Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00022-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00022-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2023-00022-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
18 de mayo de 2023
Demandante: Karen Johanna Lázaro Coll
Demandado: Unidad Administrativa Especial para la Atención y reparación de
Víctimas
Radicación No.: 08001-23-33-000-2023-00022-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2023-00022-01
Accionante: KAREN JOHANA LÁZARO COLL
Accionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS
Tema: Revoca improcedencia – Niega pretensiones.
.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 21 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral “A”.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. La señora Karen Johana Lázaro Coll, actuando en nombre propio y en
representación legal de su hijo Alan Yesid Castro Lázaro, promovió acción de
cumplimiento contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación de Víctimas (en adelante Unidad de Víctimas). Con su solicitud
pretende que se le ordene a la autoridad accionada el acatamiento de lo
dispuesto en los artículos 4, 10, 15, 16 y 17 de la Resolución 1049 del 15 de
marzo de 2019 de la misma entidad.
2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, solicitó
que sea priorizada en el desembolso de la indemnización administrativa
individual de su núcleo familiar, al ser su hijo discapacitado.
2. Hechos
3. La accionante informó que, junto con su grupo familiar del cual hace parte
su hijo menor con discapacidad por «enfermedad de alto costo- riñón derecho
demasiado grande y deformación en sus extremidades superiores», le fue
reconocida indemnización administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado. Sin embargo, no tiene un turno cierto y su pago no se
ha materializado.
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Demandante: Karen Johanna Lázaro Coll
Demandado: Unidad Administrativa Especial para la Atención y reparación de
Víctimas
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4. Refirió que el 29 de diciembre de 2022 presentó, a nombre propio y en
representación de su hijo, solicitud de priorización de desembolso de la
indemnización administrativa ante la autoridad accionada.
3. Actuaciones procesales
5. Mediante auto de 6 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del
Atlántico admitió la demanda de cumplimiento. En consecuencia, ordenó notificar
a la Unidad de Víctimas.
4. Unidad Nacional para la Atención y Reparación de Víctimas
6. Arguyó que se dio respuesta a la solicitud presentada por la actora,
mediante comunicación N.°2023-01557765-1 del 2 de febrero de 2023, en el que
se indicó que su petición había sido resuelta de fondo por medio de la Resolución
N.° 04102019-528142 del 1 de abril de 2020. En esta se le informó que se le
había i) reconocido la medida de indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado con radicado 867934-4221363 y ii)
aplicado el «método técnico de priorización» con el fin de disponer el orden de la
entrega de lo solicitado.
7. Señaló que la presente acción constitucional es improcedente porque la
renuencia de la administración o la autoridad encargada de cumplir la norma o
acto administrativo incoado constituye uno de los requisitos fundamentales para
la procedencia de este mecanismo; aspecto que no fue acreditado en la presente
demanda, en la media de que el derecho de petición para la priorización del pago
de la indemnización administrativa por desplazamiento tuvo respuesta mediante
radicado N.°2023-01557765-1 del 2 de febrero de 2023.
8. En la misma línea, adujo que este no es el mecanismo idóneo para
acceder a este componente de carácter económico, pues de conformidad con lo
señalado en el artículo 9 de la Ley 397 de 1997, a través de esta herramienta no
se puede perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.
9. Finalmente, refirió que, una vez consultada la historia clínica del menor
Alan Yesid Castro Lázaro, se evidencia que cumple con el criterio de priorización
por enfermedad y discapacidad de más del 50%, diagnóstico dentro del listado
de enfermedades. Por tanto, se le concederá a “el instrumento Niños Niñas y
Adolescentes con excepcionalidad”, para esto solo faltaría que la recurrente y
representante legal del menor allegue el registro civil de nacimiento no mayor a
un año de su fecha de expedición.
10. Señaló que, una vez entregado este documento, la Unidad para las
Víctimas indicará fecha cierta para el pago del porcentaje de indemnización
administrativa correspondiente al menor.
