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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2022-00234-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2022-00234-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Condenar en costas a la demandada en esta instancia. A tal efecto, se fijan las agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo a la ejecutoria de la presente providencia. En consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2022-00234-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

3 de septiembre de 2026

Radicado: 08001-23-33-000-2022-00234-01 (28832)
Demandante: Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud EPS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., 03 de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2022-00234-01 (28832)
Demandante: Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud EPS
Demandada: ESE Hospital de Candelaria

Temas: Cobro coactivo. ESE. Competencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada1 contra la
sentencia, del 01 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que resolvió2:

Primero. Declarar no probada[s] las excepciones de legalidad de los actos administrativos
demandados propuesta[s] por la ESE Hospital de Candelaria, de conformidad con los motivos
expuestos en la presente providencia.

Segundo. Declarar la nulidad de los actos administrativos que a continuación se señalan, expedidos
por la ESE Hospital de Candelaria en el proceso de cobro coactivo 0026, del 10 de junio de 2021,
adelantado en contra de [la actora]: … Resolución 0032, del 5 de octubre de 2021 por medio de la
cual se resuelven las excepciones y se ordena seguir adelante la ejecución … Resolución 0039, del
13 de diciembre de 2021 por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición en contra del acto
administrativo …0032 del 05 de octubre de 2021 … Acto administrativo de fecha 20 de enero del
2022 [por medio del cual se liquida] el crédito del proceso de cobro número 0026, del 10 de junio de
2021 … Acto administrativo del 1 de febrero de 2022 por medio del cual se da respuesta a las
objeciones realizadas a la liquidación del crédito del proceso administrativo de cobro número 0026,
del 10 de junio de 2021…

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, [la demandada] deberá reintegrar a [la actora] la[s]
sumas descontadas y/o retenidas en razón al proceso de cobro coactivo 0026, del 10 de junio de
2021, debidamente indexada, conforme se indicó en las consideraciones de la presente sentencia.

Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

La Administración, mediante la Resolución 0026, del 10 de junio de 2021, inició un
proceso de cobro coactivo en contra de la actora por el valor de $1.595.310.783, producto
de la deuda asociada a la prestación de servicios de salud en virtud de la ejecución de
múltiples contratos de «prestación de servicios de salud en la modalidad Cápita del Primer I nivel de
complejidad de atención». Dicho acto fue modificado a través de la Resolución 0032, del 05
de octubre de 2021, al resolver las excepciones planteadas por la actora a los efectos de

1
Samai tribunal, índice 43, certificado 8D8A2DE2B5BD8FAC 6A7B30DE424523F9 198235565DBA7482 285E983E81BC2D0C (pdf) pp. 1 a 32.
2
Samai tribunal, índice 38, certificado 2DD5AFEED6BBE499 8849080AFC9E8E2E D21307CD34F67169 CEAAB369CDDABBF5 (pdf) pp. 28 a 30.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00234-01 (28832)
Demandante: Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud EPS

reducir la suma objeto de cobro a $1.318.371.501 y, posteriormente, fue nuevamente
adecuado por medio de la Resolución 0039, del 13 de diciembre de 2021, al desatar el
recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo que decidió las
excepciones, disminuyendo la suma cobrada a $741.403.211. Finalmente, al desatar las
objeciones presentadas por la administrada en contra de la liquidación del crédito, la
autoridad fijó definitivamente el valor de la obligación en $644.080.236 (índice 2 de Samai
del tribunal).

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones3:

Primera. Que se declare la nulidad de la Resolución 0032, del 05 de octubre de 2021 proferida por
[la demandada] por medio de la cual se resuelven las excepciones y se ordena seguir adelante la
ejecución

Segunda. Que se declare la nulidad de la Resolución 0039, del 13 de diciembre de 2021 proferida
por [la demandada] que resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 0032, del 05 de octubre
de 2021….

Tercera. Que se declare la nulidad del acto administrativo de fecha 20 de enero de 2022 proferido
por [la demandada] por medio del cual se liquida el crédito del proceso de cobro….

Cuarta. Que se declare la nulidad del acto administrativo de fecha 01 febrero de 2022 proferido por
[la demandada] por medio del cual se resuelven las objeciones realizadas a la liquidación del crédito
del proceso administrativo de cobro coactivo…

Quinta. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la [demandada] a
realizar el restablecimiento de los recursos descontados en el trámite del proceso administrativo de
cobro coactivo.

Sexta. Que se condene a la … [demandada] al pago de los rendimientos dejados de percibir por la
apropiación realizada por dicha entidad en el marco del proceso administrativo de cobro coactivo.

Séptima. Que se condene a la [demandada] que, con los pagos establecidos en las pretensiones
cuarta y quinta, pague las sumas necesarias para hacer los ajustes de valor, conforme al … IPC o
mayor, tal como lo autoriza el artículo 187 del CPACA, o las normas que lo modifiquen, adicionen o
complementen.

Octava. Que se condene a la [demandada] a que de cumplimiento al fallo dentro del término previsto
en [los] artículo[s] 192 y 195 del CPACA y pague a favor de mi mandante intereses moratorios a una
tasa equivalente al DTF durante los [10] primeros meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo
o de los cinco días estabecidos en el artículo 195 núm. 3, e intereses moratorios a la tasa comercial
después de este término conforme lo ordena el artículo 95 núm. 4 del CPACA, o de las normas que
lo codifiquen, adicionen o complementen.

Novena. Que se condene a la [demandada] a que de cumplimiento al fallo dentro del término previsto
en {los] artículo[s] 192 y 195 del CPACA, o las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.

Décima. Que se condene a la [demandada] al pago de las agencias en derecho y costas procesales.

Al efecto, invocó como normas vulneradas los artículos 2, 6 y 29 de la Constitución; el
Código Civil; 828 y 831 del ET (Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989); la Ley 100 de
1993; la Ley 1066 de 2006; la Ley 1437 de 2011; y la Ley 1563 de 2012, bajo los
siguientes conceptos de violación4:

3
Samai tribunal, índice 2, certificado 5E0595D6C32EE51A 823FD71D2FD64E66 D2C146DE49632655 2A49540854D82C7A (pdf) p. 3 y 4.
4
Samai tribunal, índice 2, certificado 5E0595D6C32EE51A 823FD71D2FD64E66 D2C146DE49632655 2A49540854D82C7A (pdf) p. 8 a 24.

