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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2023-00098-01

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2023-00098-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante. Para este efecto, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de un (1) 38 Art 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”. 39 En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”. 40 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”. “(…) “ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) “En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”. 41 Índice 01 SAMAI, actuaciones de primera instancia. 10 Radicación: 08-001-23-33-000-2023-00098-01 (73.601) Actor: Fundación Fundapaz en el mundo ONG Demandado: Municipio de Sabanalarga - Atlántico Referencia: Reparación directa SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a favor de la parte demandada. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2023-00098-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicación: 08001-23-33-000-2023-00098-01 (73.601)
Actor: Fundación Fundapaz en el Mundo ONG
Demandado: Municipio de Sabanalarga – Atlántico
Referencia: Reparación directa.

Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - CADUCIDAD - el artículo
164, literal i, del CPACA dispone la demanda deberá presentarse dentro del término de dos
años a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho generador del daño o, desde
cuando el demandante conoció o tuvo que conocer el hecho dañoso / ANÁLISIS OFICIOSO
DE LA CADUCIDAD - no vulnera el debido proceso ni el derecho de acceso a la
administración de justicia, dado que la caducidad corresponde a una figura de orden
público que no admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio
por el juez, con independencia de que se hubiera formulado como excepción, abordado en
la sentencia de primera instancia o cuestionado en la apelación, pues la oportunidad para
demandar es un presupuesto procesal, sin el cual no es posible decidir el fondo del asunto
/ CONFESIÓN JUDICIAL POR APODERADO – las manifestaciones contenidas en la
demanda se valorarán probatoriamente, en cuanto cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 191 del CGP, en especial, para el caso concreto, siempre que sean expresas,
conscientes y libres, versen sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas
adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, recaigan sobre hechos
respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba y sobre hechos personales del
confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento

Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede
la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte actora contra
la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de los perjuicios causados a la Fundación Fundapaz en
el Mundo ONG, derivados de la acción u omisión administrativa del municipio de
Sabanalarga – Atlántico, que conllevó la frustración del proyecto de vivienda “Villa
de la Sabana”.

I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 16 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, que negó las pretensiones de
la demanda presentada el 21 de marzo de 20231, por la Fundación Fundapaz en el
Mundo ONG, en contra del municipio de Sabanalarga - Atlántico, con el fin de que
se declare su responsabilidad por la acción y omisión que condujo al fracaso del
proyecto de vivienda VIS “Villa de la Sabana”, el que sería construido en un predio

1 Índice 01 SAMAI, actuaciones de primera instancia.

1

Radicación: 08-001-23-33-000-2023-00098-01 (73.601)
Actor: Fundación Fundapaz en el mundo ONG
Demandado: Municipio de Sabanalarga - Atlántico
Referencia: Reparación directa

de propiedad de la sociedad demandante. La parte actora solicitó la indemnización
de perjuicios materiales presentes y futuros2.

2. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el Tribunal

fueron los siguientes:

Hechos

3. Mediante escritura pública No. 77 de 6 de enero de 2013, la fundación
demandante adquirió el predio denominado “El ají”, ubicado en el municipio de
Sabanalarga Atlántico, con una extensión superficiaria de 35.000 m2, por la suma
de $25’000.000.

4. Con el objetivo de materializar el proyecto de vivienda VIS “Villa de la Sabana”

en dicho inmueble, la entidad demandante inició el trámite ante el Departamento de
Planeación Municipal de Sabanalarga, todo lo cual se efectuó mediante derecho de
petición de 26 de febrero de 2013, al que se acompañaron los planos proyectados
y en solicitud de 2 de abril de 2013 se pidió la modificación del uso del suelo en el
PBOT del municipio, pues se encontraba clasificado como rural. En certificación de
30 de enero de 2018 se dio viabilidad para uso urbano, como consecuencia de la
revisión del PBOT municipal.