5. Fallo de primera instancia
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11. En sentencia de 21 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del
Atlántico declaró improcedente las pretensiones de la demanda.
12. Como fundamento de su decisión, consideró que las normas que se piden
hacer cumplir no contienen la obligación de priorización del pago de la
accionante, siendo que lo señalado contempla un procedimiento. Mediante este
se adelanta el proceso de priorización, respecto de la cual establece unas
obligaciones a cargo del solicitante, las cuales no se advierten cumplidas o
satisfechas en la presente demanda.
13. Aunado a ello, puso de presente que tanto la Ley 393 de 1997 que
reglamenta la acción de cumplimiento, como la jurisprudencia del Consejo de
Estado, no establecen la posibilidad de que el mandato imperativo e inobjetable
sea configurado a través de una interpretación subjetiva o con la
complementariedad de distintas normas, advirtiendo que el mandato debe ser
totalmente específico y claro, circunstancia que no ocurre en el presente caso.
6. Impugnación
14. La señora Karen Johanna Lázaro Coll iteró que, a la fecha no le han dado
respuesta la solicitud de cumplimiento del 29 de diciembre de 2022, en la cual
solicitó la priorización del desembolso de la indemnización administrativa
individual.
15. Refirió que, contrario a lo señalado por la Unidad de Víctimas en su
intervención, no se le ha notificado respuesta de fondo a su solicitud, motivo por
el cual pidió que se le ordenará a dicha entidad la prueba de la respectiva
comunicación.
16. Manifestó su descontento con las actuaciones desplegadas por la Unidad
de Víctimas y la demora en el pago de la respectiva indemnización administrativa.
17. Adujo que se le estaba vulnerando su derecho fundamental al debido
proceso porque solo con ocasión de la presente acción tuvo conocimiento de que
debía anexar el registro civil de su hijo con vigencia menor a un año, situación
que, expuso, es una exigencia meramente formal y no sustancial.
18. Expuso que el Tribunal señaló que las disposiciones invocadas no
contenían un mandato imperativo e inexorable, porque son normas meramente
procedimentales que debe cumplir la víctima, pero desconoció que en las mismas
tampoco aparece como requisito legal que se anexe el registro civil de su hijo
para el pago de la respectiva indemnización.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
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19. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la señora Karen Johana Lázaro Coll contra la sentencia de 21 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así
como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado. Esta última disposición establece la competencia de la Sección Quinta
de esta corporación para conocer de «…las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Cuestión Previa
20. Advierte la Sala que la parte actora, en el escrito de impugnación solicitó
al despacho la práctica de una prueba consistente en la notificación del oficio
N.°2023-01557765-1 del 2 de febrero de 2023 a través del cual la accionada
habría dado respuesta a la solicitud presentada a efectos de constituirlo en
renuente.
21. Al respecto, es pertinente manifestar que la práctica de dicha prueba no
resulta necesaria para el trámite de la presente acción constitucional, pues se
considera que, con independencia de lo manifestado por la Unidad de Víctimas
en la contestación referida, lo que cobra relevancia es que la actora haya
solicitado el acatamiento de las disposiciones invocadas en sede de esta
herramienta constitucional. Igualmente, es innecesario porque la señora Lázaro
Coll ya conoce de dicha respuesta, dado que fue anexada al expediente del
presente proceso.
22. En ese sentido, aun en el escenario de que la parte actora no haya sido
notificada de la respuesta ofrecida por parte de la UARIV, advierte la Sala que en
todo caso y con fundamento en las mismas alegaciones elevadas por la
accionante, la misma está notificada por conducta concluyente en los términos
del artículo 72 del CPACA5, toda vez que como fue referido en el numeral anterior,
la misma fue anexada al expediente.
2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
5 Ley 1437 de 2011. Artículo 72: Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha
la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele
que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales.
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23. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
24. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
25. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]6.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).
(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).