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-Falta de competencia del funcionario para adelantar proceso de cobro coactivo y expedir
los actos administrativos demandados. Sostuvo que la demandada fundamentó su
competencia en el CPACA, la Ley 1066 de 2006 y un concepto cuyo contenido y
procedencia no pudo conocer, razón por la cual solicitó que fuera incorporado al
expediente. Adujo que, aunque la demandada era una entidad pública y las autoridades
administrativas podían ejercer cobro coactivo como manifestación de autotutela, las
obligaciones discutidas surgieron de contratos de prestación de servicios de salud
sometidos al derecho privado, celebrados sin ejercicio de potestades excepcionales,
declaración de incumplimiento ni imposición de multas. Con fundamento en el ordinal 6
del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 104 del CPACA, afirmó que la
atribución de su control a la jurisdicción contencioso-administrativa no alteraba la
naturaleza privada de esos contratos.

Señaló que las obligaciones comerciales derivadas de la prestación de servicios de salud
se encontraban excluidas del cobro coactivo, de conformidad con el parágrafo 1 del
artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, pues la Administración actuó en el giro ordinario de
sus negocios bajo un régimen privado de contratación. En respaldo de esa tesis, invocó
los conceptos 1100000-177707 de 2014 y 1-2016-138887 de 2016 de la
Superintendencia Nacional de Salud, así como el Concepto 46633, del 21 de febrero de
2011, del Ministerio de la Protección Social; doctrina con la que indicó que esas
autoridades consideraron que las ESE (Empresas Sociales del Estado), al prestar
servicios de salud en condiciones equiparables a las de los prestadores privados,
realizaban actos de gestión y no de autoridad, por lo cual no podían emplear una
prerrogativa exorbitante para cobrar obligaciones contractuales. Añadió que dicha
facultad solo sería admisible respecto de créditos originados en funciones administrativas
expresamente atribuidas por la ley.

Así, concluyó que ninguna norma especial del sector salud autorizó a las ESE para cobrar
coactivamente obligaciones surgidas de contratos privados de prestación de servicios en
salud y, por otra parte, que las reglas generales del CPACA no permiten desconocer la
exclusión especial prevista en la Ley 1066 de 2006.

-Violación de la cosa juzgada constitucional frente a la falta de competencia de este tipo
de entidades para adelantar procesos de cobro coactivo. Afirmó que la demandada
desconoció la Sentencia C-666 de 20005, la cual calificó como precedente constitutivo de
cosa juzgada constitucional y obligatorio para las autoridades judiciales y administrativas.
Explicó que, aunque esa providencia se refirió a determinadas entidades
descentralizadas, su criterio resultaría aplicable a las ESE, porque la circunstancia
relevante no sería la categoría orgánica de la entidad, sino la naturaleza de la actividad
generadora del crédito. En su criterio, cuando una entidad pública desarrolla actividades
de gestión y compite en igualdad de condiciones con particulares, atribuirle cobro coactivo
para ejecutar obligaciones contractuales rompía el equilibrio entre las partes y
desconocía los principios de equidad, debido proceso, imparcialidad y juez natural.

-Violación de la prohibición legal de[l] parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Reiteró que los actos acusados desconocieron directamente la exclusión legal aplicable
a las deudas derivadas de obligaciones civiles o comerciales respecto de las cuales las
entidades públicas desarrollan una actividad de cobranza semejante a la de los
particulares, bajo el régimen privado aplicable al giro principal de sus negocios. Sostuvo
que las obligaciones cobradas por la Administración reunían esas condiciones, por
provenir de contratos privados de prestación de servicios de salud, y que, por ello, la
entidad carecía de competencia para haber adelantado el trámite de cobro coactivo.

5
Corte Constitucional, sentencia C-666 de 2000, MP: José Gregorio Hernández Galindo.

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-Falsa motivación por desconocimiento del pago total de la obligación. Afirmó que había
pagado el 100% de los recursos incluidos en el mandamiento de pago, por lo que
reprochó que la demandada los hubiera reconocido parcialmente. Indicó que la entidad
aceptó pagos adicionales por «esfuerzos propios» por $324.925.383, para un total
reconocido de $451.406.492, pero dejó de descontar $72.292.551,80. Asimismo,
manifestó que frente a las glosas por $492.965.511, la autoridad únicamente reconoció
$185.179.519,32 y rechazó el saldo de (sic)$306.885.990.

En ese contexto, expuso que la entidad no aceptó la conciliación de las glosas por
$27.753.470, relacionadas con las facturas 2073, 2127 y 2088 de 2017, por considerar
que debió incorporarse en la liquidación del contrato correspondiente. Tampoco admitió
glosas por $279.132.520 aplicadas a las facturas 2208, 2216, 2224, 2225, 2231, 2235,
2246 y 2276, correspondientes a distintos meses de 2018, porque habrían sido
formalizadas unilateralmente. Además, sostuvo que los contratos por capitación fueron
pagados anticipadamente en un 100% y que las glosas aceptadas, conciliadas o
ratificadas representaban sumas que la demandada debía reintegrarle por servicios no
prestados o prestados inadecuadamente. Por tanto, consideró que esos créditos podían
compensarse con obligaciones posteriores a favor de la Administración, al reunirse los
presupuestos previstos en los artículos 1715 y 1716 del Código Civil. Agregó que el
desconocimiento de los documentos que reposaban o debían reposar en los archivos de
la entidad vulneró la prohibición del ordinal 4 del artículo 9 del CPACA y condujo a cobrar
nuevamente servicios que ya habían sido pagados.

Finalmente, afirmó que la liquidación incluyó una población superior a la reconocida y
pagada por la ADRES. Precisó que la demandada contabilizó 947.240 afiliados, mientras
que la liquidación mensual de afiliados registraba 912.041, para una diferencia de 35.199
personas y $189.854.258,15, sin intereses. Señaló que aportó las respectivas
liquidaciones mensuales y un archivo de Excel con el cálculo mensual, pero la autoridad
únicamente ajustó la población entre 2017 y abril de 2018 y reconoció un descuento
adicional de $97.322.976, dejando vigente el cobro por (sic) $664.080.236, incluidos
intereses.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones6. Sostuvo que los actos
demandados fueron expedidos por el funcionario competente, con observancia del
debido proceso, adecuada motivación y sujeción a las normas aplicables al procedimiento
administrativo de cobro coactivo. Asimismo, afirmó que la actora incumplió la obligación
de pagar anticipadamente el 100% de los servicios contratados, bajo la modalidad de
capitación, durante las vigencias 2017 a 2019, por lo que procedía recaudar los recursos
adeudados mediante el procedimiento previsto en la Ley 1066 de 2006, el ET, el CPACA
y, subsidiariamente, el CGP. Expuso los siguientes argumentos de defensa:

-Consideración preliminar de inexistencia de causales de nulidad. Indicó que no se
configuró ninguna de las causales previstas en el artículo 137 del CPACA, porque los
actos acusados fueron expedidos con competencia, regularidad procedimental, respeto
del derecho de defensa y motivación suficiente. Añadió que la controversia debía
resolverse examinando específicamente las Resoluciones 0009 de 2021 y 0018 de 2021
y que estas se profirieron dentro de un procedimiento administrativo especial de cobro
coactivo sometido al ET. Explicó que el artículo 56 de la Ley 1438 de 2011 obligaba a las
entidades promotoras de salud (EPS) a pagar anticipadamente el 100% de los contratos
por capitación y que los recursos de salud, por su destinación específica y naturaleza

6
Samai tribunal, índice 8, certificado F2045A71AE91A6AC 1F5D4A144921E9B9 12A2C36F6001E8B3 C10BE64B6B7811E0 (pdf) pp. 56 a 73.