5. El 30 de enero de 2017, el representante legal de la fundación recibió un mensaje

de voz en el que una mujer le informó que el lote de su propiedad había sido
invadido por un grupo de alrededor de 170 familias. En virtud de esta invasión, el
28 de febrero de 2017 se radicó una denuncia penal contra personas
indeterminadas.

6. Se afirmó en la demanda que el 19 de septiembre de 2019, el entonces alcalde

del municipio de Sabanalarga suscribió el acuerdo ATLSUR_SBN_2017 con la
empresa de energía Electricaribe, el cual tuvo por objeto declarar el predio como
“subnormal” y permitir el suministro de energía a los invasores. De lo anterior tuvo
conocimiento la parte actora hasta el 26 de octubre de 2020, razón por la cual
amplió la denuncia ya formulada e incluyó como denunciado al mencionado alcalde.

7. Señaló la demandante que la administración municipal fue pasiva frente a las

construcciones ilegales y emitió resoluciones contrarias a la ley, tales como declarar
el predio “subnormal”, realizar lo pertinente a través de planeación municipal para
identificar con nomenclatura urbana cada lote en el predio invadido y firmar un
acuerdo con Electricaribe para el suministro de energía eléctrica a cada invasor,
todo lo que llevó al fracaso del proyecto.

2 En la pretensión segunda de la demanda la sociedad demandante solicitó, a título de perjuicios materiales

presentes y futuros una suma global de $30.142’857.492 COP. En el acápite de la demanda dedicado a la
estimación razonada de la cuantía se desglosó dicha suma así: (i) Predio del lote de 35.000 m2 para
construcción de proyecto de vivienda villa de la Sábana, donde se iban a construir 768 apartamentos equivalente
a $4.900’000.000; (ii) Si el dinero de este predio se hubiera utilizado como renta de capital, tendría unos
rendimientos del 2% aproximado mensual, la cual calculada en 4 años arroja un resultado de $4.704’000.000;
(iii) La ejecución del proyecto de vivienda proyectaba construir 768 apartamentos con los que la Fundación
obtendría unos ingresos por el orden de $17.115’714.577, dinero que al ponerlo a rentar por cuatro años, sobre
una utilidad mínima del 2.5% arroja un resultado de $20.538’714.492.

2

Radicación: 08-001-23-33-000-2023-00098-01 (73.601)
Actor: Fundación Fundapaz en el mundo ONG
Demandado: Municipio de Sabanalarga - Atlántico
Referencia: Reparación directa

Fundamentos de derecho

8. La
sociedad actora señaló que el daño reclamado resultaba imputable a la
administración municipal a título de falla del servicio.

La defensa3
9. La entidad territorial demandada señaló que se acudió indebidamente al medio

de control de reparación directa, pues los daños pudieron ser amparados a través
de un proceso policivo o un proceso civil ante la justicia ordinaria. Formuló las
excepciones de caducidad4 e “inexistencia de daño”.

Trámite de sentencia anticipada y alegaciones finales

10. Mediante auto de 8 de julio de 20245 el Tribunal Administrativo del Atlántico

resolvió desfavorablemente la excepción de caducidad y dispuso el trámite de
sentencia anticipada6.

11. La parte demandante7 y demandada8 presentaron sus alegatos de conclusión en

donde insistieron en las posturas expuestas en la demanda y su contestación.

La decisión del tribunal9

12. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda al

considerar que no se acreditó la existencia de un vínculo causal entre el daño y la
acción u omisión de la demandada10.