2.3. De la renuencia
26. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste7 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
27. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
28. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos10. (Negrillas fuera de texto).
4. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
10 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
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29. En efecto, el inciso 2.° del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
30. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
31. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia»11.
32. La parte actora probó que le remitió una petición a la Unidad de Víctimas
el día 29 de diciembre de 2022. En dicho documento requirió a la accionada para
el cumplimiento de los artículos 4, 10, 15, 16 y 17 de la Resolución 1049 del 15
de marzo de 2019, expedida por dicha entidad.
33. Aunado a lo anterior, la Sala encontró demostrado que, la autoridad
accionada en memorial N.°2023-0157765-1 del 2 de febrero de 2023 remitió
respuesta al escrito de constitución en renuencia del 2 de febrero de 2023.
34. Así las cosas, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la
presente acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el
requisito de la renuencia.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
35. La señora Karen Johana Lázaro Coll solicita que se le ordene a la Unidad
de Víctimas atender lo dispuesto en los artículos 4, 10, 15, 16 y 17 de la
Resolución 1049 del 15 de marzo de 2019. En consecuencia, pide que la
autoridad priorice el pago de la indemnización que le fue reconocida como víctima
del conflicto armado.
36. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que los preceptos que se
solicitan acatar, son disposiciones consignadas en normas con naturaleza de
acto administrativo que se encuentran vigentes y por lo demás, están en cabeza
de la accionada.
11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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37. Aunado a lo anterior, según lo establecido en el artículo 9.º de la Ley 393
de 1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga
o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo
obedecimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el
juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.
38. En el caso concreto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con
otro medio judicial efectivo para lograr que se ordene el acatamiento de los
artículos de 4.º, 10.º, 15, 16 y 17 de la Resolución 1049 de 2019 y que, en
consecuencia, la UARIV determine una fecha real y precisa del desembolso del
reconocimiento económico del núcleo familiar de la demandante y priorice su
pago.
39. Asimismo, lo solicitado no involucra la protección de derechos
fundamentales toda vez que no fueron invocados en las pretensiones de la
demanda.
40. Adicionalmente, las disposiciones no conllevan al establecimiento de gasto
en la medida en que lo perseguido a través de esta acción consiste en que se
modifique el orden establecido para el reconocimiento de la indemnización
administrativa. Así lo ha sostenido la Sala en asuntos similares12.
41. En efecto, resulta necesario destacar, que esta Sección ha concluido que
esa causal puede ser superada cuando dicho gasto está debidamente
presupuestado, es decir, una vez apropiado el mismo porque debe ser
efectivamente destinado a la satisfacción de la función para el cual está
concebido, y será en esos casos, en los cuales, la acción de cumplimiento
devendrá procedente.
42. En este asunto, lo que se reclama son obligaciones de hacer consistentes
en priorizar y fijar una fecha del desembolso de la indemnización administrativa,
contenida en la Resolución Nº. 04102019-528142 del 1 de abril de 2020. En ese
sentido, si bien se puede entender que se persigue un pago, el gasto fue
presupuestado por la entidad desde el momento mismo de la emisión de la
resolución que reconoció la medida económica, lo que hace procedente la acción.
43. Una vez superado el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, la
Sala procederá a analizar si confirma, modifica o revoca la decisión de primera
instancia que declaró improcedente las pretensiones propuestas por la señora
Lázaro Coll.
2.6. Caso concreto
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencias de 21
de noviembre de 2021, radicado n.º 25000-23-41-2021-00805-01; y de 10 de marzo de 2022,
radicado n.º 25000-23-41-000-2021-01068-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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44. Como se estableció, la señora Karen Johana Lázaro Coll solicita que se le
ordene a la UARIV el cumplimiento de los artículos 4, 10, 15, 16 y 17 de la
Resolución 1049 del 15 de marzo de 2019 expedida por dicha Dirección.
