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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2022-00460-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2022-00460-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia del 15 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. 2. CONDENAR en costas a la parte demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Se fijan las agencias en derecho en un (1) SMLMV.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2022-00460-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 08001-23-33-000-2022-00460-01 (30344)
Demandante DISTRICAR S.A.S EN LIQUIDACIÓN
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
Temas Sanción por no declarar CREE 2016. Principio de legalidad.
Tipicidad de la sanción. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 15 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, que resolvió1:
PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resoluciones No. 022412021000046 de 26 de junio de
2021 y No. 006671 de 27 de julio de 2022.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se declara que Districar S.A.S., no está
obligada al pago de la suma de dinero por concepto de sanción que se le impuso por no
declarar oportunamente el impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año gravable
2016.
TERCERO: Sin costas.
(…)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 26 de junio de 2021, la DIAN profirió resolución sanción por no declarar
022412021000046, imponiendo a DISTRICAR S.A.S. EN LIQUIDACIÓN (DISTRICAR),
sanción por no presentar la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad
-CREE del año gravable 2016 por $17.316.330.000, confirmada en reconsideración
mediante Resolución 006671 de 27 de julio de 2022.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que
trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones en la reforma de la demanda2:
PRIMERA: Declárese la nulidad de la Resolución Sanción por no declarar No.
022412021000046 de 26 de junio de 2021, proferido por el Jefe de la División de Gestión de
Liquidación de la DIAN.

1
Samai del tribunal, índice 96, páginas 14 a 16.
2
Samai del tribunal, índice 09, 7_MEMORIALALDESPACHO_REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 9, páginas 49 a 50.

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Demandante: DISTRICAR S.A.S EN LIQUIDACIÓN

SEGUNDA: Declárese la nulidad de la Resolución No. 006671 de 27 de julio de 2022, por la
cual se decide un recurso de reconsideración, proferido por (sic) Subdirección de Gestión de
Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.
TERCERA: Como consecuencia de la nulidad del citado acto administrativo y como
restablecimiento del derecho, se ordene el archivo del expediente.
CUARTA: Que se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES -DIAN-, a pagar las costas del proceso, agencias en derecho y demás
gastos.

Invocó como normas violadas los artículos 2, 6, 29, 209 y 363 de la Constitución
Política; 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; 11 del Código General del Proceso; 594-2, 643 y 683 del Estatuto
Tributario; 376 de la Ley 1819 de 2016; 20 a 29, 33 y 37 de la Ley 1607 de 2012; 21
a 24 de la Ley 1739 de 2014; y, 71 del Código Civil, bajo el concepto de la violación
que se resume a continuación3:

Alegó la expedición irregular de los actos administrativos acusados por falsa
motivación, en violación de los principios de justicia y debido proceso, toda vez que
la DIAN se limitó a enunciar las actuaciones adelantadas y los «aparentes resultados
obtenidos que denotan conclusiones inexactas», sin examinar los medios probatorios
aportados durante la actuación administrativa, evidenciándose una valoración
subjetiva del funcionario competente.

Señaló que la motivación constituye una exigencia formal del acto administrativo,
por lo que su incumplimiento configura el vicio de expedición irregular, y que la DIAN
debía expresar motivos ciertos, claros y objetivos, fundados en una adecuada
calificación jurídica y en una apreciación razonable de los hechos,
correspondiéndole desvirtuar el contenido de las declaraciones tributarias.

Manifestó que se vulneraron los principios de justicia y debido proceso e invocó los
fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2 de la Constitución, los
principios que orientan las actuaciones administrativas (artículo 3 de la Ley 1437 de
2011) y el espíritu de justicia establecido en el artículo 683 del Estatuto Tributario.

Indicó que la DIAN desconoció que el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 derogó
expresamente las disposiciones que establecían la obligación de presentar la
declaración del CREE, y omitió reconocer los efectos inmediatos de esa derogatoria.
Estimó que la sanción impuesta produjo un agravio injustificado y vulneró el derecho
al debido proceso.

Invocó la improcedencia de la sanción por no presentar la declaración del CREE por
el año 2016, toda vez que las disposiciones que regulaban esos tributos habían sido
derogadas por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 desde su promulgación,
ocurrida el 29 de diciembre de ese año.

Expuso que el CREE fue creado por el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 y conforme
al artículo 21 ibidem, su período gravable comprendía del 1 de enero al 31 de
diciembre. Indicó que los artículos 20 a 29, 33 y 37 de la Ley 1607 de 2012, así
como los artículos 21 a 24 de la Ley 1739 de 2014, establecían los elementos, la
administración, la declaración y la sobretasa del CREE. Señaló que, por tratarse de
un impuesto de periodo, el CREE se causaba al finalizar el año calendario, esto es,

3
Samai del Tribunal, índice 2, 5_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_DISTRICARDEMANDA(.zip)
NroActua 2

2
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Demandante: DISTRICAR S.A.S EN LIQUIDACIÓN

el 31 de diciembre del respectivo año gravable, momento en el cual se integraban
los elementos del hecho generador y nacía la obligación tributaria. Citó
jurisprudencia del Consejo de Estado4 sobre la causación del impuesto sobre la
renta al cierre del periodo gravable y sostuvo que esa regla resultaba aplicable al
CREE.