3 Índice 18 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
4 Esta excepción fue resuelta de forma negativa por el tribunal mediante auto de 8 de julio de 2024, obrante en

el índice 22 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
5 índice 22 SAMAI, actuaciones de primera instancia
6 En este sentido se decretaron como pruebas las documentales allegadas con la demanda. Certificado de

existencia y representación legal de Fundapaz ONG de la cámara de comercio de Tuluá Valle del Cauca;
Certificado de tradición matricula inmobiliaria Nro. 045-56917 del lote de terreno de Fundapaz ONG, de 1º de
junio de 2022; Copia simple de escritura pública nro. 77 del 6 de febrero de 2013 del predio de FUNDAPAZ
ONG; Programa metodológico para la elaboración del proyecto de vivienda en Sabanalarga Atlántico, de 3 de
abril de 2013; Querella ante la Fiscalía General de la Nación de Sabanalarga Atlántico de 28 de febrero de 2017;
Solicitud de lo decidido y ampliación de denuncia de 29 de octubre de 2020; Respuesta a derecho de petición,
fallo de tutela de segunda instancia, Radicado: 0800131090052020000065-01 de 5 de noviembre de 2020;
Derecho de petición de Fundapaz ONG de 29 de marzo de 2022; Respuesta a petición de 26 de abril de 2022;
Resumen sobre lo decidido- Spoa 086386001109202150159 de 2 de mayo de 2022; Fiscalía 20 seccional-
Derecho de petición del 19 de septiembre de 2022; Petición a Jorge Luis Manotas Manotas Alcalde de
Sabanalarga Atlántico, de 5 de abril de 2022; Derecho de petición a Empresa de energía eléctrica Air-e, de 12
de mayo de 2022; Constancia de la secretaria de desarrollo integral de Sabanalarga Atlántico sobre localización
del predio, de 12 de julio de 2022; Resumen Invasión hecho por Fundapaz ONG, de 17 de octubre de 2022;
Anteproyecto de vivienda Villa de la Sabana de Fundapaz ONG, de octubre de 2022; Formularios Asociación
comunal barrio la Paz, en la que aparece ser fundada el 15 de febrero del año 2016; Fotografías.
7 Índice 28 Samai, actuaciones de primera instancia.
8 Índice 27 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
9 Índice 30 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
10 Expuso el tribunal: “Se anticipa la Sala en determinar que en caso sub examine el demandante no logra

probar que la imputación fáctica tenga una relación de causalidad atribuible al Estado en cabeza del Municipio
de Sabanalarga, comoquiera que del material probatorio no se logra extraer con plena convicción el nexo de
causalidad entre el daño (invasión del predio), con una falta o falla del servicio o de la administración, por
omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio, por parte del ente territorial enjuiciado para
este caso concreto, por lo que, no se puede declarar administrativamente responsable al Municipio de
Sabanalarga, cuando del libelo de la demanda y del material probatorio aportado al proceso, el demandante ni
siquiera expresa a qué título de imputación le atribuye la responsabilidad al Estado, mucho menos sustenta una
argumentación acorde que demuestre que existe un nexo causal entre la causa eficiente del daño y la entidad
territorial demandada.

3

Radicación: 08-001-23-33-000-2023-00098-01 (73.601)
Actor: Fundación Fundapaz en el mundo ONG
Demandado: Municipio de Sabanalarga - Atlántico
Referencia: Reparación directa

13. Expuso que las pruebas obrantes en el expediente demostraban el daño, pero

no la relación entre la invasión al inmueble y la acción u omisión del municipio
demandado. Dijo que la suscripción de un acuerdo entre la alcaldía municipal y la
empresa de energía eléctrica no era la causa eficiente del daño, pues la invasión
provenía de terceros ajenos a la demandada.

II. EL RECURSO INTERPUESTO11-12-13
14. La parte actora censuró las conclusiones del Tribunal con los siguientes reparos:

(i) error de hecho y de derecho en la valoración del vínculo causal; (ii)
desconocimiento del deber constitucional de protección del derecho de dominio; (iii)
falta de aplicación de precedentes jurisprudenciales; y, (iv) causalidad por omisión
estatal.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La oportunidad de la demanda

15. Al margen de los argumentos que sustentan la sentencia de primera instancia y

el recurso de apelación, la revisión de las circunstancias fácticas y probatorias que
rodean el proceso conducen a la Sala a efectuar un estudio frente a la oportunidad
del medio de control.

