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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00116-01

Fecha
25 de mayo de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00116-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 5 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión oral “C”. En su lugar, se RECHAZA la demanda. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2023-00116-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

25 de mayo de 2023

Demandante: José Martín Lázaro Salcedo
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicación No.: 08001-23-33-000-2023-00116-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2023-00116-01
Accionante: JOSÉ MARTÍN LÁZARO SALCEDO
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Revoca sentencia de primera instancia
.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 5 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral C.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El señor José Martín Lázaro Salcedo, actuando en nombre propio,
promovió acción de cumplimiento contra la Presidencia de la República, la
Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Transporte, las Superintendencias
de Transporte y Industria y Comercio, y la Personería Municipal de Soledad -
Atlántico. Con su solicitud pretende que se les ordene a las autoridades
accionadas el acatamiento de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 53 de la
Ley 769 del 2002, reglamentado por el artículo 6 de la Ley 2283 del 5 de enero
del 2023.

2. Como consecuencia del obedecimiento de la norma invocada, solicitó que
le sea entregado el seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos
particulares para su motocicleta de placas LBK-94D.

1.2. Hechos

3. La parte accionante informó que el 2 de marzo de 2023 acudió ante el
Centro de Diagnóstico Automotor CDA P-900 S.A.S (en adelante CDA P-900)
ubicado en el municipio de Soledad - Atlántico, con el fin de realizar la revisión
de su motocicleta. Sin embargo, pone de presente que luego de efectuado el
procedimiento de seguridad, no le fue suministrado el seguro obligatorio de
responsabilidad civil para vehículos particulares ordenado por el artículo 6 de la
Ley 2283 de 2023.

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Demandante: José Martín Lázaro Salcedo
Demandados: Presidencia de la República y otros
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4. Refirió que, por este hecho, el día 3 de marzo de 2023 vía «WhatsApp»
requirió el cumplimiento del artículo reseñado en el numeral anterior al señor Luis
Orlando Gil Cala, representante legal del CDA P-900 y la entrega de la póliza del
seguro obligatorio individual de responsabilidad civil.

5. Manifestó que por correo electrónico y en los mismos términos requirió a
la Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de
Transporte, al Congreso de la República, a las Superintendencias de Transporte
y de Industria y Comerio, y a la Personería Municipal de Soledad- Atlántico. En
dichos documentos, señaló «[r]emisión del caso de incumplimiento al parágrafo
2 del artículo 53 de la ley 769 dl 2002 el cual está reglamentado por el artículo 6
de la ley 2283 de 2023 para que se inicie la correspondiente investigación» (sic
a toda la cita).

6. Finalmente, refirió que la abogada del CDA le informó que un apoderado
se pondría en contacto con él, no obstante, a la fecha no le ha sido contestada
su solicitud de cumplimiento.

1.3. Actuaciones procesales

7. Mediante auto del 17 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral “C” inadmitió la demanda de cumplimiento, tras
advertir que el actor no allegó prueba de la existencia y representación legal del
CDA P-900 Terminal S.A.S., presupuesto requerido por el numeral 4 del artículo
166 del CPACA aplicable por remisión expresa de la Ley 393 de 1994.

8. Posteriormente, con providencia del 25 de abril de 2023, el a quo resolvió
rechazar la demanda respecto al CDA, tras advertir que el actor no subsanó los
yerros advertidos. Aunado a ello, dispuso admitir la acción de cumplimiento
únicamente respecto a la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la
Nación, Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio, y
la Personería Municipal de Soledad- Atlántico.

9. En consecuencia, ordenó la notificación de las referidas autoridades y les
concedió el término de 3 días para presentar un informe respecto a los hechos
objeto de la solicitud.

1.4. Informes

1.4.1. Fiscalía General de la Nación

10. Solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de cumplimiento, tras
considerar que el mandato contenido en las disposiciones invocadas no está
dirigido ante el ente acusador, por cuanto el trámite debe ser adelantado por los
organismos de transporte.

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11. En consecuencia, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por
pasiva, atendiendo a que no existe coincidencia de derecho entre el titular de la
obligación demandada y el sujeto al que se reclama en ejercicio de esta acción
constitucional. Señaló que la solicitud está relacionada con la entrega de un
seguro obligatorio de responsabilidad civil para su vehículo particular, aspecto
que escapa por completo y de manera evidente, del ámbito de competencia de
dicha autoridad.

12. Frente al agotamiento del requisito de procedibilidad, refirió que luego de
revisar el sistema de información de la entidad para el sistema penal acusatorio
-SPOA- no se encontró denuncia relacionada con los hechos descritos en la
acción de cumplimiento, aspecto que impone su desvinculación del presente
trámite.