Sostuvo que el artículo 376 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 derogó
expresamente esas disposiciones sin ningún condicionamiento o norma de
transición. A partir de las reglas de derogatoria expresa previstas en el artículo 71
del Código Civil y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 en la materia,
afirmó que las normas del CREE fueron excluidas del ordenamiento desde la
promulgación de la Ley 1819 de 2016, sin que fuera necesaria interpretación
adicional. Así, los artículos 27 de la Ley 1607 de 2012 y 24 de la Ley 1739 de 2014
derogados por la Ley 1819 no estaban vigentes a 31 de diciembre de 2016.

Alegó que, para el año gravable 2016, la causación del CREE y sobretasa se dio al
31 de diciembre de 2016 y que, como para esta fecha las normas de ese impuesto
y sobretasa ya se encontraban derogadas, el tributo no se causó y no surgió la
obligación formal de declarar. Añadió que, conforme al artículo 594-2 del Estatuto
Tributario, las declaraciones presentadas por sujetos no obligados a declarar no
producen efectos legales, circunstancia que opera por ministerio de la ley.

Concluyó que DISTRICAR no estaba obligada a presentar la declaración del CREE y
su sobretasa por el año gravable 2016 y que no podía ser sancionada por no
declarar.

En esta línea, señaló que la DIAN, a partir de la entrada en vigor del artículo 376 de
la Ley 1819 de 2016, que derogó el artículo 26 de la Ley 1607 de 2012, perdió
competencia para investigar, determinar, controlar, y aplicar sanciones respecto del
CREE.

Invocó jurisprudencia constitucional6 según la cual las competencias de las
autoridades deben ser expresas, preexistentes y estar previstas en la Constitución
o en la ley, pues los órganos estatales no pueden ejercer competencias implícitas,
analógicas o extensivas. Además, dado que la competencia condiciona la validez
del acto administrativo, en términos de la Corte Constitucional, al expedirse la
resolución sanción, esto es, el 26 de junio de 2021, la DIAN carecía de competencia
legal para imponer sanciones relacionadas con el CREE, por lo que los actos
demandados vulneraron también el artículo 6 de la Constitución.

Planteó la desproporcionalidad de la sanción, y con ello, el desconocimiento de los
principios de equidad, razonabilidad, proporcionalidad y justicia previstos en los
artículos 363 de la Constitución y 683 del Estatuto Tributario.

Sostuvo que la Administración debía motivar la graduación de la sanción y justificar
su cuantía conforme a esos principios. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado7
relativa a la graduación de la sanción por no enviar información y a la imposibilidad
de aplicar de manera arbitraria el monto máximo legal.

4
Sentencia del 10 de mayo de 2018, exp. 20698.
5
Sin precisar fuentes.
6
Corte Constitucional, sentencias C-318 de 2007 u T-027 de 2005.
7
Sentencia del 15 de junio de 2006, exp. 15181, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

3
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Demandante: DISTRICAR S.A.S EN LIQUIDACIÓN

Afirmó que la demandada no valoró la realidad económica de la sociedad ni tuvo en
cuenta que, para el año gravable 2016, no se configuraban los presupuestos para
estar obligada a presentar la declaración del CREE. Indicó que la sanción fue
impuesta sin explicar los criterios de justicia, equidad, razonabilidad y
proporcionalidad aplicados para determinarla.

Finalmente, sostuvo que la actuación administrativa fue arbitraria, desconoció los
principios orientadores de la función tributaria y le impuso una carga económica
superior a la establecida por la ley, con lo cual le ocasionó un agravio injustificado.

Oposición de la demanda

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda8 y solicitó que se declarara la
legalidad de los actos administrativos demandados, al considerar que fueron
expedidos con fundamento en las normas aplicables, y que la sociedad demandante
sí estaba obligada a presentar la declaración CREE y a pagar la correspondiente
sobretasa. Lo anterior, dado que el impuesto estaba vigente hasta el 31 de
diciembre de 2016 y que la Administración actuó dentro de las competencias de
fiscalización legalmente atribuidas. Solicitó condenar en costas a la demandante.

Frente a los cargos formulados en la demanda expuso que los actos demandados
fueron expedidos con fundamento en normas vigentes y aplicables al caso concreto,
razón por la cual no se configuró la falsa motivación alegada por la demandante.

Afirmó que durante la actuación administrativa garantizó el debido proceso y los
principios que orientan la función administrativa, pues la DIAN se fundamentó en
hechos reales probados, valoró los argumentos y las pruebas aportadas por la
contribuyente, especificó los fundamentos fácticos y jurídicos de la sanción, y
expidió los actos con observancia de las normas aplicables.