16. Las normas de caducidad tienen profundas raíces en el ordenamiento jurídico
en el sentido de impedir que las situaciones conflictivas permanezcan indefinidas
en el tiempo. Con este objetivo, el legislador establece unos tiempos razonables
para que las personas acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus
pretensiones, pues en caso de no hacerlo, se entenderá que su voluntad es la de
abandonar el derecho de acceder a la jurisdicción, haciendo dejación de sus
pretensiones. Estas premisas son universales y no pueden escapar en su aplicación
y entendimiento para ningún asociado

17. Como consta en las piezas procesales, la entidad demandada propuso la
excepción de caducidad, la cual fue resuelta en el auto de 8 de julio de 2024 de
forma negativa, sin que frente a esta providencia se formulara recurso alguno. No

Corolario de lo expuesto, al abordar el análisis de la imputación, ésta Corporación observa que no se acredita,
con suficiencia probatoria, la existencia de un nexo causal entre el daño antijurídico y una conducta activa u
omisiva atribuible al Municipio de Sabanalarga – Atlántico. En efecto, del material probatorio no se desprende
que la administración municipal haya incurrido en una falla del servicio consistente en la omisión de sus deberes
frente a la situación de invasión denunciada, ni que el acuerdo suscrito con la empresa prestadora de energía
eléctrica (Electricaribe) constituya una conducta generadora del daño reclamado.
En ese orden, al no lograrse establecer el vínculo causal entre la conducta estatal y el perjuicio alegado, resulta
improcedente declarar la responsabilidad patrimonial del Municipio demandado, razón por la cual se niegan las
súplicas de la demanda”.
11 Índice 34 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
12 En el expediente obra el escrito que la parte actora denominó “ampliación del recurso de apelación” (índice

41 SAMAI, actuaciones de primera instancia), el cual fue radicado incluso con posterioridad a que se notificara
el auto de fecha 11 de agosto de 2025, mediante el cual se concedió el recurso de apelación (índice 36 SAMAI,
actuaciones de primera instancia). En virtud de que la ley procesal no prevé ninguna oportunidad adicional
distinta a los 10 días siguientes de la notificación de la sentencia para interponer el recurso de apelación, el
escrito presentado por la parte actora como “ampliación” del recurso no será tenido en cuenta al ser
extemporáneo.
13 En el trámite de segunda instancia el procurador delegado ante esta corporación presentó concepto en el que

solicitó que se confirmara la sentencia recurrida (índice 09 de SAMAI, actuaciones de segunda instancia).

4

Radicación: 08-001-23-33-000-2023-00098-01 (73.601)
Actor: Fundación Fundapaz en el mundo ONG
Demandado: Municipio de Sabanalarga - Atlántico
Referencia: Reparación directa

obstante, tal decisión no hace tránsito a cosa juzgada ni le impide a la Sala retomar
el estudio de este presupuesto procesal bajo el criterio de la jurisprudencia
unificada14 de esta corporación.

18. Elartículo 164, literal i, del CPACA15 dispone que el medio de control de
reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos años a partir del
día siguiente de la ocurrencia del hecho generador del daño o desde cuando el
demandante conoció o tuvo que conocer el hecho dañoso.

19. En la demanda la parte actora asevera que la administración del municipio de

Sabanalarga incurrió en falla del servicio al no haber desalojado a los invasores de
su inmueble y, además, por haber declarado el predio como subnormal,
otorgándole nomenclatura urbana a los lotes resultantes de la invasión y
suscribiendo un acuerdo con la empresa de energía Electricaribe, dirigido a la
instalación de servicio de energía eléctrica en las viviendas de los ocupantes del
terreno.

20. Bajo el hecho décimo primero de la demanda, el actor hace una referencia
explícita al tema de la caducidad y afirma que el 26 de octubre de 2020 se enteró
de que el entonces alcalde del municipio de Sabanalarga había firmado el acuerdo
ATLSUR_SBN_2017, mediante el cual se declaró el predio como subnormal y se
permitió el servicio regular de energía eléctrica16. En el hecho vigésimo octavo de
la demanda se refiere al cómputo de la caducidad y se indica que el 26 de octubre
de 2022 se “interrumpen” los dos años desde que tuvo el conocimiento de los
hechos17.

