Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00323-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00323-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2023-00323-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
28 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 080012333000202300323-01
Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y
otros1
Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela
Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) seguridad social, iii)
acceso a la administración de justicia y iv) salud
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 29 de agosto de 2023 proferida por la Sección B del Tribunal Administrativo del
Atlántico, por medio de la cual declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 080012333000202300323-01
Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, Comfasucre, EPS Familiar de Colombia, Viva IPS y la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Atlántico, porque, a su juicio, i) el Juzgado, al no resolver
la solicitud relacionada con que “[…] se requiera a los especialista médicos de la
DISAN EJÉRCITO NACIONAL para el diligenciamiento de los certificados sobre la
rehabilitación integral exigidos por la junta regional de calificación de invalidez del
atlántico […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación
080013333006201800215-00; ii) la Junta Regional, al haberle “[…] impuesto
cargas que no me corresponde, dilatando la realización de mi dictamen pericial
[…]”; y iv) la Dirección de Sanidad, Comfasucre, EPS Familiar de Colombia y Viva
IPS, al no realizar el “[…] diligenciamiento del certificado de rehabilitación […]”:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, “[…] Me desempeñe (sic) como soldado profesional del tercer
contingente del año 1988 en el BATALLON DE INGENIEROS No. 2 VERGARA Y
VELAZCO de la segunda brigada con sede en el municipio de malambo atlántico,
siendo impactado por un proyectil calibre 762 por otro compañero, causándole
graves daños y siendo remitido a la CLINICA GENERAL DEL NORTE en la ciudad
de Barranquilla […]”.
4. Manifestó que, “[…] El día 04 de mayo de 2016 se llevó a cabo junta médico
laboral en donde se me calificó la disminución de la capacidad laboral en 54.22 %,
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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
por lo que, se interpuso recurso de apelación en donde el tribunal médico laboral de
revisión militar, me califo (sic) en 13.51 % mi perdida de la capacidad laboral […]”.
5. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional – Dirección de sanidad Militar, de la cual avocó conocimiento el Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.
6. Manifestó que, el 25 de agosto de 2020, se celebró audiencia inicial y se
decretaron pruebas, entre ellas “[…] Decrétese la valoración al señor Rosember
Castro Borja con cédula de ciudadanía No. […], para ser realizada por la Junta
Médica de Calificación de Invalidez del Atlántico, a fin de determinar el grado de
pérdida de su capacidad laboral, para lo cual se tendrá en cuenta toda su historia
clínica […]”.
7. Expuso que, con ocasión a la prueba decretada, la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Atlántico requirió al demandante el “[…] Certificado de
rehabilitación actualizado firmado por médico especialista tratante según la
patología presentada, fotocopia del documento de identidad, formato de solicitud
del dictamen, autorización para conocimiento de historia clínica, y consignación de
honorarios […]”.
8. Sostuvo que, el 16 de octubre de 2020, canceló los honorarios exigidos por
la Junta Regional y envió memorial al Juzgado y a la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, mediante el cual solicitó requerir a los especialistas de dicha
Dirección para el diligenciamiento de los certificados sobre la rehabilitación integral
exigidos por la Junta Regional.
9. Indicó que, ante la falta de respuesta a su solicitud, “[…] el día 09 de abril de
2021 se envió a la junta regional de calificación de invalidez de barranquilla la
documentación requerida a excepción del certificado de rehabilitación […]”.
10. Señaló que, la Junta Regional, mediante oficio de 26 de abril de 2021, realizó
la devolución del expediente al Juzgado, manifestando que hacía falta la siguiente
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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
documentación: certificado de rehabilitación actualizado, potencial evocados
auditivos de estado estable y copia de la demanda.
11. Sostuvo que, solicitó a Comfasucre, EPS Familiar de Colombia y Viva IPS el
diligenciamiento del certificado de rehabilitación requerido, frente a lo cual “[…]
COMFASUCRE estipula que no está obligada a tramitar dichas certificaciones, por
cuanto, soy beneficiario del régimen subsidiado […]” y la “[…] EPS FAMILIAR DE
COLOMBIA – PUNTO VITAL IPS – VIVA IPS […] me manifiestan que al estar
afiliado al sistema subsidiado no están obligado a realizar exámenes ocupacionales
de pérdida de la capacidad … o en su defecto se llene certificaciones de
rehabilitaciones […]”.