Indicó que el legislador no estableció que la derogatoria invocada se hiciera efectiva
desde el año 2016; por el contrario, el artículo 123 de la Ley 1819 de 2016 determinó
el procedimiento a aplicar con el valor de los excesos de renta presuntiva y los
excesos de base mínima generados en el CREE antes de 2017; de manera tal que
la demandante sí estaba obligada a declarar y pagar el impuesto correspondiente
al año gravable 2016 y su sobretasa. Afirmó que la sanción impuesta a la
demandante no le ocasionó un agravio injustificado, sino que correspondía a las
consecuencias derivadas del incumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Sostuvo que el CREE estuvo vigente durante todo el año gravable 2016 y que su
derogatoria únicamente produjo efectos a partir del 1º de enero de 2017.

Explicó que, por tratarse de un impuesto de período, los cambios introducidos por
la Ley 1819 de 2016 no podían aplicarse retroactivamente al período gravable 2016,
de conformidad con los artículos 338 y 363 de la Constitución Política. Afirmó que
la derogatoria prevista en el artículo 376 de dicha ley solo operó para el período
gravable siguiente. Para sustentar esta interpretación, invocó jurisprudencia de la
Sección9 sobre la aplicación temporal de las normas que regulan impuestos de
período, así como la sentencia C-785 de 2012 y la sentencia C-549 de 1993 de la
Corte Constitucional, relativas al principio de irretroactividad de la ley tributaria.

8
Samai del Tribunal, índice 23, 37_AGREGARMEMORIAL_MEMORIAL_20240117102201259(.zip) NroActua 23
9
Sentencia del 21 de noviembre de 2007, exp. 15584, M.P. Ligia López Díaz.

4
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Demandante: DISTRICAR S.A.S EN LIQUIDACIÓN

Añadió que la Ley 1819 de 2016 estableció un régimen de transición para regular
los saldos a favor, pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva y de base mínima
generados en el CREE antes de 2017, lo que demuestra que el legislador entendió
que dicho impuesto produjo todos sus efectos durante el año gravable 2016.

Invocó la exposición de motivos de la Ley 1819 y la doctrina de la DIAN (Concepto
901162 del 6 de marzo de 2017 y Oficios 18128 del 18 de junio de 201510 y 005797
del 16 de marzo de 2017) según la cual «la modificación legal en comento sólo es aplicable
a partir del período fiscal siguiente a la fecha de su promulgación en aras de los principios
constitucionales de legalidad e irretroactividad»11 y «del contexto de la ley 1819 de 2016 se pone
en evidencia que la derogatoria del CREE, fue considerada para que surtiera efectos a partir del
periodo gravable 2017»12.

Sostuvo que DISTRICAR sí estaba obligada a presentar la declaración del CREE y
sobretasa por el año gravable 2016, dentro del plazo previsto en el artículo
1.6.1.13.2.22 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el Decreto 220 de 2017,
por lo que era procedente la sanción por no declarar.

Rechazó la aplicación del artículo 594-2 del Estatuto Tributario y de la jurisprudencia
citada por la demandante sobre declaraciones presentadas por no obligados a
declarar. Explicó que tales precedentes no resultaban aplicables al caso, porque la
sociedad sí tenía la obligación de presentar la declaración y efectuar su pago, razón
por la cual no podía afirmarse que se tratara de un sujeto no obligado a declarar.

Concluyó que los actos demandados fueron expedidos conforme a derecho; que la
demandante estaba obligada a presentar la declaración del CREE correspondiente
al año gravable 2016; que la derogatoria prevista en la Ley 1819 de 2016 no produjo
efectos retroactivos respecto de dicho período gravable; y que, en consecuencia,
debían negarse las pretensiones de la demanda y declararse la legalidad de los
actos acusados.

Solicitó el reconocimiento de costas a su favor de conformidad con el artículo 188
de la Ley 1437 de 2011 y anunció que allegaría las pruebas pertinentes para
acreditar la causación de gastos y expensas del proceso.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico accedió a las pretensiones de la demanda
conforme a lo siguiente13:

Reseñó que la Ley 1607 de 2012 creó el CREE y facultó a la DIAN a aplicar las
sanciones previstas en el Estatuto Tributario que fueran compatibles con la
naturaleza de ese impuesto. Con apoyo en jurisprudencia de la Sección Cuarta14,
precisó que esa remisión no autorizaba la aplicación de cualquier sanción contenida
en el Estatuto Tributario, pues en materia sancionatoria la interpretación debe ser
restrictiva y no procede la analogía. Transcribió el numeral 1 del artículo 643 del
Estatuto Tributario, relativo a la sanción por no presentar la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios.

10
Señaló que el Consejo de Estado declaró la legalidad de este oficio en sentencia de la Sección Cuarta, del 23 de
noviembre de 2018, exp. 18128, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
11
DIAN, oficio 18128 del 18 de Junio de 2015.
12
DIAN, Concepto 901162 de 6 de Marzo de 2017.
13
Samai del Tribunal, índice 36, 45SENTENCIA_SENTENCIA_00020220046000DISTRI(.pdf) NroActua 36
14
Exp. 27113.