21. El
dicho de la parte actora cumple con los requisitos de la confesión por
apoderado judicial.

22.La confesión se encuentra enlistada como un medio probatorio en el artículo
165 del CGP18 y en relación con la que se hace por medio de apoderado judicial, el

14 “Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso

de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el
juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque
de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la
potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean
necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y
la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 6 de abril de 2018. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Rad: 46005.
15 “i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2)

años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
16 Dice la demanda: “Décimo primero: CADUCIDAD. Aconteció que en la fecha 26 de octubre del año 2020

me entere que el Sr. JOSE ELIAS CHAMS CHAMS Ex alcalde de Sabanalarga Atlántico (alcalde periodo 2016-
2019) había firmado un acuerdo. Nro.ATLSUR_SBN_2017 el cual él, declaro SUBNORMAL el inmueble lote de
terreno de propiedad de FUNDAPAZ ONG, cuyo acuerdo lo firmo con la anterior empresa Electricaribe para
darle el suministro de energía eléctrica a los INVASORES que ocuparon el predio de propiedad de la
FUNDACION FUNDAPAZ EN EL MUNDO ONG, (…)”. (negrillas y subrayado del texto original).
17 “Vigésimo octavo: el 26 de octubre de 2022 se interrumpen los términos de los 2 años, contados a partir de

la fecha que tuve conocimiento de los hechos por medio de los cuales el alcalde a (sic) época le cambió de
manera arbitraria e ilegal el uso del suelo al predio de la fundación (…)”. (se destaca).
18 ART 165: Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros,

el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios
que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en

5

Radicación: 08-001-23-33-000-2023-00098-01 (73.601)
Actor: Fundación Fundapaz en el mundo ONG
Demandado: Municipio de Sabanalarga - Atlántico
Referencia: Reparación directa

artículo 193 ejusdem prevé que esta “valdrá cuando para hacerla haya recibido
autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las
excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la
audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá
por no escrita”.

23. En virtud de las disposiciones que regulan la confesión judicial, las
manifestaciones contenidas en la demanda se valorarán probatoriamente en cuanto
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 191 del CGP19, siempre que sean
expresas, conscientes y libres, versen sobre hechos que produzcan consecuencias
jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, recaigan
sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba y sobre
hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento.

24. En este caso, el hecho confesado trae consecuencias jurídicas adversas al
confesante y favorecen a la parte contraria, pues permite determinar el momento a
partir del cual se debe analizar el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del
derecho de acción. Frente al supuesto que se deduce de la confesión, la ley no
exige un medio de prueba específico, de manera que se debe dar mérito probatorio
a la afirmación enunciada. Finalmente, la confesión fue expresa, consciente y libre,
y versa sobre hechos personales del confesante o de los que tenía conocimiento.

25. Por lo anterior, la afirmación realizada en la demanda, en cuanto a la fecha en

que el representante legal de la parte actora tuvo conocimiento de la actuación que
da lugar a la imputación de responsabilidad del municipio, la cual califica como falla
en el servicio, cumple con los requisitos propios de la confesión por apoderado
judicial20.

26. Así las cosas, el punto de partida para el cómputo de la caducidad del medio de

control de reparación directa que se estudia, será el 26 de octubre de 2020.

este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio,
preservando los principios y garantías constitucionales.
19 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere:

1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo
confesado.
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a
la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento.
6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.
La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de
las pruebas.
20 La Subsección ha dado aplicación a la confesión por apoderado judicial para establecer la ocurrencia de la

caducidad en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de diciembre de 2019. Radicación número: 15001-23-33-000-2017-
01007-01 (63.293); Sentencia del 31 de julio de 2020. Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01730-02
(58.323); Sentencia del 4 de diciembre de 2020. Radicación número: 13001-23-33-000-2016-00322-01 (
63293); Sentencia del 30 de julio de 2021. Radicación número: 18001-23-31-000-2004-00102-01 (57.447);
Sentencia del 7 de diciembre de 2021. Radicación número: 70001-23-33-000-2016-00288-
02 (64635); Sentencia del 20 de mayo de 2022. Radicación número: 05001-23-33-000-2020-00418-01
(67.891); Sentencia del 6 de julio de 2022. Radicación número: 680012333000201600591 01(AG).

