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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00016-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00016-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de febrero de 2023 del Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento formulada por el apoderado especial de Almacenes Max Ofertas S.A.S. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2023-00016-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

30 de marzo de 2023

Demandante: Almacenes Max Ofertas S.A.S.
Accionado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Radicado: 08001-23-33-000-2023-00016-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2023-00016-01
Accionante: ALMACENES MAX OFERTAS S.A.S.
Accionado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
(DIAN)

Temas: Confirma la declaratoria de improcedencia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de 28 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que
declaró improcedente la acción de cumplimiento.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

1. Mediante correo electrónico del 11 de enero de 2023, el apoderado especial
de Almacenes Max Ofertas S.A.S. ejerció la acción de cumplimiento contra la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esto con el objetivo de
que, en acatamiento de los artículos 726, 732 y 734 del Estatuto Tributario (ET), la
entidad aplicara el silencio administrativo positivo y declarara la pérdida de fuerza
ejecutoria de un acto en el marco del trámite de liquidación oficial del impuesto de
renta y, en consecuencia, diera por finalizada la actuación.

1.2. Pretensiones de la demanda

1. Ordenar a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Aplicar la institución jurídica conocida como el Silencio Administrativo Positivo,
consagrada en el artículo 734 del Estatuto Tributario Nacional.

2. En consecuencia, Decretar la pérdida de su fuerza ejecutoria del Acto
Administrativo Liquidación Oficial No. 0224120200000063 de fecha 2020/11/8.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Almacenes Max Ofertas S.A.S.
Accionado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Radicado: 08001-23-33-000-2023-00016-01

3. Ordenar a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN,
Terminar el proceso en contra del contribuyente ALMACENES MAX OFERTAS S.A.S,
identificado con el NIT 900.515.750-1, por la obligación Renta Periodo 2013.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

2. El apoderado especial de la accionante informó que el 24 de noviembre de
2020, recibieron la liquidación oficial n.° 0224120200000063 “de fecha
2020/11/18”, con un saldo a pagar de $814.492.000 por concepto del impuesto
sobre la renta.

3. El 25 de enero de 2021, Almacenes Max Ofertas S.A.S. presentó el recurso
de reconsideración contra la liquidación oficial n.° 0224120200000063 del 8 de
noviembre de 2018, bajo el radicado n.° 002E2021000637.

4. Según el abogado, el 25 de enero de 2022, venció el plazo establecido en
el artículo 732 del ET, según el cual “[l]a Administración de Impuestos tendrá un
(1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a
partir de su interposición en debida forma”.

5. En consecuencia, para la parte actora, se configuró el silencio
administrativo positivo, previsto en el artículo 734 del ET, el cual ocurre “[s]i
transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del
recurrente, en cuyo caso, la Administración, de oficio o a petición de parte, así lo
declarará”.

6. Para el representante de Almacenes Max Ofertas S.A.S., el acto
administrativo liquidación oficial n.° 0224120200000063 perdió su fuerza ejecutoria
el 25 de enero de 2022.

7. Por lo anterior, el 5 de diciembre de 2022, el apoderado de la parte actora,
en atención a las previsiones del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, le solicitó a la
DIAN “el cumplimiento del deber legal, bajo el radicado No. 202282140100161340,
de cumplir con lo consagrado en los artículos 726, 732 y 734 del Estatuto
Tributario Nacional”.

8. Mediante el oficio n.° 202282140100161340 de 22 de diciembre de 2022, la
DIAN decidió “NO ACCEDER, a la solicitud”, bajo los siguientes argumentos:

I. Que, el 9 de abril de 2021, notificaron el Auto Inadmisorio No. 282 de 5 de marzo de
2021, hecho que no es real y falta a la verdad cuando afirma que notificó debidamente.

II. “Que, transcurrido el término legal, no se presentó el recurso de reposición con dicho
Auto”.

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Demandante: Almacenes Max Ofertas S.A.S.
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9. Sobre lo anterior, la parte actora afirmó:

En se orden de ideas, es claro que la norma señala taxativamente un término perentorio de
un mes, para que la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, se
pronunciara en la inadmisión del recurso, situación que no ocurrió el Auto Inadmisorio No.
282 de 5 de marzo de 2021, el día 9 de abril de 2021; porque no fue notificado. Pero en aras
que fuese cierto el argumento expuesto por el a quo, transcurrieron más de dos (2) meses,
para realizar la debida notificación del Auto Inadmisorio, recordándole nuevamente que la
norma señala taxativamente un término perentorio de un mes, para hacerlo. Vencido este
plazo ya no podrá inadmitirlo, porque, por disposición de la ley, se entiende que lo admitió y,
en consecuencia, debe pronunciarse sobre el fondo del asunto (la transcripción corresponde
al texto original, incluso, con posibles errores).