5
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Expuso que la falsa motivación se configura cuando existe divergencia entre la
realidad fáctica o jurídica y los motivos invocados en el acto, y que corresponde a
quien la alega demostrar la falsedad o inexactitud de tales motivos15. En relación
con la vigencia de las normas tributarias, indicó que, conforme al artículo 338 de la
Constitución, las disposiciones que regulan tributos de período solo se aplican a
partir del período siguiente al de su entrada en vigor, salvo que establezcan un
beneficio para el contribuyente16. Añadió que, en materia sancionatoria, la
legislación aplicable es la vigente al momento de incurrirse en la conducta
sancionable17.

Concluyó que los actos acusados expusieron los fundamentos de hecho y de
derecho de la sanción, por lo que no procedía la falsa motivación. Señaló que la
demandante debía presentar la declaración del CREE del año gravable 2016 a más
tardar el 11 de abril de 2017 y dejó constancia de que, pese al emplazamiento para
declarar, la sociedad guardó silencio. Consideró que la omisión de presentar la
declaración se subsumía en el supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 643
del Estatuto Tributario y que, por tanto, los actos no estaban falsamente motivados.

En cuanto al cargo de falta de competencia, concluyó que la demandada
conservaba competencia para ejercer sus facultades respecto del año gravable
2016. Al efecto, señaló que la competencia constituye un elemento de validez del
acto administrativo y que su ausencia puede declararse incluso de oficio18. No
obstante, desestimó el argumento de la demandante según el cual la DIAN perdió
competencia por la derogatoria del CREE pues, al tratarse de un impuesto de
período, la derogatoria introducida por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016
produjo efectos a partir del 1 de enero de 2017 y no respecto del año gravable 2016.
Agregó que la existencia de un régimen de transición para situaciones asociadas al
CREE confirmaba que el tributo produjo efectos durante esa vigencia fiscal.

Frente al cargo por violación del debido proceso, señaló que el principio de legalidad
en materia administrativa sancionatoria exige que la conducta infractora y la sanción
estén descritas de manera previa y precisa en la ley. Con fundamento en la
sentencia de la Sección Cuarta del 21 de septiembre de 202319, sostuvo que la
sanción por no declarar no fue regulada específicamente para el CREE y que la
remisión del artículo 26 de la Ley 1607 de 2012 al Estatuto Tributario no permitía
aplicar por analogía la sanción prevista en el artículo 643 para el impuesto sobre la
renta.

A partir de ese criterio, concluyó que la autoridad tributaria aplicó extensivamente
una norma sancionatoria a un impuesto distinto del expresamente previsto en ella.
Estimó que la sanción vulneró los principios de legalidad y tipicidad y el debido
proceso de la demandante y declaró la nulidad de los actos y, como restablecimiento
del derecho, determinó que la sociedad no estaba obligada al pago de la sanción.

Se abstuvo de imponer condena en costas al considerar que en el expediente no
existían pruebas de su causación, conforme a los artículos 188 de la Ley 1437 de
2011 y 365, numeral 8, del Código General del Proceso.

15
Invocó sentencia del Consejo de Estado, del 28 de octubre de 1999, exp. 3.443, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa.
16
Refirió las sentencias de la Sección Cuarta, del 20 de agosto de 2020, exp. 22297 y del 20 de mayo de 2021, exp. 22479.
17
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 5 de marzo de 2020, exp. 23086.
18
Invocó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, del 24 de agosto de 2018, radicado 11001 03 24 000 2008
00388 00 acumulado al proceso 11001 03 24 000 2008 00173 00. M.P. Oswaldo Giraldo López.
19
Expediente 27113.

6
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Recurso de apelación

La DIAN apeló la decisión de primera instancia20, solicitando su revocatoria íntegra,
y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda y declarar la legalidad de los
actos administrativos acusados, con fundamento en lo siguiente:

Sostuvo que el tribunal concluyó erróneamente que la sanción por no declarar
prevista en el artículo 643 del Estatuto Tributario no era aplicable al CREE. Planteó
que el artículo 26 de la Ley 1607 de 2012 confirió a la DIAN las facultades previstas
en el Estatuto Tributario para investigar, determinar, controlar, discutir, cobrar y
aplicar las sanciones compatibles con la naturaleza del CREE y que el artículo 22-4
ibidem permitía aplicar al CREE las disposiciones previstas para el impuesto sobre
la renta, compatibles con su naturaleza. Afirmó que estaba facultada para imponer
la sanción por no declarar regulada en el artículo 643 del Estatuto Tributario.