12. Indicó que, “[…] El día 28 de septiembre de 2022 se da respuesta a la
solicitud presentada ante DISAN EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, me
manifiesta que para la certificación debo acercarme a la Dirección de sanidad
ubicada en la ciudad de Bogotá, lo cual lo puedo adelantar personalmente o a través
de in (sic) tercero […]”; sin embargo, precisó que, “[…] El día 21 de Noviembre de
2022 interpuse derecho petición solicitando a la Dirección de Sanidad del Ejercito
Nacional de Colombia se me envié por correo certificado o electrónico el certificado
debidamente diligenciado y firmado como lo requiere la junta de calificación de
invalidez de Barranquilla, por cuanto, no cuento con los recursos económicos
disponibles para desplazarme hasta la ciudad de Bogotá y mucho menos tengo para
costear los gastos de un tramitador, pues, señor juez, no se necesita de mi
presencia obligatoria para que dicha certificación sea llenada por la DISAN,
evidenciándose la mala fe de dicha entidad pública para la colaboración de la
prueba judicial decretada por el juez de la república […]”.
13. Manifestó que, “[…] Por medio de oficio de fecha 23 de enero de 2023 la
DIRECCION DE SANIDAD estipula que esta (sic) certificaciones solo pueden ser
expedidas por médico general, por lo que debe acercarse a un establecimiento de
sanidad más cercano y solicitar una cita con medicina general, para que determine
si me encuentro rehabilitado o no […]”.
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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
La solicitud de tutela
Pretensiones
14. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO. - Que se me tutelen mis Derechos Constitucionales Fundamentales
prevalentes DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO
PROCESO, LA SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO A LA SALUD, DERECHO AL
DIAGNÓSTICO y/o cualquier otro derecho de igual o similar rango que resulte violado
por la JUZGADO 06 ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA - DIRECCIÓN DE
SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL – COMFASUCRE – EPS FAMILIAR
COLOMBIA – VIVA IPS – JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE
BARRANQUILLA.
SEGUNDO.- Se ordene JUZGADO 06 ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA dar
trámite a los múltiples requerimientos en el que se ha solicitado el deber de
colaboración en la prueba judicial a la dirección de sanidad del ejército de Colombia.
TERCERO.- Se ordene a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
– COMFASUCRE – EPS FAMILIAR COLOMBIA – VIVA IPS, diligenciar los formatos
de certificación de rehabilitación por médicos tratantes, exigidos por la junta regional
de calificación de invalidez del atlántico o en su defecto se ordene a la JUNTA
CALIFICACION DE INVALIDEZ DE BARRANQUILLA para que realice la prueba
judicial dictamen pericial decretado por el juzgado 06 administrativo de barranquilla,
con la documentación anexa por mi apoderada judicial.
CUARTO.- Se ordene a la JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE
BARRANQUILLA, que los honorarios cancelados por mi persona el día 15 de octubre
de 2020 por la suma de $ 877.803, son suficientes para cubrir los honorarios del
auxiliar, por cuanto, se solicitó la calificación de la invalidez en el año 2020 y que las
dilataciones han sido por culpa de la junta de calificación y las demás entidades [...]”.
15. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que:
“[…] A lo anterior, se ha venido requiriendo en varias oportunidades al juzgado sexto
administrativo oral del circuito de barranquilla para que requiera a la parte demandada
a diligenciar dichos certificados y aportar la demás documentación requerida por la
junta de calificación de invalidez y asimismo, se ha solicitado a la parte demandada
DISAN EJÉRCITO NACIONAL, la colaboración con dicha documentación, lo cual, ha
sido solicitado en las siguientes fechas 21 de julio de 2021, 12 de mayo de 2022 a
través de correo electrónico de los juzgados y los días 25 de mayo de 2022 y 07 de
julio de 2022 a través de la aplicación SAMAI […]”.
[…]
“[…] Actualmente me encuentro en un estado de incapacidad física en el que no puede
realizar ningún trabajo, pues, las lesiones sufridas me impide movilizarse
normalmente, por lo que, no devenga ninguna renta o recurso alguno, ya que soy una
persona de escasos recursos que vive de la caridad de familiares y vecinos, no puede
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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
laborar por las secuelas obtenidas por la herida de proyectil ocasionada en el ejército
nacional, así las cosas, las omisiones de la instituciones accionada me están
ocasionado un perjuicio por la demora viéndose afectada la demora de mi proceso,
para adquirir en caso positivo un derecho pensional […]”.
[…]
“[…] De conformidad con lo anterior, no se me puede imponer una carga, por cuanto,
este tipo de certificaciones se solicita a las entidades y no a la persona natural, y más
cuando no he laborado desde el año 1989 por mi estado de salud y teniendo en cuenta
que mi EPS manifiesta que en el régimen subsidiado no puede realizarse estos tipos
de certificaciones, ya que son exclusivo del sistema contributivo […]”.