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Radicación: 08-001-23-33-000-2023-00098-01 (73.601)
Actor: Fundación Fundapaz en el mundo ONG
Demandado: Municipio de Sabanalarga - Atlántico
Referencia: Reparación directa

27. Siguiendo lo normado en el literal i del numeral segundo del artículo 164 del

CPACA21 el término de caducidad inició su cómputo el 27 de octubre de 2020 y
finalizaría el 27 de octubre de 2022.

28. Conforme lo previsto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 22 y el artículo

2.2.4.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 201523, la caducidad se suspende desde la fecha
de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, inclusive. En el presente
caso, la radicación de la solicitud de conciliación ocurrió el 26 de octubre de 202224,
por lo que la suspensión operó cuando restaban dos días del término de caducidad.

29. Al tenor de lo previsto en los artículos ya referenciados, en armonía con lo
previsto en el artículo 20 de la Ley 640 de 200125, la suspensión de la caducidad
se extiende hasta que se logre acuerdo conciliatorio, se expida la respectiva
constancia de audiencia fallida o hasta el vencimiento del término de tres (3) meses
siguientes a la presentación de dicha solicitud, lo que ocurra primero. Cumplido
cualquiera de los anteriores supuestos se reanuda el cómputo del término que
restaba al momento de la suspensión.

30. En el sub lite la constancia de no acuerdo fue expedida por la Procuraduría

Judicial I para asuntos administrativos el 24 de enero de 2023 26, antes de que se
cumpliera el término de 3 meses desde la radicación de la solicitud, por lo que el
cómputo de la caducidad se reanudó el 25 de enero de 2023 y fenecía al día
siguiente.

21 “i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2)

años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
22 “ARTÍCULO 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de

conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad,
según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado
en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere
el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo
anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
23 Decreto compilatorio del sector justicia, en el que se compiló el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009:

“ARTÍCULO 2.2.4.3.1.1.3. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta:
a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o
b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, o
c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra
primero.
En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad
suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de
la ejecutoria de la providencia correspondiente.
La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada.
PARÁGRAFO . Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses consagrado para
el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión del término de caducidad o
prescripción. (Decreto 1716 de 2009, artículo 3)”.
24 Índice 03 SAMAI, actuaciones de primera instancia. PDF Pág. 52.
25 ARTÍCULO 20. Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Si de conformidad con la ley el asunto es

conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible,
y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las
partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término.
26 Índice 03 SAMAI, actuaciones de primera instancia. PDF Pág. 53-54.

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Radicación: 08-001-23-33-000-2023-00098-01 (73.601)
Actor: Fundación Fundapaz en el mundo ONG
Demandado: Municipio de Sabanalarga - Atlántico
Referencia: Reparación directa

31. No obstante lo anterior, según el acta de reparto que obra en el proceso 27 la

demanda se radicó hasta el 21 de marzo de 2023, esto es, un mes y 23 días
después del vencimiento del término de caducidad.

32. Respecto de la fecha de presentación de la demanda se destaca que en el

expediente obra un consecutivo de correos electrónicos28 y con ellos , un correo
remitido por el señor Hugo Fernando Patiño -presidente y representante legal de la
Fundación Paz en el Mundo ONG- el 26 de enero de 2023 desde el correo
jura.juridicas.colombia@gmail.com con destino al correo
ventanillaad03tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, en el que mediante un enlace
de drive se dijo remitir la demanda y sus anexos.