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pública, debían ser recaudados para evitar un posible detrimento patrimonial. Añadió que
la seguridad social es un servicio público obligatorio, protegido constitucionalmente.

-Régimen legal del proceso coactivo por parte de las empresas sociales del estado - ESE.
Diferenció la antigua jurisdicción coactiva del actual procedimiento administrativo de
cobro coactivo. Explicó que, bajo el CPC y el anterior CCA, el recaudo forzoso de créditos
públicos era entendido como una función de naturaleza jurisdiccional, tramitada conforme
a las reglas del proceso ejecutivo. Sin embargo, con el ET se consolidó un procedimiento
administrativo para el recaudo directo de obligaciones fiscales. Sostuvo que la Ley 6 de
1992 amplió esa facultad a entidades públicas nacionales y que la Ley 1066 de 2006 la
generalizó a todas las entidades estatales que ejercieran función administrativa o
prestaran servicios públicos, respecto de obligaciones exigibles a su favor. Así, afirmó
que el CPACA zanjó definitivamente la discusión al denominarlo «procedimiento
administrativo de cobro coactivo» y reconocer a todas las entidades públicas la prerrogativa
de recaudar directamente las obligaciones claras, expresas y exigibles contenidas en
documentos con mérito ejecutivo. Destacó que, como acreedora, podía optar por
adelantar el cobro coactivo o acudir ante el juez competente, sin que la remisión
subsidiaria a las normas procesales civiles cambiara la naturaleza administrativa de la
actuación.

También señaló que, dentro de dicho procedimiento, las decisiones adoptadas son actos
administrativos y que únicamente son susceptibles de control judicial, en los términos del
artículo 101 del CPACA: los actos que resuelven excepciones, ordenan seguir adelante
la ejecución y liquidan el crédito. Indicó que los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993
califican a las ESE como una categoría especial de entidad pública descentralizada,
dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, cuyo objeto
es la prestación directa del servicio público de salud. Por otra parte, reconoció que sus
contratos se rigen, como regla general, por el derecho privado, pero advirtió que ello no
eliminaba su naturaleza estatal ni su sometimiento a los principios de la función
administrativa y de la gestión fiscal. Añadió que las ESE podían incorporar cláusulas
excepcionales y que las controversias relativas a sus contratos corresponden, por regla
general, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando se relacionan con el
ejercicio de funciones administrativas o con la prestación del servicio público de salud.

De esa forma, concluyó que el régimen contractual privado no la convertía en un particular
ni le impedía haber ejercido potestades públicas. Por el contrario, sostuvo que la
prestación de servicios de salud continuaba siendo una función administrativa y que,
conforme a los artículos 98, 99 y 104 del CPACA, las ESE estaban facultadas para
recaudar coactivamente todas las obligaciones creadas a su favor que constaran en
documentos con mérito ejecutivo. Además, rechazó el cargo de falta de competencia para
iniciar el procedimiento de cobro coactivo y sostuvo que su régimen contractual privado
era únicamente uno de los elementos de su régimen jurídico, sin que pueda
desconocerse su naturaleza de entidad pública ni el carácter público y esencial del
servicio de salud que prestaba. Afirmó que las prerrogativas administrativas, incluidas las
cláusulas excepcionales y el cobro coactivo, se justifican por la prevalencia del interés
general y por la necesidad de asegurar el cumplimiento de los fines estatales. En esa
línea, explicó que el artículo 98 del CPACA impone a las entidades públicas el deber de
recaudar las obligaciones a su favor y, por ende, les permite ejercer directamente la
prerrogativa de cobro coactivo. Añadió que el parágrafo del artículo 104 ídem incluye
dentro del concepto de entidad pública a todo órgano, organismo o entidad estatal,
cualquiera sea su denominación, por lo que afirmó que las ESE quedaban comprendidas
en esa regulación.

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Sostuvo que existía una incompatibilidad entre la exclusión prevista en el parágrafo 1 del
artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y la regulación posterior y general del CPACA. Con
fundamento en los artículos 1 y 2 de la Ley 153 de 1887, afirmó que debía prevalecer la
ley posterior, esto es, la Ley 1437 de 2011, que reconoció a todas las entidades públicas
el deber de recaudo y la prerrogativa de cobro coactivo respecto de las obligaciones
contenidas en títulos ejecutivos; trámite que no tenía como único propósito satisfacer una
acreencia particular, sino recaudar recursos públicos destinados al cumplimiento de los
fines esenciales del Estado. Así, en el caso concreto, tales recursos se relacionaban con
la financiación del servicio de salud, por lo que su recaudo constituía un deber y no una
actuación meramente comercial equiparable a la de un particular.

Señaló que la obligación objeto de cobro se respaldó en contratos y documentos que
prestaban mérito ejecutivo, pues, al derivarse de un contrato, el título podía integrarse
con este, el acta de liquidación bilateral o la liquidación unilateral debidamente
ejecutoriada, así como con las decisiones que resuelvan los recursos interpuestos. En
ese sentido, estimó satisfechos los requisitos de claridad, expresividad y exigibilidad
previstos en el artículo 422 del CGP. Asimismo, concluyó que los actos acusados fueron
expedidos por los funcionarios competentes para adelantar el procedimiento
administrativo de cobro coactivo contra la actora y reiteró que la naturaleza privada del
régimen contractual no impedía el ejercicio de la autotutela ejecutiva, pues la acreedora
conservaba su condición de entidad pública, prestaba un servicio público esencial y
estaba amparada por la prerrogativa reconocida en los artículos 98 a 104 del CPACA.

