encuentre dirigido el reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que
les asiste en las resultas del presente trámite.
2.3. Problemas jurídicos
39. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la accionante, los informes
presentados y el material probatorio recaudado, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
• Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la
providencia de 10 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sección “A”, en la acción de tutela del vocativo de la referencia,
instaurada por la parte actora con el fin de reclamar el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
40. En específico se deberá resolver si:
• ¿La acción de tutela es procedente contra los actos administrativos
expedidos por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación por medio
de los cuales la señora Diana Patricia Bernal Miranda fue excluida de la
Convocatoria N. º 924 de 2022 o, por el contrario, no se supera el requisito
de subsidiariedad por recurrir un acto administrativo dictado al interior de un
concurso de méritos?
41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) naturaleza de la acción de tutela, (ii) procedencia excepcional de la acción de
tutela contra actos administrativos y en el trámite de concursos; y (iii) el caso
concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
42. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
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protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de
particulares
43. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio
se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de
los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
44. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede
decidir sobre la controversia propuesta.
45. Lo anterior, busca evitar que esta acción constitucional se use
inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el
constituyente.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos y en el trámite de concursos
46. En jurisprudencia reiterada4, la Corte Constitucional ha señalado que la acción
de tutela procede excepcionalmente como mecanismo para la protección de
derechos fundamentales que puedan resultar vulnerados o amenazados por la
expedición de actos administrativos.
47. El Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, el amparo opera como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable,
evento en el que el juez de tutela podrá suspender el acto censurado mientras se
surte el respectivo proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por
tanto, ha señalado que el accionante debe acreditar la necesidad de la medida para
evitar la consumación de aquel daño, por lo que está en la obligación de probar que:
i) se está ante un perjuicio grave e inminente; ii) se requieren medidas urgentes e
impostergables para superar el daño.
4
Ver, entre otras sentencias: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-851 del
12.11.14., M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Exp: T-4.370.918; Corte Constitucional, Sala
Novena de Revisión, Sentencia T-161 del 10.03.17., M.P. (E) José Antonio Cepeda Amarís. Exp: T-
5769057; Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-442 del 13.07.17., M.P. Alberto
Rojas Ríos. Exp: T-6.028.205; Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-236 del
30.05.19., M.P. Diana Fajardo Rivera. Exp: T-7.132.435.
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48. Por su parte, el Consejo de Estado5 ha establecido que cuando en un concurso
de méritos la lista de elegibles se encuentra en firme, se configuran situaciones
jurídicas particulares que involucran derechos de todas las personas que superaron
el proceso de selección y que, por tanto, aspiran al nombramiento del cargo.
49. En tal sentido, las tutelas contra actos administrativos que conforman una lista
de elegibles son improcedentes por regla general, pues el amparo constitucional no
es el medio adecuado para controvertirlos, en la medida en que con la decisión
adoptada se podría llegar a afectar derechos de carácter subjetivo. Por tanto, esta
Corporación ha señalado que el mecanismo judicial idóneo para el estudio de la
legalidad de este tipo de decisiones es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
50. A su vez, la Corte Constitucional6 ha indicado que ante controversias
relacionadas con un concurso de méritos, el juez debe analizar si al momento en
que se presentó la tutela “ya se había conformado la lista de elegibles o está a punto
de conformarse”, siendo este uno de los elementos que determina su procedencia.
51. Esta regla general de la improcedencia de la tutela contra actos que conforman
una lista de elegibles, deriva de su naturaleza misma. Al respecto, la Corte7 ha
considerado que tales listas son actos administrativos particulares, concretos y
positivos, creadores de derechos singulares respecto de cada una de las personas
que las conforman, que “(…) encuentran protección legal por vía de la teoría de la
estabilidad relativa del acto administrativo, así como protección constitucional por virtud del
artículo”.
52. Así, el Alto Tribunal8 ha dispuesto que los derechos subjetivos de cada aspirante
en una lista de elegibles, por regla general, no pueden ser desconocidos por
ninguna autoridad, salvo dos situaciones excepcionales: i) “que sea necesario por
motivos de utilidad pública e interés social y siempre que medie indemnización previa del
afectado”; y ii) ante situaciones en las que sus efectos conlleven a una vulneración
inminente de derechos fundamentales o un perjuicio irremediable.
2.6. Caso concreto
53. La señora Diana Patricia Bernal Miranda acudió al mecanismo de tutela, tras
considerar que el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación no valoró
5
Ver, entre otras sentencias: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27.09.12., M.P
William Giraldo Giraldo. Rad: 13001-23-31-000-2012-00435-01 (AC); Consejo de Estado, Sección
Segunda - Subsección A, sentencia del 27.10.11., M.P. Gustavo Eduardo Gómez; Consejo de
Estado, Sección Primera, sentencia del 15.08.13., M.P María Elizabeth García González, Rad:
25000-23-41-000-2012-00513-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 04.02.16., M.P.