1.4.2. Superintendencia de Transporte

13. Refirió que el accionante no agotó el requisito de procedibilidad de que
trata el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, comoquiera que el reclamo no es un
simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir con el presupuesto de la renuencia para los fines de la
presente acción constitucional.

14. Señaló que, el accionante presentó una petición ante la ventanilla única
de radicación que tenía por objeto remitir un caso de incumplimiento del parágrafo
2 del artículo 53 de la Ley 769 de 2002 para que fuese investigado. En ese orden,
refirió que lo pretendido por el actor es que la demandada ejerciera labores de
inspección y vigilancia, objeto que no constituyó en mora de cumplimiento a la
entidad.

15. Adujo que la parte actora no allegó prueba que acredita la reclamación
previa ante dicha Superintendencia y como eso no es un aspecto saneable ni
prescindible, no puede el juez de cumplimiento hacer un pronunciamiento de
fondo, por lo que solicitó el rechazo de plano de la demanda.

16. Solicitó declarar su fala de legitimación en la causa por pasiva porque si
bien le corresponde la inspección, vigilancia y control del sector transporte, su
concurso en esa materia de servicio no conlleva a que en su cabeza esté el
cumplimiento imperativo e inobjetable dispuesto por el artículo invocado por el
actor.

1.4.3. Ministerio de Transporte

17. Manifestó que no se encuentra acreditado el requisito de procedibilidad de
la acción de cumplimiento referente a la renuencia.

18. Para sustentar dicha información, señaló que mediante radicado
N.º20233030365612, el señor José Martín Lázaro Salcedo remitió a dicha cartera

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«caso de incumplimiento del parágrado 2 del artículo 53 de la Ley 769 de 2002
(…)» y en respuesta del 17 de abril de 2023 con serial N.° 20233030365612, le
fue indicado al peticionario que en la Ley 2283 de 2023 se reglamentó la actividad
de los organismos de apoyo al tránsito, y en todo caso se encontraban revisando
aspectos técnicos, financieros y jurídicos sujetos de reglamentación por parte del
Gobierno para la adecuada implementación de las obligaciones definidas en
dicho artículo.

19. En ese orden de ideas, precisó que no existe por parte de dicha autoridad
renuencia frente al cumplimiento del deber, pues bien sea por acción u omisión,
o por la ejecución de actos o hechos que permiten deducir que no hay
incumplimiento frente a la regulación por parte de la cartera en relación con los
hechos aducidos por el accionante.

20. Aunado a ello, señaló que la acción no era procedente porque existen otros
instrumentos judiciales para el caso expuesto a los que se puede acudir para
realizar las investigaciones correspondientes, a través del control, vigilancia y
sanciones que le corresponden por competencia funcional.

21. Finalmente, arguyó la inexistencia de obligaciones incumplidas por parte
de la demandada al no constar una obligación clara, expresa y exigible a cargo
del Ministerio.

1.4.4. Presidencia de la República

22. Solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva comoquiera
que no es responsables de expedir la norma cuyo cumplimiento de reclama. Para
ello trajo a la colación las normas de competencia y concluyó que, de una lectura
integral de ellas, es válido afirmar que en cuanto a los actos que expida el
Gobierno nacional, su representación judicial está en cabeza del ministro o
director correspondiente y no en cabeza del presidente.

23. De forma subsidiaria solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda porque no se ha configurado el incumplimiento alegado.

24. Finalmente, en lo que atañe a la Superintendencia de Industria y
Comercio y a la Personería Municipal de Soledad, pese a ser debidamente
notificadas de la presente demanda de cumplimiento, guardaron silencio.

1.5. Fallo de primera instancia

25. En sentencia de 5 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Atlántico
negó las pretensiones de la demanda.

26. Como fundamento de su decisión, consideró que la norma que se pide
hacer cumplir, si bien contiene un mandato claro, lo cierto es que es exigible solo
respecto del particular demandado, esto es, el CDA. No obstante, la demanda
fue rechazada frente a dicho sujeto mediante providencia que se encuentra en
firme.

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6. Impugnación

27. El señor José Martín Lázaro Salcedo refirió su descontento con la decisión
de rechazo de la demanda respecto del CDA P-900. Manifestó que el Tribunal
debió requerir de oficio el certificado de representación legal del sujeto si tenía la
duda sobre su existencia.

28. Señaló que, no guarda sentido que el Tribunal indicara que el particular es
el responsable de la norma invocada, sin embargo, lo deje por fuera del proceso.