Indicó que el CREE y el impuesto sobre la renta comparten la naturaleza de
gravámenes sobre los ingresos, aunque presenten diferencias en cuanto a sujetos
pasivos, base gravable, tarifa y destinación. En su criterio, esas diferencias no
impedían aplicar al CREE ciertos elementos y disposiciones propios del impuesto
sobre la renta, entre ellos, la sanción por no declarar. Afirmó que la sanción aplicable
era la prevista en el numeral 1 del artículo 643 del Estatuto Tributario, equivalente
al mayor valor entre el 20 % de las consignaciones bancarias o ingresos brutos del
contribuyente y el 20 % de los ingresos brutos registrados en la última declaración
de renta presentada.

Invocó el Concepto DIAN 023586 del 19 de septiembre de 2019, según el cual,
mientras estuviera vigente el hecho generador del CREE, debía aplicarse la sanción
por la falta de presentación de su declaración y, para ese efecto, resultaba aplicable
el numeral 1 del artículo 643 del Estatuto Tributario. Manifestó que una
interpretación contraria dejaría sin un mecanismo sancionatorio el incumplimiento
de la obligación de declarar el impuesto.

Expuso que el Estatuto Tributario establece el procedimiento administrativo
sancionatorio aplicable cuando un contribuyente omite presentar una declaración.
Así, según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 220 del 7 de febrero de 2017,
el plazo para presentar la declaración del CREE del año gravable 2016, venció para
la demandante el 11 de abril de 2017. En consecuencia, al tenor del artículo 715 del
Estatuto Tributario, la autoridad tributaria profirió emplazamiento para declarar y
otorgó a DISTRICAR un mes para cumplir el deber formal. Vencido ese término sin
que se presentara la declaración, la Administración impuso la sanción
correspondiente.

De otra parte, afirmó que la contribuyente estaba obligada a presentar la declaración
del CREE y de su sobretasa por el año gravable 2016, toda vez que el impuesto
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de ese año y que la derogatoria dispuesta
en los numerales 3 y 4 del artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 solo produjo efectos
a partir del 1º de enero de 2017, por lo que «no se causa agravio injustificado a la sociedad
poderdante, la cual debe soportar las cargas impositivas resultantes y las sanciones de carácter
económico impuestas».

Sostuvo que, por tratarse de un impuesto de período, el CREE comprendía los
hechos ocurridos durante toda la vigencia fiscal y no únicamente los existentes al

20
Samai del Tribunal, índice 39, 47RECEPCIONRECUR_MEMORIAL_MEMORIALYRECIBIDOREC(.pdf) NroActua 39

7
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Demandante: DISTRICAR S.A.S EN LIQUIDACIÓN

31 de diciembre. Para sustentar esta afirmación, invocó la sentencia de la Sección
Cuarta del 21 de noviembre de 200721, relativa a la aplicación temporal de las
normas que regulan impuestos de período.

Finalmente, alegó que los actos sancionatorios estuvieron debidamente motivados,
pues los hechos determinantes de la decisión fueron probados en la actuación
administrativa, se tuvieron en cuenta circunstancias acreditadas y se valoraron los
argumentos y pruebas allegados por la contribuyente.

Concluyó que la actuación se fundó en hechos reales y normas aplicables, garantizó
el debido proceso y no ocasionó un agravio injustificado a la sociedad.

Oposición al recurso de apelación

La parte demandante presentó el documento denominado «ALEGATOS DE
CONCLUSIÓN 2 INSTANCIA»22, en donde reiteró los argumentos expuestos en la
demanda.

Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no se pronunció.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Corresponde a la Sección estudiar la legalidad de las resoluciones 022412021000046
de 26 de junio de 2021 y 006671 de 27 de julio de 2022, actos administrativos
proferidos por la DIAN, para determinar la sanción por no declarar el impuesto sobre
la renta para la equidad -CREE para el año gravable 2016 a cargo de DISTRICAR.

En los estrictos términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada -
apelante única-, la Sección verificará si la sentencia de primera instancia interpretó
erróneamente los artículos 22-4 y 26 de la Ley 1607 de 2012 y 643 del Estatuto
Tributario al concluir que la omisión de presentar la declaración del CREE del año
gravable 2016 no estaba legalmente tipificada y que en consecuencia la DIAN aplicó
indebidamente, por analogía, la sanción prevista para el impuesto sobre la renta y
complementarios.

Análisis del caso concreto

1. Alcance del recurso de apelación

El artículo 320 del Código General del Proceso dispone que el recurso de apelación
tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente respecto
de los reparos concretos formulados por el apelante, para que revoque o reforme la
decisión. A su turno, el artículo 328 ibidem establece que el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio en los casos
previstos por la ley.

21
Exp. 15584, M.P. Ligia López Díaz
22
Samai, índice 12.

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De acuerdo con esas reglas, la competencia del superior no comprende la
realización de un nuevo estudio integral del litigio, sino la revisión de las razones
decisorias del fallo que hayan sido directa y suficientemente cuestionadas.