Sentencia apelada

El a quo declaró la nulidad de los actos demandados7. Al tenor del parágrafo 1 del artículo
5 de la Ley 1066 de 2006 y de las sentencias C-666 de 2000 y del 24 de agosto de 2023
(exp. 26685, CP: Milton Chaves García), indicó que las ESE son entidades
descentralizadas que desarrollan actividades catalogadas como de gestión -la prestación
del servicio de salud-, por lo cual no son de la naturaleza de una « autoridad», sino que
eran semejantes a las de los particulares y competían en igualdad de condiciones con
estos, a pesar de estar dirigidas a prestar un fin del Estado. Por ello, señaló que no tenían
la facultad excepcional de jurisdicción coactiva para el recaudo ágil de los recursos de
las deudas en su favor o para hacer cumplir las obligaciones contractuales, dado que ello
violaría los principios de debido proceso, imparcialidad, del juez natural y de equidad
entre las partes en conflicto, al ser juez y parte y afectar con ello el equilibrio de la relación
de los intervinientes en comparación con los particulares con quienes competía en la
prestación de servicios de salud. Así, concluyó que las ESE no podían estar revestidas
de esa atribución «exorbitante» ligada al imperio estatal, soberanía, poder y autoridad.

Seguidamente, aseguró que la ESE Hospital de Candelaria no tenía competencia para
adelantar cobro coactivo contra la actora, dado que la obligación provenía de la
celebración, ejecución, terminación y/o liquidación de contratos que no correspondía a
una función administrativa, sino a una gestión contractual por la que no tenía la
prerrogativa del cobro coactivo, pues esta no aplicaba a deudas o acreencias de contratos
de mutuo ni de obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades públicas
actuaban en igualdad de condiciones que un particular.

Adicionalmente, sostuvo que, aunque el título ejecutivo complejo —los contratos de
prestación de servicios en la modalidad cápita del régimen subsidiado—no reposaba en
el plenario, lo cierto fue que la Administración, al contestar, aceptó como hecho cierto de
la demanda que las deudas de esos contratos tenían como objeto la prestación de

7
Samai tribunal, índice 38, certificado 2DD5AFEED6BBE499 8849080AFC9E8E2E D21307CD34F67169 CEAAB369CDDABBF5 (pdf) pp. 14 a 28.

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servicios de salud por parte de la ESE a los usuarios de la demandante, con lo cual solo
podrían cobrarse ante el juez natural de la causa y no mediante cobro coactivo.

Igualmente, puntualizó que en sentencia del 02 de marzo de 20238, el tribunal, en la
causa de controversias contractuales, anuló las resoluciones ya mencionadas 0009, del
24 de marzo, y 0018, del 03 de mayo, de 2021, que habían liquidado unilateralmente los
contratos «cápita» del régimen subsidiado, suscritos por la actora y la demandada por las
vigencias 2016 y 2019, y que estas resoluciones harían parte de los títulos complejos,
cuyo recaudo se pretendía obtener vía procedimiento de cobro coactivo. En dicha
providencia, extractó que se concluyó que las eventuales deudas debían cobrarse
mediante el proceso ejecutivo contractual, ante el juez natural.

Así, anuló los actos del cobro y ordenó reembolsar los recursos descontados o retenidos
durante el procedimiento de cobro, indexados.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión del tribunal9. Inicialmente, reprochó que el tribunal
hubiera proferido sentencia sin haber tenido en cuenta el «traslado de pruebas» -que envió
por correo electrónico del 17 de noviembre de 2023 en el que no hubo reconocimiento de
personería para actuar- como tampoco los alegatos de conclusión que presentó el 01 de
diciembre de 2023. Además, sostuvo que actuó conforme a la certificación de pagos que
emitió la Alcaldía municipal de Candelaria, en la que se evidenció que durante 2016 y
2018, la actora solo hizo efectivos desembolsos que listó [pero que son ilegibles]. A su
juicio, hubo desinformación y descontrol total en los pagos que adujo la actora, lo que fue
desconocido por el a quo; además, por esto, se emitió una sentencia condenatoria. Frente
al traslado de pruebas al que alude, indicó que allí se le hicieron reclamaciones
directamente al Hospital La Candelaria, Banco, Magdalena, y que esto era improcedente,
con lo cual desconocía tales actuaciones que se hicieron ante esa otra entidad.

Indicó que, conforme a la letra d. del artículo 13 del Decreto Ley 1122 de 2007, resultaba
diáfano que la deudora incumplió con las obligaciones, por lo que debió adelantar el cobro
coactivo, conforme a la Ley 1066 de 2006, el CPACA y demás normas concordantes,
para recaudar las rentas o caudales públicos, con observancia del procedimiento del
Estatuto Tributario. Planteó que la providencia impugnada -irresponsablemente- accedió
a las pretensiones, pero que se oponía a las pruebas aportadas, en especial las de pagos
efectuados en 2017 y 2018 que no se encontraran en el certificado adjunto al proceso,
relacionado con los pagos recibidos que fueron aceptados por la ESE y que fueron «bajo
la relación de esfuerzo propio». Expresó que, frente a lo cancelado por compensación y
descuentos por glosas, se atenía a lo establecido al resolver excepciones, pues debieron
efectuarse descuentos antes de liquidar los contratos de 2016 y 2018 «y que las glosas
ratificadas solo por MUTUAL SER no tiene soportes de la trazabilidad del proceso ». Expresó que los
argumentos de la ESE que se admitieron por el tribunal le trajeron consecuencias
irreparables en la economía y estabilidad financiera del hospital y en la prestación de los
servicios de salud, pues aunque se reconoce que no prestó servicios o se hizo de forma
deficiente «y que incluso aceptó ese hecho al haber conciliado unas glosas efectuadas a una facturación
presentada por la ESE, ahora pretende cobrar un servicio de salud no prestado bajo el pueril argumento
de que MUTUAL debió hacer esos descuentos en liquidaciones de contratos anteriores».

Por otra parte, indicó que, a la luz de los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, pese
a que las ESE en materia contractual se regían por el derecho privado, ocupaban una

8
Tribunal Administrativo del Atlántico, sentencia del 02 de marzo de 2023, exp. 08-001-23-33-000-2022-00049-00, MP: Jorge Eliecer Fandiño Gallo.
9
Samai tribunal, índice 43, certificado 8D8A2DE2B5BD8FAC 6A7B30DE424523F9 198235565DBA7482 285E983E81BC2D0C (pdf) pp. 13 a 31.