29. En todo lo demás, reiteró lo señalado en el escrito inicial de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

30. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la señora José Martín Lázaro Salcedo contra la sentencia de 5 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así
como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado. Esta última disposición establece la competencia de la Sección Quinta
de esta corporación para conocer de «…las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

31. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

32. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]

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desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

33. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]5.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).

(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).

2.3. De la renuencia

34. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste6 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.
4Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de

constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)

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35. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»7.

36. Sobre este tema, esta Sección8 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos9. (Negrillas fuera de texto).

37. Observa la Sala que el a quo dio por superado el requisito de la renuencia
y tuvo como pruebas para decidir sobre este aspecto las peticiones presentadas
por el actor ante las autoridades accionadas. Esta colegiatura no comparte ese
análisis. En ese sentido, revocará la sentencia de primera instancia para rechazar
la acción de cumplimiento de la referencia por no advertir satisfecho el requisito
bajo estudio, por lo que pasa a explicarse.

38. Como se expuso, para que se dé por probado este presupuesto es deber
del accionante reclamar el cumplimiento de la norma que estima desentendida a
la autoridad accionada. Lo anterior, sin que sea menester que haga mención
explícita de que su intención es constituirla en renuencia.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
9 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla

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39. Revisados los elementos de convicción, se encontró que, mediante
correos electrónicos del 3 de marzo de 2023 el actor radicó solicitud ante la
Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la
Superintendencia y el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Industria
y Comercio, y la Personería Municipal de Soledad. En los mensajes de datos
dirigidos a cada una de las entidades, se identifica el mismo contenido, este es:

40. Ahora bien, en el documento adjunto al mensaje de datos, se desprende
que la parte accionante puso de presente que el CDA P-900 no ha cumplido la
norma descrita, por lo que pretendía que cada una de las dependencias a quienes
dirigía la solicitud, investigara y solucionara el impase:

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41. Como puede evidenciarse, la pretensión del actor frente a cada una de las
autoridades accionadas consistía en que se iniciara investigación por el
incumplimiento del CDA P-900 respecto al parágrafo 2 del artículo 53 de la Ley
769 de 2002, reglamentada por el artículo 6 de la Ley 2283 de 2023.

42. Al margen de si el actor recibió respuesta por parte de las autoridades
accionadas, lo cierto es que para la Sala es claro que el accionante no agotó la
renuencia en el sentido de solicitarles el acatamiento de la disposición invocada
en esta sede. Más bien, se dirigió a ellas para que investigaran las posibles
omisiones del CDA P-900 frente al deber que le impone la ley relativo a la entrega
de un seguro obligatorio de responsabilidad civil.

43. Nótese que, en el escrito de la demanda el señor José Martín Lázaro
Salcedo solicitó como pretensión de manera genérica que se ordenará el
cumplimiento el parágrafo 2 del artículo 53 de la Ley 769 de 2022 y no invocó
disposiciones distintas ni estableció como pretensión adicional que las
autoridades accionadas, en ejercicio de las competencias y deberes que le
impone la ley ejerzan la función de vigilancia y control que les fue asignadas e
investiguen al CDA P-900-.

44. En ese orden, para la Sala no hay duda de que el actor no solicitó a las
accionadas de manera previa el cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 53 de
la Ley 769 de 2002, sino, un aspecto distinto al pretendido en esta acción.

45. En este orden, al no estar acreditado el requisito de procedibilidad relativo
a la renuencia, no se estudiarán los demás presupuestos de procedencia de esta
acción, tales como, si las autoridades tienen en su cabeza el ejercicio de las
funciones públicas que debe cumplir, y por lo mismo, no se efectuará un análisis
de las solicitudes de falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por
la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Transporte y la
Presidencia de la República.

46. Finalmente, se aclara que la Sala tampoco avizora que el actor se
encuentre inmerso en un perjuicio irremediable, que le impidiera acreditar el
debido agotamiento de requisito, aspecto que tampoco fue puesto en la
demanda. En ese sentido, y de conformidad con los dispuesto en el artículo 12
de la Ley 393 de 1997, se rechazará la demanda.

2.4. Conclusión

47. De conformidad con lo expuesto, esta Sala revocará la sentencia de 5 de
mayo de 2023 del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C
que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento por considerar el
mandato que desprende la norma es exigible respecto a un sujeto distinto de la

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parte accionada. En su lugar, se rechazará la demanda por no encontrar agotado
el requisito de la renuencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 5 de mayo de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión oral “C”. En su lugar, se
RECHAZA la demanda.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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