[…]
“[….] Ha de observar señor juez, que la EPS subsidiada al igual que el régimen
especial del ejército nacional son omisivas al negar la certificación de rehabilitación
para acceder a un dictamen de pérdida de capacidad laboral solicitado como prueba
judicial en el proceso administrativo, en el que olvidan que el artículo 41 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, no excluye a las EPS
del régimen subsidiado o especial ni a las AFP del deber de calificación […] En efecto,
se afecta su derecho a la seguridad social, comoquiera que sin la calificación no puede
impulsarse el proceso, por cuanto es una prueba judicial idónea para determinar el
grado de invalidez […]”.
[…]
“[…] Se evidencia señor magistrado, la omisión de las entidades accionadas para
llevar a cabo la prueba judicial del dictamen pericial, en el que el juzgado 06
administrativo de barranquilla no ha dado tramite a los múltiples requerimientos
solicitados por mi apoderada judicial; la entidades de salud EPS FAMILIAR DE
COLOMBIA y la DISAN del ejército de Colombia se han negado a llenar el formulario
de certificado de rehabilitación y la junta de calificación de invalidez, en cuanto me ha
impuesto cargas que no me corresponde, dilatando la realización de mi dictamen
pericial […]”.
[…]
“[…] De igual manera, me ha impuesto el pago de más honorarios, a sabiendas que
no tengo los recursos para cancelar y el cual, lo cancele dentro del término y que ha
sido la junta la que se ha negado a realizarme el dictamen, por lo que, me encuentro
en desacuerdo a cancelar el reajuste del salario mínimo vigente, por cuanto, este fue
cancelado de acuerdo al salario mínimo vigente en el año que lo solicite, por lo que,
no ha sido mi culpa, pues, la junta estaba obligada a realizar el dictamen cuando lo
solicite y más cuando es una prueba judicial […]”.2
Actuación
16. El Despacho sustanciador de la Sección B del Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante auto de 17 de agosto de 2023: i) admitió la acción de tutela; y ii)
2 Transcripción literal del texto.
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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
ordenó notificar a los demandados, concediéndole el término de dos (2) días para
que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada
17. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar lo siguiente:
“[…] Las solicitudes realizadas por la parte actora son las siguientes:
El 16 de octubre de 2020 en la cual solicita al juzgado en virtud del artículo 233 del
CGP se requiera a los especialistas de DISAN Ejercito Nacional diligenciar los
formatos de certificación sobre la rehabilitación integral exigidos por la Junta Regional
de Calificación de Invalidez del Atlántico, reiterada en los mismos términos el 24 de
noviembre de 2020.
Con memorial el 21 de julio de 2021 la parte actora solicita se le ordene al EJERCITO
NACIONAL el deber de colaboración de llenar los certificados de rehabilitación de los
médicos especialistas que trataron al señor ROSEMBER CASTRO BORJA y adjuntar
lo potenciales evocados auditivos de estados estables, a fin de que la Junta de
Calificación de Invalidez de Barranquilla realice el dictamen solicitado en el decreto
de pruebas. La cual fue reiterada con memorial de 23 de noviembre de 2022.
Mediante auto de fecha 23 de agosto de 2023, se niega la solicitud por no ser
competencia del juez de conocimiento del proceso decretar pruebas encaminadas a
gestionar los documentos necesarios para la práctica de otra prueba, en este caso el
dictamen de calificación, la cual fue decretada en debida forma, por ser procedente.
Al respecto es menester señalar que, el Juzgado Sexto Administrativo no es el
llamado a realizar acciones para la cesación de amenaza o vulneración de los
derechos reclamados por el accionante, pues no es procedente para el juez del
conocimiento en el desarrollo de un proceso ordenar la realización de actividades,
procedimientos o valoraciones, mediante actuaciones accesorias o posteriores al
decreto de pruebas, cuyas gestiones están a cargo de las partes del proceso.
El procedimiento judicial está delimitado en la Ley y las oportunidades probatorias se
indican taxativamente en las reglas procesales, por lo que, no es permitido para el
juez del proceso dictar ordenamientos o decretar pruebas que sean solicitadas por
fuera de la oportunidad procesal correspondiente y que no vayan encaminada a
resolver el problema jurídico planteado […]”.
[…]
“[…] En ese contexto, se tiene que, frente a la alegada amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, respecto del Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, ha cesado, pues se ha dado
resolución a la solicitud probatoria realizada por el accionante en el proceso radicado
08001333300620180021500, por lo tanto, la pretensión se encuentra satisfecha, y en
consecuencia deviene improcedente de la presente tutela con relación a esta
judicatura […]”.