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categoría especial y excepcional de entidad pública, descentralizada territorialmente, con
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, perteneciente al sistema
de seguridad social en salud como institución prestadora pública en primer y segundo
nivel de atención en la red del departamento. Añadió que su personal tenía la calidad de
empleados públicos y trabajadores oficiales y que entonces dichas normas ratificaban
que era de naturaleza pública y, por todas las anteriores razones, el tribunal no debió
anular los actos de cobro que garantizarían de manera eficiente y eficaz la autonomía
económica para cobrar los servicios prestados a la demandante, «la cual no se encuentra
obedeciendo a los pagos efectuados y descontados». Agregó que se desconoció la mala fe de su
contraparte, quien en uso de su posición dominante no liquidó los contratos en debida
forma ni pagó las obligaciones con el hospital, lo que la puso en situación de grave riesgo
financiero.

Justificó los motivos para haber liquidado unilateralmente los contratos y la finalidad de
esto, según jurisprudencia invocada, para sustentar que existía una «distancia» entre la
posición del a quo y la del Consejo de Estado en materia de dicha liquidación unilateral.

En adición, propuso los siguientes cargos de apelación:

-Defecto material o sustantivo. Omisión en la aplicación de la ley para no establecer el
equilibrio contractual dentro de la revisión del contrato estatal. Con base en el régimen
contractual y la naturaleza jurídica de las ESE, así como el alcance constitucional del
Sistema de Seguridad Social, sostuvo que no resultaba procedente priorizar los derechos
de una empresa privada -EPS- frente al interés general.

Aseguró que la cláusula contractual que le daba a la actora contratante la potestad
exclusiva para liquidar el contrato atentaba contra el equilibrio contractual, económico y
los derechos sociales de los usuarios del servicio obligatorio de salud, a través de las
ESE. Expuso que esa estipulación era ineficaz y podía «ser intervenida al momento de dirimir
la controversia» por el juez10, pues el servicio era para los usuarios y personas en
vulnerabilidad y que las EPS podían ocultar recursos pertenecientes a los prestadores.
Indicó que las inversiones millonarias para cumplir con la prestación del servicio eran de
la red pública y que no recuperaba los recursos financieros pagados a los proveedores,
a pesar del esfuerzo del Estado.

Señaló que se trataba de contratos atípicos de adhesión que no permiten a las entidades
prestadoras de salud discutir sus cláusulas y que, por ello, las EPS imponían sus criterios
para adelantar órdenes previas para permitir la ejecución. Añadió que el restablecimiento
del equilibrio económico no fue debilitado con ocasión de la Ley 1437 de 2011, máxime
cuando logró acreditar las condiciones para «equilibrar la inversión y la mora en el pago de las
sumas a cargo de la EPS», lo cual no fue analizado por el a quo y que «no se dilucidó el tema de
pagos y saldos a favor de la entidad, muy a pesar de ser objeto de excepción ». Por ende, sostuvo que
ni el proceso ni la sentencia fueron claros, así como que se desconoció por parte del
tribunal la equivalencia entre derechos y obligaciones en los contratos estatales. Destacó
que el restablecimiento del equilibrio financiero tenía como fundamento la ley, por lo que
no resultaba negociable.

-Defecto material o sustantivo. Omisión en la aplicación de la ley para desconocer
facultad excepcional de la ESE como entidad pública. Sostuvo que el tribunal desconoció
que las ESE son entidades públicas y que tienen un régimen contractual especial que las
faculta para emplear discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el EGCAP
(arts. 195.6 de la Ley 100 de 1993 y 98.6 del Decreto 1298 de 1994). Así, a los efectos

10
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de junio de 2012, exp. 13001-23-31-000-1996-01233-01, CP: Ruth Stella Correa Palacio.

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de restablecer el equilibrio contractual alterado, aplicó las cláusulas referidas, según lo
previsto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las cuales, en todo caso, no requerían
haber sido pactadas, pues, al tratarse de una disposición legal, se entendían
incorporadas al cuerpo del contrato. Bajo esa ilación, afirmó que el tribunal se equivocó
al establecer que el servicio de salud se derivaba de contratos de prestación de dichos
servicios y que las ESE eran simples contratistas, lo cual le quitó el estatus de entidad
pública y la competencia para liquidar unilateralmente, circunstancia que era
contradictoria, porque entonces tampoco el tribunal tenía competencia para conocer y
decidir cualquier conflicto o diferencia frente al respectivo contrato, dado que era privado
y no del orden estatal -art. 141 del CPACA-.

Por otra parte, indicó que solo con la liquidación unilateral logró determinar el valor del
detrimento patrimonial que le causó la EPS, por lo que estaba en desacuerdo con que se
haya establecido la ocurrencia de un doble pago, pues en realidad lo recaudado a través
del proceso de cobro coactivo fueron los saldos dejados de pagar legalmente dentro de
estos contratos de prestación de servicios de salud, suma que correspondía al detrimento
patrimonial que injustificadamente sufrió el hospital, «como consecuencia de los abusos e
incumplimientos contractuales cometidos por Mutual Ser EPS, situación que generó el recaudo forzado por
parte de la ESE a través del proceso administrativo de cobro coactivo y el uso de las cláusulas exorbitantes
para liquidar unilateralmente las vigencias contractuales anotadas ».

Así, concluyó que era competente para liquidar unilateralmente el contrato, lo cual realizó
en el marco de un proceso de cobro coactivo, en aplicación de las cláusulas exorbitantes
y de los artículos 2 y 5 de la Ley 1066 de 2006; normas que comprendían el cobro de
recursos de salud que, al tener destinación específica, debían ser recaudados para evitar
las acciones de los entes de control contra los funcionarios encargados de la ejecución,
dado el detrimento patrimonial, pues debía atenderse el servicio público de salud que
materializaba el derecho fundamental a la vida y que era deber del Estado asegurar la
prestación eficiente de los servicios públicos a los habitantes y que este fuera continuo -
arts. 48 y 365 constitucionales-. Igualmente, al tenor del artículo 98 del CPACA, las
entidades del artículo 104 del mismo ordenamiento debían recaudar las obligaciones
creadas en su favor y estaban revestidas de la prerrogativa del cobro coactivo o acudir
ante los jueces competentes.

Por último, aludió a los artículos 56 y 57 de la Ley 1438 de 2011 y 13 de la Ley 1122 de
2007, a fin de indicar que en ese contexto legal emitió los actos que liquidaron
unilateralmente los contratos.

Pronunciamientos sobre el recurso

El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal11.