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Admisión de la demanda

10. Por auto del 31 de enero de 2023, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo del Atlántico admitió la demanda y ordenó notificar a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales.

1.4.2. Contestación de la demanda

11. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través de su
apoderado se opuso a las pretensiones de cumplimiento. En primer lugar, el
abogado afirmó que, si el demandante está inconforme con la decisión adoptada
en la Resolución 011935 de 20 de diciembre de 2022, mediante la cual la entidad
le negó la declaratoria del silencio administrativo, por lo que debe acudir al
mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho, no a esta acción
constitucional, cuya finalidad y trámite son diferentes. Sobre el particular, advirtió
lo siguiente:

En este caso lo que se presenta es una discusión de fondo respecto de la legalidad de la
negativa de reconocer el silencio administrativo por parte de la DIAN, a través de la
Resolución 011935 del 20 de diciembre de 2022, lo cual desborda el marco de competencia
de la acción de cumplimiento.

Además, la Resolución que negó la solicitud de declarar el silencio administrativo positivo
goza de una presunción de legalidad que solo puede ser desvirtuada por el juez natural en
el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pero no a través de
la acción de cumplimiento, la cual tiene unas finalidades y alcances diferentes.

12. En consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia de este
dispositivo judicial.

13. En segundo lugar, explicó que Almacenes Max Ofertas S.A.S. presentó el
recurso de reconsideración contra la liquidación oficial n.° 0224120200000063, el
cual fue inadmitido con el objetivo de que subsanara las falencias identificadas
por la entidad, empero, el accionante guardó silencio porque ni corrigió el escrito
ni presentó recursos contra la inadmisión.

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Demandante: Almacenes Max Ofertas S.A.S.
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14. En tercer lugar, aseveró que no se configuró el silencio administrativo
reclamado, ni existe un deber imperativo e inobjetable incumplido por la DIAN,
porque mediante la Resolución n.° 011935 de 20 de diciembre de 2022, se le
negó lo pedido a Almacenes Max Ofertas S.A.S.

15. En otras palabras, el representante de la Dirección afirmó que el hecho de
que se le haya negado la solicitud de declaratoria del silencio administrativo
positivo, no quiere decir que se incumpla una norma o un acto administrativo.

1.4.3. Fallo impugnado

16. Mediante la sentencia de 28 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo
del Atlántico declaró la improcedencia de la presente acción. Lo anterior, bajo el
argumento de que la demandante dispone de otro instrumento judicial para discutir
el derecho que reclama y obtener del juez competente una decisión. Para el a quo,
tal circunstancia torna inviable el estudio de fondo del cumplimiento.

17. El juez de primera instancia argumentó que mediante la Resolución n.°
011935 del 20 de diciembre de 2022, la DIAN contestó en forma negativa la
solicitud de aplicación del silencio administrativo positivo elevada por la parte
actora. Por lo que concluyó “del contenido normativo cuyo cumplimiento se exige,
no se logra extraer, para el caso concreto, una orden de carácter imperativo
dirigida inequívocamente a la accionada DIAN, puesto que, dicha entidad aduce
que el recurso de reconsideración impetrado contra la Liquidación Oficial de
Revisión No. 022412020000063, fue inadmitido mediante auto adiado 5 de marzo
de 2021, cuyas previsiones no fueron atendidas por el impugnante, ante lo cual
habría quedado desierto”.

18. Seguido, el a quo afirmó que la DIAN incluyó los anteriores argumentos en
la Resolución n.° 011935 del 20 de diciembre de 2022. Esto significa que la
controversia no se suscitó con la omisión que identificó la parte actora, sino con la
inadmisión del recurso de reconsideración.

19. Por lo anterior, concluyó que no se trata de una “obligación clara, expresa y
exigible a cargo de parte de la accionada, es decir, dar aplicación al silencio
administrativo positivo, cuando no fluye la endilgada omisión”.

1.4.4. Impugnación

20. El apoderado de Almacenes Max Ofertas S.A.S. solicitó que se revise lo
decidido por el Tribunal Administrativo del Atlántico “por carecer de las
condiciones necesarias de cohesión, toda vez que desarrolló todas sus
consideraciones en la falta de claridad y la exigibilidad de un acto administrativo, y
en ningún momento, se pronuncia en lo referente al otro deber legal de la entidad
en aplicar la norma demandada”.