45. Los preceptos que se piden atender son del siguiente tenor:
RESOLUCIÓN 1049 DE 2019
(marzo 15)
Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización
por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las
Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 4. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para los
efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima,
individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad cuando se acredite:
A. Edad. Tener una edad igual o superior a los setenta y cuatro (74) años. El
presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para
las Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa
a este grupo poblacional.
B. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o
de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social.
C. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios,
condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el
Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud.
Parágrafo 1. Si con posterioridad a la presentación de la solicitud de
indemnización una víctima advierte que cumple alguna de las situaciones
definidas en los literales B y C del presente artículo, deberá informarlo a la Unidad
para la Atención y Reparación integral a las Víctimas para ser priorizada en la
entrega de la indemnización.
Parágrafo 2. Las víctimas residentes en el exterior podrán acreditar la
discapacidad, dificultad del desempeño y/o enfermedad(es) huérfanas, ruinosas,
catastróficas o de alto costo, a través de cualquier documento suscrito por el
profesional de la salud tratante que sea válido en el país extranjero. La
documentación que se aporte a la Unidad para las Víctimas, para los fines
descritos en el presente parágrafo, deberá traducirse por el aportante en el idioma
español o inglés.
[...]
Artículo 10. Fase de análisis de la solicitud. Se trata de una fase en la cual se
analizará en los diferentes registros administrativos la identificación de la víctima
solicitante, la información sobre indemnizaciones reconocidas con anterioridad,
los soportes que acrediten la situación de urgencia manifiesta o extrema
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vulnerabilidad, así como los demás documentos pertinentes y conducentes para
resolver la solicitud. Adicionalmente a lo anterior, se verificará:
a) La conformación del hogar y que su inclusión en el Registro Único de Víctimas
guarde relación cercana y suficiente con el conflicto armado 1 cuando la solicitud
trate sobre desplazamiento forzado.
b) El parentesco de los destinatarios de la indemnización, respecto de la víctima
directa, de acuerdo con la normatividad aplicable a la solicitud, cuando la solicitud
trate sobre hechos victimizantes de homicidio y desaparición forzada.
c) La acreditación de las lesiones personales que generaron discapacidad o
incapacidad en caso de los hechos victimizantes de lesiones que no generaron
incapacidad permanente, lesiones que generaron incapacidad permanente,
atentados, actos terroristas, combates y/o hostigamientos, tortura o tratos
inhumanos o degradantes y accidentes sufridos por MAP/MUSE/AEI.
Parágrafo: Si durante la fase de análisis de la solicitud se concluye que la víctima
se encuentra en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad,
conforme a lo previsto en el artículo 4 de la presente resolución, se priorizará el
pago de la medida en su favor, sin que por ello, dicha medida se haga extensiva
a las demás personas que hagan parte de la solicitud.
[...]
Artículo 15. Método Técnico de Priorización. Crease el Método Técnico de
Priorización conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del presente acto
administrativo y adáptese a través del anexo técnico que hace parte integral de
la presente resolución.
Artículo 16. Definición del Método Técnico de Priorización. El Método es un
proceso técnico que determina los criterios y lineamientos que debe adoptar la
Subdirección de Reparación Individual para determinar la priorización anual del
desembolso de la indemnización administrativa.
Artículo 17. Objeto del Método Técnico de Priorización. El Método tiene como
objetivo generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el
desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicará
anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional a
los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de
conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector.
46. La Sala observa que las normas transcritas describen las situaciones de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad para efectos de anticipar el pago de
las medidas administrativas reconocidas por la UARIV [artículo 4°]; señalan el
trámite de la fase de análisis de las solicitudes de indemnización y de priorización
ante los escenarios apremiantes antes mencionados [artículo 10°]; y determinan
el objeto y definición del denominado método técnico de priorización [artículos
15, 16 y 17].