Por su parte, la actora solicitó confirmar la sentencia de primer grado 12. Frente al reparo
relativo al supuesto desequilibrio contractual, sostuvo que los contratos de prestación de
servicios de salud establecieron expresamente un término de cuatro meses para su
liquidación bilateral y que, vencido este, la facultad de liquidarlos unilateralmente
correspondía exclusivamente a la actora. Afirmó que esa estipulación fue libremente
aceptada y debía cumplirse conforme a la autonomía de la voluntad y al principio pacta
sunt servanda, por lo que la autoridad no podía desconocerla ni atribuirse una potestad
no pactada. Añadió que las Resoluciones 0009, del 24 de marzo de 2021, y 0018, del 3
de mayo de 2021, que sirvieron de fundamento al cobro, ya habían sido anuladas;
facultad que, en todo caso, no integraba las cláusulas excepcionales del artículo 14 de la
11
Samai CE, índice 14, certificado D8C8B2E81996D5A2 122C25B52243F455 524D3992D14DE2DD 57B8BECCC7C304F3 (pdf) p. 1.
12
Samai CE, índice 13, certificado 411D4FCB8B0612C0 FDEC708C650AD8AD 6A9ACD2F4F11F2D4 589F3ACA8E08BD5C (pdf) pp. 1 a 11.

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Ley 80 de 1993. En lo demás, insistió en que la naturaleza pública de la demandada no
la habilitó para cobrar coactivamente obligaciones civiles y comerciales derivadas de
contratos de prestación de servicios de salud, regidos por el derecho privado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos acusados atendiendo los cargos
de apelación planteados por la demandada contra la sentencia de primera instancia, que
declaró la nulidad de los actos.

Problema jurídico

2- Corresponde a la Sala establecer si: (i) el tribunal no tuvo en cuenta los alegatos de
conclusión ni las pruebas que entregó el «17 de noviembre de 2024» y el alcance que tal
planteamiento tendría sobre la providencia impugnada; (ii) la ESE tenía potestad para
recaudar las deudas derivadas de la liquidación unilateral de los contratos de servicios
de salud, con fundamento en los artículos 2 y 5 de la Ley 1066 de 2006 y 98 del CPACA;
(iii) el a quo cometió un defecto material o sustantivo y la providencia no fue clara, pues
debía intervenir en la ineficacia de la cláusula contractual que habilitaba únicamente a la
EPS deudora para liquidar unilateralmente el contrato, cuando esto podía hacerlo la ESE
para restablecer el equilibrio económico.

2.1- En cambio, no se analizará el reproche asociado al restablecimiento del equilibrio
económico del contrato estatal, porque tal argumento excede el propósito del recurso de
apelación y la competencia del juez de segunda instancia (arts. 320 y 328 del CGP), pues
cuestiona aspectos ajenos al debate, con lo cual la Sala se abstendrá de referirse a tal
planteamiento13.

Análisis del caso concreto

3- En lo atinente al primero de los problemas jurídicos, se evidencia que la apelante
asegura que no se tuvieron en cuenta los alegatos de conclusión de primera instancia ni
el memorial en el cual se pronunció sobre las pruebas que le fueron trasladadas, que
entregó el «17 de noviembre de 2024» en el cual indicó que desconocía las reclamaciones
efectuadas por Mutual al Hospital La Candelaria, Banco, Magdalena.

Se advierte que el anterior cuestionamiento no controvierte la legalidad de los actos
acusados, sino que atacaría la validez de la providencia (art. 133 del CGP), razón por la
que se pronunciará la Sala sobre dicho aspecto.

3.1- Si bien el ordinal 6 del artículo 133 del CGP establece como causal de nulidad de la
sentencia la pretermisión de la oportunidad para alegar de conclusión, lo cierto es que,
en el sub lite, la Sala advierte que en el trámite de primer grado el tribunal profirió un auto
dando traslado de las pruebas aportadas al expediente a los intervinientes, por el término
de 5 días, vencido el cual las partes alegarían de conclusión dentro de los 10 días -auto
del 01 de noviembre de 2023, notificado por estado el 02 de noviembre de 2023 y en
forma personal el 07 de noviembre de 2023 (índices 27, 29 y 31 de Samai del tribunal).
Posteriormente, la secretaría del tribunal remitió un correo a las partes procesales y a la
procuraduría, el 20 de noviembre de 2023 (índice 34 de Samai del tribunal), señalando
que corría traslado del expediente y para que las partes alegaran de conclusión.

13
Entre otras, sentencia del 29 de abril de 2020 (exp. 22085, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).

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La demandada presentó los alegatos de conclusión el 01 de diciembre de 2023, en los
cuales se limitó a reiterar los planteamientos fácticos y jurídicos desarrollados en la
contestación a la demanda (índices 8 y 37 de Samai del tribunal), los cuales no fueron
tenidos en cuenta por el tribunal en la sentencia impugnada proferida el mismo 01 de
diciembre de 2023.

Para la Sala, el término para alegar de conclusión inició tras la notificación del auto del
01 de noviembre de 2023, la cual se surtió tanto el 02 de noviembre por estado como el
07 de noviembre de esa anualidad en forma personal (electrónica), con prescindencia del
correo remitido por la Secretaría el 20 de noviembre de 2023, con lo cual, el término para
alegar de conclusión finalizó el 24 de noviembre de 2023. Si bien esta última
comunicación pudo generar confusión, lo cierto es que las partes conocían la providencia
del despacho sustanciador, proferida el 01 de noviembre de 2023, mediante la
notificación del 02 y 07 de noviembre de la misma anualidad, y el término transcurrió
normalmente.

Con todo, aun de considerarse que el término debió computar a partir del correo
secretarial del 20 de noviembre de 2023, tal situación no tendría la entidad de invalidar la
providencia, pues tal como lo ha sostenido la Sala en la sentencia del 30 de abril de 2025
(exp. 28732, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello)14, la omisión de valorar formalmente
los alegatos de conclusión no comporta, por sí sola, una vulneración del debido proceso
cuando se logre constatar que el juez examinó el contenido material de dichos alegatos,
en la medida que este sea coincidente con los argumentos previamente expuestos en las
respectivas actuaciones procesales de las partes, y estos no hubieran incorporado
consideraciones adicionales sobre las pruebas; sobre todo cuando las partes cuentan
con la posibilidad de interponer el recurso de apelación, oportunidad en la cual pueden
obtener un pronunciamiento sobre los aspectos que considere relevantes, incluidos
aquellos expuestos en los alegatos de conclusión. A tal fin, la judicatura ha establecido
que, según el ordinal 4 del artículo 136 del CGP, la irregularidad puede sanearse «Cuando
a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa », como ocurre
cuando en las alegaciones se reiteran los planteamientos de la contestación, los cuales
son considerados en la sentencia por el tribunal.