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21. Además, el representante de la parte actora advirtió que la acción de
cumplimiento es el mecanismo expedito para hacer cumplir la norma y “proteger
los contribuyentes de abusos y extralimitación de las funciones, siendo que, si no
se cumplen las normas enunciadas, no se cumple el Estado de Derecho en debida
forma, situación que generar un prejuicio irremediable” (esta transcripción
corresponde al texto original, incluso, puede contener errores).

22. Para finalizar, el abogado de Almacenes Max Ofertas S.A.S. expresó que si
bien existe otro medio de defensa judicial para cuestionar la actuación
administrativa de la DIAN “esta situación carece de soporte legal y la misma se
encuentra viciada, y no esta instituida en la normatividad vigente”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

23. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 28 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º
de la Ley 393 de 19971, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20112, y el Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece
la competencia de la Sección Quinta de la corporación para conocer de las
“apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento”.

2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento

24. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia del 28 de febrero de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que declaró improcedente la acción de cumplimiento.

1 “ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento de
normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces
Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el
Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.
PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la
sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien
corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará
por el presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso
Administrativo, en forma igualitaria.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos
Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento de
un Acto Administrativo.”.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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2.3. Razones jurídicas de la decisión

25. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad;
y (iii) análisis del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

26. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la
Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, "acudir
ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1° de la Ley 393 de 1997 precisa que, "[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

27. Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales
está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2°
de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este
postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos
expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones
públicas.

28. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento
adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen
funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas
con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

29. Como lo señaló la Corte Constitucional:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso
a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la
realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que
es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de
los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado
Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y
económico justo3 (Subrayado por fuera del texto).

30. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido
de la Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes
requisitos mínimos:
3 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara.

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Demandante: Almacenes Max Ofertas S.A.S.
Accionado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Radicado: 08001-23-33-000-2023-00016-01

30.1 Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(Art. 1.º)4.

30.2 Que el mandato sea imperativo e inobjetable, y que esté radicado en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones
públicas que deba cumplir; y frente a los cuales se haya dirigido la acción de
cumplimiento.

30.3 Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

30.4 El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de
este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.

30.5 Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o
administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se
produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción,
circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es
improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan
ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el
cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art.
9.º).

2.3.2. De la renuencia

31. El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia
con el numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de
procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante
aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con
anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquella y, que la autoridad
requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud;
de esta manera, quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad
administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

4 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.

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Demandante: Almacenes Max Ofertas S.A.S.
Accionado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Radicado: 08001-23-33-000-2023-00016-01

32. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si Almacenes Max Ofertas S.A.S.
cumplió con la carga de probar que constituyó en renuencia a la DIAN, antes de
instaurar la demanda.

33. En efecto, la Sala observa que el 9 de diciembre de 2022, el representante
legal de la sociedad contribuyente le solicitó a la DIAN que en aplicación de los
artículos 726, 732 y 734 del ET, declarara el silencio administrativo positivo
respecto del recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial
n.° 022412020000063.

34. Para que se satisfaga este requisito de procedibilidad es importante tener
en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que, “el reclamo en tal sentido no es un
simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento”5.

35. Según se observa, mediante la Resolución 011935 de 20 de diciembre de
2022, la DIAN decidió no acceder a la solicitud de declaratoria de silencio
administrativo positivo propuesta por Almacenes Max Ofertas S.AS.

36. Al contrastar la petición con las pretensiones de la acción, la Sala encuentra
que se satisfizo el requisito de renuencia respecto de artículos 726, 732 y 734 del
ET.

2.3.3. Caso concreto

37. En este caso, Almacenes Max Ofertas S.A.S. pretende que, a través de
este mecanismo constitucional, se le ordene a la DIAN que, en acatamiento del
artículo 726, 732 y 734 del Estatuto Tributario (ET), la entidad aplicara el silencio
administrativo positivo y declarara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto en el
marco del trámite de liquidación oficial del impuesto de renta y, en consecuencia,
diera por finalizada la actuación.

38. Sin embargo, la Sala no pasa por alto que la controversia relacionada con la
declaratoria del silencio administrativo positivo, en el marco de la liquidación oficial
de la declaración de renta, se encuentra en el marco de una actuación
administrativa, según lo informó la DIAN tanto en la Resolución n.° 011935 de 20
de diciembre de 2022 como en la contestación de esta acción, así:

1. El 22 de enero de 2018, Almacenes Max Ofertas S.AS., en calidad de
contribuyente, presentó la declaración inicial extemporánea del impuesto
sobre la renta y complementario del año gravable 2013, en el cual registró
un saldo a pagar de $3.684.000.