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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
18. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez rindió informe en los
siguientes términos:
“[…] Una vez revisadas las bases de datos, verificados los registros de expedientes,
apelaciones y solicitudes radicados en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez,
NO SE ENCONTRÓ registro de caso (expediente) pendiente, calificación, apelación
respecto a esta persona, proveniente de una Junta Regional de Calificación de
Invalidez, Juzgado o autoridad administrativa para trámite de calificación ante esta
entidad, respecto del señor Rossemberg de Jesús Castro Borjas […]”.
[…]
“[…] Se debe informar al despacho que por expresa disposición del artículo 43 del
Decreto 1352 de 2013, incorporado en el Decreto 1072 de 2015, la Junta Regional de
Calificación de Invalidez no remite el expediente de calificación a la Junta Nacional
hasta tanto no se allegue la consignación de los honorarios a nombre de la Junta
Nacional, como se entenderá por parte del despacho la Junta Nacional no puede
adelantar gestión alguna de calificación (citación a valoración, definición de la fecha
de resolución del caso) sin haber recibido el expediente de calificación, entre otras
porque sólo en el expediente se encuentra toda la información pertinente […]”.
[…]
“[…] En razón a lo anterior, es necesario indicar al despacho que la responsabilidad
de la Junta Nacional inicia en el momento en el que es radicado el expediente en esta
entidad, de lo contrario la responsabilidad está en cabeza de la Junta Regional hasta
tanto no se remita el expediente en esta entidad […]”.
19. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela, al considerar lo siguiente:
“[…] 1. Revisados los archivos de esta Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Atlántico se pudo evidenciar que el día 25/03/2023 fue radicado el expediente clínico
del señor ROSEMBER DE JESUS CASTRO BORJAS, para emitir calificación de la
pérdida de capacidad laboral actuando esta Junta como perito de conformidad a lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015 artículo 22.5 1.1 numeral 3ero.
2. Al momento de radicar la documentación se pudo verificar que no fueron aportados
los certificados de rehabilitación diligenciados por cada uno de los médicos
especialistas de cada una de las patologías que se van a calificar, así como tampoco
fue aportado el reajuste de los honorarios correspondiente al año legal vigente que
esta siendo radicado el expediente, puesto que este cuenta con honorarios del año
2020.
Solicito señor Juez se declare improcedente la presente Acción de Tutela instaurada
por el señor ROSEMBER DE JESUS CASTRO BORJAS, contra esta Junta Regional
de Calificación de Invalidez del Atlántico, toda vez que no hemos vulnerados los
derechos del señor CASTRO BORJAS, puesto que no ha sido radicado el expediente
con todos los requisitos que establece el Decreto 1072 de 2015, para iniciar con el
respectivo proceso de valoración […]”.
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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
20. Comfasucre rindió informe en los siguientes términos:
“[…] De acuerdo a los argumentos antes plasmados, el efecto jurídico de la escisión
por creación a la luz de la (sic) normas del sistema jurídico Colombiano es que la
escindente (Programa de Salud de Comfasucre) dejo de existir y ceso sus
operaciones como asegurador en salud.
Así la cosas, la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE "COMFASUCRE
no tiene ninguna injerencia sobre afiliación, traslados o novedades de la población
asociada al régimen subsidiado en salud, más aun cuando el programa de salud de
COMFASUCRE ceso sus operaciones el 30 de abril de 2022” […]”.
21. EPS Familiar de Colombia solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela, al considerar lo siguiente:
“[…] EN CUANTO A SU ESTADO DE AFILIACIÓN
Verificando en consulta en la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud - ADRES, se evidencia que el menor está en estado activo
para recibir la asegurabilidad y pertinencia en el SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL RÉGIMEN DE SUBSIDIADO, desde el 1º
de diciembre del 2005 […]”.
[…]
“[…] POR LO ANTERIOR SE ACLARA QUE, CONFORME A SU VINCULACIÓN, la
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS BRINDA AL PACIENTE LOS SERVICIOS
REQUERIDOS DENTRO DE NUESTRA COMPETENCIA Y CONFORME A SUS
PRESCRIPCIONES MEDICAS DENTRO DE LA RED DE SERVICIOS
CONTRATADA. A TRAVÉS DE LOS MÉDICOS Y ESPECIALISTAS ADSCRITOS A
LA RED PARA CADA ESPECIALIDAD, y acorde con las necesidades de estos,
teniendo en cuenta el modelo de atención y lo dispuesto en la normatividad vigente;
buscando siempre agilizar la asignación de citas y atenciones direccionándolas a la
red de prestadores con las cuales se cuenta con oportunidad, eficiencia y calidad
[…]”.