En el caso bajo análisis, lo señalado en las alegaciones corresponde en esencia a lo
aducido desde la contestación. Es así como en ambas oportunidades explicó que Mutual
le pagó la cifra de $126.481.109 por concepto «por esfuerzo propio» que le hizo la deudora
y no la suma de $523.699.004,26. Adicionalmente, tanto la contestación como las
alegaciones defendieron la procedencia del cobro coactivo. Lo anterior permite evidenciar
que lo alegado era concordante con lo planteado en la contestación de la demanda, lo
cual fue considerado en la decisión de primera instancia. En tales condiciones, no se
habría configurado alguna causal de nulidad, pues, como lo ha expresado esta judicatura,
«no hay violación del debido proceso cuando la omisión no tuvo incidencia material en la decisión,
particularmente si la parte pudo ejercer la apelación y obtener pronunciamiento sobre los aspectos que
estimaba relevantes, y si los alegatos solo reiteran argumentos ya desarrollados en el proceso, y
particularmente en el escrito de la demanda» (sentencia del 30 de abril de 2025, exp. 28732, CP:
Myriam Stella Gutiérrez Argüello).

3.2- En lo que respecta a que el a quo no tuvo en cuenta el memorial del 17 de noviembre
de 2023 (índice 36 Samai del tribunal), con el cual la demandada se pronunció sobre las
pruebas que le fueron trasladadas, se observa que en este hizo referencia a la
certificación de la Alcaldía de Candelaria en la que se indicaron los montos
desembolsados por la actora y a que se hicieron reclamaciones a otra entidad -Hospital,

14
Reiterada en la sentencia del 30 de abril de 2026 (exp. 30608, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).

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La Candelaria, Banco, Magdalena-, las cuales desconocía porque fueron efectuadas a
otra entidad. Asimismo, señaló que no aceptaría los pagos de los años 2017 y 2018 que
no estuvieran certificados, entre otros aspectos.

Si bien es cierto que el tribunal no hizo un pronunciamiento sobre el citado memorial, se
advierte que el fundamento del tribunal fue un aspecto de derecho y no probatorio, en
tanto determinó que la demandada carecía de competencia para recaudar mediante
cobro coactivo la deuda proveniente de los contratos de prestación de servicios de salud,
sustentado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y en las sentencias C-
666 de 2000 y del 24 de agosto de 2023 (exp. 26685, CP: Milton Chaves García).

Por lo anterior, la mención del tribunal a ese memorial no era pertinente al razonamiento
central con el que adoptó la sentencia que anuló los actos del cobro.

En consecuencia, no prospera el cargo de apelación.

4- Precisado lo anterior, procederá la Sala a analizar los problemas jurídicos (ii) y (iii), los
cuales abordará conjuntamente, en la medida en que ambos se encuentran vinculados.
Al respecto, la apelante afirmó que ni el proceso ni el fallo fueron claros y que, dado el
régimen contractual aplicable a la ESE, su naturaleza jurídica y el alcance constitucional
del sistema de seguridad social en salud, resultaba improcedente priorizar los derechos
de una EPS frente al interés general. Consideró que la cláusula contractual que le daba
a la actora contratante la potestad exclusiva para liquidar el contrato atentaba contra el
equilibrio contractual, económico y los derechos sociales de los usuarios del servicio
obligatorio de salud, a través de las ESE, y que tal cláusula era ineficaz y debía ser
intervenida por el juez, pues el servicio era para los usuarios y personas en vulnerabilidad.
Agregó que las inversiones millonarias para cumplir con la prestación del servicio las
asumía la red pública y que no recuperaba los recursos financieros pagados a los
proveedores, a pesar del esfuerzo del Estado.

Aseguró que el tribunal desconoció la naturaleza pública de las ESE y que, bajo su
régimen contractual especial, las cláusulas exorbitantes de liquidación unilateral del
contrato no requerían haber sido pactadas, sino que se entendían incorporadas a los
contratos. Advirtió que el tribunal la calificó erróneamente como un simple contratista de
servicios de salud y, con ello, desconoció la calidad de entidad pública, pues bajo ese
entendido el a quo tampoco sería competente para dirimir conflictos en lo contencioso-
administrativo, por regirse por el ordenamiento privado y no por el estatal. Insistió en que
estaba habilitada para liquidar unilateralmente el contrato en el marco de un proceso de
cobro coactivo, el cual podía tramitar de conformidad con los artículos 2 y 5 de la Ley
1066 de 2006 y 98 del CPACA. Explicó que logró determinar el valor del detrimento
patrimonial con la liquidación unilateral que hizo a los contratos y que estos eran saldos
que dejó de pagar la actora como resultado de abusos e incumplimientos contractuales.

La actora indicó que las deudas comerciales derivadas de la ejecución de contratos de
prestación de servicios de salud no podían ser cobradas mediante el procedimiento de
cobro coactivo, pues dichas obligaciones se encontraban excluidas de ese trámite,
conforme al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, en la medida en que, para
el caso, la demandada actuó en el giro ordinario de sus negocios bajo un régimen privado
de contratación; es decir, actos de gestión y no de autoridad, equiparables a los de los
prestadores privados. Así, no podía hacerse uso de las prerrogativas exorbitantes para
cobrar las obligaciones contractuales; límite que no fue modificado por ninguna otra
norma especial que autorizara a las ESE a acudir al cobro coactivo, ni siquiera el CPACA.

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El tribunal, al tenor del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y de las
sentencias C-666 de 2000 y del 24 de agosto de 2023 (exp. 26685, CP: Milton Chaves
García), concluyó que las ESE eran entidades descentralizadas que desarrollaban
actividades catalogadas como de gestión -la prestación del servicio de salud-, que no son
de la naturaleza de una «autoridad», sino que serían semejantes a las de los particulares
y competían en igualdad de condiciones con estos, a pesar de estar dirigidas a un fin del
Estado. Por ello, estimó que no tenían la facultad excepcional de jurisdicción coactiva
para el recaudo ágil de los recursos de las deudas en su favor o para hacer cumplir las
obligaciones contractuales. Igualmente, precisó que dicha corporación anuló las
resoluciones 0009, del 24 de marzo, y 0018, del 03 de mayo, de 2021, mediante las
cuales se habían liquidado unilateralmente los contratos «cápita» del régimen subsidiado,
suscritos por la actora y la demandada por las vigencias 2016 y 2019, y que estas
resoluciones harían parte de los títulos complejos, cuyo recaudo se pretendía obtener vía
el cobro coactivo. Precisó que desde esa decisión se consideró que el cobro era por
proceso ejecutivo contractual.

4.1- Preliminarmente, es de precisar que en la actualidad no existe providencia
ejecutoriada que confirme la nulidad que el tribunal, en sentencia del 02 de marzo de
202315, decretó frente a las resoluciones 0009, del 24 de marzo y 0018, del 03 de mayo,
de 2021, las cuales constituyeron los títulos ejecutivos objeto de los actos de cobro
demandados.