33. Como respuesta a ese correo electrónico, el 27 de enero de 2023 a las 10:54

am, desde el correo ventanillad03tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co se le dio
respuesta al remitente, informándole que tal dirección de correo no correspondía a
la del reparto y se le suministró la dirección electrónica en la que podía radicar su
demanda29. A ese mensaje de datos el señor Hugo Fernando Patiño dio respuesta
en la misma fecha a las 10:58 am agradeciendo la información30.

34. En la misma cadena de correos se evidencia que el 11 de marzo de 2023, con

el objetivo de radicar la demanda, el señor Patiño remitió nuevamente un mensaje
a varios correos electrónicos entre los que se encontraban el del ministerio público
y demandasconadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co sin que conste respuesta
alguna.

35. Seguidamente, obra otro correo electrónico de 21 de marzo de 2023, con el que

nuevamente se envió la demanda a varios buzones, entre los que se destacan:
Radicación Demandas Contencioso Administrativo - Atlántico – Barranquilla
demandasconadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co; y Oficina Servicios
Juzgados Administrativos – Seccional Barranquilla
cseradbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co.

36. A continuación, obra un mensaje de datos de 22 de marzo de 2023, que da

cuenta del reparto de la demanda presentada el 21 de marzo de 2023 y, un último
mensaje del Tribunal de instancia dirigido al señor Hugo Fernando Patiño el 10 de
abril de 2023, en el que le solicita remitir los documentos radicados en formato
PDF31.

37. Del anterior recuento se colige que si bien la parte actora tuvo la intención inicial

de radicar la demanda desde el 26 de enero de 2023, tal cometido no se logró, pues
la dirigió a un canal digital no autorizado para tal efecto. A pesar de haber sido

27 Índice 01 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
28 Índice 02 SAMAI, actuaciones de primera instancia
29 “Cordial saludo Se le proporciona correo (demandasconadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co) de
reparto de demandas en la jurisdicción contenciosa administrativa dado que el presente pertenece al
despacho03 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO”.
30 “Hola buenos dias. Gracias por la informacion (sic) el cual nos es de gran utilidad. Acuso el resibido (sic)“.
31 “LE SOLICITAMOS COMPARTA LOS DOCUMENTOS EN FORMATO PDF Y NO POR EL DRIVE DE

GOOGLE PUESTO QUE NO ES EL CANAL AUTORIZADO Y ADEMAS NO APARECE REGISTRO ALGUNO
LUEGO DE DARLE LINK”.

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Radicación: 08-001-23-33-000-2023-00098-01 (73.601)
Actor: Fundación Fundapaz en el mundo ONG
Demandado: Municipio de Sabanalarga - Atlántico
Referencia: Reparación directa

advertido y enterarse de tal circunstancia, el representante legal de la demandante
acusó recibo del mensaje y a sabiendas de que debía radicar inmediatamente,
realizó la radicación al canal digital correcto casi dos meses después, el 21 de
marzo de 2023, fecha que es concordante con el acta de reparto que obra en el
expediente.

38. En estas condiciones, la demanda solo fue presentada hasta el 21 de marzo de

2023 y, por ende, operó la caducidad del medio de control.

39. En necesario recordar que la caducidad fue objeto de análisis por parte del a quo

en el auto de 8 de julio de 202432, providencia en la que negó dicha excepción. Si
bien el estudio tuvo como punto de partida el 26 de octubre de 2020, encuentra la
Sala que la decisión no estuvo soportada en las pruebas obrantes en el expediente.
Señaló la providencia, que la demanda había sido radicada el 25 de enero de 2023,
sin que se relacionara algún sustento documental33.