En el presente asunto, el tribunal adoptó las siguientes decisiones: (i) negó la
prosperidad del cargo de falsa motivación, porque consideró que los actos acusados
expresaron los fundamentos fácticos y jurídicos de la sanción; (ii) desestimó el
cuestionamiento relacionado con la falta de competencia de la DIAN y la derogatoria
del CREE, al concluir que el impuesto produjo efectos durante el año gravable 2016
y que su derogación operó a partir del período siguiente; (iii) consideró que la
sanción por no declarar prevista en el artículo 643 del Estatuto Tributario no
tipificaba la omisión de la declaración del CREE y no podía extenderse
analógicamente a ese tributo, razón que fundó su decisión de anular los actos
acusados.

Así, la razón determinante de la decisión favorable a DISTRICAR no fue la inexistencia
de la obligación de declarar el tributo por el año 2016, la derogatoria del tributo, la
falta de competencia administrativa ni la falsa motivación pues esos planteamientos
fueron resueltos en favor de la DIAN; la nulidad se sustentó en la vulneración de los
principios de legalidad y tipicidad, derivada de la aplicación del artículo 643 del
Estatuto Tributario a una conducta que, según el tribunal, no estaba tipificada para
el CREE.

Con ello, se observa que la apelante sostuvo que el tribunal interpretó de forma
equivocada los artículos 26 de la Ley 1607 de 2012 y 643 del Estatuto Tributario.
Invocó también el artículo 22-4 de la Ley 1607 de 2012, adicionado por el artículo
15 de la Ley 1739 de 2014, para señalar que las disposiciones del impuesto sobre
la renta eran aplicables al CREE cuando resultaran compatibles con su naturaleza y,
con fundamento en esas remisiones, sostuvo que no se trató de una aplicación
analógica, sino de la aplicación directa de disposiciones a las que el legislador
remitió expresamente.

Insistió en que estaba facultada para aplicar al CREE las sanciones contempladas
en el Estatuto Tributario que fueran compatibles con la naturaleza de ese impuesto
y que, por ello, la omisión de la presentación de la declaración podía sancionarse
conforme al numeral 1º del artículo 643.

Visto ello, la apelante presenta argumentos que no serán objeto de
pronunciamiento, por no constituir un reparo concreto contra la sentencia apelada.
En primer lugar, la DIAN insiste en que el CREE estuvo vigente durante el año
gravable 2016 y que su derogatoria produjo efectos a partir del 1º de enero de 2017.
Al respecto, se advierte que el tribunal acogió esa misma tesis y negó el cargo de
la demandante. Expresamente concluyó que la supresión del CREE produjo efectos
a partir del período gravable 2017 y que, por consiguiente, la autoridad tributaria
podía ejercer sus facultades respecto del año 2016.

No existe, entonces, una decisión adversa a la DIAN sobre ese aspecto y la apelante
no identifica un error del fallo, sino que reproduce una conclusión que le fue
favorable; por lo tanto, esta Sección no realizará un nuevo estudio sobre la vigencia
del impuesto.

En segundo lugar, la apelante reitera que DISTRICAR debía presentar la declaración
del CREE por el año gravable 2016 y que el plazo venció el 11 de abril de 2017,

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luego de lo cual evidenció que no se había presentado la declaración, respecto de
lo cual se observa que el tribunal no desconoció esos hechos, sino que corroboró
que la sociedad estaba obligada a declarar, que no presentó la declaración y que
guardó silencio frente al emplazamiento; por tanto, tampoco existe reparo concreto
en este punto.

La discrepancia no versa sobre la existencia del deber formal ni sobre su
incumplimiento, sino sobre la posibilidad jurídica de sancionar esa conducta
mediante el artículo 643 del Estatuto Tributario. Así, la Sección se abstendrá de
rehacer el análisis probatorio de hechos aceptados por el tribunal y no cuestionados
por las partes en esta instancia.

Por otro lado, la DIAN sostuvo que los hechos determinantes de la sanción fueron
probados, que valoró los argumentos y documentos aportados por la sociedad y
que los actos se sustentaron en normas aplicables, lo cual, además de reproducir
la defensa expuesta en la contestación, no controvierte una decisión desfavorable.
El tribunal, por su parte, negó expresamente el cargo de falsa motivación, al estimar
que la Administración indicó las razones fácticas y jurídicas de la sanción.

Finalmente, en el recurso se cita el Concepto DIAN 023586 del 19 de septiembre de
2019, según el cual el numeral 1º del artículo 643 era aplicable a los sujetos pasivos
del CREE que omitieran presentar la declaración, frente a lo cual la Sección observa
que esa referencia no fue incluida en la contestación como fundamento específico
de la defensa y que, más que un cargo, se trata de una razón de autoridad destinada
a respaldar el reparo principal. Respecto a este punto, la Sección advierte que no
será estudiado como fundamento autónomo de legalidad, porque la doctrina
administrativa obliga a los funcionarios de la entidad en los términos legales, pero
no vincula al juez ni puede suplir la reserva legal en materia sancionatoria.