[…]
“[…] Si bien el usuario pertenece a la EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS, según las
pretensiones exigidas en la presente acción de tutela, la solicitud hecha por el
accionante no guarda relación directa con la EPS referente a un servicio que
anteriormente se le haya prestado, sino que toda vez las circunstancia que llevaron a
la presente actuación judicial es un proceso de corte administrativo que el mismo lleva
contra LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL que como
podemos evidenciar en el hecho SEXTO Y SEPTIMO expuestos por el accionante
[…]”.
[…]
“[…] La práctica de la valoración de pérdida de la capacidad laboral-PCL fue llevada
a cabo por la entidad accionada, DISAN EJÉRCITO NACIONAL y que como quiera
que sucedieron las cosas el mismo accionante manifiesta que ellos debieron realizar
el diligenciamiento de los certificados sobre la rehabilitación integral exigidos por la
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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
junta regional de calificación de invalidez del atlántico, que a la fecha de la presente
acción han hecho caso omiso, de donde se desprende que dicho trámite no le
corresponde a la entidad a la cual represento […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, resulta de suma importancia recalcar también que, EPS FAMILIAR
DE COLOMBIA SAS solamente puede autorizar los servicios ordenados por sus
galenos tratantes, no es posible autorizar servicios con la sola solicitud del paciente
o su agente oficioso […]”.
[…]
“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que quien se encuentra vulnerando los
derechos fundamentales a la salud, al debido proceso es DISAN EJÉRCITO
NACIONAL, toda vez que es quien a la fecha no ha enviado respuesta del certificado
de rehabilitación, tal y como se narra en el numeral noveno del libelo, pese a que el
accionante lo haya solicitado en reiteradas ocasiones, por lo que se solicitará al Señor
Juez, que se DENIEGUE POR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela por no
acreditarse la concurrencia de las exigencias previstas por la Corte Constitucional
para inaplicar las normas que racionalizan la cobertura del servicio […]”.
22. Viva IPS señaló que “[…] Atendiendo a la solicitud puntual del accionante,
tenemos para informar que no está dentro de las competencias de esta institución
diligenciar formatos de certificación de rehabilitación, ya que dicha labor le
corresponde expresamente a la EPS, sin que VIVA1A IPS tenga legitimación para
actuar al respecto […]”.
La sentencia impugnada
23. La Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia, en
primera instancia, el 29 de agosto de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, de
acuerdo con la parte motiva de esta providencia […]”.
23.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Al respecto, se observa que el accionante realizó varios requerimientos al
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla, con el objeto de que
pronunciara sobre los memoriales tendientes a que se ordenara a la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional el diligenciamiento de los formatos de certificación de
rehabilitación, los cuales son requeridos por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Atlántico, a fin de rendir el dictamen pericial decretado en la audiencia
de fecha agosto 25 de 2020.
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De otro lado, el juzgado accionado, profirió auto de fecha agosto 22 de 2023, en el
cual, resolvió no acceder a las solicitudes elevadas por la parte demandante […]”.
[…]
“[…] En ese sentido, se tiene que la presente acción constitucional fue encaminada,
a obtener del Juzgado Sexto Administrativo Oral de Barranquilla el pronunciamiento
que en derecho correspondiera, pues, como ya se registró, expidió el 22 de agosto
de 2023, a través del cual no accedió a lo deprecado por la parte demandante.
Lo anterior revela que, al momento de zanjar la cuestión constitucional planteada al
juez de instancia, el petitum tutelar deviene satisfecho, ya que la agencia judicial
encartada adecuó su actuar a los anhelos en él contenidos […]”.
[…]
“[…]
En ese orden, la carencia actual de objeto, por hecho superado, en este caso,
aconteció por cuanto entre la interposición de la acción de tutela y antes del fallo de
primera instancia, se satisfizo la pretensión que originó el amparo; por lo tanto,
cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria; o lo que es igual, lo
pretendido mediante la orden del juez de tutela, aconteció antes de que se
pronunciara el fallo de primer grado […]”.
La impugnación
24. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico, con fundamento en lo siguiente:
“[…] he de manifestar que no estoy de acuerdo con lo considerado por el Tribunal
Administrativo, por cuanto, el objeto de la violación de mis derechos constitucionales
no fue resuelto por el despacho, el cual, es la obtención del llenado por parte del
personal profesional del llenado de las certificaciones de rehabilitaciones solicitadas
por la junta regional de calificación de invalidez de barranquilla o en su defecto
ordenar a la junta regional de calificación de invalidez no requerir dicha certificación,
por cuanto, no es mi responsabilidad, por cuanto, la prueba fue ordenada por el
despacho judicial dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el que se evidencia que las entidades accionadas se han negado a llenar
dicha certificación y en la que el juzgado no accedió a que la parte demandada
colaborara con la prueba solicitada por la junta de calificación de invalidez, así las
cosas, el tribunal administrativo se abstuvo de decidir de fondo con respecto […]”.