Pues bien, para dilucidar el debate planteado, se advierte que, dada la similitud fáctica y
jurídica del presente asunto con el analizado en el proceso en el cual fue expedida la
sentencia del 24 de agosto de 2023 (exp. 26685, CP: Milton Chaves García), así como
en las posteriores reiteraciones16, la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio de decisión
adoptado en tales providencias, atinente a que se excluyen del procedimiento de cobro
coactivo incorporada en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 las deudas
generadas en las actividades civiles o comerciales desarrolladas por las ESE, incluidos
los contratos de prestación de servicios de salud; lo que implica que no pueden acudir al
procedimiento de cobro coactivo, pues «… las ESE compiten en igualdad de condiciones con los
particulares que también prestan servicios de salud, de manera que ejecutar las deudas a su favor, a través
del procedimiento administrativo de cobro coactivo, generaría un desequilibrio en las relaciones entre las
partes involucradas». Así, la Sección concluyó que «… si bien las Empresas Sociales del Estado
son entidades públicas descentralizadas que prestan en forma permanente el servicio público de salud,
que está a cargo del Estado, el cumplimiento de esa actividad no constituye una función administrativa ...
En ese entendido, aquellas obligaciones a su favor que sean consecuencia de la prestación del servicio de
salud no pueden perseguirse en ejercicio del procedimiento de cobro coactivo ordenado en el artículo 5 de
la Ley 1066 de 2006 y demás normas concordantes».

4.2- Para el caso, se advierte que las obligaciones exigidas por la apelante vía cobro
coactivo provinieron de la liquidación unilateral de los contratos 17915, 17698 y 17839 de
2017; 17915 y 17839 de 2018; 17839, 18905 y 18904 de 2019, cuyo objeto consistió en
la «prestación de servicios de salud en la modalidad Cápita del Primer I nivel de complejidad de atención»,
respecto de lo cual adujo que esto no era una potestad exclusiva de la EPS y que, con
ocasión de ello, se fijó el monto del detrimento que se le causó por los incumplimientos
contractuales que soportó, por lo que, a su entender, podía exigir su pago a través del
procedimiento de cobro coactivo, al tratarse del recaudo de rentas públicas por una
entidad pública.

No obstante, como se advirtió en los precedentes antes citados, el hecho de que las
Empresas Sociales del Estado (ESE) tengan la naturaleza de entidades públicas y
15
Tribunal Administrativo del Atlántico, sentencia del 02 de marzo de 2023, exp. 08-001-23-33-000-2022-00049-00, MP: Jorge Eliecer Fandiño Gallo.
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Reiterada en las sentencias del 18 de septiembre de 2025 (exp. 29570, CP: Luis Antonio Rodríguez Montaño) y del 30 de abril de 2025 y 02 de julio
de 2026 (exps. 29052 y 30320, CP: Wilson Ramos Girón).

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presten un servicio de salud no les confiere automáticamente la prerrogativa del cobro
coactivo, en tanto la propia ley 1066 de 2006 excluyó dicha facultad para el cobro de las
deudas generadas en contratos derivados de obligaciones civiles o comerciales en las
que las entidades públicas desarrollen una actividad de cobranza similar o igual a la de
los particulares, en desarrollo del régimen privado que aplique al giro principal de sus
negocios, cuando este se consagre en la ley o en sus estatutos.

Dado que las actividades desarrolladas por la demandada se enmarcan en la aludida
excepción a la facultad de cobro coactivo (par. 1 del art. 5 ídem), pues, de conformidad
con el ordinal 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, las ESE «[e]n materia contractual se
regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en
el estatuto general de contratación de la administración pública ». Así, la demandada carecía de
competencia para tramitar el recaudo por esa vía especial, conforme lo estableció el
tribunal; de modo que sus reparos acerca de la configuración de defecto sustantivo en la
providencia, no tendrían vocación alguna de prosperidad. Lo analizado igualmente
descarta lo planteado por la apelante acerca de que bajo los artículos 2 y 5 de la Ley
1066 de 2006 y 98 del CPACA tendría la prerrogativa del procedimiento de cobro
coactivo.

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que la Sala no se pronunciará sobre los
argumentos referidos a la procedencia de liquidar unilateralmente los contratos, por
cuanto tal aspecto no le compete a esta Sección, pues, como se advirtió, en la actualidad
están pendientes de decisión judicial de segunda instancia ante la Sección Tercera de
esta corporación.

No prosperan los cargos de apelación.

5- Por último, si bien se observa que la demandada desmiente la existencia de un doble
pago por parte de la actora, aduciendo que lo recaudado a través del proceso de cobro
coactivo fueron los saldos dejados de pagar legalmente dentro de los contratos de
prestación de servicios de salud y, adicionalmente, reprocha que el tribunal omitió
analizar el certificado emitido por la alcaldía del municipio de Candelaria -a los efectos de
establecer los pagos realizados por la actora por concepto de las deudas asociadas a un
contrato de prestación de servicios en salud- De lo planteado, entiende la Sala que la
apelante solo está explicando que los recursos ingresaron en virtud de la relación
contractual, sin que haya impugnado la decisión del tribunal de reintegrar a la actora las
cifras descontadas o retenidas durante el procedimiento de cobro, aspecto que no puede
inferirse ni interpretarse por parte de esta judicatura, pues como lo ha señalado en forma
reiterada la Sección, los cargos de apelación deben ser concretos y específicos.

Por lo analizado, se confirmará la sentencia apelada.

Conclusión

6- Con base en lo expuesto, la Sala establece como criterio interpretativo de esta
sentencia que las obligaciones que las ESE tengan a su favor, derivadas de las
actividades de prestación del servicio de salud reguladas bajo reglas del derecho privado,
no pueden exigirse mediante el procedimiento de cobro coactivo regulado en el artículo
5 de la Ley 1066 de 2006.

Costas

7- Conforme al artículo 365 del CGP, en concordancia con el artículo 188 del CPACA, el
Acuerdo PCSJA25-12355, del 28 de noviembre de 2025, del CSJ, y el criterio mayoritario

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00234-01 (28832)
Demandante: Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud EPS

de la Sección17, se condenará en costas a la demandada en esta instancia por haber
resultado vencida en el juicio. A tal efecto, se tasan las agencias en derecho en un salario
mínimo a la ejecutoria de esta providencia. En consecuencia, se ordenará al tribunal
tramitar el correspondiente incidente de liquidación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Condenar en costas a la demandada en esta instancia. A tal efecto, se fijan las
agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo a la ejecutoria de la
presente providencia. En consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo
incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón).

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