5 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.

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2. El 21 de mayo de 2018, la División de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos de Barranquilla dictó el auto de apertura que dio
inicio al expediente DD 2013 3018 000642.

3. Una vez adelantada la actuación administrativa correspondiente, el 8 de
noviembre de 2020, la División de Liquidación profirió la Liquidación Oficial
de Revisión No. 022412020000063, mediante la cual modificó la
declaración presentada, y fijó un total saldo a pagar por $814.942.000.

4. El 25 de enero de 2021, la sociedad contribuyente, a través de apoderado,
presentó recurso de reconsideración en contra de la Liquidación oficial.

5. El 5 de marzo de 2021, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos
de la Dirección de Gestión Jurídica profirió el auto inadmisorio del recurso
de reconsideración por no haber sido radicado presencial o físicamente y
por falta de presentación personal del apoderado especial.

6. Según informó la DIAN: el contribuyente no interpuso recurso contra el auto
inadmisorio, ni subsanó las deficiencias anotadas en tal auto, por lo que la
entidad afirmó que “el recurso quedó desierto” (no obstante, no se informó
el acto administrativo mediante el cual se hizo tal declaratoria).

7. El 9 de diciembre de 2022, el representante legal de la sociedad
contribuyente, presentó escrito para que se declare el silencio
administrativo positivo respecto del recurso de reconsideración interpuesto
contra la Liquidación Oficial de Revisión.

8. El 20 de diciembre de 2022, la DIAN expidió la Resolución 011935 del 20
de diciembre de 2022, mediante la cual resuelve NO ACCEDER a la solicitud
de declaratoria del silencio administrativo positivo presentada por
Almacenes Max Ofertas.

39. Según se observó, la controversia que existe entre Max Ofertas S.A.S. y la
DIAN escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que encierra
un debate jurídico que surgió a propósito de la liquidación oficial de la declaración
de renta del actor, por el año gravable 2013, lo cual fue atendido en actos
administrativos, así como la negativa de la entidad a declarar el silencio
administrativo positivo.

40. Lo expuesto evidencia que, aun cuando en este escenario se solicita el
cumplimiento de las normas legales descritas, lo cierto es que el fondo de la
controversia plantea una discusión que debe ser conocida por el juez de lo
contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución 011935 del 20 de diciembre de
2022.

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Radicado: 08001-23-33-000-2023-00016-01

41. Incluso, Almacenes Max Ofertas S.A.S., en su momento, pudo controvertir a
través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho los actos
administrativos mediante los cuales la DIAN le inadmitió el recurso de
reconsideración contra el acto de liquidación oficial y, la actuación posterior, de
declaratoria de desierto de aquel (en caso de que este último hubiere constado en
un acto administrativo).

42. En este sentido, la Sección Quinta, en la sentencia de 7 de marzo de 2019,
expediente 25000-23-41-000-2018-01107-01, en relación con el acatamiento de
actos normativos con el objeto de que se declare el silencio administrativo positivo,
pese a que existía una decisión negativa previa, esta corporación expresó lo
siguiente:

3.3.3. Así las cosas, resulta evidente que la solicitud que se invoca en la demanda de
cumplimiento ya fue decidida por la administración, en el sentido de negarla, lo que implica
que existe una acto administrativo que resolvió lo relacionado con el silencio administrativo,
respecto del cual la parte actora pudo acusar su legalidad y con ello procurar por las
pretensiones que invocó en esta acción constitucional.

3.3.4. En este orden de ideas, los argumentos anteriormente expuestos deben ser conocidos
por el juez natural, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista
en el artículo 138 del CPACA, para que se determine si le asiste razón a la actora en sus
afirmaciones o, a la entidad, pues se trata de un asunto de fondo que no debe ser resuelto a
través de la acción de cumplimiento, pues no depende solamente de la observancia de una
ley o acto administrativo.

3.3.5. En consonancia con lo anterior, recuerda la Sala que el fin último de la acción de
cumplimiento es procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos
administrativos, en aquellos casos en que las autoridades públicas no dan estricto
cumplimiento al deber jurídico o administrativo que les es exigible y que, la controversia
propuesta en el caso de la referencia va más allá de exigir el cumplimiento de las
disposiciones invocadas como incumplidas y en tal medida, requiere que el juez natural
realice un análisis de fondo a toda la actuación administrativa desplegada.