[…]
“[…] Por lo anteriormente expuesto, IMPUGNO el fallo de tutela, por cuanto, mis
derechos siguen siendo vulnerados al no poder acceder a la prueba dictamen pericial
decretada por el juzgado sexto administrativo de barranquilla, en el que se está
valorando mis grados de incapacidad psiquiátrica y física […]”.
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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
25. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
26. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
27. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar, si el Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, Comfasucre, EPS Familiar de Colombia, Viva IPS y la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico vulneraron los derechos
fundamentales del actor, en la medida en que, según el actor, i) el Juzgado no resolvió
la solicitud relacionada con que “[…] se requiera a los especialista médicos de la
DISAN EJÉRCITO NACIONAL para el diligenciamiento de los certificados sobre la
rehabilitación integral exigidos por la junta regional de calificación de invalidez del
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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atlántico […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación
080013333006201800215-00; ii) la Junta Regional impuso “[…] cargas que no me
corresponde, dilatando la realización de mi dictamen pericial […]”; y iv) la Dirección
de Sanidad, Comfasucre, EPS Familiar de Colombia y Viva IPS no han realizado el
“[…] diligenciamiento del certificado de rehabilitación […]”.
28. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela, ii) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
iii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; vi) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la salud; vii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; procediendo
posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela
29. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.
30. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 20057, consideró lo
siguiente:
7 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos
sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera
significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo
constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la
necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).
31. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que8:
“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte
que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada.
Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad
de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de
actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que
la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
32. Así las cosas, la Sala considera que la figura de la carencia actual de objeto
por hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los
cuales, durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se
produce la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección9.
33. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
9 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
34. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena10, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
35. Esta Sección adoptó11 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200512, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
36. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
37. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
12 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”13 que encaje en dichos parámetros.
38. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
39. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
40. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
subsidiariedad.
Acerca del requisito de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales
41. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 15, indica que
13 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
15 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
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la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
42. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para
controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es
un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en
presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto
que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los
derechos fundamentales.
43. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional16:
“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200917 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez
que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.
En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en
lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
16 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo
sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción contencioso
administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa judicial.
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preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.
Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”
7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la
protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.
44. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
45. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
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46. Atendiendo a que, la Corte Constitucional18 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
47. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
48. Atendiendo a que, la Corte Constitucional19 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
18 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
49. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
50. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha considerado lo siguiente:20
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado21.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
20 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
21 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
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estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”22. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”23 […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud
51. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201524 sobre el derecho
fundamental a la salud.
52. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional25, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.
Análisis del caso concreto
53. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
54. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
22 Sentencia T-173 de 2016.
23 Ibídem.
24 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
55. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
56. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
56.1. Escrito de tutela e informes rendidos por las demandadas, con sus anexos.
Solución del caso concreto
Análisis de la carencia actual de objeto por hecho superado
57. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si lo requerido por el actor a
través de la acción constitucional de la referencia ya fue tramitado por el Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.
58. En efecto, el actor pretende que mediante el ejercicio de la acción de tutela
se le protejan sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por el
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, con ocasión a no
haber resuelto la solicitud relacionada con que “[…] se requiera a los especialista
médicos de la DISAN EJÉRCITO NACIONAL para el diligenciamiento de los
certificados sobre la rehabilitación integral exigidos por la junta regional de
calificación de invalidez del atlántico […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número de radicación 080013333006201800215-00.
59. Al respecto, la Sala advierte que el Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla informó lo siguiente:
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“[…] Las solicitudes realizadas por la parte actora son las siguientes:
El 16 de octubre de 2020 en la cual solicita al juzgado en virtud del artículo 233 del
CGP se requiera a los especialistas de DISAN Ejercito Nacional diligenciar los
formatos de certificación sobre la rehabilitación integral exigidos por la Junta Regional
de Calificación de Invalidez del Atlántico, reiterada en los mismos términos el 24 de
noviembre de 2020.
Con memorial el 21 de julio de 2021 la parte actora solicita se le ordene al EJERCITO
NACIONAL el deber de colaboración de llenar los certificados de rehabilitación de los
médicos especialistas que trataron al señor ROSEMBER CASTRO BORJA y adjuntar
lo potenciales evocados auditivos de estados estables, a fin de que la Junta de
Calificación de Invalidez de Barranquilla realice el dictamen solicitado en el decreto
de pruebas. La cual fue reiterada con memorial de 23 de noviembre de 2022.
Mediante auto de fecha 23 (sic) de agosto de 2023, se niega la solicitud por no
ser competencia del juez de conocimiento del proceso decretar pruebas
encaminadas a gestionar los documentos necesarios para la práctica de otra
prueba, en este caso el dictamen de calificación, la cual fue decretada en debida
forma, por ser procedente.