Alberto Yepes Barreiro, rad: 25000-23-36-000-2015-02718-01.
6
Corte Constitucional, Sala séptima de Revisión, sentencia T-049 del 11.02.19., M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
7
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-913 del 11.12.09., M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
8
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-180 del 16.04.15., M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
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adecuadamente uno de los requisitos exigidos para ser elegida dentro de la
Convocatoria N. º 924 de 2022.
54. Así mismo, la actora argumentó que las respuestas otorgadas a la subsanación
del requisito y a la solicitud de aclaración presentada, adolecen de falsa motivación,
pues ninguno de los argumentos expuestos explica la razón del rechazo de la carta
de aval.
55. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “A”, por
medio de fallo de 10 de agosto de 2022, amparó el derecho al debido proceso de la
accionante, al encontrar que debía darse aplicación al principio de prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal, pues el rigorismo no podía constituir un detrimento a la
oportunidad de participación de la actora en el concurso.
56. Inconforme con la decisión, el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación
impugnó la sentencia, aduciendo que el presente mecanismo constitucional no era
idóneo para discutir la problemática, en tanto, la actora buscaba que se realizara un
juicio de legalidad sobre los actos administrativos expedidos al interior de la
convocatoria.
57. Como viene de advertirse, la jurisprudencia ha considerado que los actos
administrativos deben ser recurridos al interior de un medio de control en la
jurisdicción contenciosa administrativa y excepcionalmente a través de la acción de
tutela, si se encuentra la presencia de un perjuicio irremediable que ponga en peligro
los derechos fundamentales del tutelante o en su defecto, que el medio de control
no sea idóneo para el fin.
58. En el caso concreto, se evidencia que el 21 de julio de 2022, la entidad expidió
la Resolución N. º 0742 de 2022, por medio de la cual se publicó el banco definitivo
de elegibles y financiables, razón por la cual ya se encuentra en la vida jurídica un
acto administrativo definitivo que zanjó una situación y que lejos de constituir una
mera expectativa para los participantes, dejó en firme sus derechos adquiridos.
59. Además, se encuentra que los argumentos traídos por la señora Bernal Miranda
corresponden a una clara defensa que debe resolver el juez natural de la causa, en
la cual no puede inmiscuirse el juez constitucional, pues es precisamente este quien
puede de fondo determinar si la entidad incurrió en una falsa motivación de sus
actos administrativos o se apartó de la debida valoración probatoria de los
documentos allegados para el cumplimiento de los requisitos impuestos.
60. En consecuencia, la Sala advierte que la vía adecuada para cuestionar la
legalidad de los actos administrativos, es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. Al
interior de este, de acuerdo con el artículo 229 ibidem y subsiguientes, se prevé la
posibilidad de solicitar la práctica y adopción de medidas cautelares para proteger
y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
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Demandante: Diana Patricia Bernal Miranda
Demandado: Nación – Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación
Radicado: 08001-23-33-000-2022-00231-01
61. La norma citada dispone que, en cualquier estado del proceso, incluso antes de
ser notificado el auto admisorio los jueces o magistrados están avalados para
decretar las medidas cautelares que estimen necesarias. La Corte Constitucional
mencionó en la sentencia de unificación SU-691 de 2017 que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011 las medidas cautelares que
adopten los jueces en este tipo de procesos “(…) pueden ser preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión por lo que se podría decretar una o varias de
ellas”:
“1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se
encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter
contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no
exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción
y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará
las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para
que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición
de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus
efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones
de hacer o no hacer”.
62. Por otra parte, esta Sala de Decisión no encuentra la configuración de un
perjuicio irremediable que permita flexibilizar el estudio, pues la tutelante en ningún
momento expuso razones referentes a ello, por el contrario, fue puesto en
conocimiento que se desempeña como juez de la República, es decir que tiene
asegurados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la salud.
63. Así las cosas, la acción de tutela de la referencia resulta improcedente, pues la
señora Bernal Miranda tiene a su alcance el contencioso de nulidad y
restablecimiento del derecho y las medidas cautelares que dispone la Ley 1437 de
2011, para debatir la legalidad de los actos administrativos con los que se encuentra
inconforme y procurar por la defensa de los derechos fundamentales que
eventualmente estime amenazados con estos.
2.7. Conclusión
64. Por lo anterior, la Sala revocará la decisión de primera instancia dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “A” el 10 de agosto de 2022 y, en su
lugar, se declarará la improcedencia de la acción de tutela, por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad, al tener la actora a su disposición el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
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III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico, de acuerdo con la motivación precedente.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 10 de agosto de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “A”, para en su lugar, DECLARAR LA
IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la señora Diana Patricia
Bernal Miranda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, dentro de los diez (10)
días siguientes a la ejecutoría del fallo, para su eventual revisión, en los términos
del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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