3.3.6. De esta manera, para la Sala la petición del Grupo Irene Melo Internacional S.A.S. es
improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997,
pues ésta disponía de otro mecanismo de defensa judicial, como se dijo en precedencia,
para para obtener el reconocimiento del silencio administrativo positivo protocolizado con la
escritura pública 5963 del 31 de agosto de 2018, otorgada en la Notaría 38 del Círculo de
Bogotá, mediante la cual se establece la caducidad de la faculta sancionatoria por no haber
sido notificada la decisión del recurso de reposición dentro del término previsto en el artículo
52 de la Ley 1437 de 2011.

3.3.7. Ahora bien, debe recordarse que el juez de la acción de cumplimiento, pese a la
existencia de un instrumento judicial, podría pronunciarse de fondo en relación con la
solicitud, siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad
e inminencia del perjuicio. No obstante, en el caso de la referencia, la parte interesada no
probó tales extremos.

43. Igualmente, en el fallo del 8 de octubre de 2020, expediente 25000-23-41-
000-2020-00199-01, en un caso cuya pretensión era que se declarara el silencio
administrativo positivo, concluyó lo siguiente:

50. Así las cosas, resulta evidente que la solicitud que se invoca en la demanda de
cumplimiento ya fue decidida por la administración, en el sentido de negarla, lo que implica
que existe un acto administrativo que resolvió lo relacionado con el silencio administrativo,

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Almacenes Max Ofertas S.A.S.
Accionado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Radicado: 08001-23-33-000-2023-00016-01

respecto del cual la parte actora pudo acusar su legalidad y con ello procurar por las
pretensiones que invocó en esta acción constitucional.

51. En este orden de ideas, los argumentos anteriormente expuestos deben ser conocidos
por el juez natural, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en
el artículo 138 del CPACA, para que se determine si le asiste razón a la actora en sus
afirmaciones o, a la entidad, pues se trata de un asunto de fondo que no debe ser resuelto a
través de la acción de cumplimiento, pues no depende solamente de la observancia de una
ley o acto administrativo.

52. En consonancia con lo anterior, recuerda la Sala que el fin último de la acción de
cumplimiento es procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos
administrativos, en aquellos casos en que las autoridades públicas no dan estricto
cumplimiento al deber jurídico o administrativo que les es exigible y que, la controversia
propuesta en el caso de la referencia va más allá de exigir el cumplimiento de las
disposiciones invocadas como incumplidas y en tal medida, requiere que el juez natural
realice un análisis de fondo a toda la actuación administrativa desplegada.

53. De esta manera, para la Sala la petición de la firma TECNOCAM S.A.S., es
improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, pues
ésta disponía de otro mecanismo de defensa judicial, como se dijo en precedencia, para
obtener el reconocimiento del silencio administrativo positivo protocolizado con la escritura
pública 3105 del 20 de noviembre de 2017, otorgada en la Notaría 69 del Círculo de Bogotá,
mediante la cual se establece la caducidad de la facultad sancionatoria por no haber sido
notificada la decisión del recurso de reposición dentro del término previsto en el artículo 52
de la Ley 1437 de 2011.

54. Ahora bien, debe recordarse que el juez de la acción de cumplimiento, pese a la
existencia de un instrumento judicial, podría pronunciarse de fondo en relación con la
solicitud, siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad
e inminencia del perjuicio. No obstante, en el caso de la referencia, la parte interesada no
probó tales extremos.

44. En suma, la improcedencia de esta acción deviene en que no se satisface
el requisito de la subsidiariedad, ya que esta acción es residual y no principal, lo
que presupone que se cuente o contó con un medio ordinario de defensa judicial.

45. Lo anterior, de conformidad con la previsión del artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, según el cual, la acción de cumplimiento no procederá “cuando el afectado
tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento
de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se siga un
perjuicio grave e inminente para el accionante”.

46. Esto último fue advertido solo en la impugnación por Almacenes Max
Ofertas S.A.S., sin embargo, no se aportó ningún elemento de juicio encaminado a
demostrarlo, por lo que no se configuró. En cualquier caso, la sociedad
peticionaria podría solicitarle al juez de lo contencioso administrativo que decrete
las medidas cautelares necesarias para impedir que ocurra un daño irreparable.

47. En esas condiciones, la Sala de Decisión confirmará la sentencia
impugnada.

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Almacenes Max Ofertas S.A.S.
Accionado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Radicado: 08001-23-33-000-2023-00016-01

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de febrero de 2023 del Tribunal
Administrativo del Atlántico que declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento formulada por el apoderado especial de Almacenes Max Ofertas
S.A.S. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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