Al respecto es menester señalar que, el Juzgado Sexto Administrativo no es el
llamado a realizar acciones para la cesación de amenaza o vulneración de los
derechos reclamados por el accionante, pues no es procedente para el juez del
conocimiento en el desarrollo de un proceso ordenar la realización de actividades,
procedimientos o valoraciones, mediante actuaciones accesorias o posteriores al
decreto de pruebas, cuyas gestiones están a cargo de las partes del proceso.
El procedimiento judicial está delimitado en la Ley y las oportunidades probatorias se
indican taxativamente en las reglas procesales, por lo que, no es permitido para el
juez del proceso dictar ordenamientos o decretar pruebas que sean solicitadas por
fuera de la oportunidad procesal correspondiente y que no vayan encaminada a
resolver el problema jurídico planteado […]”.
[…]
“[…] En ese contexto, se tiene que, frente a la alegada amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, respecto del Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, ha cesado, pues se ha dado
resolución a la solicitud probatoria realizada por el accionante en el proceso
radicado 08001333300620180021500, por lo tanto, la pretensión se encuentra
satisfecha, y en consecuencia deviene improcedente de la presente tutela con
relación a esta judicatura […]”. (Resaltado por la Sala)
60. Asimismo, la Sala observa que lo expuesto por la autoridad judicial
demandada corresponde con los anexos que allegó al proceso de tutela y el registro
que al respecto se realizó en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – Samai,
tal cual como se evidencia a continuación:
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61. En ese orden de ideas, de conformidad con lo expuesto, se observa que el
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla profirió el auto de 22
de agosto de 2023, mediante el cual resolvió lo siguiente:
“[…] ÚNICO. No acceder a la solicitud de requerimiento probatorio, de conformidad
con lo expuesto en el parte motiva del presente proveído […]”.
62. Igualmente, la Sala advierte que la anterior providencia se notificó por estado
el 23 de agosto de 2023.
63. De la lectura del escrito de tutela se advierte que una de las pretensiones del
actor se dirigía a “[…] Se ordene JUZGADO 06 ADMINISTRATIVO DE
BARRANQUILLA dar trámite a los múltiples requerimientos en el que se ha
solicitado el deber de colaboración en la prueba judicial a la dirección de sanidad
del ejército de Colombia […]”, pretensión que se cumplió con el auto de 22 de agosto
de 2023, el cual fue debidamente notificado.
64. En consecuencia, la Sala considera que en el presente caso se presentó la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de
la presente acción de tutela, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla profirió y notificó el auto de 22 de agosto de 2023, mediante el cual
resolvió los requerimientos presentados por el actor, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número de radicación 080013333006201800215-00.
65. Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, ha considerado lo siguiente26:
“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de
la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de
26 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante27. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado28 […]”. (Resaltado por la Sala).
66. En ese orden de ideas, en lo que concierne a los reparos propuestos por el
actor frente al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, para
la Sala se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida
en que, durante el trámite de la acción de tutela, la autoridad judicial demandada
resolvió los requerimientos que presentó el actor, y, con ello, se dio solución a lo
pretendido por el actor en su solicitud, por lo tanto, se garantizó esa pretensión
propuesta en el escrito del amparo.
Análisis del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad
67. El actor también formuló las siguientes pretensiones:
“[…] TERCERO.- Se ordene a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO
NACIONAL – COMFASUCRE – EPS FAMILIAR COLOMBIA – VIVA IPS,
diligenciar los formatos de certificación de rehabilitación por médicos tratantes,
exigidos por la junta regional de calificación de invalidez del atlántico o en su
defecto se ordene a la JUNTA CALIFICACION DE INVALIDEZ DE
BARRANQUILLA para que realice la prueba judicial dictamen pericial decretado
por el juzgado 06 administrativo de barranquilla, con la documentación anexa por mi
apoderada judicial.
CUARTO.- Se ordene a la JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE
BARRANQUILLA, que los honorarios cancelados por mi persona el día 15 de
octubre de 2020 por la suma de $ 877.803, son suficientes para cubrir los
honorarios del auxiliar, por cuanto, se solicitó la calificación de la invalidez en el año
2020 y que las dilataciones han sido por culpa de la junta de calificación y las demás
entidades [...]”.