2. Legalidad y tipicidad de la sanción por no declarar CREE

La demandante alegó la violación al debido proceso pues la manifestación de la
administración debía tener una causa que la justifica y obedecer a una debida
calificación jurídica de la conducta. El tribunal, indicó que el principio de legalidad
en materia administrativa sancionatoria exige que la conducta infractora y la sanción
estén descritas de manera previa y precisa en la ley y sostuvo que la sanción por
no declarar no fue regulada específicamente para el CREE y que la remisión del
artículo 26 de la Ley 1607 de 2012 al Estatuto Tributario no permitía aplicar por
analogía la sanción prevista en el artículo 643 para el impuesto sobre la renta y la
apelante sostuvo que el artículo 22-4 ibidem permitía aplicar al CREE las
disposiciones previstas para el impuesto sobre la renta, por lo que estaba facultada
para imponer la sanción por no declarar regulada en el artículo 643 ibidem.

De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, la potestad
administrativa sancionadora está sometida a los principios de legalidad y tipicidad,
en virtud de los cuales se exige, con anterioridad a la conducta, que exista una
norma que describa la infracción, sea determinable el sujeto obligado, esté prevista
la sanción, y puedan identificarse sus condiciones de imposición y cuantificación.

La tipificación puede estar integrada por varias disposiciones, pero la remisión debe
ser suficientemente precisa, por lo que no puede quedar en manos de la autoridad
la definición posterior de la conducta o la sanción que considera aplicable.

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Precisamente, en la sentencia del 21 de septiembre de 202323, esta Sección
examinó el artículo 26 de la Ley 1607 de 2012 y la sanción del numeral 1º del artículo
643 para concluir que la habilitación para aplicar sanciones compatibles no
significaba que cualquier sanción pudiera trasladarse al CREE, y que la omisión de
declarar ese impuesto no estaba comprendida en la descripción normativa del
artículo 643 precitado.

De hecho, aunque el artículo 22-4 de la Ley 1607 de 2012 dispuso que al CREE
serían aplicables determinadas normas del impuesto sobre la renta y las demás
disposiciones previstas para ese tributo cuando fueran compatibles, dicha remisión
no puede entenderse desligada de los principios constitucionales que gobiernan el
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, puesto que, como lo ha
señalado reiteradamente esta Corporación, el principio de legalidad exige que tanto
la conducta infractora como la sanción y el procedimiento para imponerla se
encuentren previamente establecidos por el legislador.

Recientemente, esta Sección reiteró que «el principio de legalidad en materia sancionatoria
comporta la garantía de que la conducta infractora —criterio de tipicidad—, la sanción atribuible y el
procedimiento aplicable se hallen previamente establecidos de manera concreta en la ley (...), pues
solo al establecerse de manera clara la infracción sancionable es posible calificar una conducta como
transgresora y así asignar la consecuencia jurídica que corresponda»24.

Esta regla constituye el punto de partida para resolver el presente asunto, en virtud
del cual la remisión prevista en los artículos 22-4 y 26 de la Ley 1607 de 2012 no
elimina la exigencia constitucional de tipicidad.

En efecto, el artículo 26 de la Ley 1607 autorizó a la DIAN para ejercer las funciones
de administración, recaudo, fiscalización, determinación e imposición de las
sanciones previstas en el Estatuto Tributario que fueran compatibles con la
naturaleza del CREE y el artículo 22-4 permitió acudir a las normas del impuesto
sobre la renta cuando resultaran compatibles con dicho impuesto. No obstante,
ninguna de estas disposiciones describió como conducta sancionable la omisión de
presentar la declaración del CREE ni dispuso expresamente que esa conducta
quedara sometida a la sanción prevista en el numeral 1º del artículo 643 del Estatuto
Tributario.

Cabe precisar que, aunque el artículo 22-4 estaba vigente para el período gravable
2016, su remisión general a las disposiciones del impuesto sobre la renta
compatibles con la naturaleza del CREE no contiene, por sí misma, la descripción
precisa de una infracción ni modifica el supuesto de hecho del numeral 1º del
artículo 643 del Estatuto Tributario. Esta última disposición individualizó la omisión
de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, sin comprender la
declaración de un tributo distinto. Por ello, la cláusula de compatibilidad no habilitaba
a la Administración para sustituir el impuesto identificado en la norma sancionatoria.

23
Expediente 27113, M.P. Milton Chaves García.
24
Sentencia del 18 de julio de 2024, exp. 27989, M.P. Milton Chaves García, que nota al pie 13 refiere «En sentencia del 6
de septiembre de 2017, exp. 20953, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, la Sección precisó que: “debe existir una
consagración normativa previa de las conductas sancionables en materia tributaria, al igual que ocurre con el régimen
jurídico impositivo, que implica que, así como los tributos deben tener origen en la ley por mandato expreso de la
Constitución, también las sanciones deben estar previstas en la ley. Al respecto, (…) las normas sancionatorias son de
carácter sustancial y deben ser preexistentes a los hechos sancionables, pues de lo contrario se les otorgaría un carácter
retroactivo, violatorio del derecho de defensa”. En el mismo sentido, ver sentencias de 10 de noviembre de 2000, exp.
10870, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y de 6 de diciembre de 2012, exp. 17554, C.P. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez.»