40. Las únicas piezas procesales en donde se alude al 25 de enero de 2023 como

fecha de presentación del libelo, son el encabezado de la demanda y su hecho
trigésimo primero34; el poder otorgado al profesional del derecho que representa a
la ONG demandante en el proceso, cuya presentación personal se realizó en tal
fecha35; y, el correo electrónico mediante el cual la parte actora intentó radicar la
demanda en la primera oportunidad; sin embargo, a la luz de lo previsto en el primer
inciso del artículo 89 del Código General del Proceso36, la prueba idónea, pertinente
y útil para demostrar el hecho de la presentación de la demanda, es el acta de
reparto, en la que consta que esto ocurrió el 21 de marzo de 2023 a las 12:00 am.

41. A la par de lo anterior, la sala no puede soslayar que lo expresado en el auto que

negó la excepción de caducidad resulta abiertamente contradictorio con los
antecedentes plasmados en el fallo de primera instancia, pues mientras la primera
providencia afirmó que la demanda había sido presentada el 25 de enero de 2023,
en el acápite de actuaciones procesales de la sentencia se indicó que la demanda
había sido presentada el 21 de marzo de 202337.

42. Por todo lo aquí expuesto, es del caso confirmar la sentencia apelada, pues se

debieron negar las pretensiones de la demanda, pero en vista de la configuración
del fenómeno de la caducidad.

32 Índice 22 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
33 Sobre el punto el tribunal señaló lo siguiente: “Finalmente, el día 25 de enero de 2023, se presentó la
demanda. Así las cosas, la excepción de caducidad formulada por el demandado dentro del presente proceso
no tiene vocación de prosperidad”.
34 Dice la demanda: “Trigésimo primero: como quiera que la solicitud de conciliación se radicó el 26 de octubre

de 2022 y los tres meses se vencen el 26 de enero de 2023, pero la procuraduría expide la constancia el día de
ayer 24 de enero de 2023, la demanda se presenta en tiempo el día de hoy 25 de enero de 2023” (se
destaca).
35 Índice 03 SAMAI, actuaciones de primera instancia. PDF Pág. 25.
36 “Artículo 89. Presentación de la demanda: La demanda se entregará, sin necesidad de presentación personal,

ante el secretario del despacho judicial al que se dirija o de la oficina judicial respectiva, quien dejará constancia
de la fecha de su recepción (…)”.
37 En la página 5 de la sentencia apelada se lee lo siguiente: “La demanda fue presentada el veintiuno (21)

de marzo de dos mil veintitrés (2023), luego de haberse sometido a las formalidades del reparto, correspondió
su conocimiento y sustanciación del proceso a quien funge como ponente, quien la admitió en auto de fecha
cinco (05) de octubre de dos mil veintitrés (2023)” (se destaca).

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Radicación: 08-001-23-33-000-2023-00098-01 (73.601)
Actor: Fundación Fundapaz en el mundo ONG
Demandado: Municipio de Sabanalarga - Atlántico
Referencia: Reparación directa

Condena en costas
43. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA38, la liquidación

y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil, norma que fue derogada por el hoy vigente Código General del
Proceso. Según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del CGP 39, la Sala
condenará en costas en esta instancia a la parte demandante, pues su recurso de
apelación se resuelve de forma desfavorable.

44. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas

están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las
cuales se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 201640, norma
vigente para la fecha en que se presentó la demanda -21 de marzo de 2023-41, en
esta instancia se fijan las agencias en el valor equivalente a un (1) SMLMV a la
fecha de ejecutoria de esta providencia, a cargo de la parte demandante.
45. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los

términos del artículo 366 del CGP.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de mayo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Para este efecto, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de un (1)

38 Art 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena

en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
39 En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se

sujetará a las siguientes reglas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código”.
40 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta,

dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor
jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.
“(…)
“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
(…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
41 Índice 01 SAMAI, actuaciones de primera instancia.

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Radicación: 08-001-23-33-000-2023-00098-01 (73.601)
Actor: Fundación Fundapaz en el mundo ONG
Demandado: Municipio de Sabanalarga - Atlántico
Referencia: Reparación directa

SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a favor de la parte demandada.
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría CARGAR la
sentencia al respectivo índice de SAMAI y DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

VF

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