68. La Sala considera que, respecto de las pretensiones expuestas supra, la
solicitud de amparo no cumple con el requisito general de subsidiariedad que
caracteriza a la acción de tutela, en la medida en que, de conformidad con el
material probatorio obrante en el expediente y el recuento procesal que se realizó
27 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
28 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
al inicio de esta providencia, se observa que el medio de control de la referencia se
encuentra en trámite, es decir, este no ha sido definido por el juez natural de la
causa, razón por la cual, por un lado, corresponde al juez respectivo la dirección del
proceso y, en particular, el análisis de la presunta dilación en la ejecución de la
prueba decretada ante la falta del “[…] Certificado de rehabilitación actualizado
firmado por médico especialista tratante según la patología presentada […]”; y, por
otra parte, se desconoce la incidencia que eventualmente podría llegar a tener la
presunta irregularidad que señaló el actor al momento de proferir la respectiva
sentencia.
69. En ese orden de ideas, como lo ha señalado esta Sección29 no se cumple el
requisito de subsidiariedad, en la medida que el proceso se encuentra en trámite:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone
fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como
una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el trámite
de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además,
no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso
del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su estudio en sede de
tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite. […]”.
70. Al respecto, esta Corporación30 ha indicado que:
“[…] Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201331, advirtió que
al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha
culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
31 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un
perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite32; (ii) no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios33; y (iii) se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”34”.35 […]”.
[…]
“[…] Y, solo en el evento que la parte actora considere que éstas irregularidades
procesales subsisten luego de ejecutoriada la sentencia o la providencia que ponga
fin al proceso, es posible acudir de manera subsidiaria a la acción de tutela, se reitera,
luego de agotados los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance de las
partes en el desarrollo del proceso judicial […]”. (Resaltado del texto original)
71. En ese orden de ideas, en el caso sub examine no se cumple el requisito
general de subsidiariedad, en la medida en que aún se encuentra en trámite el
medio de control cuestionado por el actor, por lo que i) corresponde al juez natural
adoptar las medidas necesarias para que el proceso no se paralice y ii) se
desconoce la incidencia que eventualmente podría llegar a tener la presunta
irregularidad que se advirtió en el escrito de tutela.
Análisis del perjuicio irremediable
72. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
73. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional36:
32 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006,
T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
33 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
35 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
36 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”37[…]”.
74. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
75. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
76. Sin embargo, visto el artículo 42 del Código General del Proceso, que prevé
lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez:
1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las
medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar
la mayor economía procesal.
2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que
este código le otorga.
3. Prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este código
consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena
fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude
procesal.
37 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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4. Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio
para verificar los hechos alegados por las partes […]”.
77. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha considerado que:
“[…] El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frío
funcionario que aplica irreflexivamente la ley”38, convirtiéndose en el funcionario -sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada
realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y
garante de los derechos materiales39. El Juez que reclama el pueblo colombiano a
través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la
obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos,
a su vez, constituyen el ideal de la justicia material […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, el marco filosófico de la Constitución Política de 1991 convoca y
empodera a los jueces de la República como los primeros llamados a ejercer una
función directiva del proceso, tendiente a materializar un orden justo que se soporte
en decisiones que consulten la realidad y permitan la vigencia del derecho sustancial,
y con ello la realización de la justicia material […]”.
78. Con fundamento en lo anterior, la Sala instará al Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla para que en uso de sus poderes
analice la presunta dilación en la ejecución de la prueba decretada ante la falta del
“[…] Certificado de rehabilitación actualizado firmado por médico especialista
tratante según la patología presentada […]”, con el fin de evitar la paralización del
proceso y procurar su rápida solución.
Conclusiones de la Sala
79. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala modificará la sentencia de 29 de agosto de 2023,
proferida por la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la
cual declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, la cual quedará
establecida en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del
reparo propuesto relacionado con la falta de pronunciamiento por parte del Juzgado
38 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
39 Ver Sentencia C-159 de 2007.
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Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla frente a las solicitudes del actor,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo frente a las demás
pretensiones que fueron propuestas dentro de la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: INSTAR al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
para que en uso de sus poderes analice la presunta dilación en la ejecución de la
prueba decretada ante la falta del “[…] Certificado de rehabilitación actualizado
firmado por médico especialista tratante según la patología presentada […]”, con el
fin de evitar la paralización del proceso y procurar su rápida solución, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 29 de agosto de 2023, proferida por la
Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado, la cual quedará establecida en los
siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del
reparo propuesto relacionado con la falta de pronunciamiento por parte del Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla frente a las solicitudes del actor,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo frente a las demás
pretensiones que fueron propuestas dentro de la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: INSTAR al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
para que en uso de sus poderes analice la presunta dilación en la ejecución de la
prueba decretada ante la falta del “[…] Certificado de rehabilitación actualizado
firmado por médico especialista tratante según la patología presentada […]”, con el
fin de evitar la paralización del proceso y procurar su rápida solución, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Actor: Rosember de Jesús Castro Borjas
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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