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Así mismo, como lo explicó la Sección en la sentencia del expediente 2798925, las
facultades conferidas por el artículo 26 de la Ley 1607 de 2012 a la DIAN no
autorizaban la aplicación del artículo 643, precisamente porque debía verificarse la
compatibilidad desde la perspectiva del principio de legalidad y que «si bien el CREE
tiene similitudes con el impuesto sobre la renta, se trata de un tributo distinto (...) la regulación del
CREE no fue introducida al Estatuto Tributario, por lo cual cuenta con una normativa integral e
independiente del impuesto sobre la renta y “no prevé una remisión general a las normas del
impuesto sobre la renta en caso de vacíos”»26.

Esta precisión resulta determinante, toda vez que, si el propio legislador diseñó un
impuesto autónomo, la compatibilidad prevista en los artículos 22-4 y 26 no puede
entenderse como autorización para sustituir el supuesto de hecho expresamente
previsto en una norma sancionatoria por otro diferente.

En este sentido, la existencia del deber formal, su incumplimiento y la persistencia
en la omisión después del emplazamiento no son suficientes para imponer una
sanción. Es necesario, además, que el ordenamiento haya atribuido previamente a
esa conducta una consecuencia sancionatoria determinada.

Dicho lo anterior, se encuentra que la conducta sancionada por el artículo 643 del
Estatuto Tributario no comprende la omisión de presentar la declaración del CREE,
pues el numeral 1º del artículo 643 del Estatuto Tributario identifica expresamente
la conducta consistente en omitir la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios; en cambio, los actos demandados sancionaron la omisión de
presentar la declaración del CREE.

Existe, por tanto, una diferencia entre el supuesto normativo descrito por el
legislador y el comportamiento atribuido a la demandante. Al efecto, en la
providencia que se reitera, la Sección indicó que: «al revisar la compatibilidad de la sanción
prevista en el artículo 643 del ET con el impuesto sobre la renta para la equidad CREE (...) no es
aplicable al CREE porque es un impuesto diferente. De modo que cuando la DIAN fundamentó sus
actos administrativos en el numeral 1 del artículo 643 del ET desconoció los principios de legalidad
y tipicidad en materia sancionatoria»27.

Así las cosas, la remisión prevista por los artículos 22-4 y 26 habilita acudir a
disposiciones compatibles del Estatuto Tributario, pero no autoriza modificar el
supuesto típico previsto por el legislador ni extender el ámbito material de aplicación
de una sanción concebida para un tributo distinto, de manera tal que la tesis de la
DIAN conduce, en realidad, a incorporar al supuesto de hecho descrito por el artículo
643 un tributo que el legislador no mencionó y constituye la extensión analógica
que proscriben los principios de legalidad y tipicidad, como fue señalado por el
tribunal.

Así, al fundamentar los actos demandados en el numeral 1.º del artículo 643 del
Estatuto Tributario, la Administración atribuyó consecuencias jurídicas a una
conducta que no había sido descrita de manera expresa por el legislador como
infracción sancionable respecto del CREE, razón por la cual los actos administrativos
vulneraron los principios de legalidad y tipicidad.

Por ende, la tesis de la apelante en el sentido de que la remisión incorpora
automáticamente todas las sanciones previstas para el impuesto sobre la renta no
encuentra respaldo en el texto legal ni en la jurisprudencia de esta Sección y

25
Ibidem.
26
Ídem. Cita sentencias C-393 de 2016 y C-422 de la Corte Constitucional.
27
Exp. 27113, M.P. Milton Chaves García.

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tampoco resulta acertado el entendimiento de la apelante según el cual las
similitudes existentes entre ambos tributos permiten trasladar automáticamente el
régimen sancionatorio, pues, como ya se ha dicho, el CREE posee elementos
estructurales propios —destinación específica, sujetos pasivos, tarifa, base gravable y
regulación autónoma— que lo diferencian del impuesto sobre la renta.

En consecuencia, esta Sección encuentra que el tribunal acertó al concluir que los
artículos 22-4 y 26 de la Ley 1607 de 2012 no autorizaban extender al CREE la
sanción prevista para la omisión de presentar la declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios, por lo que no prospera el cargo de apelación y se
confirmará la sentencia apelada.

Costas

De acuerdo con el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso y el
acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, ante la no prosperidad del
recurso de apelación de la parte demandada, es procedente su condena en costas
en esta instancia. Para tal efecto, las agencias en derecho se tasan en un (1) SMLMV,
y se ordenará al Tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a
las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia del 15 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

2. CONDENAR en costas a la parte demandada en esta instancia. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Se fijan las
agencias en derecho en un (1) SMLMV.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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