47. Sin embargo, la priorización y desembolso de la indemnización por las
situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, que es lo que se
pretende en este asunto, se encuentran supeditados al cumplimiento y
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verificación de las condiciones establecidas en los artículos invocados en la
demanda, entre ellas, la de determinar la discapacidad del primogénito de la
actora como se deriva del literal B y C del artículo 4.o de la Resolución 1049 de
2019, «... [t]ener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto
costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social» o «se
certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes
que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia
Nacional de Salud».
48. De los elementos de convicción allegados a este expediente, se tiene que
la UARIV reconoció a la actora y sus hijos la indemnización administrativa por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado desde el 2020.
49. La Sala no desconoce que la demandante alega que su hijo padece
«enfermedad de alto costo – riñón derecho demasiado grande y deformación den
sus extremidades superiores». También se advierte que dicha circunstancia no
ha sido ignorada por parte de la Unidad de Víctimas. En efecto, la entidad
accionada señaló que no accedió a la priorización porque la actora no aportó el
registro civil de nacimiento de su hijo no mayor a un año de su fecha de
expedición.
50. A pesar de lo anterior, se informó que la evaluación del método de
priorización se realizaría cada año hasta que el resultado permita el desembolso
de la prestación económica y le informó a la accionante que lo haría frente a su
hijo siempre que se acredite uno de los tres criterios de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidad contenido en el artículo 4.º de la Resolución 1049 de
2019, para lo cual le reiteró que podrá adjuntar en cualquier tiempo, la
certificación o documentos necesarios, de forma clara, con los requisitos
establecidos para anticipar la entrega de la misma.
51. Lo referido en precedencia le permite a esta Sala establecer que no se
evidencia el incumplimiento aducido por la demandante frente a las obligaciones
que tiene la autoridad accionada, lo que se advierte es que la parte actora no ha
logrado acreditar las exigencias que le permitirían acceder a la priorización del
pago que reclama con esta acción de cumplimiento.
52. Ello guarda relación con el criterio de la Sala a propósito de la solicitud de
priorización del pago de la indemnización de que trata la presente acción de
cumplimiento, en el que se ha llegado a la conclusión de «que no se evidencia el
incumplimiento aducido por la demandante frente al pago de la indemnización
pues, como se demostró, lo que ocurre es que dicha obligación está supeditada
al cumplimiento de otras exigencias que la demandante no ha podido acreditar»13
13 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del
10 de marzo de 2022, expediente 25000-23-41-000-2021-01068-01, C.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
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53. Sin embargo, este juez constitucional, como lo ha dispuesto en casos
similares14, ordenará que, por secretaría se remita copia del expediente a la
Defensoría del Pueblo Regional Atlántico15, advirtiendo que no se trata de una
condena en su contra, para que realice el acompañamiento y brinde la asesoría
pertinente16 a la señora Karen Johana Lázaro Coll, a fin de aportar la
documentación requerida en debida forma para que se acredite la circunstancia
de enfermedad o discapacidad de su hijo, con la cual podrá acudir nuevamente
ante la Unidad de Víctimas en procura de lograr la priorización del pago de la
indemnización que le fue reconocida desde el 2020.
54. En conclusión, la Sala revocará la decisión del Tribunal de declarar
improcedente las pretensiones de la demanda y, en su lugar, negará lo pedido,
toda vez que no se evidencia la existencia del incumplimiento aducido por la
accionante en relación con el pago de la indemnización, pues se corroboró que
dicha obligación está sujeta al cumplimiento de otras exigencias que no se han
acreditado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 21 de febrero de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda de conformidad con las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: REMITIR copia del expediente a la Defensoría del Pueblo, Regional
Atlántico, advirtiendo que no se trata de una condena en su contra, para que
realice el acompañamiento y brinde la asesoría pertinente a la señora Karen
Johanna Lázaro Coll en los términos expuestos en la parte considerativa de esta
decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
14 Para el efecto, revisar pie de página N.°12.
15 En atención al domicilio de la Actora.
16 Conforme lo dispone el artículo 282.1 de la Constitución Política.
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ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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